Ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Vaticano argumentó hoy que carece de jurisdicción y, por tanto, de responsabilidad sobre los miembros del clero católico que cometen diversos delitos, entre ellos pederastia, pues la aplicación de la justicia es competencia de cada Estado donde se cometen esos atropellos.
Silvano Tomasi, representante permanente del Vaticano ante la ONU, señaló lo anterior durante una comparecencia que sostuvo en Ginebra, Suiza, ante ese comité. Y agregó:
“La Santa Sede desea reiterar que las personas que viven en un país están bajo la jurisdicción de las autoridades de ese país y sometidas a sus leyes nacionales”, justificó.
Y enfatizó que “son las autoridades de cada Estado las responsables de aplicar la justicia frente a los crímenes y abusos cometidos por personas bajo su jurisdicción”.
Esta es la segunda vez en este año que el Vaticano se somete al escrutinio de un órgano de derechos humanos de la ONU. En enero pasado lo hizo ante el Comité de los Derechos del Niño, instancia que lo amonestó por encubrir a sus sacerdotes pederastas.
Ahora Tomasi presentó un alegato jurídico en el que separó a la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano, señalando que solamente aquélla es la que está relacionada con la comunidad internacional:
“La Santa Sede, como miembro de la comunidad internacional, está relacionada, pero es una entidad separada y distinta del territorio de la Ciudad del Vaticano, sobre la cual ejerce soberanía”.
También argumentó que la Santa Sede ha cumplido de “buena fe” con las obligaciones asumidas en la Convención contra la Tortura, integrando estos valores y principios en la legislación de la Ciudad del Vaticano.
Pero esta argumentación fue rechazada por la relatora del Comité contra la Tortura, Felice Gaer, quien señaló que no debe ponerse al Vaticano como si “fuese una subdivisión” de la Santa Sede,
Y agregó:
“Esto sugiere que el Vaticano cree que la Convención se aplica sólo a sus cuatro esquinas y a los que están dentro”.
Luego objetó la pretensión del Vaticano de excluir a sus funcionarios en el exterior de la responsabilidad que les atañe en la aplicación de los tratados internacionales.
Dijo Gaer:
“Esto no es conforme a nuestra práctica. La Convención contra la Tortura debe aplicarse a todos lo funcionarios de un Estado, incluso a los que están en el extranjero, donde sea que se encuentren”.
Gaer, basándose en recientes comentarios de Tomasi a la prensa según los cuales desde 2004 más de 700 sacerdotes han sido separados de su cargo por abusos sexuales, preguntó al representante del Vaticano:
“¿Nos puede brindar información de las acusaciones sobre los miembros del clero que están siendo investigados por la Congregación para la Doctrina de la Fe y si han sido apartados de su función como medida de prevención?”.
Y lanzó esta otra pregunta:
“¿Están suspendidos de sus funciones para evitar que sigan cometiendo abusos o que intimiden a las víctimas?”.
Tomasi indicó que los casos de pederastia sacerdotal van en declive, aunque la Iglesia católica aún no termina de hacer “su limpieza dentro de la casa… hay resultados positivos y continuaremos en esa dirección”, ofreció.
Sin embargo, a las preguntas precisas de Gaer, deberá Tomasi responder este martes 6, cuando se realice la segunda parte de la comparecencia del Vaticano ante el Comité contra la Tortura de ONU.
Por lo pronto, hay un caso reciente que pone en entredicho las declaraciones del Vaticano, en el sentido de que debe ser cada Estado el que castigue a los curas pederastas; es el caso de su nuncio apostólico en República Dominicana, Josef Wesolowski.
En septiembre del año pasado, las autoridades dominicanas descubrieron que el nuncio no sólo abusaba sexualmente de menores de edad, sino además estaba involucrado en una red de trata y de pornografía infantil, pues le descubrieron 87 mil fotografías y decenas de videos de niños desnudos teniendo relaciones sexuales con adultos.
Con tal de que no fuera juzgado por las autoridades civiles de la isla, el Vaticano sacó a su nuncio de República Dominicana de manera subrepticia y con una falsa identidad.
Silvano Tomasi, representante permanente del Vaticano ante la ONU, señaló lo anterior durante una comparecencia que sostuvo en Ginebra, Suiza, ante ese comité. Y agregó:
“La Santa Sede desea reiterar que las personas que viven en un país están bajo la jurisdicción de las autoridades de ese país y sometidas a sus leyes nacionales”, justificó.
Y enfatizó que “son las autoridades de cada Estado las responsables de aplicar la justicia frente a los crímenes y abusos cometidos por personas bajo su jurisdicción”.
Esta es la segunda vez en este año que el Vaticano se somete al escrutinio de un órgano de derechos humanos de la ONU. En enero pasado lo hizo ante el Comité de los Derechos del Niño, instancia que lo amonestó por encubrir a sus sacerdotes pederastas.
Ahora Tomasi presentó un alegato jurídico en el que separó a la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano, señalando que solamente aquélla es la que está relacionada con la comunidad internacional:
“La Santa Sede, como miembro de la comunidad internacional, está relacionada, pero es una entidad separada y distinta del territorio de la Ciudad del Vaticano, sobre la cual ejerce soberanía”.
También argumentó que la Santa Sede ha cumplido de “buena fe” con las obligaciones asumidas en la Convención contra la Tortura, integrando estos valores y principios en la legislación de la Ciudad del Vaticano.
Pero esta argumentación fue rechazada por la relatora del Comité contra la Tortura, Felice Gaer, quien señaló que no debe ponerse al Vaticano como si “fuese una subdivisión” de la Santa Sede,
Y agregó:
“Esto sugiere que el Vaticano cree que la Convención se aplica sólo a sus cuatro esquinas y a los que están dentro”.
Luego objetó la pretensión del Vaticano de excluir a sus funcionarios en el exterior de la responsabilidad que les atañe en la aplicación de los tratados internacionales.
Dijo Gaer:
“Esto no es conforme a nuestra práctica. La Convención contra la Tortura debe aplicarse a todos lo funcionarios de un Estado, incluso a los que están en el extranjero, donde sea que se encuentren”.
Gaer, basándose en recientes comentarios de Tomasi a la prensa según los cuales desde 2004 más de 700 sacerdotes han sido separados de su cargo por abusos sexuales, preguntó al representante del Vaticano:
“¿Nos puede brindar información de las acusaciones sobre los miembros del clero que están siendo investigados por la Congregación para la Doctrina de la Fe y si han sido apartados de su función como medida de prevención?”.
Y lanzó esta otra pregunta:
“¿Están suspendidos de sus funciones para evitar que sigan cometiendo abusos o que intimiden a las víctimas?”.
Tomasi indicó que los casos de pederastia sacerdotal van en declive, aunque la Iglesia católica aún no termina de hacer “su limpieza dentro de la casa… hay resultados positivos y continuaremos en esa dirección”, ofreció.
Sin embargo, a las preguntas precisas de Gaer, deberá Tomasi responder este martes 6, cuando se realice la segunda parte de la comparecencia del Vaticano ante el Comité contra la Tortura de ONU.
Por lo pronto, hay un caso reciente que pone en entredicho las declaraciones del Vaticano, en el sentido de que debe ser cada Estado el que castigue a los curas pederastas; es el caso de su nuncio apostólico en República Dominicana, Josef Wesolowski.
En septiembre del año pasado, las autoridades dominicanas descubrieron que el nuncio no sólo abusaba sexualmente de menores de edad, sino además estaba involucrado en una red de trata y de pornografía infantil, pues le descubrieron 87 mil fotografías y decenas de videos de niños desnudos teniendo relaciones sexuales con adultos.
Con tal de que no fuera juzgado por las autoridades civiles de la isla, el Vaticano sacó a su nuncio de República Dominicana de manera subrepticia y con una falsa identidad.
Fuente: Proceso.
