De Pablo Gómez.
Las contiendas en los 12 estados del país donde se elegirán gobernadores o gobernadoras, el próximo domingo 5, han sido las más sucias de los últimos años. Llama la atención que el jefe de un partido, Enrique Peña Nieto, se haya condolido de esta situación cuando el PRI es el que más ha contribuido al enchiqueramiento de la competencia electoral.
Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha llegado al extremo de ejercer la inconstitucional censura previa contra mensajes de radio y televisión, pero lo peor es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las confirmó en sentencias que agravian la libertad de difusión y podrán tener consecuencias gravísimas debido a los argumentos fraudulentos con que se dictaron.
A cambio, el INE ha mantenido en el aire espots claramente calumniadores, como uno en Zacatecas que fue suspendido por el Tribunal, pero un día antes de que terminara el periodo de campañas.
Gran parte del reciente lodazal se debe al gobierno y a la influencia de éste en el INE y el TEPJF.
Manlio Fabio Beltrones se ha estrenado como líder priista en unas elecciones ganables pero con guerra sucia y más que nada con el poderoso respaldo de los programas sociales del gobierno, incluido el Fondo Nacional de Desastres Naturales. El oficialismo ha regalado todo lo que tuvo a la mano a cambio del voto coaccionado, cada vez más necesario por parte del viejo PRI que no tiene la menor intención de cambiar su forma de ser.
Convertir las campañas en intercambios de injurias, calumnias, difamaciones y otras formas de denostar o de plano defenestrar al adversario se ha traducido en el estrechamiento del campo de las propuestas. Es miserable que casi todos los candidatos y candidatas prometan lo mismo: más empleo y mejor seguridad pública (hay uno en Tamaulipas que ha dicho que no habrá un secuestro más durante su sexenio). Ninguno lo puede lograr. Mas lo peor es que casi no hay propuestas de reformas económicas, administrativas y democráticas.
Pareciera que no hay tareas generales, pero tampoco se mencionan otras de carácter concreto. La pobreza programática ciertamente corresponde a los candidatos y candidatas, con sus buenas excepciones, pero también es característica de los partidos que han postulado a personas sin perspectivas transformadoras. El fenómeno consiste en que los partidos mexicanos son cada vez menos propositivos; lo que quieren es ganar a como dé lugar, aunque ellos mismos no sepan exactamente para qué, como no sea el desempeño de los cargos públicos y el control del gasto.
Lo anterior ha conducido a que cada vez gobiernan más las personas y mucho menos los partidos que, se supone, han sido creados con ese propósito. En la contienda de este año casi ningún partido llevó a cabo una campaña unitaria, a pesar de que la mitad del país va a votar. Esto habla de una despolitización del poder público y de la conversión de los partidos en simples frentes electorales.
Aquí hay una crisis política que tiene como expresión superficial el hartazgo popular de los políticos y el debilitamiento de la lucha entre los partidos. La democracia mexicana, exclusivamente representativa y formalista, está al borde de la bancarrota porque la clase política no alcanza a ver que una ciudadanía nueva requiere no sólo elegir sino también proponer, decidir, remover y disponer. El sistema constitucional mexicano requiere un cambio de gran alcance que está siendo postergando por los partidos, inmersos como se encuentran en luchas personalistas y de grupos que se benefician de la corrupción pública, es decir, que son funcionales al Estado corrupto.
Sean quienes sean los próximos gobernadores y gobernadoras, el hecho es que no hay una mayoría política en el país. En varios estados las diferencias van a ser pequeñas, de manera que los nuevos gobiernos vivirán su gestión con mayores vigilancias y en medio de la crítica de sus opositores, los cuales serán representantes en suma de la mayoría ciudadana. Esta característica no es nueva, sin embargo, no está escrito que así debe ser en cada ocasión. Lo significativo hoy es que seguirá la dispersión del voto entre tres o cuatro pedazos de ciudadanía.
Otra característica de la temporada ha sido la división en la izquierda. Cualquier observador en Veracruz, Oaxaca, Zacatecas o Tlaxcala podría decir que la tarea era unir a las izquierdas para ganar de seguro esas gubernaturas. Es cierto que a pesar de la división algunos resultados pueden ser favorables a una de las izquierdas, sin embargo, tanto la posición de Morena de rehusar la búsqueda de acuerdos con el PRD como la de éste de aliarse con el PAN en varias entidades, no eran los mejores caminos. Para el PRD la cuestión se complicó aún más debido a que en varios estados cosechó nuevas escisiones.
Tal vez el resultado electoral muestre que la política correcta es edificar la unidad en la acción en lugar de profundizar la división con base en ataques insultantes pero insulsos que sólo impiden la polémica de fondo tan necesaria para las fuerzas de izquierda.
Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha llegado al extremo de ejercer la inconstitucional censura previa contra mensajes de radio y televisión, pero lo peor es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las confirmó en sentencias que agravian la libertad de difusión y podrán tener consecuencias gravísimas debido a los argumentos fraudulentos con que se dictaron.
A cambio, el INE ha mantenido en el aire espots claramente calumniadores, como uno en Zacatecas que fue suspendido por el Tribunal, pero un día antes de que terminara el periodo de campañas.
Gran parte del reciente lodazal se debe al gobierno y a la influencia de éste en el INE y el TEPJF.
Manlio Fabio Beltrones se ha estrenado como líder priista en unas elecciones ganables pero con guerra sucia y más que nada con el poderoso respaldo de los programas sociales del gobierno, incluido el Fondo Nacional de Desastres Naturales. El oficialismo ha regalado todo lo que tuvo a la mano a cambio del voto coaccionado, cada vez más necesario por parte del viejo PRI que no tiene la menor intención de cambiar su forma de ser.
Convertir las campañas en intercambios de injurias, calumnias, difamaciones y otras formas de denostar o de plano defenestrar al adversario se ha traducido en el estrechamiento del campo de las propuestas. Es miserable que casi todos los candidatos y candidatas prometan lo mismo: más empleo y mejor seguridad pública (hay uno en Tamaulipas que ha dicho que no habrá un secuestro más durante su sexenio). Ninguno lo puede lograr. Mas lo peor es que casi no hay propuestas de reformas económicas, administrativas y democráticas.
Pareciera que no hay tareas generales, pero tampoco se mencionan otras de carácter concreto. La pobreza programática ciertamente corresponde a los candidatos y candidatas, con sus buenas excepciones, pero también es característica de los partidos que han postulado a personas sin perspectivas transformadoras. El fenómeno consiste en que los partidos mexicanos son cada vez menos propositivos; lo que quieren es ganar a como dé lugar, aunque ellos mismos no sepan exactamente para qué, como no sea el desempeño de los cargos públicos y el control del gasto.
Lo anterior ha conducido a que cada vez gobiernan más las personas y mucho menos los partidos que, se supone, han sido creados con ese propósito. En la contienda de este año casi ningún partido llevó a cabo una campaña unitaria, a pesar de que la mitad del país va a votar. Esto habla de una despolitización del poder público y de la conversión de los partidos en simples frentes electorales.
Aquí hay una crisis política que tiene como expresión superficial el hartazgo popular de los políticos y el debilitamiento de la lucha entre los partidos. La democracia mexicana, exclusivamente representativa y formalista, está al borde de la bancarrota porque la clase política no alcanza a ver que una ciudadanía nueva requiere no sólo elegir sino también proponer, decidir, remover y disponer. El sistema constitucional mexicano requiere un cambio de gran alcance que está siendo postergando por los partidos, inmersos como se encuentran en luchas personalistas y de grupos que se benefician de la corrupción pública, es decir, que son funcionales al Estado corrupto.
Sean quienes sean los próximos gobernadores y gobernadoras, el hecho es que no hay una mayoría política en el país. En varios estados las diferencias van a ser pequeñas, de manera que los nuevos gobiernos vivirán su gestión con mayores vigilancias y en medio de la crítica de sus opositores, los cuales serán representantes en suma de la mayoría ciudadana. Esta característica no es nueva, sin embargo, no está escrito que así debe ser en cada ocasión. Lo significativo hoy es que seguirá la dispersión del voto entre tres o cuatro pedazos de ciudadanía.
Otra característica de la temporada ha sido la división en la izquierda. Cualquier observador en Veracruz, Oaxaca, Zacatecas o Tlaxcala podría decir que la tarea era unir a las izquierdas para ganar de seguro esas gubernaturas. Es cierto que a pesar de la división algunos resultados pueden ser favorables a una de las izquierdas, sin embargo, tanto la posición de Morena de rehusar la búsqueda de acuerdos con el PRD como la de éste de aliarse con el PAN en varias entidades, no eran los mejores caminos. Para el PRD la cuestión se complicó aún más debido a que en varios estados cosechó nuevas escisiones.
Tal vez el resultado electoral muestre que la política correcta es edificar la unidad en la acción en lugar de profundizar la división con base en ataques insultantes pero insulsos que sólo impiden la polémica de fondo tan necesaria para las fuerzas de izquierda.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/442779/las-elecciones-sucias
