De: Sanjuana Martínez.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong no ha escatimado recursos para proteger al Ejército, la Policía Federal o la Marina Armada de México, señalados como autores de las más terribles violaciones de derechos humanos.
Osorio Chong está empeñado en mantener “el buen nombre” de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Pero esas instituciones no le ayudan, al contrario, hacen todo lo posible para demostrar que son capaces de cometer las peores atrocidades.
Y obedecer al comandante en jefe, el señor Enrique Peña Nieto. La estructura vertical y autoritaria de estas instituciones no funciona bajo el libre albedrío. Sus mandos, obedecen estrictamente las órdenes de sus jefes, en este caso del señor que ocupa la Silla del Águila.
Osorio Chong ha intentado por todos los medios deslindar al Ejército de su responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No ha permitido que se investigue debidamente la participación de los militares en este crimen de Estado.
Y ahora intenta por todos los medios, proteger a los militares responsables de la matanza de Tlatlaya. Osorio Chong está obstruyendo la acción de la justicia, al igual que, el general Salvador Cienfuegos Zepedas, capaz de falsear la verdad a extremos absolutamente ridículos e inverosímiles.
Los intentos de proteger a los militares en el caso de Tlatlaya son verdaderamente escandalosos. La cadena de mando, dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh) en su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir, donde exhibe claramente que la orden del Ejército fue “abatir delincuentes”.
La cadena de mando impune aún, esta compuesta por el propio Cienfuegos, el general Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar, el general José Luis Sánchez León, comandante de la 22/A Zona Militar, el general Francisco Ortega Luna, jefe de la comandancia de la 22/A, Raúl Castro Aparicio, comandante del 102/0 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan, el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, firmante en la orden de Relevo por Ausencia temporal del Comandante del 102/0 Batallón de Infantería, el Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez del mando de personal de tropa.
Pero el general Cienfuegos sigue instalado en la negación. Dice que el caso ha sido tratado de manera “superficial”. Pues bien, el Prodh le ha demostrado que no es así y ha publicado un demoledor informe en donde desmonta una por una las posibilidades de eximir de responsabilidades a los militares que ejecutaron extrajudicialmente aquel 30 de junio de 2014, a un número indeterminado de los 22 jóvenes.
Tampoco la PGR o la CNDH han trato el caso de manera “superficial”. Por ejemplo, la PGR reconoce que de las 22 personas muertas en Tlatlaya, ocho fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) indica que entre 12 y 15 fueron víctimas de ejecución extrajudicial.
El impecable informe del Prodh es tan contundente, que hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, ha exigido al gobierno mexicano que considere las nuevas evidencias: “Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales. Deben consistir en arrestar y, solo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”, dijo.
Los responsables de la matanza de Tlatlaya siguen impunes. Peor aún, en un acto de cinismo los cuatro policías ministeriales apenas el pasado miércoles fueron recluidos en el penal de Santiaguito, en Almoloya, por su responsabilidad en el delito de tortura en el caso Tlatlaya, recuperaron su libertad unas horas después.
De manera surrealista, el juez de control del distrito judicial argumentó que en el Estado de México, la tortura no es considerada delito grave, aunque se estipulan sanciones de tres a doce años de prisión. Pero el juez les fijó una garantía económica de casi 60 mil pesos que fue cubierta de inmediato por los cuatro y a continuación los dejó en libertad.
Estos cuatro policías y otros tres, que el juez consideró que no había pruebas suficientes para arrestarlos, torturaron a las tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza de Tlatalaya. Pero claro, México es el paraíso de la tortura y es casi imposible llevar a un torturador a la cárcel. Este juez lo acaba de confirmar. Además no permitió difundir sus nombres por la “presunción de inocencia”.
Los que no gozaron de “presunción de inocencia” fueron los jóvenes abatidos a sangre fría, la mayoría de ellos, fusilados por los militares. La parcialidad de la justicia civil y militar para proteger a los militares y policías responsables de esta matanza, es escandalosa.
Y como el gobierno de Peña Nieto se queda sin argumentos, el señor Osorio Chong intenta distraer con discusiones lingüisticas para desviarse del verdadero tema y Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sale a decir que “abatir” no significa matar y que el término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario y ninguna es privar de la vida.
Sin embargo, es el propio jefe y amigo de Campa, el señor Peña Nieto, quien ha utilizado la palabra “abatir” para referirse a matar: “Se ha detenido o en algunos casos abatido a 93 de los 122 delincuentes más peligrosos”, dijo Peña Nieto el pasado desde 21 de abril.
Está claro que no solo el Ejecutivo usa el término abatir, también el propio Ejército que lo emplea como sinónimo de matar, al igual que la Marina o las otras instituciones de seguridad.
Osorio Chong pretende meter a las víctimas de las matanzas del Estado debajo de la alfombra. Así lo está haciendo el gobierno en el caso de la matanza de Apatzingán del pasado 6 de enero. El Estado lleva seis meses ocultando información, tapando los crímenes de la Policía Federal y desatendiendo a las víctimas. La PGR ni siquiera ha hecho su trabajo. Más bien ha preferido ignorar los testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la madrugada y mañana del 6 de enero enfrente del Palacio municipal y luego a las 7:40 de la mañana en la avenida Constitución. Decenas de testigos hablan de cómo los federales iban rematando gente.
Las matanzas se acumulan y allí está el caso de Tanhuato o Ecuandureo, Michoacán donde según la Policía Federal fueron “abatidos” 42 supuestos delincuentes, los testimonios hablan de ejecuciones extrajudiciales. Los familiares de las víctimas hablan de que les entregaron los ataudes sellados y quienes los abrieron se llevaron la sorpresa de su vida, pues los jóvenes presentaban huellas de tortura, con mutilación de genitales y hasta el tiro de gracia.
¿Para qué existe un departamento de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación? ¿Para que existe un departamento así en la Sedena? Está claro que no es para difundir la prevención y el respeto a los mismos, más bien, todo parece indicar, que su función es tapar los crímenes de Estado que el señor Osorio Chong y el General Cienfuegos, se niegan a asumir y atender.
Osorio Chong está empeñado en mantener “el buen nombre” de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Pero esas instituciones no le ayudan, al contrario, hacen todo lo posible para demostrar que son capaces de cometer las peores atrocidades.
Y obedecer al comandante en jefe, el señor Enrique Peña Nieto. La estructura vertical y autoritaria de estas instituciones no funciona bajo el libre albedrío. Sus mandos, obedecen estrictamente las órdenes de sus jefes, en este caso del señor que ocupa la Silla del Águila.
Osorio Chong ha intentado por todos los medios deslindar al Ejército de su responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No ha permitido que se investigue debidamente la participación de los militares en este crimen de Estado.
Y ahora intenta por todos los medios, proteger a los militares responsables de la matanza de Tlatlaya. Osorio Chong está obstruyendo la acción de la justicia, al igual que, el general Salvador Cienfuegos Zepedas, capaz de falsear la verdad a extremos absolutamente ridículos e inverosímiles.
Los intentos de proteger a los militares en el caso de Tlatlaya son verdaderamente escandalosos. La cadena de mando, dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh) en su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir, donde exhibe claramente que la orden del Ejército fue “abatir delincuentes”.
La cadena de mando impune aún, esta compuesta por el propio Cienfuegos, el general Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar, el general José Luis Sánchez León, comandante de la 22/A Zona Militar, el general Francisco Ortega Luna, jefe de la comandancia de la 22/A, Raúl Castro Aparicio, comandante del 102/0 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan, el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, firmante en la orden de Relevo por Ausencia temporal del Comandante del 102/0 Batallón de Infantería, el Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez del mando de personal de tropa.
Pero el general Cienfuegos sigue instalado en la negación. Dice que el caso ha sido tratado de manera “superficial”. Pues bien, el Prodh le ha demostrado que no es así y ha publicado un demoledor informe en donde desmonta una por una las posibilidades de eximir de responsabilidades a los militares que ejecutaron extrajudicialmente aquel 30 de junio de 2014, a un número indeterminado de los 22 jóvenes.
Tampoco la PGR o la CNDH han trato el caso de manera “superficial”. Por ejemplo, la PGR reconoce que de las 22 personas muertas en Tlatlaya, ocho fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) indica que entre 12 y 15 fueron víctimas de ejecución extrajudicial.
El impecable informe del Prodh es tan contundente, que hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, ha exigido al gobierno mexicano que considere las nuevas evidencias: “Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales. Deben consistir en arrestar y, solo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”, dijo.
Los responsables de la matanza de Tlatlaya siguen impunes. Peor aún, en un acto de cinismo los cuatro policías ministeriales apenas el pasado miércoles fueron recluidos en el penal de Santiaguito, en Almoloya, por su responsabilidad en el delito de tortura en el caso Tlatlaya, recuperaron su libertad unas horas después.
De manera surrealista, el juez de control del distrito judicial argumentó que en el Estado de México, la tortura no es considerada delito grave, aunque se estipulan sanciones de tres a doce años de prisión. Pero el juez les fijó una garantía económica de casi 60 mil pesos que fue cubierta de inmediato por los cuatro y a continuación los dejó en libertad.
Estos cuatro policías y otros tres, que el juez consideró que no había pruebas suficientes para arrestarlos, torturaron a las tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza de Tlatalaya. Pero claro, México es el paraíso de la tortura y es casi imposible llevar a un torturador a la cárcel. Este juez lo acaba de confirmar. Además no permitió difundir sus nombres por la “presunción de inocencia”.
Los que no gozaron de “presunción de inocencia” fueron los jóvenes abatidos a sangre fría, la mayoría de ellos, fusilados por los militares. La parcialidad de la justicia civil y militar para proteger a los militares y policías responsables de esta matanza, es escandalosa.
Y como el gobierno de Peña Nieto se queda sin argumentos, el señor Osorio Chong intenta distraer con discusiones lingüisticas para desviarse del verdadero tema y Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sale a decir que “abatir” no significa matar y que el término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario y ninguna es privar de la vida.
Sin embargo, es el propio jefe y amigo de Campa, el señor Peña Nieto, quien ha utilizado la palabra “abatir” para referirse a matar: “Se ha detenido o en algunos casos abatido a 93 de los 122 delincuentes más peligrosos”, dijo Peña Nieto el pasado desde 21 de abril.
Está claro que no solo el Ejecutivo usa el término abatir, también el propio Ejército que lo emplea como sinónimo de matar, al igual que la Marina o las otras instituciones de seguridad.
Osorio Chong pretende meter a las víctimas de las matanzas del Estado debajo de la alfombra. Así lo está haciendo el gobierno en el caso de la matanza de Apatzingán del pasado 6 de enero. El Estado lleva seis meses ocultando información, tapando los crímenes de la Policía Federal y desatendiendo a las víctimas. La PGR ni siquiera ha hecho su trabajo. Más bien ha preferido ignorar los testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la madrugada y mañana del 6 de enero enfrente del Palacio municipal y luego a las 7:40 de la mañana en la avenida Constitución. Decenas de testigos hablan de cómo los federales iban rematando gente.
Las matanzas se acumulan y allí está el caso de Tanhuato o Ecuandureo, Michoacán donde según la Policía Federal fueron “abatidos” 42 supuestos delincuentes, los testimonios hablan de ejecuciones extrajudiciales. Los familiares de las víctimas hablan de que les entregaron los ataudes sellados y quienes los abrieron se llevaron la sorpresa de su vida, pues los jóvenes presentaban huellas de tortura, con mutilación de genitales y hasta el tiro de gracia.
¿Para qué existe un departamento de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación? ¿Para que existe un departamento así en la Sedena? Está claro que no es para difundir la prevención y el respeto a los mismos, más bien, todo parece indicar, que su función es tapar los crímenes de Estado que el señor Osorio Chong y el General Cienfuegos, se niegan a asumir y atender.
Fuente: http://www.sinembargo.mx/opinion/06-07-2015/36562
