Mineras y gobierno canadienses, culpables de violentar pueblos.

Desde la vida hasta la organización sindical; el extractivismo pasa por encima de todos los derechos humanos y sociales.
CARMEN DÍAZ.

Montreal, Canadá. Por todo América Latina, pero también en su mismo país, empresas mineras y gobierno canadienses violentan los derechos de los pueblos en su afán extractivista, sentenciaron expertos y testigos en el Tribunal Permanente de los Pueblos.

El asunto no es menor. De alrededor de 200 conflictos socioambientales en América Latina, 90 se vinculan a mineras canadienses, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Aunque existen numerosos casos (por ejemplo el conflicto en Wirikuta por First Gold Majestic), dos fueron los casos mexicanos emblemáticos: la minera Payback (Blackfire Exploration), debido al asesinato de Mariano Abarca, en Chicomuselo, Chiapas; y La Platosa (Excellon Resources), por la violación a los derechos de los trabajadores en Durango. Estuvieron también en el banco de los acusados los casos de Pascua Lama (Barrick Gold) en Chile y Argentina; Escobal (Tahoe Resources) en Guatemala y San Martín (Goldcorp) en Honduras.

Del 29 de mayo al 1 de junio, afectados de América Latina y especialistas se dieron cita para testimoniar las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales causados por la minería canadiense, en la audiencia internacional del Tribunal Permanente de los Pueblos, con el apoyo de cerca de 50 organizaciones de Canadá y América Latina.

Es la primera vez que el TPP, fundado en 1979 en Italia, sesiona en Canadá; el objetivo fue examinar la responsabilidad no sólo de las empresas mineras, sino también del gobierno canadiense, en la violación de derechos humanos y socioambientales en América Latina.

Los cargos que enfrentaron las empresas mineras son: atentar contra los derechos fundamentales de los pueblos en América Latina, con el apoyo del Estado canadiense (que sostiene a esta industria y favorece un contexto de impunidad)[i]. El jurado se integró con destacadas personalidades como la canadiense Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadienses, la francesa Mireille Fanon-Mendès, de la Fundación Frantz-Fanon, Nicole Kirouac, del Comité de vigilancia de Malartic, una ciudad minera en Québec, Gérald Larose, profesor de la Universidad de Quebec en Montreal, Viviane Michel, de la nación innu y presidenta de Mujeres Indígenas de Quebec, el abogado Javier Mujica, del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos de Perú, el director del centro de estudios de derecho medio ambiental Antoni Pigrau Solé, de Cataluña, y el italiano Gianni Tognoni, fundador y secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Los casos mexicanos

La empresa Blackfire, instalada en Chicomuselo, Chiapas, fue acusada de atentar contra el derecho a la vida, instaurar un clima de violencia y estar implicada en el asesinato de Mariano Abarca, en 2009. A través de un video, José Luis Abarca, hijo del activista, exigió justicia por el homicidio de su padre y denunció la complicidad de la embajada canadiense. Jennifer Moore, de la coalición Mining Watch, corroboró el papel del gobierno de Canadá en el caso y lamentó que no se ha castigado a ninguno de los responsables del crimen.

La minera Excellon Resources fue acusada de violar el derecho a la libertad de asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva y a la reunión pacífica en La Platosa, Durango. Dante López, de la organización ProDESC (Proyecto derechos económicos, sociales y culturales) presentó el caso ante los jueces y relató las dificultades que la sección 309 del sindicato enfrenta.

La creciente criminalización de los movimientos de oposición

En todos los casos, se denunció la creciente criminalización de los movimientos de resistencia ante la nueva oleada de colonialismo. Se resaltó que existe un consenso extractivista tanto de gobiernos de derecha como de izquierda, y hay una clara relación entre el extractivismo y el autoritarismo. Desplazamientos forzados, represión, consultas ilegítimas, atentados y asesinatos que hasta el día de hoy permanecen impunes fueron algunas de las constantes.

Jennifer Moore, de Mining Watch, afirmó que ante el boom de la minería, se originaron cientos de movimientos de resistencia. De acuerdo a un informe de Global Witness titulado “Deadly environment” (Medio ambiente letal),[ii] “entre 2002 y 2013, 908 activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados; de todos estos crímenes, solamente se han juzgado y castigado 10 casos. Los países donde hay una mayor incidencia de asesinatos son Brasil, Honduras, Perú, Colombia, México y Guatemala”. La criminalización, dijo, no es un evento aislado sino un proceso que va desde la estigmatización, procesos judiciales hasta ataques físicos, y que tiene impactos tanto individuales como colectivos.

Las mujeres resisten a la minería

Lina Solano, del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, en Ecuador, afirmó: “No aceptamos la destrucción de nuestros ecosistemas, de nuestras culturas, que nos han permitido subsistir hasta el día de hoy. Nosotras optamos por la vida”. Nombró además dos casos de mujeres defensoras que han sido perseguidas: Máxima Acuña, por el conflicto en Cajamarca, Perú, y la activista guatemalteca Yolanda Oqueli, hacia quienes pidió solidaridad internacional.

Las mujeres se movilizan porque ven los impactos inmediatos de la minería: contaminación y empobrecimiento; salen con fuerza a defender su sustento diario y el futuro de sus hijos. Sin embargo, sus liderazgos muchas veces permanecen invisibilizados, por lo que Solano animó a las mujeres a formar redes con otras afectadas y hacer oír sus voces, compartir experiencias y fortalecer las luchas.

Las participantes discutieron sobre las afectaciones de la minería canadiense en Canadá mismo, particularmente en territorios indígenas del norte de Quebec, donde habitan 11 naciones. Afirmaron la necesidad de construir lazos de solidaridad y recordaron que el movimiento Marcha Mundial de las Mujeres tendrá como eje de acción internacional de 2015 la defensa del cuerpo y el territorio.

El veredicto: culpables

El veredicto preliminar[iii] señala que en los casos juzgados las empresas son culpables de violar el derecho “a la vida, a la alimentación, al agua, a la salud, a la habitación, a la libertad e integridad de las personas, a la seguridad y a un medio ambiente sano y protegido”. También denuncia que se violó el derecho de los pueblos “a su autodeterminación, a la participación, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, el derecho a un desarrollo propio y al ejercicio pleno de su propia cultura y tradiciones “. Existen pruebas contundentes de que las empresas violaron “la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica, de acceso a la información y de participación”.

En el caso del gobierno canadiense, se le consideró culpable por acción u omisión por apoyar a las empresas canadienses en América Latina “a través de mecanismos políticos, económicos, financieros y diplomáticos, por tolerar o encubrir violaciones a los derechos humanos o negar el acceso a las víctimas a recursos efectivos frente a las violaciones de las empresas”.

Se denunció igualmente la complicidad de los gobiernos latinoamericanos, que otorgan concesiones y permisos de explotación a sabiendas de los impactos que la minería tiene en el medio ambiente, sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades que serán afectadas: “Son culpables por no exigir a las empresas respetar los derechos humanos y por flexibilizar las normas laborales, medioambientales y tributarias para favorecer el interés de las empresas mineras”.

El tribunal exigió un alto a la criminalización de activistas, defensores y comunidades que se oponen a la extracción minera y que reivindican su derecho a la autodeterminación y a decidir qué tipo de desarrollo quieren. Denunció la política canadiense de injerencias indebidas en las reformas legislativas mineras y ambientales, la negociación de acuerdos comerciales que blindan las inversiones canadienses en el exterior y las barreras que socavan en el acceso a la justicia canadiense para las personas y comunidades afectadas por las actividades mineras.

Se declaró “la responsabilidad de las empresas Barrick Gold y su filial Nevada SpA, Gold Corp y su filial Entre Mares, Tahoe Resources y su filial San Rafael S.A., Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. y Excellon Resources Inc. y su filial Excellon de México S. A. de C. V. por incurrir en la violación de los derechos humanos y la responsabilidad de Canadá por haber tolerado o encubierto tales violaciones, impidiendo el acceso de las víctimas a un recurso que las proteja de tales violaciones”.

Fuente: Desinformémonos.

La abdicación del rey español, allanada por el camino del #15M.

Cuando el 15 de mayo del 2011 las plazas de tantas ciudades repitieron al unísono el “no nos representan”, se hicieron más grandes las grietas de los cimientos de la “transición”.
LOLA SEPÚLVEDA.

 

Las grietas del piso en el que se asienta el sistema de monarquía y bipartidismo en España se hicieron grandes fisuras con el 15M, que señaló que “no nos representan”. La casta política apostó al desgaste, pero el movimiento de los de abajo se transformó y siguió; además, el triunfo del partido Podemos supuso un llamado de atención al régimen.
La autores señala que con la abdicación del rey Juan Carlos I, sólo Felipe González queda vivo de las figuras de la llamada “transición” de 1978 –cuando el dictador Francisco Franco transmitió el poder a la monarquía. Junto con los gritos que exigen República y referéndum, es necesario que los de abajo tomen en sus manos su destino político, considera.


Madrid, España. El café de las 9:30 de la mañana del 2 de junio vino acompañado por el anuncio de que el presidente de gobierno de España efectuaría una “comparecencia institucional” apenas una hora más tarde. No facilitaron ninguna información adicional, lo que levantó los rumores. Los primeros, una remodelación del gobierno, fueron desechados de inmediato: ese tema no ameritaba una comparecencia de ese tipo; si era “institucional”, debía ser algo más grave… y rápidamente toda la atención se fijó en la Casa Real; en pocos minutos, las redes sociales y algunos periódicos digitales ya hablaban de la posibilidad de la abdicación del rey. Y así fue.

Poco después de las 10:30 de la mañana, Mariano Rajoy anunció que Juan Carlos I le hizo saber su intención de dejar el trono y pasar sus obligaciones como monarca a su hijo Felipe. Casi de inmediato, las redes sociales se hicieron eco de una convocatoria espontánea: a las 8 de la tarde, en la Puerta del Sol, por la República y por un referéndum que nos permita a los españoles decidir si queremos un rey o no.

Llama la atención el momento en que se hizo el anuncio de la abdicación (que aún no es efectiva porque, al momento de escribir este texto, aún no existe una ley orgánica que desarrolle cómo ha de realizarse). Se produce a una semana de las elecciones al Parlamento Europeo, elecciones que supusieron un pequeño terremoto cuyas consecuencias aún están por verse.

La versión oficial señala que el rey decidió abdicar el día de su cumpleaños, el pasado 6 de enero, lo que resulta un tanto curioso porque apenas unos días antes, en su discurso de Navidad, aseguró lo contrario1, y así se lo comunicó, primero, a su hijo y en el mes de marzo a Rajoy, presidente del gobierno (perteneciente al Partido Popular, PP) y a Alfredo Pérez Rubalcaba, jefe de la oposición (del Partido Socialista Obrero Español, PSOE); y también decidió, a comienzos de abril, que el anuncio se haría público tras la elecciones europeas, con el fin de no interferir en la campaña electoral.

Aunque se dice que la fecha definitiva fue acordada con Rajoy y Rubalcaba una semana antes de las elecciones, el anuncio, con la reina a punto de viajar a Nueva York, y el heredero regresando de El Salvador, deja la sensación de que fue hecho con urgencia y de forma precipitada. Con la salida del rey del espacio político, muertos Manuel Fraga, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez, sólo queda Felipe González de aquellos artífices de una transición que se vendió como ejemplar pero distó mucho de serlo.

Hace tres años, el 15 de mayo de 2011, la irrupción del 15M puso en tela de juicio todo el entramado que se escondió tras el nombre de “transición”, una forma de ver, hacer y pensar, basada en un falso consenso que, de entrada, ya imponía límites como que “la democracia-mercado es el único marco admisible de convivencia y organización de lo común, punto y final” 2, y por tanto, hay cosas que no se pueden hablar y lo mejor era olvidar el pasado porque revivirlo solo llevaría al enfrentamiento (en clara alusión a la Guerra Civil). Y entre esos consensos indiscutibles están la Monarquía y el bipartidismo.

Cuando en mayo del 2011, las plazas de tantas ciudades repitieron al unísono el “no nos representan” y señalaron que el PP y el PSOE son la misma cosa, cada vez se hicieron más grandes las grietas de los cimientos de esa transición o, lo que es lo mismo, el Régimen surgido en 1978. Pero allá arriba, los que detentan el poder no suelen mirar hacia abajo; como mucho, les llegan algunos sonidos de gritos y enfados que suelen ignorar en la confianza de que son pequeñas expresiones de indignación que pasarán pronto. Aunque los de arriba se encontraron con una gran masa de gente, organizándose “de otra manera”, sin líderes aparentes y con voluntad de quedarse en el espacio político reapropiado, apostaron por el cansancio y el desgaste.

En tres años, el 15M cambió mucho; se creció-diluyó en las Mareas (la verde por la educación pública, la blanca en defensa de la sanidad, la naranja por los servicios sociales, la roja por la ciencia y la granate, formada por los españoles que se han visto forzados a emigrar en los últimos años), se fue a los barrios con resultados ciertamente desiguales en lo que se refiere a su continuidad, y reforzó organizaciones como la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) y YoSiSanidadUniversal, que defiende el derecho a recibir atención médica a todas las habitantes de España, tengan o no papeles de residencia.

El 15M, y eso ya se dijo en muchas ocasiones, politizó y re-politizó a jóvenes y no tan jóvenes, que buscaron diferentes formas de participación política o, lo que es lo mismo, tomar en sus manos el futuro. Y a cada una de estas acciones, las grietas del Régimen de la Transición se hicieron más grandes sin que quienes habitaban la casa se dieran cuenta.

Este año 2014 comenzó un nuevo ciclo electoral: el pasado 25 de mayo, las elecciones europeas; el próximo año, las municipales y autonómicas, y en 2016, las generales. Pese a que las encuestas reflejaron un profundo desgaste del partido en el poder, del que no se benefició el de la oposición del PSOE (más bien al contrario, se desgastaba aún más que su “adversario”), arriba estaban tranquilos: esta primera cita electoral nunca levanta gran interés en la población, por lo que la abstención suele ser elevada, y para las siguientes citas, una leve mejoría en la economía del país podría, si no darles más votos, al menos frenar el descenso al tiempo que volvían a apostar a que los descontentos y los “despolitizados” engrosaran las filas de la abstención y así, el bipartidismo PPSOE, seguiría funcionando como la máquina bien engrasada que ellos diseñaron. Y por tanto, ni la corrupción que alcanza a ambos partidos, si bien es liderada por el PP en estos momentos, ni la desafección política de la población hacia ellos, constituiría ningún problema.

Pero por abajo las cosas marchan de otra manera. y las elecciones del domingo dieron un duro golpe al bipartidismo: por primera vez en toda la historia del régimen, la suma de votos del PP y el PSOE no llega al 49 por ciento, muy lejos de ese 80 por ciento del que solían disfrutar. Además, irrumpió como cuarta fuerza política nacional un partido nuevo, pequeño, formado a principios de año y con unos métodos y un discurso distinto, en buena parte heredados no sólo del 15M, sino de una larga historia de lucha y organización en este país, durante los últimos veinte años.

Imaginado en un principio por jóvenes profesores universitarios y por activistas, presentaron una lista electoral de gente “común”, caras nada conocidas (a excepción de su número uno, presente desde hace tiempo en varias tertulias televisivas en las que se hizo conocido por replicar de forma aguda, inteligente y mordaz a sus interlocutores de derecha), que fueron elegidos por votaciones abiertas a la población; Podemos comenzó a hablar de “casta política” para designar a quienes manejan la vida de los demás, haciendo recortes y bajando sueldos, al tiempo que se suben los suyos; se negó a comprometerse con los bancos a través de créditos electorales y acudió al crowdfunding, con el que financió una campaña de alrededor de 150 mil euros,3 y publicó las cuentas en su página web.

Su éxito, porque no cabe calificar de otra manera a un grupo que a menos de cinco meses de su aparición consigue 1 millón 245 mil 948 votos, un 7.97 por ciento del total (lo que le da cinco escaños en el Parlamento Europeo y se convierte en la cuarta fuerza política del país), es la constatación, vía electoral e institucional, del profundo descrédito de las instituciones de este ya viejo régimen, desbordado por el cinismo, la corrupción y el aprovechamiento personal de sus élites, la “casta” en palabras de Podemos.

Es importante hacer notar que si bien la opción electoral que representa Podemos supone una importante llamada de atención, que de un modo u otro recogieron las élites (hay artículos periodísticos que afirman que Rajoy y Rubalcaba hablaron por teléfono para analizar el “fenómeno Podemos”), no es menos cierto que es aún una opción minoritaria, aunque con intenciones de dejar de serlo a la mayor brevedad, y que no es la única expresión del descontento; fuera del momento físico de depositar el voto, las calles y las plazas siguen vivas, así como numerosas expresiones de creación y autogestión que se desarrollan día a día.

En este escenario, en el que las grietas de la casa construida en el 78 ya no se pueden ocultar, el anuncio de abdicación del monarca tuvo la respuesta inmediata de una convocatoria a través de las redes sociales para ir a la Puerta del Sol en Madrid, y a diferentes plazas en más de 40 ciudades del país, para reclamar la República y un referéndum sobre la forma de Estado. Las imágenes del resultado de esas convocatorias, con los espacios públicos llenos y cientos de banderas republicanas ondeando, dan buena cuenta de un sentir cada vez más mayoritario que se niega a esta operación “gatopardista” de que todo cambie para que todo siga igual.

Ahora hay que tener la cabeza fría y analizar bien cuáles son nuestras prioridades. Es necesaria la República y un referéndum es una buena forma de ejercer nuestro derecho a decidir, pero no podemos olvidar otros trabajos que son, si cabe, más urgentes. Una república apenas resolverá alguno de los problemas que como sociedad tenemos: no sólo necesitamos decidir sobre la forma del Estado, también tenemos que hacer desaparecer las élites que nos gobiernan bajo el dictado de “los mercados” y para ello, debemos cambiar de forma radical las instituciones que no nos representan, así como nuestra forma de relacionarnos con ellas.

Dicho de otro modo: frente a los que llevan tantos años convenciéndonos de que debemos abdicar de nuestra capacidad política en una papeleta que introducimos en una urna cada tantos años y luego dejar hacer, nosotros, nosotras, desde abajo, debemos tomar en nuestras manos el futuro para que quien nos gobierne, mande obedeciendo.

Fuente: Desinformémonos.