domingo, 5 de octubre de 2014

COMUNICADO DEL PDPR - EPR

COMUNICADO DEL PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

A LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS Y UNIVERSITARIOS

A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

La represión generalizada en nuestro país es parte del terrorismo de Estado. Una muestra contundente de la barbarie de esta política es lo que sucede en el estado de Guerrero contra nuestra juventud inerme y con esperanzas de un cambio, nuestro pueblo en su conjunto, no importa al sector al que pertenezcamos, todos debemos exigir justicia, el castigo a los criminales de Estado y el cese de esta política de terror.

El Estado mexicano se ha cebado actualmente con el pueblo de guerrero y sobre todo con su juventud y los luchadores sociales, como se cebó con el pueblo de Atenco. No se puede tratar de "hechos violentos", ni de "enfrentamientos", ni de "fuego cruzado" o de "agresiones de los manifestantes a los policías", como lo han dado a entender voceros del Estado y algunos medios de comunicación, sino de una política criminal de un estado policíaco militar.
Lo sucedido el viernes 26 de septiembre contra los normalistas de Ayotzinapan constituye una masacre, es decir, un crimen de Estado planificado por el mando único policiaco-militar, el cual coordina la agresión permanente contra el pueblo.

Los normalistas de Ayotzinapan, cuando de manera pacífica realizaban volanteo y colecta, son reprimidos con toda saña ordenada por los mandos superiores de la cúpula gubernamental estatal y federal, por lo tanto, es una gran mentira que se haya tratado de un enfrentamiento producto de la violencia de estos jóvenes inermes contra la policía municipal.

Los estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos, han sido criminalizados sin descanso desde las instituciones gubernamentales como parte de la política del terrorismo de Estado, como consigna política la han retomado medios de comunicación serviles, voceros oficiosos y plumas mercenarias, políticos de oficio profascistas, individuos de toda laya que comulgan con las posiciones reaccionarias.

Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la policía federal, instalaciones del ejército y la marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la academia de policía donde fueron también brutalmente torturados.

Constituye una cínica burla la declaración del gobierno estatal al afirmar que se "abocará" a su localización, porque es de todos sabido y existen evidencias fehacientes de que fue la fuerza policíaco-paramilitar quien se los llevó, operativo realizado coordinadamente entre policía municipal, estatal, federal, ejército, marina y paramilitares. Los misteriosos "civiles armados y encapuchados" que perpetraron parte de esta masacre en realidad son elementos activos de las fuerzas policiaco-militares realizando acciones de paramilitarismo.

Es grotesco sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado para endosar este crimen de lesa humanidad a la "delincuencia organizada", dicha afirmación constituye una burda maniobra política para diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad a los criminales materiales e intelectuales. Especulaciones dolosas promovidas por el Estado mexicano y difundidas perversamente por "sesudos analistas" y funcionarios públicos.

La tesis del estado fallido independientemente de su modalidad con la que se pretende "justificar" la supuesta violencia generalizada, por la "delincuencia organizada" y el narcotráfico se encuentra circunscrita dentro de la doctrina de la guerra contrainsurgente dictada desde el imperialismo norteamericano.

La masacre de Iguala es la expresión fiel del grado de terrorismo de Estado con el cual se trata de imponer de forma incuestionable la criminalización de la protesta popular, bajo la mascarada e instrumento jurídico de "regular" marchas, plantones y la protesta popular, para evitar que "actos violentos" como los ocurridos en Ayotzinapan vuelvan a suceder.

La detención de 22 policías municipales no garantiza justicia para nuestro pueblo, por el contrario es una maniobra recurrente para administrar y prolongar la impunidad, porque enseguida salen libres, como es el caso de los policías federales que asesinaron, el 12 de diciembre de 2011, a dos normalistas también de Ayotzinapan, esos criminales hoy gozan de libertad y completa impunidad.

En los últimos decenios la juventud ha sido víctima del intento de la más aguda mediatización sin que se haya logrado, tenemos el ejemplo de todos esos jóvenes que siguen en prisión desde el primero de diciembre de 2012 que fueron torturados, vejados y violados sus derechos humanos, que a pesar del esfuerzo de quienes pidieron su libertad, también fueron reprimidos y aún continúan en las mazmorras de este gobierno.

Con indignación y razón se levantan los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), porque se les respeten sus derechos, en el fondo constituye la resistencia contra la reforma educativa neoliberal, que en los avances de su imposición está reduciendo el contenido científico de la educación, empujando a la tecnificación y privatización de ésta para construir un sujeto dócil y presa fácil para la explotación por las compañías nacionales y extranjeras a las cuales el Estado mexicano les ha facilitado el saqueo de las riquezas nacionales.

Compañeros, de 1968 a 1971 el Estado se ensañó con la juventud asesinándola. Son 46 años que nuestra juventud ha sido masacrada, y casi después de medio siglo el gobierno priísta lo sigue haciendo, recordemos que el 68 fue la continuidad de la represión de 1956-58 ejercida contra ferrocarrileros, médicos y maestros.

En 1963 el Estado cometió el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia; en 1965, el 23 de septiembre asesinó a los jóvenes que asaltaron militarmente el cuartel Madera en Chihuahua, precedentes históricos para que un conjunto de jóvenes, antes y después de 1968, con su ingenuidad unos y otros conscientes pero ambos congruentes, crearan grupos de guerrilleros revolucionarios, convencidos de que se podía perder la vida por un cambio en el país a favor del pueblo.
Muchos jóvenes derramaron su sangre en pos de la libertad, siempre los recordaremos porque son parte de esta lucha histórica, que hoy en las condiciones en que actúa el Estado, no dudamos que ante una acción del mismo exista una reacción popular combativa. Los intentos del Estado como siempre son perversos, no confíen en este gobierno represivo.

Conmemorar el dos de octubre no sólo es recordar, es retomar la experiencia que genera un Estado totalitario utilizando el terrorismo. Hemos sido parte de todas estas luchas y seguiremos siendo parte de todos aquellos que hoy, aunque piensen de distinta manera y desde distintas trincheras, coadyuvamos intentando cambiar este país para lograr un gobierno libertario.

En consecuencia, el PDPR-EPR recordamos el dos de octubre, no separados de las masas, de las luchas populares, sino con nuestros modestos esfuerzos ¡Estamos presentes! ¡Dos de octubre no se olvida, se recuerda y en el combate estamos!

Desde nuestra trinchera de la crítica de las armas, rendimos un homenaje a todos aquellos que sobrevivieron a esta represión, que congruentemente siguieron una vida y continuaron peleando por la liberación de nuestro pueblo. Es el caso del luchador social Raúl Álvarez Garín, con quien en un momento histórico perteneciendo a la revista Punto Crítico tuvimos profundas divergencias, porque algunos individuos que pertenecían a ella nos vilipendiaron, nos acusaron de terroristas e intentaron obstaculizar nuestra relación con las masas, sin embargo, es un honor recordar a este luchador social quién después, producto de una reflexión personal se solidarizó con todas las luchas del pueblo sin importar cuáles fueran las siglas, con los más necesitados, con las nuevas generaciones que luchan por el respeto de los derechos humanos, por la presentación de los detenidos-desaparecidos, por la libertad de los presos políticos y contra la represión de un Estado totalitario.

Los jóvenes de hoy, no olvidemos a Raúl Álvarez Garín, porque hay ejemplos contemporáneos de heroicidad de muchos luchadores sociales. No perdamos la memoria histórica porque eso nos desmoviliza, no seamos presas del terrorismo de Estado.

Nuevamente una masacre más por los militares, que no pudieron ocultar el asesinato de otros jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, fuesen lo que fuesen, también fueron ejecutados de manera extrajudicial como pretenden hacerlo con los 43 normalistas detenidos-desaparecidos.

Probado está que el ejército mexicano es dirigido por psicópatas que han dado la orden para el cometido de crímenes de lesa humanidad, porque en anteriores comunicados decíamos, la policía y el ejército no van a aprehender sino a asesinar, estos asesinatos son una prueba irrefutable.

Los jóvenes por el solo hecho de serlo están siendo asesinados y/o obligados por el ejército o sus paramilitares a enrolarse en sus filas, están haciendo una leva de jóvenes para que participen en este tipo de asesinatos como parte de las autodefensas paramilitares degradándolos como seres humanos. Y si no es así, los asesinados o encarcelados son quienes rechazan ser parte de estas fuerzas.

Hoy como es costumbre y tradición de un PRI-gobierno asesino, dicen condenar a tres militares, pero no revelan que grado tienen los que se configuran como chivos expiatorios, y sin importar el grado también son víctimas -aunque no son justificables sus hechos- de la cadena de mando que llega al generalato de la zona militar hasta el presidente como jefe supremo de las fuerzas armadas.

Ante la violencia generalizada contra el pueblo, ante el terrorismo de Estado y ante la acción criminal de las fuerzas policiaco-militar-paramilitar:

Todas las familias de las víctimas de la política terrorista de Estado debemos unirnos a los demás familiares de todas las víctimas, que por una u otra razón, han sido asesinadas o aquellos que han sido detenido-desaparecidos. ¡Ni una lucha aislada más!

Todos debemos unirnos, cada cual en su trinchera y forma de lucha, en la exigencia de la presentación con vida de los normalistas detenidos-desaparecidos, juicio y castigo de los responsables materiales e intelectuales, así como el alto a los crímenes contra el pueblo.

Al terrorismo de Estado se le enfrenta con la unidad popular, constituye una necesidad la generalización en el plano nacional de las acciones políticas de masas, la acción popular combativa, la acción múltiple de solidaridad en todo el país y la estructuración de la autodefensa del pueblo para que se ejerza la justicia popular.

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS! No es tiempo de miedo, éste y la impotencia deben transformarse en resistencia popular combativa.

¡A SEGUIR EXIGIENDO LA PRESENTACION CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS
DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS!
¡A CERRAR FILAS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

República mexicana, a 30 de septiembre de 2014.

Guerrero: nadie duda de que una bomba de relojería se ha puesto en marcha.


 El hallazgo de seis fosas clandestinas con cadáveres en las afueras de Iguala (Guerrero) ha encendido todas las alarmas. En este municipio de 131.000 habitantes, donde impera la ley del narco, se desató el último viernes de septiembre un estallido de violencia policial contra un grupo de estudiantes de magisterio (normalistas) que acabó con seis muertos, 17 heridos y unos 40 desaparecidos. La posibilidad de que los cuerpos, localizados en la partida de Pueblo Viejo, correspondan a estos estudiantes pesa en la mente de las autoridades y de todo el país, pero, de momento, ni la Procuraduría ni ningún organismo oficial han confirmado esta hipótesis. Las tareas de rescate de los cadáveres son incipientes y aún se desconoce su número exacto. “Para determinar su identidad, tenemos que hacer las pruebas genéticas”, señaló el procurador estatal Iñaky Blanco.

El descubrimiento desencadena ataques con cócteles molotov a la casa del Gobernador
El descubrimiento de las fosas ha sido un golpe para padres y compañeros de los desaparecidos. Los intentos para calmarles apenas han servido. La casa del gobernador, Ángel Aguirre, cuyo papel es cada vez más cuestionado, fue atacado por la noche con cócteles molotov. Todas las escuelas normales rurales de México se declararon en huelga en solidaridad con sus compañeros de Ayotzinapa. El temor a que los normalistas, un grupo estudiantil de extracción campesina, muy organizado y tradicional semillero de guerrilleros, desencadenen una ola de violencia mayor llevó al gobernador a pedir públicamente tranquilidad: “Hago un llamado a mantener la concordia y evitar por todos los cauces la violencia, hoy como nunca se requiere de la unidad de todos, sería lamentable que alguien sacara provecho político”.

El destino de los desaparecidos en Iguala se ha convertido en una incógnita de magnitud nacional. La salvaje violencia policial ejercida contra los normalistas por apoderarse de tres autobuses y la intervención de sicarios junto a agentes municipales han destapado la descomposición de Guerrero. Con casi tres millones y medio de habitantes, es el estado con la mayor tasa de homicidios de México y campo de batalla de cuatro organizaciones criminales. En el caso de Iguala, el control está en manos de Guerreros Unidos, una sanguinaria organización surgida de las cenizas del cartel de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes.

La detención de 22 policías municipales por su implicación en las muertes no ha frenado el escándalo. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de estar conectado con el narcotráfico, se ha dado a la fuga en pleno escándalo sin que ninguna autoridad fuera capaz de ponerle las manos encima. Su secretario de Seguridad, el jefe de los agentes que dispararon a los estudiantes, ha emprendido el mismo camino. Las investigaciones han determinado que muchos policías detenidos formaban parte de los Guerreros Unidos. Y, aunque algunos sicarios (halcones y gatilleros) han sido detenidos, ningún cabecilla ha caído en manos de la policía.

La dimensión del caso ha llevado a la Procuraduría General de la República, un organismo que depende del presidente, a tomar las riendas de las investigaciones. El país sigue expectante el resultado de las indagaciones. Nadie duda de que una bomba de relojería se ha puesto en marcha.