miércoles, 4 de noviembre de 2015

Rompe PAN con estrategia de seguridad de Calderón… quiere al Ejército de regreso a los cuarteles.

De Álvaro Delgado.

El Partido Acción Nacional (PAN) propuso hoy una reingeniería a todo el sistema nacional de seguridad pública que, expresamente, rompe con el esquema creado por el gobierno de Felipe Calderón y, aun cuando “no funcionó”, fue continuado por Enrique Peña Nieto.

El “planteamiento de fondo” es que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles, de donde las sacó Calderón en su estrategia de “guerra” contra el crimen organizado, y se cree el Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano regulador en la materia, que será constitucionalmente autónomo e integrado por expertos ajenos a los partidos políticos.

Fue el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Calderón Hinojosa, quien detalló la iniciativa de reforma constitucional que presentará el PAN sobre el órgano rector en la materia, que diseñará los mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno con base en criterios estrictamente técnicos.

“Este modelo es una respuesta muy clara a una mala idea presentada por el Ejecutivo federal”, subrayó Gil Zuarth, al aludir al decálogo formulado, hace un año, por Peña Nieto, pero sin aludir al esquema implementado por Calderón.

“En esa mala idea se planteaba desaparecer las policías municipales y sustituirlo por policías estatales, (pero) no hay orden de gobierno sin la capacidad coactiva, no hay orden de gobierno si no tiene la posibilidad de tener un aparato de fuerza para ordenar las conductas”, subrayó Gil.

“Nuestros país requiere policías municipales fuertes, pero sobre todo siempre vigiladas por una instancia mayor y, sobre todo, requiere que cuando no sea posible que ellos puedan prestar con regularidad el servicio, haya alguien más con mejores capacidades que lo pueda hacer por ellos y para ellos”.

En conferencia de prensa en la sede del PAN, encabezada por Ricardo Anaya, su presidente, el senador Gil Zuarth y el diputado federal Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana, detallaron el proyecto que se presentará con el respaldo de las bancadas en el Congreso.

En su intervención, Gil Zuarth destacó que esta propuesta del PAN “significa una etapa en el sistema constitucional de la seguridad pública” en la historia de México.

“De 1983 a 2008 el sistema pasó por dos grandes etapas: por un lado, una etapa de descentralización y, por el otro, la construcción de un modelo, de un sistema para coordinar a los distintos órdenes de gobierno que interactúan en la prestación del servicio de seguridad pública”.

Justo la construcción de ese “modelo” se produjo en 2008, en pleno gobierno de Calderón, con el que ahora el PAN critica y rompe.

“Ese modelo ha sido insuficiente, en efecto, y todas las policías del país tienen que prevenir, reaccionar e investigar los delitos, pero no todas tienen las mismas capacidades para hacerlo”.

Añadió: “Por el otro lado, el sistema de coordinación no tiene los suficientes incentivos, las capacidades de autoridad para poder alinear a los órdenes de gobierno y generar capacidades institucionales eficaces para prestar con absoluta certeza y efectividad y con carácter técnico el servicio de la seguridad pública”.

Y fue más allá al aludir a otra creación del gobierno de Calderón: El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

“Los objetivos están mal planteados. Un ejemplo concreto puede ser el fondo de Subsemun, en ese caso, los fondos se asignan en función de la incidencia delictiva, de tal suerte que un municipio que invierte fuerte en su seguridad y disminuye los índices de violencia y disminuye los índices delictivos pierde dinero en lugar de poder mantener el rumbo de inversión”.

Más aún, criticó Gil Zuarth: “El Sistema Nacional de Seguridad Pública está integrado por los propios responsables de la seguridad pública. Los propios gobernadores se sientan en una mesa, toman acuerdos y no tienen la capacidad de dictar recomendaciones, lineamientos, metas específicas, y sobre todo son ellos mismos los que se evalúan a sí mismos.”

Y rubricó: “Este modelo no ha funcionado y por eso estamos construyendo una tercera etapa en el sistema constitucional de seguridad pública”.

Según Gil, la propuesta del PAN no implica una mayor burocratización ni mayores recursos para el sistema nacional de seguridad pública, que además no cuenta con mecanismos de intervención ante el colapso de policías municipales y estatales.

“Por eso vimos el caso de Michoacán, en el que se tuvo que mandar un comisionado especial para que hiciera trabajos políticos o de colaboración de la Federación en esta entidad federativa”, subrayó el legislador.

“Lo que estamos inventando son esos mecanismos. Hoy no los tiene la Secretaría de Gobernación, no los tiene nadie, son mecanismos consensuales, son decisiones discrecionales, políticas del presidente de la República o bien del secretario de Gobernación cuando se trata de colaboración institucional, como hemos visto en los casos recientes de Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Juárez, Tijuana o Monterrey”.

–¿Esta iniciativa se podría considerar como el primer paso, en un cronograma mucho más amplio, para retirar al Ejército de las actividades de seguridad pública?

–Sí. ¿Por qué las fuerzas armadas están realizando tareas de seguridad pública o seguridad interior? Porque este país no tiene policías confiables, profesionales y eficientes. Hay más de 460 mil policías locales que les corresponde prevenir y perseguir nueve de cada diez delitos, pero ganan por debajo de 6 mil pesos el 80% de ellos. Y ese es un espacio para la corrupción, pero sobre todo es una explicación de la enorme debilidad institucional.

Gil Zuarth añadió que la única manera de que las Fuerzas Armadas regresen a su tarea constitucional es que se sustituyan con policías confiables en todos los órdenes de gobierno, desde la Federación hasta el último de los municipios.

“Y eso es justamente el planteamiento de fondo. Esta iniciativa pone el acento donde debe estar, no en la discusión binaria entre desaparecer las policías municipales o dejarlas, sino en la discusión de que las policías que existen en nuestro país, en el más de los aislados de los municipios, tenga las mismas capacidades institucionales que el más grandes y próspero de los municipios en el país”.
Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=419920

Muerte sin fin: periodistas, mujeres, activistas…

De Álvaro Delgado.

Enrique Peña Nieto usó este domingo 1 su cuenta de Twitter para felicitar, en inglés y en español, a los pilotos, aficionados y organizadores de la carrera de Fórmula Uno, pero no tuvo ni una palabra para el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que este lunes se conmemoró en todo el mundo.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, imitó a su frívolo jefe. “Un emocionante domingo de carreras con el Gran Premio de México de Fórmula Uno. ¡Un evento de talla mundial para nuestro gran México!”, escribió el funcionario que dejó fugarse a Joaquín El Chapo Guzmán y que ambiciona ser presidente de México.

Ese silencio del jefe del Estado mexicano y de su segundo en la jerarquía gubernamental en un asunto tan sensible en el mundo, explica por qué México ocupa el primer lugar en el asesinato de periodistas en el Continente –uno de cada tres– y por qué hay 90% de impunidad en los crímenes que se cometen contra ellos.

A Peña no le importa que maten y agredan a periodistas. Tampoco le importó a Felipe Calderón. Ni a Vicente Fox.

En 15 años de los tres gobiernos han sido asesinados 107 periodistas, según el cómputo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el de Calderón –a quien ayer le llamaron “asesino” en el autódromo– ha sido el más cruento: Suman 47 los atentados a medios de comunicación desde 2006 y 20 periodistas desaparecidos.

En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en honor a los comunicadores asesinados en Mali, con el fin de comprometer a los Estados miembros a tomar acciones contra este fenómeno.

La Asamblea General de la ONU resolvió 18 de diciembre de 2013 convocar a los países integrantes a adoptar medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones, pero también los exhortó a promover un entorno propicio y seguro en que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.

Se trata, entonces, de un deber de los Estados, no de un capricho de los gobernantes, como parece ser en el caso de México. Tampoco se trata de que los periodistas tengan un fuero o un tratamiento especial, como suponen algunos en el gremio, sino de garantías básicas para el desempeño de la actividad informativa.

La abulia de Peña y Osorio Chong es contagiosa: Si a ellos no les importa honrar el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, a la procuradora general de la República, Arely Gómez, tampoco.

Sólo el fiscal para atender las agresiones contra periodistas, Ricardo Nájera –quien fue vocero de Eduardo Medina Mora en la Procuraduría General de la República (PGR)– rindió un burocrático informe sobre los cursos que ha impartido la dependencia a sus funcionarios para relacionarse con los trabajadores de los medios.

No existe, pues, ningún interés del gobierno de Peña –ya no digamos de los poderes del Estado– para la protección de los periodistas en México. Y la única certeza es que seguirá habiendo asesinatos en Veracruz y en donde sea.

Pero tampoco existe interés genuino desde el poder para cesar la matanza de mujeres, que alcanza niveles escalofriantes con una tendencia a la alza: Siete al día.

Ayer mismo en Cancún, Quintana Roo, y apenas horas después de que unas seis mil personas protestaron por el feminicidio de María Karen Carrasco Castilla, exalumna de la Universidad del Caribe, fue hallado el cuerpo de otra mujer asesinada a puñaladas. Fue la tercera víctima en octubre.

La ONU, que el 25 de noviembre conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, considera alarmantes las cifras de feminicidios en México.

Cifras de ese organismo establecen que en 2007 se registraron mil 87 asesinatos de mujeres, pero cada año aumentaron, particularmente en 2011 (2 mil 712), 2012 (2 mil 752) y 2013 (2 mil 502).

En el Estado de México se decretó una alerta de género por 922 casos documentados de feminicidio entre 2005 y 2010, justo cuando Peña era gobernador, y en la Puebla del panista Rafael Moreno Valle se han acumulado, según el Observatorio Ciudadano de Justicia Social, 280 feminicidios y más de 400 mujeres desaparecidas.

Nadie puede ser indiferente ante estas infamias…

Apuntes

Sobrecoge la noticia: José Luis Rodríguez Muñiz, de 31 años de edad, subió a su cuenta de Facebook un video con duras críticas a las autoridades de Chihuahua, incluido el gobernador César Duarte. Horas después apareció muerto a balazos en Ciudad Juárez…
 
Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=419802