Durante 52 meses el gobernador de Veracruz –el priista Javier Duarte– mostró un gran talento para no ver la realidad. Aseveró que en su estado, uno de los más golpeados por el narco, sólo se robaban Frutsis y Pingüinos; que los Juegos Centroamericanos de 2014 –en los que ni siquiera se construyeron villas para los atletas– fueron los mejores de la historia, y que Veracruz es seguro para los periodistas, pese a que ahí abundan los asesinatos de comunicadores… Lo que ya no pudo negar es el desastre financiero de la entidad, fomentado por el despilfarro y las deficientes políticas públicas. Ahora que los pasivos pueden alcanzar los 98 mil millones de pesos y la insolvencia es cotidiana, lanza un “plan de ajuste”.
Aunque el gobierno de Javier Duarte lo minimiza, las finanzas públicas de Veracruz son un desastre. En el diagnóstico coinciden políticos del PAN, PT y PRD, y bajo anonimato lo admiten funcionarios estatales y empleados priistas.
Las evidencias son numerosas. Una semana antes de que arrancara la Cumbre Tajín (realizada del jueves 19 al domingo 22), el secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa, aceptó que el espectáculo estelar de dicho festival –con un costo de 14 millones de pesos– fue cancelado por falta de presupuesto. Para atemperar las críticas en medios nacionales, la oficina de prensa de Duarte envió 11 boletines alusivos al encuentro dos días antes de que iniciara el festejo.
Otra: el martes 17 y en plenas semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), los jugadores del equipo Halcones Rojos –subsidiado en su totalidad por el DIF estatal– decidieron abandonar el entrenamiento porque no les han pagado.
En esa misma coyuntura, los extrabajadores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC, justa catalogada por Duarte como la mejor de la historia) continúan reclamando el pago de cuatro quincenas y la segunda parte del aguinaldo, pese a que el certamen deportivo concluyó hace 120 días.
La última protesta fue apenas el martes 17, cuando un grupo de empleados decidió cerrar un carril de la calle ubicada frente a Palacio de Gobierno. Inicialmente los inconformes pensaban trasladar su manifestación a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero cancelaron el movimiento por una amenaza que, aseguran, recibieron de directivos de esa dependencia: “Entre más protesten, menos les vamos a pagar”.
En el gobierno de Duarte, mandos medios y enlaces de prensa de varias dependencias admiten que hay una especie de “inanición gubernamental” por la falta de recursos: denuncian infraestructura pública paralizada, operaciones quirúrgicas o subsidios médicos detenidos y entrega a cuentagotas de apoyos en municipios afectados por el clima.
El colmo: empleados del Comité Estatal del PRI aseveran que sus sueldos sufren retrasos de más de una semana, pues las prerrogativas que debería canalizar mes con mes el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) llegan con retraso por culpa de la Sefiplan.
La demora de pagos también llegó al sindicato de la Universidad Veracruzana, a los estudiantes inscritos en el Programa Nacional de Becas (Pronabes), a organizaciones campesinas y al sindicato de trabajadores del Poder Judicial.
En la iniciativa privada, líderes de cámaras empresariales, como la CMIC, la Canaco y la Coparmex, en ruedas de prensa realizadas mes con mes, conminan al gobierno de Duarte a “reiniciar” los pagos por construcción, proveeduría y otros servicios.
En diciembre pasado, el extitular de la Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo, admitió que el pasivo oficial de Veracruz rebasa los mil 492 millones de pesos. De esa cantidad, 643 millones 668 mil pesos son deuda contraída con cámaras empresariales, prestadores de servicios y proveedores, mientras que a contratistas se les debe poco más de 849 millones. De diciembre a marzo esa cifra aumentó, pero el gobierno no ha dicho cuánto.
El grupo transportista ADO sí hizo público su caso. En el suplemento Cancha, del diario Reforma, se quejó de un adeudo de 21 millones de pesos por la renta de 186 autobuses de lujo y 35 camionetas Mercedes Benz, que operaron en Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y Tuxpan. Ya presentó una denuncia civil.
Así, presidentes del PT, PAN y PRD repudiaron –en vísperas de las campañas electorales– la situación financiera provocada por la actual y las pasadas administraciones priistas. Fidel Robles, dirigente estatal y diputado local petista, anunció que solicitará un juicio político contra Duarte por malversación de fondos públicos y la conformación de una estratosférica deuda pública, la cual asciende a 98 mil millones de pesos, según “datos recabados”, expresa, en la Cuenta Pública Consolidada 2013:
“Sabemos que no se liberaron recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) en todo el sexenio de Duarte. Además, ciudadanos de todos los estratos sociales han recurrido a mí para denunciar omisiones graves en entes públicos, obras mal hechas, inconclusas o etiquetadas y no terminadas. Estamos ante un desastroso sexenio de Duarte y sus desleales colaboradores.”
La cifra mencionada por Robles incluye el débito reportado ante la Secretaría de Hacienda, que ronda los 40 mil millones de pesos; créditos bancarios; pasivo circulante, que está en los mil 500 millones de pesos; cuentas pendientes por pagar a ayuntamientos, como aportaciones federales, partidas del Fonden, programas de obra estatal y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), entre otros; más los retrasos y deudas vinculados a los órganos públicos desconcentrados y autónomos.
En el PAN asientan que el gobierno de Duarte es indiferente a los reclamos por la quiebra financiera y el desvío de recursos. De hecho, aseguran, aplica la frase del expresidente Carlos Salinas: “Ni los veo ni los oigo”.
El diputado local Julen Rementería cifra en 3 mil millones de pesos las irregularidades en la Sefiplan, que se concentran en los rubros relativos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH). Los números que difunde la Tesorería, dice, no cuadran con los reportados ante el Órgano de Fiscalización (Orfis), ente auditor calificado por Rementería como “ciego, inepto, obeso y vago”.
Pese a ello, continúa, la administración priista –confabulada con su bancada y la Junta de Coordinación Política en el Congreso local– se niega a exigir la comparecencia de los titulares de la Tesorería, Orfis y la contraloría estatal.
Tan sólo en el informe de la cuenta pública 2013, la Sefiplan reportó ingresos tributarios por mil 960 millones de pesos, mientras que el Orfis sólo apuntó 669 millones. Es decir, existe una diferencia de mil 200 millones que nadie explica.
“Claro que es dinero que jinetearon, robaron, se fue para campañas, lo desviaron… ¿Con qué ánimos el ciudadano, el empresario va a querer pagar impuestos? A mí me ha reclamado Lorenzo Portilla (auditor del Orfis) que por qué no le creo, que hace bien su trabajo. Ya le dije que no quiero creerle, sino que me lo demuestre.”
Alcaldes del PRD, por su parte, han cerrado en diversas ocasiones el centro de la ciudad y tomado las instalaciones de la Sefiplan para exigir que se liberen los recursos adscritos al Fondo Social de Infraestructura Municipal (FSIM) y que se “corrijan errores administrativos” cometidos por el gobierno de Javier Duarte a la hora de asignar esas partidas.
Con maestría en derecho, economía y políticas públicas por la Fundación José Ortega y Gasset, de Madrid, y con un doctorado en economía por la Universidad Complutense, también de la capital española, Javier Duarte esperó hasta el mes 52 de su gobierno –cuando las críticas de la oposición y de los empresarios eran unánimes– para hacer un cambio en las finanzas de su gobierno, problema que en estos días se convirtió en el mayor motivo de preocupación entre los veracruzanos, superando a la ola de delincuencia –otro sello de su administración.
Duarte anunció un Plan de Ajuste al Gasto Público (PAG), cuyo punto medular es prohibir erogaciones que durante los primeros cuatro años de su gobierno fueron solapados o incluso fomentados. Además, removió a su quinto tesorero, Mauricio Audirac, y en su lugar nombró al administrativo educativo, Antonio Gómez Pelegrin.
Antes de Audirac, por la Sefiplan desfilaron el exlíder nacional de Nueva Alianza, Tomás Ruiz, hoy en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; Salvador Manzur, actualmente delegado nacional de Banobras y famoso a escala nacional por ser parte de la red de mapaches electorales detectados en la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol); Carlos Aguirre, quien sólo fungió como encargado de despacho, y Fernando Charleston, quien estuvo un año en el cargo y prefirió renunciar para regresar a su curul en San Lázaro.
El PAG ordena, entre otras cosas, “restringir los servicios de seguridad personal” entre los mandos medios y superiores; reducir el número de “asesores y personal de apoyo”, y limitar la contratación de “asesoría y estudios”.
El documento de 10 puntos contempla también la “reducción al mínimo” de los apoyos otorgados mediante “subsidios” y la revisión de “compatibilidades laborales” para evitar que el personal “cobre en dos o más lugares”. Paralelamente, las dependencias que están arrendando inmuebles presentarán un “programa real” de reducción de espacios que permita pagar menos.
Ante su gabinete y sin la presencia de reporteros –sólo fotógrafos y camarógrafos–, Duarte explicó que Veracruz “no está ajeno” a la crisis económica que se deriva, resumió, de la caída de los precios del petróleo y el incremento en las tasas de interés estadunidenses.
“De forma oportuna y responsable el gobierno del estado se suma a este esfuerzo para enfrentar este entorno. La premisa de la acción siempre ha sido la responsabilidad, que obliga a pensar sólo en el bienestar duradero de los veracruzanos”, dijo en su mensaje, para justificar la “profunda reingeniería” en la gestión pública estatal.
Aunque el gobierno de Javier Duarte lo minimiza, las finanzas públicas de Veracruz son un desastre. En el diagnóstico coinciden políticos del PAN, PT y PRD, y bajo anonimato lo admiten funcionarios estatales y empleados priistas.
Las evidencias son numerosas. Una semana antes de que arrancara la Cumbre Tajín (realizada del jueves 19 al domingo 22), el secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa, aceptó que el espectáculo estelar de dicho festival –con un costo de 14 millones de pesos– fue cancelado por falta de presupuesto. Para atemperar las críticas en medios nacionales, la oficina de prensa de Duarte envió 11 boletines alusivos al encuentro dos días antes de que iniciara el festejo.
Otra: el martes 17 y en plenas semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), los jugadores del equipo Halcones Rojos –subsidiado en su totalidad por el DIF estatal– decidieron abandonar el entrenamiento porque no les han pagado.
En esa misma coyuntura, los extrabajadores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC, justa catalogada por Duarte como la mejor de la historia) continúan reclamando el pago de cuatro quincenas y la segunda parte del aguinaldo, pese a que el certamen deportivo concluyó hace 120 días.
La última protesta fue apenas el martes 17, cuando un grupo de empleados decidió cerrar un carril de la calle ubicada frente a Palacio de Gobierno. Inicialmente los inconformes pensaban trasladar su manifestación a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero cancelaron el movimiento por una amenaza que, aseguran, recibieron de directivos de esa dependencia: “Entre más protesten, menos les vamos a pagar”.
En el gobierno de Duarte, mandos medios y enlaces de prensa de varias dependencias admiten que hay una especie de “inanición gubernamental” por la falta de recursos: denuncian infraestructura pública paralizada, operaciones quirúrgicas o subsidios médicos detenidos y entrega a cuentagotas de apoyos en municipios afectados por el clima.
El colmo: empleados del Comité Estatal del PRI aseveran que sus sueldos sufren retrasos de más de una semana, pues las prerrogativas que debería canalizar mes con mes el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) llegan con retraso por culpa de la Sefiplan.
La demora de pagos también llegó al sindicato de la Universidad Veracruzana, a los estudiantes inscritos en el Programa Nacional de Becas (Pronabes), a organizaciones campesinas y al sindicato de trabajadores del Poder Judicial.
En la iniciativa privada, líderes de cámaras empresariales, como la CMIC, la Canaco y la Coparmex, en ruedas de prensa realizadas mes con mes, conminan al gobierno de Duarte a “reiniciar” los pagos por construcción, proveeduría y otros servicios.
En diciembre pasado, el extitular de la Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo, admitió que el pasivo oficial de Veracruz rebasa los mil 492 millones de pesos. De esa cantidad, 643 millones 668 mil pesos son deuda contraída con cámaras empresariales, prestadores de servicios y proveedores, mientras que a contratistas se les debe poco más de 849 millones. De diciembre a marzo esa cifra aumentó, pero el gobierno no ha dicho cuánto.
El grupo transportista ADO sí hizo público su caso. En el suplemento Cancha, del diario Reforma, se quejó de un adeudo de 21 millones de pesos por la renta de 186 autobuses de lujo y 35 camionetas Mercedes Benz, que operaron en Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y Tuxpan. Ya presentó una denuncia civil.
Así, presidentes del PT, PAN y PRD repudiaron –en vísperas de las campañas electorales– la situación financiera provocada por la actual y las pasadas administraciones priistas. Fidel Robles, dirigente estatal y diputado local petista, anunció que solicitará un juicio político contra Duarte por malversación de fondos públicos y la conformación de una estratosférica deuda pública, la cual asciende a 98 mil millones de pesos, según “datos recabados”, expresa, en la Cuenta Pública Consolidada 2013:
“Sabemos que no se liberaron recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) en todo el sexenio de Duarte. Además, ciudadanos de todos los estratos sociales han recurrido a mí para denunciar omisiones graves en entes públicos, obras mal hechas, inconclusas o etiquetadas y no terminadas. Estamos ante un desastroso sexenio de Duarte y sus desleales colaboradores.”
La cifra mencionada por Robles incluye el débito reportado ante la Secretaría de Hacienda, que ronda los 40 mil millones de pesos; créditos bancarios; pasivo circulante, que está en los mil 500 millones de pesos; cuentas pendientes por pagar a ayuntamientos, como aportaciones federales, partidas del Fonden, programas de obra estatal y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), entre otros; más los retrasos y deudas vinculados a los órganos públicos desconcentrados y autónomos.
En el PAN asientan que el gobierno de Duarte es indiferente a los reclamos por la quiebra financiera y el desvío de recursos. De hecho, aseguran, aplica la frase del expresidente Carlos Salinas: “Ni los veo ni los oigo”.
El diputado local Julen Rementería cifra en 3 mil millones de pesos las irregularidades en la Sefiplan, que se concentran en los rubros relativos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH). Los números que difunde la Tesorería, dice, no cuadran con los reportados ante el Órgano de Fiscalización (Orfis), ente auditor calificado por Rementería como “ciego, inepto, obeso y vago”.
Pese a ello, continúa, la administración priista –confabulada con su bancada y la Junta de Coordinación Política en el Congreso local– se niega a exigir la comparecencia de los titulares de la Tesorería, Orfis y la contraloría estatal.
Tan sólo en el informe de la cuenta pública 2013, la Sefiplan reportó ingresos tributarios por mil 960 millones de pesos, mientras que el Orfis sólo apuntó 669 millones. Es decir, existe una diferencia de mil 200 millones que nadie explica.
“Claro que es dinero que jinetearon, robaron, se fue para campañas, lo desviaron… ¿Con qué ánimos el ciudadano, el empresario va a querer pagar impuestos? A mí me ha reclamado Lorenzo Portilla (auditor del Orfis) que por qué no le creo, que hace bien su trabajo. Ya le dije que no quiero creerle, sino que me lo demuestre.”
Alcaldes del PRD, por su parte, han cerrado en diversas ocasiones el centro de la ciudad y tomado las instalaciones de la Sefiplan para exigir que se liberen los recursos adscritos al Fondo Social de Infraestructura Municipal (FSIM) y que se “corrijan errores administrativos” cometidos por el gobierno de Javier Duarte a la hora de asignar esas partidas.
Con maestría en derecho, economía y políticas públicas por la Fundación José Ortega y Gasset, de Madrid, y con un doctorado en economía por la Universidad Complutense, también de la capital española, Javier Duarte esperó hasta el mes 52 de su gobierno –cuando las críticas de la oposición y de los empresarios eran unánimes– para hacer un cambio en las finanzas de su gobierno, problema que en estos días se convirtió en el mayor motivo de preocupación entre los veracruzanos, superando a la ola de delincuencia –otro sello de su administración.
Duarte anunció un Plan de Ajuste al Gasto Público (PAG), cuyo punto medular es prohibir erogaciones que durante los primeros cuatro años de su gobierno fueron solapados o incluso fomentados. Además, removió a su quinto tesorero, Mauricio Audirac, y en su lugar nombró al administrativo educativo, Antonio Gómez Pelegrin.
Antes de Audirac, por la Sefiplan desfilaron el exlíder nacional de Nueva Alianza, Tomás Ruiz, hoy en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; Salvador Manzur, actualmente delegado nacional de Banobras y famoso a escala nacional por ser parte de la red de mapaches electorales detectados en la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol); Carlos Aguirre, quien sólo fungió como encargado de despacho, y Fernando Charleston, quien estuvo un año en el cargo y prefirió renunciar para regresar a su curul en San Lázaro.
El PAG ordena, entre otras cosas, “restringir los servicios de seguridad personal” entre los mandos medios y superiores; reducir el número de “asesores y personal de apoyo”, y limitar la contratación de “asesoría y estudios”.
El documento de 10 puntos contempla también la “reducción al mínimo” de los apoyos otorgados mediante “subsidios” y la revisión de “compatibilidades laborales” para evitar que el personal “cobre en dos o más lugares”. Paralelamente, las dependencias que están arrendando inmuebles presentarán un “programa real” de reducción de espacios que permita pagar menos.
Ante su gabinete y sin la presencia de reporteros –sólo fotógrafos y camarógrafos–, Duarte explicó que Veracruz “no está ajeno” a la crisis económica que se deriva, resumió, de la caída de los precios del petróleo y el incremento en las tasas de interés estadunidenses.
“De forma oportuna y responsable el gobierno del estado se suma a este esfuerzo para enfrentar este entorno. La premisa de la acción siempre ha sido la responsabilidad, que obliga a pensar sólo en el bienestar duradero de los veracruzanos”, dijo en su mensaje, para justificar la “profunda reingeniería” en la gestión pública estatal.
