Guerrero es el segundo estado con más rezago social de México: tiene el municipio más pobre del país, ocupa el primer lugar en secuestros y la tercera ciudad más violenta del mundo; carece de infraestructura carretera, muchos de sus habitantes viven en chozas; los desplazados por la pobreza y la seguridad se cuentan por miles y el caciquismo –dicen defensores de derechos humanos– se apoderó de la entidad desde hace décadas.
Iguala y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg, afirman. Es el resultado del abandono gubernamental y la indiferencia de los políticos. Los nexos de ex Alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez con el narcotráfico, son sólo un ejemplo de la relación entre los gobernantes y los criminales.
Guerrero no inicia siquiera su reconstrucción, y lejos de eso, parece salirse de las manos a las autoridades. Expertos en seguridad advierten de un colapso que sólo una estrategia contraria a lo que hasta hoy se ha seguido podría detener…
Cuando llegó la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, el día de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) y el asesinato de otros seis, la entidad ya arrastraba una historia de despojo, pobreza y desigualdad escrita en décadas de cacicazgo y gobiernos corruptos.
Iguala, afirman los expertos en seguridad y los activistas sociales, fue la punta del iceberg y el hecho que colocó a la segunda entidad más pobre del país en el mapa internacional. Antes de la matanza de los estudiantes, hubo levantamientos armados de hombres y mujeres en distintos puntos del estado. Desde Costa Chica, hasta La Montaña, las policías comunitarias empezaron a luchar en contra del crimen organizado, en medio de la pobreza extrema que se agudizó por la devastación que dejó el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” a su paso.
Guerrero hoy, es un estado plagado de desplazados por el narcotráfico y la pobreza. Sólo en 2013 el huracán devastó a más de 100 comunidades de La Montaña, las cuales aún aún duermen a la intemperie o en albergues improvisados.
“Estamos hablando de una larga incubación de una situación adversa para la población pobre de Guerrero. De un poder caciquil que es el que define al poder en Guerrero. Gobernadores formados como militares que siempre usaron al Ejército como justificación para desmantelar a la guerrilla. De cientos de desaparecidos y desplazados. Todo eso está en la memoria del guerrerense como el gobierno cruento que lacera al que se opone al poder caciquil. Ese es el fondo de la vida sangrante de Guerrero”, dice Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Barrera Hernández explica que a pesar del paso de los años, el cacicazgo en la entidad se mantiene y sostiene a los políticos. Los pistoleros de ayer, hoy son policías con licencia para torturar y asesinar a los ciudadanos a sangre fría. Los caciques de antaño, hoy son gobernadores, presidentes municipales y diputados, que controlan desde la vida humana, hasta las siembras de amapola.
La Costa Chica, La Montaña, la zona norte, Tierra Caliente, lugares poseedores de recursos acuíferos y tierras para la explotación agrícola, son comunidades empobrecidas donde la población habita en casuchas, jacales de vara, palma o lodo.
“Es gente que sobrevive del campo, jornalera que no tiene tierra suficiente para hacerla producir y que emigra y se va por la pobreza y la falta de oportunidades a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Jalisco. Estamos hablando de 10 mil familias que emigran para trabajar en el campo”, afirma Barrera Hernández.
Pero no sólo los activistas sostienen la versión de la pobreza. Las cifras oficiales no dejan lugar a dudas.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) colocó a Guerrero en el segundo estado con pobreza extrema del país, en uno de sus últimos estudios realizado entre 2010 y 2012.
De acuerdo con el Coneval en la entidad 31.7 personas de cada 100 viven en pobreza extrema. El Consejo estableció en 2012 que 26.8 por ciento de la población contaba con rezago educativo; 25.4 por ciento, permanecía sin acceso a servicios de salud; 78.5 por ciento, sin acceso a seguridad social; 59 por ciento, vivía sin servicios básicos y 39.4% con carencias en su alimentación.
La entidad también cuenta con el municipio más pobre de México: Cochoapa el Grande.
En el censo de 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calificó al municipio como el más marginado y rezagado socialmente del país, pues 80.56 por ciento de las viviendas no tienen sanitario; 62.5 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta y 100 por ciento de la población no tiene acceso a la vivienda ni derechos de salud.
En cuanto a seguridad, de acuerdo con las cifras actualizadas hasta el 21 de diciembre por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guerrero se colocó como la segunda entidad más violenta del país, después del Estado de México (Edomex) durante 2014.
Edomex contabilizó de enero a noviembre de 2014, 2 mil 051 asesinatos, lo que lo colocó como la entidad más violenta por número de homicidios registrados; mientras que Guerrero es el más violento, si se considera la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, que en dicha entidad es de 39.30 por ciento en el mismo periodo.
El informe consideró los delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por la Procuradurías General de Justicia (PGR) y las Fiscalías de las 32 entidades federativas.
Antes, el 17 de diciembre, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, informó que Acapulco ocupaba el primer lugar en secuestros con 135 casos en los que iba del año.
Acapulco, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, ocupa también el tercer lugar entre las 50 ciudades más violentas del mundo, con tasas de 134 y 113 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Para Abel Barrera la marginación social de Guerrero fue el caldo de cultivo para el desarrollo de los grupos criminales durante los últimos años.
“Los cultivos ilícitos empezaron a tener una carta de naturalización en la región. Se empezó a promover la siembra de los cultivos de mariguana y amapola en la sierra, en la costa, en Tierra Caliente. Creció la economía criminal y fue destruyendo al tejido comunitario. Esto hizo robustecer al poder caciquil que con el Ejército tuvo la seguridad de que controlaba totalmente a las instituciones”, dice.
El activista, que cuenta con una amplia experiencia en la atención de problemas sociales de Guerrero, afirma que los recursos destinados a salud, educación e infraestructura se fueron a los “bolsillos de los políticos”.
Ellos, los gobernantes de todos los niveles, poseen concesiones de taxis y otros negocios. Los programas asistenciales, indica, son hasta la fecha utilizados para cautivar el voto de la población pobre de la entidad.
“Guerrero ha sido un estado que ha luchado por el poder a través de la movilización social, por la vía del proceso electoral o vía armada, por todos estos medios se ha tratado de acabar con los cacicazgos, pero ha sido una lucha sorda. No se ha podido”, dice.
Iguala y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg, afirman. Es el resultado del abandono gubernamental y la indiferencia de los políticos. Los nexos de ex Alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez con el narcotráfico, son sólo un ejemplo de la relación entre los gobernantes y los criminales.
Guerrero no inicia siquiera su reconstrucción, y lejos de eso, parece salirse de las manos a las autoridades. Expertos en seguridad advierten de un colapso que sólo una estrategia contraria a lo que hasta hoy se ha seguido podría detener…
Cuando llegó la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, el día de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) y el asesinato de otros seis, la entidad ya arrastraba una historia de despojo, pobreza y desigualdad escrita en décadas de cacicazgo y gobiernos corruptos.
Iguala, afirman los expertos en seguridad y los activistas sociales, fue la punta del iceberg y el hecho que colocó a la segunda entidad más pobre del país en el mapa internacional. Antes de la matanza de los estudiantes, hubo levantamientos armados de hombres y mujeres en distintos puntos del estado. Desde Costa Chica, hasta La Montaña, las policías comunitarias empezaron a luchar en contra del crimen organizado, en medio de la pobreza extrema que se agudizó por la devastación que dejó el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” a su paso.
Guerrero hoy, es un estado plagado de desplazados por el narcotráfico y la pobreza. Sólo en 2013 el huracán devastó a más de 100 comunidades de La Montaña, las cuales aún aún duermen a la intemperie o en albergues improvisados.
“Estamos hablando de una larga incubación de una situación adversa para la población pobre de Guerrero. De un poder caciquil que es el que define al poder en Guerrero. Gobernadores formados como militares que siempre usaron al Ejército como justificación para desmantelar a la guerrilla. De cientos de desaparecidos y desplazados. Todo eso está en la memoria del guerrerense como el gobierno cruento que lacera al que se opone al poder caciquil. Ese es el fondo de la vida sangrante de Guerrero”, dice Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Barrera Hernández explica que a pesar del paso de los años, el cacicazgo en la entidad se mantiene y sostiene a los políticos. Los pistoleros de ayer, hoy son policías con licencia para torturar y asesinar a los ciudadanos a sangre fría. Los caciques de antaño, hoy son gobernadores, presidentes municipales y diputados, que controlan desde la vida humana, hasta las siembras de amapola.
La Costa Chica, La Montaña, la zona norte, Tierra Caliente, lugares poseedores de recursos acuíferos y tierras para la explotación agrícola, son comunidades empobrecidas donde la población habita en casuchas, jacales de vara, palma o lodo.
“Es gente que sobrevive del campo, jornalera que no tiene tierra suficiente para hacerla producir y que emigra y se va por la pobreza y la falta de oportunidades a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Jalisco. Estamos hablando de 10 mil familias que emigran para trabajar en el campo”, afirma Barrera Hernández.
Pero no sólo los activistas sostienen la versión de la pobreza. Las cifras oficiales no dejan lugar a dudas.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) colocó a Guerrero en el segundo estado con pobreza extrema del país, en uno de sus últimos estudios realizado entre 2010 y 2012.
De acuerdo con el Coneval en la entidad 31.7 personas de cada 100 viven en pobreza extrema. El Consejo estableció en 2012 que 26.8 por ciento de la población contaba con rezago educativo; 25.4 por ciento, permanecía sin acceso a servicios de salud; 78.5 por ciento, sin acceso a seguridad social; 59 por ciento, vivía sin servicios básicos y 39.4% con carencias en su alimentación.
La entidad también cuenta con el municipio más pobre de México: Cochoapa el Grande.
En el censo de 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calificó al municipio como el más marginado y rezagado socialmente del país, pues 80.56 por ciento de las viviendas no tienen sanitario; 62.5 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta y 100 por ciento de la población no tiene acceso a la vivienda ni derechos de salud.
En cuanto a seguridad, de acuerdo con las cifras actualizadas hasta el 21 de diciembre por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guerrero se colocó como la segunda entidad más violenta del país, después del Estado de México (Edomex) durante 2014.
Edomex contabilizó de enero a noviembre de 2014, 2 mil 051 asesinatos, lo que lo colocó como la entidad más violenta por número de homicidios registrados; mientras que Guerrero es el más violento, si se considera la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, que en dicha entidad es de 39.30 por ciento en el mismo periodo.
El informe consideró los delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por la Procuradurías General de Justicia (PGR) y las Fiscalías de las 32 entidades federativas.
Antes, el 17 de diciembre, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, informó que Acapulco ocupaba el primer lugar en secuestros con 135 casos en los que iba del año.
Acapulco, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, ocupa también el tercer lugar entre las 50 ciudades más violentas del mundo, con tasas de 134 y 113 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Para Abel Barrera la marginación social de Guerrero fue el caldo de cultivo para el desarrollo de los grupos criminales durante los últimos años.
“Los cultivos ilícitos empezaron a tener una carta de naturalización en la región. Se empezó a promover la siembra de los cultivos de mariguana y amapola en la sierra, en la costa, en Tierra Caliente. Creció la economía criminal y fue destruyendo al tejido comunitario. Esto hizo robustecer al poder caciquil que con el Ejército tuvo la seguridad de que controlaba totalmente a las instituciones”, dice.
El activista, que cuenta con una amplia experiencia en la atención de problemas sociales de Guerrero, afirma que los recursos destinados a salud, educación e infraestructura se fueron a los “bolsillos de los políticos”.
Ellos, los gobernantes de todos los niveles, poseen concesiones de taxis y otros negocios. Los programas asistenciales, indica, son hasta la fecha utilizados para cautivar el voto de la población pobre de la entidad.
“Guerrero ha sido un estado que ha luchado por el poder a través de la movilización social, por la vía del proceso electoral o vía armada, por todos estos medios se ha tratado de acabar con los cacicazgos, pero ha sido una lucha sorda. No se ha podido”, dice.
De: Shaila Rosangel en Sinembargo.mx.
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