No, no es la economía lo que causa el desamor de los mexicanos por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, como sentenciaba para Estados Unidos la famosa frase de Bill Clinton (It’s the economy, stupid). Es la corrupción. Los niveles de aprobación son los más bajos que un presidente mexicano haya tenido en décadas y siguen desplomándose no porque las tasas de economía sean más bajas que las esperadas, sino porque un caso de corrupción tras otro ha terminado por convertirse en la reiteración semanal del desencanto y la exasperación.
Las infamias de esta semana son como para comenzar a ver a Guatemala con admiración, luego de que la indignación popular terminó por echar al presidente de palacio en aquel país. Véase si no.
Hace dos días pudimos ver el vídeo en el que un policía siembra un arma en el auto de Paulo Díez, el abogado de la empresa Infraiber, con el objeto de fincarle cargos con el obvio propósito de castigarle. Infraiber es la empresa que demandó ante los tribunales a la constructora OHL por sus escandalosos y cuantiosos arreglos con el Gobierno federal y el Gobierno del Estado de México. Lejos de proceder en contra de los funcionarios que han sido captados en audios ofreciendo apoyo ilegal para que la constructora se haga de licitaciones ventajosas o amplíe sus márgenes de ganancia, la justicia se ceba en contra de los que se han atrevido a denunciar la corrupción. Días antes, los mexicanos pudieron observar a Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo Higa, entre las filas de invitados especiales al informe del presidente; se trata de la empresa que construyó las casas obtenidas por la primera dama y por el secretario de Hacienda en condiciones sospechosas, por decir lo menos. El planteamiento del presidente fue claro: “Es mi amigo, y qué”. Acosar al abogado de Infraiber o exhibir la amistad con el empresario cuestionado por conflicto de intereses parecerían actos destinados a enviar un mensaje.
De otra manera, no podría entenderse la designación de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito en la secretaría de Gobernación hace unos días. Poco menos que colocar al borracho a cargo del bar. No sólo porque su perfil no tiene nada que ver con el puesto, salvo que cometer delitos ayude a prevenirlos. Escobar, exsenador y alto dirigente del Partido Verde, ha estado envuelto en varios escándalos de lavado de dinero: uno, por un maletín con más de un millón de pesos que portaba en condiciones oscuras el día previo a una jornada electoral; otro, por la subcontratación de empresas familiares con dinero del partido. Pero sobre todo, Escobar ha sido operador de algunas de las triquiñuelas orquestadas por el Verde para violentar las leyes electorales. Por lo demás, la subsecretaría ahora a su cargo fue creada, entre otras razones, para establecer un puente con la sociedad civil capaz de construir condiciones para que los jóvenes tengan otras alternativas distintas a la delincuencia. Esto implica trabajar con ONGs, activistas, líderes de barrio, autoridades locales; es decir, un universo de actores que cuestiona las prácticas fraudulentas del Verde para distorsionar el voto popular.
¿Qué está detrás de la persecución del abogado de Infraiber, o de la designación inexplicable de Escobar en la subsecretaría destinada a prevenir el delito, o de la invitación especial al empresario acusado de ser protegido por el gobierno? La primera impresión es que se trata de una acumulación de errores: torpeza, indiferencia, desaseo. Pero es tal la reincidencia y son tan inexplicables algunas de ellas, que llevan a pensar que se trata de otra cosa. ¿Una provocación? ¿Una burla? ¿Un mensaje? O quizá obedezca a que están tan inmersos en la corrupción que simplemente han dejado de verla; respiran en ella, se nutren de ella; y como el aire, se ha vuelto invisible. Salvo para el resto de los mexicanos, claro
Fuente: El País.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442434139_755597.html