Nestora Salgado es inocente; se tuerce la ley para castigar a disidentes: Solalinde.

De Sanjuana Martínez.

Las declaraciones firmadas de las madres de las menores supuestamente secuestradas por Nestora Salgado demuestran que fueron ellas las que solicitaron la intervención de la comandanta de la policía comunitaria para encontrar y reducar a sus hijas.

Los documentos de la causa penal 05/2014-I, a los que ha tenido accesoLa Jornada, demuestran que Maritza Meza Castro y Susana Baltazar Sosa, madres y tías de las menores, denunciaron el 27 de octubre de 2012, ante el Consejo Social Olinalteco, la desaparición de las jóvenes.

Las menores Yesenia Castillo Meza, Betsabé Rubí Baltazar Sosa, Sofía Navarrete Baltazar y Dulce Burgos, de 12 a 16 años de edad, primero andaban descarriadas, pero después fueron víctimas de una red de trata con fines de explotación sexual que opera en Guerrero y Puebla con la supuesta connivencia de las autoridades.

Las declaraciones de las menores muestran además los problemas familiares y mencionan haber acudido a declarar de manera voluntaria ante la comandancia comunitaria:

Betsabé Rubí Baltazar Sosa de 12 años, declaró el 9 de junio de 2013:Veníamos de tomar margarita del bar Toño, yo y mi prima Sofía nos encontramos con Francisco Flores Jiménez y Miguel Franco, y ellos nos invitaron una margarita. Yesenia quería ir a Tulcingo, pero ellas no querían venir porque su mamá les iba a pegar y allá nos quedamos dos días en casa de un amigo, así que hoy nos venimos Paco, Miguel, mi prima y yo, nos dejaron al entrar al pueblo y yo pues me fui a mi casa y venimos por nuestra voluntad a declarar.

La menor Dulce Rubí Burgos Pérez declaró un día después y expuso que se escapó de su casa porque tuvo problemas con sus padres: Nos venimos con Toño a tomarnos unas micheladas, después nos encontramos con Miguel, Yesenia nos invita a Tulcingo, fuimos a echar gasolina y después nos fuimos a casa de unos amigos de Yesenia... después fuimos a tomar unas botellas y nos acostamos a dormir y a otro día seguimos tomando.

En las investigaciones, la comandanta Nestora Salgado evidenció la existencia de una red de trata de mujeres que sometía a las menores a explotación sexual y para evitar el encono del pueblo, que ya las había identificado con supuestos miembros del crimen organizado, la policía comunitaria las sometió areducación enviándolas a la Casa de Justicia y a un convento.

Después de esto, la comandanta fue detenida en un gran operativo de fuerzas federales y estatales, acusándola de secuestro en este caso y otro que implica a autoridades en el robo de ganado.

De este delito responsabilizo totalmente a Eugenio Sánchez González, Irineo Rodríguez Sánchez, Martín Vázquez de la Cruz y Osiel Bello Vázquez; este ganado fue a dar a manos de José Oseas Rosendo Sánchez fungiendo anteriormente como síndico municipal y presidente interino de Olinalá, declaró el 30 de junio de 2013 Emilio Guevara Ayala. Ninguno de los supuestos secuestrados, ni los testigos de la acusación, se han presentado ante el juzgado.

Días antes de las detenciones, Salgado –recluida en prisión desde hace dos años– denunció una campaña de hostigamiento del Estado: Yo no le tengo miedo a los sicarios o a la delincuencia organizada, yo le tengo miedo al gobierno. El ayuntamiento, el Ejército, la Marina me persiguen, nuestra policía es acosada por ellos.

Campaña internacional

Para el sacerdote Alejandro Solalinde, quien ha iniciado una campaña internacional en favor de la liberación de Salgado, los delitos que se le imputan son fabricados: Este gobierno está bien chueco porque en lugar de usar la ley para perseguir el delito, tuerce la ley y las instituciones de la procuración de justicia para castigar a los disidentes y a los que piensan diferente, y para los que no se ajustan a la corrupción, como en el caso de Nestora.

Solalinde, quien ha investigado el caso y conoce el expediente judicial, considera que hay muchas arbitrariedades en su detención ilegal y en todo el proceso: El gobierno puede sembrar armas, drogas e inventar delitos. Ellos tienen la sartén por el mango. Es todo un sistema podrido de justicia donde la autoridad usa el aparato judicial para reprimir a los que luchan por un cambio.

Explica que Isabel Miranda de Wallace, quien acusa a Nestora, está equivocada: Lo que se dice que fue un secuestro no lo fue. Tal vez Wallace, porque es de ciudad, no comprende las leyes de las policías comunitarias, de los indígenas, que cuando hay hijos que andan en malos pasos ayudan a los padres de familia como parte de esa preocupación comunitaria. Nestora Salgado está presa porque sencillamente no se quiso plegar a los caprichos del ex gobernador Ángel Aguirre y se negó a ser parte de toda la corrupción. Ella fue derecha y como castigo la encarcelaron. Wallace, en cambio, ha enarbolado causas que a veces no quedan muy claras, como ésta.

Dice que el caso de las menores rescatadas, se trata de hijas descarriadas que luego fueron captadas por redes de trata: Si no se han presentado ante el juez es por algo. La opinión pública está en favor de la comandanta. Hay malestar, Nestora Salgado es un símbolo más de indignación, de hartazgo.

Añade: Con Salgado nos sentimos todos prisioneros y agraviados, nos sentimos usados por el gobierno que supuestamente debería defender la justicia y hay personas esquiroles y aliados del gobierno. Todos los que piensan que Nestora es culpable, no son más que personas oficialistas allegadas a los intereses del gobierno.

Y atribuye que su encarcelamiento obedece a una política represiva del Estado.

“No es un caso aislado, es una práctica común reprimir a los críticos; es una criminalización contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos. Son presos políticos. El caso de la comandanta es una cuestión de género: ¿Cómo una mujer va a mandar y a poner orden en este mundo hecho por hombres, en este México diseñado por hombres? ¿Cómo que hay una comandanta, si aquí en México sólo existen los comandantes? Para ellos ‘las viejas’ no se deben saltar las trancas, porque ellas deben estar sometidas en esta cultura machista que tenemos. Todo eso hay detrás del encarcelamiento ilegal de Nestora”.

Añade: Este es un gobierno feminicida, el caso de Nestora Salgado es una nueva agresión contra las mujeres, es una advertencia. Este gobierno no está del lado de las mujeres y aunque se tome la foto con ellas y las use para conseguir votos, es un gobierno contra las mujeres.

Morir luchando

El comandante de barrio de la policía comunitaria, Giovanni Salgado, de 28 años, sobrino de Nestora, denuncia la falta de un debido proceso: Ella no ha tenido una sola oportunidad de defenderse. Los careos con las supuestas víctimas que la acusan no se han llevado a cabo, porque nadie se ha presentado. El gobierno tiene la consigna de no liberarla ni a nuestros nueve compañeros presos.

Añade: Hemos ofrecido todas las pruebas de la inocencia de nuestra comandanta. Las madres de estas muchachas fueron las que pidieron el apoyo y están los documentos firmados de su consentimiento para que fueran llevadas al proceso de reducación, antes de que les pasara algo peor.

Mientras participa en una protesta por la liberación de los presos políticos, concluye: “Vamos a seguir luchando hasta que sean liberados. No nos vamos a dejar. Seguimos siendo hostigados por el Ejército Mexicano que no nos da seguridad y mientras andan allí los delincuentes siguen paseándose. Continúan los robos, las extorsiones, los secuestros, lasejecuciones. El gobierno no nos deja otro camino más que organizarnos y defendernos. Nosotros ya decidimos nuestra forma de morir: luchando, no amarrados ni hincados. Por eso nos levantamos”.

Fuente:  http://www.jornada.unam.mx/2015/08/23/politica/010n1pol

Nestora Salgado.

 De Sanjuana Martínez.

 

Con ocho kilos menos, enferma y soportando intensos dolores, Nestora Salgado García, La comandanta de la Policía Comunitaria de Guerrero presa en el penal de Tepepan, no pierde su ímpetu de lucha y se prepara para el careo que mañana sostendrá con sus principales acusadores. Hay una mano poderosa que no me deja salir de la cárcel. Se llama Isabel Miranda de Wallace. ¡Soy inocente! ¿Por qué sigo aquí? Por ella.

Miranda de Wallace, la fundadora de la organización Alto al secuestro, acompañará en el careo a Eugenio Sánchez, quien acusa a Salgado García de plagio.

“Yo no soy una secuestradora, soy una policía comunitaria; mi expediente judicial fue armado, es una pantalla, una mentira.

Ya iba a salir, pero no salgo por Isabel Miranda de Wallace. Ella tiene influencias para que me tengan aquí, para que me traten mal. Tiene mucho poder. Pero todo mi pueblo sabe que jamás secuestré; mi pueblo me conoce y es testigo de mi buen actuar.

Está sentada en una cama de la Torre Médica, en la celda A3 de esta prisión, donde fue recientemente trasladada luego de su huelga de hambre, una acción de resistencia contra su injusto encarcelamiento, que le ha causado daños irreversibles a su salud, particularmente en el páncreas y en el hígado, aunado a la neuropatía cervical crónica que padece y no es atendida debidamente: lo que más me atormenta son los dolores.

Viste una bata azul de hospital y luce demacrada, tiene ojeras y una mirada profundamente triste. A pesar de ello, sonríe y sus ojos oscuros brillan cuando habla de su pueblo, de su familia.

Lo que más extraño son los abrazos, sentir el cariño, sentirme protegida. Extraño mucho el sol, tengo dos años que no me da; añoro el aire, esa sensación cuando te toca y sientes tan bonito. Me faltan mi familia, mis hijos, mis nietos, mi vida, mi libertad...

Una luchadora social muy fuerte

Se emociona, llora. Luego, a pesar de todo, sonríe. Voltea a su izquierda y ve una foto donde está con su nieto pequeño: Esa mirada me sostiene, esa sonrisa; mi familia, la gente que me quiere... Tengo muchos planes cuando salga. Voy a volverme una luchadora social muy fuerte. Tengo mucho por que luchar en este México tan lastimado. Sé que esto no ha terminado, que acaba de empezar.

En su mesa, una pila de libros leídos y por leer: Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, regalo de Alejandro Solalinde; La noche de Tlatelolco, que le trajo Elena Poniatowska; Como agua para chocolate, que le entregó Laura Esquivel; Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor, obsequio de Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez; Siembra de concreto, cosecha de ira, de Luis Hernández Navarro, y muchos otros que le ha traído su gran defensora, la activista Enriqueta Chávez López.

Pedí y di seguridad a mi pueblo, nada más. Yo no violé, no torturé, no maté, y nunca secuestré. ¿Qué daño he hecho? No me tratan como delincuente ni como presa política, entonces, ¿qué soy? ¿Qué clasificación me dan? Para los inocentes encarcelados no hay clasificación, no hay túneles.

La historia del encarcelamiento ilegal de Nestora empieza el 27 de octubre de 2012, cuando fue designada comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá y luego dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria.

Para ofrecer seguridad a su pueblo, ella combatió los negocios ilícitos de políticos y grupos del crimen organizado, como Los Rojos, que operan en Guerrero: Cuando a mí me agarraron iba tranquila, porque las detenciones que hicimos fueron legales. Nunca me imaginé estar en la cárcel tanto tiempo por un caso totalmente inventado.

Cuenta que empezó a combatir no sólo la actividad criminal, sino también a los llamados narcopolíticos, y su diversificación más allá del tráfico de drogas y armas, particularmente contra el delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Uno de los casos fabricados que le han armado, dice, es el supuesto secuestro de cuatro jovencitas, las cuales fueron encontradas por la Policía Comunitaria y se las llevaron a sus familiares.

“Yo les dije: ‘aquí están sus hijas, no están muertas, gracias a Dios’, y luego nos dieron la autorización para que recibieran la reeducación, primero en la Casa de Justicia y luego en la de El Paraíso, en el municipio de Atoyac de Álvarez, concretamente en el convento de las monjitas. Al mes y medio entregamos a dos de las muchachas a sus mamás; las otras dos, no nos las pidieron, nadie las reclamó, hasta que pasaron más de ocho días vinieron por ellas.

“Tenemos un problema de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La gente ya había identificado a ocho muchachas, algunas menores de 12, 13 y 17 años, y otras de 18, que las convirtieron en ‘novias’ de los sicarios. El pueblo las quería quemar. Estaban tan enojados que yo los encontré con garrafones de gasolina porque las querían quemar y luego colgar en la plaza de Olinalá.”

Dice que intervino para evitarlo y convenció a los pobladores para que le permitieran hablar con las jóvenes a fin de que dieran la ubicación de dónde habían estado con los delincuentes: Así nos enteramos que los sicarios tenían planeado matar a 20 personas, para aterrorizar al pueblo. En la lista yo estaba incluida.

En su investigación sobre la red de trata, Salgado García pudo determinar que estaban involucrados políticos de alto nivel y que las menores de edad eran prostituidas en diversos lugares de Guerrero y Puebla, e incluso eran trasladadas a Tulancingo del Valle, en Hidalgo, para ofrecer servicios sexuales que cobraban en 500 pesos.

Otro de los delitos que le imputan a Nestora es el secuestro de Eugenio Sánchez, acusado de robo de ganado: Antes que lo detuviéramos, quiero decirle que ese señor tiene ocho familiares detenidos por plagio. Está identificado como un bandido en el pueblo, como un robavacas. Tenía dos carnicerías; una la cerraron, pero la gente sabía de toda la vida que el señor robaba ganado, y lo agarramos con carne robada.

Comenta que en otra ocasión lo había detenido la policía municipal, pero pagó un soborno de 20 mil pesos y salió en dos días. Esta vez era diferente, porque a los policías comunitarios les informaron del robo de nueve cabezas de ganado bovino, y ellos encontraron, de camino a Tehuastitlán, una camioneta con un animal destazado.

Doña, véngase, la cosa se esta poniendo muy fea, esta gente está muy agresiva, le dijo un compañero a La comandanta. “Cuando llegué, Eugenio me hizo a un lado y me dijo: ‘le doy 30 mil pesos, pero déjeme ir, yo no quiero verme involucrado en una cosa de éstas. El animal me lo vendió mi primo’”.

Nestora le solicitó entonces ver el cuero del animal para identificar el fierro con el que estaba marcado, y además el documento de compraventa. El tío de Eugenio es el encargado de la asociación ganadera y nos trajeron un documento casi en blanco, pero con el sello y la firma; un papel sin validez. La abogada lo revisó y decidimos llevarnos a Eugenio, su primo, el chofer y el copiloto de la camioneta a la Casa de Justicia de El Paraíso.

En el camino encontraron un retén de 80 hombres que no les permitieron el paso: “Yo me bajé y fui a hablar con ellos, les expliqué con detalle por qué los habíamos detenido, entonces el líder dijo: ‘A nosotros nos contaron otra cosa, y no nos queremos meter en algo así, mejor pásenle’”.

Más adelante, la familia Sánchez intentó detener la aprehensión: “Era una valla prácticamente de mujeres, entre ellas Zulma Rodríguez, esposa de Eugenio, quien se atravesó y el policía Carlos Patrón la agarró para que no la apachurrara una camioneta. Ahora ella dice que yo le dije a Carlos: ‘¡Pártele su madre!’ Eso es mentira, nunca dije eso, la gente que me conoce sabe que no digo malas palabras. Ella exigía que lo entregáramos al Ministerio Público, pero yo le dije: ‘Para que lo suelten con 20 mil pesos de mordida’, en alusión a la vez anterior. Y de allí se agarraron para decir que yo solicité 20 mil pesos para liberarlo. ¡Jamás! Es otra mentira”.

Los detenidos finalmente fueron puestos a disposición de la Asamblea Regional, que determinó su encarcelamiento por no justificar la procedencia del animal. En esos días su gente le avisó del asesinato de Nemesio Guevara y su hijo Carmen Guevara Rodríguez, una familia conocida en la región por cometer distintos delitos, entre ellos robo de ganado.

Fue entonces cuando solicitó al síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, levantar los cadáveres en la comunidad de Axoxuca, municipio de Tlapa de Comonfort, pero éste se negó: “Decidimos irnos a Huamuxtitlán y para mi sorpresa me lo encuentro escondido detrás de una camioneta intentando llevarse una vaca (robada) que traían los Guevara. Cuando lo encontré estaba en el suelo quemando unos papeles. Yo le dije a un marino lo que estaba sucediendo y el síndico dijo delante de mí: ‘No le hagan caso, está loca’. Pero en eso, uno de mis compañeros comunitarios comentó: ‘Esa vaca es de mi papá, está marcada con el fierro de nombre Raúl’”.

Al final, resultó que el síndico estaba implicado y horas después se trasladaron hasta el lugar el subsecretario de Asuntos Políticos de Guerrero, Misael Medrano Baza, y el director de Gobernación del estado, Moisés Alcaraz Jiménez, quienes exigían la entrega del síndico para liberarlo.

La Policía Comunitaria no lo permitió y encarceló al síndico, pero el 21 de agosto del 2013 el gobierno estatal, en coordinación con el federal, encabezaron un operativo con el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la policía de Guerrero para liberar a más de 40 presos recluidos en la Casa de Justicia.

Fue cuando me detiene el Ejército, quema toda la papelería y libera a los presos. Me detuvieron sin una orden de aprehensión y me entregaron a la Marina, que me llevó a Chilpancingo y me entregó a la PGR (Procuraduría General de la República) y luego me subió a un helicóptero y me llevó a una casa de seguridad en Acapulco; después me suben al avión particular del entonces gobernador Ángel Aguirre y me trasladaron a la prisión de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Todo fue irregular. Violaron el debido proceso.

Miranda de Wallace y el montaje

Para ella, detrás de su caso armado está el abogado de Miranda de Wallace, Samuel González, quien capacitó a la policía de Guerrero, y el ex subprocurador de Atención a Víctimas de ese estado, Ricardo Martínez Chávez, abogado de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño del bar Cadillac en la ciudad de México, investigado por delitos de trata de mujeres y niñas.

“A mí me encarcelan por orden de Ángel Aguirre y el entonces fiscal Iñaki Blanco. Entre todos los casos que investigaba estaba el tráfico de niñas y niños y les mostré videos pornográficos donde abusaban de menores. Todo mi expediente está armado por ellos y por los sicarios a los que afecté en sus negocios.”

La cruzada emprendida por Miranda de Wallace contra ella la atribuye a intereses ocultos: Creo que no sabe bien quién soy o definitivamente es parte de la cadena de complicidades políticas y criminales que me tiene en la cárcel. ¿Yo qué tengo que ver con el delito de secuestro? Al contrario, es mi lucha, yo lucho contra los secuestros y los asesinatos. Yo apoyo su causa y la veo con buenos ojos, porque es mi causa también.

Son muchos los intereses que ha tocado y teme por su vida: Tengo muchas pesadillas. Ahora le tengo miedo a la gente, a todo, hasta de tomarme el medicamento. Tengo miedo de que me maten, le tengo miedo al gobierno, incluso que me hagan pasar por loca.

A pesar de todo, La comandanta Nestora dice continuar en pie de lucha. Espera salir pronto: Sé que voy a salir, porque soy inocente, pero ya no confío nada en la justicia mexicana; si existiera, yo estaría libre.

¿Quién encubre a Javier Duarte?

 

Crimen premeditado, sádico y anunciado de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y la colombiana Mile Virginia Martin … sólo fue un simple robo, dice el titular de la PGJDF Rodolfo Ríos Garza.

Todo apunta a que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es el responsable directo del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres – perpetrados en la Ciudad de México –; pero las declaraciones y videos donde se advirtió sobre sus amenazas, han sido desestimados por el procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza.

El funcionario capitalino, a pesar de los señalamientos que se han hecho en los últimos días, insiste en generar hipótesis que evidencian una clara intención de desligar al mandatario veracruzano de tan lamentables hechos, en una acción de encubrimiento burda que indigna a la sociedad.

Los pocos avances dados a conocer por el procurador capitalino, donde informó que hay una persona detenida y cuenta con antecedentes penales por robo, violación y lesiones y que, de confirmarse, se conocería el móvil del crimen en la colonia Narvarte, han generado mayor escepticismo y, sobre todo, indignación, ya que parece empeñado en hacer creer que el múltiple homicidio fue por presuntos nexos de una de las víctimas con la delincuencia organizada, por robo o lo que sea, menos por las amenazas de Duarte de Ochoa.

Las últimas investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), respecto al multihomicidio en la colonia Narvarte, luego de que se había corrido la versión de que en ese departamento había una reunión, donde se encontraban cuatro mujeres y el fotoperiodista Rubén Espinosa, se pone en duda.

Con el paso de los días se informó que allí estaban conviviendo y que incluso había una colombiana, Mile Virginia Martin, pero luego las versiones cambiaron. La PGJDF negó que hubiera tal reunión, pero que Rubén sí llegó a ese departamento con un amigo fotógrafo acompañado de Nadia Vera, después de haber estado en un bar el jueves.

De acuerdo con la procuraduría capitalina, los tres llegaron alrededor de las dos de la mañana del viernes a dicho departamento, donde comienzan a platicar y posteriormente se retira Rubén con su amigo el fotógrafo, pero luego el fotógrafo dice que Rubén regresó al departamento con Nadia que de acuerdo a varias versiones, Rubén y Nadia guardaban una relación sentimental.

Después, la PGJDF estableció que en este departamento arribó como a las nueve de la mañana del viernes, Alejandra, que era la persona que les ayudaba a hacer la limpieza del departamento a estas jóvenes; en el lugar también se encontraba Yesica Alfaro, una chica muy joven que venía de Mexicali y se dedicaba al maquillaje y también estaba otra de sus compañeras, que fue una de las sobrevivientes, pero esa mañana del viernes se va a trabajar en una dependencia del gobierno y cuando regresa encuentra los cuerpos, donde también estaba el de Nicole de quien se confirmó su identidad.

Pero lo que ha generado rechazo, es la versión de Ríos, en el sentido de que está confirmando el multihomicidio como un robo y que mientras no se pronuncie en otro sentido no se puede hablar de una venganza por parte del gobernador de Veracruz.

Además, llama la atención que el procurador capitalino descarte que existan indicios para que la PGR atraiga el caso.

En tanto, periodistas exigieron que la principal línea de investigación de la PGJDF, sea que el asesinato de Rubén Espinosa Becerril, como el de cuatro mujeres que se encontraban con él, fue por su trabajo periodístico y no por robo como lo quiere manejar el procurador Ríos Garza.

Hasta el momento se ha confirmado la identidad de dos de las jóvenes que Activistas sociales, periodistas, amigos y familiares de las víctimas pidieron al gobierno de Miguel Ángel Mancera no sea cómplice de este multihomicidio y que se pronuncie para que las investigaciones guíen hacia los verdaderos culpables. Señalaron de inverosímil la versión que dio Rodolfo Ríos Garza en conferencia de prensa sobre un posible robo en el departamento ubicado en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, donde se encontraban cinco personas asesinadas el pasado viernes, presentaban huellas de tortura y un tiro de gracia.

El profesor Alejandro Saldaña, quien dijo ser amigo de las víctimas, señaló a Nadia Vera como activista y ex alumna de la Universidad Veracruzana. Comentó que la joven hace algunos meses, en un programa de Rompeviento TV, donde colabora, habló sobre las fosas clandestinas que existen en la ciudad de Xalapa, Veracruz. “La responsabilidad de la muerte de Rubén y las cuatro compañeras recae en el Estado.

En Veracruz hay una lista negra en donde yo aparezco junto con otros 30. El estado está lleno de fosas clandestinas, por eso amigos míos fueron a gritar al Palacio de Gobierno que los Zetas están ahí; pero tienen un paraguas de corrupción que viene desde Los Pinos”, aseveró.

Periodistas aseguran que las autoridades capitalinas “quieren desviar la investigación para no decir que esto es parte del narcotráfico, lo quieren manejar como un robo y eso es una burla”.

Por su parte el gobierno de Colombia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) determinaron que las huellas dactilares remitidas para cotejo en el caso de la colombiana asesinada junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa y otras tres mujeres, corresponden a las de la connacional Mile Virginia Martin.

El gobierno colombiano también pidió a la PGJDF que se agilice la investigación para establecer las causas del homicidio y lograr la judicialización de los responsables del asesinato connacional, reiterándoles la importancia de la celeridad para que la muerte de esta colombiana no quede impune.

 

 Fuente: http://elinformantemexico.mx/2.0/?p=94640

Los pobres de Peña Nieto.

De: Francisco Ortiz Pinchetti.

Siempre me ha parecido injusto, trátese lo mismo de Felipe Calderón Hinojosa que de Enrique Peña Nieto, el atribuir por entero al Presidente la responsabilidad por las muertes de miles de mexicanos víctimas de las pugnas del crimen organizado. Pienso que es inexacto hablar de “los muertos de Calderón”, en referencia a los más de 110 mil fallecidos en esa guerra intestina durante su sexenio. De igual manera me parece desacertado referirse a “los muertos de Peña Nieto” en relación a los más de 60 mil que seguramente se han registrado ya en apenas la mitad de su sexenio. Considero que no se vale culparlos, ni al panista ni al priista, de una masacre que no obedece por supuesto a su voluntad, lo que no quiere decir de ninguna manera que los exoneremos de su obligación primaria de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Son dos cosas distintas.

En cambio, lo que sí es responsabilidad del mandatario en turno –independientemente de factores adversos incluso internacionales que escapan a su control– es la agudización de los índices de pobreza que afecta cuando menos a la mitad de los mexicanos y la inadmisible desigualdad que registra nuestra población. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) acaba de dar a conocer este jueves su medición de pobreza 2014 según la cual el número de pobres en nuestro país se incrementó justo en dos millones (al pasar de 53.3 a 55.3 millones) en los dos primeros años del actual sexenio. Eso sí son los pobres de Peña Nieto.

La evaluación del Coneval está basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) del Inegi. El Consejo evalúa el grado de cohesión social y seis carencias sociales: el acceso a salud, seguridad social, alimentación, vivienda, servicios básicos y rezago educativo. Además, analiza si el ingreso del hogar está por arriba de la línea de bienestar, es decir, del valor de la canasta alimentaria y no alimentaria. “Si bien las carencias bajaron, el porcentaje de la pobreza aumentó en su conjunto”, explicó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval.

El resultado es patético, en cuanto refleja el fracaso de las políticas sociales y de crecimiento económico del Gobierno actual, incluida la serie de reformas constitucionales que ahora pudo sacar adelante gracias al apoyo que le brindaron los partidos de supuesta oposición, el PAN y el PRD. En el marco de la presentación de los resultados, el investigador Fernando Cortés Cáceres confirmó que las cifras son en efecto el reflejo del comportamiento de la economía y de la política pública y del deterioro económico del país, debido a los altos índices de desempleo y subempleo, así como a la baja del poder adquisitivo de los salarios.

La evaluación realizada por Coneval, sin embargo, resulta tibia ante las cifras que arroja otro estudio, basado también en los resultados de la ENIGH del Inegi, pero que involucra a otros factores para una evaluación más certera y real. De acuerdo con el estudio “Evolución de la pobreza y estratificación social en México 2012-2014″, el total de población en pobreza pasó en los dos años peñistas de 83.08 a 84.30 por ciento, mientras que la clase media bajó de 8.14 a 6.78 por ciento. “De 2012 a 2014 ha ido aumentando el número de personas en pobreza, y ahora rompimos la marca de 100 millones de pobres”, precisó el doctor Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México, que dirigió la investigación “Es una vergüenza”.

Su método de medición tomó en cuenta 17 necesidades básicas, como acceso al alimento, energía eléctrica, vivienda, seguridad social, combustible, recreación y equipo doméstico. También consideró si el ingreso es suficiente para satisfacer las necesidades básicas, así como el tiempo que la persona dedica al trabajo. En una escala de 0 a 2, donde 2 representa el bienestar humano máximo que puede alcanzar una persona, 84.30 por ciento de la población mexicana se encuentra por debajo de 1. Imagínense. El investigador de Colmex dijo concreta y directamente que el programa Prospera de Peña Nieto (antes llamado Oportunidades), “falló en su objetivo de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza”. Precisó que al final del gobierno de Felipe Calderón eran 97.4 millones de pobres, “y en dos años de (Enrique) Peña Nieto rebasamos los 100 millones”. Si, una vergüenza.

Otro estudio arrojó luz sobre las causas profundas de esta deplorable situación: Menos del uno por ciento de la población en México, alrededor de un millón de personas, concentra el 43 por ciento de la riqueza del País, según el documento “Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político”, de Oxfam México. Además, el 10 por ciento de la población más rica del País concentra el 64.4 por ciento de la riqueza nacional, que se entiende como el valor de todos los activos de la nación como acciones, capital, el valor de las empresas, edificios y bonos.

La persistencia al alza de los índices de pobreza en un país con las carencias ancestrales que arrastra y las abismales desigualdades en el tema de la distribución del ingreso, configuran mejor que ningún otro indicador el fracaso no solamente de un gobierno o un sistema económico, sino de políticas públicas inoperantes que lejos de acercarnos a la tan anhelada justicia social nos colocan cada vez más en los parámetros de una sociedad fallida, incapaz de satisfacer las necesidades más elementales de sus integrantes. Eso, en el marco de un régimen de impunidad en el que prevalecen la corrupción, el despilfarro y los privilegios… que involucran al propio mandatario y a su círculo más cercano. Otros son por supuesto los pobres de Peña Nieto. Válgame.



Fuente: http://www.sinembargo.mx/opinion/24-07-2015/37232

La Sedena admite participación de militares en la desaparición de siete jóvenes.

 

De: Verónica Espinosa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que militares estuvieron involucrados en la desaparición de siete jóvenes en el municipio de Calera, el 7 de julio, y de los cuales al menos cuatro fueron encontrados días después muertos de un tiro en la nuca.

En un comunicado, la Sedena anunció: “Debido a que se identificaron indicios de una probable participación militar la Procuraduría de Justicia Militar remitirá el desglose de la averiguación iniciada por este caso a la PGR”.

La Sedena advirtió que es la primera interesada en que se sancione a aquellos elementos que actúen fuera de la ley, “sin importar jerarquía, cargo o comisión”.

Hasta el momento, los cuerpos de cuatro de los jóvenes desaparecidos ya fueron identificados por familiares, tras ser localizados en una casa en construcción en el municipio de Jerez, asesinados de un tiro en la nuca. La PGR y la Procuraduría del Estado realizan las pruebas de perfil genético para confirmar su identidad.

Otros tres cuerpos fueron hallados la tarde del sábado en otra comunidad de Jerez. Sin embargo, familiares de los jóvenes no pudieron verlos en el Servicio Forense, ni siquiera mediante fotografías, y se les pidió presentarse hasta este lunes para efectuar la toma de muestras de ADN para proceder a la comparación de identidad.

“Solamente nos preguntaron datos de ellos, como tatuajes o señas, y nos aseguraron que no son. Pero no los vimos, tampoco nos quisieron mostrar fotos, aunque de las otras cuatro personas sí les enseñaron fotografías a sus familiares”, dijo la hermana de uno de los desaparecidos.

Mientras los familiares esperaban todo el domingo en el Ministerio Público de Fresnillo para saber algo más sobre los últimos tres cuerpos localizados, alrededor de 80 personas acudieron a las puertas de las instalaciones del 97 batallón de infantería en una manifestación de apoyo, “para pedir que no se vaya el Ejército”.

Al lugar acudió el Comandante de la 11ª Zona Militar, el general Antelmo Rojas Yáñez.

Posteriormente, en un comunicado emitido anoche, la Sedena informó que la Procuraduría de Justicia Militar encontró “indicios” que apuntan a la participación de personal del batallón de infantería en la desaparición de los jóvenes.

Desde un principio, esto fue denunciado públicamente por los familiares, quienes incluso mencionaron al coronel Martín Pérez Reséndiz como quien encabezó el supuesto operativo bajo el cual los soldados ingresaron a la vivienda en Calera y se llevaron a los siete jóvenes, entre ellos un exmilitar que había formado parte del mismo batallón.

La Procuraduría militar “mantiene estrecha coordinación (con la PGR) al igual que con la Procuraduría general de justicia del estado”, señala el comunicado de la Sedena, que expresa el compromiso de cooperar con las instancias “a fin de que se esclarezcan los hechos”, además de que “reitera su compromiso con la sociedad mexicana, enfatizándole que de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes”.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=411045

Hallan muertos, con un tiro en la nuca, a 4 de los 7 jóvenes presuntamente desaparecidos por militares.

 

 De Verónica Espinosa.

 

Asesinados de un tiro en la nuca, los cuerpos de cuatro de los siete jóvenes desaparecidos en el municipio de Calera, presuntamente a manos de integrantes del 97º Batallón del Ejército con sede en Fresnillo, fueron encontrados en una vivienda en construcción en una comunidad de Jerez.

Los cuatro cuerpos, de tres hombres y una mujer –dos menores de edad– fueron hallados en la casa a un costado de la presa de la comunidad La Tesorera el jueves por la tarde, tras un reporte telefónico anónimo hecho a la Policía Municipal. Mostraban un avanzado estado de descomposición, informó la procuradora Leticia Soto.

En total son siete los jóvenes que desaparecieron de un domicilio en Calera, de donde según la denuncia de sus familiares, fueron sacados la madrugada del pasado martes 7 por elementos del Ejército al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, en un supuesto operativo para buscar drogas y armas.

De acuerdo con los primeros datos de identificación que efectuaron familiares, por lo menos dos de los cuerpos pudieron ser identificados por tatuajes que alcanzaron a ser apreciados a simple vista.

Según esta información, los familiares fueron notificados vía telefónica el viernes del hallazgo de los cuatro cadáveres, por lo que acudieron al Servicio Forense en Fresnillo –a donde fueron llevados los cadáveres– para identificarlos.

Los cuerpos corresponden a Germán Martín García González, exmilitar que formó parte del 97º Batallón de Infantería bajo el mando del coronel Pérez Reséndiz; Beatriz Hernández Hernández, y los menores Fernando José y Guillermo.

Vía telefónica, uno de los familiares mencionó que se dividieron para acudir al servicio forense y hospitales en varias ciudades del estado en busca de los siete desaparecidos,

“Estábamos en Zacatecas cuando nos avisaron que habían hallado a alguien en Jerez. Nos pidieron venir a Fresnillo. Las familias los reconocieron por la ropa y unos tatuajes, pero están batallando para que se los entreguen… están casi irreconocibles, algunos ya casi en los huesos, en muy mal estado ya”, señaló.

Recordó que siguen sin aparecer otros tres: María Alejandra Rocha Montes, Daniel Venegas Leaño y Víctor Hugo González Cisneros.

Daniel Venegas, de 17 años y originario de Fresnillo, vivía con una hermana en San Luis Potosí hasta hace unas tres semanas, cuando regresó a Zacatecas y comenzó a trabajar en diversos ranchos. Había llegado a Calera para laborar en un rancho unas horas antes de su desaparición junto con los otros seis jóvenes.

“Hemos oído comentarios de que a lo mejor andaban en malos pasos, que por eso se los llevaron los soldados… pero ¿a poco no tenían que ser llevados ante alguna autoridad si fuera cierto?; ahora encontraron a los otros muertos, ¿a poco les tenían que hacer eso si andaban mal? Ya no sé qué palabras usar para decirle cómo me siento”, dijo la hermana de uno de los desaparecidos.

Mientras que la procuradora de Justicia del estado, Leticia Soto Acosta, dijo a este medio que aunque la carpeta de investigación por la denuncia de los familiares está en manos de la delegación de la PGR, corresponderá a la dependencia a su cargo trabajar en la indagatoria por los homicidios de los cuatro hallados en Jerez, y corroborar plenamente la identidad de los mismos mediante los perfiles genéticos.

“Tuvimos contacto con dos familias; el hermano de la mujer y los padres de uno de los varones. Ellos nos señalan que por los tatuajes podrían ser sus familiares pero por el estado de los cadáveres y por la trascendencia del asunto, debemos realizar una identificación plena”, señaló.

Aunque negó que los cuerpos hallados mostraran huellas de tortura (como reportaron medios locales según informes iniciales), confirmó que los cuatro fueron asesinados de un tiro en la nuca.

Los jóvenes fueron sustraídos de Calera el martes 7, y habrían sido asesinados entre el 9 y el 11 de julio, según los resultados de la necropsia y otros exámenes periciales.

“Le damos seguimiento a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas a partir de las manifestaciones públicas que hicieron las familias”, señaló la procuradora Soto Acosta, y agregó que se colabora con la PGR en la búsqueda y se hará el desglose de lo relacionado con los cuatro asesinatos a la dependencia federal.

No obstante, al consultar la liga sobre personas desaparecidas del portal de la Procuraduría de Justicia, ésta se encuentra inhabilitada.

“No sé qué esté pasando –dijo la procuradora a la reportera en la entrevista telefónica–, qué bueno que me informa para hablar con mi gente y corregir esto”.

 

Proceso:  http://www.proceso.com.mx/?p=410963

Chapo KO a Peña; Osorio Chong pierde el 2018.

 De Martín Moreno.

 

+ Un gobierno burlado, devaluado, fallido…

+ Los tolucos quieren la cabeza de Osorio

Tres momentos han marcado, se quiera o no reconocer, al gobierno de Enrique Peña Nieto:

Primero: el escándalo de la Casa Blanca de la familia presidencial.

Segundo: el ajusticiamiento masivo de los 43 de Ayotzinapa, con las innegables fallas, omisiones e insensibilidades del Estado mexicano, incluido el Presidente.

Tercero: la fuga del Chapo Guzmán.

Así nos ve hoy el mundo: bajo las lupas de la corrupción, de la inseguridad y de la incompetencia.

¿Y las reformas, se preguntarán muchos?

Echemos un vistazo:

La Educativa, dando traspiés y atorada en tres estados claves: Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Mutilada.

La Fiscal, hundiendo a la economía. Calificada por empresarios y especialistas como la más dañina en la historia del país. Casi nada. Esa nos la debe Luis Videgaray, el “Vice-garay” del gabinete.

La de Telecomunicaciones, con algunos avances en cuanto al desmantelamiento del monopolio telefónico, aunque más orientada a preservar los privilegios del duopolio televisivo. Amañada.

La Energética, con más dudas que certezas, sin claridad y opacada por los infaltables lastres de Pemex: los contratos oscuros, la corrupción, la ineficacia burocrática, las ordeñas y súmele lo que quiera.

Allí están las reformas peñistas: diluidas, amorfas, inciertas.

Y justo cuando el dólar rebasaba la barrera de los 16 pesos – innegable devaluación galopante desde 2012-, que se les fuga El Chapo.

A la mitad del camino, Peña Nieto nos entrega un país desprestigiado, corrompido, devaluado.

Un gobierno fallido, sin duda.

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¿Por qué El Chapo Guzmán noquea a Peña Nieto? Por tres razones que el Presidente no podrá ni esconder ni minimizar:

1) Porque queda como un Presidente mentiroso: cuando en 2014 León Krauze le preguntó sobre la posibilidad de que El Chapo se volviera a fugar y Peña le respondió que eso sería “imperdonable”, el priista se exhibe no sólo como un incapaz al ser la cabeza de un gobierno para garantizar la permanencia de Guzmán en prisión, de paso, falsea su discurso al llevar al terreno de lo imposible otra fuga del Chapo. La realidad desmintió a Peña: no sólo se les escapó, sino que taladró – literal-, el emblema y símbolo de la seguridad nacional: el penal de “máxima seguridad” del Altiplano.

2) Hoy por hoy, con la fuga del “Señor de los Túneles”, la credibilidad, imagen y discurso del presidente de México, quedan reducidas a una sola palabra: desprestigio. Las reacciones de los principales medios del mundo- The New York Times, El País, entre muchos otros-, desnudan a Peña Nieto y lo exhiben como un Presidente debilitado y rebasado. Desde Washington hasta París, el mundo ve con desconfianza e irrespeto a Peña Nieto. Casi nada.

3) Y es precisamente esa debilidad institucional lo que marcará el segundo periodo de Peña Nieto, en sentido contrario a las manecillas del reloj de la historia que en sexenios anteriores marcaban, justo a la mitad del sexenio, una fortaleza cuasi absoluta del Presidente en turno. A diferencia de sus antecesores, Peña Nieto ni es un mandatario fortalecido ni mucho menos confiable. ¿Quitará de Hacienda al responsable directo del nulo crecimiento económico, su amigo Videgaray? No. ¿Investigará la grotesca corrupción que rodea a su mentor Montiel, al tamaulipeco Eugenio Hernández acusado desde EU, al paisano Eruviel Ávila por el escándalo de corrupción con OHL? No. ¿Venderá la Casa Blanca de la Gaviota? No. Entonces seguirá el discurso de la simulación. Del encubrimiento.

Lo dicho: con su fuga, El Chapo Guzmán parece haberle dado el tiro de gracia a Peña Nieto. Nada indica, al menos hasta ahora, lo contrario.

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¿Por qué el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya perdió el 2018? Por tres razones que ya no podrá revertir:

1) Porque inclusive si hoy recapturaran al Chapo Guzmán, Osorio Chong ya mostró una vulnerabilidad irreversible al permitir la fuga, como responsable directo de la seguridad nacional, del narcotraficante más poderoso de México y uno de los más poderosos del mundo. A Osorio se le ha perdido la confianza, y un secretario de Gobernación sin credibilidad, le estorba no sólo al Presidente, sino al país.

2) Porque la noche del lunes pasado, durante su conferencia de prensa, Osorio se mostró titubeante, impreciso, tartamudeando sus respuestas en señales inequívocas de que ha perdido el control del cargo. Dijo barbaridades como esa que quedará para la historia: “Si usted va al lugar se va a dar cuenta de que no había posibilidad de que alguien pudiera, tal vez, denunciar nada…estaban trabajando dentro de una casa , ahí hicieron la excavación grande, la cerraron para meter algunas cosas…”. O una de dos: Osorio Chong es tonto o mentiroso. A ver: estamos hablando de… ¡más de 3 mil toneladas de tierra que fueron retiradas! Y más: a Osorio se le olvida u omite la vigilancia de los guardias del Altiplano, las cámaras perimetrales, las cámaras internas que observan durante las 24 horas a cada uno de los reclusos. No, señor Osorio: el espectáculo que dio usted es vergonzante y lamentable. Si tuviera ética, ni siquiera se hubiera atrevido a rechazar su posible renuncia. Si hoy la volviera a presentar, seguramente, a diferencia de diciembre pasado, ahora sí se la aceptarían.

3) Porque con su ineptitud, el secretario de Gobernación se puso de a pechito en la mira del poderoso grupo compacto que rodea a Peña Nieto: los tolucos Videgaray y Luis Miranda, junto con el también cercano Aurelio Nuño. Es la oportunidad de oro que esperaban para centrar a Osorio Chong y darle directo al corazón: descarrilándolo de la candidatura presidencial del 2018. Los tolucos no desaprovecharán que Osorio está arrinconado en las cuerdas, y seguramente lo noquearán. Será uno menos en la competencia. Lo veremos.

Así, Osorio Chong podrá estar ya diciendo adiós al 2018.

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Insistimos: aun recapturando al Chapo, el Presidente, su imagen, su credibilidad, su estructura de seguridad nacional, y su secretario de Gobernación, han quedado vulnerados. El daño es irreversible.

El Chapo Guzmán, su captura en 2014 y el gran triunfo peñista.

El Chapo Guzmán, su fuga en 2015 y la gran derrota peñista.

Twitter: @_martinmoreno

FB /MartinMoreno

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/15-07-2015/36884

Acusan al Ejército de la desaparición de siete jóvenes en Zacatecas.

De Verónica Espinosa.

Elementos del Ejército se encuentran implicados en otro caso de desaparición: Las presuntas víctimas serían siete jornaleros –cinco hombres y dos mujeres— que se encuentran desaparecidos desde el pasado martes 7.

Familiares de los jóvenes señalan como responsables de los hechos a soldados del 97 Batallón de Infantería porque ese día irrumpieron en la vivienda donde pernoctaban luego de cumplir con su jornada laboral y se los llevaron.

Entre los desaparecidos hay cuatro menores de 18 años y un exmilitar que formó parte del referido batallón, y que renunció al Ejército hace más de un año.

Los jóvenes fueron sustraídos de una casa en la colonia Francisco I. Madero de Calera en la madrugada del 7 de julio, en un supuesto operativo en el que personal adscrito a este Batallón, bajo las órdenes de un coronel identificado con el nombre de Martín Pérez Reséndiz, buscaba armas y drogas.

Según la denuncia interpuesta por los familiares ante diversas instancias, incluidas las procuradurías general de la República (PGR) y la general de Justicia del Estado (PGJE), los soldados que tienen su sede en Fresnillo viajaron en varias unidades motoras, una de las cuales fue identificada con el número 0897, justo en la que viajaba el coronel en referencia.

En la protesta, los familiares colgaron dos mantas en puentes peatonales, en las que expusieron los hechos y reprodujeron las fotografías de los desaparecidos: Jorge David Venegas Leaños, María Alejandra Rocha Montes, Víctor Hugo González Cisneros, Beatriz Fernández Hernández, Fernando José Rodríguez Rodríguez, Germán Martín García González (ex militar de 26 años) y Guillermo García Murrieta.

“Calera está de luto. A todas las autoridades, población y de derechos humanos”, escribieron en la manta, en la que se consignó lo siguiente:

“A todas las autoridades del estado de Zacatecas, especialmente al gobernador Miguel Alonso, fiscal, pero sobre todo y especialmente al gral. Salvador Cienfuegos Cepeda y general Antelmo Rojas Yáñez de la 11ª Zona Militar, les pedimos nos ayuden a resolver nuestros casos. Sólo queremos una explicación, nos digan dónde están nuestros familiares o de menos los cuerpos, ya que el martes 07 de julio del 2015 irrumpieron 4 unidades del Ejército Mexicano con la número 0897 alrededor de las 5:30 a.m., donde entraron a varios domicilios y se llevaron a varios de nuestros familiares, entre hombres y mujeres y un menor. Dicho batallón en Fresnillo, Zacatecas, al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, a quien hacemos responsable mientras no tengamos noticias de nuestros familiares.

“Exigimos apoyo, y no económico, sino al esclarecer el caso de nuestros familiares, fueron secuestrados por el Ejército Mexicano. Autoridades, ayúdenos a dar con ellos, para que usted, Mayor Roberto Muñoz Mejía, de Justicia Militar, nos brinde su apoyo ya que Justicia Militar tiene sus reglamentos y artículos a los que deben apegarse. Están para proteger y no para secuestrar y desaparecer gente. Aquí tienen las fotos de los desaparecidos por los militares”, concluye el mensaje publicado en las mantas, las cuales fueron bajadas unos minutos después por soldados.

A las puertas de la casa de la calle Francisco I. Madero de donde fueron sacados los jóvenes, varios de los familiares colgaron otra manta y reiteraron ante medios de comunicación su exigencia de saber dónde están.

En esa casa pernoctaban hasta su desaparición, mientras desempeñaban diversas labores como jornaleros. Trabajaban limpiando los barbechos en uno de los ranchos de Calera.

La hermana de uno de los desaparecidos –cuya identidad se reserva por motivos de seguridad- señaló que a raíz de que los testigos de la incursión del Ejército en la casa apuntaron al coronel Pérez Reséndiz, acudieron a las instalaciones del Batallón a buscarlo y se encontraron con evasivas y contradicciones sobre el mando militar.

“No nos da la cara y se contradicen: unos nos dicen que no lo conocen y otros que no está o que no se presentó ese día”.

Los jóvenes tampoco fueron puestos a disposición de autoridad ministerial alguna, según lo poco que han podido indagar.

La joven pidió constatar que los siete desaparecidos son jornaleros. “Su ropa está llena de lodo, pueden verla”.

Explicó que acudieron a interponer las denuncias en Calera, en Fresnillo y en la capital del estado.

“Hasta hoy vino gente (de la Procuraduría General de la República) a ver el lugar de donde se los llevaron… Ya fuimos a la morgue, nada. Al menos si ya no están vivos, que nos entreguen los cuerpos, saber algo…”.

Dirigió el reclamo de todas las familias al presidente Peña Nieto y al gobernador Miguel Alonso Reyes.

“Que nos ayuden, que eso no se quede impune como tantas otras muertes”, exigió.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=410780

Michoacán, el fracaso de Calderón y Peña.

De: José Gil Olmos.

Cuando Alfredo Castillo dejó de ser comisionado para el conflicto de Michoacán dijo que dejaba un estado tranquilo, alejado de la violencia del crimen organizado y sólo con algunos conflictos sociales. Pero más tardó en hablar que la realidad sacó a la luz sus falsedades, pues la violencia reapareció, los nuevos grupos criminales emergieron sustituyendo a los Caballeros Templarios y las autodefensas en la costa se expresaron dispuestas a defender con las armas los poblados amenazados por el narcotráfico.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, hizo de Michoacán el laboratorio para probar sus estrategias de combate al narcotráfico enviando más de 10 mil soldados y policías federales.

Ambos fracasaron, la entidad sigue siendo presa del crimen organizado que la utiliza no sólo como tierra de siembra, sino como trampolín para enviar toneladas de drogas sintéticas a Estados Unidos y hacer negocios con empresarios chinos dedicados a la industria del acero.

Michoacán es tierra de cárteles desde hace más de 20 años y los gobiernos del PRI, PAN y PRD se han topado con un galimatías que no han podido resolver porque han aplicado únicamente medidas de fuerza contra la población, dejando en total impunidad a la clase política y empresarios coludidos con las diferentes bandas criminales. El caso más claro es el exgobernador priista Fausto Vallejo que recibió dinero de los Caballeros Templarios sin que lo investigaran.

Hace poco, el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso abrogarse un triunfo en Michoacán cuando apresó al líder de los templarios, Servando Gómez La Tuta, asegurando que ya no habría más violencia ni presencia del crimen organizado en la entidad.

Con el paso de los días estas afirmaciones se fueron derrumbando, como lo fueron en su momento las acciones de Felipe Calderón con el famoso “michoacanazo” por el que detuvieron a presidentes municipales y funcionarios quienes, al cabo de los meses, salieron libres.

Entre nuevos nubarrones de violencia, con hombres ejecutados y colgados de puentes, de denuncias de extorsiones y cobros de piso a comerciantes y pobladores, está emergiendo una vez más en Michoacán la descomposición social y política que dejó el enviado del gobierno federal, Alfredo Castillo; el responsable de haber empoderado a miembros del crimen organizado a quienes convirtió en representantes de la policía rural.

Ante esta descomposición, en días pasados surgieron en dos puntos distintos del territorio michoacano dos expresiones sociales que preludian nuevos conflictos en el estado que será gobernado por el perredista Silvano Aureoles, quien anunció que no permitirá la existencia de autodefensas.

En el pueblo de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, un grupo de campesinos y pobladores decidieron formar su autodefensa como una expresión de hartazgo ante los grupos de secuestradores que los tienen azolados. Dos de estos delincuentes fueron muertos y colgados de un puente de la autopista Siglo XXI.

Del otro lado, en el municipio de Apatzingán, se dieron a conocer Los Blancos de Troya como presuntos autodefensas, aunque por las armas que exhibieron –lanzacohetes RPG y fusiles “mata policías”– y el rostro cubierto podrían parecer más un nuevo grupo del crimen organizado.

Así, mientras los gobiernos federal y estatal siguen experimentando con estrategias militares superficiales, los michoacanos continuarán sufriendo los embates del crimen organizado que sólo cambiará de nombre y de nuevos socios en el gobierno.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=410030

Las matanzas y Osorio Chong.

 De: Sanjuana Martínez.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong no ha escatimado recursos para proteger al Ejército, la Policía Federal o la Marina Armada de México, señalados como autores de las más terribles violaciones de derechos humanos.

Osorio Chong está empeñado en mantener “el buen nombre” de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Pero esas instituciones no le ayudan, al contrario, hacen todo lo posible para demostrar que son capaces de cometer las peores atrocidades.

Y obedecer al comandante en jefe, el señor Enrique Peña Nieto. La estructura vertical y autoritaria de estas instituciones no funciona bajo el libre albedrío. Sus mandos, obedecen estrictamente las órdenes de sus jefes, en este caso del señor que ocupa la Silla del Águila.

Osorio Chong ha intentado por todos los medios deslindar al Ejército de su responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No ha permitido que se investigue debidamente la participación de los militares en este crimen de Estado.

Y ahora intenta por todos los medios, proteger a los militares responsables de la matanza de Tlatlaya. Osorio Chong está obstruyendo la acción de la justicia, al igual que, el general Salvador Cienfuegos Zepedas, capaz de falsear la verdad a extremos absolutamente ridículos e inverosímiles.

Los intentos de proteger a los militares en el caso de Tlatlaya son verdaderamente escandalosos. La cadena de mando, dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh) en su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir, donde exhibe claramente que la orden del Ejército fue “abatir delincuentes”.

La cadena de mando impune aún, esta compuesta por el propio Cienfuegos, el general Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar, el general José Luis Sánchez León, comandante de la 22/A Zona Militar, el general Francisco Ortega Luna, jefe de la comandancia de la 22/A, Raúl Castro Aparicio, comandante del 102/0 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan, el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, firmante en la orden de Relevo por Ausencia temporal del Comandante del 102/0 Batallón de Infantería, el Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez del mando de personal de tropa.

Pero el general Cienfuegos sigue instalado en la negación. Dice que el caso ha sido tratado de manera “superficial”. Pues bien, el Prodh le ha demostrado que no es así y ha publicado un demoledor informe en donde desmonta una por una las posibilidades de eximir de responsabilidades a los militares que ejecutaron extrajudicialmente aquel 30 de junio de 2014, a un número indeterminado de los 22 jóvenes.

Tampoco la PGR o la CNDH han trato el caso de manera “superficial”. Por ejemplo, la PGR reconoce que de las 22 personas muertas en Tlatlaya, ocho fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) indica que entre 12 y 15 fueron víctimas de ejecución extrajudicial.

El impecable informe del Prodh es tan contundente, que hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, ha exigido al gobierno mexicano que considere las nuevas evidencias: “Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales. Deben consistir en arrestar y, solo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”, dijo.

Los responsables de la matanza de Tlatlaya siguen impunes. Peor aún, en un acto de cinismo los cuatro policías ministeriales apenas el pasado miércoles fueron recluidos en el penal de Santiaguito, en Almoloya, por su responsabilidad en el delito de tortura en el caso Tlatlaya, recuperaron su libertad unas horas después.

De manera surrealista, el juez de control del distrito judicial argumentó que en el Estado de México, la tortura no es considerada delito grave, aunque se estipulan sanciones de tres a doce años de prisión. Pero el juez les fijó una garantía económica de casi 60 mil pesos que fue cubierta de inmediato por los cuatro y a continuación los dejó en libertad.

Estos cuatro policías y otros tres, que el juez consideró que no había pruebas suficientes para arrestarlos, torturaron a las tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza de Tlatalaya. Pero claro, México es el paraíso de la tortura y es casi imposible llevar a un torturador a la cárcel. Este juez lo acaba de confirmar. Además no permitió difundir sus nombres por la “presunción de inocencia”.

Los que no gozaron de “presunción de inocencia” fueron los jóvenes abatidos a sangre fría, la mayoría de ellos, fusilados por los militares. La parcialidad de la justicia civil y militar para proteger a los militares y policías responsables de esta matanza, es escandalosa.

Y como el gobierno de Peña Nieto se queda sin argumentos, el señor Osorio Chong intenta distraer con discusiones lingüisticas para desviarse del verdadero tema y Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sale a decir que “abatir” no significa matar y que el término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario y ninguna es privar de la vida.

Sin embargo, es el propio jefe y amigo de Campa, el señor Peña Nieto, quien ha utilizado la palabra “abatir” para referirse a matar: “Se ha detenido o en algunos casos abatido a 93 de los 122 delincuentes más peligrosos”, dijo Peña Nieto el pasado desde 21 de abril.

Está claro que no solo el Ejecutivo usa el término abatir, también el propio Ejército que lo emplea como sinónimo de matar, al igual que la Marina o las otras instituciones de seguridad.

Osorio Chong pretende meter a las víctimas de las matanzas del Estado debajo de la alfombra. Así lo está haciendo el gobierno en el caso de la matanza de Apatzingán del pasado 6 de enero. El Estado lleva seis meses ocultando información, tapando los crímenes de la Policía Federal y desatendiendo a las víctimas. La PGR ni siquiera ha hecho su trabajo. Más bien ha preferido ignorar los testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la madrugada y mañana del 6 de enero enfrente del Palacio municipal y luego a las 7:40 de la mañana en la avenida Constitución. Decenas de testigos hablan de cómo los federales iban rematando gente.

Las matanzas se acumulan y allí está el caso de Tanhuato o Ecuandureo, Michoacán donde según la Policía Federal fueron “abatidos” 42 supuestos delincuentes, los testimonios hablan de ejecuciones extrajudiciales. Los familiares de las víctimas hablan de que les entregaron los ataudes sellados y quienes los abrieron se llevaron la sorpresa de su vida, pues los jóvenes presentaban huellas de tortura, con mutilación de genitales y hasta el tiro de gracia.

¿Para qué existe un departamento de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación? ¿Para que existe un departamento así en la Sedena? Está claro que no es para difundir la prevención y el respeto a los mismos, más bien, todo parece indicar, que su función es tapar los crímenes de Estado que el señor Osorio Chong y el General Cienfuegos, se niegan a asumir y atender.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/06-07-2015/36562