Investigaciones para encubrir.

 

De: Jesús Cantú.

La característica distintiva de la Procuraduría General de la República en este sexenio es la elaboración de investigaciones que inculpen y exculpen de acuerdo con su conveniencia. Esa justamente ha sido la tónica en todas las ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos en casi todos los casos –Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, entre los más relevantes–, y son los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil los que han aportado elementos incontrovertibles que los obligan a revisar su “verdad jurídica”.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa tuvo características peculiares, distintas a los otros tres casos citados, porque lo primero que se conoció fue la agresión contra el autobús en el que viajaba el equipo de futbol Los Avispones; luego, la denuncia de la desaparición de los estudiantes, que se pretendió desacreditar de inmediato porque aparecieron algunos de los presuntamente desaparecidos; y finalmente construyeron la versión que les permitiera liberar de cualquier responsabilidad a la Policía Federal y al Ejército, así como decretar la culpabilidad del alcalde de Iguala y su señora, lo mismo que de las policías municipales de Iguala y Cocula.

Para sustentar dicha versión tuvieron que inventar (como hoy queda ya demostrado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –GIEI– de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que el Ejército y la Policía Federal fueron totalmente ajenos a los hechos, que ni siquiera supieron de los mismos en el momento en que estaban ocurriendo; y, desde luego, lo más inverosímil, que los cuerpos de los 43 normalistas habían sido cremados en una pira en el basurero de Cocula.

Dicha especie era el fundamento para que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara sus 10 medidas contra la inseguridad, en las que incluyó la ­desaparición de las policías municipales y el establecimiento del mando único estatal; pero también para salvaguardar la imagen de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal y evitar que la desaparición afectara al presidente, al gobierno federal y al mismo PRI que, cobijado por la “verdad histórica”, logró recuperar el gobierno de Guerrero.

En este caso, el escándalo nacional e internacional era tal que el gobierno tuvo que convocar al GIEI, pensando que la PGR había elaborado una versión sustentable e integrado un expediente presentable; pero el GIEI echó por tierra la versión y despedazó la averiguación previa. Dos de los tres principales señalamientos ya habían sido ventilados en los medios de comunicación masiva con elementos muy sólidos: el conocimiento en tiempo real de los acontecimientos por parte del Ejército y la Policía Federal (Proceso 1978, 1989, 1990, 1992, 2015 y 2027); la imposibilidad de que los cuerpos hubiesen sido incinerados en el basurero (Proceso 1985 y 1990); y la existencia de un quinto autobús, que eventualmente transportaba droga y que los estudiantes secuestraron sin saberlo, hecho que despertó la reacción de la delincuencia organizada –el único aspecto que no había sido analizado profundamente.

En el caso Tlatlaya la PGR tuvo que modificar su versión inicial y aceptar que los presuntos delincuentes sí fueron ejecutados; pero todavía hoy se empeñan en exculpar a los mandos superiores, a pesar del devastador informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en relación con que la instrucción de ejecutar a los presuntos delincuentes viene de la cúspide de la cadena de mando, es decir, desde el mismo secretario de la Defensa Nacional. Si hoy una comisión de expertos revisara dicho expediente y pudiera emprender pesquisas como las efectuadas por la GIEI en el caso Ayotzinapa, seguramente también destrozaría dicho expediente. En el caso de las matanzas de Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, el asunto es todavía peor, pues ni siquiera han aceptado que no fueron enfrentamientos, sino ejecución extrajudicial de víctimas desarmadas.

La gran diferencia en estos cuatro casos es que únicamente en el de Ayotzinapa, por la presión pública nacional e internacional, el gobierno tuvo que abrirse a un escrutinio externo, y éste confirmó lo que ya había sido denunciado por expertos y los medios nacionales; pero en los cuatro, la supuesta verdad jurídica de la PGR es insostenible.

En estos momentos las únicas consecuencias de dicho informe son sobre la opinión pública, y obligaron de inmediato a Peña Nieto a ordenar atender el informe; sin embargo, las autoridades responsables de las investigaciones de inmediato respaldaron su versión. Primero fue Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, quien el mismo lunes por la mañana afirmó en una entrevista en Radio Fórmula que los cuerpos sí fueron cremados en el basurero; y, posteriormente, el miércoles 9 de septiembre, altos mandos de la Comisión Nacional de Seguridad consultados por Reforma señalaron que “la Policía Federal no tiene acreditada la intercepción por parte de elementos de dicha corporación” del quinto autobús, según publicó el diario en su edición del jueves 10 de septiembre.

Así que todo indica que, a pesar de la existencia de un informe pormenorizado de un grupo de expertos internacionales, la PGR y las distintas corporaciones de seguridad involucradas sostendrán su versión por inverosímil que resulte.

No obstante, las consecuencias internacionales para el Estado mexicano serán funestas, tanto por el impacto en la opinión pública y sus efectos devastadores en el ámbito económico –lo han venido expresando con toda claridad diversos analistas– como en las cortes internacionales, pues es un hecho que si no hay una modificación radical de la “verdad oficial” el asunto terminará en los tribunales internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Internacional de Justicia de La Haya), los que sí tomarán muy en cuenta el informe del GIEI.

El informe de este grupo de expertos internacionales no tendrá hoy en México el impacto que tuvo en Guatemala la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque sus atribuciones son muy diferentes (en el país centroamericano la Comisión puede querellarse directamente ante las instancias del Poder Judicial, y aquí el GIEI simplemente emite una opinión sin ninguna consecuencia jurídica inmediata); pero en el mediano y largo plazos las repercusiones para México pueden ser muy graves, por el empecinamiento y el cinismo del presidente y su gabinete de integrar investigaciones amañadas pese a las contundentes evidencias que las desmienten.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=415656

Es la corrupción, estúpido.

De Jorge Zepeda Patterson.

No, no es la economía lo que causa el desamor de los mexicanos por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, como sentenciaba para Estados Unidos la famosa frase de Bill Clinton (It’s the economy, stupid). Es la corrupción. Los niveles de aprobación son los más bajos que un presidente mexicano haya tenido en décadas y siguen desplomándose no porque las tasas de economía sean más bajas que las esperadas, sino porque un caso de corrupción tras otro ha terminado por convertirse en la reiteración semanal del desencanto y la exasperación.

Las infamias de esta semana son como para comenzar a ver a Guatemala con admiración, luego de que la indignación popular terminó por echar al presidente de palacio en aquel país. Véase si no.

Hace dos días pudimos ver el vídeo en el que un policía siembra un arma en el auto de Paulo Díez, el abogado de la empresa Infraiber, con el objeto de fincarle cargos con el obvio propósito de castigarle. Infraiber es la empresa que demandó ante los tribunales a la constructora OHL por sus escandalosos y cuantiosos arreglos con el Gobierno federal y el Gobierno del Estado de México. Lejos de proceder en contra de los funcionarios que han sido captados en audios ofreciendo apoyo ilegal para que la constructora se haga de licitaciones ventajosas o amplíe sus márgenes de ganancia, la justicia se ceba en contra de los que se han atrevido a denunciar la corrupción. Días antes, los mexicanos pudieron observar a Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo Higa, entre las filas de invitados especiales al informe del presidente; se trata de la empresa que construyó las casas obtenidas por la primera dama y por el secretario de Hacienda en condiciones sospechosas, por decir lo menos. El planteamiento del presidente fue claro: “Es mi amigo, y qué”. Acosar al abogado de Infraiber o exhibir la amistad con el empresario cuestionado por conflicto de intereses parecerían actos destinados a enviar un mensaje.

De otra manera, no podría entenderse la designación de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito en la secretaría de Gobernación hace unos días. Poco menos que colocar al borracho a cargo del bar. No sólo porque su perfil no tiene nada que ver con el puesto, salvo que cometer delitos ayude a prevenirlos. Escobar, exsenador y alto dirigente del Partido Verde, ha estado envuelto en varios escándalos de lavado de dinero: uno, por un maletín con más de un millón de pesos que portaba en condiciones oscuras el día previo a una jornada electoral; otro, por la subcontratación de empresas familiares con dinero del partido. Pero sobre todo, Escobar ha sido operador de algunas de las triquiñuelas orquestadas por el Verde para violentar las leyes electorales. Por lo demás, la subsecretaría ahora a su cargo fue creada, entre otras razones, para establecer un puente con la sociedad civil capaz de construir condiciones para que los jóvenes tengan otras alternativas distintas a la delincuencia. Esto implica trabajar con ONGs, activistas, líderes de barrio, autoridades locales; es decir, un universo de actores que cuestiona las prácticas fraudulentas del Verde para distorsionar el voto popular.

¿Qué está detrás de la persecución del abogado de Infraiber, o de la designación inexplicable de Escobar en la subsecretaría destinada a prevenir el delito, o de la invitación especial al empresario acusado de ser protegido por el gobierno? La primera impresión es que se trata de una acumulación de errores: torpeza, indiferencia, desaseo. Pero es tal la reincidencia y son tan inexplicables algunas de ellas, que llevan a pensar que se trata de otra cosa. ¿Una provocación? ¿Una burla? ¿Un mensaje? O quizá obedezca a que están tan inmersos en la corrupción que simplemente han dejado de verla; respiran en ella, se nutren de ella; y como el aire, se ha vuelto invisible. Salvo para el resto de los mexicanos, claro
Fuente: El País.

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442434139_755597.html

El informe del GIEI.

De: Carlos Fazio.

Fue el Estado. Con base en las actuaciones judiciales oficiales, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, viene a confirmar la configuración de delitos tipificados graves y considerados crímenes de Estado por el derecho internacional humanitario, y que en ellos participaron por acción u omisión al menos cinco corporaciones de seguridad: el Ejército, las policías federal, estatal y ministerial de Guerrero y municipales de Iguala y Cocula.

2. Seis personas fueron ejecutadas de forma extrajudicial, tres de ellas estudiantes de la normal de Ayotzinapa, dos con disparos a quemarropa, es decir, a menos de 15 centímetros de distancia (Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez), y otro fue previamente torturado y pudo ser ultimado con un tiro en el rostro (Julio César Mondragón); 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecidos de manera forzada, seguido del ocultamiento de su paradero y de las pruebas que puedan incriminar a los autores, con la finalidad de generar confusión y ambigüedad como una forma de evitar la investigación, el conocimiento real de los hechos y sustraer a las víctimas de la protección legal. Además, 40 personas fueron heridas, algunas de suma gravedad, y una se encuentra en coma y/o estado de estupor (el estudiante Aldo Gutiérrez).

Según el GIEI, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, el patrón de actuación de los perpetradores muestra dos momentos y perfiles distintos. En un primer momento, se trata de un ataque masivo e indiscriminado (disparos contra estudiantes y civiles desarmados y en actitud de huida) y además progresivo (persecución, disparos al aire, bloqueo, golpizas, disparos a matar y a quemarropa, preparación de emboscadas), en el que los autores no ocultaron su identidad: con o sin capuchas, fueron policías municipales (agentes del Estado) que actuaron frente a numerosos testigos sabedores de su impunidad y con base en miedo y terror paralizantes de la población de Iguala, construido con anterioridad.

Según la versión de la PGR, en un segundo momento existe una presunta desconexión entre el operativo de los agentes del Estado y la desaparición de los estudiantes, atribuida oficialmente a un grupo delincuencial ( Guerreros Unidos). Sin embargo, para los expertos ambos momentos forman parte de una misma acción. Es decir, la "decisión" sobre la desaparición "tuvo continuidad con la acción desarrollada desde el inicio", pero no se tomó de manera inmediata, ya que tuvo que prepararse la "infraestructura" necesaria para ocultar el destino de un grupo tan numeroso de personas; lo que además requirió de una gran capacidad de coordinación con otros autores intelectuales o materiales. El sofisticado modus operandi de los perpetradores: "convertir en cenizas" a los normalistas para que no pudieran ser identificados con pruebas de ADN (similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio) no se corresponde por el utilizado previamente por el grupo criminal aludido, además de que el informe muestra la imposibilidad de que hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

3. El nivel de los ataques masivos y sostenidos en nueve momentos y escenarios diferentes por más de tres horas, así como la intervención de distintos cuerpos policiales (federal, estatal, ministerial y municipal) y agentes de inteligencia militar (OBI, de civil), oficiales y soldados del 27 batallón de infantería del Ejército en Iguala −incluido su comandante, el coronel José Rodríguez Pérez, quien estuvo en contacto permanente con el mando de la 35 Zona Militar, general Alejandro Saavedra−, dan cuenta de una "coordinación central" u "operativa" de las fuerzas de seguridad del Estado, y de un "mando" que dio las "órdenes" hasta llegar a la desaparición de los 43 estudiantes.

Aparte de que no hubo un uso adecuado, necesario, racional ni proporcionado de la fuerza del Estado, para los expertos la acción de los perpetradores estuvo motivada por el hecho de que los normalistas afectaron "intereses de alto nivel". El hallazgo de un "quinto autobús" (desaparecido por la PGR en su investigación) podría ser un elemento clave para dilucidar los hechos; pero no explica las actuaciones de la Policía Federal y del Ejército, según obra en los expedientes y en documentos desclasificados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como se adelantó en este espacio en octubre de 2014, a través del sistema del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), las fuerzas armadas (Ejército y Marina), la Policía Federal, el Cisen y distintas estructuras de seguridad de Guerrero siguieron y monitorearon en tiempo real a los estudiantes desde su salida de la normal rural en Tixtla. Lo novedoso es que la Sedena manejó la información del C-4 de "manera restringida" cuando se estaban dando los ataques contra los normalistas: entre las 22:11 y las 23:26 (una hora y 15 minutos) y entre las 23:26 y las 2:21 (casi tres horas). La pregunta obvia, es, ¿por qué?

Tampoco es clara la actuación de los soldados del 27 batallón, que al mando de un capitán Crespo interrogaron estudiantes y dejaron desangrar a Édgar Andrés Vargas en el hospital Cristina, ni la del médico que arribó al nosocomio después de que los uniformados se retiraran. El médico testimonió que fue llamado al 27 batallón porque el "general Saavedra" quería que platicara con "unas personas de justicia militar", y el capitán Crespo pidió que no lo anotaran en el libro de entrada porque "es invitado de mi general". En tales condiciones, el galeno aceptó que firmó y puso su huella en una declaración rendida en el cuartel, lo que agrega más irregularidades a la actuación de la Sedena. De allí la necesidad que se autorice al GIEI entrevistar a los soldados del 27 batallón, y de paso inspeccionen si existen indicios de que hasta hace pocos meses pudo existir en ese cuartel o el de la 35 Zona Militar un horno crematorio.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/14/opinion/021a1pol

Otra mentira histórica.

De: José Gil Olmos.

La historia oficial mexicana está llena de mentiras que tarde o temprano han salido a relucir. No hace mucho en Tlatlaya dijeron que había habido un enfrentamiento en la muerte de 22 personas, pero resultó que fue una ejecución militar. Casi al mismo tiempo en Apatzingán dijeron algo parecido con 11 muertos y se descubrió que fue una masacre de policías federales. Igual fue en Ecuandureo con 43 ejecutados por policías o el caso de la colonia Narvarte donde dijeron que a las cuatro mujeres y al fotoperiodista Rubén Espinoza los mataron por libertinos.

Hoy la versión oficial de la supuesta quema y desaparición de 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa está derrumbándose con el informe de los peritos asignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes determinaron que no hay pruebas científicas que sostengan la versión oficial de la incineración de los jóvenes que fueron secuestrados por agentes de la policía del municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014.

El caso de Ayotzinapa se parece a muchos otros en los que la versión oficial carece de toda credibilidad como las matanzas de Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, el asesinato de Colosio, los 72 cadáveres de las fosas de San Fernando, Cadereyta y antes la masacre de Tlatelolco.

Y no porque ya no exista la confianza en el gobierno, sino porque constan pruebas palpables de que se trató de una acción, en este caso de una desaparición forzada, en la que participaron agentes del gobierno –policías y soldados—en contubernio con el crimen organizado.

El informe de la comisión de expertos de la CIDH es similar a la que presentaron con anterioridad los peritos argentinos y que ponían en duda la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los normalistas habrían sido incinerados en un tiradero de basura del pueblo de Cocula, Guerrero, por personajes pertenecientes a una banda del crimen organizado.

El informe no sólo desmiente esta versión oficial sino que ofrece pruebas científicas de la imposibilidad de una incineración como lo argumentó la PGR, usando llantas, trozos de madera, basura y unos cuantos litros de combustible. Además proporciona indicios de que hubo participación del Ejército y las policías estatal, municipal y ministerial quienes se enteraron del ataque a los estudiantes y, al menos no hicieron nada para evitar su secuestro.

La investigación de los peritos asignados por la CIDH también aporta elementos de que el gobierno mexicano no informó de la existencia de un quinto autobús que, de acuerdo con información periodística, podría haber estado cargado de droga pues el cártel de los Guerrero Unidos utilizaba precisamente autobuses de pasajeros para sacar de la zona serrana heroína con destino el mercado de consumo de Estados Unidos.

Frente a dichas pruebas contenidas en el amplio informe de más de 500 páginas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes elaborado en seis meses, Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), rechazó que Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, haya mentido.

El gobierno mexicano, con una imagen internacional depauperada, ha intentado defenderse como gato bocarriba, pero en cada movimiento se hunde más en un pantano de desconfianza que habrá de repercutirle en el futuro electoral.

La versión oficial del caso Ayotzinapa está hecha añicos y todo esfuerzo del gobierno de Enrique Peña Nieto por recomponerla fracasará. Sólo una investigación profunda y ajena a los intereses del propio gobierno dará una versión más cercana a lo ocurrido la noche del 26 de septiembre cuando fueron secuestrados y desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa por manos del crimen institucionalizado.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=414936

¿Es culpable el Presidente?

 De: Ramiro Padilla Atondo.

En realidad y todos lo sabemos, se ha convertido en el deporte nacional reírse a costa de Peña Nieto. Pero quisiera ir un poco más allá. Yo mismo en innumerables columnas he expuesto el grado de ignorancia que lo aqueja, y que al parecer no lo hace sentir incómodo.

Las redes sociales se inundan cada vez que comete una burrada o habla de un país idílico que solo existe en la mente de los políticos. Pero, ¿qué tan culpable es? De manera simplista podríamos decir que mucho, que él es el culpable de todos los males que aquejan al país. Pero, ¿Y nosotros?

Los mexicanos vivimos el clásico ejemplo del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿El sistema o nosotros? ¿La corrupción o la ignorancia? Estos temas concatenados hacen el vacío perfecto para que la corrupción avance rampante sin ningún obstáculo.

Ahora, ¿qué tan culpables somos nosotros de que alguien como él haya llegado? Lo digo sin afán de estar jodiendo. Los mexicanos somos tan poco proclives a la autocrítica que reflexionar sobre esto no nos hace ningún daño.

El Presidente se ha convertido en el perfecto pararrayos de todo un sistema que busca perpetuarse en el poder, y no descansa un solo día para conseguirlo.

Nuestra memoria se parece a la de aquella película con Adam Sandler y Drew Barrymore, donde la protagonista olvida todo en un día. Somos de memoria cortísima.

Peña Nieto es culpable de haber llegado sin las habilidades necesarias para un cargo tan importante en un país complejo. Es culpable de creer que se puede gobernar al estilo Atlacomulco, sin contrapesos. Pero de allí a que sea todopoderoso hay un mar de distancia.

Parte de las estrategias de manipulación mediática consisten en eso. Mientras nos la pasemos maldiciendo al Presidente, pero sigamos conformes con el sistema no podemos cambiar nada.

La clase política en general sabe que la culpa se difumina de manera rápida, su cinismo no tiene límite. La mediofagia nos tiene con una diabetes mediática incontrolable, incapaces de entender que consumir sistemas chatarra solo lleva a la enfermedad.

Es como culpar a la botella de coca cola. Y puede ser una analogía acertada. Todos culpamos al refresco sin entender que las estrategias acertadas de publicidad la han posicionado al grado de considerarla parte de los alimentos.

Así también con nuestro sistema. EPN fue posicionado mediáticamente y muchos millones de mexicanos se la tragaron. Lo de la casa blanca y demás lindezas no son sino ejemplos de cómo los privilegiados del presupuesto ven el poder.

Al presidente no le provocan un conflicto ético porque así fue educado. Somos culpables todos por ser clientela electoral, por tener pocas opciones y porque aceptamos que este mismo sistema nos las proporcione.

Tundirle al presidente todos los días puede ser catártico pero poco práctico. ¿Usted conoce a su diputado, a su regidor, a su senador, a su presidente municipal, a sus funcionarios? Mientras tiremos las piedras a lo lejos, serán poco efectivas. Pedir la cabeza del Presidente es poco práctico también, porque está visto que el sistema tiene demasiados controles para evitarlo. En un país medianamente democrático ya lo hubieran echado a patadas, aun los guatemaltecos lo han logrado.

EPN es culpable de muchas cosas, la credibilidad la perdió hace tiempo y no habrá fuerza que lo haga recuperarla. Pero nosotros también somos culpables por aceptar el status quo y negarnos a pasar de los tuits y los posts en el Facebook, a la acción.

El sistema no se cambia burlándose del Presidente. Él solo está de paso. El mal se extrae de raíz, a eso debemos de avocarnos. Y para eso debemos re educarnos. Allí está el quid del asunto. En fin.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/07-09-2015/38886

Beltrones, fascinación por un capo.

Por Álvaro Delgado:

¿Quién es Manlio Fabio Beltrones, el nuevo presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impuesto con todo el ritual rancio del autoritarismo y cuyo arranque de facto de su campaña presidencial fascina a los grupos de poder y motiva el vasallaje de periodistas y medios de comunicación?

Es un político tradicional que, alternando su presencia en las dos cámaras del Congreso, ha sido indispensable para Felipe Calderón –sin cuya intervención no habría tomado posesión en 2006– y Enrique Peña Nieto para aprobar reformas que, en uno y otro sexenio, sólo han generado crecimiento cero.

Beltrones es, además del principal arquitecto del andamiaje jurídico en México, el personaje clave también en la integración de las instituciones de los tres poderes del Estado e “independientes”, como el INE, la CNDH y el INAI, en cada una de las cuales ha sembrado a sus personeros y creado así una extensa red de complicidades.

Es el artífice de la reforma para que el presidente de la República pueda crear un gobierno de coalición con dos o más partidos políticos, cuyo estreno se proyecta para el 2018 –con él a la cabeza– y cuyo ensayo fue “de facto”, según expresión de él mismo, el Pacto por México entre priistas, panistas y perredistas.

Astuto y cautivador, Beltrones ha seducido a la oposición de derecha e izquierda y, en los hechos, la ha disuelto: Al PRD le dio la gubernatura de Michoacán, al PAN, en específico a Ricardo Anaya, lo dotó de 30 millones de pesos vinculados a su campaña por la presidencia de su partido.

Beltrones es, en ese sentido, un capo. Así se le llama en Sudamérica a la “persona con poder y prestigio o muy entendida en una determinada materia”, como refiere la Real Academia Española (RAE).

Pero es Beltrones, también, el temible operador de las “cañerías” del sistema desde que lo adoptó como su secretario particular Fernando Gutiérrez Barrios, en sustitución de José Antonio Zorrilla Pérez, condenado por el asesinato del periodista Manuel Buendía, en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la siniestra policía política del priato.

Es Beltrones –quién lo duda– personaje leal a Carlos Salinas de Gortari y a su hermano Raúl, quien horas después del asesinato de Luis Donaldo Colosio ya lo promovía como el candidato sustituto, que no lo fue no porque no quisieran los tres, sino porque estaba impedido por la Constitución.

Es justamente la intervención de Beltrones en el caso Colosio uno de los episodios más turbios en su biografía, no sólo por haber sacado, ilegalmente, a Mario Aburto de las instalaciones de la PGR en Tijuana para torturarlo y aun generando la sospecha de que el asesino fue sustituido, sino por toda su red de relaciones en Baja California, que incluía a su hermano Alcide como director del aeropuerto, quien era jefe de Othón Cortés –absuelto como el segundo tirador–, y a Jorge Hank Rhon…

Turbio es, también, el involucramiento de Beltrones en el narcotráfico desde que fue gobernador de Sonora, entre 1991 y 1997, de acuerdo con información de la DEA, base del reportaje de Craig Pyes y San Dillon publicado en The New York Times. Aunque la PGR de Calderón lo defendió, la sospecha prevalece.

Enfurecen a Beltrones las referencias a estos episodios turbios de su biografía, las atribuye a “la canalla”, que ni siquiera es capaz de definir, y lo único que exhibe es su vena intolerante.

“La canalla existe en muchos lugares y hay a quienes les gusta ejercerla. Vean, a veces hasta amparados en el anonimato de las redes, tan importantes hoy en día para la comunicación, aparece la canalla a la que hay que combatir”, le dijo al reportero José Gil Olmos. ¿Cómo va combatir esa “canalla”? No lo sabemos, pero no augura nada bueno.

Hasta ahora, Beltrones ha sido funcional para los grupos de poder en México y de Estados Unidos, sobre todo por las reformas que han estado en la agenda trasnacional –como la privatización energética–, pero nadie puede descartar que en su travesía hacia la Presidencia de la República surjan, desde aquel país y desde sus malquerientes priistas, filtraciones para descarrilarlo.

Por lo pronto, por cobardía o interés, a Beltrones le sobran los zalameros en los medios. El dedazo, el tapadismo, la imposición, el saqueo es tan normal como ver llover…

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/414215/2015/08/31/beltrones-fascinacion-por-un-capo/d

Nestora Salgado es inocente; se tuerce la ley para castigar a disidentes: Solalinde.

De Sanjuana Martínez.

Las declaraciones firmadas de las madres de las menores supuestamente secuestradas por Nestora Salgado demuestran que fueron ellas las que solicitaron la intervención de la comandanta de la policía comunitaria para encontrar y reducar a sus hijas.

Los documentos de la causa penal 05/2014-I, a los que ha tenido accesoLa Jornada, demuestran que Maritza Meza Castro y Susana Baltazar Sosa, madres y tías de las menores, denunciaron el 27 de octubre de 2012, ante el Consejo Social Olinalteco, la desaparición de las jóvenes.

Las menores Yesenia Castillo Meza, Betsabé Rubí Baltazar Sosa, Sofía Navarrete Baltazar y Dulce Burgos, de 12 a 16 años de edad, primero andaban descarriadas, pero después fueron víctimas de una red de trata con fines de explotación sexual que opera en Guerrero y Puebla con la supuesta connivencia de las autoridades.

Las declaraciones de las menores muestran además los problemas familiares y mencionan haber acudido a declarar de manera voluntaria ante la comandancia comunitaria:

Betsabé Rubí Baltazar Sosa de 12 años, declaró el 9 de junio de 2013:Veníamos de tomar margarita del bar Toño, yo y mi prima Sofía nos encontramos con Francisco Flores Jiménez y Miguel Franco, y ellos nos invitaron una margarita. Yesenia quería ir a Tulcingo, pero ellas no querían venir porque su mamá les iba a pegar y allá nos quedamos dos días en casa de un amigo, así que hoy nos venimos Paco, Miguel, mi prima y yo, nos dejaron al entrar al pueblo y yo pues me fui a mi casa y venimos por nuestra voluntad a declarar.

La menor Dulce Rubí Burgos Pérez declaró un día después y expuso que se escapó de su casa porque tuvo problemas con sus padres: Nos venimos con Toño a tomarnos unas micheladas, después nos encontramos con Miguel, Yesenia nos invita a Tulcingo, fuimos a echar gasolina y después nos fuimos a casa de unos amigos de Yesenia... después fuimos a tomar unas botellas y nos acostamos a dormir y a otro día seguimos tomando.

En las investigaciones, la comandanta Nestora Salgado evidenció la existencia de una red de trata de mujeres que sometía a las menores a explotación sexual y para evitar el encono del pueblo, que ya las había identificado con supuestos miembros del crimen organizado, la policía comunitaria las sometió areducación enviándolas a la Casa de Justicia y a un convento.

Después de esto, la comandanta fue detenida en un gran operativo de fuerzas federales y estatales, acusándola de secuestro en este caso y otro que implica a autoridades en el robo de ganado.

De este delito responsabilizo totalmente a Eugenio Sánchez González, Irineo Rodríguez Sánchez, Martín Vázquez de la Cruz y Osiel Bello Vázquez; este ganado fue a dar a manos de José Oseas Rosendo Sánchez fungiendo anteriormente como síndico municipal y presidente interino de Olinalá, declaró el 30 de junio de 2013 Emilio Guevara Ayala. Ninguno de los supuestos secuestrados, ni los testigos de la acusación, se han presentado ante el juzgado.

Días antes de las detenciones, Salgado –recluida en prisión desde hace dos años– denunció una campaña de hostigamiento del Estado: Yo no le tengo miedo a los sicarios o a la delincuencia organizada, yo le tengo miedo al gobierno. El ayuntamiento, el Ejército, la Marina me persiguen, nuestra policía es acosada por ellos.

Campaña internacional

Para el sacerdote Alejandro Solalinde, quien ha iniciado una campaña internacional en favor de la liberación de Salgado, los delitos que se le imputan son fabricados: Este gobierno está bien chueco porque en lugar de usar la ley para perseguir el delito, tuerce la ley y las instituciones de la procuración de justicia para castigar a los disidentes y a los que piensan diferente, y para los que no se ajustan a la corrupción, como en el caso de Nestora.

Solalinde, quien ha investigado el caso y conoce el expediente judicial, considera que hay muchas arbitrariedades en su detención ilegal y en todo el proceso: El gobierno puede sembrar armas, drogas e inventar delitos. Ellos tienen la sartén por el mango. Es todo un sistema podrido de justicia donde la autoridad usa el aparato judicial para reprimir a los que luchan por un cambio.

Explica que Isabel Miranda de Wallace, quien acusa a Nestora, está equivocada: Lo que se dice que fue un secuestro no lo fue. Tal vez Wallace, porque es de ciudad, no comprende las leyes de las policías comunitarias, de los indígenas, que cuando hay hijos que andan en malos pasos ayudan a los padres de familia como parte de esa preocupación comunitaria. Nestora Salgado está presa porque sencillamente no se quiso plegar a los caprichos del ex gobernador Ángel Aguirre y se negó a ser parte de toda la corrupción. Ella fue derecha y como castigo la encarcelaron. Wallace, en cambio, ha enarbolado causas que a veces no quedan muy claras, como ésta.

Dice que el caso de las menores rescatadas, se trata de hijas descarriadas que luego fueron captadas por redes de trata: Si no se han presentado ante el juez es por algo. La opinión pública está en favor de la comandanta. Hay malestar, Nestora Salgado es un símbolo más de indignación, de hartazgo.

Añade: Con Salgado nos sentimos todos prisioneros y agraviados, nos sentimos usados por el gobierno que supuestamente debería defender la justicia y hay personas esquiroles y aliados del gobierno. Todos los que piensan que Nestora es culpable, no son más que personas oficialistas allegadas a los intereses del gobierno.

Y atribuye que su encarcelamiento obedece a una política represiva del Estado.

“No es un caso aislado, es una práctica común reprimir a los críticos; es una criminalización contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos. Son presos políticos. El caso de la comandanta es una cuestión de género: ¿Cómo una mujer va a mandar y a poner orden en este mundo hecho por hombres, en este México diseñado por hombres? ¿Cómo que hay una comandanta, si aquí en México sólo existen los comandantes? Para ellos ‘las viejas’ no se deben saltar las trancas, porque ellas deben estar sometidas en esta cultura machista que tenemos. Todo eso hay detrás del encarcelamiento ilegal de Nestora”.

Añade: Este es un gobierno feminicida, el caso de Nestora Salgado es una nueva agresión contra las mujeres, es una advertencia. Este gobierno no está del lado de las mujeres y aunque se tome la foto con ellas y las use para conseguir votos, es un gobierno contra las mujeres.

Morir luchando

El comandante de barrio de la policía comunitaria, Giovanni Salgado, de 28 años, sobrino de Nestora, denuncia la falta de un debido proceso: Ella no ha tenido una sola oportunidad de defenderse. Los careos con las supuestas víctimas que la acusan no se han llevado a cabo, porque nadie se ha presentado. El gobierno tiene la consigna de no liberarla ni a nuestros nueve compañeros presos.

Añade: Hemos ofrecido todas las pruebas de la inocencia de nuestra comandanta. Las madres de estas muchachas fueron las que pidieron el apoyo y están los documentos firmados de su consentimiento para que fueran llevadas al proceso de reducación, antes de que les pasara algo peor.

Mientras participa en una protesta por la liberación de los presos políticos, concluye: “Vamos a seguir luchando hasta que sean liberados. No nos vamos a dejar. Seguimos siendo hostigados por el Ejército Mexicano que no nos da seguridad y mientras andan allí los delincuentes siguen paseándose. Continúan los robos, las extorsiones, los secuestros, lasejecuciones. El gobierno no nos deja otro camino más que organizarnos y defendernos. Nosotros ya decidimos nuestra forma de morir: luchando, no amarrados ni hincados. Por eso nos levantamos”.

Fuente:  http://www.jornada.unam.mx/2015/08/23/politica/010n1pol

Nestora Salgado.

 De Sanjuana Martínez.

 

Con ocho kilos menos, enferma y soportando intensos dolores, Nestora Salgado García, La comandanta de la Policía Comunitaria de Guerrero presa en el penal de Tepepan, no pierde su ímpetu de lucha y se prepara para el careo que mañana sostendrá con sus principales acusadores. Hay una mano poderosa que no me deja salir de la cárcel. Se llama Isabel Miranda de Wallace. ¡Soy inocente! ¿Por qué sigo aquí? Por ella.

Miranda de Wallace, la fundadora de la organización Alto al secuestro, acompañará en el careo a Eugenio Sánchez, quien acusa a Salgado García de plagio.

“Yo no soy una secuestradora, soy una policía comunitaria; mi expediente judicial fue armado, es una pantalla, una mentira.

Ya iba a salir, pero no salgo por Isabel Miranda de Wallace. Ella tiene influencias para que me tengan aquí, para que me traten mal. Tiene mucho poder. Pero todo mi pueblo sabe que jamás secuestré; mi pueblo me conoce y es testigo de mi buen actuar.

Está sentada en una cama de la Torre Médica, en la celda A3 de esta prisión, donde fue recientemente trasladada luego de su huelga de hambre, una acción de resistencia contra su injusto encarcelamiento, que le ha causado daños irreversibles a su salud, particularmente en el páncreas y en el hígado, aunado a la neuropatía cervical crónica que padece y no es atendida debidamente: lo que más me atormenta son los dolores.

Viste una bata azul de hospital y luce demacrada, tiene ojeras y una mirada profundamente triste. A pesar de ello, sonríe y sus ojos oscuros brillan cuando habla de su pueblo, de su familia.

Lo que más extraño son los abrazos, sentir el cariño, sentirme protegida. Extraño mucho el sol, tengo dos años que no me da; añoro el aire, esa sensación cuando te toca y sientes tan bonito. Me faltan mi familia, mis hijos, mis nietos, mi vida, mi libertad...

Una luchadora social muy fuerte

Se emociona, llora. Luego, a pesar de todo, sonríe. Voltea a su izquierda y ve una foto donde está con su nieto pequeño: Esa mirada me sostiene, esa sonrisa; mi familia, la gente que me quiere... Tengo muchos planes cuando salga. Voy a volverme una luchadora social muy fuerte. Tengo mucho por que luchar en este México tan lastimado. Sé que esto no ha terminado, que acaba de empezar.

En su mesa, una pila de libros leídos y por leer: Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, regalo de Alejandro Solalinde; La noche de Tlatelolco, que le trajo Elena Poniatowska; Como agua para chocolate, que le entregó Laura Esquivel; Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor, obsequio de Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez; Siembra de concreto, cosecha de ira, de Luis Hernández Navarro, y muchos otros que le ha traído su gran defensora, la activista Enriqueta Chávez López.

Pedí y di seguridad a mi pueblo, nada más. Yo no violé, no torturé, no maté, y nunca secuestré. ¿Qué daño he hecho? No me tratan como delincuente ni como presa política, entonces, ¿qué soy? ¿Qué clasificación me dan? Para los inocentes encarcelados no hay clasificación, no hay túneles.

La historia del encarcelamiento ilegal de Nestora empieza el 27 de octubre de 2012, cuando fue designada comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá y luego dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria.

Para ofrecer seguridad a su pueblo, ella combatió los negocios ilícitos de políticos y grupos del crimen organizado, como Los Rojos, que operan en Guerrero: Cuando a mí me agarraron iba tranquila, porque las detenciones que hicimos fueron legales. Nunca me imaginé estar en la cárcel tanto tiempo por un caso totalmente inventado.

Cuenta que empezó a combatir no sólo la actividad criminal, sino también a los llamados narcopolíticos, y su diversificación más allá del tráfico de drogas y armas, particularmente contra el delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Uno de los casos fabricados que le han armado, dice, es el supuesto secuestro de cuatro jovencitas, las cuales fueron encontradas por la Policía Comunitaria y se las llevaron a sus familiares.

“Yo les dije: ‘aquí están sus hijas, no están muertas, gracias a Dios’, y luego nos dieron la autorización para que recibieran la reeducación, primero en la Casa de Justicia y luego en la de El Paraíso, en el municipio de Atoyac de Álvarez, concretamente en el convento de las monjitas. Al mes y medio entregamos a dos de las muchachas a sus mamás; las otras dos, no nos las pidieron, nadie las reclamó, hasta que pasaron más de ocho días vinieron por ellas.

“Tenemos un problema de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La gente ya había identificado a ocho muchachas, algunas menores de 12, 13 y 17 años, y otras de 18, que las convirtieron en ‘novias’ de los sicarios. El pueblo las quería quemar. Estaban tan enojados que yo los encontré con garrafones de gasolina porque las querían quemar y luego colgar en la plaza de Olinalá.”

Dice que intervino para evitarlo y convenció a los pobladores para que le permitieran hablar con las jóvenes a fin de que dieran la ubicación de dónde habían estado con los delincuentes: Así nos enteramos que los sicarios tenían planeado matar a 20 personas, para aterrorizar al pueblo. En la lista yo estaba incluida.

En su investigación sobre la red de trata, Salgado García pudo determinar que estaban involucrados políticos de alto nivel y que las menores de edad eran prostituidas en diversos lugares de Guerrero y Puebla, e incluso eran trasladadas a Tulancingo del Valle, en Hidalgo, para ofrecer servicios sexuales que cobraban en 500 pesos.

Otro de los delitos que le imputan a Nestora es el secuestro de Eugenio Sánchez, acusado de robo de ganado: Antes que lo detuviéramos, quiero decirle que ese señor tiene ocho familiares detenidos por plagio. Está identificado como un bandido en el pueblo, como un robavacas. Tenía dos carnicerías; una la cerraron, pero la gente sabía de toda la vida que el señor robaba ganado, y lo agarramos con carne robada.

Comenta que en otra ocasión lo había detenido la policía municipal, pero pagó un soborno de 20 mil pesos y salió en dos días. Esta vez era diferente, porque a los policías comunitarios les informaron del robo de nueve cabezas de ganado bovino, y ellos encontraron, de camino a Tehuastitlán, una camioneta con un animal destazado.

Doña, véngase, la cosa se esta poniendo muy fea, esta gente está muy agresiva, le dijo un compañero a La comandanta. “Cuando llegué, Eugenio me hizo a un lado y me dijo: ‘le doy 30 mil pesos, pero déjeme ir, yo no quiero verme involucrado en una cosa de éstas. El animal me lo vendió mi primo’”.

Nestora le solicitó entonces ver el cuero del animal para identificar el fierro con el que estaba marcado, y además el documento de compraventa. El tío de Eugenio es el encargado de la asociación ganadera y nos trajeron un documento casi en blanco, pero con el sello y la firma; un papel sin validez. La abogada lo revisó y decidimos llevarnos a Eugenio, su primo, el chofer y el copiloto de la camioneta a la Casa de Justicia de El Paraíso.

En el camino encontraron un retén de 80 hombres que no les permitieron el paso: “Yo me bajé y fui a hablar con ellos, les expliqué con detalle por qué los habíamos detenido, entonces el líder dijo: ‘A nosotros nos contaron otra cosa, y no nos queremos meter en algo así, mejor pásenle’”.

Más adelante, la familia Sánchez intentó detener la aprehensión: “Era una valla prácticamente de mujeres, entre ellas Zulma Rodríguez, esposa de Eugenio, quien se atravesó y el policía Carlos Patrón la agarró para que no la apachurrara una camioneta. Ahora ella dice que yo le dije a Carlos: ‘¡Pártele su madre!’ Eso es mentira, nunca dije eso, la gente que me conoce sabe que no digo malas palabras. Ella exigía que lo entregáramos al Ministerio Público, pero yo le dije: ‘Para que lo suelten con 20 mil pesos de mordida’, en alusión a la vez anterior. Y de allí se agarraron para decir que yo solicité 20 mil pesos para liberarlo. ¡Jamás! Es otra mentira”.

Los detenidos finalmente fueron puestos a disposición de la Asamblea Regional, que determinó su encarcelamiento por no justificar la procedencia del animal. En esos días su gente le avisó del asesinato de Nemesio Guevara y su hijo Carmen Guevara Rodríguez, una familia conocida en la región por cometer distintos delitos, entre ellos robo de ganado.

Fue entonces cuando solicitó al síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, levantar los cadáveres en la comunidad de Axoxuca, municipio de Tlapa de Comonfort, pero éste se negó: “Decidimos irnos a Huamuxtitlán y para mi sorpresa me lo encuentro escondido detrás de una camioneta intentando llevarse una vaca (robada) que traían los Guevara. Cuando lo encontré estaba en el suelo quemando unos papeles. Yo le dije a un marino lo que estaba sucediendo y el síndico dijo delante de mí: ‘No le hagan caso, está loca’. Pero en eso, uno de mis compañeros comunitarios comentó: ‘Esa vaca es de mi papá, está marcada con el fierro de nombre Raúl’”.

Al final, resultó que el síndico estaba implicado y horas después se trasladaron hasta el lugar el subsecretario de Asuntos Políticos de Guerrero, Misael Medrano Baza, y el director de Gobernación del estado, Moisés Alcaraz Jiménez, quienes exigían la entrega del síndico para liberarlo.

La Policía Comunitaria no lo permitió y encarceló al síndico, pero el 21 de agosto del 2013 el gobierno estatal, en coordinación con el federal, encabezaron un operativo con el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la policía de Guerrero para liberar a más de 40 presos recluidos en la Casa de Justicia.

Fue cuando me detiene el Ejército, quema toda la papelería y libera a los presos. Me detuvieron sin una orden de aprehensión y me entregaron a la Marina, que me llevó a Chilpancingo y me entregó a la PGR (Procuraduría General de la República) y luego me subió a un helicóptero y me llevó a una casa de seguridad en Acapulco; después me suben al avión particular del entonces gobernador Ángel Aguirre y me trasladaron a la prisión de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Todo fue irregular. Violaron el debido proceso.

Miranda de Wallace y el montaje

Para ella, detrás de su caso armado está el abogado de Miranda de Wallace, Samuel González, quien capacitó a la policía de Guerrero, y el ex subprocurador de Atención a Víctimas de ese estado, Ricardo Martínez Chávez, abogado de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño del bar Cadillac en la ciudad de México, investigado por delitos de trata de mujeres y niñas.

“A mí me encarcelan por orden de Ángel Aguirre y el entonces fiscal Iñaki Blanco. Entre todos los casos que investigaba estaba el tráfico de niñas y niños y les mostré videos pornográficos donde abusaban de menores. Todo mi expediente está armado por ellos y por los sicarios a los que afecté en sus negocios.”

La cruzada emprendida por Miranda de Wallace contra ella la atribuye a intereses ocultos: Creo que no sabe bien quién soy o definitivamente es parte de la cadena de complicidades políticas y criminales que me tiene en la cárcel. ¿Yo qué tengo que ver con el delito de secuestro? Al contrario, es mi lucha, yo lucho contra los secuestros y los asesinatos. Yo apoyo su causa y la veo con buenos ojos, porque es mi causa también.

Son muchos los intereses que ha tocado y teme por su vida: Tengo muchas pesadillas. Ahora le tengo miedo a la gente, a todo, hasta de tomarme el medicamento. Tengo miedo de que me maten, le tengo miedo al gobierno, incluso que me hagan pasar por loca.

A pesar de todo, La comandanta Nestora dice continuar en pie de lucha. Espera salir pronto: Sé que voy a salir, porque soy inocente, pero ya no confío nada en la justicia mexicana; si existiera, yo estaría libre.

¿Quién encubre a Javier Duarte?

 

Crimen premeditado, sádico y anunciado de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y la colombiana Mile Virginia Martin … sólo fue un simple robo, dice el titular de la PGJDF Rodolfo Ríos Garza.

Todo apunta a que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es el responsable directo del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres – perpetrados en la Ciudad de México –; pero las declaraciones y videos donde se advirtió sobre sus amenazas, han sido desestimados por el procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza.

El funcionario capitalino, a pesar de los señalamientos que se han hecho en los últimos días, insiste en generar hipótesis que evidencian una clara intención de desligar al mandatario veracruzano de tan lamentables hechos, en una acción de encubrimiento burda que indigna a la sociedad.

Los pocos avances dados a conocer por el procurador capitalino, donde informó que hay una persona detenida y cuenta con antecedentes penales por robo, violación y lesiones y que, de confirmarse, se conocería el móvil del crimen en la colonia Narvarte, han generado mayor escepticismo y, sobre todo, indignación, ya que parece empeñado en hacer creer que el múltiple homicidio fue por presuntos nexos de una de las víctimas con la delincuencia organizada, por robo o lo que sea, menos por las amenazas de Duarte de Ochoa.

Las últimas investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), respecto al multihomicidio en la colonia Narvarte, luego de que se había corrido la versión de que en ese departamento había una reunión, donde se encontraban cuatro mujeres y el fotoperiodista Rubén Espinosa, se pone en duda.

Con el paso de los días se informó que allí estaban conviviendo y que incluso había una colombiana, Mile Virginia Martin, pero luego las versiones cambiaron. La PGJDF negó que hubiera tal reunión, pero que Rubén sí llegó a ese departamento con un amigo fotógrafo acompañado de Nadia Vera, después de haber estado en un bar el jueves.

De acuerdo con la procuraduría capitalina, los tres llegaron alrededor de las dos de la mañana del viernes a dicho departamento, donde comienzan a platicar y posteriormente se retira Rubén con su amigo el fotógrafo, pero luego el fotógrafo dice que Rubén regresó al departamento con Nadia que de acuerdo a varias versiones, Rubén y Nadia guardaban una relación sentimental.

Después, la PGJDF estableció que en este departamento arribó como a las nueve de la mañana del viernes, Alejandra, que era la persona que les ayudaba a hacer la limpieza del departamento a estas jóvenes; en el lugar también se encontraba Yesica Alfaro, una chica muy joven que venía de Mexicali y se dedicaba al maquillaje y también estaba otra de sus compañeras, que fue una de las sobrevivientes, pero esa mañana del viernes se va a trabajar en una dependencia del gobierno y cuando regresa encuentra los cuerpos, donde también estaba el de Nicole de quien se confirmó su identidad.

Pero lo que ha generado rechazo, es la versión de Ríos, en el sentido de que está confirmando el multihomicidio como un robo y que mientras no se pronuncie en otro sentido no se puede hablar de una venganza por parte del gobernador de Veracruz.

Además, llama la atención que el procurador capitalino descarte que existan indicios para que la PGR atraiga el caso.

En tanto, periodistas exigieron que la principal línea de investigación de la PGJDF, sea que el asesinato de Rubén Espinosa Becerril, como el de cuatro mujeres que se encontraban con él, fue por su trabajo periodístico y no por robo como lo quiere manejar el procurador Ríos Garza.

Hasta el momento se ha confirmado la identidad de dos de las jóvenes que Activistas sociales, periodistas, amigos y familiares de las víctimas pidieron al gobierno de Miguel Ángel Mancera no sea cómplice de este multihomicidio y que se pronuncie para que las investigaciones guíen hacia los verdaderos culpables. Señalaron de inverosímil la versión que dio Rodolfo Ríos Garza en conferencia de prensa sobre un posible robo en el departamento ubicado en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, donde se encontraban cinco personas asesinadas el pasado viernes, presentaban huellas de tortura y un tiro de gracia.

El profesor Alejandro Saldaña, quien dijo ser amigo de las víctimas, señaló a Nadia Vera como activista y ex alumna de la Universidad Veracruzana. Comentó que la joven hace algunos meses, en un programa de Rompeviento TV, donde colabora, habló sobre las fosas clandestinas que existen en la ciudad de Xalapa, Veracruz. “La responsabilidad de la muerte de Rubén y las cuatro compañeras recae en el Estado.

En Veracruz hay una lista negra en donde yo aparezco junto con otros 30. El estado está lleno de fosas clandestinas, por eso amigos míos fueron a gritar al Palacio de Gobierno que los Zetas están ahí; pero tienen un paraguas de corrupción que viene desde Los Pinos”, aseveró.

Periodistas aseguran que las autoridades capitalinas “quieren desviar la investigación para no decir que esto es parte del narcotráfico, lo quieren manejar como un robo y eso es una burla”.

Por su parte el gobierno de Colombia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) determinaron que las huellas dactilares remitidas para cotejo en el caso de la colombiana asesinada junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa y otras tres mujeres, corresponden a las de la connacional Mile Virginia Martin.

El gobierno colombiano también pidió a la PGJDF que se agilice la investigación para establecer las causas del homicidio y lograr la judicialización de los responsables del asesinato connacional, reiterándoles la importancia de la celeridad para que la muerte de esta colombiana no quede impune.

 

 Fuente: http://elinformantemexico.mx/2.0/?p=94640

Los pobres de Peña Nieto.

De: Francisco Ortiz Pinchetti.

Siempre me ha parecido injusto, trátese lo mismo de Felipe Calderón Hinojosa que de Enrique Peña Nieto, el atribuir por entero al Presidente la responsabilidad por las muertes de miles de mexicanos víctimas de las pugnas del crimen organizado. Pienso que es inexacto hablar de “los muertos de Calderón”, en referencia a los más de 110 mil fallecidos en esa guerra intestina durante su sexenio. De igual manera me parece desacertado referirse a “los muertos de Peña Nieto” en relación a los más de 60 mil que seguramente se han registrado ya en apenas la mitad de su sexenio. Considero que no se vale culparlos, ni al panista ni al priista, de una masacre que no obedece por supuesto a su voluntad, lo que no quiere decir de ninguna manera que los exoneremos de su obligación primaria de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Son dos cosas distintas.

En cambio, lo que sí es responsabilidad del mandatario en turno –independientemente de factores adversos incluso internacionales que escapan a su control– es la agudización de los índices de pobreza que afecta cuando menos a la mitad de los mexicanos y la inadmisible desigualdad que registra nuestra población. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) acaba de dar a conocer este jueves su medición de pobreza 2014 según la cual el número de pobres en nuestro país se incrementó justo en dos millones (al pasar de 53.3 a 55.3 millones) en los dos primeros años del actual sexenio. Eso sí son los pobres de Peña Nieto.

La evaluación del Coneval está basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) del Inegi. El Consejo evalúa el grado de cohesión social y seis carencias sociales: el acceso a salud, seguridad social, alimentación, vivienda, servicios básicos y rezago educativo. Además, analiza si el ingreso del hogar está por arriba de la línea de bienestar, es decir, del valor de la canasta alimentaria y no alimentaria. “Si bien las carencias bajaron, el porcentaje de la pobreza aumentó en su conjunto”, explicó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval.

El resultado es patético, en cuanto refleja el fracaso de las políticas sociales y de crecimiento económico del Gobierno actual, incluida la serie de reformas constitucionales que ahora pudo sacar adelante gracias al apoyo que le brindaron los partidos de supuesta oposición, el PAN y el PRD. En el marco de la presentación de los resultados, el investigador Fernando Cortés Cáceres confirmó que las cifras son en efecto el reflejo del comportamiento de la economía y de la política pública y del deterioro económico del país, debido a los altos índices de desempleo y subempleo, así como a la baja del poder adquisitivo de los salarios.

La evaluación realizada por Coneval, sin embargo, resulta tibia ante las cifras que arroja otro estudio, basado también en los resultados de la ENIGH del Inegi, pero que involucra a otros factores para una evaluación más certera y real. De acuerdo con el estudio “Evolución de la pobreza y estratificación social en México 2012-2014″, el total de población en pobreza pasó en los dos años peñistas de 83.08 a 84.30 por ciento, mientras que la clase media bajó de 8.14 a 6.78 por ciento. “De 2012 a 2014 ha ido aumentando el número de personas en pobreza, y ahora rompimos la marca de 100 millones de pobres”, precisó el doctor Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México, que dirigió la investigación “Es una vergüenza”.

Su método de medición tomó en cuenta 17 necesidades básicas, como acceso al alimento, energía eléctrica, vivienda, seguridad social, combustible, recreación y equipo doméstico. También consideró si el ingreso es suficiente para satisfacer las necesidades básicas, así como el tiempo que la persona dedica al trabajo. En una escala de 0 a 2, donde 2 representa el bienestar humano máximo que puede alcanzar una persona, 84.30 por ciento de la población mexicana se encuentra por debajo de 1. Imagínense. El investigador de Colmex dijo concreta y directamente que el programa Prospera de Peña Nieto (antes llamado Oportunidades), “falló en su objetivo de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza”. Precisó que al final del gobierno de Felipe Calderón eran 97.4 millones de pobres, “y en dos años de (Enrique) Peña Nieto rebasamos los 100 millones”. Si, una vergüenza.

Otro estudio arrojó luz sobre las causas profundas de esta deplorable situación: Menos del uno por ciento de la población en México, alrededor de un millón de personas, concentra el 43 por ciento de la riqueza del País, según el documento “Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político”, de Oxfam México. Además, el 10 por ciento de la población más rica del País concentra el 64.4 por ciento de la riqueza nacional, que se entiende como el valor de todos los activos de la nación como acciones, capital, el valor de las empresas, edificios y bonos.

La persistencia al alza de los índices de pobreza en un país con las carencias ancestrales que arrastra y las abismales desigualdades en el tema de la distribución del ingreso, configuran mejor que ningún otro indicador el fracaso no solamente de un gobierno o un sistema económico, sino de políticas públicas inoperantes que lejos de acercarnos a la tan anhelada justicia social nos colocan cada vez más en los parámetros de una sociedad fallida, incapaz de satisfacer las necesidades más elementales de sus integrantes. Eso, en el marco de un régimen de impunidad en el que prevalecen la corrupción, el despilfarro y los privilegios… que involucran al propio mandatario y a su círculo más cercano. Otros son por supuesto los pobres de Peña Nieto. Válgame.



Fuente: http://www.sinembargo.mx/opinion/24-07-2015/37232