De Pablo Gómez.
En la entrevista publicada por la revista Rolling Stone, Joaquín Guzmán Loera aseguró que “el narcotráfico no depende de una persona; depende de muchísimas personas”.
Esta verdad incontrovertible no parece afectar el ánimo de los gobernantes mexicanos, que han organizado una campaña de medios para presentar la captura del líder del Cártel de Sinaloa como una proeza histórica y un fuerte golpe a la industria del narcotráfico. “Misión cumplida”, escribió el presidente de este país en su cuenta de Twitter.
Que el gobierno entregue videos tomados dentro de la residencia de Guzmán Loera para ser difundidos por la televisión abierta es un hecho absolutamente condenable. Los gobernantes no están autorizados a difundir la violencia militar o policial ni la violencia a secas. Esa propaganda no corresponde a un Estado afecto a los derechos humanos.
El país está ahora peor que bajo el gobierno de Felipe Calderón, quien empezó el espectáculo. Ahora Peña Nieto da a conocer acciones militares, disparos a discreción y explosiones de granadas como si se tratara de un filme de ficción. Esa campaña envilece al gobierno, lo convierte en un promotor de la violencia.
Al tiempo, presenta a El Chapo como un personaje épico que converge con la industria del entretenimiento basado en el amarillismo, el uso de armas y la apología del crimen.
Tiene razón Aurelio Nuño cuando afirma que no se debe presentar la historia de los delincuentes como algo exitoso, pero el secretario de Educación no se atrevió a deslindarse de la campaña gubernamental que presenta la violencia real como único instrumento contra los narcotraficantes. ¿Eso es lo que debe enseñarse en las escuelas? La detención se produjo sin violencia lejos de la casa de El Chapo, pero lo filmado y difundido se presenta como el acto mismo de la aprehensión.
Se sabe que Guzmán Loera escapó de la residencia allanada, que los militares no se dieron cuenta de ese hecho hasta después de una hora o más, y que su detención en la carretera fue incruenta. No hay nada heroico en tales acciones como lo pretende el gobierno a través de su campaña. Sin embargo, se organizó un tour de periodistas para que éstos reportaran los vestigios de la violencia, la sangre resecada, las huellas de la muerte, los impactos de las balas y los destrozos de las granadas.
La falta de buenos resultados de la gestión gubernamental es cubierta con una acción de pura violencia. Los padres y madres tienen ahora que tratar de explicar a sus hijos e hijas qué es lo que ésta significa, cuál es su causa, y cada quien debe intentar una versión a su modo, pues el gobierno no ofrece ninguna, sino que nos lanza orgulloso un vídeo a la cara sin brindar la menor explicación del fenómeno que está en el fondo. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué debe hacerse? Un Estado que no dice, miente.
¿Es necesario que el poder haga escandaloso alarde de fuerza? No, ni en la guerra, mucho menos cuando ese mismo poder ha sido sobajado durante décadas por la delincuencia organizada, que es un producto genuinamente suyo, aunque sea monstruoso, que lo sustituye, que cobra impuestos informales, que controla territorios y órganos del Estado para proteger hechos delictivos, entre ellos muchos de violencia extrema.
El video del asalto a la casa de Guzmán Loera no puede ser admitido como un medio de hacer sentir el poder sobre la delincuencia organizada, sencillamente porque todo mundo sabe que no se producirán afectaciones en la industria del narcotráfico. Ningún jefe narco tiene ahora más miedo que antes. La tesis de Felipe Calderón era falsa, y en la chocante versión de Peña Nieto sigue siendo igual de falsa.
Avergüenza tener un gobierno así, sin cultura, sin decencia, sin verdad, sin discurso político, sin propuesta. Todas las instituciones han sido llevadas al festín de la captura del “hombre más buscado del mundo”, según se dijo.
Para empeorar las cosas, la Procuraduría General de la República (PRG) se ha puesto a decir disparates sobre las supuestas decisiones de no capturar a El Chapo en recientes ocasiones, como si esa dependencia hubiera tenido que ver algo en la persecución. Y, además, para mayor escándalo se ha referido a la entrevista periodística realizada por Sean Penn y al contacto con Kate Del Castillo mediante comentarios telenovelescos impropios de lo que se supone que sería la alta responsabilidad del Ministerio Público.
La PGR no ha tenido sencillamente ni la menor injerencia en estos asuntos. La procuradora debería al menos guardar la compostura. Roberto Campa, supuesto encargado gubernamental de la defensa de los derechos humanos, pero convertido sin recato en policía, brinda su aporte a la telecomedia oficial al afirmar que “una pareja que quería servir al mal terminó sirviendo al bien” (a propósito, ¿dónde están los 17 levantados de Arcelia, señor Campa?).
El gobierno da a conocer la transcripción de varios chats sin la autorización de ninguna autoridad competente, como vulgar filtración, sólo para llenar de morbo todo el asunto de El Chapo y dar color a su campaña de medios.
Y, en fin, como si todo eso fuera poco, el gobierno analiza la manera de extraditar al jefe narcotraficante a Estados Unidos, con lo que sólo demostraría que no está seguro de que se puedan concluir los juicios en México. No hay el menor recato ni la menor decisión de cumplir con el deber, sino sólo de hacer propaganda cruda, barata y dañina del poder establecido.
Esta verdad incontrovertible no parece afectar el ánimo de los gobernantes mexicanos, que han organizado una campaña de medios para presentar la captura del líder del Cártel de Sinaloa como una proeza histórica y un fuerte golpe a la industria del narcotráfico. “Misión cumplida”, escribió el presidente de este país en su cuenta de Twitter.
Que el gobierno entregue videos tomados dentro de la residencia de Guzmán Loera para ser difundidos por la televisión abierta es un hecho absolutamente condenable. Los gobernantes no están autorizados a difundir la violencia militar o policial ni la violencia a secas. Esa propaganda no corresponde a un Estado afecto a los derechos humanos.
El país está ahora peor que bajo el gobierno de Felipe Calderón, quien empezó el espectáculo. Ahora Peña Nieto da a conocer acciones militares, disparos a discreción y explosiones de granadas como si se tratara de un filme de ficción. Esa campaña envilece al gobierno, lo convierte en un promotor de la violencia.
Al tiempo, presenta a El Chapo como un personaje épico que converge con la industria del entretenimiento basado en el amarillismo, el uso de armas y la apología del crimen.
Tiene razón Aurelio Nuño cuando afirma que no se debe presentar la historia de los delincuentes como algo exitoso, pero el secretario de Educación no se atrevió a deslindarse de la campaña gubernamental que presenta la violencia real como único instrumento contra los narcotraficantes. ¿Eso es lo que debe enseñarse en las escuelas? La detención se produjo sin violencia lejos de la casa de El Chapo, pero lo filmado y difundido se presenta como el acto mismo de la aprehensión.
Se sabe que Guzmán Loera escapó de la residencia allanada, que los militares no se dieron cuenta de ese hecho hasta después de una hora o más, y que su detención en la carretera fue incruenta. No hay nada heroico en tales acciones como lo pretende el gobierno a través de su campaña. Sin embargo, se organizó un tour de periodistas para que éstos reportaran los vestigios de la violencia, la sangre resecada, las huellas de la muerte, los impactos de las balas y los destrozos de las granadas.
La falta de buenos resultados de la gestión gubernamental es cubierta con una acción de pura violencia. Los padres y madres tienen ahora que tratar de explicar a sus hijos e hijas qué es lo que ésta significa, cuál es su causa, y cada quien debe intentar una versión a su modo, pues el gobierno no ofrece ninguna, sino que nos lanza orgulloso un vídeo a la cara sin brindar la menor explicación del fenómeno que está en el fondo. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué debe hacerse? Un Estado que no dice, miente.
¿Es necesario que el poder haga escandaloso alarde de fuerza? No, ni en la guerra, mucho menos cuando ese mismo poder ha sido sobajado durante décadas por la delincuencia organizada, que es un producto genuinamente suyo, aunque sea monstruoso, que lo sustituye, que cobra impuestos informales, que controla territorios y órganos del Estado para proteger hechos delictivos, entre ellos muchos de violencia extrema.
El video del asalto a la casa de Guzmán Loera no puede ser admitido como un medio de hacer sentir el poder sobre la delincuencia organizada, sencillamente porque todo mundo sabe que no se producirán afectaciones en la industria del narcotráfico. Ningún jefe narco tiene ahora más miedo que antes. La tesis de Felipe Calderón era falsa, y en la chocante versión de Peña Nieto sigue siendo igual de falsa.
Avergüenza tener un gobierno así, sin cultura, sin decencia, sin verdad, sin discurso político, sin propuesta. Todas las instituciones han sido llevadas al festín de la captura del “hombre más buscado del mundo”, según se dijo.
Para empeorar las cosas, la Procuraduría General de la República (PRG) se ha puesto a decir disparates sobre las supuestas decisiones de no capturar a El Chapo en recientes ocasiones, como si esa dependencia hubiera tenido que ver algo en la persecución. Y, además, para mayor escándalo se ha referido a la entrevista periodística realizada por Sean Penn y al contacto con Kate Del Castillo mediante comentarios telenovelescos impropios de lo que se supone que sería la alta responsabilidad del Ministerio Público.
La PGR no ha tenido sencillamente ni la menor injerencia en estos asuntos. La procuradora debería al menos guardar la compostura. Roberto Campa, supuesto encargado gubernamental de la defensa de los derechos humanos, pero convertido sin recato en policía, brinda su aporte a la telecomedia oficial al afirmar que “una pareja que quería servir al mal terminó sirviendo al bien” (a propósito, ¿dónde están los 17 levantados de Arcelia, señor Campa?).
El gobierno da a conocer la transcripción de varios chats sin la autorización de ninguna autoridad competente, como vulgar filtración, sólo para llenar de morbo todo el asunto de El Chapo y dar color a su campaña de medios.
Y, en fin, como si todo eso fuera poco, el gobierno analiza la manera de extraditar al jefe narcotraficante a Estados Unidos, con lo que sólo demostraría que no está seguro de que se puedan concluir los juicios en México. No hay el menor recato ni la menor decisión de cumplir con el deber, sino sólo de hacer propaganda cruda, barata y dañina del poder establecido.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=426219
