Por Arnau Cunties
La 40a sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), centrada sobre la actuación de la minería canadiense en la América Latina, se celebró en Montreal del 29 de mayo al 1 de junio del 2014. En este caso, el histórico tribunal no solamente se fijó en las responsabilidades de las transnacionales mineras canadienses y los gobiernos receptores de las inversiones, sino también en la actuación del Estado canadiense y sus repercusiones. La celebración de este juicio ético fue posible gracias a la labor de cuarenta entidades de defensa del medio ambiente y de derechos humanos.Actualmente, el 75% de las mineras mundiales tienen su sede en Canadá y entre el 50 y el 70% de la actividad minera de Latinoamérica se lleva a cabo por mineras canadienses o filiales de éstas. Alain Deneault –profesor de sociología en la Universidad de Quebec y coautor del libro Noir Canada– quien testificó en el juicio, comparó el país con un «paraíso minero» por las facilidades y el apoyo (financiero, económico, político y diplomático) que los proyectos mineros reciben por parte del Estado, aunque no respeten los derechos humanos más elementales como el derecho a la vida, a la salud o a la autodeterminación de las comunidades afectadas (a través de la elección previa, libre e informada).
Durante los tres días que duró la audiencia, testificaron una treintena de testigos de las comunidades afectadas, luchadores por los derechos humanos y expertos juristas, y se presentó abundante documentación entre la que se incluían documentos oficiales desclasificados. En consecuencia, el TPP Canadá ha considerado probado que las corporaciones investigadas han «incurrido en la violación de los derechos humanos» y que el Estado canadiense y los Estados latinoamericanos que reciben las explotaciones mineras son responsables de «no prevenir, de facilitar, tolerar o encubrir las violaciones, así como de impedir en la práctica, el acceso de las víctimas a un recurso que las proteja». Una situación que se ve agravada por la debilidad de la legislación internacional actual. (Consulta el dictamen preliminar aquí. Para más información visitasu página de facebook).
Apoyo a legislación vinculante internacional
Además de denunciar la situación, el tribunal hizo 43 recomendaciones a diferentes organismos y Estados. Una de estas recomendaciones pedía la elaboración de normas obligatorias para las empresas transnacionales a nivel internacional. En este sentido, se apoyó la propuesta de un tratado internacional de normas vinculantes que presentó Ana María Suárez Franco, representante de la FIAN (FoodFirst Information and Action Network) –organización internacional que lucha por el derecho a la alimentación desde hace casi treinta años– durante su intervención como testigo en el tribunal.
Según denuncia Suárez Franco, «desde hace 40 años la sociedad civil está pidiendo a Naciones Unidas que se cree un tratado vinculante y obligatorio que regule las actividades de las compañías transnacionales en relación con los derechos humanos», con escasa fortuna. No obstante, 85 países van a presentar una propuesta en unos meses para solicitar la creación de un grupo de trabajo que empiece a discutir la cuestión. La representante del FIAN admite que «es un trabajo larguísimo, desde que el grupo de trabajo empieza a analizar cómo regular a las empresas, cómo asegurar que los derechos humanos tengan la primacía, que haya mecanismos de rendición de cuentas, que haya mecanismos internacionales para llevar los casos y demandarlos» pero que consideran importante «que se comience ya».
Aunque los países del norte –donde la mayoría de transnacionales están radicadas– son el principal escollo que la iniciativa debe superar, también hay algunos países del sur que se muestran reticentes. Según Suárez Franco, esto ocurre porque «tienen miedo de que esta legislación espante inversiones extranjeras, pero si es común y se cumple en todos los sitios, esto no ocurrirá». Desde la FIAN actualmente se trabaja haciendo cabildeo para sumar la mayoría de apoyos posibles, y la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos podría contribuir a ello. Como comentó uno de los miembros del jurado, el profesor en derecho internacional de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Antoni Pigrau, el TPP «no tiene consecuencias directas por tratarse de un tribunal de opinión», pero puede contribuir a hacer más conocidas algunas de las violaciones de derechos humanos que se dan actualmente y «ayudar a grupos y entidades opositoras a hacer un proceso de reflexión y afinar estrategias».
* En México, desde finales del 2011 el Tribunal Permanente de los Pueblos está en proceso, realizando diversas audiencias temáticas para conocer los múltiples casos de violaciones a los Derechos Humanos y a los Derechos de los Pueblos para determinar la responsabilidad de gobiernos y/o empresas dentro del país. En septiembre comienzan las audiencias temáticas finales y la audiencia final general será del 12 al 14 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México (para más información visita la página del TPP México).
Además de denunciar la situación, el tribunal hizo 43 recomendaciones a diferentes organismos y Estados. Una de estas recomendaciones pedía la elaboración de normas obligatorias para las empresas transnacionales a nivel internacional. En este sentido, se apoyó la propuesta de un tratado internacional de normas vinculantes que presentó Ana María Suárez Franco, representante de la FIAN (FoodFirst Information and Action Network) –organización internacional que lucha por el derecho a la alimentación desde hace casi treinta años– durante su intervención como testigo en el tribunal.
Según denuncia Suárez Franco, «desde hace 40 años la sociedad civil está pidiendo a Naciones Unidas que se cree un tratado vinculante y obligatorio que regule las actividades de las compañías transnacionales en relación con los derechos humanos», con escasa fortuna. No obstante, 85 países van a presentar una propuesta en unos meses para solicitar la creación de un grupo de trabajo que empiece a discutir la cuestión. La representante del FIAN admite que «es un trabajo larguísimo, desde que el grupo de trabajo empieza a analizar cómo regular a las empresas, cómo asegurar que los derechos humanos tengan la primacía, que haya mecanismos de rendición de cuentas, que haya mecanismos internacionales para llevar los casos y demandarlos» pero que consideran importante «que se comience ya».
Aunque los países del norte –donde la mayoría de transnacionales están radicadas– son el principal escollo que la iniciativa debe superar, también hay algunos países del sur que se muestran reticentes. Según Suárez Franco, esto ocurre porque «tienen miedo de que esta legislación espante inversiones extranjeras, pero si es común y se cumple en todos los sitios, esto no ocurrirá». Desde la FIAN actualmente se trabaja haciendo cabildeo para sumar la mayoría de apoyos posibles, y la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos podría contribuir a ello. Como comentó uno de los miembros del jurado, el profesor en derecho internacional de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Antoni Pigrau, el TPP «no tiene consecuencias directas por tratarse de un tribunal de opinión», pero puede contribuir a hacer más conocidas algunas de las violaciones de derechos humanos que se dan actualmente y «ayudar a grupos y entidades opositoras a hacer un proceso de reflexión y afinar estrategias».
* En México, desde finales del 2011 el Tribunal Permanente de los Pueblos está en proceso, realizando diversas audiencias temáticas para conocer los múltiples casos de violaciones a los Derechos Humanos y a los Derechos de los Pueblos para determinar la responsabilidad de gobiernos y/o empresas dentro del país. En septiembre comienzan las audiencias temáticas finales y la audiencia final general será del 12 al 14 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México (para más información visita la página del TPP México).
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