El infierno se mudó a Colima.

 

De: Pedro Zamora Briseño.

Hace ocho años, el estado más violento del país era un dechado de tranquilidad. Hoy, Colima encabeza la lista de homicidios dolosos, es el escenario de una batalla entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, y la violencia ya se desbordó a toda la sociedad. Las estrategias de seguridad –si existen– no han servido de nada, y políticos de primer nivel y sus familiares están señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada.

La tarde del pasado 20 de abril, Alma Hernández y su novio, Pedro Navarro –ambos de 21 años de edad–, fueron a comer a un establecimiento del centro comercial Walmart Tecnológico de esta ciudad. Tras finalizar, y cuando ya iban a subirse a la motocicleta del joven, fueron asesinados a balazos en el estacionamiento del lugar.
Alma era estudiante de octavo semestre de la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico Regional de Colima (ITRC) y Pedro era cobrador de una tienda departamental. Para ganar un dinero extra se habían asociado para instalar un puesto de hotdogs, que colocaron afuera del domicilio de la muchacha, en el municipio conurbado de Villa de Álvarez.
Las hermanas de Alma se enteraron del doble asesinato a través de las redes sociales, cuando vieron fotografías de los cadáveres tirados boca arriba, todavía con el casco puesto. Su madre, una mujer que hace dos años perdió a su esposo y que actualmente se dedica a limpiar casas, supo de la tragedia cuando agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron por ella para que identificara el cuerpo de su hija.

Pedro y Alma son dos de las 287 víctimas mortales en lo que va de 2016. En menos de una década, esta entidad pasó de ser una de las más seguras del país a ocupar el primer lugar en homicidios dolosos.
Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) así lo demuestran: en 2008 Colima ocupó el lugar 25 en ese delito, con una tasa de 5.23 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En los primeros sitios estaban Chihuahua (56.19), Sinaloa (41.48), Guerrero (28.13), Baja California (27.47) y Durango (26.41).
La realidad se transformó notablemente en el primer semestre de 2016, cuando Colima rebasó a las entidades antedichas y alcanzó una tasa de 39.01 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguida de lejos por Guerrero (29.32), Sinaloa (17.41), Morelos (14.41), Baja California (14.23) y Chihuahua (13.67).
La cantidad de homicidios dolosos en 2016 ya igualó a la de todo 2012, el año más sangriento de las últimas dos décadas en Colima, según los registros del SNSP.
Durante su campaña, el actual gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, prometió que los colimenses vivirían felices y seguros. Pero desde los primeros meses de su administración –iniciada en febrero pasado– aumentó la inseguridad.

Se ve y se siente… el terror

En el segundo trimestre del año, además, Colima fue la ciudad con el mayor incremento en la percepción de inseguridad pública en todo el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esa medición, aplicada durante junio en 43 urbes mexicanas, mostró que 72.7% de la población colimense se siente insegura, cifra que superó en casi 13 puntos porcentuales a la de marzo pasado. En el mismo lapso, el promedio nacional se mantuvo estable, al pasar de 69.9 a 70%.
Aunque el gobierno de Peralta continúa con la estrategia de su antecesor, Mario Anguiano Moreno, de censurar la información sobre actos violentos –casi nunca se emiten comunicados oficiales en torno a homicidios– no ha podido impedir que trasciendan los hechos delictivos.
Así, los medios locales están llenos de reportes sobre ejecuciones, feminicidios y desaparición de personas, hallazgos de fosas clandestinas y de cuerpos descuartizados. Las notas se multiplican en Tecomán, Manzanillo, Colima, Armería y Cuauhtémoc.
Esta etapa violenta tiene sus antecedentes en octubre de 2015, en las últimas semanas del sexenio de Mario Anguiano. Ese mes se perpetró un atentado contra el exgobernador Fernando Moreno Peña, quien recibió cuatro balazos mientras desayunaba en un restaurante, y sobrevivió.
Ya en enero de este año fue ejecutado un sobrino de Moreno Peña, el abogado Samuel Rodríguez Moreno, quien años atrás había sido representante legal de una empresa de Gerardo Mendoza Chávez, identificado por las autoridades como operador de La Familia Michoacana en Colima y estaba acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, en 2010.
La noche del 6 de julio pasado fue ultimado el empresario Jaime Ernesto Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando circulaba en su vehículo.
Hermano del exgobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes –quien en 2005 murió al caer el avión del gobierno estatal en que viajaba–, Jaime Ernesto recibió siete de los 29 balazos de rifle R-15 disparados contra su camioneta desde otro vehículo, que al día siguiente apareció quemado entre Colima y Jalisco.

La razón de la sinrazón

De acuerdo con Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en seguridad de Lantia Consultores, el repunte de la violencia en Jalisco, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes se relaciona con la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Citado por el portal de noticias Sinembargo.mx, el especialista señala que en Colima la crisis se debe principalmente a que el CJNG y el Cártel de Sinaloa rivalizan por el control del puerto de Manzanillo.
Después de comparecer ante el Congreso del estado el 8 de junio anterior, el almirante Eduardo Villa Valenzuela, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, explicó las razones por las que –a su juicio– se multiplicaron los asesinatos:
“Esto es una guerra irregular en la que no vemos a los homicidas; están confundidos entre nosotros. Entonces vienen las ejecuciones cuando no hay policía, en que no hay procuraduría. Hay grupos delictivos muy fuertes, que vienen de otros estados, y las ejecuciones son entre ellos.”
Para el general José Francisco Gallardo Rodríguez, en Colima quedó evidenciada la incapacidad de las autoridades para enfrentar la violencia y la inseguridad.
En entrevista con Proceso, el militar retirado expone: “Aquí hay un vacío de poder; desde el punto de vista castrense es un territorio utilizado por esos grupos como un teatro de operaciones que les va a permitir disputar sus espacios, sus rutas comerciales, sus mecanismos de distribución”.

–¿Es casualidad que Colima sea un territorio de disputa? –se le pregunta.

–No. Estamos en occidente, un área muy importante geopolíticamente: tenemos el puerto de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas. Ese territorio sirve para extraer minerales, transportar drogas, trata de blancas.

Gallardo resume el problema: “Son reacomodos de estructuras de poder que operan en un estado, de carácter político, económico, social, criminal”.
Hace notar que pese al tiempo transcurrido no se han aclarado los delitos de alto impacto ni se ha informado a la sociedad sobre los móviles: “Podría ser que algunos de esos casos no tengan relación con el crimen organizado, sino con otras cosas; pero cómo podemos saberlo si la autoridad no ha informado con claridad al respecto”.
Desde las primeras semanas de su gubernatura, Peralta ubicó la seguridad como prioridad de su administración, aunque responsabilizó del problema a su antecesor, Mario Anguiano.
El corresponsal pidió una entrevista con el procurador de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, para obtener su versión sobre la violencia que sufre Colima, pero no hubo respuesta a la solicitud.
En declaraciones realizadas al noticiero radiofónico Ángel Guardián el 8 de julio pasado, el fiscal deslindó de posibles vínculos con el crimen organizado a Jaime Ernesto Vázquez, quien había sido asesinado horas antes.
Frente a la ola de violencia que a más de cinco meses del inicio de la actual administración estatal no ha sido controlada, el Congreso del estado emitió el 13 de julio anterior un exhorto al mandatario para que sustituya al titular de la SSP, Eduardo Villa Valenzuela, “debido a los pésimos resultados en materia de seguridad”.
Presentado por la diputada panista Martha Leticia Sosa Govea, el punto de acuerdo también instó al jefe del Ejecutivo a definir nuevas políticas y estrategias de seguridad ciudadana.

Aprobado por mayoría, con el voto en contra de la fracción priista, el documento también planteó la comparecencia del procurador y el secretario de Seguridad Pública ante el Congreso.
Para la representante en Colima de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4°), Adriana Ruiz Visfocri, el asesinato de la estudiante Alma Hernández, que no ha sido aclarado, es un caso emblemático porque “desmiente la postura que ha tenido el gobierno de que la violencia es resultado de ajustes de cuentas entre narcos, que es gente de fuera que anda en malos pasos y por eso le ocurre eso.

“Alma era una chica sana, era hija de familia, estudiante aplicada en sus estudios, era un apoyo para su familia y la asesinaron cobardemente.”

El presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, urge al gobierno estatal a replantear la estrategia de seguridad, pues desde su punto de vista no se han hecho bien las cosas:

“Estamos ante un panorama muy complicado para todos. Los ciudadanos ya no salimos como lo hacíamos antes. Vemos que a cualquiera le puede suceder lo que le ha pasado a mucha gente: hay cientos de asesinados, desaparecidos y mujeres muertas. Hay miles de delitos y no hay una solución a la vista.”

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/450594/infierno-se-mudo-a-colima

Cooperativa Tradoc presume su éxito ante "tiburones de las huleras trasnacionales".

 

De: Patricia Muñoz Ríos.

Los obreros sí pueden administrar fábricas y hacerlo con éxito. A 11 años de haber empezado operaciones, luego de un largo conflicto laboral con la empresa Euzkadi, los integrantes de la cooperativa Tradoc (Trabajadores Democráticos de Occidente) han logrado competir y enfrentar el mar de tiburones de las huleras trasnacionales, su planta produce diariamente 19 mil llantas; exporta 60 por ciento de su producción a Estados Unidos; y también vende a Brasil, Argentina y Panamá.

El presidente del consejo de administración de Tradoc –ubicada en El Salto, Jalisco–, Jesús Torres Nuño, señaló en entrevista con La Jornada: Somos el ejemplo viviente de que los trabajadores sí pueden dirigir empresas; que puede haber fábricas sin que exista la relación obrero-patronal; que los directivos de las compañías privadas siempre están hablando de pérdidas y contratos incosteables, para justificar la sobrexplotación de la mano de obra mexicana, cuando sí son posibles los mejores salarios y prestaciones.

En la cooperativa, los salarios promedio son de 20 mil pesos mensuales; los socios tienen altas prestaciones, el sistema de pensiones es mejor que el de Pemex o la CFE”, explica. Añade que ellos tuvieron el apoyo total de la cooperativa Pascual.

Como la solidaridad es un ca­mino de ida y vuelta, ahora res­paldan movimientos como el de Sandak, o el de los empleados de Honda, entre muchos otros, añadió.

En 2005, cuando Tradoc inició operaciones, ningún banco quería financiarlos; los 587 socios fundadores casi empezaron con lo que tenían y con su trabajo, fabricando apenas unos cientos de llantas. Actualmente son mil 350 socios y llevan producidos 30 millones de neumáticos, unos 19 mil diarios.

Costos, utilidades y salarios

Sobre cómo han logrado que crezca la cooperativa, To­rres Nuño explica que han aplicado un esquema de equilibrio entre costos, utilidades y salarios atractivos, superiores al promedio de la industria. Las firmas trasnacionales, en cambio, sacan excesivas utilidades que se llevan del país y pagan sueldos de miseria. Por ello Tradoc ha logrado competir al tú por tú aquí y en el extranjero.

Compañía Hulera Euzkadi fue propiedad de la alemana Continental, la cual cerró su planta en diciembre de 2001 y tras un conflicto laboral, las partes llegaron a un acuerdo en el que la empresa cedió la mitad de la planta por el pago de salarios caídos a 587 trabajadores.

Torres Nuño y abogados de la cooperativa presentan documentos oficiales para responder señalamientos e infundios que ha vertido la Asociación Civil de Ex trabajadores de la Extinta Compañía Hulera Euzkadi, Justicia, Transparencia y Dignidad contra Tradoc. Señalan en primer término que al cierre de la anterior empresa había 970 sindicalizados; sin embargo, 400 aceptaron su liquidación, por lo que perdieron todos sus derechos y son precisamente los que conformaron esta agrupación.

Asimismo hay otros seis ex socios que fueron excluidos de la cooperativa por decisión de la asamblea general, por cargos como deslealtad.

Ambos grupos han pedido al IMSS, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría del Trabajo auditorías y revisiones, denunciando irregularidades, que no se comprobaron, ya que la cooperativa ha cumplido puntualmente todas sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Los ex trabajadores incluso presentaron una demanda en 2013 para que les pagara su parte de los bienes que tenía el Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi. Sin embargo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió en mayo de 2016 que la susodicha asociación carece de legitimidad legal para hacer este reclamo, y que prevalece el interés jurídico de la totalidad de los miembros de la cooperativa, por encima del particular de la asociación.

Ante ello, Torres Nuño indicó que dichos grupos sólo han repetido acusaciones falsas, cuando en juicios, revisiones y auditorias, se ha demostrado que el proyecto es totalmente legal, legítimo, cumple con sus obligaciones fiscales, y lo mejor, sigue demostrando que los obreros sí pueden ser administradores justos de fábricas y empresas.

 

Fuente:  http://www.jornada.unam.mx/2016/08/08/politica/017n1pol

Los machos conducen al mundo.

De Lydia Cacho.

El vuelo 909 de American Airlines estaba a punto de despegar hace tres días en su ruta Miami-Buenos Aires, Argentina; cuando la pilota anunció la duración del vuelo dio la bienvenida, saludó a su copilota y a las sobrecargos, sucedió lo inesperado: siete pasajeros se levantaron recogieron sus maletines y gritaron que saldrían del avión porque no estaban dispuestos a que dos mujeres pilotearan la aeronave. Los pasajeros que abandonaron del avión provocaron una hora de retraso.

Antes de que algún lector se alebreste por el uso del sustantivo pilota, de acuerdo a la nueva gramática de la lengua española, las profesiones en femenino son correctas: la médica, la abogada, la pilota. Lo que no es correcto, deseable ni admisible es la misoginia como parte del entramado de la discriminación contra las mujeres.

Antes de bajar del avión David, un pasajero que volaba en Westjet dejó una nota escrita para la piloto del avión. “Para el capitán de Westjet: la cabina de pilotos no es lugar apropiado para una mujer. El mayor honor para una mujer es ser madre, no capitana. Nos hacen falta madres no mujeres pilotos. P.D. Desearía que la próxima Westjet me informe si una dama va a pilotear mi avión para que compre boletos en otra línea aérea. En realidad eso (de que una mujer sea piloto) es pura vanidad y no me impresiona. Con respeto y amorosamente, David”.

Todos los días miles de personas justifican y minimizan la discriminación hacia las mujeres y las mandan a “su lugar correcto”: la cocina, la cama, la lavandería, la sección de maternidad, el servicio. Cada vez que alguien señala la discriminación estratégica y la urgente necesidad de que los partidos políticos, las universidades, las Academias (como el Colegio Nacional o la RAE) abran espacios a la paridad (es decir la misma cantidad de hombres y mujeres en puestos de poder e incidencia cultural) alguien sale con la frase “lo que importa no es el género sino la capacidad”.

Lo cierto es que si el mundo fuera dominado por las mujeres y los hombres no pudieran acceder al 50% de los puestos laborales bajo el precepto de que no se les contrata porque no hay hombres lo suficientemente capaces, inteligentes o fuertes para asumir determinados trabajos, ya habríamos enfrentado una guerra sangrienta contra el matriarcado.

Sin embargo a pesar de que las mujeres son responsables del 80% del trabajo cultural y político tras bambalinas, a pesar de que hay brillantes científicas, escritoras, académicas, políticas y estrategas, a ellas se les sigue manteniendo bajo el yugo sexista del falso supuesto que explica que si las mujeres fueran como los hombres tendrían el mismo acceso al poder. Y ¿qué significa eso? Pues simple y llanamente que millones son como los siete que bajaron del avión: están en desacuerdo con las políticas de igualdad y contra toda forma de promoción del acceso igualitario de las mujeres a los puestos otrora considerados exclusivamente masculinos, como si todo en la vida fuera competencia por el poder y no el simple derecho al acceso igualitario a todas las profesiones que integran y representan a las sociedades.

El masculinólogo Miguel Lorente Acosta asegura que la competición del machismo está llena de trampas porque parte de la desigualdad para dar ventaja a los hombres sobre las mujeres y por sobre otros hombres que no representan el machismo; porque está diseñada para vencer y no para ganar.

El machismo se sustenta en derrotar a las y los demás, en excluirles de ciertos espacios, en proteger los principios y valores de un tipo de masculinidad beligerante que cree que dirige, controla, guía y conduce a la humanidad con los principios heteronormativos que considera universales, en los cuales sólo los hombres tienen las virtudes y habilidades para llevar a cabo tareas serias. A los pasajeros del avión como a muchos en tierra les parece genial que sean mujeres aeromozas quienes les atienden, sirvan y estén a cargo de su seguridad, pero jamás quienes les conduzcan a un sitio seguro. La presencia de mujeres en todas las profesiones representa para muchos el riesgo de que otro modelo que no sea el masculino sea posible y se les acaben las excusas para excluir a las mujeres de los espacios de liderazgo y poder.

 

Fuente:  http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/los-machos-conducen-al-mundo/

La moral es un árbol que da Moreiras.

 

 De Fabrizio Mejía Madrid.

En breve se cumplirán 20 años de que me demandaron –como diría mi vecino– “por haberle dañado su honor a alguien”. La peripecia contuvo todos los puntos del decálogo de estos casos:

1) Señor recibe un dinero para que redacte unos expedientes judiciales para desprestigiar al EZLN;

2) Señor asegura que se trata de una investigación de campo independiente;

3) Su Charro Negro le dice a una reportera (Proceso 1147) lo que él opina del libro contra el EZLN;

4) Otros destruyen en la prensa el libro contra el EZLN con todo tipo de acusaciones contra Señor;

5) Señor y sus jefes –los que pagaron el dinero y publicaron el libro– demandan a Su Charro Negro y sólo a él y lo hacen desde un despacho que tiene nombre de dinastía borbónica: “Aguilar Zinser, Gómez Mont y Sponda”. ¡Sponda!

6) Su Charro Negro no conoce más abogado que uno ambientalista que estudió con él la primaria y responde con cierta desconfianza ante un Ministerio Público que, mientras le toma su declaración, se está tragando una rebanada de pizza;

7) Señor da dinero al Ministerio Público para que me encarcelen. En este punto dejo de ser Su Charro Negro;

8) Abogado ambientalista me llama con su invaluable conocimiento jurídico: “Si tienes palancas, man’to, pues úsalas”;

9) Por un monero de La Jornada que me ve llorando sin consuelo en las escaleras de mi departamento de alquiler, me entero de que una subprocuradora es mi lectora. El monero aporta otra pieza de sabiduría jurídica: “Igual es chicle y pega”.

10) De nuevo Su Charro Negro la libra de milagro, una madrugada de 1998 en una lúgubre oficina en la colonia Doctores, porque la funcionaria tiene una convicción: “Como abogada, nunca he creído en los delitos de honor”, y una afinidad insospechada: “A veces me río con lo que escribes”.

Me acordé del opresivo episodio –todavía me causa sudoraciones nocturnas– porque leí que el exgobernador de Coahuila –Humberto Moreira– demandó por difamación a Sergio Aguayo. Lo que el columnista y académico en derechos humanos escribió fue que su gobierno “olía a corrupción” y que constituía “un ejemplo de impunidad”. Lo publicó después de que Forbes distinguiera al exgobernador como “uno de los 10 hombres más corruptos de México, 2013” –Bellas Artes debería entregar reconocimientos como “Premio Pedro Páramo al Cacique del año”; “Premio Hermanos Grimm a la Verdad Histórica”, o “Premio Casa Blanca a la creatividad contable”– y que lo detuvieran en España por lavado de dinero. Además de ser el tesorero durante la campaña del actual presidente de la República, Moreira era el hombre fuerte de Coahuila durante la masacre de 300 pobladores de Allende, caso que Aguayo comenzó a investigar desde su puesto en El Colegio de México.

Lo que creo es que hay que tener honor para que alguien te lo dañe. No es, por supuesto, lo que opine uno mismo de su más alta consideración, sino que se trata de algo que se describe como “fama pública” o, más sencillamente, lo que los demás opinen de ti. Una reputación –dicen– se hace durante toda una vida y se pierde en un segundo. Pero eso que es el “honor” es difícil de establecer si no es el de una heroína que no se entrega a su pasión por el “qué dirán”. En el siglo XV español tenía una razón de existir: el honor de una dama equivalía a su virginidad, a no mezclar la sangre azul con la plebeya. Los caballeros se batían en duelo por él: ante el matar o morir, el dicho perdía su prioridad. Se demostraba con ello la disposición a proteger el linaje dinástico, la “hidalguía”, es decir, ser hijo de alguien. Pero en las leyes mexicanas y los juzgados ¡Sponda! las cosas no son tan precisas. Primero porque el “honor” puede ser visto como “virtud” –algo intrínseco al Señor que, de hecho, quiere decir “hombría”– o como “mérito”, es decir, algo tangible que corra riesgo de ser dañado: un reconocimiento, un cargo, un ascenso. La fama, por descontado, es una inmortalidad de segunda mano, pero en esa palabra se mezclan cosas tan distintas como la protección a la privacidad, a la intimidad, a los datos personales o a la inviolabilidad del propio domicilio y hasta la dignidad humana que –para mí– es la mesura ante la certeza del final. La dignidad no es intrínseca a nadie, es sólo la modestia ante la fortuna, buena o mala. No hay dignidad en el alarde ni en la desesperación.

Creo que el único “honor” que debería interesarle a la justicia debería ser el concreto: este Señor vs Su Charro Negro. En el caso de Moreira contra Aguayo debería considerarse que no están en igualdad de circunstancias. Uno es un académico y el otro es un hombre de poder. La reputación de un hombre público que ha sido presidente de su partido, gobernador y delegado del sindicato de los maestros de Elba Esther Gordillo, no debería ser opacada por un artículo de periódico. La etérea reputación tendría que ser medible: el Señor dejó de obtener un beneficio, gracias a que hablaste mal de sus supuestas virtudes. Y ese es el otro problema de que el honor haya emigrado de la señorita de vestidos largos y abanicos a las leyes. El juez toma una denuncia de “calumnia y difamación” sin preocuparse de si los dichos eran ciertos o no. Por extraño que parezca, mi Ministerio Público, mientras masticaba su pizza, me lo dejó claro hace 20 años:

–Lo que yo dictamino es si te lo chingaste; me vale madre si fue con o sin razón –explicó en lenguaje jurídico.

Con el peperoni asomado, sólo se toma en cuenta que el afectado, es decir, Señor que denuncia, diga que sus relaciones sociales o familiares se distorsionaron por culpa del dicho, para que se le dé entrada. Por eso, Moreira dice que Aguayo lo dañó “en sus sentimientos y afectos”, dos asuntos que son de índole privada, tras las puertas de su casa. Lo que debiera ocurrir es que se sopesaran los dos derechos: el de libertad de expresión siempre debería salir adelante, distinguido de la vulneración de la vida íntima. Parecería que el asunto es sencillo: el texto de Aguayo se escribió mientras Señor estaba detenido por lavado de dinero en España. Y, como salió en libertad, podría asumirse que nada de lo que se escribió y caricaturizó en esos días vulneró alguno de sus derechos.

Pero siempre está mi querido Ministerio Público tragando pizza, mi querido abogado instándome a la última instancia de “las palancas” y mi querido destino y libertad en la hamaca de las creencias y apegos literarios de mi querida subprocuradora. La vida azarosa de los ciudadanos en México a la sombra del árbol aquel.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/448354/la-moral-arbol-da-moreiras

Ni perdón, ni olvido.

 De José Gil Olmos.

Cuando un presidente pide perdón es para despedirse, no es para disculparse de una falta ética o de conducta, sino porque cometió un error tan grave que no puede seguir manteniéndose en su puesto.

De ahí que en realidad al pedir perdón, Enrique Peña Nieto no fue sincero, pues esta declaración sólo es para aparentar arrepentimiento y forma parte de una estrategia de reparación de daños del PRI rumbo a las elecciones de los próximos dos años.

El presidente Enrique Peña Nieto en realidad no ofreció perdón arrepentido por la equivocación de comprar una casa para su esposa Angélica Rivera que era propiedad del constructor preferido de su gobierno, Armando Hinojosa, al que ha enriquecido con las concesiones de obras públicas.

No, lo que hizo fue iniciar una campaña de recuperación de su propia imagen y para su partido que en las elecciones pasadas recibieron los efectos de la animadversión social en las urnas por los casos de corrupción en su gobierno.


Porque el caso de la llamada “Casa Blanca” no ha sido el único que refleja el tráfico de influencias y la corrupción en su gobierno. Ahí está también su casa en el club de golf de Ixtapan de la Sal; la casa de campo de Luis Videgaray en un resort de golf en Malinalco, Estado de México, también propiedad de Armando Hinojosa ; lo mismo que la casa del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la zona residencial de Bosques de las Lomas.

Y más atrás, el saqueo de su mentor Arturo Montiel a las arcas del gobierno del Estado de México que Peña Nieto solapó cuando fue gobernador de esta entidad.

Enrique Peña Nieto no está siendo honesto ni sincero en esta disculpa pública que ofreció al encabezar la promulgación de las leyes anticorrupción. Si en realidad lo fuera, este perdón lo habría emitido hace más de un año cuando estalló el escándalo de la “Casa Blanca” y habría presentado de inmediato su renuncia. Pero no fue así.

Hoy que su imagen es la más alicaída de los últimos tres presidentes, que el PRI pierde elecciones como nunca y que se aproxima la elección presidencial, Peña Nieto ha iniciado una campaña de recuperación de la confianza social y una restructuración de la imagen del gobierno y su partido.

El presidente sabe bien que hoy la sociedad mexicana no está en la condición de perdonar y olvidar, que ya no cree en los discursos fáciles ni en las promesas. La sociedad mexicana ha sido muy lastimada en las últimas décadas por la clase política de todos los colores la cual se ha ido alejando de las necesidades populares para enriquecerse.

Por eso este perdón por una equivocación que le ha costado mucho es falsa de entrada pues las palabras no están acompañadas de hechos, sino que forma parte de un plan de recuperación política dentro del cual no se descarta que vayan a enjuiciar a algunos gobernadores como César Duarte en Chihuahua, Javier Duarte en Veracruz o Roberto Borge en Quintana Roo.

En política nada es casual, sino causal. Por eso la renuncia de Virgilio Andrade de la Secretaría de la Función Pública es parte de esta estrategia de reparación de daños y de protección a los cómplices de solapamiento, pues este funcionario fue quien bloqueó la investigación de la “Casa Blanca” y fue quien dictaminó que no hubo nada irregular ni ilegal.

Muy probable es que en esta estrategia política electoral del gobierno peñista veamos acciones al parecer inusitadas como acuerdos con la SNTE-CNTE, el enjuiciamiento a funcionarios de media legua relacionados con casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato.

Pero nada de esto será un acto de justicia, sino parte de una estrategia de Peña Nieto para que su partido sea el ganador en el 2018.

A eso huele este perdón presidencial. A pura apariencia y ficción política.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/447947/ni-perdon-ni-olvido

Pinche gente.

De: Alejandro Páez Varela.

Pues que se joda, esa gente.

Queremos progreso y tenemos con qué pagarlo, ¿cuál es el problema? Queremos minas en Tenochtitlan, Ocampo, Coahuila: que se chingue ese puñado de viejitos chimuelos; ahí que se encargue la minera canadiense First Majestic y que les dé una baba. Queremos los metales de Wirikuta: que los indios pongan sus flores y sus inciensos en sus casas de palo y que suelten las montañas. Queremos el petróleo que queda y el gas por descubrir para nuestros amigos –y para nuestras familias, se entiende–: que se hundan Pemex y CFE y de paso el Seguro Social, las universidades, las pensiones. Queremos gente de progreso, no en las calles, protestando: ¿qué no les bastan los sindicatos que les pusimos desde 1943? ¿Qué no tienen su CTM, su SNTE, su CROC y todas esas?

Queremos un aeropuerto, un pomposo Nuevo Aeropuerto en el centro del país. Pues a darle. Las comunidades son lo de menos; consultarlas no está en la agenda progresista. Simplemente hay que llegar un día con maquinaria pesada y con antimotines, y a cargar con lo que se atraviese. Que se jodan los que no estén de acuerdo. Pinches subversivos, retrógradas, no entienden nada del progreso. Al rato se amansan y ya.

Queremos darle a Grupo Higa una carretera. Es urgente que Armando Hinojosa se hinche (aún más) de dinero. Entonces, que el gobierno del Estado de México se convierta en fuerza de choque para imponerla en el pueblo de Xochicuautla y que se jodan los indígenas otomíes que ocupan las tierras desde tiempos inmemoriales, porque la nueva vía va y listo. A otra cosa. A cerrar el hocico. No se consulta a nadie y para los que protestan hay de dos sopas: las migajas o los cabronazos.

Queremos el agua del pueblo de Coyotepec, que desde 1963 cavó con sus manos los pozos e instaló un Sistema Autónomo y Ciudadano de Agua Potable. Eruviel Ávila, Gobernador del Edomex, necesita esa agua para sus megaproyectos. Entonces a imponer un “referéndum” (con ayuda de un Alcalde panista) y si no se puede disfrazar el robo, y si no se puede con el disfraz de la democracia, a encarcelar a los líderes y a llenar la comunidad de antimotines. Las empresas tienen sed, ¿qué no entienden? Qué saben del progreso, carajo.

Queremos también agua para el proyecto inmobiliario Bosques del Paraíso, de la empresa Merket Construcciones. Urge el agua. ¿Que el pueblo de San Francisco Magú, en el Estado de México, se une para defenderla? En caliente, más de cien granaderos contra los indígenas otomíes. Porque, además, los muy desgraciados se rigen por su propio sistema de usos y costumbres. ¿Cómo que ellos mismos vigilan sus instituciones administrativas, tienen autonomía política, económica y territorial? Eso no es moderno. Eso no es progreso. México no es de los anarquistas: se suspenden los derechos ciudadanos y se sitia el pueblo. ¿El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero dice que agentes atacaron sexualmente a varias mujeres indígenas? Que se jodan las mujeres indígenas y el tal Zeferino Ladrillero. Ahora, que Francisco Nónigo, Delegado Indígena, y Berenice Sánchez, Presidenta Suplente del Consejo de Participación Ciudadana, reciban unos buenos cabronazos.

Queremos progreso para Guerrero. De hecho, hemos llevado el progreso a Guerrero: allí están los miles que trabajan de sirvientes en los hoteles de Acapulco; allí están los campos de amapola, tan chulos de regordetes; allí están los cárteles, floreciendo con lo mejor de nuestras juventudes. Opciones hay, pues, en Guerrero. Entonces, si aparece una bola de muchachos desarrapados, malcomidos y greñudos a tomar camiones para presionar por una mejor educación, pues toda la fuerza del Estado (y del narco). Madrazos. Y si los muchachos no se dejan, balazos. Y si son muchos, a camiones y a desaparecerlos. Que se chinguen las familias: ¿quién les manda a esas madres parir hijos pobres y ser vientre de guerrilleros, subversivos, apestosos, greñudos, malcomidos, desarrapados? Toda la fuerza del Estado para desaparecerlos, y toda la fuerza del Estado para encubrir a los culpables de su desaparición.

Queremos energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Para las empresas –por supuesto–, no para los indios. El Instituto de Energía Renovable de Estados Unidos ya dijo que hay calidad de aire nivel 7 en esa zona y se requiere apenas nivel 5. Queremos energía limpia y barata y que se chinguen las comunidades. A despojarlas de sus tierras. A cerrar sus pueblos. A acabar con sus medios de subsistencia, con sus costumbres y sus creencias. De preferencia que no se haga con mucho ruido allí, en esa zona donde los desgraciados son alborotadores. Es mejor comprar líderes. Es mejor comprar autoridades. Es mejor la cartera por delante, porque todo el dinero que se invierta se recuperará, ya verán.

Queremos instalar una presa en Picachos, Sinaloa. Está decidido: pueblos enteros serán hundidos bajo el agua con todo y panteones; con todo y milpa; con sus iglesias y sus plazas y sus escuelas. Que no se hable con esos pueblos y mucho menos con los indígenas ojetes que seguramente, ya se sabe, se opondrán. Y sí, se oponen: Octavio Atilano Román Tirado es la cabeza de esa oposición… hasta el 12 de octubre (vaya fecha) de 2014, cuando un comando lo ejecuta en la cabina de radio desde donde conducía un programa izquierdoso, revoltoso, subversivo. Que se chingue Atilano. Que se chinguen esos pueblos y que la presa se vuelva una realidad. A hundir los pueblos.

Queremos una Reforma Educativa. Es cierto: el país necesita educación. Sobre todo porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hermano del Partido Revolucionario Institucional, ha mamado y mamado y mamado dinero y como consecuencia aparecemos en los peores niveles educativos del mundo. Sobre todo porque educar no ha sido prioritario cuando se obtiene, del magisterio, lo mejor: votos, hermosos votos, extraordinarios votos por miles y miles que eligen diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y presidentes. Queremos una Reforma Educativa y entonces, pues a meter líderes disidentes a prisión; a meter ciudadanos y maestros a la cárcel. Madrazos. Cero diálogo. Y si no se dejan, balazos. Bola de pinches subversivos, retrógradas que no entienden nada del progreso. Dos, tres, diez muertos y a ver si le siguen.

Porque para profes, Carlos Hank González. Ese sí era profe. Ni diez mil profes presos o muertos compensan su pérdida.

Carlos Hank González –que satanás lo rodee de vírgenes–, el hombre que en una sola generación se volvió dueño de medio México. “Político pobre es un pobre político”, decía. Qué sabio. Podría ajustarse la frase al infinito: “Político sin ‘casa blanca’ o sin ‘casa Malinalco’ es un pobre diablo”. O “político sin Pemex es un político idiota”. La frase se ajusta. La frase es grande.

Porque para progreso, lo que se dice progreso, allí están los hijos de Atlacomulco. Son la muestra de que los izquierdosos, revoltosos y subversivos no progresan y van por el rumbo equivocado. Allí está el tío favorito, don ex Gobernador Arturo Montiel Rojas. Allí está don Carlos Salinas de Gortari. Allí está don Pedro Aspe Armella. Allí está don Luis Téllez Kuenzler. Allí está don Gerardo Ruiz Esparza. Todos funcionarios o ex funcionarios y/o todos con empresas y contratos con el Gobierno. Es la misma cosa, hombre, empresa o gobierno: es lo mismo porque es de uno.

Allí está don Senador Francisco Labastida, que sí sabe cómo convertir un jodido humedal con especies protegidas en una productiva fábrica de amoniaco. Allí está don Apolinar Mena, que tuvo que renunciar a su cargo por un escándalo de corrupción y ahora dirige el gabinete de don Gobernador Eruviel Ávila. Allí está don Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, convertido en hombre de Estado por cuidar los intereses de la familia. Allí está don Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y que ni se le pongan a las patadas y ni le pregunten el origen de su fortuna porque les cae una auditoría. Allí está don Carlos Romero Deschamps, ¿qué mejor ejemplo quieren de progreso?: los jeques árabes lo respetan porque sí sabe qué hacer con el dinero ajeno. Allí está don Gobernador de Chihuahua, César Duarte, que sabiamente se hizo de un banco para progresar también: Banco Progreso. Allí está don Roberto Borge, que dejará Auditor para que no le vengan más adelante con que su progreso no es producto de su esfuerzo.

Porque, carajo, pinche gente: qué sabe de progreso. Los subversivos no progresan por eso, por subversivos. Allí está el mismísimo Enrique Peña Nieto, que de burócrata de medio pelo subió a Presidente. Pinche gente revoltosa, me cae. Revoltosa y malagradecida: queremos llevarles progreso y se ponen a las patadas. Por eso se les responde a balazos, ¿de qué otra forma, si no entienden? Por eso se llenan sus plazas de policías. Por eso se les despide, se les humilla, se les ultraja; a ellos y a sus mujeres. Quieren carreteras pero no ponen de su parte: ¿qué tanto es ceder su casa en aras del progreso? Quieren seguridad, pero traen ocupados a los policías dándoles de garrotazos. Quieren agua pero no comparten la que heredaron de sus abuelos y quieren sueldo de maestro, los muy desgraciados, pero no quieren votar por el PRI.

Pinche gente, me cae. Qué sabe esa gente de progreso. ¿Mal humor social? Cuál, hombre. Mal humor el de uno, con esta pinche bola de revoltosos.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/27-06-2016/3057487

Atrocidades aceptadas.

De: Denise Dresser.
Ayotzinapa. Tlatlaya. San Fernando. Nombres que recordamos por quienes murieron allí, por quienes desaparecieron allí, por quienes fueron ejecutados allí. Casos conocidos, casos emblemáticos, casos que han aparecido en la prensa nacional e internacional. Pero más allá de ellos hay un país herido. Un país donde según el reporte Atrocidades innegables, elaborado por el Open Society Institute, no sólo hay crímenes constantes. Hay crímenes calificados de “lesa humanidad”. Crímenes cometidos por narcotraficantes pero también por las fuerzas armadas. Nueve años de agresiones a la sociedad civil. Nueve años de dolor. Nueve años que han producido más de 150 mil personas desaparecidas.

Una crisis de naturaleza y magnitud insospechadas e inimaginables hasta ahora que es documentada, publicada, evidenciada. Vía un largo y riguroso proceso de investigación, de entrevistas, de recopilación de datos y cifras. Todo ello para llegar a una conclusión que debería sacudir. Lo que ha ocurrido en México bajo la presidencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto merece la atención de la Corte Penal Internacional. Merece que la comunidad internacional inicie investigaciones que tengan consecuencias penales para los involucrados. Porque esos involucrados no sólo son Los Zetas o los cárteles de la droga. Son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado –policía y Ejército– cuyo deber es combatir el crimen, no perpetrarlo.

Las atrocidades que cometen y han cometido no son “casos aislados”; son un fenómeno generalizado. A partir de 2007, cuando Calderón declara su guerra y los asesinatos comienzan a aumentar. A crecer. A ocurrir con tanta frecuencia que de 2007 a 2010 México fue el país con la mayor tasa de crecimiento de homicidios dolosos. Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente. El crimen organizado comenzó a matar más, pero el Estado también, vía el uso indiscriminado de la fuerza, vía las ejecuciones extrajudiciales. Y las cifras oficiales no son confiables, miles de casos siguen sin resolverse; “desapariciones forzadas” no son clasificadas como tales, fosas clandestinas aparecen en estado tras estado. Peor aún: ante las atrocidades innegables la respuesta del Estado mexicano ha sido el silencio. O la pasividad. O el ocultamiento. A febrero de 2015 sólo se habían producido 313 investigaciones federales correspondientes a desapariciones forzadas y sólo 13 condenas. A pesar del involucramiento documentado del Ejército, no fue sino hasta agosto de 2015 cuando se condenó al primer soldado por este delito.

El Estado entonces ha sido cómplice callado de los crímenes de lesa humanidad o no ha actuado para encararlos. Desde el momento en que Calderón envía al Ejército a las calles, las denuncias por maltrato y tortura presentadas ante la CNDH se cuadriplican. La magnitud y las características del maltrato –según el informe devastador– constituyen crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma que México suscribió. Son “parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque”, de conformidad con una política de Estado. Fue el Estado. Ha sido el Estado. Es el Estado.


El Estado mexicano que en aras de someter al crimen organizado ha matado a su propia población. El Estado mexicano que ha permitido el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial contra la población civil. El Estado mexicano que ha actuado sin una regulación adecuada del uso de la fuerza, sin una determinación de responsabilidades por los abusos resultantes. No por accidente, no como simple “daño colateral”, no como “hechos aislados”. Se trata de una política que persigue a personas vinculadas con el crimen organizado, pero también a civiles acusados sin ningún fundamento. El patrón que Open Society –y las ONG con las que colaboró– revela conductas generalizadas. Revelas actos que no se cometen al azar. Revela actos sistemáticos que deben recaer bajo la jurisprudencia internacional, porque el Estado mexicano jamás va a juzgarse a sí mismo.

Por la retórica de la negación que ha caracterizado tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto. Por la forma en la que funcionarios de antes y ahora minimizan lo ocurrido. Por la estrategia gubernamental de atacar a funcionarios de las Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Por las promesas hechas una y otra vez que nunca se cumplen. Desde Tlatelolco, desde la Guerra Sucia, el Estado mexicano resta importancia a los crímenes cometidos y va construyendo el andamiaje de la impunidad. Una impunidad que no ceja porque los funcionarios encargados de combatirla no reconocen que existe. No reconoce lo que deberían hacer para terminar con ella. La gobernabilidad se construye precisamente sobre la impunidad.

De allí que el gobierno acepte el uso de la tortura para extraer confesiones y fabricar “evidencias”. De allí que una sucesión de gobiernos proteja al Ejército y a la Marina de investigaciones creíbles sobre su participación en crímenes atroces. Calderón y Peña Nieto promoviendo y permitiendo la militarización de las actividades policiales. Todo ello contribuyendo a que el Estado evada su culpa. Eso explica las obstrucciones procesales, la falta de independencia de los peritos y los procuradores, la aprobación de aparatosas reformas que después se instrumentan tarde y mal. El país necesita ayuda porque quienes lo gobiernan cometen crímenes y no reciben castigo.

La urgencia del involucramiento internacional deviene de lo que no pasa en el país. Lo que no se investiga. Lo que se tapa. Lo que se oculta. Los crímenes que ni siquiera son considerados como tales. Ni el gobierno de Calderón ni el de Peña Nieto han mostrado interés por establecer responsabilidades por las atrocidades cometidas. En lugar de la investigación, prevalece la obstrucción. En lugar de la premura, prevalece la obstaculización. El informe concluye recomendando decisiones difíciles, decisiones valientes. Decisiones como la creación de una entidad de investigación internacional –con sede en México– que tenga el poder de investigar y perseguir crímenes de lesa humanidad y corrupción de manera independiente. Para que así las atrocidades innegables dejen de serlo. Para que las atrocidades aceptadas dejen de serlo. Para que México no viva con la lesa humanidad de hoy, sino con la recuperada humanidad de mañana.



Fuente: http://www.proceso.com.mx/444420/atrocidades-aceptadas

“Desde Vallejo hasta Rubén Núñez”, artículo de Pablo Gómez.

"Estamos viendo lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político...".

Por Pablo Gómez
El encarcelamiento de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 del sindicato de profesores, es un acto de gobierno en el marco de un conflicto. Ellos son presos políticos. Los delitos que se les imputan ya no son de carácter político, como se usaba hace muchos años, pero la causa penal sí lo es. Se trata de una manipulación del aparato de justicia y así lo confirma el mismo gobierno con sus contradictorias explicaciones.

El cargo no ha sido como se había dicho el robo de libros de texto gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era demasiado débil por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de millones de pesos supuestamente “lavados”. Pero para que hayan operaciones con recursos de procedencia ilícita lo primero es acreditar la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y mucho menos perseguido.

Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político.

A Demetrio Vallejo y sus compañeros los acusaron en 1959 de disolución social, un delito directamente político. Él estuvo en la cárcel unos doce años por haber dirigido una huelga. Antes se usaba el Código Penal en defensa declarada de la “seguridad” del Estado. Ahora se utiliza el prosaico “lavado de dinero” como instrumento político para sacar de circulación a ciertas personas.

El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo ha sido semejante por el uso de esa técnica pero con una gran diferencia: ella tiene una larga trayectoria delictiva, la cual siempre fue parte de la manera de operar el sindicalismo “charro”, es decir, de Estado. Lo mismo ocurrió en 1989 con Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver.

Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual se habían sostenido esos liderazgos.

Por tal motivo, después de sus encarcelamientos, no sucedió nada relevante más que el encumbramiento de otros líderes de la misma familia política mafiosa pero ya docilitados.

La CNTE es una organización independiente y democrática en la cual existe militancia sindical de base, participación efectiva de sus miembros. Además, está en lucha. Encarcelar a dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Vallejo y los ferrocarrileros, no es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto como los casos de “La Quina” y Gordillo.

La lesión que se inflige a la sociedad es evidente porque se reprime la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana.

El secretario de Educación habla como bravero de barrio y es un golpeador de Peña Nieto. En el momento más complicado de la lucha de la CNTE se aprovecha la situación para, por fin, utilizar la prisión como factor político después de que el funcionario más cercano del presidente de la República, Aurelio Nuño, ya había condicionado el diálogo a una renuncia de la CNTE a sus demandas. Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios, ya que ésa sólo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de posiciones, no es una plática de amigos sino una confrontación de ideas y una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con opositores y el uso de la prisión como lenguaje político. Se repite el binomio Díaz Ordaz-Echeverría.

El gobierno sigue hacia abajo sobre un plano inclinado por él mismo construido. ¡Libertad a los presos políticos!

Las elecciones más sucias.

 

 De Pablo Gómez.

Las contiendas en los 12 estados del país donde se elegirán gobernadores o gobernadoras, el próximo domingo 5, han sido las más sucias de los últimos años. Llama la atención que el jefe de un partido, Enrique Peña Nieto, se haya condolido de esta situación cuando el PRI es el que más ha contribuido al enchiqueramiento de la competencia electoral.

Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha llegado al extremo de ejercer la inconstitucional censura previa contra mensajes de radio y televisión, pero lo peor es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las confirmó en sentencias que agravian la libertad de difusión y podrán tener consecuencias gravísimas debido a los argumentos fraudulentos con que se dictaron.

A cambio, el INE ha mantenido en el aire espots claramente calumniadores, como uno en Zacatecas que fue suspendido por el Tribunal, pero un día antes de que terminara el periodo de campañas.

Gran parte del reciente lodazal se debe al gobierno y a la influencia de éste en el INE y el TEPJF.


Manlio Fabio Beltrones se ha estrenado como líder priista en unas elecciones ganables pero con guerra sucia y más que nada con el poderoso respaldo de los programas sociales del gobierno, incluido el Fondo Nacional de Desastres Naturales. El oficialismo ha regalado todo lo que tuvo a la mano a cambio del voto coaccionado, cada vez más necesario por parte del viejo PRI que no tiene la menor intención de cambiar su forma de ser.

Convertir las campañas en intercambios de injurias, calumnias, difamaciones y otras formas de denostar o de plano defenestrar al adversario se ha traducido en el estrechamiento del campo de las propuestas. Es miserable que casi todos los candidatos y candidatas prometan lo mismo: más empleo y mejor seguridad pública (hay uno en Tamaulipas que ha dicho que no habrá un secuestro más durante su sexenio). Ninguno lo puede lograr. Mas lo peor es que casi no hay propuestas de reformas económicas, administrativas y democráticas.

Pareciera que no hay tareas generales, pero tampoco se mencionan otras de carácter concreto. La pobreza programática ciertamente corresponde a los candidatos y candidatas, con sus buenas excepciones, pero también es característica de los partidos que han postulado a personas sin perspectivas transformadoras. El fenómeno consiste en que los partidos mexicanos son cada vez menos propositivos; lo que quieren es ganar a como dé lugar, aunque ellos mismos no sepan exactamente para qué, como no sea el desempeño de los cargos públicos y el control del gasto.

Lo anterior ha conducido a que cada vez gobiernan más las personas y mucho menos los partidos que, se supone, han sido creados con ese propósito. En la contienda de este año casi ningún partido llevó a cabo una campaña unitaria, a pesar de que la mitad del país va a votar. Esto habla de una despolitización del poder público y de la conversión de los partidos en simples frentes electorales.

Aquí hay una crisis política que tiene como expresión superficial el hartazgo popular de los políticos y el debilitamiento de la lucha entre los partidos. La democracia mexicana, exclusivamente representativa y formalista, está al borde de la bancarrota porque la clase política no alcanza a ver que una ciudadanía nueva requiere no sólo elegir sino también proponer, decidir, remover y disponer. El sistema constitucional mexicano requiere un cambio de gran alcance que está siendo postergando por los partidos, inmersos como se encuentran en luchas personalistas y de grupos que se benefician de la corrupción pública, es decir, que son funcionales al Estado corrupto.

Sean quienes sean los próximos gobernadores y gobernadoras, el hecho es que no hay una mayoría política en el país. En varios estados las diferencias van a ser pequeñas, de manera que los nuevos gobiernos vivirán su gestión con mayores vigilancias y en medio de la crítica de sus opositores, los cuales serán representantes en suma de la mayoría ciudadana. Esta característica no es nueva, sin embargo, no está escrito que así debe ser en cada ocasión. Lo significativo hoy es que seguirá la dispersión del voto entre tres o cuatro pedazos de ciudadanía.

Otra característica de la temporada ha sido la división en la izquierda. Cualquier observador en Veracruz, Oaxaca, Zacatecas o Tlaxcala podría decir que la tarea era unir a las izquierdas para ganar de seguro esas gubernaturas. Es cierto que a pesar de la división algunos resultados pueden ser favorables a una de las izquierdas, sin embargo, tanto la posición de Morena de rehusar la búsqueda de acuerdos con el PRD como la de éste de aliarse con el PAN en varias entidades, no eran los mejores caminos. Para el PRD la cuestión se complicó aún más debido a que en varios estados cosechó nuevas escisiones.

Tal vez el resultado electoral muestre que la política correcta es edificar la unidad en la acción en lugar de profundizar la división con base en ataques insultantes pero insulsos que sólo impiden la polémica de fondo tan necesaria para las fuerzas de izquierda.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/442779/las-elecciones-sucias

No hay motivos para el mal humor social.

 De: Rosa Elvira Vargas.

Subido a la cresta de este mayo caliente, el presidente Enrique Peña Nieto adopta medidas drásticas, como el despido de más de 4 mil maestros en paro, y lanza la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país. Con esas acciones se ha colocado en el centro de una opinión social dividida.

De Ayotzinapa, la asignatura perpetua, expresa perplejo: No he logrado entender cuándo pasó el gobierno (federal) a ser señalado implicado, culpable, pues el único interés, asegura, ha sido esclarecer lo ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala.

Tampoco encuentra motivos para el mal humor social, pero identifica en las redes sociales la nueva plaza pública. Y a dos semanas de la jornada electoral, lamenta el mucho lodo y basura en las campañas y en todos los partidos. Descarta, de antemano, ubicar en los resultados del próximo 5 de junio una proyección para los comicios presidenciales de 2018.

Peña Nieto concedió a La Jornada una larga entrevista. Ante la pregunta sobre el rechazo de algunos sectores magisteriales a la reforma educativa, identifica liderazgos que la han distorsionado, confundido y defienden sus privilegios. El Estado, manifiesta, no tiene margen para otra cosa que no sea aplicar la ley y despedir a los maestros faltistas.

Respecto del matrimonio igualitario, se confiesa católico pero arguye para la presentación de esa propuesta la condición de México como país laico, libre y que reconoce la diversidad.

Entiendo los tabúes sobre el tema, pero éste es un asunto de derechos y en el que no cabe tener un país con mexicanos de primera y de segunda, donde sólo se reconozcan los derechos de personas en cierta condición y no para el resto de los mexicanos con preferencia sexual distinta de quizá la mayoría.

Admite que la caída de los precios del petróleo no estaba en el radar cuando se cambió la legislación, pero dice no sentirse frustrado: La reforma energética va más allá. Compartir el riesgo con la iniciativa privada evitará grandes endeudamientos del gobierno, como ocurrió hace 50 años, cuando éste invirtió sólo en las áreas de explotación y producción.

Enseguida, las partes sustantivas de la entrevista.

Reforma educativa

–¿Cuál es su posición frente a las protestas contra la reforma educativa y la decisión de despedir a los profesores en paro?

–Fue la primera reforma impulsada con un amplio consenso y tras ponderar las condiciones para empujar un modelo más óptimo, necesario y de calidad. Es evidente que encontró resistencias y, lamentablemente, hay liderazgos que han distorsionado su sentido.

“No tiene orientación punitiva ni para castigar a los maestros. Por el contrario, incluye mecanismos para apoyar la preparación constante del docente y darle más de una oportunidad cuando ha sido evaluado, porque éste es un indicador de cuáles son sus vulnerabilidades o fragilidades.

“Creo que hay un grupo que está defendiendo privilegios. Hay un gran reconocimiento a los maestros –la mayoría– que han hecho suya la reforma y han participado. (Asistieron) más de 90 por ciento de quienes debieron evaluarse en 2015. Muchos ya han recibido incrementos salariales, porque así está previsto. La modificación premia los méritos, las capacidades y el desempeño de los profesores.”

–Entonces, ¿por qué el rechazo?

–No sé a qué atribuirlo. La oposición es en razón de los privilegios que han tenido. Aquí lo más importante es que el maestro esté con sus alumnos. Nadie se opone a su derecho de expresarse, de manifestarse, de protestar. Pero la reforma prevé escenarios en los que se garantice que el docente no esté ausente de su escuela, del aula, y deje a los niños sin clases.

–¿Los despidos anunciados son procedentes?

–El Estado no tiene margen de interpretación para una cosa distinta que no sea aplicar la ley. De no hacerlo así, estaremos en falta seria. Somos sujetos obligados, al igual que los maestros, a lo que mandata la ley, la reforma educativa. La norma en la materia nos impone obligaciones.

“No da elementos de discrecionalidad ni para la negociación. Lamento mucho que haya este número de docentes despedidos (4 mil 243, de cuatro estados, hasta el viernes pasado); no sé si (actuaron) por presiones.

“Además tienen un proceso que seguir, en el cual expongan y den razones, después de recibir la notificación por haberse ausentado de las aulas. Repito: no es el propósito de la ley castigar al maestro. Es un proceso que, reconociendo deficiencias en la capacitación y formación de los profesores, los lleva a estar en condiciones óptimas de educar.

El modelo es bastante generoso, noble. No es sancionador. Hay quienes se han encargado de cargar a la legislación educativa ese sentido de sanción. No lo es. Está hecha para incentivar la buena preparación, la formación, premiar al maestro que hace méritos en su desempeño, que es, a final de cuentas, lo que buscamos para garantizar una mejor enseñanza.

Ayotzinapa

–¿El caso Ayotzinapa quedará como la gran deuda de su gobierno?

–Estamos dispuestos a llegar al esclarecimiento en lo que permita toda la investigación, quizá una de las pocas (en México) con tal nivel de profundidad, de recursos humanos, materiales y financieros del Estado dedicados a la misma.

“Nunca he logrado entender una cosa: cuándo pasó el gobierno a ser señalado, si lo único que quiso fue atraer un asunto ocurrido en una entidad, Guerrero.

“El gobierno (federal) intervino para esclarecer y apoyar la investigación de qué había ocurrido, dónde estaban, cuál había sido el paradero de los jóvenes desaparecidos, en una obligación del Estado de cómo vamos en coadyuvancia y, eventualmente, en sustitución de la autoridad competente a hacer esta investigación. Y así fue como la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo ese asunto.

“El único empeño del gobierno es esclarecer y apoyar la petición de la sociedad en general y de los padres a conocer qué pasó. No hay una bolita de cristal que nos pudiera regresar en el tiempo y saber exactamente con precisión qué ocurrió. Hay indicios, una investigación y elementos que te llevan a conclusiones. Si no a éstas, por lo menos a ciertas hipótesis que ha apuntado la PGR de lo que pudo haber pasado.

“El nivel de apertura del gobierno en este ánimo es tal, que abrimos el espacio para que viniera un órgano de coadyuvancia en esa tarea.

“Pregunto: ¿cuándo pasamos a ser señalados como implicados, culpables? Es una barbaridad sólo pensar ese tema. O sea, querer participar para ayudar a esclarecer, a ser señalados con cierto grado de responsabilidad por lo ocurrido ahí. Me parece un tanto absurda esa transición.

No ha sido una investigación fácil, obviamente. Creo que como ninguna otra. No sé si la del magnicidio del candidato (Luis Donaldo) Colosio. Pero la verdad se ha hecho un gran trabajo, con toda profundidad.

–¿Confía en que su gobierno llegará al esclarecimiento total?

–No voy a acelerar más allá la investigación. Creo que debe seguir todo un proceso. Espero, es mi deseo, que en este gobierno se pueda concluir. Sería lo deseable. Pero es un tiempo que no me toca definirlo, sino a la parte investigadora, a la PGR, que además, lo he reiterado, es la autoridad y tiene la responsabilidad y obligación en términos de ley.

Matrimonios igualitarios

–¿En qué momento y bajo qué criterios decidió impulsar la iniciativa sobre los matrimonios igualitarios?

–Vi el contexto adecuado a partir de mi convicción de lograr una auténtica inclusión. En el ejercicio de la responsabilidad vas logrando una sensibilización a las necesidades y temas que están en el quehacer diario. Este es uno de ellos. Quizá es un tema tabú, pero del que a final de cuentas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el año pasado, tuvo una definición muy clara y el Estado mexicano estaba ausente de un reconocimiento para las personas que forman parte de ese grupo.

Las redes sociales se han convertido en la plaza pública, donde escuchas distintas voces y expresiones, afirma el mandatario.
–¿Cómo incidirá en la decisión del Congreso para ver éste como un tema de derechos y no sólo de preferencias sexuales?

–He escuchado las primeras posiciones de los partidos, de sus líderes, y en ninguno he recogido una oposición total. El debate se dará a su debido tiempo. Espero que prospere.

“Cuando platiqué con varios colectivos y comunidades (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) vi que mucho de esto se da a partir de una mayor visibilidad que tienen. Y, sin duda, es obvio y necesario dar reconocimiento a esos grupos ante la ley, que tengan derechos propios, que se puedan romper los estigmas, los prejuicios y el rechazo social.

Estamos avanzando como sociedad en una mayor apertura, en un reconocimiento real de la diversidad. Con esta iniciativa quiero dar un marco legal que reconozca esta diversidad, que haya pleno respeto y se trabaje en favor de la inclusión de todos los grupos que hay en nuestra sociedad.

–¿Se previó la oposición que podría enfrentar la medida?

–En sentido estricto no hubo cálculo político ni electoral, como muchos han dicho. Tampoco en razón de si era oportuno hacerlo. Se trata de verlo con gran apertura, para que México tampoco quede a la zaga. Soy muy respetuoso de los doctrinas religiosas. Soy católico, pero un jefe de Estado no puede imponer como política una doctrina religiosa. Somos un país laico, libre, que reconoce su diversidad. Debemos cuidar que nuestras normas dejen de ser discriminatorias.

–¿Se trata de un relanzamiento de su gobierno?

–Con toda honestidad, no trabajo para las encuestas. Me fijo metas en razón de lo que creo que este país merece y debe tener, de lo que ofrecí a la ciudadanía, del proyecto de nación que postulé.

“Hay temas en los que eventualmente asumes desgastes, costos políticos, pero estoy convencido de que son para bien de México. No es sólo un empeño o una definición unilateral. Se acredita en los resultados, en las condiciones de desarrollo social, de crecimiento económico, de prosperidad de la gente.

Mal humor social

–¿A qué atribuye la polémica que causó su expresión sobre el mal humor social?

–Lo expresé porque he recogido algunos comentarios. Pareciera que el tema lo abordara por vez primera, pero otros lo han hecho. Solamente lo recuperé. He estado en eventos en los que los líderes de organizaciones empresariales han dicho que pareciera haber malestar, mal humor. Sin embargo, cuando se les pregunta: oye, ¿te está yendo mal en tu pequeño negocio, en tu negocio grande? ¿Estás teniendo problemas? A todos, en términos generales, les está yendo bien.

Los datos acreditan que hay más empleo que nunca. Todos los indicadores hablan de que estamos avanzando. Además, en un entorno mundial muy difícil. En Latinoamérica nos estamos convirtiendo en el principal motor de crecimiento. México está creciendo, no a las tasas que quisiéramos, pero sí de manera relevante.

–Entonces, ¿a qué atribuirlo?

–Es parte de una nueva realidad. No es un tema privativo de México. Cuando me he reunido con otros jefes de Estado, hablan de eso. Las redes sociales han tenido impacto, sin duda, en el humor, porque obviamente hay expresiones de todo tipo. Libres. En México no hay censura de ningún tipo. Las redes han impreso, sin duda, un cambio al sentir social, al humor social, a las formas de expresión.

–¿Hay menos miedo de hablar?

–Sí. En buena medida las redes se han convertido en la plaza pública, donde escuchas distintas voces y expresiones. Tienen impacto en distintos segmentos de la población. Pueden ser opiniones bien fundamentadas o no.

–¿El Estado cómo las tiene que asimilar?

–El gobierno tiene que ocuparse de ser el gran facilitador de condiciones de oportunidad y bienestar.

Elecciones en puerta

–¿Cómo ve el escenario a dos semanas de las elecciones?

–Hay gran efervescencia. Campañas que han estado cargadas de mucho lodo y basura. No es el mejor tono de una campaña. Siempre he estado en favor de las campañas limpias y propositivas. Sin embargo, (ahora) en todos los partidos se han respondido unos a otros de forma a veces muy sucia, muy agresiva. Pero tampoco debe sorprendernos.

–¿Ese ambiente le hace mal a la democracia?

–Para mí, en lo personal, no es lo deseable. Soy más de los que creen en las campañas de propuestas. Pero también hay que decir que así son. O sea, que tampoco nos sorprenda. Creo que, a final de cuentas, prevalecerá la opinión, el criterio y el voto informado que tenga la gente. Lo importante es que esto no desaliente la participación del electorado.

–Para quienes dicen que este es el arranque hacia 2018...

–No creo mucho esto. Cada elección tiene su condición; ninguna puede proyectar un resultado del mañana. De eso estoy absolutamente convencido. Cada una tiene su condición, su dinámica, su juego, equilibrios, balances. Vamos a tener estos resultados. Punto. ¿Y tienen que ver algo o sin proyección de lo que pueda ocurrir en 2018? Creo que no.

Reforma energética

–Su gobierno logró la aprobación de la reforma energética, pero casi al mismo tiempo cayeron los precios del petróleo y Pemex entró en crisis. ¿No es una especie de mala suerte haber logrado cambios en la norma y enseguida encarar ese panorama?

–Nos tocó vivir un mal momento en términos de precios del crudo, que obviamente no estaba en el radar. Pero la modificación es un cambio estructural que va más allá de esa condición. Es una plataforma. Los petroprecios siempre han tenido gran volatilidad.

“A final de cuentas no siento frustración, porque creo que la reforma en el tema energético nos va a permitir estar mejor preparados cuando tengamos mejores precios. Incluso, con los actuales. Por eso no hemos frenado su aplicación. Nos incentiva a encontrar más alianzas estratégicas con el sector privado para poder desarrollar modelos de producción de explotación y producción en campos en los que difícilmente podíamos explotar nosotros solos.

“Lo podíamos hacer, pero con un costo altísimo. México ya pasó por ese modelo cuando en los años 80, en los 70, recurrió a grandes endeudamientos para desarrollar la industria. Éramos eminentemente productores y exportadores de petróleo, vivíamos prácticamente de eso. Se corrió esa gran apuesta. Se endeudó al país para ese propósito y el precio fue altísimo. Hoy buscamos compartir el riesgo evitando que el Estado se endeude para ese propósito.

“Además, los campos de fácil explotación y producción están agotados. Cantarell ha caído. Ese yacimiento nos permitió estar más o menos manteniendo nuestro nivel de producción. Tenemos que entrar a los que están en aguas profundas, donde hemos hecho exploración, pero no explotación. Las inversiones ahí son megacostosas, y lo que queremos con esta reforma es que el riesgo se comparta con el sector privado.

Sistema anticorrupción

–Su propuesta de crear un sistema nacional anticorrupción sigue pendiente en el Congreso. ¿Tiene confianza en que saldrá aprobada?

–El sistema hay que entenderlo, primero, como la manera en que se sanciona la corrupción, donde la haya, y cómo la evitas también con una orientación de carácter preventivo. Creo que va a prosperar. Lo que he recogido del Congreso es que hay un compromiso por llegar a un acuerdo definitivo para tener una legislación en esta materia en el periodo extraordinario del 13 al 17 de junio.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/23/politica/004e1pol