En el contexto de la evaluación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, los padres de los normalistas de Ayotzinapa acudirán a Ginebra para presentar un informe que denuncia la ausencia de justicia en el país, ante lo que denominan un crimen de Estado y exigen la investigación del Ejército Mexicano y otros involucrados.
Al cumplirse mañana cuatro meses sin un verdadero acceso a la justicia, los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos han empezado a buscar justicia ante instancias internacionales, por lo que una comisión viajará la próxima semana a Ginebra para participar el primero y el 2 de febrero en la reunión de la ONU que revisará la desaparición forzada, durante el examen que realiza al Estado mexicano en su octava sesión.
Vamos a Ginebra a buscar justicia, la vamos a buscar por todas partes del mundo, para que este crimen de Estado no quede impune. Tocaremos todas las puertas necesarias, porque sabemos que las autoridades mexicanas se protegen entre ellas y aquí hay muchos intereses, dice en entrevista Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas.
El informe, entregado a La Jornada, fue elaborado por los representantes de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh).
El texto, de 22 páginas, contiene un informe demoledor de lo ocurrido durante los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero; exhibe la falta de capacidad del gobierno estatal y la tardía reacción del federal y de la Procuraduría General de la República (PGR), que empezó a colaborar en el caso ocho días después de lo ocurrido. Más tarde aún, a 11 días de la desaparición de los 43 jóvenes, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre el caso, señala el documento y recuerda que el Ejecutivo recibió a los padres de los estudiantes, 34 días después de los hechos.
Indiferencia del gobierno
El informe narra las dudas y desconfianza sobre la hipótesis de la PGR en torno a la desaparición forzada de los estudiantes: Al día de hoy, las investigaciones continúan y no pueden darse por concluidas. Ayotzinapa dista de ser un caso resuelto.
Los organismos de derechos humanos, representantes de los padres, señalan que la PGR no ha logrado detener a la totalidad de las personas que, según su teoría, participaron en los hechos, como los supuestos 15 autores intelectuales, de los cuales sólo han arrestado a tres, pero faltan el responsable de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y su subalterno, Francisco Salgado Valladares, quienes siguen prófugos a tres meses de los hechos. De la estructura de Guerreros Unidos, el jefe regional, conocido como El Gil –identificado por la propia PGR como pieza clave de los sucesos–, y también los poderosos líderes de dicha organización criminal, como Ángel Casarrubias Salgado, no han sido detenidos.
El informe asegura que en el caso Ayotzinapa la verdad no se ha esclarecido, particularmente porque no puede surgir sólo de testimonios y porque falta investigar hechos fundamentales, como el terrible homicidio de Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las inmediaciones de Iguala: La responsabilidad por este crimen, esencial para conocer la verdad, no se ha establecido.
Y lo más importante, a cuatro meses de los hechos, dicen, el Estado mexicano ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la desaparición forzada de los estudiantes.
Una parte del informe está dedicada al aspecto forense independiente, que ha encontrado inconsistencias en la versión de la PGR sobre el supuesto hallazgo de los restos de los 43 en el basurero de Cocula, por lo que consideran deben ser tomadas en cuenta otras hipótesis, como la de los científicos de la UNAM y UAM, que han desmontado la versión oficial.
Han trascendido otros cuestionamientos sobre la factibilidad científica de que los 43 jóvenes desaparecidos hayan sido incinerados, como lo afirma el Estado mexicano.
El informe señala la falta de acción de la PGR para investigar la vinculación del crimen organizado con autoridades políticas, ni siquiera la ha iniciado: “Es ingenuo pensar que el contubernio entre la delincuencia y el sector público tope en el presidente municipal de Iguala y su familia. Los narcoayuntamientos solamente pueden existir con flujos de aquiescencia y complicidad que van más allá de la esfera municipal. Por ello, es preciso exigir que se investigue al ex gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre) y a otros funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esa entidad. Lo mismo debe exigirse en torno al Ejército”.
Contrario al rechazo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de investigar al Ejército en el caso Ayotzinapa, el informe presenta la urgente necesidad de abrir y desarrollar esa línea de investigación: Siendo la única autoridad federal territorialmente instituida en Iguala, sin duda las fuerzas armadas contaban con información de inteligencia sobre los vínculos entre autoridades del Estado mexicano y los grupos del narcotráfico. Hoy está probado que las fuerzas armadas conocieron hechos previos que daban cuenta de la descomposición del municipio y que alertaban sobre el uso sistemático de la desaparición en esa localidad.
El informe da cuenta del fracaso del llamado Plan de Atención a Víctimas en este caso, porque antes que nada no ha hecho la correcta tipificación del delito: “debía reconocer más cabalmente el caso como uno de desaparición forzada masiva de jóvenes, no sólo en la propuesta sino también en sus acciones legales y pronunciamientos públicos, debido a que el gobierno federal se ha referido al caso con insistencia como uno de ‘personas no localizadas’”.
El informe exhibe la crisis que existe en México en torno a este delito: El caso Ayotzinapa ha venido a demostrar las consecuencias de años de impunidad, inacción e indiferencia frente a la desaparición forzada en México. Desde diversas perspectivas, el hecho ha sido calificado como un parteaguas en la historia reciente y como un punto de inflexión respecto de la crisis de desapariciones que vive el país.
Más aún, según el texto, el caso Ayotzinapa demuestra que es inexistente la voluntad y convicción del gobierno de la República de atender, prevenir y sancionar ese delito conforme al derecho internacional: El caso Ayotzinapa comprueba de forma contundente que el marco jurídico es insuficiente y que las autoridades ignoran por completo la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes, ninguna persona enfrenta un juicio penal por ese delito; más aún, ninguna autoridad mexicana ha usado o invocado la convención en resoluciones jurídicas vinculadas con la persecución y el juzgamiento de este delito.
El que consideran más grave caso de desaparición forzada de la historia nacional, dicen, no fue atendido debidamente en las primeras horas que son cruciales:
En el caso, pese a que desde la noche del 26 de septiembre había indicios sobre la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes, las investigaciones iniciales no fueron por la desaparición sino por los homicidios; de hecho, ante la ausencia de una investigación oficiosa por las desapariciones, los familiares presentaron las denuncias para que se abrieran los expedientes respectivos. También muestra el caso Ayotzinapa que las búsquedas en vida no inician inmediatamente.
El texto señala que para investigar el paradero de los estudiantes, la participación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “no tuvieron ni han tenido ninguna intervención relevante en el caso, por el contrario, han desdibujado en sus comunicaciones oficiales la situación de desaparición forzada.
El texto muestra la simulación del gobierno mexicano de crear instituciones que realmente no atienden los casos de graves violaciones a los derechos humanos y critica severamente la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): El caso Ayotzinapa muestra también que de nada han servido las reformas mediante las que se facultó a la comisión para realizar investigaciones especiales”.
En definitiva, el informe muestra, entre otras cosas, la insuficiencia del marco jurídico; las faltas de claridad sobre aspectos de competencia y jurisdicción en materia de desaparición forzada; la inexistencia de mecanismos de búsqueda inmediata en vida; las limitaciones de la Unidad de Búsqueda de PGR; la ausencia de un involucramiento sistemático de la CNDH; las fallas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y el fracaso de la justicia transicional.
Si el gobierno de Enrique Peña Nieto busca jurídica y políticamente desdibujar el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, como aseguran, este informe pretende evitarlo:
La desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión, respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas. En este sentido, resulta imprescindible que el comité realice un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso.
Al cumplirse mañana cuatro meses sin un verdadero acceso a la justicia, los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos han empezado a buscar justicia ante instancias internacionales, por lo que una comisión viajará la próxima semana a Ginebra para participar el primero y el 2 de febrero en la reunión de la ONU que revisará la desaparición forzada, durante el examen que realiza al Estado mexicano en su octava sesión.
Vamos a Ginebra a buscar justicia, la vamos a buscar por todas partes del mundo, para que este crimen de Estado no quede impune. Tocaremos todas las puertas necesarias, porque sabemos que las autoridades mexicanas se protegen entre ellas y aquí hay muchos intereses, dice en entrevista Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas.
El informe, entregado a La Jornada, fue elaborado por los representantes de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh).
El texto, de 22 páginas, contiene un informe demoledor de lo ocurrido durante los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero; exhibe la falta de capacidad del gobierno estatal y la tardía reacción del federal y de la Procuraduría General de la República (PGR), que empezó a colaborar en el caso ocho días después de lo ocurrido. Más tarde aún, a 11 días de la desaparición de los 43 jóvenes, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre el caso, señala el documento y recuerda que el Ejecutivo recibió a los padres de los estudiantes, 34 días después de los hechos.
Indiferencia del gobierno
El informe narra las dudas y desconfianza sobre la hipótesis de la PGR en torno a la desaparición forzada de los estudiantes: Al día de hoy, las investigaciones continúan y no pueden darse por concluidas. Ayotzinapa dista de ser un caso resuelto.
Los organismos de derechos humanos, representantes de los padres, señalan que la PGR no ha logrado detener a la totalidad de las personas que, según su teoría, participaron en los hechos, como los supuestos 15 autores intelectuales, de los cuales sólo han arrestado a tres, pero faltan el responsable de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y su subalterno, Francisco Salgado Valladares, quienes siguen prófugos a tres meses de los hechos. De la estructura de Guerreros Unidos, el jefe regional, conocido como El Gil –identificado por la propia PGR como pieza clave de los sucesos–, y también los poderosos líderes de dicha organización criminal, como Ángel Casarrubias Salgado, no han sido detenidos.
El informe asegura que en el caso Ayotzinapa la verdad no se ha esclarecido, particularmente porque no puede surgir sólo de testimonios y porque falta investigar hechos fundamentales, como el terrible homicidio de Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las inmediaciones de Iguala: La responsabilidad por este crimen, esencial para conocer la verdad, no se ha establecido.
Y lo más importante, a cuatro meses de los hechos, dicen, el Estado mexicano ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la desaparición forzada de los estudiantes.
Una parte del informe está dedicada al aspecto forense independiente, que ha encontrado inconsistencias en la versión de la PGR sobre el supuesto hallazgo de los restos de los 43 en el basurero de Cocula, por lo que consideran deben ser tomadas en cuenta otras hipótesis, como la de los científicos de la UNAM y UAM, que han desmontado la versión oficial.
Han trascendido otros cuestionamientos sobre la factibilidad científica de que los 43 jóvenes desaparecidos hayan sido incinerados, como lo afirma el Estado mexicano.
El informe señala la falta de acción de la PGR para investigar la vinculación del crimen organizado con autoridades políticas, ni siquiera la ha iniciado: “Es ingenuo pensar que el contubernio entre la delincuencia y el sector público tope en el presidente municipal de Iguala y su familia. Los narcoayuntamientos solamente pueden existir con flujos de aquiescencia y complicidad que van más allá de la esfera municipal. Por ello, es preciso exigir que se investigue al ex gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre) y a otros funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esa entidad. Lo mismo debe exigirse en torno al Ejército”.
Contrario al rechazo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de investigar al Ejército en el caso Ayotzinapa, el informe presenta la urgente necesidad de abrir y desarrollar esa línea de investigación: Siendo la única autoridad federal territorialmente instituida en Iguala, sin duda las fuerzas armadas contaban con información de inteligencia sobre los vínculos entre autoridades del Estado mexicano y los grupos del narcotráfico. Hoy está probado que las fuerzas armadas conocieron hechos previos que daban cuenta de la descomposición del municipio y que alertaban sobre el uso sistemático de la desaparición en esa localidad.
El informe da cuenta del fracaso del llamado Plan de Atención a Víctimas en este caso, porque antes que nada no ha hecho la correcta tipificación del delito: “debía reconocer más cabalmente el caso como uno de desaparición forzada masiva de jóvenes, no sólo en la propuesta sino también en sus acciones legales y pronunciamientos públicos, debido a que el gobierno federal se ha referido al caso con insistencia como uno de ‘personas no localizadas’”.
El informe exhibe la crisis que existe en México en torno a este delito: El caso Ayotzinapa ha venido a demostrar las consecuencias de años de impunidad, inacción e indiferencia frente a la desaparición forzada en México. Desde diversas perspectivas, el hecho ha sido calificado como un parteaguas en la historia reciente y como un punto de inflexión respecto de la crisis de desapariciones que vive el país.
Más aún, según el texto, el caso Ayotzinapa demuestra que es inexistente la voluntad y convicción del gobierno de la República de atender, prevenir y sancionar ese delito conforme al derecho internacional: El caso Ayotzinapa comprueba de forma contundente que el marco jurídico es insuficiente y que las autoridades ignoran por completo la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes, ninguna persona enfrenta un juicio penal por ese delito; más aún, ninguna autoridad mexicana ha usado o invocado la convención en resoluciones jurídicas vinculadas con la persecución y el juzgamiento de este delito.
El que consideran más grave caso de desaparición forzada de la historia nacional, dicen, no fue atendido debidamente en las primeras horas que son cruciales:
En el caso, pese a que desde la noche del 26 de septiembre había indicios sobre la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes, las investigaciones iniciales no fueron por la desaparición sino por los homicidios; de hecho, ante la ausencia de una investigación oficiosa por las desapariciones, los familiares presentaron las denuncias para que se abrieran los expedientes respectivos. También muestra el caso Ayotzinapa que las búsquedas en vida no inician inmediatamente.
El texto señala que para investigar el paradero de los estudiantes, la participación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “no tuvieron ni han tenido ninguna intervención relevante en el caso, por el contrario, han desdibujado en sus comunicaciones oficiales la situación de desaparición forzada.
El texto muestra la simulación del gobierno mexicano de crear instituciones que realmente no atienden los casos de graves violaciones a los derechos humanos y critica severamente la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): El caso Ayotzinapa muestra también que de nada han servido las reformas mediante las que se facultó a la comisión para realizar investigaciones especiales”.
En definitiva, el informe muestra, entre otras cosas, la insuficiencia del marco jurídico; las faltas de claridad sobre aspectos de competencia y jurisdicción en materia de desaparición forzada; la inexistencia de mecanismos de búsqueda inmediata en vida; las limitaciones de la Unidad de Búsqueda de PGR; la ausencia de un involucramiento sistemático de la CNDH; las fallas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y el fracaso de la justicia transicional.
Si el gobierno de Enrique Peña Nieto busca jurídica y políticamente desdibujar el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, como aseguran, este informe pretende evitarlo:
La desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión, respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas. En este sentido, resulta imprescindible que el comité realice un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso.
