Las matanzas y Osorio Chong.

 De: Sanjuana Martínez.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong no ha escatimado recursos para proteger al Ejército, la Policía Federal o la Marina Armada de México, señalados como autores de las más terribles violaciones de derechos humanos.

Osorio Chong está empeñado en mantener “el buen nombre” de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Pero esas instituciones no le ayudan, al contrario, hacen todo lo posible para demostrar que son capaces de cometer las peores atrocidades.

Y obedecer al comandante en jefe, el señor Enrique Peña Nieto. La estructura vertical y autoritaria de estas instituciones no funciona bajo el libre albedrío. Sus mandos, obedecen estrictamente las órdenes de sus jefes, en este caso del señor que ocupa la Silla del Águila.

Osorio Chong ha intentado por todos los medios deslindar al Ejército de su responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No ha permitido que se investigue debidamente la participación de los militares en este crimen de Estado.

Y ahora intenta por todos los medios, proteger a los militares responsables de la matanza de Tlatlaya. Osorio Chong está obstruyendo la acción de la justicia, al igual que, el general Salvador Cienfuegos Zepedas, capaz de falsear la verdad a extremos absolutamente ridículos e inverosímiles.

Los intentos de proteger a los militares en el caso de Tlatlaya son verdaderamente escandalosos. La cadena de mando, dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh) en su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir, donde exhibe claramente que la orden del Ejército fue “abatir delincuentes”.

La cadena de mando impune aún, esta compuesta por el propio Cienfuegos, el general Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar, el general José Luis Sánchez León, comandante de la 22/A Zona Militar, el general Francisco Ortega Luna, jefe de la comandancia de la 22/A, Raúl Castro Aparicio, comandante del 102/0 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan, el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, firmante en la orden de Relevo por Ausencia temporal del Comandante del 102/0 Batallón de Infantería, el Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez del mando de personal de tropa.

Pero el general Cienfuegos sigue instalado en la negación. Dice que el caso ha sido tratado de manera “superficial”. Pues bien, el Prodh le ha demostrado que no es así y ha publicado un demoledor informe en donde desmonta una por una las posibilidades de eximir de responsabilidades a los militares que ejecutaron extrajudicialmente aquel 30 de junio de 2014, a un número indeterminado de los 22 jóvenes.

Tampoco la PGR o la CNDH han trato el caso de manera “superficial”. Por ejemplo, la PGR reconoce que de las 22 personas muertas en Tlatlaya, ocho fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) indica que entre 12 y 15 fueron víctimas de ejecución extrajudicial.

El impecable informe del Prodh es tan contundente, que hasta el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, ha exigido al gobierno mexicano que considere las nuevas evidencias: “Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales. Deben consistir en arrestar y, solo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”, dijo.

Los responsables de la matanza de Tlatlaya siguen impunes. Peor aún, en un acto de cinismo los cuatro policías ministeriales apenas el pasado miércoles fueron recluidos en el penal de Santiaguito, en Almoloya, por su responsabilidad en el delito de tortura en el caso Tlatlaya, recuperaron su libertad unas horas después.

De manera surrealista, el juez de control del distrito judicial argumentó que en el Estado de México, la tortura no es considerada delito grave, aunque se estipulan sanciones de tres a doce años de prisión. Pero el juez les fijó una garantía económica de casi 60 mil pesos que fue cubierta de inmediato por los cuatro y a continuación los dejó en libertad.

Estos cuatro policías y otros tres, que el juez consideró que no había pruebas suficientes para arrestarlos, torturaron a las tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza de Tlatalaya. Pero claro, México es el paraíso de la tortura y es casi imposible llevar a un torturador a la cárcel. Este juez lo acaba de confirmar. Además no permitió difundir sus nombres por la “presunción de inocencia”.

Los que no gozaron de “presunción de inocencia” fueron los jóvenes abatidos a sangre fría, la mayoría de ellos, fusilados por los militares. La parcialidad de la justicia civil y militar para proteger a los militares y policías responsables de esta matanza, es escandalosa.

Y como el gobierno de Peña Nieto se queda sin argumentos, el señor Osorio Chong intenta distraer con discusiones lingüisticas para desviarse del verdadero tema y Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sale a decir que “abatir” no significa matar y que el término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario y ninguna es privar de la vida.

Sin embargo, es el propio jefe y amigo de Campa, el señor Peña Nieto, quien ha utilizado la palabra “abatir” para referirse a matar: “Se ha detenido o en algunos casos abatido a 93 de los 122 delincuentes más peligrosos”, dijo Peña Nieto el pasado desde 21 de abril.

Está claro que no solo el Ejecutivo usa el término abatir, también el propio Ejército que lo emplea como sinónimo de matar, al igual que la Marina o las otras instituciones de seguridad.

Osorio Chong pretende meter a las víctimas de las matanzas del Estado debajo de la alfombra. Así lo está haciendo el gobierno en el caso de la matanza de Apatzingán del pasado 6 de enero. El Estado lleva seis meses ocultando información, tapando los crímenes de la Policía Federal y desatendiendo a las víctimas. La PGR ni siquiera ha hecho su trabajo. Más bien ha preferido ignorar los testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la madrugada y mañana del 6 de enero enfrente del Palacio municipal y luego a las 7:40 de la mañana en la avenida Constitución. Decenas de testigos hablan de cómo los federales iban rematando gente.

Las matanzas se acumulan y allí está el caso de Tanhuato o Ecuandureo, Michoacán donde según la Policía Federal fueron “abatidos” 42 supuestos delincuentes, los testimonios hablan de ejecuciones extrajudiciales. Los familiares de las víctimas hablan de que les entregaron los ataudes sellados y quienes los abrieron se llevaron la sorpresa de su vida, pues los jóvenes presentaban huellas de tortura, con mutilación de genitales y hasta el tiro de gracia.

¿Para qué existe un departamento de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación? ¿Para que existe un departamento así en la Sedena? Está claro que no es para difundir la prevención y el respeto a los mismos, más bien, todo parece indicar, que su función es tapar los crímenes de Estado que el señor Osorio Chong y el General Cienfuegos, se niegan a asumir y atender.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/06-07-2015/36562

Crecen con Peña Nieto 65 por ciento las agresiones a comunicadores: Artículo 19.

La organización internacional Artículo 19 dio a conocer “Más violencia, más silencio, primer informe semestral de 2015”, en el que resalta la crisis de derechos humanos que se vive en el país y que impacta de forma grave a la libertad de expresión.

La organización “destaca el asesinato de seis periodistas en México, de enero de 2015 a la fecha: Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza, en Veracruz; Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, en Oaxaca; y Gerardo Nieto, en Guanajuato”, indica en su informe.

Artículo 19 señala que lamentablemente debido a la falta de inactividad del gobierno federal, la falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces, “se protege a los responsables de violaciones de derechos humanos y fortalece el sistema de impunidad en México”.

En su informe detalla que “en el primer semestre de 2015, se documentaron 227 agresiones contra la prensa, tan solo 99 por debajo de las 326 registradas el año pasado”.

El promedio de agresiones a comunicadores durante la gestión de Felipe Calderón en los mismos primeros seis meses, fue en promedio de 182, lo que implica un aumento de alrededor del 65 por ciento en la gestión de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, indica que la entidad con mayor número de reporte de agresiones es Guerrero con 38; le sigue el Distrito Federal, con 33 y Puebla con 29. Sin embargo, destaca a Veracruz como una de las regiones más peligrosas para la prensa en todo el mundo, con 18 homicidios desde el año 2000.

“Las cifras que reflejan la violencia contra la prensa durante el primer semestre de 2015 nos indican de manera categórica que la libertad de prensa está bajo contante ataque en nuestro país”, dice la ONG en su reporte.

“No son números lo que se busca plantear, son historias que nos deberían azorar y preocupar. La democracia no se celebra, se construye día a día”, señala Darío Ramírez, director de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.

Finalmente el informe hace hincapié en que las autoridades han sido omisas en su obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en México y que estas cifras evidencian no sólo una “situación grave”, sino la casi nula voluntad de los gobierno para que los mexicanos puedan acceder a la información “de toda índole” y “sean partícipes de los proceso democráticos”.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=409801

España condecora a Peña y guarda silencio sobre Ayotzinapa.

 

De Alejandro Gutierrez.

 

Transcurridos nueve meses desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado, ninguna instancia gubernamental o partido político en España ha hecho el más mínimo pronunciamiento sobre el caso, ni el más mínimo posicionamiento ante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por el contrario, en el mismo periodo desde esos trágicos hechos, España sólo se ha dedicado a otorgar sus más altos galardones a los miembros del gobierno de México. Así, aprobó conceder al presidente Peña Nieto el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, y la Gran Cruz de la misma orden a su esposa Angélica Rivera; otra condecoración oficial recibirá en breve el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido.

El 1 octubre pasado, cinco días después de la desaparición de estudiantes, le fue otorgada la Medalla de Plata en grado honorífico al comisionado de la Policía Federal, Francisco Enrique Galindo, quien viajó a España acompañado del mariachi de su institución. En una sesión casi secreta, el 5 de mayo, Ignacio Cosidó, director de la Policía Nacional española, impuso la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a la agregada legal de la PGR para Europa, Érica Cervantes, en una ceremonia que tuvo lugar la víspera de que llegara a Madrid la Euro-Caravana por los 43 estudiantes desaparecidos.

A su vez, el gobierno de Portugal autorizó concederle una de sus más altas distinciones al exprocurador Jesús Murillo Karam, primer responsable de la fallida investigación sobre el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Carta al Rey Felipe VI

En entrevista con Apro, Esteban Beltrán, director general de Amnistía Internacional-España (AI), califica este silencio de España como el “más brutal y vergonzante”.

Aprovechando la visita de Estado del rey Felipe VI a México, AI-España hizo llegar una carta al monarca en la que le pide interceder ante las autoridades mexicanas por los estudiantes desaparecidos, además de promover la liberación de Adrián Vázquez y Yesenia Armenta Graciano, ambos presos e inculpados mediante tortura.

La misiva pide también que el rey interceda para que se cumplan las recomendaciones del relator especial contra la tortura, se investigue el paradero de los migrantes centroamericanos desaparecidos y se apliquen los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

En el caso de Ayotzinapa, le pide interesarse por “las medidas efectivas para determinar el paradero de los 42 estudiantes de Ayotzinapa que continúan desaparecidos”, debido a que sólo un cadáver fue identificado.

Le demanda que “preste su pleno apoyo al grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), garantizando que pueda llevar a cabo su revisión sin obstáculos y comprometiéndose públicamente a cumplir sus recomendaciones”.

Amnistía Internacional solicita a Felipe VI que interceda para que se lleva a cabo una “investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso, y que se haga comparecer a los responsables ante la justicia”.

En la entrevista con este medio, Esteban Beltrán critica que en la relación bilateral España y México centren “sus prioridades” sólo en “los temas comerciales” y la cooperación en el renglón de seguridad.

“Ese brutal y vergonzante silencio en la desaparición forzada de los estudiantes a manos del propio Estado mexicano, es un claro ejemplo de que los intereses económicos de corto plazo ignoran las graves violaciones a los derechos humanos en México”, acusa.

Complicidades

Román Hernández, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, uno de los tres integrantes de la Caravana que visitó Madrid y otras 16 ciudades europeas entre abril y mayo, dice en entrevista que en este viaje “hemos detectado que los gobiernos de la Unión Europea, como Francia, España y Portugal, están enfocados en galardonar o dar menciones honoríficas a funcionarios mexicanos, en especial a Peña Nieto, lo cual interpretamos como un acto de franca complicidad con las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país”.

“Es contradictorio que países que se presentan como la avanzada democrática del mundo, que presumen de las garantías sociales que dan a sus habitantes, hagan mutis y estén ayudando al Estado mexicano a limpiar su rostro manchado de sangre, a limpiar su imagen internacional en aras de fomentar las inversiones privadas de estos países en México”, dice.

No obstante, consideró alentador que las organizaciones civiles con las que se reunieron en su periplo europeo “ya se están manifestando en contra de esa complicidad de sus gobiernos con México. Actualmente en Francia existe una campaña para exigir a Francois Hollande que retire la invitación especial que hizo a Peña Nieto para asistir a la conmemoración de la revolución francesa el 14 de julio próximo”.

“Para nosotros es alentador que la sociedad civil europea esté tomando conciencia de la gravedad de los hechos que se viven en México, como el caso de Ayotzinapa, que esté dispuesta a denunciarlo aquí y se dé cuenta que tiene que exigir a sus gobiernos que dejen de ser cómplices de México y que exijan revisar su agenda bilateral en materia de derechos humanos por encima de la referente a las inversiones privadas”, apuntó.

La Caravana aclaró en todo momento que no tenía intención de reunirse con ninguna autoridad, ni española ni mexicana, sino con los organismos de la sociedad civil, con quienes enfocaron su agenda.

Sin embargo, sí fueron “monitoreados” por Juan Manuel Sánchez, titular del Cisen para Europa que, como en otras ocasiones, fotografió a los manifestantes. Los corresponsales mexicanos lo pudieron detectar, a unos 50 metros de la embajada mexicana, con una gorra para tratar de pasar desapercibido.

“No se debe ignorar”

En la entrevista con Apro, Beltrán, de Amnistía Internacional, dice que es muy grave el nivel de complicidad de los gobiernos europeos, como el español, porque “no es algo que en el terreno de las relaciones diplomáticas puedas o debas ignorar”.

“No se puede dejar de lado que la investigación gubernamental sobre la desaparición de los 43 normalistas adolece de los estándares internacionales; no se puede negar que la policía participó en la comisión de esa desaparición; que hay indicios de la participación de otras fuerzas del Estado en la desaparición de los jóvenes estudiantes; que los familiares de las víctimas no se fían de las prácticas forenses del Estado, por lo tanto, México no debería ser ignorado en materia de derechos humanos por parte del gobierno español o cualquier otro país europeo”, dice.

“No es ético ni democrático” mantener ese “brutal silencio” y que la política exterior de España ignore esas “graves violaciones de los derechos humanos del Estado mexicano, porque eso a la larga daña las relaciones bilaterales y las propias inversiones, que es el tema prioritario para los gobiernos”.

El responsable de AI en España denuncia que en los últimos años “la relación bilateral dio pasos atrás en la discusión de los derechos humanos”.

“Existe un retroceso en años recientes, porque antes existía un espacio común de discusión sobre temas de derechos humanos, tanto mexicanos y españoles, pero convenientemente ese espacio se eliminó precisamente cuando más se agrava la situación en México”.

“España mantiene silencio a pesar de que no sólo el narcotráfico o los grupos irregulares abusan de los derechos humanos. Muchos de los sucesos a gran escala registrados y documentados son perpetrados por parte del gobierno mexicano. ¿Y en España?—se pregunta y responde— … silencio sepulcral”.

Amnistía Internacional, recuerda, presentó en febrero su informe anual, que llamaron “el libro negro”, “porque 2014 fue un año negro para los derechos humanos en el mundo”.

En el apartado sobre México este informe confirma sus dichos, porque se documentaron “abundantes” desapariciones forzadas, tema en el que el gobierno peñista incurre en “declaraciones contradictorias” y nunca ofreció información sobre la metodología para arribar a la cifra de 22 mil 611desaparecidos hasta agosto pasado.

El informe critica la respuesta gubernamental al caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, al caso Tlatlaya y a la versión oficial que pretende minimizar los homicidios violentos. Existe un apartado sobre la tortura generalizada por parte de la policía, otro sobre sistema de justicia, sobre ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y periodistas.

En opinión de este activista, España y México tienen una ventaja por su estrecha relación bilateral. “Se podría entender que como gobiernos aliados les sea más fácil hablar de un tema incómodo como los derechos humanos”.

Lamentó que mejor el Parlamento alemán o el Europarlamento, en Bruselas, discutan el tema de Iguala, antes que España, donde se presume que existe una gran relación con México. “Lamentamos profundamente que aquí estos casos, el caso Ayotzinapa, sean temas ausentes de la agenda bilateral.

Y cuando se abordó el tema fue para dar el espaldarazo al gobierno de México. Como lo hizo la socialista española Elena Valenciano, presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento europeo, quien el 2 de diciembre aseguró que el gobierno mexicano “está haciendo todo lo que puede para aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”.

En una declaración a la agencia de noticias EFE, Valenciano dijo que el gobierno de Peña Nieto “ha puesto muchos recursos en la investigación de los hechos, ha detenido a 73 personas, ha traído a equipos forenses prácticamente de todo el mundo, ha convocado a la OEA para que esté encima de ello, a las Naciones Unidas”. Su declaración indignó y en las redes sociales fue duramente criticada.

El líder de Podemos, el eurodiputado Pablo Iglesias, se hizo una fotografía de apoyo a la presentación de los 43 estudiantes, acompañando a un grupo de manifestantes en Bruselas.

La marca España

Luego de Estados Unidos, España es el mayor inversor en México y, a nivel de la Unión Europea, ocupa el primer sitio, según datos de la Secretaría de Economía en México, que registró en 2014 una Inversión Extranjera Directa (IED) de 22 mil 568 millones de dólares, de los cuales poco más de 4 mil millones son inversión española.

En México operan más de 5 mil empresas de origen español.

Esta es en buena medida la razón por la que “el tema comercial sea una de las prioridades, sobre todo en plena crisis económica en España”, dice en entrevista Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

En su más reciente libro Marca España. ¿A quién beneficia? (Icaria Editorial, 2014), sostiene que con el impulso de esta doctrina económica, la Marca España –que Peña Nieto ya copió como Marca País—, el gobierno español busca crear un relato de “la recuperación” ante la crisis, donde las empresas españolas son las protagonistas de esa narrativa que mezcla la “parafernalia de ser español” con una doctrina basada en “la expansión internacional de los negocios, donde las grandes beneficiarias son las élites empresariales”.

En entrevista, Ramiro sostiene que los derechos humanos no son un tema de atención en la política exterior española, porque existe un criterio empresarial de lo que conoce como la seguridad jurídica de las inversiones.

“Cuando España se refiere a la internacionalización de sus empresas, se habla de la seguridad jurídica, es como un mantra a la hora de justificar los contratos de estas compañías, y se convierte en una prioridad de gobierno para blindar la seguridad jurídica de los contratos de esas empresas”.

“Entienden el concepto de seguridad jurídica –puntualiza— como el derecho de las empresas por encima de cualquier cosa. Pero si abrimos el prisma y le damos el sentido más amplio al término, entonces México no sería un ejemplo de seguridad jurídica como hoy se repite, sino todo lo contrario, un país cuyo gobierno incurre en violaciones constantes a los derechos humanos. Y en muchos casos con corresponsabilidad directa o indirecta de grandes multinacionales”.

“Por eso el silencio de España ante las violaciones graves a los derechos humanos, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, reduce el concepto a un asunto meramente comercial”, acusa el coordinador de OMAL.

Por último, advierte que “los países latinoamericanos que más defienden esa idea de la seguridad jurídica son “los que tienen los gobiernos más neoliberales y los que siguen esta misma doctrina económica, especialmente México, Colombia, Chile o Perú, estoy hablando de los países que forman la Alianza del Pacífico, pero no sólo éstos”.

Enseñanzas de España para el 132.

  De Sabina Berman:

1. Lo que la democracia requiere hoy es más democracia.

Hace tres o cuatro años, un nuevo viento recorrió las democracias del mundo: la indignación. Una indignación contra las clases políticas corruptas. Contra los banqueros y el resto de la fauna abusiva del capitalismo salvaje. Y contra las privatizaciones del Bien Común.

Ya se sabe, en su momento las revueltas del 2012 y 2013 no cambiaron las cosas, pero ahora en el 2015 empiezan a lograrlo en España. Los mismos jóvenes y adultos que se declararon Indignados, que marcharon por las avenidas alzando pancartas y se sentaron durante días ocupando las plazas públicas, hoy en el 2015 han capturado a través de las urnas los gobiernos de las dos ciudades principales del país, Barcelona y Madrid, y pretenden en noviembre hacerse del gobierno central.

¿Cómo han logrado los Indignados de España convertir su indignación callejera en un cambio real dentro de los palacios de gobierno?

2. Convirtieron la indignación en una narrativa positiva: de la crítica feroz pasaron a una propuesta indiscutible.

A decir, lo que le falta a nuestras democracias no es otra cosa que más democracia.

3. A pesar de la crítica previa al sistema representativo, la insurrección se organizó en un partido político.

Un partido –Podemos– que se ha puesto a jugar el basquetbol de la democracia representativa acatando sus reglas, y eso para ganar. No para ser un partido más, ni siquiera para ser el partido más puro, cuya pureza sonroje a los partidos corruptos. Sino para ganar las elecciones.

4. A pesar de la crítica previa al individualismo, Podemos supo entrar a la televisión y volver figuras famosas a sus principales líderes.

Y desde la televisión, todavía el medio más masivo, esos líderes carismáticos re-significaron el vocabulario de la vida pública. Llamaron “casta” a la clase política. Llamaron “estafa” a los subsidios del gobierno a los banqueros. Llamaron “crímenes” a las privatizaciones y a los desahucios.

5. Por el otro lado, los Indignados españoles han sabido salir de su gueto generacional.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha dialogado públicamente con las figuras claves de la Izquierda. Sus pensadores, sus activistas. Reclamando así para los jóvenes indignados una tradición ideológica larga y brillante. También Podemos ha acudido a los mejores economistas para armar su proyecto de país. Y por fin, a la hora de armar las candidaturas para la contienda electoral, han salido de su propio núcleo para llamar a líderes naturales de las regiones donde ocurrirían las elecciones. Por dar los ejemplos más exitosos: en Barcelona, Ada Colau, líder de la resistencia a los desahucios; en Madrid, Manuela Carmena, una juez jubilada de 71 años, con un ascendente moral indiscutido.

6. Programa, programa, programa.

La Revolución Democrática de España ha sabido concretar un programa. Para ello ha recortado los flecos utópicos de la narrativa del 2012. No promete una nueva Constitución. No promete un sistema económico nuevo. No promete un ser humano distinto. La Revolución Democrática española guardó en los cajones de sus burós los sueños más radicales y se quedó con los sueños viables a corto plazo. El combate a la corrupción. El fin de las políticas económicas de la austeridad. El regreso al gasto en servicios públicos. El ensayo de formas democráticas en la decisión de asuntos cotidianos de gobierno.

No todo lo que es posible imaginar, no el descenso del Paraíso a la Tierra, pero sí muchísimo, de cierto una ruptura con la Democracia Capitalista, sí se logra.

7. ¿Puede el movimiento #YoSoy132 imitar a Podemos?

Sin duda, si aprende sus lecciones. Si rompe con ciertos dogmas que lo han condenado al ostracismo. Y si a la vez acata la frase más recurrente de la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que desde su séptima década en esta sorprendente Tierra en que vivimos, alerta a jóvenes y a viejos:

El optimismo es un imperativo moral.

FUENTE:  http://www.proceso.com.mx/?p=408846

La brecha entre pobres y ricos aumenta en México.

 La distribución de la riqueza se polariza cada día más en México. En las últimas dos décadas, los ingresos del país han aumentado mientras las tasas de pobreza continúan estancadas y los millonarios se han hecho con fortunas más generosas, según un estudio de Oxfam elaborado por el economista mexicano Gerardo Esquivel —doctor en Economía por la Universidad de Harvard y actualmente profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México—. En el país, el 46,5% de la población vive en pobreza, mientras un 1% de los mexicanos acumula el 21% de la riqueza del país.

El estudio apunta hacia la evolución de la riqueza y la pobreza en los últimos años. Por una parte, los millonarios crecieron un 32% entre 2007 y 2012. Las fortunas mexicanas más prominentes se han concentrado en 16 personas que, señala el informe, han visto crecer sus ingresos de la mano de negocios privados concesionados o regulados por el Gobierno mexicano. “Estas élites han capturado al Estado mexicano”, refiere la investigación.

Oxfam señala que los esfuerzos del Estado para distribuir los ingresos han inclinado la balanza en favor de los más ricos. “Vemos con preocupación la excesiva e indebida influencia de los poderes económicos y privados en la política pública y la interferencia que esto implica para el ejercicio de los derechos ciudadanos”, señala el informe. Los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Baillères son los hombres más ricos de México, indica el informe, y sus fortunas han crecido exponencialmente en los sectores de las telecomunicaciones y la minería en los últimos 20 años, con ayuda de unas regulaciones estatales favorables para sus negocios.

En el caso de Slim, el segundo hombre más rico del mundo, su fortuna catapultó desde la década de los noventa, cuando compró la telefónica Teléfonos de México (Telmex) al Estado. En 2003, su riqueza se comparaba con el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, según estimaciones de Esquivel; la expansión del negocio de las telecomunicaciones del empresario alcanzaron en 2014 el 6% del PIB del país. El estudio insiste en que el Gobierno mexicano ha diseñado en los últimos años una política fiscal que favorece a quienes más tienen. La Hacienda mexicana, por ejemplo, no cobra impuestos por las ganancias en el mercado accionario, ni por herencias o cuantiosos intereses.

Problemas básicos

En el otro extremo están 53,3 millones de mexicanos que viven en pobreza, de los cuales 23 millones no pueden comprar la canasta básica aunque reciban el salario mínimo. Oxfam ha puesto el foco sobre cuatro problemas básicos que impiden que este sector de la población adquiera más beneficios de sus ingresos: la precariedad del salario mínimo, la marginación a la población indígena, la brecha entre la educación pública y privada y el incremento de la violencia.

El salario mínimo en México es de 70 pesos diarios (4,53 dólares), su valor se encuentra por debajo de la línea de bienestar y el poder de compra con ese ingreso ha disminuido drásticamente en los últimos 30 años, apunta la investigación. La educación pública se imparte en escuelas que no cuentan con los servicios básicos de agua y electricidad, y donde el 80% de los estudiantes no tiene acceso a Internet.

Oxfam ha recomendado al Gobierno recuperar políticas públicas para atender las necesidades básicas de la población, así como una política fiscal más agresiva con los sectores más ricos. “México necesita un Estado que trabaje para los muchos y no para los pocos, en donde se gaste con sentido en educación, salud y servicios básicos. Que impulse políticas para que las personas no trabajen para seguir siendo pobres, para que paguen más los que más tienen y para hacer un Estado más transparente”, refiere la organización.

 

FUENTE: El País.  

http://economia.elpais.com/economia/2015/06/24/actualidad/1435175088_006019.html

Fracturado, el narcopacto en Jalisco.

Por Jesusa Cervantes:
El convulsionado estado de Jalisco inició este 19 de junio con un asesinato más: el de Javier Galván Guerrero, delegado del ISSSTE en la entidad y quien se suma a otro funcionario federal ejecutado en la misma entidad el 27 de julio de 2013, Jaime Navarro Martínez. El punto de inflexión entre ambos es Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador Aristóteles Sandoval.

La cercanía de ambos funcionarios, el primero del ISSSTE y el segundo de Sedesol, no sólo tiene como factor común ser parte del equipo político del padre del gobernador, también su lugar de origen: el distrito federal 18, donde se encuentra enclavada la localidad de El Grullo, lugar de esparcimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder visible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El delegado del ISSSTE fue masacrado esta mañana a bordo de su camioneta blanca. Según los reportes policiacos, Galván Guerrero salió del gimnasio, abordó su camioneta para poco después ser alcanzado por sus verdugos y recibir cuando menos siete disparos. Las fotografías muestran un disparo en su espalda y curiosamente su vehículo no tiene un solo orificio, además de que la ventana del conductor se observa intacta y cerrada.

Galván Guerrero fue regidor de Aristóteles Sandoval cuando éste se desempeñó como presidente municipal de Guadalajara (2009-2012), pero su cercanía no era con él sino con el padre del actual gobernador.

Durante la legislatura federal LIX (2003-2006), Galván Guerrero fue compañero de curul de Leonel Sandoval Figueroa, quien ganó el distrito federal número 11.

Javier Galván, en tanto, representó el distrito federal 18 que comprende 19 municipios, entre ellos Autlán de Navarro y El Grullo, este último se ha ubicado como el lugar de descanso de Nemesio Oseguera, El Mencho.

Otro representante del distrito federal 18, pero de la actual legislatura federal, la LXII, fue Gabriel Gómez Michel, un joven pediatra que formó parte del círculo político del padre del gobernador y quien el 24 de septiembre anterior fue “levantado” y “quemado” en los límites de Zacatecas con Jalisco.

El delegado del ISSSTE en Jalisco fue presidente municipal de Autlán y no sólo compañero de bancada de Leonel Sandoval en San Lázaro, también acompañó a Javier Guízar Macías, quien fue diputado federal por el primer distrito.

Mientras Javier Galván Guerrero se desempeñaba como regidor del ayuntamiento de Guadalajara (2011), otro joven, Jaime Navarro Martínez, era nombrado por Leonel Sandoval como representante en Zapopan de la agrupación MAS (Movimiento Aristóteles Sandoval), a través de la cual promovía la candidatura de su hijo al gobierno de Jalisco.

Ya con Aristóteles Sandoval al frente del gobierno de Jalisco, Navarro Martínez saltó a la delegación de Sedesol en la entidad al ser nombrado en abril de 2013 coordinador del Programa de Atención a Zonas Prioritarias; sin embargo, tres meses después, el 27 de julio, fue ejecutado en las inmediaciones del poblado Nextipan, del municipio de Zapopan.

Semanas atrás, el 29 de abril, Arturo Navarro Martínez, hermano del funcionario de Sedesol y colaborador cercano de Leonel Sandoval, fue ejecutado en el centro nocturno “Sajhara” de Guadalajara, y meses antes, el 21 de agosto de 2012, en el rancho de Arturo había sido asesinada su esposa.

Ambos personajes, Arturo y Jaime Navarro Martínez, son parientes políticos del narcotraficante apodado El Changel, hoy preso y quien fuera uno de los hombres de confianza de Ignacio Coronel, Nacho Coronel, integrante del Cártel de Sinaloa asesinado en Guadalajara en 2010 por autoridades federales.

Aristóteles Sandoval asumió la gubernatura el 1 de marzo de 2013 y ocho días más tarde, el 9 de marzo, un comando ejecutó a su recién nombrado secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez.

Javier Galván Guerrero, Jaime Navarro Martínez, Gabriel Michel y Jesús Gallegos Álvarez formaban parte del grupo político impulsado por Leonel Sandoval, padre del actual gobernador jalisciense.

Otros miembros de dicho grupo político son: Javier Guízar Macías, actual delegado de Sagarpa en Jalisco y quien fuera compañero de curul en San Lázaro de Leonel Sandoval; José Manuel Carrillo Rubio, exdelegado de Gobernación y también exdiputado federal en la LIX legislatura y Hugo Contreras Zepeda, actual presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Así, funcionarios federales y locales de Jalisco recientemente ejecutados han formado parte del grupo político de Leonel Sandoval.

Otro personaje que ha estado cercano al actual gobernador es Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, actual fiscal de la entidad y quien desde hace 20 años ha participado en actividades policiales, desde comandante en Zapopan, secretario de Seguridad Pública en Guadalajara hasta procurador con el panista Emilio González Márquez.

Luego de los más de 20 bloqueos que protagonizó el CJNG el 1 de mayo pasado, en diversos medios locales se comentó que Nájera sería sustituido en el cargo; como sucesor se mencionó al abogado y aspirante por el PRI a la sindicatura de Zapopan en 2009, Antonio Molina de la Puente.

Molina de la Puente, quien presumía su cercanía con el gobernador y su padre, fue ejecutado el pasado 26 de abril junto con su acompañante Luis Cortés Villaseñor; a este último autoridades estadunidenses lo han señalado como “lavador” del cártel de Sinaloa.

Autoridades del propio gobierno de Jalisco han detallado que funcionarios estatales pactaron durante la campaña electoral de 2012 con el cártel de Sinaloa, al que pertenecía Nacho Coronel, pero una vez que llegaron al poder rompieron con ellos aliándose con quien fuera uno de los brazos ejecutores de dicha agrupación, el hoy Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las mismas fuentes establecieron que a inicios de este año las mismas autoridades rompieron con el CJNG reconstituyendo su pacto con el Cártel de Sinaloa; incluso ello tuvo como consecuencia la captura de Abigael González Valencia, El Cuini, el 28 de febrero en Puerto Vallarta.

De El Cuini, las autoridades estadunidenses han sostenido que es cerebro y operador financiero del CJNG, en tanto que El Mencho es el brazo armado.

Luego de la detención de El Cuini, en represalia la gente de El Menchoemboscó a integrantes de la Gendarmería el 19 de marzo pasado en Ocotlán, dando muerte a once elementos.

Más tarde, el 7 de abril, el CJNG emboscó en el poblado de San Sebastián a 15 elementos de la Fuerza Única de Jalisco creada por Luis Carlos Nájera. La versión extraoficial es que éstos eran parte de la seguridad que las propias autoridades habrían dado a El Mencho cuando aún existía el pacto con ellos.

Y las razones de la masacre habrían sido para que las víctimas no revelaran los lugares que frecuenta El Mencho, entre ellos El Grullo, donde corre la versión que compró varias hectáreas.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=408098

El hambre, según Peña Nieto.

 

De: Sanjuana Martinez.

 Cuando un funcionario habla del hambre con el estomago lleno, malo el asunto. Dudo mucho que el señor Enrique Peña Nieto haya pasado hambre alguna vez en su vida, tampoco creo que conozca la sensación de vacío y angustia que eso genera.

En México, el hambre es una realidad a pesar de las fastuosas declaraciones de Peña Nieto a la oficina de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Según él, ”hemos logrado reducir a menos de la mitad el número de personas en condiciones de vida por debajo del umbral de pobreza”.

Por supuesto, fue a presumir el programa Prospera, antes Progresa, dirigido por su amiga, la ex perredista Rosario Robles secretaria de Desarrollo Social, quien dice que atiende a 6.1 millones de familias en México. Las falacias de la señora Robles todos las conocemos. ¿Qué credibilidad puede tener esta funcionaria camaleónica?

Hasta aquí, el país de las maravillas que los funcionarios con el estomago lleno, presentan sobre el hambre, sobre todo, de cara a la galería de los organismos internacionales.

Ahora hablemos de la realidad: para empezar, la tal cruzada contra el hambre es una simulación. Lo último que hemos podido saber es que el presupuesto no está destinado a paliar el hambre de los mexicanos más pobres, sino a la propaganda.

La Señora Robles ha destinado nada menos que 485 millones de pesos en promocionar el programa estrella de Peña Nieto de la Sedesol y con el que presume en el exterior.

La empresa más beneficiada con estos millones es Televisa, que recibió tan solo año y medio 155 millones 163 mil pesos por este concepto. Por supuesto, la Señora Robles asegura que este derroche propagandístico no tiene nada que ver con el año electoral, ni mucho menos.

Por tanto, mientras la mitad de la población vive en la pobreza y de ellos 28 millones son pobres alimenticios, es decir, gente que no tiene que comer, la Señora Robles se gastó 7 millones y medio diariamente para difundir su maravilloso programa. En total, destinó 211 millones 284 mil 256 pesos de su presupuesto supuestamente asignado para paliar el hambre.

Además, recordaran que durante febrero, la Sedesol lanzó una campaña de comunicación masiva en televisión, radio y periódicos, para celebrar el mes de la cruzada contra el hambre que se llamó “Dos Años Cumpliendo”.

El despliegue propagandístico electoral, digo, oficial, incluyó spots de 30 segundos transmitidos en las pantallas de autobuses, interurbanos, metrobuses, cines, lonas y panorámicos, con la imagen de dos tenedores con forma de manos y un corazón.

Si se hacen cálculos, perfectamente con lo que erogó la Señora Robles en un mes, se hubieran podido pagar las pensiones anuales de más de 33 mil ancianos del programa 65 y más.

Pero a la Señora Robles le gusta gastar más en imagen y promoción. Así quedo de manifiesto cuando recién llegó a la Sedesol en diciembre de 2013 y lanzó una campaña mediática para promocionar los “testimonios de la cruzada” con un presupuesto de más de 62 millones de pesos de los cuales 28 fueron para Televisa.

Por si fuera poco, cuando el programa estrella de mentiras cumplió 12 meses, la Señora Robles lanzo otra campaña llamada “Un año, 3 millones de historias” y tomó del presupuesto más de 136 millones, de los cuales 24 millones fueron para Televisa, es decir, la sexta parte del presupuesto. Y además le pagó a TV Azteca 700 mil pesos por una supuesta asesoría de medios.

La Señora Robles también le dio un millón de pesos a Joaquín López Dóriga y su agencia Astron Publicidad, S.A. de C.V. por concepto de promoción y asesoría. Y firmó un contrato con Televisa por 19 millones de pesos para que sus anuncios fueran transmitidos durante 20 días en los recesos de telenovelas y del noticiero de López Dóriga.

El gobierno peñista no ha escatimado en la propaganda, y hay que decirlo, a costa del hambre de los mexicanos. Por eso, sorprende que Peña Nieto aporte al financiamiento del programa Mesoamérica sin Hambre con un presupuesto de tres millones de dólares, mientras México, según la OCDE es el segundo país con mayor desigualdad económica y 53 millones de personas viven en condiciones de pobreza.

Si el 23 y medio por ciento, es decir, 28 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria y el 12.5 por ciento sufre desnutrición crónica y el 70 por ciento de los hogares se clasificaron dentro del esquema de inseguridad alimentaria, ¿cómo es posible que Peña Nieto falte a la verdad si los números son aplastantes?

Tal vez, no sabe que un millón 200 niños padecen desnutrición crónica en el país, un mal que afecta al 10 por ciento de la población que vive en zonas urbanas y el 20 por ciento en zonas rurales. O quizá Peña Nieto no recuerda que todavía hay 52 millones de mexicanos que padecen hambre y que la mitad de la población sobrevive con seis dólares diarios, equivalentes a 2 mil pesos.

En México el hambre es crónica. ¿Le caerá algún día el veinte a Peña Nieto que se debe a su mal gobierno?

www.websanjuanamartinez.com.mx

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/15-06-2015/35837

Domingo 7: Aval a la corrupción.

 De Álvaro Delgado.

 

Si la elección de este domingo se ve como un referendo a Enrique Peña Nieto, el examen a la mitad de su sexenio, entonces los mexicanos avalan la corrupción e ineptitud de él y su gobierno. Peor aún: Le dan manga ancha para –con su muy probable mayoría en la Cámara de Diputados– haga lo que le dé la gana hasta 2018.

Peña se levanta como triunfador en un entorno sombrío: La economía estancada –1.4 del PIB en 2013, 2.1 en 2014 y 2.66 este año–, la violencia criminal a la alza –que acumula ya más 40 mil muertos y 21 asesinatos políticos sólo en el proceso electoral– y un deterioro en la calidad de vida que nadie niega.

Nadie puede negar tampoco que los resultados del PRI y sus satélites de Nueva Alianza (Panal) y del Verde Ecologista de México (PVEM) obedecen a una estrategia de sistemática violación a la Constitución y las leyes que, al quedar en la impunidad, perfila lo que volverá a ensayarse en las 15 elecciones para gobernador de 2016 y en la presidencial dentro de tres años.

Todo el proceso electoral, desde octubre hasta la jornada electoral mismo domingo, fue cruzado por la inmunda estrategia del PVEM que se burló de los mexicanos. Las multas que se le aplicaron –más de 600 millones de pesos– poco le importaron y sólo ratificaron su carácter delincuencial.

Esta conducta contó, como ocurrió en 2012, con una red de complicidades que incluye a todas las autoridades y, de manera prominente, a las cadenas de televisión que tienen en el Verde a los defensores y promotores de sus multimillonarios intereses. Por eso millones de mexicanos no se enteran de tamaña infamia.

Pero la elección de este domingo 7 deja ver, también, las debilidades del dinosaurio y, naturalmente, las de sus opositores que, pese a todo, obtuvieron tajadas del pastel que proyectaban: El PAN es segunda fuerza, PRD tercera y Morena cuarta.

Aunque el PRI recupera Guerrero y Sonora –clave éste para las ambiciones de Manlio Fabio Beltrones–, pierde estados estratégicos: Nuevo León, la capital industrial de México; Jalisco, también de enorme poder productivo, y se mantiene al margen en el Distrito Federal, la capital de la República.

Nuevo León es relevante porque, por primera vez en la historia, se impone un candidato independiente, que rompe el bipartidismo y humilla sobre todo al PAN, que hace apenas unos meses lo daba por ganado. El Bronco es una incógnita, pero esa candidatura independiente tendrá efectos en el sistema de partidos de una magnitud no calibrada aún.

Entre paréntesis, esta elección pone en ridículo otra vez a empresas encuestadoras acostumbradas a falsificar resultados. GEA-ISA, propiedad de Jesús Reyes-Heroles –consejero de OHL–, es una de las principales.

Sin ser una magnitud análoga, pero semejante es la victoria en Guadalajara de Enrique Alfaro, que en 2012 le rompió el espinazo al PAN, del que se nutre, y ya lo hizo también en esta elección en el área metropolitana con el PRI. Este político rompe también el bipartidismo en la capital de Jalisco y es, desde ya, prospecto para la gubernatura.

En el Distrito Federal, el PRI sigue tan marginal como en 1997 y la disputa por el poder es entre las expresiones de izquierda con el PAN atrincherado en su único bastión, la delegación Benito Juárez y muy probablemente Miguel Hidalgo. Los capitalinos ratificaron su desprecio al PRI.

Pese a que si acaso conservará los 114 diputados federales que actualmente tiene –quizá dos más– y pierde Sonora, en el PAN se consolida la facción de Gustavo Madero, aun ante el gobernador Rafael Moreno Valle, pero sobre todo ante Felipe Calderón, derrotado contundentemente en Michoacán junto con su hermana.

El PAN tiene, ya, en Madero a un claro precandidato presidencial, que tendrá como plataforma la estructura partidaria, la coordinación en la Cámara de Diputados y la interlocución con el gobierno y los partidos del Pacto por México.

El PRD puede decir que no fue avasallado por Morena y este nuevo partido logró la conquista no sólo de su registro, sino de un porcentaje de dos dígitos, que en realidad es poco para las condiciones de saqueo y desastre que hay en el país.

Iztapalapa, el mayor granero de votos en la Ciudad de México y del país, se le negó a Morena y puede ser leído como una derrota para Andrés Manuel López Obrador.

Las tendencias electorales, hasta la medianoche, iban en el sentido de que ninguno de los partidos perderían su registro. Más aún, Encuentro Social –cercano al aspirante presidencial Miguel Ángel Osorio Chong— obtendría una bancada de entre 8 y 19 diputados.

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

País en llamas rumbo al despeñadero.

Por: Adela Navarro Bello.

La quema de boletas y otro material electoral en Oaxaca como parte de un movimiento de resistencia de maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no es, desafortunadamente para la tranquilidad del país, un hecho aislado, circunstancial o mucho menos fortuito.

La inseguridad y la violencia han traspasado las colindancias –bastante amplias por cierto- del crimen organizado y el narcotráfico, para trasladarse a otros sectores de la sociedad hartos –justificadamente o no- de la impunidad generalizada que se vive y se respira en México.

Así, la quema del material electoral que amenaza la realización de las elecciones en Oaxaca a propósito de maestros levantados porque una reforma no les es favorable, se suma a la inconformidad que hay, por ejemplo, en el Valle de San Quintín en Baja California donde jornaleros se manifiestan inconformes por las condiciones laborales muy cercanas a la explotación y la esclavitud en las que han de vivir.

También a las manifestaciones de maestros en Guerrero y Chiapas, que unidos a la Coordinadora están poniendo en riesgo la elección del 7 de junio de 2015. El Instituto Nacional ha confirmado la toma de sus instalaciones y la destrucción de su material en Oaxaca y el buen fin de la elección no se ve.

A este caos de inseguridad y riesgo para la democracia se suman otros hechos igual de terribles para la sociedad mexicana. Los del crimen organizado. En por lo menos cuatro estados, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, la celebración de las elecciones se ha visto afectada por las demostraciones de violencia por parte de cárteles del narcotráfico y bandas del crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha impuesto a base de sangre y plomo, aterrorizando a la población y enfrentándose sangrientamente contra autoridad y enemigos criminales.

La realidad en las incendiadas calles mexicanas, que hablan del México en llamas que niega Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, es que no hay condiciones de seguridad para el ejercicio de la democracia.

El origen de los conflictos también es claro: la impunidad.

La impunidad que gozan los cárteles -para crecer, comprar armas, introducirlas al país, lavar dinero a pesar de obtusas legislaciones o vender su droga y lucrar con cuanto ilícito se les ocurre cometer- misma que ha sido provista por la corrupción histórica en las corporaciones policíacas que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto no han pasado por etapas de limpia y depuración.

La impunidad que gozan los maestros al tomar calles, interrumpir la instrucción académica de los niños mexicanos, violentar oficinas y papelería oficial, sin ser aprehendidos por ello. Sin ser apercibidos o sancionados por afectar a terceros.

El gobierno de la República está rebasado por la inseguridad. La del narco y la propiciada por la inconformidad de varios sectores de la sociedad mexicana.

La imagen de incendios en Oaxaca y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional partiendo en retirada ante el reclamo de maestros inconformes, es la prueba más irrefutable de un País que en estos momentos arde.

Imponer condiciones a un Gobierno a partir de la violencia en calles, sea por parte de sectores sociales o de bandas criminales, exhibe un nivel de ingobernabilidad preocupante. Un estado fallido que solo puede ser producto del ejercicio del poder para beneficio propio y no de gobernabilidad para el desarrollo de todos.

La ingobernabilidad que tiende a extenderse de zonas determinadas a mayores regiones del mapa nacional, exhibe un gobierno paralizado, testigo de balaceras, incendios y manifestaciones, que no impone el Estado de Derecho para garantizar no solo la seguridad de todos, sino el desarrollo de la democracia.

Enrique Peña Nieto llega a su tercer año de Gobierno con más focos rojos que un cabaret, con la misma gente que abiertamente expresó que no lo quería en Los Pinos y con un evidente nivel de desprestigio sobre la institución que es la Presidencia de la República.

Sucumbió la Presidencia a los maestros inconformes y suspendió de manera indefinida la realización de evaluaciones a los maestros. Dio el nivel educativo en prenda y las manifestaciones no cejaron. Por el contrario y al ver que la presión social hace recular al Gobierno de la República, los maestros se crecieron y ya se suman educadores de otros estados.

La escueta información de la Secretaría de Educación Pública que encabeza aún Emilio Chuayfet Chemor, ha sentado una errática base de negociación para otros sectores: si te inconformas, si dejas de producir, si tomas las calles y violentas las elecciones, el Gobierno cederá.

No hubo más explicación, ni justificación por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto para tomar la decisión de ceder a las presiones de los maestros que un párrafo lapidario de la calidad académica en México: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.

Así de escueto, así de rápido, la educación de los niños mexicanos –que son el futuro de esta sociedad- se negoció con los maestros inconformes que ahora van más allá. Sabiéndose escuchados, piden definitivamente la derogación de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, la seguridad laboral de los maestros, la defensa de las normales, aumento de salario, más prestaciones sociales, y de paso, la aparición con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Haber dejado crecer las estructuras criminales en el Gobierno de Enrique Peña Nieto a partir del discurso de un México en Paz, de negar la violencia, y pocas o nulas acciones de inteligencia, persecución policíaca y procuración de justicia, han llevado a los mexicanos a ser testigos de cárteles violentos, omnipresentes, presuntuosos y crecidos que ejercen impunemente su criminal poder territorial hasta llevar al éxodo a los mexicanos de bien.

Así como ahora la ausencia de una negociación política-gubernamental con los maestros inconformes, han llevado a estos a gozar de la impunidad ante un gobierno que recula en sus leyes, negocia con la educación y teme imponer el estado de derecho.

Por todos estos ejemplos que se materializan en nuestro presente, el despeñadero que vaticinaron escritores, analistas, periodistas, intelectuales y políticos de oposición cuando el Tribunal Electoral reconoció el triunfo de Enrique Peña Nieto como Presidente de México es cada vez más, una realidad. Lamentablemente.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/03-06-2015/35413

¿Dejó de tener sentido votar?

 

 De: Tomás Calvillo Unna.

La pregunta es pertinente a pesar del mensaje imperante de salir a votar, porque se dice que no hay otra opción en un régimen que se aferra a ignorar la emergencia nacional por la que atraviesa la República, y que ha afectado a miles de familias mexicanas que sufren la violencia proveniente de la simbiosis entre crimen y política, blindada por la corrupción y la impunidad.

Desde Roberta Menchú hasta José Woldenberg, incluyendo al Secretario de Gobernación y por supuesto a los partidos, por distintas razones, buscan convencer a los ciudadanos para que ejerzan su derecho a votar.

El voto se presenta con argumentos cuasi-dogmáticos, convertido en algo inamovible y piedra angular de una democracia que naufraga no sólo en México sino en el mundo, ante la mutación de los estados nacionales y la revolución tecnológica informática digital y demás, que han roto el balance entre lo público y lo privado, entre los corporativos y los gobiernos y sus diversos intereses, entre las instituciones representativas y los ciudadanos.

Ante todos estos veloces cambios, la globalización económica y del crimen se entrelazan sumándose a las fuertes presiones que afectan las raíces mismas de los procesos civilizatorios. Las relaciones laborales, las estructuras sociales básicas, como el propio concepto de familia, la vínculos con el entorno y la pertenencia e identidad misma, son realidades que se resquebrajan y transforman y en donde, la representación política y sus mecanismos de elaboración pretenden ser incuestionables en un periodo como el actual, que más que nunca requiere repensarla profundamente y retornar a sus fuentes constitutivas que están íntimamente ligadas a los conceptos de estado, comunidad, ciudadanía, gobierno y territorio.

El sistema electoral como un apéndice de todo ello aparece para sus actuales promotores como un ente mágico que está más allá de las condiciones históricas que lo determinan. El votar se ha vuelto una expresión atemporal de la sociedad política, capaz de trascender cualquier condición, como la de una partidocracia que ha pactado de manera diversa con el crimen y que ha destruido las bases democráticas propias de un sistema de partidos mínimamente sano; o la de una población que en muchos lugares es amenazada por los militantes del terror que el estado no puede confrontar porque esta minado en sus ámbitos jurídicos, políticos y económicos.

Miles de desaparecidos y muertos, la filtración de diversos carteles en las estructura de los partidos, su complicidad con la impunidad y corrupción, parecen para los promotores del voto, cosas secundarias que sólo se van a corregir yendo a las urnas y votando, aquí y allá por los “menos malos”.

Más papistas que el papa, no advierten la desproporción, la gravedad del problema que vive el país. No se trata de remplazar lo que no existe por una salida autoritaria sino de replantear de raíz los fundamentos del sistema político, reestructurando las propias bases jurídicas y políticas de la nación. Se necesita sacudir a la clase política, unificar una fuerza ciudadana suficiente que desmonte el teatro criminal en que se han convertido los procesos electorales. Rescatar el sentido del voto implica hoy dar la espalda a las urnas. Que si gana el PRI, el PAN o el PRD o MORENA en la ciudad de México, o el malo de la película, comodín estratégico del poder en turno el Partido Verde, nada de ello va a modificar en lo fundamental la degradación que vive el país.

La clase política ha demostrado que está atrapada sin salida, y los ciudadanos o liberan el sistema, o consolidarán la prisión social que la violencia edifica a través el dominio del narco populismo disperso a lo largo y ancho del territorio nacional.

Sectores de las elites económicas y políticas del país pusieron en el mapa de la violencia de los cárteles a los ciudadanos; y los partidos políticos han sido un instrumento privilegiado para realizar esa macabra tarea. La irresponsabilidad ha sido toda, en este sentido el INE, probablemente sin proponérselo se convierta en una coartada más de esa dinámica criminal revestida de pretensión democrática.

Por lo mismo las campañas y sus candidatos andan sobre arenas movedizas sin tener idea de donde están parados, y los que la tienen ya eligieron alguno de los ejércitos irregulares que azotan al país de manera intermitente.
Que se vote o no, se ha vuelto irrelevante, sin despreciar los matices en aquellos lugares donde las condiciones son más extremas (donde el mejor de la película puede ser cualquiera según las condiciones locales).

No se trata de una campaña para convencer, es en todo caso un llamado a la conciencia ciudadana y uno más de muchos que desde diversas regiones y voces se realiza; tal vez como una última llamada antes de que el país se desbarranque por las opciones violentas de todo tipo.

Desde esta perspectiva el votar pareciera convertirse exactamente en lo contrario de lo que pretenden que sea, es decir, en un acto que consolida los circuitos territoriales del crimen encarnado en la política.

Después de lo sucedido en Iguala, los partidos políticos y el INE se mantuvieron impávidos y sólo demostraron una parálisis cómplice que abona a lo que podemos advertir como un peculiar golpe de estado hormiga por parte de corporativos criminales que toman las estructuras partidistas y los circuitos de las finanzas.

Las elecciones son ahora un territorio de esa guerra intestina donde los ciudadanos cada vez más son solo carne de cañón y víctimas.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/03-06-2015/35369