"No querían abrir los telediarios con las Marchas, por eso crearon la violencia", aseguran sus impulsores. Denuncian malos tratos y vejaciones a los detenidos, identificaciones masivas y una "campaña de criminalización" contra los manifestantes.
Una semana después de que cientos de miles de personas tomaran las calles de Madrid en las Marchas de la Dignidad, la imagen que los españoles asocian a estas reivindicaciones originariamente pacíficas son las de la violencia que interrumpió la protesta. "Lo que ha sucedido estos días es un montaje surgido de las cloacas del Estado, asegura Rafael González, de la coordinación estatal de las Marchas. "No querían abrir los telediarios con las Marchas, y por eso crearon la violencia", asegura.
"Tres petardos de tres personas sin identificar fueron la excusa para cargar contra los manifestantes pacíficos", defiende. No señala directamente a los policías de paisano como los lanzadores de esos petardos, pero reconoce que "la cosa huele mal".
Y es que los organizadores de la protesta, que aseguran condenar "toda la violencia", insisten en lo absurdo que sería haber comenzado los enfrentamientos, teniendo en cuenta que ciudadanos pacíficos, jóvenes y mayores, estaban a apenas unos metros del epicentro de las trifulcas. "¿Vamos a meter a nuestras familias para provocar altercados?", razona González.
En una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid, la comisión jurídica del 22-M ha recomendado a sus organizadores emprender acciones legales contra la Delegación del Gobierno y la Policía, aunque no han sabido precisar más sobre la naturaleza de estas acciones. "Incluida en su caso la interposición de querellas criminales contra los responsables de las mismas", reza el comunicado presentado por la comisión jurídica.
"Un plan sistemático y premeditado de efectuar malos tratos"
La comisión jurídica denuncia malos tratos y vejaciones a varios de los 21 detenidos -2 de ellos menores- tras los disturbios del pasado 22 de Marzo. "Gran parte de ellos sufrieron lesiones durante la detención", asegura el comunicado", que detalla como algunas de estas personas fueron "trasladadas esposadas en transporte público, a la vista de los pasajeros, lo que significa trato humillante y vejatorio al detenido", defienden.
"La práctica totalidad de los hombres detenidos denunciaron haber sido obligados a permanecer hasta 7 horas de pie con los brazos en alto, haber sufrido cambios de temperatura bruscos e intencionados, privación de comida y agua y de la posibilidad de acudir al baño durante las primeras 24 horas, lo que parece acreditar la existencia de un plan sistemático y premeditado de efectuar malos tratos a estos detenidos".
Denuncian también las identificaciones y registros masivos, la decisión de detener a un centenar de autobuses "sin motivo" y la obstaculización a la asistencia de letrados libremente designados.
"La actuación policial fue dirigida de forma indiscriminada y brutal contra el conjunto de manifestantes, dejando un saldo de lesionados que no coincide con la versión de los hechos difundida por los responsables policiales", continúa el escrito, asegurando que el número final de manifestantes heridos fue de 108 y no de poco más de una treintena, tal y como han reproducido los medios de comunicación.
De la criminalización de la protesta a la "muleta espada"
Los organizadores han denunciado también la "difusión masiva" de "supuestas armas incautadas a los manifestantes", como la llamada "muleta espada", que correspondían a "incautaciones efectuadas en anteriores intervenciones en absoluto relacionadas con las Marchas de la dignidad". Esto, según la comisión jurídica, "parece poner de manifiesto la existencia de un plan preconcebido para criminalizar a las personas que por cientos de miles se manifestaron el pasado día 22-M".
Parte de este plan formarían, en opinión de los activistas, las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes o del presidente de la Comunidad, Ignacio González; el sucesor de Esperanza Aguirre que comparó las ideas contenidas en el manifiesto de las Marchas con las de la ultraderecha.
Declaraciones a las que se han sumado varios políticos del Partido Popular -frente al conveniente silencio de los socialistas- que han servido de marco para insistir en la supuesta necesidad de prohibir el derecho a la manifestación en determinados lugares. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han expresado su apoyo a la medida, que supondría acotar un derecho constitucional.
Primero acusado de homicidio, hoy de lesiones
Exigen la inmediata liberación de Miguel, el manifestante que sigue en prisión preventiva, acusado de un delito de lesiones. Su abogado, Jesús Calpe, asegura que "se ha utilizado a los policías" para darles una imagen de víctimas frente a los "radicales", ante la visita de un equipo de observadores internacionales de la OSCE.
"Los medios ya han emitido un veredicto sobre Miguel, cuando el asunto sigue en los juzgados", asegura Alba González, de la Asamblea de Apoyo a Miguel de Carabanchel. Su referencia a los medios de comunicación no puede considerarse desde luego como un hecho aislado: muchos de los organizadores y asistentes a las Marchas de la Dignidad reprochan a la prensa haber dado más cobertura a los episodios de violencia que a la manifestación del sábado, quedando esta eclipsada por los disturbios.
A las cinco de la tarde, cuando decenas de miles de personas se concentraban ya frente a la estación de Atocha, los medios generalistas continuaban con sus emisiones regulares, que mantuvieron hasta las 20:30 horas, aproximadamente. La hora a la que comenzaron los disturbios, una hora antes de que acabara la manifestación, y minutos antes de comenzar los telediarios.
http://www.publico.es/actualidad/510894/el-22-m-estudia-emprender-acciones-legales-contra-cifuentes-y-la-policia
