La historia oficial mexicana está llena de mentiras que tarde o temprano han salido a relucir. No hace mucho en Tlatlaya dijeron que había habido un enfrentamiento en la muerte de 22 personas, pero resultó que fue una ejecución militar. Casi al mismo tiempo en Apatzingán dijeron algo parecido con 11 muertos y se descubrió que fue una masacre de policías federales. Igual fue en Ecuandureo con 43 ejecutados por policías o el caso de la colonia Narvarte donde dijeron que a las cuatro mujeres y al fotoperiodista Rubén Espinoza los mataron por libertinos.
Hoy la versión oficial de la supuesta quema y desaparición de 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa está derrumbándose con el informe de los peritos asignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes determinaron que no hay pruebas científicas que sostengan la versión oficial de la incineración de los jóvenes que fueron secuestrados por agentes de la policía del municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014.
El caso de Ayotzinapa se parece a muchos otros en los que la versión oficial carece de toda credibilidad como las matanzas de Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, el asesinato de Colosio, los 72 cadáveres de las fosas de San Fernando, Cadereyta y antes la masacre de Tlatelolco.
Y no porque ya no exista la confianza en el gobierno, sino porque constan pruebas palpables de que se trató de una acción, en este caso de una desaparición forzada, en la que participaron agentes del gobierno –policías y soldados—en contubernio con el crimen organizado.
El informe de la comisión de expertos de la CIDH es similar a la que presentaron con anterioridad los peritos argentinos y que ponían en duda la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los normalistas habrían sido incinerados en un tiradero de basura del pueblo de Cocula, Guerrero, por personajes pertenecientes a una banda del crimen organizado.
El informe no sólo desmiente esta versión oficial sino que ofrece pruebas científicas de la imposibilidad de una incineración como lo argumentó la PGR, usando llantas, trozos de madera, basura y unos cuantos litros de combustible. Además proporciona indicios de que hubo participación del Ejército y las policías estatal, municipal y ministerial quienes se enteraron del ataque a los estudiantes y, al menos no hicieron nada para evitar su secuestro.
La investigación de los peritos asignados por la CIDH también aporta elementos de que el gobierno mexicano no informó de la existencia de un quinto autobús que, de acuerdo con información periodística, podría haber estado cargado de droga pues el cártel de los Guerrero Unidos utilizaba precisamente autobuses de pasajeros para sacar de la zona serrana heroína con destino el mercado de consumo de Estados Unidos.
Frente a dichas pruebas contenidas en el amplio informe de más de 500 páginas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes elaborado en seis meses, Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), rechazó que Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, haya mentido.
El gobierno mexicano, con una imagen internacional depauperada, ha intentado defenderse como gato bocarriba, pero en cada movimiento se hunde más en un pantano de desconfianza que habrá de repercutirle en el futuro electoral.
La versión oficial del caso Ayotzinapa está hecha añicos y todo esfuerzo del gobierno de Enrique Peña Nieto por recomponerla fracasará. Sólo una investigación profunda y ajena a los intereses del propio gobierno dará una versión más cercana a lo ocurrido la noche del 26 de septiembre cuando fueron secuestrados y desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa por manos del crimen institucionalizado.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=414936
