La Iglesia cómplice.

 

De: Jorge Carrazco Araizaga.

Desde hace una década, cuando la violencia se desbordó en todo el país, la Iglesia católica ha sido mera espectadora.

Desde entonces los más de 150 mil muertos, los más de 10 mil, 15 mil o 20 mil desaparecidos, los desplazados, los cementerios clandestinos que emergen en todo el suelo mexicano y un largo catálogo de otras violaciones graves a los derechos humanos han sido insuficientes para la impávida jerarquía católica mexicana.

Contrario a sus principios doctrinarios, el amor al prójimo no los ha impelido siquiera a proponer paliativos ante el desgarramiento social e institucional de México. Por información no se pueden quejar.

La Iglesia católica mexicana, que tiene una enorme grey con más del 80 por ciento de la población, cuenta con una gran red de informantes en todo el país.

Las parroquias son fuentes de información invaluables. Hasta ahí llega la gente a contar lo que sabe, lo que ha vivido y padecido en estos tiempos virulentos. La información fluye desde ahí hasta las diócesis y de ahí hasta la cúpula de la jerarquía eclesial, en la Ciudad de México.

La Iglesia católica sabe quién son y cómo opera la delincuencia. Pero ha cerrado los ojos y estirado la mano cuando se trata de contribuciones económicas del propio narco para construir parroquias.

Son contados los sacerdotes católicos y menos aún los obispos que han alzado la voz, pero sobre todo los que han tomado acciones en defensa del prójimo y los derechos humanos. Varios sacerdotes han sido asesinados en esta violencia desbordada y ni siquiera eso ha movilizado a la jerarquía eclesial.

Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, conoce por experiencia propia lo que significa vivir en un país donde la dignidad humana es despreciada por el Estado, sus agentes y sus colaboradores.

Durante la dictadura militar en Argentina, de 1976 a 1983, ayudó a personas a salir del país, aunque una acusación periodística, que oficialmente fue desmentida, lo señala de haber entregado a la Junta Militar a dos sacerdotes jesuitas.

Lejos de la burbuja ominosa en la que históricamente se ha movido la jerarquía católica mexicana, Bergoglio sabe además, también por experiencia propia, de la marginación cuando oficiaba en las llamadas villas miseria de Buenos Aires. Descendiente de migrantes italianos, sabe asimismo de los dramas personales de la inmigración.

Bergoglio no se puede dar por no enterado de la crisis moral de su Iglesia en México, y mucho menos guardar silencio: Padres pederastas y jefes católicos protectores al más alto nivel, implicados en actos de corrupción moral como en la boda religiosa del presidente Enrique Peña Nieto, persecutores de quienes se defienden o alzan la voz o negociantes con el poder político y económico como mercaderes.

Bienvenido a México, Francisco. Estos son los representantes de tu Iglesia en México. Lo que digas y hagas en tu primera visita a este país cansado ya de tanta violencia y corrupción, incluso si excomulgas a los delincuentes estatales y no estatales, tendrá eco mientras estés aquí. Después, el círculo vicioso de la degradación moral en la vida política, económica, social y católica de México seguirá creciendo de la mano de su gran aliada, la impunidad.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/429792/la-iglesia-complice

Un país reprobado en casi todo.

De: Jesús Cantú.

En los últimos 10 meses informes y visitas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil desnudaron las enormes carencias mexicanas en materia de respeto a los derechos humanos, ejercicio de la libertad de prensa y combate a la corrupción, con lo cual, aunque periódicamente se celebran elecciones, que en general los observadores internacionales califican como democráticas, el país incumple con elementos indispensables para considerarlo de la misma manera.

El pasado miércoles 28 de enero se dieron a conocer los reportes de Transparencia Internacional (TI) en materia de percepción de corrupción, y de Freedom House (FH) en materia de libertades, libertad de prensa y libertad en internet. Todos reprueban a México.

De acuerdo con informe de TI, el país apenas alcanza una calificación de 35 puntos, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa “altamente corrupto” y 100 “muy limpio”. Esto convirtió al país en el peor evaluado de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El comunicado de prensa enfatiza: “Los países en las primeras posiciones presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos, y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno.”

Y, en contrapartida, al establecer las constantes en los países que ocupan las últimas posiciones, además de las guerras y conflictos, “se caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación”.

Para corroborar las razones por las que México se encuentra entre estos últimos, el informe de FH ubica a México como un país “parcialmente libre” en general y en libertad en internet, pero “no libre” en relación con los medios de comunicación. Para respaldar esta calificación en materia de libertad de prensa se hace referencia al despido de Carmen Aristegui y todo su equipo de MVS Radio tras haber revelado la historia de la Casa Blanca de Las Lomas, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera; y, desde luego, al frecuente asesinato de periodistas, especialmente aquellos que investigan temas policiacos, de tráfico de drogas y corrupción oficial.

Sin embargo, previamente habían sido la OEA y la ONU –organismos internacionales de los que México forma parte– y sus convenciones en materia de derechos humanos –que fueron firmadas por el Ejecutivo y avaladas por el Senado mexicanos– las que habían emitido informes alarmantes respecto a diversos temas vinculados con estos derechos fundamentales.

En marzo del año pasado, Juan Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura, presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de dicha organización el informe de una visita que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, y en su primer párrafo señaló: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la presentación son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”.

Posteriormente, entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre del mismo 2015, durante la Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de trabajo que revisó los avances en la implementación de las recomendaciones que dicha instancia hizo a México en 2011 en cuanto a desapariciones forzadas avaló la afirmación del Comité en la materia respecto a que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

También en octubre, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó lo impactante que resulta el hecho de que en un país no inmerso en un conflicto bélico hubiesen sido asesinadas 151 mil 233 personas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, y desaparecido al menos 26 mil desde 2007.

A su vez, Rose-Marie Belle Antoine, al dar a conocer el informe preliminar tras la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que estos problemas “son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas” (Proceso 2043).

Los politólogos identifican cinco dimensiones que cualquier democracia debe cumplir para ser considerada como tal: elección democrática de autoridades; sensibilidad y capacidad de respuesta de éstas a las demandas ciudadanas; vigencia del estado de derecho; mecanismos eficaces y eficientes de rendición de cuentas, y vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales.

Los informes citados en los párrafos precedentes evidencian que al menos las tres últimas no rigen en México. Los informes de la OEA y la ONU constatan la ausencia del estado de derecho al revelar un índice de impunidad de los casos criminales de 98% y la generalización de las prácticas de la tortura y la desaparición forzada por parte del mismo Estado mexicano.

Si a estos documentos se agrega el de FH, queda claro que tampoco se cumple con la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales. Y el de TI revela la inexistencia de la rendición de cuentas en el país.

La mala evaluación del desempeño de los partidos políticos en general y la mala calificación de los gobernantes de las distintas instancias en todas las encuestas de opinión pública permiten suponer que tampoco se atienden las demandas ciudadanas. De acuerdo con una encuesta de septiembre de 2015 sobre la confianza en las instituciones realizada por Consulta Mitofsky, los partidos políticos son los peor evaluados, con una calificación de 4.9 puntos sobre 10. La encuesta de diciembre del año pasado de Reforma indica que el 58% de los encuestados desaprueban la actuación del presidente mexicano y únicamente 39% la aprueba; y de los 21 miembros de su gabinete ampliado únicamente aprobó, con apenas 6 puntos sobre 10, el secretario de Marina.

Así que, en el mejor de los casos, de las cinco dimensiones irreductibles de la democracia, en México únicamente se cumple con la elección democrática de las autoridades. Esta es la realidad de la tambaleante democracia mexicana.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/429198/un-pais-reprobado-en-casi-todo

Test de inteligencia moral para mexicanos corteses.

 

 De Sabina Berman.

1 Hace unos días el presidente de México impuso la Orden del Águila Azteca al rey de Arabia Saudita. La más alta condecoración mexicana otorgada a extranjeros por sus aportaciones al bienestar de la humanidad. La misma que fue conferida en el pasado a Nelson Mandela, Gabriel García Márquez, Rigoberta Menchú, Joan Manuel Serrat, entre otros igualmente meritorios.

El rey saudita, famosamente, mandó en 2014 decapitar en las plazas públicas a 100 personas, y en lo que va de este año ha ordenado decapitar a otras 14, todas ellas por algún crimen que puede englobarse en este capital: no someterse a su voluntad y a las leyes islámicas del emirato.

El otorgamiento del Águila Azteca al tirano ocurrió porque:

a) Nadie en el equipo del presidente sabía que Salman bin Abdelaziz Al-Saud rige de forma absoluta sobre una teocracia radical, dado que no tuvieron tiempo de leer algún libro sobre ese remoto país.

b) Todos, incluido el presidente, lo sabían y no vieron nada realmente malo en un teócrata que corta con sables cabezas en espectáculos públicos de espanto, puesto que El Chapo también hace lo propio y los mexicanos le cantamos corridos y la revista Rolling Stone lo trata de héroe, o bien

c) Por supuesto, los funcionarios peñistas vieron la dificultad moral pero simularon no verla, haciendo derroche de la llamada “cortesía mexicana”, a decir, el convenio del respeto a la impunidad ajena que norma al priismo desde la mitad del siglo pasado y que derivó en la Doctrina Estrada en asuntos diplomáticos, sintetizada en el sabio proverbio: “No veo las guillotinas en tu patio si tú no ves las guillotinas en el mío”.

2. Un día después, el secretario de Educación mexicano firmó con su homólogo saudita un convenio de intercambio en materia educativa; esto, cuando la educación saudita incluye normas tan asombrosas como el recreo obligatorio y eterno a las mujeres y la entrega a la policía religiosa de cualquier alumno que exhiba conductas homosexuales, agnósticas, ateas, propias de la brujería o del libre pensamiento.

Esto ocurrió porque:

a) El secretario mexicano creía estar en París y se sorprendió mucho cuando su homólogo llegó con un pañuelo en la cabeza.

b) Sabía de estas normas educativas y pensó que en México pueden adaptarse con gran provecho, incluyendo por ejemplo la lapidación de todo educando rajón o sangrón, lo que será agradecible por maestros y alumnos.

c) O bien, lo sabía y al momento de firmar el convenio puso en lugar de firma una frase en español: Esto lo firmó Elba Ester.

3. Asimismo, fue capturado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, Humberto Moreira. El exgobernador de Coahuila fue señalado en el año 2012 por el secretario de Hacienda como culpable de presentar documentación falsa acreditando el gasto de mil millones de pesos. Además, Hacienda señaló la desaparición de otros 35 mil millones del erario de Coahuila. En su momento, en México la Procuraduría General de la nación lo investigó y con una rapidez de relámpago lo exoneró.

Y esto ocurrió porque:

a) Se le encontró inmaculado y más bien víctima de habladurías dolosas.

b) La PGR recibió del presidente Peña la orden gentil de no investigar a su correligionario y amigo.

c) Creemos sincera y profundamente que el respeto a la impunidad ajena hace la paz, y esperamos con ansia nuestra oportunidad de saquear al país.

d) Nos indigna la ausencia de instituciones y de cultura de Justicia, y sólo estamos atentos al momento oportuno para iniciar una revolución moral.

Calificación. De haber elegido una mayoría de aes, usted es un tonto útil al sistema. De haber elegido una mayoría de bes, es usted un cínico útil al sistema. De haber elegido una mayoría de ces, es usted el sistema encarnado. De haber elegido la última d, es usted el porvenir.

Intervención internacional por desaparecidos.

De Jorge Carrazco A.

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el principal cuerpo deliberativo y de decisiones del organismo internacional, se ha hecho eco de la crisis de la desaparición forzada de personas en México.

La desaparición de miles de personas en el país en el contexto de la inseguridad y violencia que llevan ya una década desbordadas fue revisada esta semana por los 15 países que integran el máximo órgano de la ONU, empezando por los cinco permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia.

Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se reconoció la existencia de al menos 26 mil personas desaparecidas, aunque después el propio gobierno quiso darle otra dimensión y habló de 13 mil desaparecidos.

Pese a que la verdadera cifra se desconoce debido a la falta de registros confiables, el problema es de tal dimensión que mereció ser tratado en el Consejo de Seguridad, donde se toman las decisiones de sanción a los países miembros que violan el derecho internacional, entre ellos el del respeto a los derechos humanos.

El Consejo también puede proponer acciones de intervención internacional ante crisis humanitarias. Ante los pactos de impunidad entre la clase política para investigar y establecer responsabilidades, es cada vez más necesaria una intervención internacional humanitaria en México.

La hermana Consuelo Morales Elizondo, Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 y fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), estuvo en esa reunión del Consejo de Seguridad y le pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto aceptar ayuda internacional en estas tareas.

A partir de su experiencia en Monterrey, la religiosa habló de la impunidad generalizada que prevalece en el caso de las desapariciones.

El Estado mexicano lleva años demostrando al mundo que es incapaz de cumplir con su razón de ser: darle seguridad a las personas, tanto en su integridad, como en la posesión de sus bienes, y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Y aunque no se puede afirmar que el Estado mexicano es el responsable directo de todas las desapariciones en el contexto de la confrontación armada entre los grupos que se disputan el mercado de las drogas, es evidente su fracaso en dar seguridad a sus habitantes.

Es tal el descrédito internacional de México que en esa misma reunión, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Samantha Power le dio a México el mismo tratamiento que a Sri Lanka, tanto por el número de desaparecidos, como la respuesta de los gobernantes.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el caso de los 43 normalistas desaparecidos, ha demostrado que mientras no haya un compromiso serio del Estado mexicano, la intervención internacional puede acabar en una frustración más.

Con el actual funcionamiento de las procuradurías de justicia, los pactos políticos de impunidad y las respuestas del Estado a la crisis de inseguridad, que no pocas veces son criminales –como la desaparición de personas a manos de policías o militares–, es claro que la solución a la crisis humanitaria en México está más allá de nuestras propias fronteras.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=428064

Televisa y TV Azteca resienten embate de la web y apuran cambios.

 

 De Jenaro Villamil.

Tras un año de fuertes pérdidas en ingresos publicitarios, las principales televisoras mexicanas Televisa y TV Azteca se prepararan en 2016 para modificar sus contenidos, recortar telenovelas, asociarse con productoras independientes, eliminar programas de concurso y continuar con la reestructuración en sus áreas de deportes y noticieros, así como preparar formatos de interacción similares al de las redes sociales y el streaming.

La primera en adoptar cambios drásticos fue TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. A un mes de la llegada de su hijo Benjamín Salinas como nuevo director de la televisora en lugar de Mario San Román, la empresa –que perdió 817 millones de pesos en el tercer trimestre de 2015– recortó personal, dejó de producir telenovelas y programas en la barra de entretenimiento y cortó contratos de exclusividad con conductores como Fernando del Solar, Lolita Cortés o Enrique Garay.

En la televisora del Ajusco salieron del aire programas como “Raquel y Daniel”, “Ellas Arriba”, “Hasta Mañana es Lunes”, “Viva el Show”, la serie “Glee” y “Deporteando”.Un comunicado interno mencionó que estos recortes en octubre y noviembre de 2015 se debieron a los bajos niveles de audiencia y la poca venta de publicidad.

Para 2016, TV Azteca anunció que emprenderá un “periodo de renovación” y buscará “alianzas estratégicas” con productores independientes y fortalecerá su relación con majors más importantes.

En las próximas semanas anunciará producciones como “Un Día Cualquiera”,un programa “multiplataforma” donde cada capítulo presentará tres historias “que cruzan la delgada línea entre la realidad y la ficción invitando a la audiencia a participar y a opinar en tiempo real”.

Este modelo de programa es el que ambas televisoras buscan: ganarse a las audiencia que han migrado a las plataformas de televisión online, como Youtube o Netflix, así como a los jóvenes que interactúan en redes sociales y ya no ven televisión abierta.

TV Azteca también anunció un nuevo reality show, llamado “Abandonados”, grabado en países del sudeste asiático como Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, así como la renovación del programa de cocina “Master Chef”y una nueva serie de ficción llamada “Dos Lagos”.

En Televisa también se realizaron cambios abruptos a finales de 2015, como la salida de Javier Alarcón al frente de Televisa Deportes, el final del programa “En Familia con Chabelo”, una de las emisiones más antiguas de la televisión mexicana, así como el final del talk show de la polémica conductora peruana Laura Bozzo.

Informes internos de la televisora de Chaputepec afirman que para este 2016 planean también recortar telenovelas, programas de concurso y realitys. Se ha ordenado a los productores de telenovelas que se aliente una “interacción mayor” con los televidentes, como si fuera el lenguaje de las redes sociales.

Otro de los cambios que se especulan al interior de Televisa es la remodelación del equipo de noticieros, incluyendo la salida a cuadro de Joaquín López Dóriga, el ingreso de Leon Krauze y la remodelación de los programas de análisis informativo.

A diferencia de su competidora más cercana, Televisa no ha hecho públicos los cambios, pero en ambos casos se trata de un replanteamiento ante la caída de los ingresos por anunciantes y la migración de las audiencias hacia las distintas plataformas de internet.

La vieja televisión no termina de fenecer, pero tampoco la nueva televisión ha consolidado sus ingresos, según distintos especialistas.

Antes de la llegada del internet, las empresas destinaban 75% de su inversión publicitaria a la televisión abierta y más de 90% de ese presupuesto se concentraba en Televisa y TV Azteca. Ahora esa inversión publicitaria ha disminuido en 50%.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=426926

El Chapo y la propaganda cruda, barata y dañina del poder.

 

De Pablo Gómez.

En la entrevista publicada por la revista Rolling Stone, Joaquín Guzmán Loera aseguró que “el narcotráfico no depende de una persona; depende de muchísimas personas”.

Esta verdad incontrovertible no parece afectar el ánimo de los gobernantes mexicanos, que han organizado una campaña de medios para presentar la captura del líder del Cártel de Sinaloa como una proeza histórica y un fuerte golpe a la industria del narcotráfico. “Misión cumplida”, escribió el presidente de este país en su cuenta de Twitter.

Que el gobierno entregue videos tomados dentro de la residencia de Guzmán Loera para ser difundidos por la televisión abierta es un hecho absolutamente condenable. Los gobernantes no están autorizados a difundir la violencia militar o policial ni la violencia a secas. Esa propaganda no corresponde a un Estado afecto a los derechos humanos.

El país está ahora peor que bajo el gobierno de Felipe Calderón, quien empezó el espectáculo. Ahora Peña Nieto da a conocer acciones militares, disparos a discreción y explosiones de granadas como si se tratara de un filme de ficción. Esa campaña envilece al gobierno, lo convierte en un promotor de la violencia.

Al tiempo, presenta a El Chapo como un personaje épico que converge con la industria del entretenimiento basado en el amarillismo, el uso de armas y la apología del crimen.

Tiene razón Aurelio Nuño cuando afirma que no se debe presentar la historia de los delincuentes como algo exitoso, pero el secretario de Educación no se atrevió a deslindarse de la campaña gubernamental que presenta la violencia real como único instrumento contra los narcotraficantes. ¿Eso es lo que debe enseñarse en las escuelas? La detención se produjo sin violencia lejos de la casa de El Chapo, pero lo filmado y difundido se presenta como el acto mismo de la aprehensión.

Se sabe que Guzmán Loera escapó de la residencia allanada, que los militares no se dieron cuenta de ese hecho hasta después de una hora o más, y que su detención en la carretera fue incruenta. No hay nada heroico en tales acciones como lo pretende el gobierno a través de su campaña. Sin embargo, se organizó un tour de periodistas para que éstos reportaran los vestigios de la violencia, la sangre resecada, las huellas de la muerte, los impactos de las balas y los destrozos de las granadas.

La falta de buenos resultados de la gestión gubernamental es cubierta con una acción de pura violencia. Los padres y madres tienen ahora que tratar de explicar a sus hijos e hijas qué es lo que ésta significa, cuál es su causa, y cada quien debe intentar una versión a su modo, pues el gobierno no ofrece ninguna, sino que nos lanza orgulloso un vídeo a la cara sin brindar la menor explicación del fenómeno que está en el fondo. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué debe hacerse? Un Estado que no dice, miente.

¿Es necesario que el poder haga escandaloso alarde de fuerza? No, ni en la guerra, mucho menos cuando ese mismo poder ha sido sobajado durante décadas por la delincuencia organizada, que es un producto genuinamente suyo, aunque sea monstruoso, que lo sustituye, que cobra impuestos informales, que controla territorios y órganos del Estado para proteger hechos delictivos, entre ellos muchos de violencia extrema.

El video del asalto a la casa de Guzmán Loera no puede ser admitido como un medio de hacer sentir el poder sobre la delincuencia organizada, sencillamente porque todo mundo sabe que no se producirán afectaciones en la industria del narcotráfico. Ningún jefe narco tiene ahora más miedo que antes. La tesis de Felipe Calderón era falsa, y en la chocante versión de Peña Nieto sigue siendo igual de falsa.

Avergüenza tener un gobierno así, sin cultura, sin decencia, sin verdad, sin discurso político, sin propuesta. Todas las instituciones han sido llevadas al festín de la captura del “hombre más buscado del mundo”, según se dijo.

Para empeorar las cosas, la Procuraduría General de la República (PRG) se ha puesto a decir disparates sobre las supuestas decisiones de no capturar a El Chapo en recientes ocasiones, como si esa dependencia hubiera tenido que ver algo en la persecución. Y, además, para mayor escándalo se ha referido a la entrevista periodística realizada por Sean Penn y al contacto con Kate Del Castillo mediante comentarios telenovelescos impropios de lo que se supone que sería la alta responsabilidad del Ministerio Público.

La PGR no ha tenido sencillamente ni la menor injerencia en estos asuntos. La procuradora debería al menos guardar la compostura. Roberto Campa, supuesto encargado gubernamental de la defensa de los derechos humanos, pero convertido sin recato en policía, brinda su aporte a la telecomedia oficial al afirmar que “una pareja que quería servir al mal terminó sirviendo al bien” (a propósito, ¿dónde están los 17 levantados de Arcelia, señor Campa?).

El gobierno da a conocer la transcripción de varios chats sin la autorización de ninguna autoridad competente, como vulgar filtración, sólo para llenar de morbo todo el asunto de El Chapo y dar color a su campaña de medios.

Y, en fin, como si todo eso fuera poco, el gobierno analiza la manera de extraditar al jefe narcotraficante a Estados Unidos, con lo que sólo demostraría que no está seguro de que se puedan concluir los juicios en México. No hay el menor recato ni la menor decisión de cumplir con el deber, sino sólo de hacer propaganda cruda, barata y dañina del poder establecido.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=426219

Argentina, Venezuela y la lucha de clases.

De Ángel Guerra Cabrera.
Quienes vaticinan el fin del llamado ciclo progresista en América Latina y el Caribe (ALC) pierden de vista que el caldo en que se cuece la política es, irremediablemente, la lucha de clases. Con sus flujos y reflujos, marchas y contramarchas.

Mientras más se mundializa el capitalismo, mayor importancia adquiere la lucha de clases a escala internacional. Ello, debido a la irreversible crisis sistémica del capitalismo y a la creciente crisis de hegemonía de Estados Unidos. Una impulsa al capital a extraer crecientes tasas de ganancia sin importar los medios extremadamente crueles, inhumanos y ecocidas para lograrlo(el desbocado calentamiento global es un ecocidio). La otra, impulsa al imperialismo estadunidense a emplear a fondo sus inmensos recursos para liquidar todo ejemplo de rebeldía contra su odiosa tiranía mundial, sobre todo en ALC.

Independientemente de las naturales diferencias entre países y procesos políticos, tanto la derrota del kirchnerismo como la del chavismo en las elecciones del 22 de noviembre y del 6 de diciembre pasados, se inscriben en el contexto de una feroz lucha de clases nacional e internacional. Ella se expresa en la disputa entre los pueblos del mundo y el capital, sea oligárquico o imperialista, por el poder político (lo que incluye la conciencia y también el inconsciente colectivos), la independencia nacional, los recursos naturales y el control geopolítico.

Se trata, como lo demuestra palmariamente el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que aún perdura, de un enfrentamiento en que resalta la asimetría entre los contendientes. Lo mismo ocurre con cuanto país latino-caribeño intenta librarse de la dominación imperialista, aunque sea tibiamente. Un buen ejemplo es el golpe de Estado de la CIA contra el gobierno del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz (1954).

Pero de entonces a acá el imperialismo ha modificado sustancialmente la ingeniería del golpe de Estado. Llámese golpe blando, revolución de colores, guerra de cuarta generación, lo cierto es que Washington ha perfeccionado hasta la sofisticación su objetivo de cambio de régimen contra todo gobierno que no se le subordine. Paradójicamente, como muestran Argentina y Venezuela, las elecciones, realizadas bajo la descomunal hegemonía mediática, financiera y militar imperialista, se convierten en una de las armas fundamentales del golpe blando.

Claro que cometen errores los revolucionarios y las fuerzas que pugnan por poner fin al neoliberalismo y encaminar políticas de rescate de la independencia nacional y de impulso a la justicia social. Heredan un Estado y una sociedad preñada de lacras como el conservadurismo, la ignorancia, la corrupción y el clientelismo, que a veces los envuelven.

Los proyectos de poder alternativo iniciados con la Comuna de París (1871) están en gran desventaja histórica con la milenaria experiencia de poder de las clases dominantes.

Pero en todo caso, los errores e insuficiencias del chavismo y el kirchnerismo son mucho menos importantes que sus aciertos y logros. De modo que en su derrota electoral pesó mucho la guerra económica y financiera, comunicacional y diplomática desencadenada por Estados Unidos y la derecha contra el cambio de época en nuestra América.

No obstante, el ascenso derechista puede ser efímero y precario a juzgar por el carácter dictatorial y antipopular de los decretos de Macri y su conducta servil a Wall Street en menos de un mes de mandato. Mientras, sus pares de la contrarrevolución venezolana desde el 6 de diciembre y en la instalación de la nueva Asamblea Nacional han enseñado su desesperado afán de consumar un inconstitucional golpe parlamentario contra el presidente Maduro y de acabar cuanto antes con las conquistas de la revolución bolivariana.

El chavismo es un sujeto político revolucionario, que si se mantiene unido, aprende de sus errores, atrae a sus simpatizantes disgustados y moviliza a las masas puede neutralizar a los millonarios, cómplices del golpismo pasado y presente y de la implantación del neoliberalismo a sangre y fuego que pululan en la bancada parlamentaria de la contrarrevolución.

El kirchnerismo no se ha sacudido de una derrota que no esperaba ni del lastre del peronismo de derecha, pero tiene enormes reservas de juventud organizada y combativa y fuerza parlamentaria. Lo emplazan al combate una clase obrera y un pueblo que, antes de lo que muchos esperan, entrarán en estado de rebelión contra el regreso del neoliberalismo.

Twitter: @aguerraguerra

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/01/07/opinion/022a1mun

El silencio de EPN ante el crimen de Gisela Mota.

 De Jenaro Villamil.

Si el homicidio de la alcaldesa Gisela Raquel Mota hubiera ocurrido en una población francesa o norteamericana y no en Temixco, Morelos, seguramente el primer mandatario Enrique Peña Nieto habría reaccionado de manera mucho más rápida.

La indolencia y el silencio del gobierno federal frente a este crimen –que ha vuelto a conmocionar a la opinión pública nacional desde el 2 de enero de 2016– y la disputa mediática entre el recién estrenado alcalde de Cuernavaca el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y el gobernador Graco Ramírez sobre el tema del “mando único” policial en Morelos son una demostración de la pésima decisión oficial de ignorar los temas más conflictivos de la actual crisis de seguridad pública y de respeto a los derechos humanos que vivimos en el país.

Ante las principales tragedias nacionales, Peña Nieto ha tardado en reaccionar entre 10 y 12 días. Y cuando lo hace, es para minimizar el impacto real de los hechos o para emitir sus “decálogos” que acaban por guardar el sueño de los justos en las oficinas burocráticas o quedar congelados en las comisiones dictaminadoras del Congreso.

Su último “decálogo” sobre seguridad pública ha quedado ampliamente rebasado por la caída de la “verdad histórica” en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán y ahora por el crimen contra la alcaldesa de Temixco, a unas cuantas horas de haber protestado como alcalde en uno de los municipios disputados por los mismos cárteles que presuntamente están detrás del caso de los normalistas de Ayotzinapa.

El homicidio de Gisela Raquel Mota debiera convertirse en una emergencia nacional por el hecho de ser el crimen número 41 contra un alcalde en los tres años de gobierno peñista, de acuerdo con los datos de la Asociación de Autoridades Locales de México AC (AALMAC), pero también porque representa un desafío abierto contra cualquier intento de combatir la penetración de las bandas criminales en los cuerpos policiacos.

Durante los tres años que lleva la administración, el gobierno peñista ni siquiera se ha planteado la necesidad de contar con protocolos específicos de protección a las autoridades municipales, incluyendo a los integrantes de los cabildos y a las administrativas.

El crimen también ocurre en una zona marcada por los altos índices de feminicidios. Después del Estado de México, Morelos es la segunda entidad con mayor número de crímenes impunes contra mujeres: se han registrado más de 630 entre 2010 y 2015.

El silencio de Peña Nieto constituye también una falta absoluta de interés por la rendición de cuentas. Ocurre justo cuando una polémica editorial del periódico The New York Times ha acusado al gobierno peñista de haber “encubierto feas verdades y minimizado escándalos”.

La nota del rotativo norteamericano no se refirió al caso de Temixco, pero sí a otros muy parecidos y vinculados con el ascenso del crimen, la vinculación de las fuerzas policiacas y militares con el narcopoder y el fracaso de la política de seguridad pública y combate al narcotráfico.

Un elemental recordatorio de las autoridades municipales asesinadas en los últimos cuatro años debiera, al menos, generar una reacción del gobierno federal frente a esta crisis que no es exclusiva de Morelos sino de todo el país.

La mayoría de los alcaldes han sido asesinados por el crimen organizado, especialmente en los últimos tres años. Los casos más representativos son los siguientes:

–Marisol Mora Cuevas, alcaldesa de Tlacojalpan, Veracruz. 28 de junio de 2012, en una carretera federal en Oaxaca.

–María Santos Gorrostieta Salazar, alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán. Noviembre de 2012, con huellas de tortura. La perredista y su esposo ya habían sido víctimas de un atentado en octubre de 2009 y en enero de 2010.

–Wilfrido Flores Villa, alcalde interino de Nahuatzen, Michoacán, del PRI. Febrero de 2013, en un restaurante de Pátzcuaro.

–Ygnacio López Mendoza, alcalde perredista de Santa Ana Maya, Michoacán. Noviembre de 2013, en un supuesto accidente automovilístico sobre la carretera Acámbaro-Iramuco.

–Feliciano Martínez Bautista, alcalde de San Juan Mixtepec, Oaxaca. Marzo de 2013, emboscado.

–José René Garrido, alcalde priista de San Salvador El Verde, Puebla. Abril de 2013, baleado por unos sujetos que entraron a su domicilio.

–Celestino Félix Vázquez, alcalde priista de San Miguel Tiquialpan, Oaxaca. Junio de 2013, cerca de su casa.

–Gerónimo Manuel García Rosas, alcalde de Aquila, Veracruz. Julio de 2013, asesinado por el comandante de la policía municipal Adán González Vega.

–Gustavo Garibay García, alcalde panista de Tanhuato, Michoacán. Marzo de 2014, en la puerta de su casa.

–Manuel Gómez Torres, alcalde de Ayutla, Jalisco. Agosto de 2014, junto con su escolta a manos de presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

–Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo de Jarécuaro, Guanajuato, del Partido Verde. Junio de 2015.

–Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero. Junio de 2015.

A la larga lista de exalcaldes asesinados se suman los ocurridos en 2015 contra Ambrosio Borbonio Ame, exalcalde de Cuitláhuac, Veracruz, a balazos en mayo; Santos García Machorro, exalcalde de Cuapiaxtla, Puebla, en su domicilio en febrero; y el de Lorenzo Hernández Guerrero, exedil de San Luis Potosí, por un grupo de desconocidos que logró huir el pasado 31 de diciembre.

A pesar de esta numerosa lista de autoridades municipales asesinadas, en México no existen protocolos de protección para alcaldes o integrantes de los cabildos amenazados o agredidos.

Twitter: @JenaroVillamil

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Los viajes “gourmet” de Peña Nieto.

 

De Anabel Hernández.

De Enrique Peña Nieto y su familia se conocen su Casa Blanca, de más de 7 millones de dólares, construida por un contratista del gobierno federal; la remodelación de la residencia Miguel Alemán de Los Pinos, reconvertida en un palacete tras su llegada a la Presidencia, y su velada declaración patrimonial. Pero hasta ahora poco se sabe del nivel de vida que, con cargo al erario, el presidente de México gusta darse a sí, a su familia y a sus invitados.

Por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Proceso obtuvo de la Presidencia de la República la lista de alimentos, bebidas, objetos de aseo personal, cristalería, vajillas, cubertería y mantelería abastecidos al avión presidencial TP-01 para la visita oficial al Reino Unido, del 1 al 5 de marzo de este año.

El 1 de marzo de 2015 despegó de la Ciudad de México con destino a Londres el TP-01 con una comitiva de 16 personas que acompañaron a Peña Nieto. Ocho eran miembros de su familia: su esposa, Angélica Rivera; sus hijas Paulina y Nicole Peña Pretelini; sus hijastras Sofía, Fernanda y Regina Castro Rivera; su hermana, Ana Cecilia Peña Nieto; y su cuñada, Elisa Guadalupe Rivera de Moretto.

También viajaron el entonces presidente del Senado, el perredista Luis Miguel Barbosa, y su esposa, María del Rosario Orozco; el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; el hoy secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda; el entonces coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, David López; Francisco Guzmán, actual jefe de la Oficina de la Presidencia, y Jorge Francisco Corona, secretario auxiliar del presidente.

Por las facturas proporcionadas, características y cantidades de los alimentos y bebidas de la lista, se entiende que se destinaron sólo a los pasajeros del séquito y no al resto del grupo que viajó en el avión: 42 personas.

Para atender a Peña Nieto, su familia y su círculo íntimo se adquirieron 56 botellas de vinos y licores, 20 órdenes de pescados y mariscos, 25 de pollo, 20 de carne roja, 40 de ensaladas, ocho de arroz, cuatro charolas de chiles toreados, 20 órdenes de postre, una canasta de frutas, seis órdenes de pasteles, una rosca de chocolate, dos charolas de queso, una de sándwiches surtidos, otra de sándwiches no surtidos y tres charolas de tortas.

Además se compraron 75 botellas de agua mineral, 18 latas de agua quina, ocho paquetes de agua embotellada, cinco de Coca-Cola, uno de Coca-Cola zero, uno de Coca-Cola light, dos de Gatorade, 10 botellas de Gatorade surtido, aceitunas, papas fritas, nueces, arándanos, cacahuates, avena, ate, barritas Nutri-Grain, barritas All-Bran, barritas de Amaranto, chocolates, cinco cajas de té de diferentes sabores y siete de té verde.

También con cargo al erario se compraron, entre otras cosas, chicles y pastillas refrescantes del aliento, nueve tubos de pasta dental, dos piezas de hilo dental, cepillos de dientes, dos botellas de enjuague bucal y siete paquetes de papel higiénico.

De acuerdo con tres facturas entregadas por la Presidencia, el “servicio de catering VIP” contratado con la empresa Royal FBO Service costó 91 mil 854 dólares –es decir 1 millón 440 mil pesos, al tipo de cambio de la fecha de facturación– para alimentar al presidente y su comitiva durante 27 horas de vuelo no consecutivas en los tramos: Gander (Canadá)- Londres, Londres-Aberdeen (Escocia) y Aberdeen-Canadá-México.

La visita de estado de Peña Nieto a Londres y Escocia duró sólo tres días, según información de la Presidencia.

Servicio royal

“Nuestro objetivo es superar sus expectativas proporcionando una experiencia gastronómica maravillosamente satisfactoria en el cielo”, ofrece en su portal de internet la empresa Royal Blue Catering Company INC, con sede en Inglaterra; ésta fue subcontratada por Royal FBO Service, cuyas oficinas centrales están en Paraguay, para prestar uno de los servicios de alimentos y bebidas para el avión presidencial, según la factura 59159123/15 entregada por la Presidencia a este semanario.

“En Royal Blue nos apasiona la comida y destacamos por la excelencia en el sabor de los alimentos, así como la presentación. Dedicamos amplios recursos a la creación de deliciosos menús que se presentan con el estilo de primera clase.

“Los chefs de Royal Blue tienen una pasión sin igual para crear deliciosas comidas. Sus talentos únicos y vasta experiencia, junto con los mejores y más frescos ingredientes, se combinan para producir excepcionales platillos que deleitan los sentidos totalmente”, afirma la empresa que se promueve como la más calificada en el aeropuerto londinense de Heathrow.

El servicio ofrecido por esta empresa al avión presidencial sólo para el tramo Londres-Aberdeen tuvo un costo de 21 mil 473 dólares (337 mil 126 pesos) según factura de la cual se tiene copia. De acuerdo con la información oficial de la compañía, entre sus clientes están los mejores equipos de futbol de la Liga Premier, familias de la realeza, músicos, celebridades del teatro y el cine, jefes de Estado y oficiales de gobierno de todo el mundo.

La comitiva VIP del vuelo Gander-Londres estuvo integrada por los 17 pasajeros que salieron de México, incluyendo a Peña Nieto. La factura obtenida en los trayectos Gander-Londres y Gander-México muestra que la Presidencia erogó para esos 17 pasajeros por “servicio de catering VIP” 51 mil 917 dólares, es decir 799 mil 531 pesos.

En esos trayectos la comida y la bebida de Peña Nieto y sus acompañantes costó en promedio 47 mil 31 pesos por persona.

Los registros de la Presidencia indican que la comitiva VIP de Londres a Aberdeen constó de 22 personas. Llama la atención que, según la relación de pasajeros, en ese vuelo ya no viajó la primera dama, Angélica Rivera, aunque sí sus hijas y su hermana.

En Londres se sumaron al grupo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; Emilio Lozoya, director de Pemex; José Antonio Meade, actual Secretario de Desarrollo Social; el embajador de México ante el Reino Unido, Diego Gómez Pickering; el embajador británico en México, Duncan John Rushworth Taylor, y Alexander de Montfort, de la Cámara de los Lores. Para este trayecto se contrataron los servicios de Royal Blue Catering. El costo de alimentos y bebidas por cada uno de los 22 viajantes fue de 15 mil 323 pesos.

Para el regreso Aberdeen-Canadá-México, el grupo VIP se redujo a 16 personas. No viajó en el avión presidencial la esposa del presidente, Angélica Rivera, a diferencia de sus hijas y su hermana.

En el trayecto Aberdeen-Canadá la Presidencia gastó en alimentos y bebidas 18 mil 364 dólares (289 mil 899 pesos). Es decir un costo promedio por persona de 18 mil 118 pesos.

Lo pagado por los servicios de comida y bebida a Royal FBO Service no incluyó los alimentos ni bebidas del resto de los 42 pasajeros y tripulación que viajaron en la parte de atrás del avión presidencial, separados del grupo VIP, entre quienes iban miembros del Estado Mayor Presidencial, empleados de la Presidencia, reporteros y fotógrafos de los medios; estos últimos pagaron sus propios gastos.

Manteles largos

Acorde con el servicio de very important person (VIP) dado a Peña Nieto y sus invitados, para servir los alimentos el avión presidencial fue equipado con cristalería, vajilla, cubertería y mantelería. La Presidencia no informó del costo de los utensilios y éstos no forman parte de lo pagado por el “servicio de catering VIP”.

Para las bebidas: 10 copas para oporto, 15 de vino tinto, 10 para coñac, 10 de vino blanco, 10 vasos old fashion con logo (presidencial), 20 vasos para jugo y 10 tequileros con logo.

Para los alimentos: 10 cucharas soperas, 30 cuchillos para carne, 30 para pescado, 20 para cangrejo, 100 para ensalada, dos cuchillos de sierra y uno para pastel. Cuarenta tenedores para ensalada, 30 para carne, 30 para pescado, 30 para postre, 10 palas mantequilleras y dos para pastel, así como 80 platos arroceros con logotipo (presidencial), 10 platos y cinco tazas para café expreso, ocho platos soperos, 90 platos trinche con logotipo, 70 para pan, 20 compoteros con logotipo, 40 moteados y 30 para taza de café con 20 tazas.

También 36 manteles de mesa, 80 individuales, 100 servilletas de tela, 100 toallas faciales y 22 para manos. Y para el máximo confort presidencial, tres juegos de cama.

Por medio de la Ley Federal de Transparencia la reportera ha pedido a la Presidencia el monto mensual de recursos públicos que se erogan para alimentar al presidente Enrique Peña Nieto y a su familia en la residencia oficial de Los Pinos.

La Presidencia se niega a dar la información. Argumenta que no es posible calcular el costo específico pues todos los gastos de alimentación en Los Pinos están en una partida presupuestal general y no se puede saber específicamente cuánto cuesta la manutención alimentaria de la familia presidencial.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=424940

El servicio concesionado de agua en Puebla, hasta 400% más caro.

 

De:  Margot Castro Vallina.

Usuarios capitalinos señalan abusos y burocratismo de consorcio encabezado por Monex.
 

Ley estatal abre el sector a trasnacionales
Fundación religiosa ligada a Chevron y Coca-Cola tiene 132 proyectos en el estado
Empresa operadora oculta información detallada de sus cobros.

Mejorar el servicio de agua potable en la capital del estado y sus alrededores sigue siendo una promesa incumplida.

Desde que la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla para Todos fue contratada para administrar el suministro, el descontento de ciudadanos, empresarios y organizaciones sociales ha crecido debido al burocratismo, cobro de adeudos inexistentes y al aumento de tarifas mensuales, de entre 200 y 400 por ciento.

La molestia se ha agudizado por la llegada de consorcios trasnacionales que pretenden instalarse en varios municipios, avalados por la Ley Estatal de Aguas, que permite la inversión privada. Destaca el caso de la fundación religiosa estadunidense Living Water, ligada a Femsa y Chevron, la cual tiene al menos 132 proyectos de agua potable en Puebla.

Hasta finales de 2013 el sistema operador de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puebla se encargaba del servicio en la zona metropolitana.

Con el argumento de que había fallas de operación y una baja recaudación (sólo en el último año de gestión se reportó un faltante de 22 millones 536 mil pesos), el Ejecutivo estatal lanzó el 18 de septiembre de 2013 una convocatoria internacional para concesionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Contrato de 60 años a firma creada al vapor

A finales de ese año se adjudicó a la empresa Concesiones Integrales un contrato de 60 años para suministrar agua y administrar el servicio en la ciudad de Puebla y en las circunscripciones territoriales de Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, Amozoc y San Miguel Xoxtla.

El Registro Federal de Contribuyentes indica que Concesiones Integrales (CIN13122313B) se constituyó apenas el 23 de diciembre de 2013; el fallo de la licitación se emitió el 12 de diciembre y el título de concesión se entregó a la empresa ganadora el día 26.

Concesiones Integrales es un consorcio formado por Grupo Financiero Monex, dueño de 75 por ciento de las acciones; la empresa Eppcor participa con 24.7 por ciento; Agua de México, con 0.224 por ciento, y Ticsa, con 0.011 por ciento. Esta sociedad hizo una inversión inicial de mil 794 millones de pesos, más 4 mil 680 millones en los primeros cinco años de gestión.

En 2014 comenzaron a multiplicarse las quejas. En el primer semestre 300 vecinos de las ciudades de Puebla y Cuautlancingo interpusieron amparos debido al incremento desmedido y arbitrario de las tarifas, aunado a problemas de desabasto y al cobro hasta de 3 mil pesos por la instalación de medidores.

Los habitantes de la colonia San Manuel, cercana a la ciudad universitaria, dicen que desde que Agua de Puebla recibió la concesión el líquido les llega sólo lunes y viernes, y las tarifas aumentaron al doble.

Algunos pobladores se han opuesto a la privatización. En la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla (al sur de la ciudad), Florina Chávez, lideresa de la colonia, señala que las mujeres se han organizado para crear comisiones de vigilancia a fin de impedir que trabajadores de la compañía entren a la localidad.

Manuel Domínguez Gabián, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, explicó que en el centro histórico no llega el agua y tienen que contratar pipas casi a diario. Agua de Puebla no les cobra por el suministro, pero sí por el uso de desagües.

José Luis García Bello, miembro de la Asamblea Social del Agua de Puebla, explicó que la privatización no garantiza el abasto y numerosas localidades reciben agua contaminada.

Cuando Agua de Puebla para Todos comenzó a operar, entre marzo y abril de 2014, impuso tarifas a su arbitrio, con aumentos hasta de 400 por ciento. Ante la ola de amparos, quejas y manifestaciones, Concesiones Integrales dejó de emitir boletas de cobro para evitar desglosar los volúmenes de consumo.

García Bello aseguró que se pretende generar escasez y agudizar la necesidad, cuando en realidad no se cuidan los mantos freáticos.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/29/estados/022n1est