“Fue una masacre”, tituló el semanario Proceso el reportaje de su corresponsal en Michoacán, Francisco Castellanos, quien informó con puntualidad y rigor sobre el asesinato a balazos de civiles desarmados por parte de agentes de la Policía Federal, el 6 de enero, en Apatzingán.
Esta matanza, una más en el ya sangriento gobierno de Enrique Peña Nieto, pronto se diluyó por las urgencias y complicidades del poder, incluyendo las mediáticas.
Y, pese a las mentiras del comisionado Alfredo Castillo para encubrir los hechos –acreditados por Paco Castellanos en la edición 1994 del semanario del pasado 18 de enero–, la impunidad terminó por sepultar este otro crimen de lesa humanidad.
Pero tras el reportaje de la colega Laura Castellanos, que amplía detalles de la masacre –y que ha sido difundido de manera conjunta por este semanario, el sitio de Internet de Carmen Aristegui y la televisora estadunidense Univisión–, los homicidas de la Policía Federal, Castillo y sus jefes deben recibir un castigo del tamaño del crimen.
Castillo, quien apenas el viernes 17 asumió el cargo de director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) –una verdadera bofetada al sector–, debe renunciar de inmediato.
No sólo eso: Debe ser sujeto de una investigación y sometido a proceso por alterar con sus mentiras el escenario del crimen y eventualmente por ordenar a los mandos de la Policía Federal asesinar a balazos a los 16 civiles desarmados, muchos de ellos ejecutados por la espalda cuando ya estaban sometidos y de rodillas.
Y si no fue Castillo el que impartió la orden a los homicidas de la Policía Federal, porque por lo visto tenía esa prerrogativa inconstitucional como virrey en Michoacán, la investigación debe acreditar si la disposición fue del comisionado de la corporación, Monte Alejandro Rubido, o del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Más aún: Si en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el gobierno federal niega toda culpa y en la matanza de Tlatlaya acusa que los autores son sólo un grupo de soldados, en la masacre de Apatzingán la responsabilidad recae directamente en Peña Nieto.
En lo formal, el superior jerárquico de Castillo era Osorio Chong –como ahora en la Conade lo es Emilio Chuayffet–, pero es sabido de todos que ha sido procurador de Justicia del Estado de México, subprocurador de la PGR, procurador del Consumidor y comisionado en Michoacán por decisión de un solo individuo: Peña Nieto.
Y si Castillo tiene sangre en las manos por la masacre de Apatzingán, esa sangre ha manchado ya a Peña.
Esta matanza, una más en el ya sangriento gobierno de Enrique Peña Nieto, pronto se diluyó por las urgencias y complicidades del poder, incluyendo las mediáticas.
Y, pese a las mentiras del comisionado Alfredo Castillo para encubrir los hechos –acreditados por Paco Castellanos en la edición 1994 del semanario del pasado 18 de enero–, la impunidad terminó por sepultar este otro crimen de lesa humanidad.
Pero tras el reportaje de la colega Laura Castellanos, que amplía detalles de la masacre –y que ha sido difundido de manera conjunta por este semanario, el sitio de Internet de Carmen Aristegui y la televisora estadunidense Univisión–, los homicidas de la Policía Federal, Castillo y sus jefes deben recibir un castigo del tamaño del crimen.
Castillo, quien apenas el viernes 17 asumió el cargo de director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) –una verdadera bofetada al sector–, debe renunciar de inmediato.
No sólo eso: Debe ser sujeto de una investigación y sometido a proceso por alterar con sus mentiras el escenario del crimen y eventualmente por ordenar a los mandos de la Policía Federal asesinar a balazos a los 16 civiles desarmados, muchos de ellos ejecutados por la espalda cuando ya estaban sometidos y de rodillas.
Y si no fue Castillo el que impartió la orden a los homicidas de la Policía Federal, porque por lo visto tenía esa prerrogativa inconstitucional como virrey en Michoacán, la investigación debe acreditar si la disposición fue del comisionado de la corporación, Monte Alejandro Rubido, o del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Más aún: Si en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el gobierno federal niega toda culpa y en la matanza de Tlatlaya acusa que los autores son sólo un grupo de soldados, en la masacre de Apatzingán la responsabilidad recae directamente en Peña Nieto.
En lo formal, el superior jerárquico de Castillo era Osorio Chong –como ahora en la Conade lo es Emilio Chuayffet–, pero es sabido de todos que ha sido procurador de Justicia del Estado de México, subprocurador de la PGR, procurador del Consumidor y comisionado en Michoacán por decisión de un solo individuo: Peña Nieto.
Y si Castillo tiene sangre en las manos por la masacre de Apatzingán, esa sangre ha manchado ya a Peña.
De: @alvaro_delgado.
