De: Denise Dresser.
Ayotzinapa. Tlatlaya. San Fernando. Nombres que recordamos por quienes murieron allí, por quienes desaparecieron allí, por quienes fueron ejecutados allí. Casos conocidos, casos emblemáticos, casos que han aparecido en la prensa nacional e internacional. Pero más allá de ellos hay un país herido. Un país donde según el reporte Atrocidades innegables, elaborado por el Open Society Institute, no sólo hay crímenes constantes. Hay crímenes calificados de “lesa humanidad”. Crímenes cometidos por narcotraficantes pero también por las fuerzas armadas. Nueve años de agresiones a la sociedad civil. Nueve años de dolor. Nueve años que han producido más de 150 mil personas desaparecidas.
Una crisis de naturaleza y magnitud insospechadas e inimaginables hasta ahora que es documentada, publicada, evidenciada. Vía un largo y riguroso proceso de investigación, de entrevistas, de recopilación de datos y cifras. Todo ello para llegar a una conclusión que debería sacudir. Lo que ha ocurrido en México bajo la presidencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto merece la atención de la Corte Penal Internacional. Merece que la comunidad internacional inicie investigaciones que tengan consecuencias penales para los involucrados. Porque esos involucrados no sólo son Los Zetas o los cárteles de la droga. Son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado –policía y Ejército– cuyo deber es combatir el crimen, no perpetrarlo.
Las atrocidades que cometen y han cometido no son “casos aislados”; son un fenómeno generalizado. A partir de 2007, cuando Calderón declara su guerra y los asesinatos comienzan a aumentar. A crecer. A ocurrir con tanta frecuencia que de 2007 a 2010 México fue el país con la mayor tasa de crecimiento de homicidios dolosos. Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente. El crimen organizado comenzó a matar más, pero el Estado también, vía el uso indiscriminado de la fuerza, vía las ejecuciones extrajudiciales. Y las cifras oficiales no son confiables, miles de casos siguen sin resolverse; “desapariciones forzadas” no son clasificadas como tales, fosas clandestinas aparecen en estado tras estado. Peor aún: ante las atrocidades innegables la respuesta del Estado mexicano ha sido el silencio. O la pasividad. O el ocultamiento. A febrero de 2015 sólo se habían producido 313 investigaciones federales correspondientes a desapariciones forzadas y sólo 13 condenas. A pesar del involucramiento documentado del Ejército, no fue sino hasta agosto de 2015 cuando se condenó al primer soldado por este delito.
El Estado entonces ha sido cómplice callado de los crímenes de lesa humanidad o no ha actuado para encararlos. Desde el momento en que Calderón envía al Ejército a las calles, las denuncias por maltrato y tortura presentadas ante la CNDH se cuadriplican. La magnitud y las características del maltrato –según el informe devastador– constituyen crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma que México suscribió. Son “parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque”, de conformidad con una política de Estado. Fue el Estado. Ha sido el Estado. Es el Estado.
El Estado mexicano que en aras de someter al crimen organizado ha matado a su propia población. El Estado mexicano que ha permitido el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial contra la población civil. El Estado mexicano que ha actuado sin una regulación adecuada del uso de la fuerza, sin una determinación de responsabilidades por los abusos resultantes. No por accidente, no como simple “daño colateral”, no como “hechos aislados”. Se trata de una política que persigue a personas vinculadas con el crimen organizado, pero también a civiles acusados sin ningún fundamento. El patrón que Open Society –y las ONG con las que colaboró– revela conductas generalizadas. Revelas actos que no se cometen al azar. Revela actos sistemáticos que deben recaer bajo la jurisprudencia internacional, porque el Estado mexicano jamás va a juzgarse a sí mismo.
Por la retórica de la negación que ha caracterizado tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto. Por la forma en la que funcionarios de antes y ahora minimizan lo ocurrido. Por la estrategia gubernamental de atacar a funcionarios de las Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Por las promesas hechas una y otra vez que nunca se cumplen. Desde Tlatelolco, desde la Guerra Sucia, el Estado mexicano resta importancia a los crímenes cometidos y va construyendo el andamiaje de la impunidad. Una impunidad que no ceja porque los funcionarios encargados de combatirla no reconocen que existe. No reconoce lo que deberían hacer para terminar con ella. La gobernabilidad se construye precisamente sobre la impunidad.
De allí que el gobierno acepte el uso de la tortura para extraer confesiones y fabricar “evidencias”. De allí que una sucesión de gobiernos proteja al Ejército y a la Marina de investigaciones creíbles sobre su participación en crímenes atroces. Calderón y Peña Nieto promoviendo y permitiendo la militarización de las actividades policiales. Todo ello contribuyendo a que el Estado evada su culpa. Eso explica las obstrucciones procesales, la falta de independencia de los peritos y los procuradores, la aprobación de aparatosas reformas que después se instrumentan tarde y mal. El país necesita ayuda porque quienes lo gobiernan cometen crímenes y no reciben castigo.
La urgencia del involucramiento internacional deviene de lo que no pasa en el país. Lo que no se investiga. Lo que se tapa. Lo que se oculta. Los crímenes que ni siquiera son considerados como tales. Ni el gobierno de Calderón ni el de Peña Nieto han mostrado interés por establecer responsabilidades por las atrocidades cometidas. En lugar de la investigación, prevalece la obstrucción. En lugar de la premura, prevalece la obstaculización. El informe concluye recomendando decisiones difíciles, decisiones valientes. Decisiones como la creación de una entidad de investigación internacional –con sede en México– que tenga el poder de investigar y perseguir crímenes de lesa humanidad y corrupción de manera independiente. Para que así las atrocidades innegables dejen de serlo. Para que las atrocidades aceptadas dejen de serlo. Para que México no viva con la lesa humanidad de hoy, sino con la recuperada humanidad de mañana.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/444420/atrocidades-aceptadas
Ayotzinapa. Tlatlaya. San Fernando. Nombres que recordamos por quienes murieron allí, por quienes desaparecieron allí, por quienes fueron ejecutados allí. Casos conocidos, casos emblemáticos, casos que han aparecido en la prensa nacional e internacional. Pero más allá de ellos hay un país herido. Un país donde según el reporte Atrocidades innegables, elaborado por el Open Society Institute, no sólo hay crímenes constantes. Hay crímenes calificados de “lesa humanidad”. Crímenes cometidos por narcotraficantes pero también por las fuerzas armadas. Nueve años de agresiones a la sociedad civil. Nueve años de dolor. Nueve años que han producido más de 150 mil personas desaparecidas.
Una crisis de naturaleza y magnitud insospechadas e inimaginables hasta ahora que es documentada, publicada, evidenciada. Vía un largo y riguroso proceso de investigación, de entrevistas, de recopilación de datos y cifras. Todo ello para llegar a una conclusión que debería sacudir. Lo que ha ocurrido en México bajo la presidencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto merece la atención de la Corte Penal Internacional. Merece que la comunidad internacional inicie investigaciones que tengan consecuencias penales para los involucrados. Porque esos involucrados no sólo son Los Zetas o los cárteles de la droga. Son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado –policía y Ejército– cuyo deber es combatir el crimen, no perpetrarlo.
Las atrocidades que cometen y han cometido no son “casos aislados”; son un fenómeno generalizado. A partir de 2007, cuando Calderón declara su guerra y los asesinatos comienzan a aumentar. A crecer. A ocurrir con tanta frecuencia que de 2007 a 2010 México fue el país con la mayor tasa de crecimiento de homicidios dolosos. Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente. El crimen organizado comenzó a matar más, pero el Estado también, vía el uso indiscriminado de la fuerza, vía las ejecuciones extrajudiciales. Y las cifras oficiales no son confiables, miles de casos siguen sin resolverse; “desapariciones forzadas” no son clasificadas como tales, fosas clandestinas aparecen en estado tras estado. Peor aún: ante las atrocidades innegables la respuesta del Estado mexicano ha sido el silencio. O la pasividad. O el ocultamiento. A febrero de 2015 sólo se habían producido 313 investigaciones federales correspondientes a desapariciones forzadas y sólo 13 condenas. A pesar del involucramiento documentado del Ejército, no fue sino hasta agosto de 2015 cuando se condenó al primer soldado por este delito.
El Estado entonces ha sido cómplice callado de los crímenes de lesa humanidad o no ha actuado para encararlos. Desde el momento en que Calderón envía al Ejército a las calles, las denuncias por maltrato y tortura presentadas ante la CNDH se cuadriplican. La magnitud y las características del maltrato –según el informe devastador– constituyen crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma que México suscribió. Son “parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque”, de conformidad con una política de Estado. Fue el Estado. Ha sido el Estado. Es el Estado.
El Estado mexicano que en aras de someter al crimen organizado ha matado a su propia población. El Estado mexicano que ha permitido el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial contra la población civil. El Estado mexicano que ha actuado sin una regulación adecuada del uso de la fuerza, sin una determinación de responsabilidades por los abusos resultantes. No por accidente, no como simple “daño colateral”, no como “hechos aislados”. Se trata de una política que persigue a personas vinculadas con el crimen organizado, pero también a civiles acusados sin ningún fundamento. El patrón que Open Society –y las ONG con las que colaboró– revela conductas generalizadas. Revelas actos que no se cometen al azar. Revela actos sistemáticos que deben recaer bajo la jurisprudencia internacional, porque el Estado mexicano jamás va a juzgarse a sí mismo.
Por la retórica de la negación que ha caracterizado tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto. Por la forma en la que funcionarios de antes y ahora minimizan lo ocurrido. Por la estrategia gubernamental de atacar a funcionarios de las Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Por las promesas hechas una y otra vez que nunca se cumplen. Desde Tlatelolco, desde la Guerra Sucia, el Estado mexicano resta importancia a los crímenes cometidos y va construyendo el andamiaje de la impunidad. Una impunidad que no ceja porque los funcionarios encargados de combatirla no reconocen que existe. No reconoce lo que deberían hacer para terminar con ella. La gobernabilidad se construye precisamente sobre la impunidad.
De allí que el gobierno acepte el uso de la tortura para extraer confesiones y fabricar “evidencias”. De allí que una sucesión de gobiernos proteja al Ejército y a la Marina de investigaciones creíbles sobre su participación en crímenes atroces. Calderón y Peña Nieto promoviendo y permitiendo la militarización de las actividades policiales. Todo ello contribuyendo a que el Estado evada su culpa. Eso explica las obstrucciones procesales, la falta de independencia de los peritos y los procuradores, la aprobación de aparatosas reformas que después se instrumentan tarde y mal. El país necesita ayuda porque quienes lo gobiernan cometen crímenes y no reciben castigo.
La urgencia del involucramiento internacional deviene de lo que no pasa en el país. Lo que no se investiga. Lo que se tapa. Lo que se oculta. Los crímenes que ni siquiera son considerados como tales. Ni el gobierno de Calderón ni el de Peña Nieto han mostrado interés por establecer responsabilidades por las atrocidades cometidas. En lugar de la investigación, prevalece la obstrucción. En lugar de la premura, prevalece la obstaculización. El informe concluye recomendando decisiones difíciles, decisiones valientes. Decisiones como la creación de una entidad de investigación internacional –con sede en México– que tenga el poder de investigar y perseguir crímenes de lesa humanidad y corrupción de manera independiente. Para que así las atrocidades innegables dejen de serlo. Para que las atrocidades aceptadas dejen de serlo. Para que México no viva con la lesa humanidad de hoy, sino con la recuperada humanidad de mañana.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/444420/atrocidades-aceptadas
