viernes, 2 de mayo de 2014
Inmunidad a toda costa. Ex Presidentes Intocables.
No obstante las tragedias nacionales gestadas en sus gobiernos, los ex Presidentes mexicanos jamás han sido llamados a cuentas y mucho menos, juzgados. El primer mandatario en turno es capaz de usar todas las cartas a favor con tal de darles garantía de intocables. Este hilo conductor de la política mexicana ha sido irrompible sin importar el color del partido en el poder. Acuerdo histórico, más que legal, cubrirse las espaldas ha impedido la impartición de justicia en heridas abiertas como la masacre del 2 de octubre de 1968, el episodio llamado “Guerra Sucia”, la crisis económica de diciembre de 1994, el Fobaproa, la matanza de Acteal o la Guerra contra el Narcotráfico. Los saldos de cada uno de estos truculentos episodios se miden en muertos, desaparecidos o sueños truncados, pero nunca en responsables.
Como ajedrez jugado a pausas a través de las décadas, el esclarecimiento de las tragedias nacionales adquiere alguna vez manos que desean avanzar, pero mantiene otras empeñadas en estancarse en las posiciones. Quizá nunca ganen las primeras, ni se muevan las segundas. La inmunidad para los ex presidentes mexicanos ha sido uno de los hilos que ha recorrido los sexenios, sin importar los colores partidistas en el poder. Aunque ocupen el centro neurálgico de cada trauma social, ningún ex mandatario ha sido juzgado. Ni bajo las figuras jurídicas que lo permiten ni bajo el clamor de la sociedad, representado en las Asociaciones Civiles y Organizaciones no Gubernamentales. “Ese manto de inmunidad es una ley no escrita en la política mexicana. Todos los Presidentes cubren a sus antecesores”, expone Telésforo Nava, especialista en el sistema político mexicano y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Iztapalapa. “Y esta ley se escribe sobre un precepto simple: si ellos no se meten con los anteriores, en el futuro no se van a meter con ellos”. Acuerdo histórico, más que legal, cubrirse las espaldas ha impedido la impartición de justicia en casos tan añejos como la masacre del 2 de octubre de 1968 o el episodio llamado “Guerra Sucia” que dejó cientos de desaparecidos. Después, ha obstaculizado aclarar quién fue el responsable en la crisis económica de diciembre de 1994 que le dio al traste a los anhelos de muchos mexicanos. A ello se añade la decisión del Fobaproa, el instrumento de rescate bancario que mantiene endeudados a los ciudadanos, así como la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas. Luego, la Guerra en contra del Narcotráfico con sus 120 mil muertos. Sobre esos truculentos episodios siempre ha caído una cortina de silencio que está muy lejos de cerrar las heridas. Netzaí Sandoval, el abogado que promovió la demanda por lesa humanidad en contra de Felipe Calderón Hinojosa en la Corte Penal Internacional de La Haya, advierte que el hilo de inmunidad no resistirá mucho. “Este tipo de cultura no sólo de inmunidad sino de impunidad está transformándose. Un ejemplo es España. Cuando teóricamente transitó a la democracia, no le hizo nada bien dejar a los muertos enterrados y no sanar el pasado. Porque esos mecanismos de olvido aseguran impunidad a quienes cometieron crímenes. Muchas veces, esos crímenes no fueron de sus opositores políticos; sino de personas que se cruzaron en su camino”.
EL SUEÑO DE JUZGAR AL PRESIDENTE
En las intenciones de los mexicanos ha estado presente la idea de llevar a juicio a quienes se han puesto la banda presidencial bajo la protesta del Artículo 87 constitucional: “… desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. Un llamamiento a cuentas bajo fiscalización en contra del Ejecutivo es improcedente. El Artículo 108 de la Constitución indica que sólo se les puede juzgar por Traición a la Patria y delitos del orden común, y el 110 de la misma Carta Magna establece que el juicio político sólo es para servidores públicos. En contra de los ex Presidentes tampoco hay ningún instrumento legal. El juicio político posee un ámbito temporal de aplicación que es cuando el servidor público está en funciones. Pese a ello, cuatro ex mandatarios fueron demandados bajo esa figura jurídica: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, según consta en los archivos de las legislaturas. “Porque juzgar al Presidente o ex Presidente de la República ha constituido un debate permanente, pero también un sueño inacabado”, expresa Telésforo Nava cuando busca las razones de la paradoja. De 2000 a 2012, desde varias instancias, juristas y asociaciones civiles propusieron reformas políticas cuyo debate social con el tiempo expiró. Una de las propuestas provino en 2009 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que presentó al Senado de la República una serie de modificaciones legales que reformaban el Estado. En el rubro de “Responsabilidad política del Presidente de la República y de los altos mandos del Poder Ejecutivo federal”, el IIJ-UNAM sugirió ante la Cámara Alta: “Restablecer la responsabilidad política del Presidente en términos ya señalados en la Constitución de 1857 por violación grave a la Constitución. Esta deberá reintegrarse expresamente en el artículo 108 y contemplarse en los demás preceptos del título IV del texto constitucional, como supuesto de hecho para que las cámaras del Congreso de la Unión sujeten al Presidente a un juicio político que pueda conducir a su remoción”. El alcance de la propuesta tocaba al resto de servidores públicos con la depuración del título IV de la Constitución denominado “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado” para quitar el fuero. Si bien el juicio político fue integrado a la Constitución de 1982, tuvo un solo receptor: el ex senador Jorge Díaz Serrano, a quien en 1983 el entonces Presidente Miguel de la Madrid y la mayoría priista en el Congreso de la Unión lo despojaron de fuero para procesarlo por desvío de fondos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ninguna otra petición ha prosperado. Ni siquiera para el senador Carlos Romero Deschamps, cuya fortuna está hecha también en torno a Pemex, una de las instituciones más emblemáticas al ser el petróleo el principal ingreso económico de la economía mexicana. Desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados sumó cientos de peticiones de juicio político, pero la mayoría fue desechada por falta de elementos probatorios. En el archivo de la comisión se encuentran demandas en contra de Santiago Creel, quien fue secretario de Gobernación de 2000 a 2005; Andrés Manuel López Obrador quien ocupó la jefatura del Gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2006; Patricio Chirinos, gobernador de Veracruz de 1992 a 1998; o José Woldenberg como presidente del Instituto Federal Electoral, entre 1996 y 2003. Diluido el debate para la reforma del Estado que implicaría juicio político del Presidente y los ex Presidentes, Telésforo Nava resume: “No hay voluntad de juzgar hechos lastimosos. Se alega que nuestra cultura es presidencialista. Y no hemos querido instaurar un Estado de Derecho en el que todos estemos sometidos a las leyes”.
Como ajedrez jugado a pausas a través de las décadas, el esclarecimiento de las tragedias nacionales adquiere alguna vez manos que desean avanzar, pero mantiene otras empeñadas en estancarse en las posiciones. Quizá nunca ganen las primeras, ni se muevan las segundas. La inmunidad para los ex presidentes mexicanos ha sido uno de los hilos que ha recorrido los sexenios, sin importar los colores partidistas en el poder. Aunque ocupen el centro neurálgico de cada trauma social, ningún ex mandatario ha sido juzgado. Ni bajo las figuras jurídicas que lo permiten ni bajo el clamor de la sociedad, representado en las Asociaciones Civiles y Organizaciones no Gubernamentales. “Ese manto de inmunidad es una ley no escrita en la política mexicana. Todos los Presidentes cubren a sus antecesores”, expone Telésforo Nava, especialista en el sistema político mexicano y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Iztapalapa. “Y esta ley se escribe sobre un precepto simple: si ellos no se meten con los anteriores, en el futuro no se van a meter con ellos”. Acuerdo histórico, más que legal, cubrirse las espaldas ha impedido la impartición de justicia en casos tan añejos como la masacre del 2 de octubre de 1968 o el episodio llamado “Guerra Sucia” que dejó cientos de desaparecidos. Después, ha obstaculizado aclarar quién fue el responsable en la crisis económica de diciembre de 1994 que le dio al traste a los anhelos de muchos mexicanos. A ello se añade la decisión del Fobaproa, el instrumento de rescate bancario que mantiene endeudados a los ciudadanos, así como la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas. Luego, la Guerra en contra del Narcotráfico con sus 120 mil muertos. Sobre esos truculentos episodios siempre ha caído una cortina de silencio que está muy lejos de cerrar las heridas. Netzaí Sandoval, el abogado que promovió la demanda por lesa humanidad en contra de Felipe Calderón Hinojosa en la Corte Penal Internacional de La Haya, advierte que el hilo de inmunidad no resistirá mucho. “Este tipo de cultura no sólo de inmunidad sino de impunidad está transformándose. Un ejemplo es España. Cuando teóricamente transitó a la democracia, no le hizo nada bien dejar a los muertos enterrados y no sanar el pasado. Porque esos mecanismos de olvido aseguran impunidad a quienes cometieron crímenes. Muchas veces, esos crímenes no fueron de sus opositores políticos; sino de personas que se cruzaron en su camino”.
EL SUEÑO DE JUZGAR AL PRESIDENTE
En las intenciones de los mexicanos ha estado presente la idea de llevar a juicio a quienes se han puesto la banda presidencial bajo la protesta del Artículo 87 constitucional: “… desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. Un llamamiento a cuentas bajo fiscalización en contra del Ejecutivo es improcedente. El Artículo 108 de la Constitución indica que sólo se les puede juzgar por Traición a la Patria y delitos del orden común, y el 110 de la misma Carta Magna establece que el juicio político sólo es para servidores públicos. En contra de los ex Presidentes tampoco hay ningún instrumento legal. El juicio político posee un ámbito temporal de aplicación que es cuando el servidor público está en funciones. Pese a ello, cuatro ex mandatarios fueron demandados bajo esa figura jurídica: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, según consta en los archivos de las legislaturas. “Porque juzgar al Presidente o ex Presidente de la República ha constituido un debate permanente, pero también un sueño inacabado”, expresa Telésforo Nava cuando busca las razones de la paradoja. De 2000 a 2012, desde varias instancias, juristas y asociaciones civiles propusieron reformas políticas cuyo debate social con el tiempo expiró. Una de las propuestas provino en 2009 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que presentó al Senado de la República una serie de modificaciones legales que reformaban el Estado. En el rubro de “Responsabilidad política del Presidente de la República y de los altos mandos del Poder Ejecutivo federal”, el IIJ-UNAM sugirió ante la Cámara Alta: “Restablecer la responsabilidad política del Presidente en términos ya señalados en la Constitución de 1857 por violación grave a la Constitución. Esta deberá reintegrarse expresamente en el artículo 108 y contemplarse en los demás preceptos del título IV del texto constitucional, como supuesto de hecho para que las cámaras del Congreso de la Unión sujeten al Presidente a un juicio político que pueda conducir a su remoción”. El alcance de la propuesta tocaba al resto de servidores públicos con la depuración del título IV de la Constitución denominado “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado” para quitar el fuero. Si bien el juicio político fue integrado a la Constitución de 1982, tuvo un solo receptor: el ex senador Jorge Díaz Serrano, a quien en 1983 el entonces Presidente Miguel de la Madrid y la mayoría priista en el Congreso de la Unión lo despojaron de fuero para procesarlo por desvío de fondos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ninguna otra petición ha prosperado. Ni siquiera para el senador Carlos Romero Deschamps, cuya fortuna está hecha también en torno a Pemex, una de las instituciones más emblemáticas al ser el petróleo el principal ingreso económico de la economía mexicana. Desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados sumó cientos de peticiones de juicio político, pero la mayoría fue desechada por falta de elementos probatorios. En el archivo de la comisión se encuentran demandas en contra de Santiago Creel, quien fue secretario de Gobernación de 2000 a 2005; Andrés Manuel López Obrador quien ocupó la jefatura del Gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2006; Patricio Chirinos, gobernador de Veracruz de 1992 a 1998; o José Woldenberg como presidente del Instituto Federal Electoral, entre 1996 y 2003. Diluido el debate para la reforma del Estado que implicaría juicio político del Presidente y los ex Presidentes, Telésforo Nava resume: “No hay voluntad de juzgar hechos lastimosos. Se alega que nuestra cultura es presidencialista. Y no hemos querido instaurar un Estado de Derecho en el que todos estemos sometidos a las leyes”.
Felipe Calderón:
a) Los Hechos.
Es diciembre de 2006 y hace diez días que Felipe Calderón Hinojosa asumió como Presidente de México. Ha decidido emprender el Operativo Conjunto Michoacán que con el transcurso de los meses se extenderá a Baja California, Veracruz, Chihuahua y Sinaloa. Ha decidido lo que para los estudios de la Historia reciente pasará como “Guerra contra el Narcotráfico”. Ha anunciado, el Presidente, que se debilitará el flujo de dinero, la red operativa y la distribución. Pero transcurrirá un año y al Presidente Calderón se le acumularán denuncias sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de cientos de ciudadanos. Se le juntarán 80 mil muertos. Y la brutalidad encontrará muchas formas. Aparecerán cadáveres colgados. Al amanecer, en cualquier carretera, habrá cabezas humanas. En los caminos rurales se descubrirán cuerpos desmembrados o disueltos en ácido. Nada volverá a ser igual. Porque no sólo habrá muertos. Otros miles se esfumarán de sus hogares, los centros de trabajo, las calles, la vida. Como truculento acto de magia, estarán ahí y en dos segundos, ya no.
b) La Inmunidad.
El 25 de noviembre de 2011, Felipe Calderón Hinojosa fue demandado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Países Bajos, por un grupo de abogados y 23 mil ciudadanos mexicanos. Pidieron juicio por la responsabilidad individual en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En principio, el expediente documentó 50 mil muertes y 10 mil desaparecidos, así como la brutal forma en que habían encontrado la hora última. En 2011 el expediente tenía 700 fojas. Hoy se compone de más de siete mil. El proceso para que la Corte emita el fallo aún continúa y puede tomar varios años. La vida del ex Presidente Felipe Calderón dista mucho de mostrar temor por esta demanda. Continúa en la Universidad de Harvard, recibe premios y envía twitts en los que muestra indignación por asesinatos cometidos en México.
Ernesto Zedillo:
a) Los Hechos.
Es 22 de diciembre de 1997. En la ermita de Acteal, nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños (uno no ha cumplido el año) van a ser asesinados y con su muerte integrarán el expediente de una herida que se quedará muy abierta. ¿Quién y por qué se atreverá a desatar la muerte de esta forma en las montañas del sur de México? La respuesta, para los observadores, siempre se bifurcará. Una de las explicaciones será que la masacre se originará en una descontrolada estrategia paramilitar orquestada por la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León. Para otros será un mero pleito entre comunidades rivales por la propiedad de territorios, como el banco de abejas de Majomut. En 2006, el gobierno federal creará la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal que responsabilizará por primera vez al ex Presidente Zedillo. En 126 páginas argumentará que tanto Zedillo como su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz y el ex procurador Jorge Madrazo Cuéllar son responsables de los homicidios. ¿Qué culpa se le va a encontrar al ex Presidente? Omisión conspirativa, dirá el informe de la comisión.
b) La Inmunidad.
En septiembre de 2009, abogados de los familiares de 10 víctimas presentaron en la Corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos, una demanda cuya base fue el informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal. En el ocaso de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa envió una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos pera que le otorgara inmunidad al ex Presidente. Obligada por la Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló el contenido de la nota en 2012. En ella se lee: “Cualquier acto realizado por el ex Presidente Ernesto Zedillo respecto a los hechos relatados en la demanda que da origen al caso de antecedentes, se llevó a cabo en el curso de su función oficial como Jefe de Estado y por lo tanto, de pronunciarse en algún sentido, la corte estaría decidiendo sobre acciones soberanas del gobierno de México”. En septiembre de 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos accedió a la petición del gobierno mexicano y le otorgó inmunidad al ex mandatario. Un juez desestimó la demanda frente a la inmunidad del ex Presidente. Los demandantes se acogieron a la figura del amparo; pero en febrero de 2014, una corte federal rechazó la apelación. El argumento fue que Zedillo, como ex jefe de Estado, es inmune.
Carlos Salinas:
a) Los Hechos.
Es diciembre de 1994. La política tendrá más peso que las advertencias en la toma de decisiones. El gobierno federal devaluará el peso apenas amanezca el 20 de diciembre. Ese será el meollo de la historia. Pero en el pasado reciente hubo otros relatos. El primero de enero de 1994, la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo explosión apenas entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). La insurgencia hizo evidente la desigualdad entre regiones y el sometimiento de los indígenas. El 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia, fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana y entonces, las reservas extranjeras de México que eran de 28 mil 300 millones de dólares el día del asesinato cayeron a 17 mil 300 millones para finales de abril. A mediados de su sexenio, Salinas había abierto la puerta para que las tesorerías de las principales empresas estadounidenses ingresaran a los mercados mexicanos con títulos financieros denominados Tesobonos. Esos títulos de corto plazo, que primero estuvieron denominados en pesos, garantizados por el gobierno mexicano, y que después se habrían de convertir a dólares. Eran una bomba de tiempo para México, pero un negocio redondo para los inversionistas. La economía estaba “prendida con alfileres”. Pero la decisión de devaluar el peso este 20 de diciembre, México la pagará muy caro. Podrá hacer frente a sus obligaciones por tesobonos gracias al paquete de rescate de más de 50 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y varios bancos centrales, en su mayoría a través del Bank for Inernational Settlements.
b) La Inmunidad.
Han pasado veinte años de ese episodio de errores y omisiones, y México aún no sabe cómo juzgarlo. La inmunidad en este caso es para dos ex Presidentes: Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. En estas dos décadas ambos se han culpado sin ceder un ápice. En el debate político flota una constelación de preguntas sin respuesta: ¿Cuál de los dos gobiernos fue el responsable de que miles de empresarios vieran el fin de sus negocios, de que millones de familias fueran arruinadas y de que miles de estudiantes observaran truncarse sus esperanzas, a la par de una economía nacional paralizada? ¿Quién va a pagar por el rosario de malas decisiones? Según palabras dichas ante la prensa en 2006, por Claudio Loser, negociador del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la crisis, la culpa fue del ex Presidente Salinas quien se aferró a una paridad cambiaria rígida (de bandas) que no era sostenible. Además, ocultó información crucial y oportuna a los mercados sobre endeudamiento y reservas internacionales. Esta falta de transparencia, este ocultamiento, Salinas lo negó con tajancia en su libro sobre el episodio en el que bautizó los hechos como “el error de diciembre”. Para Loser, Zedillo tuvo su cuota de responsabilidad al no saber manejar la situación.
Ernesto Zedillo (Otra vez):
a) Los Hechos.
Después de la crisis de diciembre de 1994, el Presidente Ernesto Zedillo ha anunciado el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un instrumento con el que desea rescatar el ahorro en los bancos. Ya es 1995 y el primer mandatario ha explicado que la quiebra de los bancos hará imposible el acceso a créditos y los ahorradores no podrán disponer de sus depósitos. El primer mandatario ha dicho que su decisión se debe a su deseo de evitar el colapso de la infraestructura productiva. En 1998, mediante la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el Fobaproa fue convertido en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y ahora, las pérdidas económicas de los bancos privados se convierten en deuda pública. Esta decisión gubernamental, ocasionará pasivos de hasta 552 mil millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeará por pagarés ante el Banco de México. El monto equivaldrá a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de 1998 y el doble de la deuda pública interna. ¿Por qué? En 1998, el Partido de la Revolución Democrática y el de Acción Nacional revelarán una novela de intriga: en el Fobaproa se encontrarán unos mil 275 créditos superiores a los 20 millones de pesos. Unos 700 préstamos aparecerán sin garantías. 600 créditos se llevarán más del 55 por ciento del fondo. Es decir, se encontrará la trama de fortunas rápidas, formadas por la indiscriminada cesión de empresas públicas a intereses privados.
b) La Inmunidad.
Ernesto Zedillo concluyó el sexenio sin dar una explicación sobre las historias de corrupción enmarañadas en el Fobaproa-IPAB. En cambio, se convirtió en funcionario de la Organización de las Naciones Unidas en materia de financiamiento para el desarrollo de los países pobres. A la fecha, la deuda del Fobaproa-IPAB es de 801 mil 736 millones de pesos. La decisión de Ernesto Zedillo, avalada por los gobiernos de la alternancia, tuvo un costo para los contribuyentes de 13.1 por ciento del Producto Interno Bruto; es decir, unos 1.7 billones de pesos, según datos de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda. Esa cantidad equivale a lo que el Estado gastaría en seis décadas en un programa de combate a la pobreza como la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Luis Echeverría A:
a) Los Hechos.
En 1970, Luis Echeverría Álvarez asume el poder presidencial. Cuatro años después, los movimientos guerrilleros dirigidos por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero le declaran la guerra. Lo hacen también grupos internos de activistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa que han tomado las armas en contra de la instauración del capitalismo en México. Los llaman “Enfermos” y se han adherido a la Liga Comunista 23 de Septiembre, organización guerrillera en varios estados del país (Galerías 1 y 2 del Archivo General de la Nación). Echeverría pondrá en marcha-según informes que alberga la Procuraduría General de la República- lo que después se llamará “Guerra Sucia”. La estrategia consistirá en acciones secretas del Ejército que no reparará en secuestros y tortura. Este pasaje de la historia moderna de México dejó un número aún impreciso de muertos y desaparecidos. Sólo en la ONU hay 374 denuncias relacionadas con crímenes de Estado. Pero el Comité Eureka tiene 530 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 1980.
b) La Inmunidad.
El gobierno de Vicente Fox formó el 27 de noviembre de 2001 una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ese organismo recibió sólo por el periodo que abarcó la Guerra Sucia 532 casos de guerrilleros desaparecidos (Luego se sumaron las matanzas de Tlatelolco, 10 de junio, Aguas Blancas, los 600 desaparecidos del Partido de la Revolución Democrática durante el salinato, los perseguidos del Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca y 170 homicidios de maestros disidentes). La fiscalía no logró fincarle ningún delito a Luis Echeverría Álvarez por sus acciones en contra de los movimientos sociales, pero sí un proceso por genocidio relacionado con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Fue señalado, Echeverría, de haber concebido, propuesto y tenido bajo su control la ejecución de la masacre cuando se desempeñaba como Secretario de Gobernación. Por eso permaneció en prisión domiciliaria durante tres años debido a la decisión de la Fiscalía. En 2009, el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito lo exoneró. La Fiscalía despareció en 2006, apenas inició su gobierno Felipe Calderón Hinojosa.
Gustavo Díaz Ordáz:
a) Los Hechos.
Es julio de 1968. En la ciudad de México hay manifestaciones y marchas estudiantiles que critican el autoritarismo del Presidente Gustavo Díaz Ordaz. Son estudiantes y quieren autonomía universitaria y libertad para los presos políticos. El 2 de octubre se convoca a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Faltan diez días para que se inicien los Juegos Olímpicos. El movimiento de los estudiantes está en declive: muchos de sus líderes están en prisión. Un orador habla desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Lo que aquí está por ocurrir manchará para siempre el destino de la política mexicana. Un helicóptero del Ejército Mexicano lanzará bengalas sobre la multitud. Pronto, llegará el fuego en contra de los cinco mil estudiantes. Pasarán 45 años y el número de muertos será desconocido. Los cálculos siempre irán de 300 a 500 muertos y más de dos mil detenidos.
b) La Inmunidad.
Los dos tribunales federales que exoneraron a Luis Echeverría por el genocidio cometido el 2 de octubre, coincidieron en que las pruebas aportadas por la PGR se dirigían a un solo responsable: Gustavo Díaz Ordaz. Pero el ex Presidente había fallecido en 1979. Su dicho jamás varió de que era inocente. En 1969, en su quinto Informe de gobierno, dijo: “Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”. Al dejar la Presidencia, Díaz Ordaz no querrá volver a la política. Durante el sexenio de Echeverría le cerrará las puertas a reporteros y a cualquier debate político. Estará enfermo de un cáncer cuando en 1977, México restablecerá las rotas relaciones diplomáticas durante 40 años con España. El Presidente José López Portillo lo nombrará embajador en aquel país. En cambio, al otro protagonista del episodio de la Guerra Sucia –Luis Echeverría- lo despojará de todas las luces de la política mexicana y lo convertirá embajador en Australia, Nueva Zelandia y las islas Fiji, en lo que se interpretará como un exilio. Pero Díaz Ordaz se regresará de España apenas cumplida una quincena. En sus memorias, el mismo López Portillo aducirá una razón: “… Sin hablar del rencor que se le vino encima y que se había acumulado en su contra y no se había ventilado desde 1968”. Antes de irse a España, le expresará algunas palabras a un reportero: “No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco… Ese es un incidente remoto… Va a España un mexicano limpio, que no tiene las manos manchadas de sangre… Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años de mi gobierno, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, peligros, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza, salimos adelante, y si no hubiera sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando”. El punto es que jamás, en 45 años, habrá un solo responsable encarcelado por la matanza del 2 de Octubre de 1968.
http://www.sinembargo.mx/28-04-2014/972085
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