Guerrero, Jalisco, Michoacán y Veracruz han sido sembrados de muerte. La mayoría de las víctimas encontradas en fosas clandestinas no son identificadas, mucho menos se captura a los asesinos.
El descubrimiento de este tipo de tumbas continúa con cadáveres frescos en Guerrero, pese a la “fuerte” presencia de fuerzas federales y militares. Durante los primeros dos años y un mes de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se han descubierto más de 125 fosas clandestinas, en las que se han localizado más de 560 cadáveres e incuantificables restos humanos.
El descubrimiento de este tipo de tumbas continúa con cadáveres frescos en Guerrero, pese a la “fuerte” presencia de fuerzas federales y militares. Durante los primeros dos años y un mes de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se han descubierto más de 125 fosas clandestinas, en las que se han localizado más de 560 cadáveres e incuantificables restos humanos.
En un país donde cada vez se cultiva menos alimento en el campo y desde hace muchos años se cosechan enervantes, ahora se “siembran” cadáveres y retoña la violencia. Hoy la tierra huele a muerte en muchos lugares del país por las tumbas clandestinas que el crimen organizado y algunos representantes de autoridad llenan silenciosamente.
Una investigación de Zeta revela que en el sexenio de Enrique Peña Nieto son más de 125 las fosas clandestinas descubiertas y más de 560 las víctimas. La última fosa clandestina descubierta fue en los primeros días de enero de 2015, y en el estado con la mayor convulsión social por el tema precisamente de la inseguridad y los homicidios dolosos, cuanto más violentos en el contexto del crimen organizado y el narcotráfico.
En plena manifestación de búsqueda de 42 de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Iguala, en Guerrero –dado que de uno de ellos se encontró el resto de un hueso y de una pieza dental–, se localizó una fosa en Chilapa, Guerrero, con la escalofriante suma de 10 cuerpos y 11 cabezas humanas.
En tiempos de la Presidencia de la República encabezada por el priista Enrique Peña Nieto, las estadísticas oficiales no son confiables. En algunos casos, ni siquiera están disponibles. Las autoridades las ocultan y las matizan. La información de este fenómeno criminal está fragmentada por las narcofosas que cada dependencia toma conocimiento. Los recuentos abarcan solo meses, periodos que muerden parte de un año y otro, o una fase del sexenio anterior sumada al actual. Nada certero.
La tarea de contar los cadáveres que había en esas sepulturas secretas tampoco es sencilla, porque a veces lo que se encuentra en esos sitios, son solo huesos o fragmentos de ellos, cenizas, piezas dentales, partes de cuerpos, restos amorfos o grasa humana. Una total putrefacción. Algunas prendas de vestir, hebillas, accesorios y calzado. En algunos casos, los policías anotan “un barril con restos humanos” o “mil 800 huesos, 20 prótesis y 15 tornillos quirúrgicos”.
Escenarios que horrorizan. Crímenes cometidos con saña inaudita y sin el menor respeto a la vida de los semejantes. Víctimas maniatadas, torturadas, con amputaciones o decapitación. Asfixiadas, macheteadas o con impactos de bala en el cuerpo y el clásico tiro de gracia en la cabeza.
Así fueron localizados el martes 6 de enero de 2015, los más recientes cadáveres en Guerrero, los restos humanos estaban baleados, con las manos amarradas y con huellas de terribles tormentos.
En un paraje de Chilapa de Álvarez, en seis fosas yacían enterradas 11 cabezas humanas y 10 cuerpos completos. Increíble que ocurriera en una entidad que tiene “marca personal” del Gobierno de la República, después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Peor aún que ocurra en el Estado que los ojos del mundo ven en estos momentos como “México”, y que motivó que el 27 de noviembre de 2014, Peña Nieto anunciara 14 medidas en seguridad, justicia y desarrollo económico “para evitar que crímenes así se repitan”, donde el Ejército, la Gendarmería y otras corporaciones federales, supuestamente se encargan de la seguridad como parte de esas medidas.
En ese acto, el primer mandatario declaró: “Después de Iguala, México debe cambiar (…) Asumo la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad. En suma, construir un pleno Estado de Derecho”.
Horas más tarde del compromiso presidencial fueron localizados los cuerpos de 11 personas decapitadas en la comunidad de Ayahualulco, municipio de Chilapa, al parecer, los mismos 11 cuerpos a los que pertenecen las 11 cabezas encontradas en las fosas del Día de Reyes.
Antes de la agresión de la Policía Municipal de Iguala y posterior desaparición de los estudiantes los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el Estado de Guerrero ya se registraban misteriosas desapariciones, y su territorio, en un cementerio que ha recibido a quienes ahora abonan la tierra. Por lo menos 160 cuerpos han sido exhumados desde diciembre de 2012 a la fecha.
El peregrinar para cientos de familias por las delegaciones de Policía, centros penitenciarios y la morgue de distintas entidades federativas es penoso. No desisten en buscar a sus familiares desaparecidos, como no renuncian los padres y hermanos de los 43 alumnos ausentes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y no piensan descansar hasta que los encuentren. “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, es su grito de guerra.
Las autoridades de cada entidad y las federales realizan tareas de búsqueda y localización pero los resultados no satisfacen a las familias en desgracia. Ni siquiera para identificar las osamentas o restos mortuorios. Con la Antropología Forense en pañales, instancias como la Procuraduría General de la República y los servicios periciales de las fiscalías locales fueron rebasadas y se ha tenido que echar mano de expertos de otras naciones.
De entrada, se desconoce la ubicación de las 22 mil 300 personas (vivas o muertas) reportadas como desaparecidas en el país, según el registro oficial dado a conocer en agosto de 2014 por la PGR. La subprocuradora de Asuntos Jurídicos, Mariana Benítez, lo dijo: del sexenio anterior –2006 a 2012– están pendientes de localizar 12 mil 532 desaparecidos, y de la administración peñanietista, 9 mil 790.
Ese fue el último ajuste, aunque en esto de las estadísticas gubernamentales las operaciones aritméticas casi nunca salen bien. En mayo de 2014, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que el número de desaparecidos se había reducido a solo ocho mil personas. ¿Cómo es que para la funcionaria de la PGR, las cifras de desaparecidos del sexenio calderonista volvieron a aumentar tres meses después del anuncio de Osorio?
Después del escenario registrado en el Estado de Jalisco, en la recta final de 2013 e inicios de 2014, donde florecieron las fosas clandestinas con más de 134 cadáveres, las más significativas en el municipio de La Barca, en los límites con Briseñas, Michoacán, las autoridades federales estaban conscientes de lo que estaba por ocurrir.
En enero de 2014 se exhumaron los últimos cuerpos de los 76 encontrados en márgenes del Río Lerma, en Jalisco. En febrero siguiente fueron al menos 20 cadáveres en tumbas anónimas de Tingüindín en Michoacán, 32 personas exhumadas de fosas de Guerrero y otras 19, nuevamente en Jalisco, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
El fenómeno de las narcofosas se incrementaba y, en marzo de 2014, la PGR anunció que se estaba capacitando al personal para actuar con eficiencia y ética ante los enterramientos humanos. El Subprocurador de Delitos Federales, Cleodomiro Zoreda, señaló que la detección de una fosa o sitio donde se encuentren restos humanos “obliga al personal pericial a actuar con ética, humanidad y profesionalismo, ya que los resultados derivan en la efectiva procuración de justicia”.
De marzo a junio de 2014, las fosas clandestinas en Guerrero, Michoacán y Veracruz brotaron como hongos. En Guerrero fueron Iguala, Acapulco y Chilpancingo, con múltiples seres desmembrados. En Veracruz, desde 31 hasta 41 personas exhumadas en una ranchería de Cosamaloapan.
Para el 14 de julio del año anterior, la PGR informó que 300 forenses fueron adiestrados en el curso “Trabajo Multidisciplinario en Fosas Clandestinas”, con el que se proyectó que los especialistas conocieran aspectos jurídicos, así como práctica de la exhumación de cadáveres. Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), sentenció que la capacitación es una de las mejores herramientas con las que cuenta la dependencia federal para combatir la delincuencia y los efectos que esto implica en la sociedad.
En Iguala, las desapariciones y las fosas clandestinas continuaron hasta que aconteció el caso que hoy el mundo conoce. El levantón de los normalistas, la localización interminable de tumbas no autorizadas y el hallazgo de personas muertas, que no son los estudiantes que tanto buscan los mexicanos. Solo uno de ellos habría sido localizado sin vida en una fosa e identificado por medio de estudios de ADN: Alexander Mora Venancio, aunque su familia se niega a aceptar la versión oficial como verdad.
En la mayoría de las más de 125 fosas de la zona, se conoce la ubicación gracias a denuncias anónimas; la desaparición de mujeres y de niños por igual; la falta de resultados por parte de las autoridades de los diversos niveles de gobierno; pocos responsables han sido detenidos y en varias entidades, policías municipales han colaborado o son autores directos de las desapariciones, muerte e inhumación clandestina de las víctimas.
Ni los operativos especiales, ni la presencia de fuerzas federales y militares inhiben la actividad criminal de alto impacto en el Estado de Guerrero. Luego del hallazgo de 11 cabezas humanas y 10 cuerpos completos en fosas clandestinas en el municipio de Chilapa de Álvarez, ayer jueves 8 de enero de 2014 se reportó la localización de restos humanos dentro de bolsas negras en Chilpancingo.
La noticia se conoció poco después de las 8:30 am, cuando una llamada al número 066 de Emergencias, alertó a las autoridades sobre la presencia de restos humanos en el paraje Tierras Prietas, muy cerca de la carretera federal Iguala-Chilpancingo. Agentes policiales acudieron a verificar el reporte y confirmaron la versión.
Dentro de tres bolsas de plástico para la basura se encontraron los fragmentos de seres humanos cuya cantidad y características se desconoce. Personal del Servicio Médico Forense de Guerrero se trasladó al lugar y, en coordinación con peritos de la Fiscalía del Estado, se encargaron del levantamiento de los restos para trasladarlos a la morgue en la capital de la entidad.
En el puerto de Acapulco, donde los asesinatos tampoco cesan, al menos 15 mil alumnos de cien planteles escolares no reanudaron las clases tras el periodo navideño conforme lo marca el calendario oficial, debido a la inseguridad con la que iniciaron 2015. Profesores de educación básica decidieron mantener el paro laboral que iniciaron desde noviembre pasado en 200 escuelas y que se suponía, levantarían al regresar a clases el miércoles 8 de enero.
También la Iglesia Católica recibió el nuevo año con una gran preocupación por la ola de violencia e inseguridad que existe en Guerrero, aseguró el Obispo de la Diócesis Chilpancingo, Alejo Zavala Castro. El clérigo dijo que la delincuencia organizada amenaza y extorsiona, vía telefónica, a los curas de la Diócesis, lo que ya motivó una reunión con el Fiscal General de esa entidad.
Otro de los temas candentes en Guerrero –derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– es el de las elecciones. Al reactivar sus protestas para exigir la presentación con vida de los estudiantes, maestros disidentes destruyeron muebles y equipo de cómputo de un módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral, con sede en Chilpancingo.
Las protestas sociales y la inestabilidad que se vive en el estado meridional obligaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a reajustar el calendario de preparación de los funcionarios electorales para los comicios del 7 de junio. Así lo anunció el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, quien señaló que los cambios iniciaron el 20 de diciembre de 2014, cuando no se permitió la aplicación de los exámenes a los capacitadores electorales, por lo que las fechas se recorrieron y se rediseñarán estrategias específicas para diversas zonas de la entidad.
Por su parte, las investigaciones sobre los jóvenes desaparecidos no presentan mayor novedad que la ya conocida consignación de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Ella fue enviada al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 en El Rincón, Nayarit, al igual que diez policías municipales de Iguala.
Fuente: http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1216034
