Los últimos dos años, como hace décadas no se veía en el país, las policías han desplegado estrategias represoras, particularmente en contra de la protesta social, lo que ha azuzado aún más a los ciudadanos indignados. Los jóvenes preparatorianos, universitarios y normalistas han sido el blanco central de la violencia provocada justo por quienes, en teoría, deberían proteger a la sociedad de la inseguridad y los abusos del poder, pues son los ciudadanos quienes pagan sus salarios y las de sus jefes, que son finalmente los que ordenan desplegar esos operativos que, siempre terminan en caos y criminalizando a los estudiantes. Así se han comportado en los últimos 24 meses, por ejemplo, las policías del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que comanda Miguel Ángel Mancera Espinosa, que cada vez que pueden arremeten contra los jóvenes capitalinos, los golpean, los arrestan y hasta los torturan, violando todos los protocolos en torno a los derechos humanos, lo que le ha ganado ser calificada ya como la más violenta del país. Así también se han comportado policías municipales en distintas ciudades del país, y el ejemplo más dramático de su descomposición se dio el 26 de septiembre pasado, en Iguala, Guerrero, cuando sus jefes y los elementos de seguridad mostraron su cara más corrupta, pero también la más perversa, al asesinar a seis y secuestrar a 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Así también se han comportado los policías federales, en casi todo el país, en particular en aquellas entidades donde la inseguridad y la violencia han provocado ingobernabilidad, como es el caso de Michoacán y Guerrero. Apenas ayer, a 12 días de que se cumplan tres meses del asesinato y secuestro de los normalistas en Iguala, nuevamente estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos denunciaron que el domingo pasado las fuerzas de seguridad federales reaccionaron igual que como lo hicieron los municipales, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado. La madrugada del domingo, se registró un enfrentamiento entre normalistas y policías federales que, además y según testigos, estaban en estado de ebriedad. Esos elementos dependen de la Procuraduría General de la República (PGR), al mando de Jesús Murillo Karam, y resulta incomprensible, luego de los enormes problemas que esa dependencia tiene y que han derrumbado su credibilidad frente a los ciudadanos, que sus jefes, comenzando por el propio Procurador, no les pongan freno y continúen avivando la violencia contra los estudiantes en el país. En una conferencia de prensa que ofrecieron en Chilpancingo, el estudiante David García López dijo: “Es algo indignante que apenas, a no más de tres meses de la situación de nuestros compañeros, reaccionan igualmente”, por lo que pidió que la Procuraduría General de la República realice un pronunciamiento público sobre lo sucedido en la madrugada del domingo. Más allá de que la dependencia que encabeza Murillo Karam se pronuncie y reconozca este nuevo error de sus oficiales, lo que urge en el país es que los jefes, comenzando por el Presidente Enrique Peña Nieto, frenen esta tendencia de endurecimiento de todas las policías del país contra la sociedad, especialmente contra los ciudadanos que no están dispuestos a seguir callando en sus casas, escuelas y oficinas, y han salido a las calles de México para exigir soluciones a los grandes problemas del país, pero también para denunciar los permanentes abusos a los que los someten políticos de todos los partidos y funcionarios de todos los gobiernos. Es ya una emergencia nacional que esas policías se profesionalicen y, además, se corten sus ligas en diversas actividades del crimen organizado, pero también urge que sus jefes hagan lo mismo y que las autoridades de más alto rango den el ejemplo, tomen acciones contundentes y comiencen a meter orden. No hacerlo causará aún más violencia, pero también elevará la protesta social a niveles que no se han visto en muchas generaciones, pues el descaro de las policías y su furia contra los jóvenes estudiantes – que son lo mejor de este país y la semilla para tener un futuro más digno– es otro empujón al despeñadero. Y, además, con la complacencia de sus jefes que parecen no entender ni comprender el tamaño de la crisis social que han provocado y que siguen espoleando.
Fuente: http://www.sinembargo.mx/opinion/15-12-2014/30013
