El gobierno de Barack Obama pidió de manera enfática al de Enrique Peña Nieto que autoridades civiles no militares investiguen exhaustivamente el incidente ocurrido en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 junio en el que elementos del Ejército mexicano fusilaron presumiblemente a 21 civiles.
“Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”, planteó Jeff Ratkhe, portavoz del Departamento de Estado.
Luego de que la agencia AP y la revista Esquire Latinoamérica tumbaron la versión oficial al presentar evidencias contundentes sobre una probable ejecución extrajudicial, la administración de Obama se sintió obligada a intervenir indirectamente sobre el asunto.
“Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”, advirtió el vocero del Departamento de Estado.
El gobierno de Obama está legal y técnicamente obligado a que se realice una investigación del caso de Tlatlaya, debido a su papel de proveedor de equipo militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada Iniciativa Mérida.
Por ello Obama está obligado a establecer ante el Congreso federal estadunidense que toda asistencia que proporciona al gobierno mexicano para combatir al crimen organizado no se involucra en actos de violación a los derechos humanos, sobre todo los cometidos por el Ejército o la Marina mexicanos.
“Desde junio venimos siguiendo este caso, y hemos alentado al gobierno de México a que lo investigue, pero también tenemos entendido que varias entidades mexicanas lo están haciendo”, subrayó Rathke.
A los pocos días de ocurrida la matanza de Tlatlaya, registrada a un kilómetro del poblado San Pedro Limón, la agencia de noticias estadunidense Associated Press (AP) fue la primera en reportar que, de acuerdo con testimonios de pobladores, los soldados mexicanos no mataron a las 22 personas en un enfrentamiento a tiros.
El despacho de la AP apuntaba a que los soldados mexicanos habían detenido a un grupo de jóvenes y que los metieron a una bodega, donde después fusilaron a los presuntos delincuentes.
Esta semana la revista estadunidense Esquire, en su edición para México y Latinoamérica, abonó sobre el asunto con una entrevista a una joven que sobrevivió a lo acontecido en la bodega de la población de San Pedro Limón.
La joven sobreviviente, a quien Esquire protegió no revelando su identidad, narró que los soldados únicamente mataron a un joven durante el enfrentamiento, pero después los presuntos delincuentes se rindieron.
La sobreviviente destacó que, pese a la rendición de los jóvenes, éstos fueron desarmados y llevados a la bodega, y que incluso, antes, los militares habían ejecutado a una joven menor de edad con disparos en el pecho.
En la bodega, la joven aseguró a la revista estadunidense que los soldados fusilaron sin piedad a 21 jóvenes, y que las muertes no ocurrieron en una refriega, como sostienen el gobierno y Ejército mexicanos.
“Como socios de México estamos comprometidos en la lucha contra el crimen transnacional organizado, y claro que para nosotros está vigente el marco de la Iniciativa Mérida, la cual tiene respaldo bipartidario en el Congreso; es por ello mantenemos un diálogo de alto nivel con México”, remató el portavoz del Departamento de Estado.
HRW, la peor masacre
El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo este viernes 19 de septiembre que si es cierto el testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por el Ejército mexicano en un incidente ocurrido a finales de junio que dejó a 21 muertos más, “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México“.
“Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público en México”, dijo Vivanco a The Associated Press.
La víspera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que investiga las circunstancias del enfrentamiento entre el Ejército y presuntos narcotraficantes en junio pasado, a pesar de que en un principio hizo caso omiso con el argumento de que eso correspondía a las autoridades federales.
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Una vez que el gobierno estadunidense de Barack Obama instara al presidente Enrique Peña Nieto a realizar una investigación civil para esclarecer el fusilamiento de una veintena de presuntos secuestradores a manos de militares, la Sedena y la PGR se dijeron dispuestas a atender el llamado para indagar el hecho.
En comunicados aparte, emitidos casi de forma simultánea, ambas dependencias aseguraron conducirse “con pleno respeto a los derechos de las personas”, así como alcanzar “una indagatoria completa y profunda para llegar a la verdad” de lo ocurrido el lunes 30 de junio en la comunidad de Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reiteró que la muerte de 22 jóvenes se registró luego de que personal militar repelió una agresión armada.
“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos”, acotó la Sedena.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se mantiene abierta una averiguación previa por la muerte de los 22 civiles.
“La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”, detalló la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.
“Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”, asumió la PGR.
“Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”, planteó Jeff Ratkhe, portavoz del Departamento de Estado.
Luego de que la agencia AP y la revista Esquire Latinoamérica tumbaron la versión oficial al presentar evidencias contundentes sobre una probable ejecución extrajudicial, la administración de Obama se sintió obligada a intervenir indirectamente sobre el asunto.
“Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”, advirtió el vocero del Departamento de Estado.
El gobierno de Obama está legal y técnicamente obligado a que se realice una investigación del caso de Tlatlaya, debido a su papel de proveedor de equipo militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada Iniciativa Mérida.
Por ello Obama está obligado a establecer ante el Congreso federal estadunidense que toda asistencia que proporciona al gobierno mexicano para combatir al crimen organizado no se involucra en actos de violación a los derechos humanos, sobre todo los cometidos por el Ejército o la Marina mexicanos.
“Desde junio venimos siguiendo este caso, y hemos alentado al gobierno de México a que lo investigue, pero también tenemos entendido que varias entidades mexicanas lo están haciendo”, subrayó Rathke.
A los pocos días de ocurrida la matanza de Tlatlaya, registrada a un kilómetro del poblado San Pedro Limón, la agencia de noticias estadunidense Associated Press (AP) fue la primera en reportar que, de acuerdo con testimonios de pobladores, los soldados mexicanos no mataron a las 22 personas en un enfrentamiento a tiros.
El despacho de la AP apuntaba a que los soldados mexicanos habían detenido a un grupo de jóvenes y que los metieron a una bodega, donde después fusilaron a los presuntos delincuentes.
Esta semana la revista estadunidense Esquire, en su edición para México y Latinoamérica, abonó sobre el asunto con una entrevista a una joven que sobrevivió a lo acontecido en la bodega de la población de San Pedro Limón.
La joven sobreviviente, a quien Esquire protegió no revelando su identidad, narró que los soldados únicamente mataron a un joven durante el enfrentamiento, pero después los presuntos delincuentes se rindieron.
La sobreviviente destacó que, pese a la rendición de los jóvenes, éstos fueron desarmados y llevados a la bodega, y que incluso, antes, los militares habían ejecutado a una joven menor de edad con disparos en el pecho.
En la bodega, la joven aseguró a la revista estadunidense que los soldados fusilaron sin piedad a 21 jóvenes, y que las muertes no ocurrieron en una refriega, como sostienen el gobierno y Ejército mexicanos.
“Como socios de México estamos comprometidos en la lucha contra el crimen transnacional organizado, y claro que para nosotros está vigente el marco de la Iniciativa Mérida, la cual tiene respaldo bipartidario en el Congreso; es por ello mantenemos un diálogo de alto nivel con México”, remató el portavoz del Departamento de Estado.
HRW, la peor masacre
El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo este viernes 19 de septiembre que si es cierto el testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por el Ejército mexicano en un incidente ocurrido a finales de junio que dejó a 21 muertos más, “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México“.
“Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público en México”, dijo Vivanco a The Associated Press.
La víspera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que investiga las circunstancias del enfrentamiento entre el Ejército y presuntos narcotraficantes en junio pasado, a pesar de que en un principio hizo caso omiso con el argumento de que eso correspondía a las autoridades federales.
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Una vez que el gobierno estadunidense de Barack Obama instara al presidente Enrique Peña Nieto a realizar una investigación civil para esclarecer el fusilamiento de una veintena de presuntos secuestradores a manos de militares, la Sedena y la PGR se dijeron dispuestas a atender el llamado para indagar el hecho.
En comunicados aparte, emitidos casi de forma simultánea, ambas dependencias aseguraron conducirse “con pleno respeto a los derechos de las personas”, así como alcanzar “una indagatoria completa y profunda para llegar a la verdad” de lo ocurrido el lunes 30 de junio en la comunidad de Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reiteró que la muerte de 22 jóvenes se registró luego de que personal militar repelió una agresión armada.
“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos”, acotó la Sedena.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se mantiene abierta una averiguación previa por la muerte de los 22 civiles.
“La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”, detalló la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.
“Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”, asumió la PGR.
