La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre del año pasado no fue un suceso aislado en la historia reciente de México. Existen cuatro casos de asesinatos masivos y ejecuciones extrajudiciales en los que, a la violencia del crimen organizado se suma la complicidad directa o indirecta de autoridades políticas, policiales o militares. Ninguno de ellos ha sido aún resuelto judicialmente, planteó un artículo publicado en el diario digital español esglobal.org.
El diario, que es editado por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), expone en el artículo “México: las matanzas continúan, la impunidad reina”, publicado por el periodista Lino González Veiguela, una radiografía de casos como la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; la irrupción de un comando al pueblo de Allende, Coahuila, en 2011; las 22 personas ejecutadas en Tlatlaya, Estado de México, en junio del año pasado y la matanza de Apatzingán, Michoacán, en enero de este año.
LA MASACRE DE 72 MIGRANTES EN SAN FERNANDO
El 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cadáveres de 72 migrantes procedentes de diversos países de Centro y Sudamérica.
La masacre fue conocida gracias a la denuncia de un migrante ecuatoriano que logró huir, a pesar de que le dispararon, y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres.
“Las autoridades mexicanas atribuyeron la matanzas a miembros del cártel de Los Zetas, fundado por ex militares mexicanos –entre sus efectivos se cuentan también ex militares kaibiles guatemaltecos– que comenzaron a mostrar su brutalidad como brazo armado del Cártel del Golfo antes de independizarse como organización criminal”, refiere el texto.
Meses después, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando sería escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban cerca de 200 cuerpos. Los cadáveres –tanto de mexicanos como de migrantes centro y sudamericanos– pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a los Estados Unidos.
La versión oficial: los culpables habían sido de nuevo Los Zetas. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel.
Desde 2010, destaca la publicación, organizaciones como Amnistía Internacional pidieron en reiteradas ocasiones que se hicieran públicos los documentos de la investigación, incluidos los expedientes abiertos contra esos policías detenidos. La Fiscalía se negó aduciendo que esa documentación era secreta, y que lo sería durante 12 años.
A finales de 2013, narra el periodista González Veiguela, la organización National Security Archive (NSA) consiguió que el Gobierno estadounidense desclasificara cables diplomáticos enviados por algunos de sus funcionarios desde México.
“En ellos, y con base en las fuentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), se apuntaban nuevos posibles datos sobre la situación de Tamaulipas. Desde las maniobras de las autoridades mexicanas para reducir en las versiones oficiales del número de muertos encontrados, hasta la posible implicación directa de la policía municipal, que habrían detenido a los autobuses con los migrantes y que luego entregaron a los grupos del crimen organizado”, detalló esglobal.org.
El pasado 20 de mayo, durante el Foro Nacional sobre Migrantes Centroamericanos en Desaparición Forzada realizado en la Ciudad de México y del cual SinEmbargo documentó en una nota, diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusaron al Estado mexicano de ser “omiso” para atender el problema de las desapariciones de migrantes.
A pesar de que el Gobierno federal no cuenta con registros oficiales sobre las desapariciones, algunas organizaciones aportan algunos datos, como es el caso del Servicio Jesuita a Migrantes, que de 2007 a 2014 ha registrado 361 casos de migrantes desaparecidos en México, siendo la mayoría de ellos connacionales (113 casos) y hondureños (99 casos). Sólo 77 han sido localizados.
Otra cifra para dimensionar el problema es la de 21 mil 91 migrantes que fueron secuestrados en dos semestres, de los que dan cuenta los informes especiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre secuestro de migrantes publicados en 2009 y 2011.
IRRUPCIÓN DE UN COMANDO AL PUEBLO DE ALLENDE
Otro caso que documenta el diario es el de la irrupción de un comando en el pueblo de Allende en el estado de Coahuila. El viernes 18 de marzo de 2011, entre 40 y 50 camionetas estilo pickup cargadas de hombres armados, entraron al poblado.
“Comenzaba en ese momento uno de los capítulos más terribles y significativos de la impunidad con la que los grupos criminales pueden actuar en México. La historia no se conocería hasta comienzos de 2014, ocultada por autoridades de todos los niveles”, destacó la publicación.
Durante varios días un grupo de hombres armados pertenecientes a Los Zetas, entraron a diversas casas del poblado y secuestraron a decenas de personas, también se llevaron los bienes de más valor que encontraron, dejando el resto a merced de los saqueadores locales, incluidos los policías municipales.
“Los saqueos y secuestros continuaron durante varios días sin que las autoridades locales, estatales ni federales hiciesen nada para impedirlo, a pesar de que algunas de ellas habrían tenido conocimiento de los hechos”, refiere el medio. Desaparecieron entre 200 y 300 personas, muchas de ellas familiares de dos ex miembros de Los Zetas que, según los testigos, habían traicionado al grupo criminal, pasándose al otro lado para colaborar con la DEA.
Pasaron casi tres años en los que no se habló del caso, aunque rumores llegaron hasta las redacciones de algunos periódicos locales. “Las autoridades que no actuaron durante la masacre, tampoco cumplieron con su obligación de investigar”, expuso González.
No sería hasta enero de 2014 que se descubriría una fosa clandestina en las inmediaciones con los restos de unas 300 personas. El hallazgo forzó el inicio de una investigación que, hasta la fecha, no ha conseguido remediar la impunidad, ni aclarar si todos los desaparecidos fueron asesinados.
En febrero de este 2015, familiares de víctimas de desaparición forzada en Coahuila viajaron a la Ciudad de México para denunciar sus casos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH ante la total inactividad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En rueda de prensa, Ana María Sandoval Carrizales, de 51 años, narró que a su hijo menor lo desaparecieron en Allende, pero no sólo integrantes de la agrupación criminal conocida como Los Zetas. Los delincuentes del pueblo, de acuerdo con el relato de la mujer, el cual publicó SinEmbargo, contaron con la ayuda de elementos de la Policía Municipal que les abrieron la puerta de la celda en la que estaba su hijo Willivaldo Martín Sandoval –de 24 años y detenido por beber en la vía pública– y los dejaron golpearlo, sacarlo de la Comandancia y llevárselo para que trabajara como “halcón” del crimen organizado.
LOS 22 EJECUTADOS EN TLATLAYA
El pasado 30 de junio de 2014, en el pueblo de San Pedro Limón, Estado de México, efectivos militares se vieron obligados a repeler un ataque de miembros del crimen organizado. Tras un prolongado intercambio de disparos, las víctimas mortales ascendieron a 22, 21 hombres y una menor de edad, todos delincuentes, de acuerdo con la versión oficial.
La primera versión de las autoridades señaló que dos soldados resultaron heridos. Ningún delincuente haría quedado con vida. En la operación se decomisaron 38 armas cortas y largas y una granada de fragmentación. También se liberó a tres mujeres secuestradas.
Sin embargo, ocho días después de que se produjesen los hechos, la agencia de noticias Associated Press (AP) publicó una nota en la que afirmó que la versión oficial no se sostenía, contradecía tanto por las evidencias como por los testigos de los hechos.
En la nave industrial en la que se había producido el enfrentamiento entre militares y criminales, no había signos de ese largo intercambio de disparos. Sólo indicios –confirmados por algunos testigos– de que se podría haber tratado de un fusilamiento extrajudicial, al menos en el caso de algunos de los fallecidos. En septiembre del año pasado, la edición mexicana de la revista Esquire, publicaba un reportaje, firmado por el periodista español Pablo Ferri, con un testimonio que contradecían igualmente la versión oficial: “19 de las 22 muertes habrían sido ejecuciones extrajudiciales a sangre fría, incluida la chica de 14 años, herida en un pierna durante el tiroteo y posteriormente rematada por un soldado a sangre fría”.
“A pesar de este testimonio y de las evidencias de fusilamientos en una de las paredes de la nave reportadas por la agencia AP, las autoridades contactadas por el periodista que se prestaron a comentar el caso –que no fueron todas– afirmaron que en la investigación en curso no se habían encontrado evidencias que desmintieran la primera versión oficial”, señaló el artículo.
Las informaciones publicadas desde entonces señalan que los supuestos responsables de las ejecuciones habrían sido tres militares pertenecientes al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, estacionados en San Miguel Ixtapan, Estado de México. No era la primera vez que los militares de esa zona eran acusados de cometer delitos, puntualizó esglobal.org.
El pasado 14 de mayo, SinEmbargo retomó una nota publicada en el diario estadounidense Los Angeles Times, en la que revelaba que un grupo de derechos humanos que trabajan para el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) realizó un informe en el que indicó que “el macabro descubrimiento de más cadáveres y restos humanos en las montañas de Guerrero, así como las ejecuciones extrajudiciales, como la de Tlatlaya, plantean preguntas alarmantes sobre el carácter generalizado de la violencia de los cárteles de la región y el nivel de la complicidad del Gobierno”.
El informe de Northcom señaló que tras los hechos ocurridos en junio del año pasado en Tlatlaya, el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos suspendió la ayuda militar (que ellos llaman “asistencia para la cooperación en seguridad”) para todo una zona militar y los 10 mil soldados que en ella laboran, en espera de los resultados de las investigaciones.
Tres de los detenidos por estos hechos -un sargento y dos soldados- ya han sido acusados. El informe Northcom se refierió a estas muertes como “ejecuciones extrajudiciales”, y agregó que “a medida que más hechos salgan a la luz, hay una mayor aceptación de que el Ejército estaba involucrado en actos ilícitos”.
LA MATANZA DE APATZINGÁN
El artículo publicado por esglobal.org también da cuenta de la matanza ocurrida la madrugada del 6 de enero en el municipio de Apatzingán, Michoacán,
De acuerdo con uno de los testigos, efectivos de la Policía Federal habrían abierto fuego sin motivo contra los manifestantes que pasaban esa noche ocupando el Palacio Municipal de la ciudad. Protestaban contra la disolución de uno de los grupos de autodefensas que habían sido legalizados meses antes para patrullar por las áreas rurales de los alrededores con la misión de perseguir a los miembros del cártel de Los Caballeros Templarios.
La versión oficial: no se había producido ningún muerto en el operativo policial por balas procedentes de armas federales. Sólo se habría registrado un atropello y ocho muertos horas más tarde, poco antes de las ocho de la mañana, cuando los federales trasladaban fuera de la ciudad a las decenas de detenidos. El convoy que trasladaba a los detenidos habría sido asaltado por civiles armados que querían liberar a los detenidos. Los muertos se habrían producido por las balas de las armas que portaban esos asaltantes.
Como parte de esa versión, se señaló además que entre los ocupantes del Palacio Municipal se encontraban miembros del grupo de Los Viagra.
Sin embargo, señala la publicación, el pasado 19 de abril, la periodista Laura Castellanos publicó un artículo divulgado en diversos medios en el que resumía las versiones de los hechos que había obtenido tras 39 entrevistas realizadas sobre el terreno.
“También consiguió documentos, fotos e imágenes de cámaras de grabación que parecían probar que, además de haber causado al menos varias de las muertes, los federales habían recurrido a diversos medios para ocultar las pruebas de lo que había ocurrido: desde mover cadáveres hasta, supuestamente, dejar armas largas junto a los cuerpos de los asesinados”, destacó el artículo.
Los cuatro casos retomados por esglobal.org tienen un común denominador: la complicidad de las autoridades mexicanas en los asesinatos.
Durante estos días México ha sido portada en la prensa del extranjero, sobre todo en aquellos titulares donde predominaron las palabras: inseguridad, corrupción, violencia, fracaso y economía.
Hechos como la desaparición de los 73 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, Tlatlaya, Apatzingán, San Fernando, Allende y recientemente el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han puesto al país en los ojos del mundo y no precisamente por las mejores razones.
El diario, que es editado por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), expone en el artículo “México: las matanzas continúan, la impunidad reina”, publicado por el periodista Lino González Veiguela, una radiografía de casos como la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; la irrupción de un comando al pueblo de Allende, Coahuila, en 2011; las 22 personas ejecutadas en Tlatlaya, Estado de México, en junio del año pasado y la matanza de Apatzingán, Michoacán, en enero de este año.
LA MASACRE DE 72 MIGRANTES EN SAN FERNANDO
El 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cadáveres de 72 migrantes procedentes de diversos países de Centro y Sudamérica.
La masacre fue conocida gracias a la denuncia de un migrante ecuatoriano que logró huir, a pesar de que le dispararon, y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres.
“Las autoridades mexicanas atribuyeron la matanzas a miembros del cártel de Los Zetas, fundado por ex militares mexicanos –entre sus efectivos se cuentan también ex militares kaibiles guatemaltecos– que comenzaron a mostrar su brutalidad como brazo armado del Cártel del Golfo antes de independizarse como organización criminal”, refiere el texto.
Meses después, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando sería escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban cerca de 200 cuerpos. Los cadáveres –tanto de mexicanos como de migrantes centro y sudamericanos– pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a los Estados Unidos.
La versión oficial: los culpables habían sido de nuevo Los Zetas. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel.
Desde 2010, destaca la publicación, organizaciones como Amnistía Internacional pidieron en reiteradas ocasiones que se hicieran públicos los documentos de la investigación, incluidos los expedientes abiertos contra esos policías detenidos. La Fiscalía se negó aduciendo que esa documentación era secreta, y que lo sería durante 12 años.
A finales de 2013, narra el periodista González Veiguela, la organización National Security Archive (NSA) consiguió que el Gobierno estadounidense desclasificara cables diplomáticos enviados por algunos de sus funcionarios desde México.
“En ellos, y con base en las fuentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), se apuntaban nuevos posibles datos sobre la situación de Tamaulipas. Desde las maniobras de las autoridades mexicanas para reducir en las versiones oficiales del número de muertos encontrados, hasta la posible implicación directa de la policía municipal, que habrían detenido a los autobuses con los migrantes y que luego entregaron a los grupos del crimen organizado”, detalló esglobal.org.
El pasado 20 de mayo, durante el Foro Nacional sobre Migrantes Centroamericanos en Desaparición Forzada realizado en la Ciudad de México y del cual SinEmbargo documentó en una nota, diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusaron al Estado mexicano de ser “omiso” para atender el problema de las desapariciones de migrantes.
A pesar de que el Gobierno federal no cuenta con registros oficiales sobre las desapariciones, algunas organizaciones aportan algunos datos, como es el caso del Servicio Jesuita a Migrantes, que de 2007 a 2014 ha registrado 361 casos de migrantes desaparecidos en México, siendo la mayoría de ellos connacionales (113 casos) y hondureños (99 casos). Sólo 77 han sido localizados.
Otra cifra para dimensionar el problema es la de 21 mil 91 migrantes que fueron secuestrados en dos semestres, de los que dan cuenta los informes especiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre secuestro de migrantes publicados en 2009 y 2011.
IRRUPCIÓN DE UN COMANDO AL PUEBLO DE ALLENDE
Otro caso que documenta el diario es el de la irrupción de un comando en el pueblo de Allende en el estado de Coahuila. El viernes 18 de marzo de 2011, entre 40 y 50 camionetas estilo pickup cargadas de hombres armados, entraron al poblado.
“Comenzaba en ese momento uno de los capítulos más terribles y significativos de la impunidad con la que los grupos criminales pueden actuar en México. La historia no se conocería hasta comienzos de 2014, ocultada por autoridades de todos los niveles”, destacó la publicación.
Durante varios días un grupo de hombres armados pertenecientes a Los Zetas, entraron a diversas casas del poblado y secuestraron a decenas de personas, también se llevaron los bienes de más valor que encontraron, dejando el resto a merced de los saqueadores locales, incluidos los policías municipales.
“Los saqueos y secuestros continuaron durante varios días sin que las autoridades locales, estatales ni federales hiciesen nada para impedirlo, a pesar de que algunas de ellas habrían tenido conocimiento de los hechos”, refiere el medio. Desaparecieron entre 200 y 300 personas, muchas de ellas familiares de dos ex miembros de Los Zetas que, según los testigos, habían traicionado al grupo criminal, pasándose al otro lado para colaborar con la DEA.
Pasaron casi tres años en los que no se habló del caso, aunque rumores llegaron hasta las redacciones de algunos periódicos locales. “Las autoridades que no actuaron durante la masacre, tampoco cumplieron con su obligación de investigar”, expuso González.
No sería hasta enero de 2014 que se descubriría una fosa clandestina en las inmediaciones con los restos de unas 300 personas. El hallazgo forzó el inicio de una investigación que, hasta la fecha, no ha conseguido remediar la impunidad, ni aclarar si todos los desaparecidos fueron asesinados.
En febrero de este 2015, familiares de víctimas de desaparición forzada en Coahuila viajaron a la Ciudad de México para denunciar sus casos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH ante la total inactividad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En rueda de prensa, Ana María Sandoval Carrizales, de 51 años, narró que a su hijo menor lo desaparecieron en Allende, pero no sólo integrantes de la agrupación criminal conocida como Los Zetas. Los delincuentes del pueblo, de acuerdo con el relato de la mujer, el cual publicó SinEmbargo, contaron con la ayuda de elementos de la Policía Municipal que les abrieron la puerta de la celda en la que estaba su hijo Willivaldo Martín Sandoval –de 24 años y detenido por beber en la vía pública– y los dejaron golpearlo, sacarlo de la Comandancia y llevárselo para que trabajara como “halcón” del crimen organizado.
LOS 22 EJECUTADOS EN TLATLAYA
El pasado 30 de junio de 2014, en el pueblo de San Pedro Limón, Estado de México, efectivos militares se vieron obligados a repeler un ataque de miembros del crimen organizado. Tras un prolongado intercambio de disparos, las víctimas mortales ascendieron a 22, 21 hombres y una menor de edad, todos delincuentes, de acuerdo con la versión oficial.
La primera versión de las autoridades señaló que dos soldados resultaron heridos. Ningún delincuente haría quedado con vida. En la operación se decomisaron 38 armas cortas y largas y una granada de fragmentación. También se liberó a tres mujeres secuestradas.
Sin embargo, ocho días después de que se produjesen los hechos, la agencia de noticias Associated Press (AP) publicó una nota en la que afirmó que la versión oficial no se sostenía, contradecía tanto por las evidencias como por los testigos de los hechos.
En la nave industrial en la que se había producido el enfrentamiento entre militares y criminales, no había signos de ese largo intercambio de disparos. Sólo indicios –confirmados por algunos testigos– de que se podría haber tratado de un fusilamiento extrajudicial, al menos en el caso de algunos de los fallecidos. En septiembre del año pasado, la edición mexicana de la revista Esquire, publicaba un reportaje, firmado por el periodista español Pablo Ferri, con un testimonio que contradecían igualmente la versión oficial: “19 de las 22 muertes habrían sido ejecuciones extrajudiciales a sangre fría, incluida la chica de 14 años, herida en un pierna durante el tiroteo y posteriormente rematada por un soldado a sangre fría”.
“A pesar de este testimonio y de las evidencias de fusilamientos en una de las paredes de la nave reportadas por la agencia AP, las autoridades contactadas por el periodista que se prestaron a comentar el caso –que no fueron todas– afirmaron que en la investigación en curso no se habían encontrado evidencias que desmintieran la primera versión oficial”, señaló el artículo.
Las informaciones publicadas desde entonces señalan que los supuestos responsables de las ejecuciones habrían sido tres militares pertenecientes al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, estacionados en San Miguel Ixtapan, Estado de México. No era la primera vez que los militares de esa zona eran acusados de cometer delitos, puntualizó esglobal.org.
El pasado 14 de mayo, SinEmbargo retomó una nota publicada en el diario estadounidense Los Angeles Times, en la que revelaba que un grupo de derechos humanos que trabajan para el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) realizó un informe en el que indicó que “el macabro descubrimiento de más cadáveres y restos humanos en las montañas de Guerrero, así como las ejecuciones extrajudiciales, como la de Tlatlaya, plantean preguntas alarmantes sobre el carácter generalizado de la violencia de los cárteles de la región y el nivel de la complicidad del Gobierno”.
El informe de Northcom señaló que tras los hechos ocurridos en junio del año pasado en Tlatlaya, el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos suspendió la ayuda militar (que ellos llaman “asistencia para la cooperación en seguridad”) para todo una zona militar y los 10 mil soldados que en ella laboran, en espera de los resultados de las investigaciones.
Tres de los detenidos por estos hechos -un sargento y dos soldados- ya han sido acusados. El informe Northcom se refierió a estas muertes como “ejecuciones extrajudiciales”, y agregó que “a medida que más hechos salgan a la luz, hay una mayor aceptación de que el Ejército estaba involucrado en actos ilícitos”.
LA MATANZA DE APATZINGÁN
El artículo publicado por esglobal.org también da cuenta de la matanza ocurrida la madrugada del 6 de enero en el municipio de Apatzingán, Michoacán,
De acuerdo con uno de los testigos, efectivos de la Policía Federal habrían abierto fuego sin motivo contra los manifestantes que pasaban esa noche ocupando el Palacio Municipal de la ciudad. Protestaban contra la disolución de uno de los grupos de autodefensas que habían sido legalizados meses antes para patrullar por las áreas rurales de los alrededores con la misión de perseguir a los miembros del cártel de Los Caballeros Templarios.
La versión oficial: no se había producido ningún muerto en el operativo policial por balas procedentes de armas federales. Sólo se habría registrado un atropello y ocho muertos horas más tarde, poco antes de las ocho de la mañana, cuando los federales trasladaban fuera de la ciudad a las decenas de detenidos. El convoy que trasladaba a los detenidos habría sido asaltado por civiles armados que querían liberar a los detenidos. Los muertos se habrían producido por las balas de las armas que portaban esos asaltantes.
Como parte de esa versión, se señaló además que entre los ocupantes del Palacio Municipal se encontraban miembros del grupo de Los Viagra.
Sin embargo, señala la publicación, el pasado 19 de abril, la periodista Laura Castellanos publicó un artículo divulgado en diversos medios en el que resumía las versiones de los hechos que había obtenido tras 39 entrevistas realizadas sobre el terreno.
“También consiguió documentos, fotos e imágenes de cámaras de grabación que parecían probar que, además de haber causado al menos varias de las muertes, los federales habían recurrido a diversos medios para ocultar las pruebas de lo que había ocurrido: desde mover cadáveres hasta, supuestamente, dejar armas largas junto a los cuerpos de los asesinados”, destacó el artículo.
Los cuatro casos retomados por esglobal.org tienen un común denominador: la complicidad de las autoridades mexicanas en los asesinatos.
Durante estos días México ha sido portada en la prensa del extranjero, sobre todo en aquellos titulares donde predominaron las palabras: inseguridad, corrupción, violencia, fracaso y economía.
Hechos como la desaparición de los 73 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, Tlatlaya, Apatzingán, San Fernando, Allende y recientemente el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han puesto al país en los ojos del mundo y no precisamente por las mejores razones.
De SinEmbargo: http://www.sinembargo.mx/23-05-2015/1353222
