De Jorge Carrasco Araizaga.
Aunque el gobierno de Peña Nieto llegue al extremo de confrontar y descalificar a Naciones Unidas, como lo hizo con el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, nada impide que el mundo conozca la dimensión de la crisis de derechos humanos en México.
El reconocido semanario The New Yorker acaba de dar a conocer un video sobre los 43 normalistas desaparecidos hace medio año en Iguala, Guerrero.
http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/video-the-monster-in-the-mountains
Financiado con una beca del Centro Pulitzer –dedicado a promover la cobertura periodística de asuntos de trascendencia global–, el documento muestra al mundo el drama de los desaparecidos en ese estado, más allá de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, a manos de policías municipales ante los ojos del Ejército.
Los normalistas son los nuevos desaparecidos en Guerrero, pero no los únicos. Son cientos de cadáveres que han sido encontrados en fosas clandestinas desde que los papás de los normalistas emprendieron la búsqueda de sus hijos.
Aunque se presume que muchos son víctimas de la guerra contra las drogas emprendida el sexenio pasado, nada garantiza que se sepa la verdad. “Ya no buscamos justicia, sólo queremos encontrar los cuerpos”, dicen algunas familias de las víctimas.
Eso explica que recurran a la propia delincuencia organizada para saber qué pasó con los suyos, luego de que el gobierno federal les dijera que ya no existen ni sus cenizas.
Tampoco Guerrero es el único estado con inhumaciones extrajudiciales. Tal y como ocurrió en Chile al término de la dictadura de Pinochet, cuando empezaron a surgir fosas clandestinas en todo el país, el territorio mexicano también está marcado por esa expresión de crímenes contra la humanidad.
Guerrero, sin embargo, es ahora un infierno para las víctimas, como lo sintetiza Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Por eso los autores y los editores del New Yorker le pusieron al video el título de “El Monstruo en las Montañas”.
Es un monstruo que apareció también en los años de la guerra sucia, en la década de los 60 y 70, con Guerrero como uno de sus principales escenarios. Las cifras oficiales hablan de más de 500 desaparecidos, atribuidos al régimen del PRI de entonces, con sus cuerpos policiales y militares y sus guardias blancas, integradas por civiles y militares.
No hubo castigo y la impunidad garantizó que se repitiera la tragedia. Vicente Fox sólo simuló una investigación y Felipe Calderón quiso echar a la basura ese pasado. Ambos garantizaron las desapariciones de ahora.
Los desaparecidos de entonces fueron víctimas de una persecución ideológica. Los de ahora, de la violencia de la delincuencia organizada amalgamada con la autoridad.
El caso Radilla es un emblema de la lucha de los familiares para sancionar a los responsables de tales crímenes. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, en Atoyac, en 1974, a manos del Ejército, no alcanzó sin embargo para el castigo de los responsables, pues los jefes políticos y militares de la época ya estaban muertos para cuando el Estado mexicano fue sentenciado, en 2009.
El gobierno de Peña Nieto se resiste a aceptar que lo ocurrido con los 43 normalistas es un caso de desaparición forzada y lo quiere reducir a un asunto delictivo. La desaparición forzada es una cara más del monstruo que describe The New Yorker.
No es la primera vez que el semanario se refiere a la violencia en México. Desde que el país empezó a padecer las consecuencias de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón, ha presentado a sus lectores distintos trabajos para tratar de explicar las caras del monstruo de la violencia.
Los burócratas del gobierno de Peña Nieto no pueden hacer nada para evitarlo. Sólo les queda emprender vergonzosas peleas con los investigadores especiales de Naciones Unidas que documentan las graves violaciones a los derechos humanos en México. Pero al hacerlo, lo único que logran es exhibirse a sí mismos y atraer más la atención internacional hacia lo que pasa en el país.
@jorgecarrascoa
El reconocido semanario The New Yorker acaba de dar a conocer un video sobre los 43 normalistas desaparecidos hace medio año en Iguala, Guerrero.
http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/video-the-monster-in-the-mountains
Financiado con una beca del Centro Pulitzer –dedicado a promover la cobertura periodística de asuntos de trascendencia global–, el documento muestra al mundo el drama de los desaparecidos en ese estado, más allá de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, a manos de policías municipales ante los ojos del Ejército.
Los normalistas son los nuevos desaparecidos en Guerrero, pero no los únicos. Son cientos de cadáveres que han sido encontrados en fosas clandestinas desde que los papás de los normalistas emprendieron la búsqueda de sus hijos.
Aunque se presume que muchos son víctimas de la guerra contra las drogas emprendida el sexenio pasado, nada garantiza que se sepa la verdad. “Ya no buscamos justicia, sólo queremos encontrar los cuerpos”, dicen algunas familias de las víctimas.
Eso explica que recurran a la propia delincuencia organizada para saber qué pasó con los suyos, luego de que el gobierno federal les dijera que ya no existen ni sus cenizas.
Tampoco Guerrero es el único estado con inhumaciones extrajudiciales. Tal y como ocurrió en Chile al término de la dictadura de Pinochet, cuando empezaron a surgir fosas clandestinas en todo el país, el territorio mexicano también está marcado por esa expresión de crímenes contra la humanidad.
Guerrero, sin embargo, es ahora un infierno para las víctimas, como lo sintetiza Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Por eso los autores y los editores del New Yorker le pusieron al video el título de “El Monstruo en las Montañas”.
Es un monstruo que apareció también en los años de la guerra sucia, en la década de los 60 y 70, con Guerrero como uno de sus principales escenarios. Las cifras oficiales hablan de más de 500 desaparecidos, atribuidos al régimen del PRI de entonces, con sus cuerpos policiales y militares y sus guardias blancas, integradas por civiles y militares.
No hubo castigo y la impunidad garantizó que se repitiera la tragedia. Vicente Fox sólo simuló una investigación y Felipe Calderón quiso echar a la basura ese pasado. Ambos garantizaron las desapariciones de ahora.
Los desaparecidos de entonces fueron víctimas de una persecución ideológica. Los de ahora, de la violencia de la delincuencia organizada amalgamada con la autoridad.
El caso Radilla es un emblema de la lucha de los familiares para sancionar a los responsables de tales crímenes. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, en Atoyac, en 1974, a manos del Ejército, no alcanzó sin embargo para el castigo de los responsables, pues los jefes políticos y militares de la época ya estaban muertos para cuando el Estado mexicano fue sentenciado, en 2009.
El gobierno de Peña Nieto se resiste a aceptar que lo ocurrido con los 43 normalistas es un caso de desaparición forzada y lo quiere reducir a un asunto delictivo. La desaparición forzada es una cara más del monstruo que describe The New Yorker.
No es la primera vez que el semanario se refiere a la violencia en México. Desde que el país empezó a padecer las consecuencias de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón, ha presentado a sus lectores distintos trabajos para tratar de explicar las caras del monstruo de la violencia.
Los burócratas del gobierno de Peña Nieto no pueden hacer nada para evitarlo. Sólo les queda emprender vergonzosas peleas con los investigadores especiales de Naciones Unidas que documentan las graves violaciones a los derechos humanos en México. Pero al hacerlo, lo único que logran es exhibirse a sí mismos y atraer más la atención internacional hacia lo que pasa en el país.
@jorgecarrascoa
