lunes, 21 de septiembre de 2015

Pierden tres años cuerpo de joven hallada 2 días después de asesinada.

 
De:  Eirinet Gómez.
Cristina Hernández Montero interrumpe el llanto para despedirse: Yo siempre te busqué, hija, aquí está la prueba. Para que todos puedan verla, frente al cortejo fúnebre extiende con las dos manos la hoja de búsqueda que se elaboró cuando hizo el reporte de desaparición de su hija.

Los asistentes al cementerio Bosques de Xalapa, la mayoría familiares e integrantes del Colectivo por la Paz, hacen un silencio, interrumpido sólo por sollozos y las maniobras de los sepultureros que inhuman los restos de Anayeli Jiménez Hernández, de 31 años.

El 25 de febrero de 2012 Anayeli perdió contacto con su familia. Dos días después, sus restos fueron localizados en Barranca Grande, municipio de Cosautlán. Sin embargo, pese a que su ma- dre hizo el reporte de la desapa- rición (Ausente AF/1689/2012), las autoridades no le reportaron el hallazgo, hasta hace apenas una semana, después de tres años de búsqueda y una labor dramática que incluyó buscar a su hija entre álbumes fotográficos de personas muertas.

Cristina miró miles de fotos, lo hicimos juntas. Las autoridades ponían un proyector y nos pasaban foto por foto. Sale una de ahí con dolor de cabeza, mareada y con ganas de vomitar de tanto muerto desconocido que ve, relata una madre integrante del Colectivo por la Paz Xalapa, que acompañó a Cristina en la lucha por la búsqueda de su hija.

Después de 36 meses de observar fotografías de fallecidos, de reuniones con autoridades, de participar en manifestaciones para exigir agilidad en las investigaciones, hace una semana, las autoridades se comunicaron con Cristina Hernández.

La directora general de investigaciones ministeriales, Rosario Zamora González, la citó en la Fiscalía de Justicia del Estado, y le pidió ir acompañada de un familiar. Ahí le mostraron un álbum de fotos en las que aparecían seis personas, entre ellas su hija. Las facciones, la ropa y un lunar coincidían.

Entre el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, y el Colectivo por la Paz Xalapa, se han tomado acuerdos para identificar a personas desaparecidas.

Uno consiste en que cuando el cuerpo de una persona desaparecida es identificado a partir de una foto, a los restos se les debe practicar una prueba de ADN que confirme el hallazgo y dé certidumbre total a los familiares de la víctima.

Tanto la busqué; estaba cerquita

Este no fue el caso de Anayeli. A sus familiares se les sugirió aceptar el cuerpo sin realizar la prueba de ADN, con la condición de enterrarlo de inmediato. Ni pensar en velarlo. Agotada por la larga búsqueda, Cristina Hernández aceptó el cuerpo y le dio sepultura. A una de sus compañeras del Colectivo por la Paz le comentó: Tanto que la busqué, tanto, y ella tan cerquita que estaba. Todo este tiempo, los restos de su hija, estuvieron en la fosa común de Teocelo, cerca de la capital del estado.

El caso de Anayeli Jiménez provocó indignación entre familiares de personas desaparecidas. Tanto el Colectivo por la Paz Xalapa como El Solecito de Veracruz criticaron la actuación mediocre, insensible e inhumana de la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado, el colectivo El Solecito de Veracruz, firmado por Lucía de los Ángeles Díaz, acusó a la fiscalía de ocultar los restos humanos que son tirados en lotes baldíos, arroyos y fosas clandestinas, así como de entregar restos humanos sin ser identificados debidamente.

Como ejemplo del ocultamiento de cadáveres, el colectivo recordó el caso de las fosas en el bar Mi Gente y un predio ubicado en la zona norte del puerto de Veracruz, ubicadas en abril pasado. Subrayó que esa ocasión el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras dijo que pese a una exhaustiva búsqueda no habían encontrado restos humanos, sólo un esqueleto canino.

No obstante, dos días después, en un operativo de elementos de la Policía Federal y Marina Armada de México, coordinado por la Procuraduría General de la República, se descubrieron en el mismo sitio restos humanos.

Ángeles Díaz afirmó que el personal de la fiscalía general del estado ha demostrado su incapacidad y deshumanización. Aseveró que la gestión de Bravo Contreras, al frente de la dependencia, se puede resumir en una palabra: fracaso. Desgraciadamente para las familias, un fracaso insoportablemente doloroso.

Fuente La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/21/estados/030n1est