La estrategia fallida y el estallido social e Guerrero.

 Abel Barrera Hernández detalla que el gobierno federal y estatal debe tomar en cuenta al “nuevo actor político” que surgió a raíz de los hechos de Iguala.

A esos ciudadanos empoderados que están tomando las calles y exigiendo cuentas a las autoridades, dice.

“Estos conflictos se han acumulado y han encontrado un momento propicio para expresar la inconformidad por una clase política indolente. Sigue la violencia a la alza en la región norte; en la zona centro no se ha podido controlar, porque sabemos los problemas que tienen las corporaciones policías. Los poderes municipales están muy debilitados trabajando de manera facciosa para su propio futuro político. Una clase política que se ha olvidado de su objetivo principal de proteger a la gente. Vemos el hartazgo de una población que ha sido empobrecida, engañada, manipulada”, explica.

Se trata de un malestar, agrega, que busca un cambio como la toma de alcaldías que la policía comunitaria de Guerrero emprendió desde hace unas semanas.

Hace unos días el vocero de las familias de los normalistas desaparecidos informó que si el gobierno no entrega avances sobre los desaparecidos para el 6 de enero, la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), tomará 21 alcaldías en distintas regiones de Guerrero.

Adelantó que en Tecoanapa, Guerrero, el Presidente Municipal Manuel Quiñónez Cortés fue desconocido y que la agencia del Ministerio Público, el Juzgado de la Paz, las supervisiones escolares y el Sistema DIF, están cerrados.

“En Costa Chica todos los municipios están tomados, queremos la desaparición de poderes. Nada más nos falta la instalación de las asambleas, porque el poder tiene que ser del pueblo”, dijo.

José Félix indicó que si los normalistas no regresan con vida, será un llamado al pueblo para hacer una revolución.

“Si por alguna razón de estos 15 días críticos, no regresan a nuestros hijos y ya no los volvemos a ver, no importa, queremos que queden en la memoria, y que sirvieron como tributo para el pueblo, para una revolución inteligente. No estamos llamando a las armas, sino con inteligencia, que la población se organice y que haga sus asambleas, tomar el plan de acción de los papás de los normalistas de Ayotzinapa”, dijo.

A principios de diciembre Manuel  Vázquez Quintero, abogado de la organización de la UPOEG, confirmó a SinEmbargo que la policía comunitaria se preparaba para tomar e instalar consejos civiles y agrarios en los 44 municipios donde tiene presencia la organización.

Estos consejos se sustentan en la Constitución y tienen como objetivo regresarle al pueblo el poder perdido ante las autoridades municipales, coludidas en su mayoría con el crimen organizado, explicó.

“Estamos trabajando con el magisterio en los municipios donde tenemos presencia, para restituir a la población ese poder comunitario consagrado en el artículo 115 de la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana. Estamos trabajando en consejos consultivos, es un proceso legal porque desconocer un ayuntamiento no es fácil, lleva su tiempo, pero sí se puede lograr”, dijo.

Quintero Vázquez detalló que la policía comunitaria tenía avances en municipios como Tecoanapa y Ayutla, Guerrero, donde estaban por instalarse el Consejo de Autoridades Civiles y Agrarias, que en un principio trabajarán a la par de los ayuntamientos.

“Lo que nosotros queremos es que se retomen los  derechos agrarios, la soberanía del pueblo.Pero hay un procedimiento, la asamblea de los pueblos está trabajando en el sustento legal”, dijo.

Para Erubiel Tirado, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana (UIA), las medidas que tomó el gobierno federal para resolver el caso Ayotzinapa no fueron las correctas.

“Hay un escenario de síntomas de ingobernabilidad. No estoy seguro que se pueda generalizar a todo el estado, pero hay un escenario en varias zonas de la entidad, obviamente también respecto de algunas cuestiones estratégicas con la situación de Iguala. Si no se les ha salido del todo de las manos, hay síntomas de ello en varios aspectos”, explica.

El especialista indica que el escenario de Guerrero es complejo: crimen organizado, presencia de guerrilla, expresiones civiles como las policías comunitarias, fuerzas armadas de la Marina y el Ejército, así como gobiernos antidemocráticos, autoritarios y represivos.

Un collage que da como resultado un “cultivo explosivo”: “hay que añadir una condición estructural de atraso grave, que no ayuda a que las acciones del gobierno sean fructíferas”, dice.

Tirado añade que el gobierno federal parece “no saber qué hacer o no querer actuar”.

El experto lamentó las declaraciones del Secretario de la Marina, Armada de México, Vidal Soberón Sanz, quien aseguró que los padres de los normalistas eran manipulados políticamente.

“Me llama la atención y me enoja más que manipulen a los padres de familia”, declaró.

Soberón Sanz añadió: “me enoja todavía más que manipulen a los padres de familia, que manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo para no reconocer o para seguir incrementando esto. Más coraje me da que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesan ni los padres ni estos muchachos”.

Erubiel Tirado indica que es una mala señal que un militar opine como lo hizo el Secretario de la Marina.

“Los militares en este país están para obedecer, no para dictar línea. Tengan o no razón, me da miedo que hablen. Nos estamos regresando al siglo XlX. Si el llamado viene de las fuerzas armadas con el consentimiento del Presidente, es preocupante. Las autoridades se refugian en la teoría de la conspiración para justificar medidas drásticas. Si la autoridades tienen pruebas de que hay una estrategia subversiva, se tiene que hacer público, que no nos traten como menores de edad”, dice.

Tirado califica como “nervios autoritarios” el actuar de las autoridades mexicanas en el caso de Ayotzinapa y asegura, que con acciones de intimidación no se resolverá nada.

“Se tiene que atender la demanda, independientemente de quién está asesorando a los padres de los muchachos desaparecidos. En el Senado de la República hasta se fueron de vacaciones y no atendieron la petición de los padres”, dice.

El criminólogo Pablo Monzalvo Pérez añade que en la redirección de una estrategia para el caso Ayotzinapa, se requiere un cambio en las autoridades que están al mando. Pero también, señala, hace falta atender la extrema pobreza de la entidad.

“Se requiere gente capacitada, que tenga valores y se tiene que atender el problema del rezago  social, porque se abandonó la atención a la producción. La gente prefiere cultivar mariguana que maíz. La nación tiene que ser productiva y no vivir lo que está viviendo ahora”, finaliza.

La pobreza, el abandono al campo, uno de los ingredientes de ese “cultivo explosivo” que explica Tirado y que no se puede deslindar del problema de inseguridad que vive Guerrero.

De Shaila Rosagel en Sinembargo.mx.

Los desplazados del hambre y la violencia en Guerrero.

 Leopoldo Soberanis Hernández, director de la Alianza de Derechos Humanos de Guerrero Unido, coincide con Abel Barrera y habla de los desplazados por el hambre y por el crimen organizado.

Soberanis denunció en febrero que entre la madrugada del viernes 21 y el sábado 22 de ese mes, los habitantes de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, sobrevivieron a una emboscada de 200 hombres que dejó como saldo ocho pobladores muertos, dos heridos y dos criminales asesinados. El gobierno de Ángel Aguirre desmintió la versión del activista inmediatamente.

Pero el 7 de noviembre pasado, el curso de la violencia le dio la razón a Soberanis, pues los habitantes de ese poblado dieron a conocer a través de redes sociales que tomaron las armas en protesta por las condiciones de inseguridad con las que, dicen, se enfrentan día a día, y exigieron al gobierno garantías para que no ocurra un caso similar al de Iguala.

“Nuestro pueblo es uno de los más marginados y olvidados por el gobierno [...] estamos en una etapa de diálogo, pero ahora con una postura diferente, porque nos vamos a defender como pueblo. No es un reto a ninguna organización, pero sí es un llamado también al gobierno, porque si es el encargado de la seguridad, que se vea, porque no queremos que sigan ocurriendo casos como los ocurridos en Iguala [...] Queremos paz en los pueblos de la sierra, porque la sierra también es Guerrero, también es México”, dijo uno de los pobladores en uno de los videos difundidos a través de las redes sociales.

A través de la cuenta de Facebook “Unión por la paz social Linda Vista” expusieron los motivos de las personas para levantarse en armas.

Además se compartieron imágenes y videos donde sus integrantes denunciaban la inseguridad a la que se enfrentan en la sierra: “Todos juntos vamos a defender a nuestras familias, hemos sido atropellados y ya no queremos que siga pasando lo mismo [...] No pretendemos con este movimiento pelear con nadie, pero sí vamos a resguardar y cuidar a nuestro pueblo [...] vamos a dar respeto, pero pedimos que nos respeten”,  dijo otro poblador acompañado de niños y familias en un video que circuló por YouTube.

Soberanis indica que el crimen organizado despojó a los habitantes de Linda Vista de sus tierras, secuestró familias enteras y desde hace ocho meses se llevó a varias mujeres de la comunidad, que no pudieron ser rescatadas.

El poblado se ubica a seis horas de camino de tercería de Tecpan de Galeana, ubicado a 100 kilómetros de distancia de Acapulco. La crisis de inseguridad que viven sus habitantes es terrible, afirma, pues desde hace ocho meses varias mujeres permanecen secuestradas por los criminales.

Linda Vista está cercado, los caminos son vigilados por miembros del crimen organizado y por ello, los habitantes no pueden sembrar maíz ni frijol, dice Soberanis.

El defensor de los derechos humanos asegura que son cientos los desplazados por la violencia, que viven en albergues que no se dan a basto.

Sólo en Tecpan hay familias enteras que salieron de pueblos como Linda Vista. Dejaron todo: casas, cultivos y familiares.

“Esta situación se agudizó durante los últimos cinco años, con la guerra contra el narco de Felipe Calderón [Hinojosa]. Es un grave problema de omisión de las autoridades. En Tierra Caliente hay pueblos enteros que son fantasmas, porque la población huyó para salvar la vida”, narra.

Para Leopoldo Soberanis la única forma de rescatar a guerrero de un estallido social por la falta de oportunidades, la violencia y el hambre, es que el gobierno invierta en infraestructura carretera, proyectos productivos, escuelas. Que los olvidados empiecen a contar, dice.

“Estamos a tiempo de instrumentar las políticas adecuadas. Lo más importante es desactivar a los grupos del crimen organizado”, indica.

De Shayla Rosangel en Sinembargo.mx

Guerrero convertido en un matadero. Crimen, impunidad, muerte.

 

Guerrero es el segundo estado con más rezago social de México: tiene el municipio más pobre del país, ocupa el primer lugar en secuestros y la tercera ciudad más violenta del mundo; carece de infraestructura carretera, muchos de sus habitantes viven en chozas; los desplazados por la pobreza y la seguridad se cuentan por miles y el caciquismo –dicen defensores de derechos humanos– se apoderó de la entidad desde hace décadas.

Iguala y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg, afirman. Es el resultado del abandono gubernamental y la indiferencia de los políticos. Los nexos de ex Alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez con el narcotráfico, son sólo un ejemplo de la relación entre los gobernantes y los criminales.

Guerrero no inicia siquiera su reconstrucción, y lejos de eso, parece salirse de las manos a las autoridades. Expertos en seguridad advierten de un colapso que sólo una estrategia contraria a lo que hasta hoy se ha seguido podría detener…


Cuando llegó la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, el día de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) y el asesinato de otros seis, la entidad ya arrastraba una historia de despojo, pobreza y desigualdad escrita en décadas de cacicazgo y gobiernos corruptos.

Iguala, afirman los expertos en seguridad y los activistas sociales, fue la punta del iceberg y el hecho que colocó a la segunda entidad más pobre del país en el mapa internacional. Antes de la matanza de los estudiantes, hubo levantamientos armados de hombres y mujeres en distintos puntos del estado. Desde Costa Chica, hasta La Montaña, las policías comunitarias empezaron a luchar en contra del crimen organizado, en medio de la pobreza extrema que se agudizó por la devastación que dejó el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” a su paso.

Guerrero hoy, es un estado plagado de desplazados por el narcotráfico y la pobreza. Sólo en 2013 el huracán devastó a más de 100 comunidades de La Montaña, las cuales aún aún duermen a la intemperie o en albergues improvisados.

“Estamos hablando de una larga incubación de una situación adversa para la población pobre de Guerrero. De un poder caciquil que es el que define al poder en Guerrero. Gobernadores formados como militares que siempre usaron al Ejército como justificación para desmantelar a la guerrilla. De cientos de desaparecidos y desplazados. Todo eso está en la memoria del guerrerense como el gobierno cruento que lacera al que se opone al poder caciquil. Ese es el fondo de la vida sangrante de Guerrero”, dice Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Barrera Hernández explica que a pesar del paso de los años, el cacicazgo en la entidad se mantiene y sostiene a los políticos. Los pistoleros de ayer, hoy son policías con licencia para torturar y asesinar a los ciudadanos a sangre fría. Los caciques de antaño, hoy son gobernadores, presidentes municipales y diputados, que controlan desde la vida humana, hasta las siembras de amapola.

La Costa Chica, La Montaña, la zona norte, Tierra Caliente, lugares poseedores de recursos acuíferos y tierras para la explotación agrícola, son comunidades empobrecidas donde la población habita en casuchas, jacales de vara, palma o lodo.

“Es gente que sobrevive del campo, jornalera que no tiene tierra suficiente para hacerla producir y que emigra y se va por la pobreza y la falta de oportunidades a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Jalisco. Estamos hablando de 10 mil familias que emigran para trabajar en el campo”, afirma Barrera Hernández.

Pero no sólo los activistas sostienen la versión de la pobreza. Las cifras oficiales no dejan lugar a dudas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) colocó a Guerrero en el segundo estado con pobreza extrema del país, en uno de sus últimos estudios realizado entre 2010 y 2012.

De acuerdo con el Coneval en la entidad 31.7 personas de cada 100 viven en pobreza extrema. El Consejo estableció en 2012 que 26.8 por ciento de la población contaba con rezago educativo; 25.4 por ciento, permanecía sin acceso a servicios de salud; 78.5 por ciento, sin acceso a seguridad social; 59 por ciento, vivía sin servicios básicos y 39.4% con carencias en su alimentación.

La entidad también cuenta con el municipio más pobre de México: Cochoapa el Grande.

En el censo de 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calificó al municipio como el más marginado y rezagado socialmente del país, pues 80.56 por ciento de las viviendas no tienen sanitario; 62.5 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta y 100 por ciento de la población no tiene acceso a la vivienda ni derechos de salud.

En cuanto a seguridad, de acuerdo con las cifras actualizadas hasta el 21 de diciembre por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guerrero se colocó como la segunda entidad más violenta del país, después del Estado de México (Edomex) durante 2014.

Edomex contabilizó de enero a noviembre de 2014, 2 mil 051 asesinatos, lo que lo colocó como la entidad más violenta por número de homicidios registrados; mientras que Guerrero es el más violento, si se considera la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, que en dicha entidad es de 39.30 por ciento en el mismo periodo.

El informe consideró los delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por la Procuradurías General de Justicia (PGR) y las Fiscalías de las 32 entidades federativas.

Antes, el 17 de diciembre, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, informó que Acapulco ocupaba el primer lugar en secuestros con 135 casos en los que iba del año.

Acapulco, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, ocupa también el tercer lugar entre las 50 ciudades más violentas del mundo, con tasas de 134 y 113 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Para Abel Barrera la marginación social de Guerrero fue el caldo de cultivo para el desarrollo de los grupos criminales durante los últimos años.

“Los cultivos ilícitos empezaron a tener una carta de naturalización en la región. Se empezó a promover la siembra de los cultivos de mariguana y amapola en la sierra, en la costa, en Tierra Caliente. Creció la economía criminal y fue destruyendo al tejido comunitario. Esto hizo robustecer al poder caciquil que con el Ejército tuvo la seguridad de que controlaba totalmente a las instituciones”, dice.

El activista, que cuenta con una amplia experiencia en la atención de problemas sociales de Guerrero, afirma que los recursos destinados a salud, educación e infraestructura se fueron a los “bolsillos de los políticos”.

Ellos, los gobernantes de todos los niveles, poseen concesiones de taxis y otros negocios. Los programas asistenciales, indica, son hasta la fecha utilizados para cautivar el voto de la población pobre de la entidad.

“Guerrero ha sido un estado que ha luchado por el poder a través de la movilización social, por la vía del proceso electoral o vía armada, por todos estos medios se ha tratado de acabar con los cacicazgos, pero ha sido una lucha sorda. No se ha podido”, dice.

 

De: Shaila Rosangel en Sinembargo.mx.