El Estado mexicano “falsificó” cifras de justicia contra la tortura en un informe que envió Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En febrero de 2014, el “gobierno” federal envió un informe al Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas con su respuesta a las recomendaciones que este organismo le hizo después de que considerara que en México había un “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria”.
En este documento, las autoridades mexicanas reportaron que entre el 2005 y el 2013 se lograron 119 “sentencias emitidas en el orden federal” por tortura y para ello citaba “los registros del Consejo de la Judicatura Federal”.
La cifra de “119 sentencias emitidas” contra personas que torturaron era muy diferente a la que tenían organismos no gubernamentales como el Centro Prodh; por lo que este Centro realizó una solicitud de información al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pidiendo, a través de la Ley de Transparencia, información que sustentara lo reportado.
La respuesta ratificó la sospecha del Centro Prodh en el sentido de que México había enviado información tergiversada al CAT. “El CJF nos informó que en realidad el número de sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013 es de cuatro, dos de ellas firmes”, y no de 119, como reportaron las autoridades mexicanas.
LOS PLAZOS Y LA RESPUESTA
En la evaluación al “gobierno” mexicano en el 2012, el CAT condenó el “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria” y pidió a México que informara, en el plazo de un año, de los avances en materia de enjuiciar a los sospechosos de esta práctica.
Plazo que se cumplió a principios de este 2014. La respuesta fue enviada por México en el documento CAT/C/MEX/CO/5-6/Add.1, en el cual el centro Prodh detectó que reportaban las citadas 119 sentencias, el número era mayor al que tenían registrado diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Por ejemplo, en su más reciente informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y maltrato en México”, Amnistía Internacional (AI) reporta que según la PGR, entre el 2008 y el 2011 se abrieron 58 investigaciones preliminares por tortura, que dieron lugar a cuatro actas de acusación formal. De acuerdo con la Judicatura Federal, durante el mismo periodo hubo 12 procesamientos por tortura, que dieron lugar a cinco sentencias condenatorias.
En tanto, el INEGI recogió que, entre el 2006 y el 2010, en el fuero federal hubo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura. En el mismo periodo, en el fuero común (las jurisdicciones de los 31 estados y el DF) hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura. Sin embargo, según AI: “Es imposible correlacionar estas diversas fuentes de datos para obtener un registro interanual exacto”.
El Centro Prodh detalla que, al parecer la cifra de 119 corresponde a personas consignadas por tortura y no a personas sentenciadas.
Ello es “una diferencia muy importante”, ya que la consignación consiste en una acusación de parte del Ministerio Público que puede o no dar lugar a un proceso penal, mientras la segunda es una determinación judicial que impone una sanción por este delito, explica.
“En un contexto de impunidad casi total por actos de tortura, es sumamente grave que el Estado haya tergiversado este dato ante Naciones Unidas”, sentenció el Centro Prodh y exhibió que ello se dio sólo un par de meses antes de la visita oficial que el Relator sobre Tortura, Juan Méndez realizó al país del 21 de abril al 2 de mayo del 2014, de la que en conclusiones preliminares destacó que este delito es una práctica “generalizada” en México.
“La principal beneficiaria de estas actitudes por parte del Estado es la impunidad. Persistir en el encubrimiento y la simulación es continuar generando condiciones para alimentar el ciclo de la tortura. Es sumamente grave que mientras cada vez más sobrevivientes denuncian la tortura a pesar del miedo y los obstáculos que enfrentan, el propio Estado sigue encubriendo la magnitud del problema ante la comunidad internacional”, reclamó el Centro Prodh.
“Solamente con una acción firme por parte de los funcionarios públicos responsables, aplicando la ley y demostrando su voluntad para castigar a los perpetradores, se podrá desarrollar una lucha frontal contra la tortura”, concluyó.
En febrero de 2014, el “gobierno” federal envió un informe al Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas con su respuesta a las recomendaciones que este organismo le hizo después de que considerara que en México había un “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria”.
En este documento, las autoridades mexicanas reportaron que entre el 2005 y el 2013 se lograron 119 “sentencias emitidas en el orden federal” por tortura y para ello citaba “los registros del Consejo de la Judicatura Federal”.
La cifra de “119 sentencias emitidas” contra personas que torturaron era muy diferente a la que tenían organismos no gubernamentales como el Centro Prodh; por lo que este Centro realizó una solicitud de información al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pidiendo, a través de la Ley de Transparencia, información que sustentara lo reportado.
La respuesta ratificó la sospecha del Centro Prodh en el sentido de que México había enviado información tergiversada al CAT. “El CJF nos informó que en realidad el número de sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013 es de cuatro, dos de ellas firmes”, y no de 119, como reportaron las autoridades mexicanas.
LOS PLAZOS Y LA RESPUESTA
En la evaluación al “gobierno” mexicano en el 2012, el CAT condenó el “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria” y pidió a México que informara, en el plazo de un año, de los avances en materia de enjuiciar a los sospechosos de esta práctica.
Plazo que se cumplió a principios de este 2014. La respuesta fue enviada por México en el documento CAT/C/MEX/CO/5-6/Add.1, en el cual el centro Prodh detectó que reportaban las citadas 119 sentencias, el número era mayor al que tenían registrado diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Por ejemplo, en su más reciente informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y maltrato en México”, Amnistía Internacional (AI) reporta que según la PGR, entre el 2008 y el 2011 se abrieron 58 investigaciones preliminares por tortura, que dieron lugar a cuatro actas de acusación formal. De acuerdo con la Judicatura Federal, durante el mismo periodo hubo 12 procesamientos por tortura, que dieron lugar a cinco sentencias condenatorias.
En tanto, el INEGI recogió que, entre el 2006 y el 2010, en el fuero federal hubo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura. En el mismo periodo, en el fuero común (las jurisdicciones de los 31 estados y el DF) hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura. Sin embargo, según AI: “Es imposible correlacionar estas diversas fuentes de datos para obtener un registro interanual exacto”.
El Centro Prodh detalla que, al parecer la cifra de 119 corresponde a personas consignadas por tortura y no a personas sentenciadas.
Ello es “una diferencia muy importante”, ya que la consignación consiste en una acusación de parte del Ministerio Público que puede o no dar lugar a un proceso penal, mientras la segunda es una determinación judicial que impone una sanción por este delito, explica.
“En un contexto de impunidad casi total por actos de tortura, es sumamente grave que el Estado haya tergiversado este dato ante Naciones Unidas”, sentenció el Centro Prodh y exhibió que ello se dio sólo un par de meses antes de la visita oficial que el Relator sobre Tortura, Juan Méndez realizó al país del 21 de abril al 2 de mayo del 2014, de la que en conclusiones preliminares destacó que este delito es una práctica “generalizada” en México.
“La principal beneficiaria de estas actitudes por parte del Estado es la impunidad. Persistir en el encubrimiento y la simulación es continuar generando condiciones para alimentar el ciclo de la tortura. Es sumamente grave que mientras cada vez más sobrevivientes denuncian la tortura a pesar del miedo y los obstáculos que enfrentan, el propio Estado sigue encubriendo la magnitud del problema ante la comunidad internacional”, reclamó el Centro Prodh.
“Solamente con una acción firme por parte de los funcionarios públicos responsables, aplicando la ley y demostrando su voluntad para castigar a los perpetradores, se podrá desarrollar una lucha frontal contra la tortura”, concluyó.
