El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Inveadf) colocó sellos de suspensión de actividades al desarrollo Tepepan Country Club que se construye en las faldas del cerro de Santa Cruz Xochitepec. El número del expediente es INVEADF/OV/DUYUS/2204/2014.
El desarrollo -que se comercializa con el nombre de Loma Santa María y que contempla la edificación de un club hípico y la venta de 86 terrenos, de por lo menos 500 metros cuadrados cada uno, para la construcción de casas habitación-, ha generado la oposición de los pobladores originarios de Xochimilco.
Los ciudadanos argumentan que el certificado único de zonificación de uso de suelo, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se contrapone con el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional que reserva el terreno para la producción agroindustrial y habitación rural de muy baja densidad.
El sábado por la noche los opositores al se percataron de la acción de la autoridad y tras casi un año de “resistencia” -que ha incluido, entre otras acciones, clausuras simbólicas, la realización de una consulta pública y la interposición de un juicio de amparo y varios juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal- los ciudadanos tuvieron un motivo para celebrar.
“Es una prueba de que tenemos la razón, de que se trata de una obra irregular e ilegal. Lo que exigimos es la clausura definitiva. Vamos a ir al Inveadf para que nos expliquen los motivos de la suspensión de actividades. Estamos seguros de que se trata de irregularidades en el uso de suelo”, refirió Ricardo Acosta, del Consejo de Pueblos de Xochitepec.
Por su parte Alejandro Velázquez del Frente Autónomo de Xochimilco y representante legal de los opositores explicó la estrategia jurídica que se ha seguido.
“En el juicio de amparo reclamamos la violación al derecho a la consulta previa y en el Tribunal de la Contencioso Administrativo del Distrito Federal reclamamos la nulidad del certificado de uso de suelo, de la autorización de impacto ambiental y del dictamen de impacto urbano.
“El Inveadf tiene facultades para verificar el uso de suelo y nosotros suponemos que esta suspensión tiene que ver con ello. Queremos conocer los fundamentos legales que tuvo el Inveadf para suspender la obra y no dudamos que vayan acorde con los argumentos que nosotros hemos esgrimido ante el tribunal administrativo”.
El desarrollo -que se comercializa con el nombre de Loma Santa María y que contempla la edificación de un club hípico y la venta de 86 terrenos, de por lo menos 500 metros cuadrados cada uno, para la construcción de casas habitación-, ha generado la oposición de los pobladores originarios de Xochimilco.
Los ciudadanos argumentan que el certificado único de zonificación de uso de suelo, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se contrapone con el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional que reserva el terreno para la producción agroindustrial y habitación rural de muy baja densidad.
El sábado por la noche los opositores al se percataron de la acción de la autoridad y tras casi un año de “resistencia” -que ha incluido, entre otras acciones, clausuras simbólicas, la realización de una consulta pública y la interposición de un juicio de amparo y varios juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal- los ciudadanos tuvieron un motivo para celebrar.
“Es una prueba de que tenemos la razón, de que se trata de una obra irregular e ilegal. Lo que exigimos es la clausura definitiva. Vamos a ir al Inveadf para que nos expliquen los motivos de la suspensión de actividades. Estamos seguros de que se trata de irregularidades en el uso de suelo”, refirió Ricardo Acosta, del Consejo de Pueblos de Xochitepec.
Por su parte Alejandro Velázquez del Frente Autónomo de Xochimilco y representante legal de los opositores explicó la estrategia jurídica que se ha seguido.
“En el juicio de amparo reclamamos la violación al derecho a la consulta previa y en el Tribunal de la Contencioso Administrativo del Distrito Federal reclamamos la nulidad del certificado de uso de suelo, de la autorización de impacto ambiental y del dictamen de impacto urbano.
“El Inveadf tiene facultades para verificar el uso de suelo y nosotros suponemos que esta suspensión tiene que ver con ello. Queremos conocer los fundamentos legales que tuvo el Inveadf para suspender la obra y no dudamos que vayan acorde con los argumentos que nosotros hemos esgrimido ante el tribunal administrativo”.
De La Jornada.
