Por: Adela Navarro Bello.
La quema de boletas y otro material electoral en Oaxaca como parte de un movimiento de resistencia de maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no es, desafortunadamente para la tranquilidad del país, un hecho aislado, circunstancial o mucho menos fortuito.
La inseguridad y la violencia han traspasado las colindancias –bastante amplias por cierto- del crimen organizado y el narcotráfico, para trasladarse a otros sectores de la sociedad hartos –justificadamente o no- de la impunidad generalizada que se vive y se respira en México.
Así, la quema del material electoral que amenaza la realización de las elecciones en Oaxaca a propósito de maestros levantados porque una reforma no les es favorable, se suma a la inconformidad que hay, por ejemplo, en el Valle de San Quintín en Baja California donde jornaleros se manifiestan inconformes por las condiciones laborales muy cercanas a la explotación y la esclavitud en las que han de vivir.
También a las manifestaciones de maestros en Guerrero y Chiapas, que unidos a la Coordinadora están poniendo en riesgo la elección del 7 de junio de 2015. El Instituto Nacional ha confirmado la toma de sus instalaciones y la destrucción de su material en Oaxaca y el buen fin de la elección no se ve.
A este caos de inseguridad y riesgo para la democracia se suman otros hechos igual de terribles para la sociedad mexicana. Los del crimen organizado. En por lo menos cuatro estados, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, la celebración de las elecciones se ha visto afectada por las demostraciones de violencia por parte de cárteles del narcotráfico y bandas del crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha impuesto a base de sangre y plomo, aterrorizando a la población y enfrentándose sangrientamente contra autoridad y enemigos criminales.
La realidad en las incendiadas calles mexicanas, que hablan del México en llamas que niega Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, es que no hay condiciones de seguridad para el ejercicio de la democracia.
El origen de los conflictos también es claro: la impunidad.
La impunidad que gozan los cárteles -para crecer, comprar armas, introducirlas al país, lavar dinero a pesar de obtusas legislaciones o vender su droga y lucrar con cuanto ilícito se les ocurre cometer- misma que ha sido provista por la corrupción histórica en las corporaciones policíacas que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto no han pasado por etapas de limpia y depuración.
La impunidad que gozan los maestros al tomar calles, interrumpir la instrucción académica de los niños mexicanos, violentar oficinas y papelería oficial, sin ser aprehendidos por ello. Sin ser apercibidos o sancionados por afectar a terceros.
El gobierno de la República está rebasado por la inseguridad. La del narco y la propiciada por la inconformidad de varios sectores de la sociedad mexicana.
La imagen de incendios en Oaxaca y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional partiendo en retirada ante el reclamo de maestros inconformes, es la prueba más irrefutable de un País que en estos momentos arde.
Imponer condiciones a un Gobierno a partir de la violencia en calles, sea por parte de sectores sociales o de bandas criminales, exhibe un nivel de ingobernabilidad preocupante. Un estado fallido que solo puede ser producto del ejercicio del poder para beneficio propio y no de gobernabilidad para el desarrollo de todos.
La ingobernabilidad que tiende a extenderse de zonas determinadas a mayores regiones del mapa nacional, exhibe un gobierno paralizado, testigo de balaceras, incendios y manifestaciones, que no impone el Estado de Derecho para garantizar no solo la seguridad de todos, sino el desarrollo de la democracia.
Enrique Peña Nieto llega a su tercer año de Gobierno con más focos rojos que un cabaret, con la misma gente que abiertamente expresó que no lo quería en Los Pinos y con un evidente nivel de desprestigio sobre la institución que es la Presidencia de la República.
Sucumbió la Presidencia a los maestros inconformes y suspendió de manera indefinida la realización de evaluaciones a los maestros. Dio el nivel educativo en prenda y las manifestaciones no cejaron. Por el contrario y al ver que la presión social hace recular al Gobierno de la República, los maestros se crecieron y ya se suman educadores de otros estados.
La escueta información de la Secretaría de Educación Pública que encabeza aún Emilio Chuayfet Chemor, ha sentado una errática base de negociación para otros sectores: si te inconformas, si dejas de producir, si tomas las calles y violentas las elecciones, el Gobierno cederá.
No hubo más explicación, ni justificación por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto para tomar la decisión de ceder a las presiones de los maestros que un párrafo lapidario de la calidad académica en México: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.
Así de escueto, así de rápido, la educación de los niños mexicanos –que son el futuro de esta sociedad- se negoció con los maestros inconformes que ahora van más allá. Sabiéndose escuchados, piden definitivamente la derogación de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, la seguridad laboral de los maestros, la defensa de las normales, aumento de salario, más prestaciones sociales, y de paso, la aparición con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Haber dejado crecer las estructuras criminales en el Gobierno de Enrique Peña Nieto a partir del discurso de un México en Paz, de negar la violencia, y pocas o nulas acciones de inteligencia, persecución policíaca y procuración de justicia, han llevado a los mexicanos a ser testigos de cárteles violentos, omnipresentes, presuntuosos y crecidos que ejercen impunemente su criminal poder territorial hasta llevar al éxodo a los mexicanos de bien.
Así como ahora la ausencia de una negociación política-gubernamental con los maestros inconformes, han llevado a estos a gozar de la impunidad ante un gobierno que recula en sus leyes, negocia con la educación y teme imponer el estado de derecho.
Por todos estos ejemplos que se materializan en nuestro presente, el despeñadero que vaticinaron escritores, analistas, periodistas, intelectuales y políticos de oposición cuando el Tribunal Electoral reconoció el triunfo de Enrique Peña Nieto como Presidente de México es cada vez más, una realidad. Lamentablemente.
La quema de boletas y otro material electoral en Oaxaca como parte de un movimiento de resistencia de maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no es, desafortunadamente para la tranquilidad del país, un hecho aislado, circunstancial o mucho menos fortuito.
La inseguridad y la violencia han traspasado las colindancias –bastante amplias por cierto- del crimen organizado y el narcotráfico, para trasladarse a otros sectores de la sociedad hartos –justificadamente o no- de la impunidad generalizada que se vive y se respira en México.
Así, la quema del material electoral que amenaza la realización de las elecciones en Oaxaca a propósito de maestros levantados porque una reforma no les es favorable, se suma a la inconformidad que hay, por ejemplo, en el Valle de San Quintín en Baja California donde jornaleros se manifiestan inconformes por las condiciones laborales muy cercanas a la explotación y la esclavitud en las que han de vivir.
También a las manifestaciones de maestros en Guerrero y Chiapas, que unidos a la Coordinadora están poniendo en riesgo la elección del 7 de junio de 2015. El Instituto Nacional ha confirmado la toma de sus instalaciones y la destrucción de su material en Oaxaca y el buen fin de la elección no se ve.
A este caos de inseguridad y riesgo para la democracia se suman otros hechos igual de terribles para la sociedad mexicana. Los del crimen organizado. En por lo menos cuatro estados, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, la celebración de las elecciones se ha visto afectada por las demostraciones de violencia por parte de cárteles del narcotráfico y bandas del crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha impuesto a base de sangre y plomo, aterrorizando a la población y enfrentándose sangrientamente contra autoridad y enemigos criminales.
La realidad en las incendiadas calles mexicanas, que hablan del México en llamas que niega Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, es que no hay condiciones de seguridad para el ejercicio de la democracia.
El origen de los conflictos también es claro: la impunidad.
La impunidad que gozan los cárteles -para crecer, comprar armas, introducirlas al país, lavar dinero a pesar de obtusas legislaciones o vender su droga y lucrar con cuanto ilícito se les ocurre cometer- misma que ha sido provista por la corrupción histórica en las corporaciones policíacas que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto no han pasado por etapas de limpia y depuración.
La impunidad que gozan los maestros al tomar calles, interrumpir la instrucción académica de los niños mexicanos, violentar oficinas y papelería oficial, sin ser aprehendidos por ello. Sin ser apercibidos o sancionados por afectar a terceros.
El gobierno de la República está rebasado por la inseguridad. La del narco y la propiciada por la inconformidad de varios sectores de la sociedad mexicana.
La imagen de incendios en Oaxaca y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional partiendo en retirada ante el reclamo de maestros inconformes, es la prueba más irrefutable de un País que en estos momentos arde.
Imponer condiciones a un Gobierno a partir de la violencia en calles, sea por parte de sectores sociales o de bandas criminales, exhibe un nivel de ingobernabilidad preocupante. Un estado fallido que solo puede ser producto del ejercicio del poder para beneficio propio y no de gobernabilidad para el desarrollo de todos.
La ingobernabilidad que tiende a extenderse de zonas determinadas a mayores regiones del mapa nacional, exhibe un gobierno paralizado, testigo de balaceras, incendios y manifestaciones, que no impone el Estado de Derecho para garantizar no solo la seguridad de todos, sino el desarrollo de la democracia.
Enrique Peña Nieto llega a su tercer año de Gobierno con más focos rojos que un cabaret, con la misma gente que abiertamente expresó que no lo quería en Los Pinos y con un evidente nivel de desprestigio sobre la institución que es la Presidencia de la República.
Sucumbió la Presidencia a los maestros inconformes y suspendió de manera indefinida la realización de evaluaciones a los maestros. Dio el nivel educativo en prenda y las manifestaciones no cejaron. Por el contrario y al ver que la presión social hace recular al Gobierno de la República, los maestros se crecieron y ya se suman educadores de otros estados.
La escueta información de la Secretaría de Educación Pública que encabeza aún Emilio Chuayfet Chemor, ha sentado una errática base de negociación para otros sectores: si te inconformas, si dejas de producir, si tomas las calles y violentas las elecciones, el Gobierno cederá.
No hubo más explicación, ni justificación por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto para tomar la decisión de ceder a las presiones de los maestros que un párrafo lapidario de la calidad académica en México: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.
Así de escueto, así de rápido, la educación de los niños mexicanos –que son el futuro de esta sociedad- se negoció con los maestros inconformes que ahora van más allá. Sabiéndose escuchados, piden definitivamente la derogación de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, la seguridad laboral de los maestros, la defensa de las normales, aumento de salario, más prestaciones sociales, y de paso, la aparición con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Haber dejado crecer las estructuras criminales en el Gobierno de Enrique Peña Nieto a partir del discurso de un México en Paz, de negar la violencia, y pocas o nulas acciones de inteligencia, persecución policíaca y procuración de justicia, han llevado a los mexicanos a ser testigos de cárteles violentos, omnipresentes, presuntuosos y crecidos que ejercen impunemente su criminal poder territorial hasta llevar al éxodo a los mexicanos de bien.
Así como ahora la ausencia de una negociación política-gubernamental con los maestros inconformes, han llevado a estos a gozar de la impunidad ante un gobierno que recula en sus leyes, negocia con la educación y teme imponer el estado de derecho.
Por todos estos ejemplos que se materializan en nuestro presente, el despeñadero que vaticinaron escritores, analistas, periodistas, intelectuales y políticos de oposición cuando el Tribunal Electoral reconoció el triunfo de Enrique Peña Nieto como Presidente de México es cada vez más, una realidad. Lamentablemente.
Fuente: http://www.sinembargo.mx/opinion/03-06-2015/35413
