De: Jesús Cantú.
La característica distintiva de la Procuraduría General de la República en este sexenio es la elaboración de investigaciones que inculpen y exculpen de acuerdo con su conveniencia. Esa justamente ha sido la tónica en todas las ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos en casi todos los casos –Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, entre los más relevantes–, y son los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil los que han aportado elementos incontrovertibles que los obligan a revisar su “verdad jurídica”.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa tuvo características peculiares, distintas a los otros tres casos citados, porque lo primero que se conoció fue la agresión contra el autobús en el que viajaba el equipo de futbol Los Avispones; luego, la denuncia de la desaparición de los estudiantes, que se pretendió desacreditar de inmediato porque aparecieron algunos de los presuntamente desaparecidos; y finalmente construyeron la versión que les permitiera liberar de cualquier responsabilidad a la Policía Federal y al Ejército, así como decretar la culpabilidad del alcalde de Iguala y su señora, lo mismo que de las policías municipales de Iguala y Cocula.
Para sustentar dicha versión tuvieron que inventar (como hoy queda ya demostrado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –GIEI– de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que el Ejército y la Policía Federal fueron totalmente ajenos a los hechos, que ni siquiera supieron de los mismos en el momento en que estaban ocurriendo; y, desde luego, lo más inverosímil, que los cuerpos de los 43 normalistas habían sido cremados en una pira en el basurero de Cocula.
Dicha especie era el fundamento para que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara sus 10 medidas contra la inseguridad, en las que incluyó la desaparición de las policías municipales y el establecimiento del mando único estatal; pero también para salvaguardar la imagen de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal y evitar que la desaparición afectara al presidente, al gobierno federal y al mismo PRI que, cobijado por la “verdad histórica”, logró recuperar el gobierno de Guerrero.
En este caso, el escándalo nacional e internacional era tal que el gobierno tuvo que convocar al GIEI, pensando que la PGR había elaborado una versión sustentable e integrado un expediente presentable; pero el GIEI echó por tierra la versión y despedazó la averiguación previa. Dos de los tres principales señalamientos ya habían sido ventilados en los medios de comunicación masiva con elementos muy sólidos: el conocimiento en tiempo real de los acontecimientos por parte del Ejército y la Policía Federal (Proceso 1978, 1989, 1990, 1992, 2015 y 2027); la imposibilidad de que los cuerpos hubiesen sido incinerados en el basurero (Proceso 1985 y 1990); y la existencia de un quinto autobús, que eventualmente transportaba droga y que los estudiantes secuestraron sin saberlo, hecho que despertó la reacción de la delincuencia organizada –el único aspecto que no había sido analizado profundamente.
En el caso Tlatlaya la PGR tuvo que modificar su versión inicial y aceptar que los presuntos delincuentes sí fueron ejecutados; pero todavía hoy se empeñan en exculpar a los mandos superiores, a pesar del devastador informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en relación con que la instrucción de ejecutar a los presuntos delincuentes viene de la cúspide de la cadena de mando, es decir, desde el mismo secretario de la Defensa Nacional. Si hoy una comisión de expertos revisara dicho expediente y pudiera emprender pesquisas como las efectuadas por la GIEI en el caso Ayotzinapa, seguramente también destrozaría dicho expediente. En el caso de las matanzas de Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, el asunto es todavía peor, pues ni siquiera han aceptado que no fueron enfrentamientos, sino ejecución extrajudicial de víctimas desarmadas.
La gran diferencia en estos cuatro casos es que únicamente en el de Ayotzinapa, por la presión pública nacional e internacional, el gobierno tuvo que abrirse a un escrutinio externo, y éste confirmó lo que ya había sido denunciado por expertos y los medios nacionales; pero en los cuatro, la supuesta verdad jurídica de la PGR es insostenible.
En estos momentos las únicas consecuencias de dicho informe son sobre la opinión pública, y obligaron de inmediato a Peña Nieto a ordenar atender el informe; sin embargo, las autoridades responsables de las investigaciones de inmediato respaldaron su versión. Primero fue Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, quien el mismo lunes por la mañana afirmó en una entrevista en Radio Fórmula que los cuerpos sí fueron cremados en el basurero; y, posteriormente, el miércoles 9 de septiembre, altos mandos de la Comisión Nacional de Seguridad consultados por Reforma señalaron que “la Policía Federal no tiene acreditada la intercepción por parte de elementos de dicha corporación” del quinto autobús, según publicó el diario en su edición del jueves 10 de septiembre.
Así que todo indica que, a pesar de la existencia de un informe pormenorizado de un grupo de expertos internacionales, la PGR y las distintas corporaciones de seguridad involucradas sostendrán su versión por inverosímil que resulte.
No obstante, las consecuencias internacionales para el Estado mexicano serán funestas, tanto por el impacto en la opinión pública y sus efectos devastadores en el ámbito económico –lo han venido expresando con toda claridad diversos analistas– como en las cortes internacionales, pues es un hecho que si no hay una modificación radical de la “verdad oficial” el asunto terminará en los tribunales internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Internacional de Justicia de La Haya), los que sí tomarán muy en cuenta el informe del GIEI.
El informe de este grupo de expertos internacionales no tendrá hoy en México el impacto que tuvo en Guatemala la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque sus atribuciones son muy diferentes (en el país centroamericano la Comisión puede querellarse directamente ante las instancias del Poder Judicial, y aquí el GIEI simplemente emite una opinión sin ninguna consecuencia jurídica inmediata); pero en el mediano y largo plazos las repercusiones para México pueden ser muy graves, por el empecinamiento y el cinismo del presidente y su gabinete de integrar investigaciones amañadas pese a las contundentes evidencias que las desmienten.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa tuvo características peculiares, distintas a los otros tres casos citados, porque lo primero que se conoció fue la agresión contra el autobús en el que viajaba el equipo de futbol Los Avispones; luego, la denuncia de la desaparición de los estudiantes, que se pretendió desacreditar de inmediato porque aparecieron algunos de los presuntamente desaparecidos; y finalmente construyeron la versión que les permitiera liberar de cualquier responsabilidad a la Policía Federal y al Ejército, así como decretar la culpabilidad del alcalde de Iguala y su señora, lo mismo que de las policías municipales de Iguala y Cocula.
Para sustentar dicha versión tuvieron que inventar (como hoy queda ya demostrado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –GIEI– de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que el Ejército y la Policía Federal fueron totalmente ajenos a los hechos, que ni siquiera supieron de los mismos en el momento en que estaban ocurriendo; y, desde luego, lo más inverosímil, que los cuerpos de los 43 normalistas habían sido cremados en una pira en el basurero de Cocula.
Dicha especie era el fundamento para que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara sus 10 medidas contra la inseguridad, en las que incluyó la desaparición de las policías municipales y el establecimiento del mando único estatal; pero también para salvaguardar la imagen de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal y evitar que la desaparición afectara al presidente, al gobierno federal y al mismo PRI que, cobijado por la “verdad histórica”, logró recuperar el gobierno de Guerrero.
En este caso, el escándalo nacional e internacional era tal que el gobierno tuvo que convocar al GIEI, pensando que la PGR había elaborado una versión sustentable e integrado un expediente presentable; pero el GIEI echó por tierra la versión y despedazó la averiguación previa. Dos de los tres principales señalamientos ya habían sido ventilados en los medios de comunicación masiva con elementos muy sólidos: el conocimiento en tiempo real de los acontecimientos por parte del Ejército y la Policía Federal (Proceso 1978, 1989, 1990, 1992, 2015 y 2027); la imposibilidad de que los cuerpos hubiesen sido incinerados en el basurero (Proceso 1985 y 1990); y la existencia de un quinto autobús, que eventualmente transportaba droga y que los estudiantes secuestraron sin saberlo, hecho que despertó la reacción de la delincuencia organizada –el único aspecto que no había sido analizado profundamente.
En el caso Tlatlaya la PGR tuvo que modificar su versión inicial y aceptar que los presuntos delincuentes sí fueron ejecutados; pero todavía hoy se empeñan en exculpar a los mandos superiores, a pesar del devastador informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en relación con que la instrucción de ejecutar a los presuntos delincuentes viene de la cúspide de la cadena de mando, es decir, desde el mismo secretario de la Defensa Nacional. Si hoy una comisión de expertos revisara dicho expediente y pudiera emprender pesquisas como las efectuadas por la GIEI en el caso Ayotzinapa, seguramente también destrozaría dicho expediente. En el caso de las matanzas de Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, el asunto es todavía peor, pues ni siquiera han aceptado que no fueron enfrentamientos, sino ejecución extrajudicial de víctimas desarmadas.
La gran diferencia en estos cuatro casos es que únicamente en el de Ayotzinapa, por la presión pública nacional e internacional, el gobierno tuvo que abrirse a un escrutinio externo, y éste confirmó lo que ya había sido denunciado por expertos y los medios nacionales; pero en los cuatro, la supuesta verdad jurídica de la PGR es insostenible.
En estos momentos las únicas consecuencias de dicho informe son sobre la opinión pública, y obligaron de inmediato a Peña Nieto a ordenar atender el informe; sin embargo, las autoridades responsables de las investigaciones de inmediato respaldaron su versión. Primero fue Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, quien el mismo lunes por la mañana afirmó en una entrevista en Radio Fórmula que los cuerpos sí fueron cremados en el basurero; y, posteriormente, el miércoles 9 de septiembre, altos mandos de la Comisión Nacional de Seguridad consultados por Reforma señalaron que “la Policía Federal no tiene acreditada la intercepción por parte de elementos de dicha corporación” del quinto autobús, según publicó el diario en su edición del jueves 10 de septiembre.
Así que todo indica que, a pesar de la existencia de un informe pormenorizado de un grupo de expertos internacionales, la PGR y las distintas corporaciones de seguridad involucradas sostendrán su versión por inverosímil que resulte.
No obstante, las consecuencias internacionales para el Estado mexicano serán funestas, tanto por el impacto en la opinión pública y sus efectos devastadores en el ámbito económico –lo han venido expresando con toda claridad diversos analistas– como en las cortes internacionales, pues es un hecho que si no hay una modificación radical de la “verdad oficial” el asunto terminará en los tribunales internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Internacional de Justicia de La Haya), los que sí tomarán muy en cuenta el informe del GIEI.
El informe de este grupo de expertos internacionales no tendrá hoy en México el impacto que tuvo en Guatemala la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque sus atribuciones son muy diferentes (en el país centroamericano la Comisión puede querellarse directamente ante las instancias del Poder Judicial, y aquí el GIEI simplemente emite una opinión sin ninguna consecuencia jurídica inmediata); pero en el mediano y largo plazos las repercusiones para México pueden ser muy graves, por el empecinamiento y el cinismo del presidente y su gabinete de integrar investigaciones amañadas pese a las contundentes evidencias que las desmienten.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=415656
