COMUNICADO DEL PDPR - EPR

COMUNICADO DEL PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

A LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS Y UNIVERSITARIOS

A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

La represión generalizada en nuestro país es parte del terrorismo de Estado. Una muestra contundente de la barbarie de esta política es lo que sucede en el estado de Guerrero contra nuestra juventud inerme y con esperanzas de un cambio, nuestro pueblo en su conjunto, no importa al sector al que pertenezcamos, todos debemos exigir justicia, el castigo a los criminales de Estado y el cese de esta política de terror.

El Estado mexicano se ha cebado actualmente con el pueblo de guerrero y sobre todo con su juventud y los luchadores sociales, como se cebó con el pueblo de Atenco. No se puede tratar de "hechos violentos", ni de "enfrentamientos", ni de "fuego cruzado" o de "agresiones de los manifestantes a los policías", como lo han dado a entender voceros del Estado y algunos medios de comunicación, sino de una política criminal de un estado policíaco militar.
Lo sucedido el viernes 26 de septiembre contra los normalistas de Ayotzinapan constituye una masacre, es decir, un crimen de Estado planificado por el mando único policiaco-militar, el cual coordina la agresión permanente contra el pueblo.

Los normalistas de Ayotzinapan, cuando de manera pacífica realizaban volanteo y colecta, son reprimidos con toda saña ordenada por los mandos superiores de la cúpula gubernamental estatal y federal, por lo tanto, es una gran mentira que se haya tratado de un enfrentamiento producto de la violencia de estos jóvenes inermes contra la policía municipal.

Los estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos, han sido criminalizados sin descanso desde las instituciones gubernamentales como parte de la política del terrorismo de Estado, como consigna política la han retomado medios de comunicación serviles, voceros oficiosos y plumas mercenarias, políticos de oficio profascistas, individuos de toda laya que comulgan con las posiciones reaccionarias.

Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la policía federal, instalaciones del ejército y la marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la academia de policía donde fueron también brutalmente torturados.

Constituye una cínica burla la declaración del gobierno estatal al afirmar que se "abocará" a su localización, porque es de todos sabido y existen evidencias fehacientes de que fue la fuerza policíaco-paramilitar quien se los llevó, operativo realizado coordinadamente entre policía municipal, estatal, federal, ejército, marina y paramilitares. Los misteriosos "civiles armados y encapuchados" que perpetraron parte de esta masacre en realidad son elementos activos de las fuerzas policiaco-militares realizando acciones de paramilitarismo.

Es grotesco sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado para endosar este crimen de lesa humanidad a la "delincuencia organizada", dicha afirmación constituye una burda maniobra política para diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad a los criminales materiales e intelectuales. Especulaciones dolosas promovidas por el Estado mexicano y difundidas perversamente por "sesudos analistas" y funcionarios públicos.

La tesis del estado fallido independientemente de su modalidad con la que se pretende "justificar" la supuesta violencia generalizada, por la "delincuencia organizada" y el narcotráfico se encuentra circunscrita dentro de la doctrina de la guerra contrainsurgente dictada desde el imperialismo norteamericano.

La masacre de Iguala es la expresión fiel del grado de terrorismo de Estado con el cual se trata de imponer de forma incuestionable la criminalización de la protesta popular, bajo la mascarada e instrumento jurídico de "regular" marchas, plantones y la protesta popular, para evitar que "actos violentos" como los ocurridos en Ayotzinapan vuelvan a suceder.

La detención de 22 policías municipales no garantiza justicia para nuestro pueblo, por el contrario es una maniobra recurrente para administrar y prolongar la impunidad, porque enseguida salen libres, como es el caso de los policías federales que asesinaron, el 12 de diciembre de 2011, a dos normalistas también de Ayotzinapan, esos criminales hoy gozan de libertad y completa impunidad.

En los últimos decenios la juventud ha sido víctima del intento de la más aguda mediatización sin que se haya logrado, tenemos el ejemplo de todos esos jóvenes que siguen en prisión desde el primero de diciembre de 2012 que fueron torturados, vejados y violados sus derechos humanos, que a pesar del esfuerzo de quienes pidieron su libertad, también fueron reprimidos y aún continúan en las mazmorras de este gobierno.

Con indignación y razón se levantan los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), porque se les respeten sus derechos, en el fondo constituye la resistencia contra la reforma educativa neoliberal, que en los avances de su imposición está reduciendo el contenido científico de la educación, empujando a la tecnificación y privatización de ésta para construir un sujeto dócil y presa fácil para la explotación por las compañías nacionales y extranjeras a las cuales el Estado mexicano les ha facilitado el saqueo de las riquezas nacionales.

Compañeros, de 1968 a 1971 el Estado se ensañó con la juventud asesinándola. Son 46 años que nuestra juventud ha sido masacrada, y casi después de medio siglo el gobierno priísta lo sigue haciendo, recordemos que el 68 fue la continuidad de la represión de 1956-58 ejercida contra ferrocarrileros, médicos y maestros.

En 1963 el Estado cometió el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia; en 1965, el 23 de septiembre asesinó a los jóvenes que asaltaron militarmente el cuartel Madera en Chihuahua, precedentes históricos para que un conjunto de jóvenes, antes y después de 1968, con su ingenuidad unos y otros conscientes pero ambos congruentes, crearan grupos de guerrilleros revolucionarios, convencidos de que se podía perder la vida por un cambio en el país a favor del pueblo.
Muchos jóvenes derramaron su sangre en pos de la libertad, siempre los recordaremos porque son parte de esta lucha histórica, que hoy en las condiciones en que actúa el Estado, no dudamos que ante una acción del mismo exista una reacción popular combativa. Los intentos del Estado como siempre son perversos, no confíen en este gobierno represivo.

Conmemorar el dos de octubre no sólo es recordar, es retomar la experiencia que genera un Estado totalitario utilizando el terrorismo. Hemos sido parte de todas estas luchas y seguiremos siendo parte de todos aquellos que hoy, aunque piensen de distinta manera y desde distintas trincheras, coadyuvamos intentando cambiar este país para lograr un gobierno libertario.

En consecuencia, el PDPR-EPR recordamos el dos de octubre, no separados de las masas, de las luchas populares, sino con nuestros modestos esfuerzos ¡Estamos presentes! ¡Dos de octubre no se olvida, se recuerda y en el combate estamos!

Desde nuestra trinchera de la crítica de las armas, rendimos un homenaje a todos aquellos que sobrevivieron a esta represión, que congruentemente siguieron una vida y continuaron peleando por la liberación de nuestro pueblo. Es el caso del luchador social Raúl Álvarez Garín, con quien en un momento histórico perteneciendo a la revista Punto Crítico tuvimos profundas divergencias, porque algunos individuos que pertenecían a ella nos vilipendiaron, nos acusaron de terroristas e intentaron obstaculizar nuestra relación con las masas, sin embargo, es un honor recordar a este luchador social quién después, producto de una reflexión personal se solidarizó con todas las luchas del pueblo sin importar cuáles fueran las siglas, con los más necesitados, con las nuevas generaciones que luchan por el respeto de los derechos humanos, por la presentación de los detenidos-desaparecidos, por la libertad de los presos políticos y contra la represión de un Estado totalitario.

Los jóvenes de hoy, no olvidemos a Raúl Álvarez Garín, porque hay ejemplos contemporáneos de heroicidad de muchos luchadores sociales. No perdamos la memoria histórica porque eso nos desmoviliza, no seamos presas del terrorismo de Estado.

Nuevamente una masacre más por los militares, que no pudieron ocultar el asesinato de otros jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, fuesen lo que fuesen, también fueron ejecutados de manera extrajudicial como pretenden hacerlo con los 43 normalistas detenidos-desaparecidos.

Probado está que el ejército mexicano es dirigido por psicópatas que han dado la orden para el cometido de crímenes de lesa humanidad, porque en anteriores comunicados decíamos, la policía y el ejército no van a aprehender sino a asesinar, estos asesinatos son una prueba irrefutable.

Los jóvenes por el solo hecho de serlo están siendo asesinados y/o obligados por el ejército o sus paramilitares a enrolarse en sus filas, están haciendo una leva de jóvenes para que participen en este tipo de asesinatos como parte de las autodefensas paramilitares degradándolos como seres humanos. Y si no es así, los asesinados o encarcelados son quienes rechazan ser parte de estas fuerzas.

Hoy como es costumbre y tradición de un PRI-gobierno asesino, dicen condenar a tres militares, pero no revelan que grado tienen los que se configuran como chivos expiatorios, y sin importar el grado también son víctimas -aunque no son justificables sus hechos- de la cadena de mando que llega al generalato de la zona militar hasta el presidente como jefe supremo de las fuerzas armadas.

Ante la violencia generalizada contra el pueblo, ante el terrorismo de Estado y ante la acción criminal de las fuerzas policiaco-militar-paramilitar:

Todas las familias de las víctimas de la política terrorista de Estado debemos unirnos a los demás familiares de todas las víctimas, que por una u otra razón, han sido asesinadas o aquellos que han sido detenido-desaparecidos. ¡Ni una lucha aislada más!

Todos debemos unirnos, cada cual en su trinchera y forma de lucha, en la exigencia de la presentación con vida de los normalistas detenidos-desaparecidos, juicio y castigo de los responsables materiales e intelectuales, así como el alto a los crímenes contra el pueblo.

Al terrorismo de Estado se le enfrenta con la unidad popular, constituye una necesidad la generalización en el plano nacional de las acciones políticas de masas, la acción popular combativa, la acción múltiple de solidaridad en todo el país y la estructuración de la autodefensa del pueblo para que se ejerza la justicia popular.

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS! No es tiempo de miedo, éste y la impotencia deben transformarse en resistencia popular combativa.

¡A SEGUIR EXIGIENDO LA PRESENTACION CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS
DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS!
¡A CERRAR FILAS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

República mexicana, a 30 de septiembre de 2014.

Guerrero: nadie duda de que una bomba de relojería se ha puesto en marcha.

 El hallazgo de seis fosas clandestinas con cadáveres en las afueras de Iguala (Guerrero) ha encendido todas las alarmas. En este municipio de 131.000 habitantes, donde impera la ley del narco, se desató el último viernes de septiembre un estallido de violencia policial contra un grupo de estudiantes de magisterio (normalistas) que acabó con seis muertos, 17 heridos y unos 40 desaparecidos. La posibilidad de que los cuerpos, localizados en la partida de Pueblo Viejo, correspondan a estos estudiantes pesa en la mente de las autoridades y de todo el país, pero, de momento, ni la Procuraduría ni ningún organismo oficial han confirmado esta hipótesis. Las tareas de rescate de los cadáveres son incipientes y aún se desconoce su número exacto. “Para determinar su identidad, tenemos que hacer las pruebas genéticas”, señaló el procurador estatal Iñaky Blanco.

El descubrimiento desencadena ataques con cócteles molotov a la casa del Gobernador
El descubrimiento de las fosas ha sido un golpe para padres y compañeros de los desaparecidos. Los intentos para calmarles apenas han servido. La casa del gobernador, Ángel Aguirre, cuyo papel es cada vez más cuestionado, fue atacado por la noche con cócteles molotov. Todas las escuelas normales rurales de México se declararon en huelga en solidaridad con sus compañeros de Ayotzinapa. El temor a que los normalistas, un grupo estudiantil de extracción campesina, muy organizado y tradicional semillero de guerrilleros, desencadenen una ola de violencia mayor llevó al gobernador a pedir públicamente tranquilidad: “Hago un llamado a mantener la concordia y evitar por todos los cauces la violencia, hoy como nunca se requiere de la unidad de todos, sería lamentable que alguien sacara provecho político”.

El destino de los desaparecidos en Iguala se ha convertido en una incógnita de magnitud nacional. La salvaje violencia policial ejercida contra los normalistas por apoderarse de tres autobuses y la intervención de sicarios junto a agentes municipales han destapado la descomposición de Guerrero. Con casi tres millones y medio de habitantes, es el estado con la mayor tasa de homicidios de México y campo de batalla de cuatro organizaciones criminales. En el caso de Iguala, el control está en manos de Guerreros Unidos, una sanguinaria organización surgida de las cenizas del cartel de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes.

La detención de 22 policías municipales por su implicación en las muertes no ha frenado el escándalo. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de estar conectado con el narcotráfico, se ha dado a la fuga en pleno escándalo sin que ninguna autoridad fuera capaz de ponerle las manos encima. Su secretario de Seguridad, el jefe de los agentes que dispararon a los estudiantes, ha emprendido el mismo camino. Las investigaciones han determinado que muchos policías detenidos formaban parte de los Guerreros Unidos. Y, aunque algunos sicarios (halcones y gatilleros) han sido detenidos, ningún cabecilla ha caído en manos de la policía.

La dimensión del caso ha llevado a la Procuraduría General de la República, un organismo que depende del presidente, a tomar las riendas de las investigaciones. El país sigue expectante el resultado de las indagaciones. Nadie duda de que una bomba de relojería se ha puesto en marcha.

#YoSoy26. No, no es broma; es neta. Los militares se quejan y organizan una marcha.

Por primera vez en la historia de México un grupo de militares en activo y retirados convocaron en redes sociales a una marcha el próximo 11 de octubre desde el Zócalo capitalino hacia la Residencia Oficial de Los Pinos en apoyo a los soldados detenidos por el caso Tlatlaya.

 

La convocatoria realizada a través de Facebook y twitter no es avalada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a los militares convocantes, incluso retirados, o que asistan se les puede aplicar el Código de Justicia Militar por insubordinación.

A la campaña iniciada en redes sociales se han sumado las esposas de los militares que reproducen la convocatoria en la cual culpan de traición tanto al Presidente de la Republica como comandante Supremo de las Fuerzas Armadas como al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa.

"La tropa está abandonada a su suerte por quienes se supone deberían protegerlos. Ahora nuestros soldados están indefensos, están abandonados y han sido catalogados como criminales que deben dejarse matar, se les prohíbe defenderse de los ataques bajo pena de degradación y cárcel", señala la convocatoria.

Mediante el “hastag” #Yosoy26 militares y marinos, algunos con fotografías en su perfil portando el uniforme de campaña, están difundiendo comentarios a favor de la marcha convocada, o solo la están retwitteando.

La mayoría de los comentarios de la población civil, a favor, señalan que en el combate al narcotráfico los militares arriesgan su vida y ahora piden apoyo, mientras que gran parte de los comentarios en contra afirman que solo están pidiendo permiso para matar.

Militares que intercambian comentarios afirman que ellos cumplen con órdenes y siempre tienen a superiores que les indican qué hacer, en tanto que otros recuerdan que en, caso de participar en la marcha, estarán sujetos a proceso por insubordinación.

¿ESTÁ SEGURA QUE QUIERE VERLO?

Marissa Mendoza se enteró en las redes sociales que su esposo había muerto en el ataque contra los normalistas en Iguala; viajó a Guerrero con la esperanza de que no fuera él

Ciudad de México
Marissa estaba desesperada. Aún tenía fe en que el cuerpo que estaba a punto de ver no fuera el de su esposo, Julio César Mondragón. Antes de pasar al anfiteatro del Servicio Médico Forense de Chilpancingo la detuvieron: ¿está segura que quiere pasar?

Los forenses repetían la pregunta porque lo que le había pasado a Julio César era terrible. "¿Está segura que quiere verlo?", "tiene que ser muy fuerte", insistían.

"Pues... pasé", dice Marissa Mendoza. La esposa del normalista apenas podía contener el dolor que le rompía la voz. "Jamás nos dijeron que Julio César había sido encontrado así, en ese estado....fue desollado".

La única explicación que ella encuentra es la tortura.

Era sábado en la mañana cuando Marissa, de 24 años, escuchó el nombre de su esposo en los noticieros. Julio César Mondragón era uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa muerto en una balacera en Iguala. Marissa estaba en la ciudad de México.

No había hablado con su esposo en varios días porque había perdido su teléfono celular. Intentó hablar con sus compañeros normalistas, pero nadie le decía nada, así que el domingo viajó a la Normal de Ayotzinapan.

Julio César, de 22 años, se fue a vivir a la Normal a mediados de julio, un mes antes de que naciera su hija, Melissa. "Estaba allá para superarse, para que cuando saliera, me prometió, iba a comprar un piso para que viviéramos juntos, viviéramos con nuestra hija".

"Era un hombre extraordinario, el mejor de todos, era muy cariñoso, detallista, era muy atento conmigo", cuenta.

Aunque sólo gozó a su hija dos meses, Julio César siempre fue un padre cariñoso. "Cuando estaba embarazada, le daba muchos besitos a mi vientre, me abrazaba. Deseábamos tanto que ya naciera para que estuviéramos con ella", cuenta Marissa.

La joven conoció a Julio César durante un baile en el pueblito mexiquense de San Miguel Tecomatlán, donde él vivía. Después de esa noche no volvieron a hablar. Ella vivía en el DF y él allá.

"Después nos contactamos por Facebook. Empezamos a platicar. Estuvimos así, que será, uno o dos meses, en contacto por Facebook. Después decidimos rencontrarnos personalmente, y él vino al Distrito", cuenta.

Fue en Facebook donde Marissa vio por primera vez el cadáver de su esposo, el sábado 27. "En el Internet, en Facebook, subieron varias fotografías, entre ellas, pues la de Julio César. Entonces, como yo conozco su ropa, conozco parte de su cuerpo y todo, descubrí que era él".

Al llegar a la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes que viajaban en el camión con su esposo le contaron lo que había pasado durante la balacera."Me dijeron que fueron a una actividad y que ya venían de regreso cuando los interceptaron unas patrullas. Y que los chavos se bajaron amablemente diciéndoles que por favor les permitieran el paso, entonces los policías comenzaron a dispararles. Sin ninguna razón".

Los mismos compañeros de Julio César le recomendaron a Marissa que fuera al Semefo a reconocer el cuerpo de su esposo.

 

"SENTÍ MUCHA TRISTEZA DE QUE YA NO VOLVERÍA A VER A JULIO CÉSAR Y SE ME VINIERON MUCHAS IMÁGENES, ASÍ COMO SI YO HUBIERA ESTADO CON ÉL EN EL MOMENTO EN QUE LE HICIERON ESO, DE QUE LE QUITARON LA CARA COMPLETA, VIVO, TORTURÁNDOLO DE LA MANERA MÁS CRUEL, PORQUE NI SIQUIERA TENÍA IMPACTO DE BALA, SOLAMENTE TENÍA MUCHOS GOLPES, EN LA PARTE DEL PECHO, LA CINTURA, LA MANOS",dijo.

La policía de Chilpancingo le dijo que habían encontrado el cuerpo de Julio César "en la zona industrial (de Iguala), cerca de Pemex", que "ya estaba la denuncia y que todos los policías estaban arraigados. Y que no están laborando, ninguno, en Iguala, y que iban a estar investigando".

Marissa no sabe quién mató a su esposo ni por qué ni cuándo dejará de quemarle el pecho el dolor de haberlo perdido. Ahora sólo le queda su pequeña hija de dos meses, Melissa, que tiene la cara de Julio César. Ella es "él único recuerdo que tengo de él".

¿Qué pasa en Jalisco? En menos de 2 años, 67 funcionarios asesinados.

Con 67 funcionarios asesinados en esta administración, Jalisco es el estado en que la clase política ha sido más atacada. Complicidad en actividades ilícitas, pero también una ineficaz estrategia de seguridad, son las causas que señala especialista.

Corría la primera semana de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval al frente del ejecutivo del estado de Jalisco, cuando el automóvil del recientemente nombrado secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez, fue emboscado y cocido a balazos, luego de una persecución que inició en la avenida Pablo Neruda, en el municipio de Zapopan. Dieciocho meses después, el diputado federal Gabriel Gómez Michel, que pertenecía al Distrito 18 con cabecera municipal en Autlán de Navarro, y quien —después de haber sido levantados el pasado lunes mientras circulaba por Periférico, en el municipio de Tlaquepaque— fue encontrado muerto el martes 23 de septiembre en el municipio de Apulco, en Zacatecas, a bordo de su vehículo, al lado de otros dos cuerpos; los tres estaban carbonizados.

Si se parte del asesinado de Gallegos Álvarez, el estado de Jalisco lidera a nivel nacional en cuanto a homicidios de funcionarios, al sumar 67 en 18 meses, ocurridos durante la actual administración. Asimismo, la entidad ocupa el segundo lugar en extorsiones, cuarto en robo de autos, sexto en homicidios dolosos, esto de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública con respecto a datos recabados de 2013 a la fecha.

En este sentido, Dante Haro Reyes, especialista en Seguridad pública, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), comenta que lo acaecido aquella tarde de marzo de 2013 fue un mensaje a la esferas políticas, debido a la convivencia que había entre los grupos delictivos con los políticos: “El problema es que en la forma como se está combatiendo (la delincuencia) a partir de las políticas públicas del ex presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, se rompen una serie de acuerdos y pactos, y lo único que vienen a dar es estos focos precisos donde se muestran vías que se deben atacar, una de ellas es el descabezamiento de los cárteles”.

Durante el sexenio de Calderón Hinojosa se reportaron 174 funcionarios asesinados, de acuerdo a información de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C.; en ese mismo lapso, Jalisco únicamente reportaba 3 funcionarios ultimados, mientras que en el primer cuatrimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a marzo de 2013, ya sumaban a escala nacional 184 servidores públicos muertos.

Haro Reyes explica que ahora Jalisco se está convirtiendo en una zona de competencia “de la plaza”, donde están ingresando en la colindancia con Michoacán algunos grupos de Caballeros Templarios, mientras en la frontera con Zacatecas hay una lucha entre Zetas y el Cártel del Golfo, lo cual provoca que funcionarios de municipios tengan que enfrentar a los grupos delictivos y ese es el motivo por el cual se ven ultimados.

El especialista comenta que los ataques están llegando a la clase política y a funcionarios de gobierno que están inmersos en situaciones ilícitas, y que esto seguirá sucediendo si no se cambia la forma en la que se están implementando las políticas de seguridad, donde el estado actúa contrariamente de como debe atacar, pues dice que la forma correcta sería implementar un 80 por ciento de inteligencia en la investigación y un 20 por ciento en operatividad: “Aquí estamos al revés y eso nos trae este tipo de consecuencias”.

“Jalisco ya entró en lugar de focos amarillos, con focos casi de alerta, por las diferentes circunstancias, lo que pasa es que las autoridades no lo quieren aceptar y esto que sucede no lo pueden tapar con un dedo. Parece ser que volvemos a la ley de Pablo Escobar, ‘la ley del plomo’ y vemos el mensaje de ‘si la clase política, que de alguna manera tiene mejor blindaje, puede caer en esto, qué se puede esperar de la población civil que es más vulnerable’. Ese es, de alguna manera, un análisis muy general, pero que sí representa un riesgo que se ha venido dando, sobre todo a nivel estatal y federal, porque hay una continuidad de la política que inició Calderón”.

El investigador de la UdeG subraya que ahora es fundamental la participación ciudadana y contar con un buen nivel de información, con el que la sociedad comience a exigir resultados en corto, mediano y largo plazo: “Tenemos que aprovechar la coyuntura que hay de los retos que tienen las autoridades, para poner muy claramente una ruta crítica para que se resuelvan las problemáticas de inseguridad, y si no lo pueden resolver, en otras palabras, exigirles que se vayan”.

Fuente: http://gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=16391

Narcoalcalde de Iguala, Guerrero.

En las últimas semanas el nombre de Mario Moreno Arcos ha cobrado relevancia en los medios de comunicación a raíz de que el empresario Pioquinto Damián Huato lo señaló como el responsable del atentado en el que falleció su nuera y él y su hijo resultaron lesionados.

Sin embargo, el presidente municipal de Chilpancingo se presentó voluntariamente a la Procuraduría General de la República para demostrar que él no es “narcoalcalde”. Y hasta el momento nadie ha presentado pruebas.
Pero sobre quien pesa una investigación de la PGR es el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien llegó al cargo a través de las siglas del Partido de la Revolución Democrática aunque nunca había militado en ese partido.
La gente se sigue preguntando cómo un comerciante que inició vendiendo sombreros en el mercado, hoy es propietario de la plaza comercial Galerías Tamarindos, la más importante de esa localidad guerrerense.
¿Cómo llegó a ser presidente municipal? Eso está muy claro para los igualtecos. Todos recuerdan las miles de despensas que llegaron a todas las colonias de Iguala previo a las elecciones, y el “espaldarazo” que recibió del gobernador Ángel Aguirre Rivero para que fuera el candidato del PRD.
Pero la principal línea de investigación que la PGR sigue en contra del alcalde de Iguala es su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Es hermana nada menos que de Alberto Pineda Villa, alias “El Borrado”, operador de Arturo Beltrán Leyva.
“Pineda Villa no es una figura menor dentro del narcotráfico. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 –iniciada el año pasado, cuando el procurador Eduardo Medina Mora anunció la Operación Limpieza– se le menciona como enlace entre altos funcionarios de la SIEDO con los hermanos Beltrán Leyva, quienes recibían información sobre las investigaciones en su contra a cambio de pagos superiores a los 450 mil dólares mensuales”, publicó Ricardo Ravelo en la revista Proceso en el 2009.
Como parte de la citada averiguación, el testigo protegido con nombre en clave Saúl declaró que el agente federal Javier Jiménez Sánchez, El Pinocho, era el contacto a través del cual Miguel Colorado, quien fuera coordinador de inteligencia de la SIEDO (actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, en espera de ser extraditado a Estados Unidos), le proporcionaba información en torno a las investigaciones que realizaba la PGR en contra de los Beltrán Leyva.
Saúl también declaró que Jiménez Sánchez “se reportaba directamente con El Borrado, uno de los principales integrantes de dicha organización delictiva y que se encuentra en la misma categoría que El Grande (Sergio Villarreal Barragán), operador del cártel en la Comarca Lagunera y en el estado de Morelos”.
En el 2009, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna ordenó que para atrapar a Pineda Villa se rentara una casa a pocos metros de donde vivían sus padres, en la calle de Xochicalco esquina con Tlaquiltenango, en Cuernavaca.
Al inmueble arrendado se fueron a vivir agentes de la Policía Federal Preventiva integrantes del grupo Indio. Desde ese sitio se mantenían bajo observación todos los movimientos de los padres, hermanos, tíos, parientes y amigos del Borrado.
El martes 5, los agentes del grupo Indio reportaron a Cárdenas Palomino que en la casa de los padres de Pineda Villa se estaba llevando a cabo una reunión familiar. El reporte policiaco, que también fue entregado a García Luna, detalló los pormenores de lo que parecía una fiesta:
“Solamente están los papás y otras personas adultas…Una persona que trajo un cerdo (y llegó) con dos ayudantes; al parecer son los encargados de preparar las carnitas… ¿Cuál es la indicación?”, preguntaba el jefe policiaco al frente del grupo Indio.
De acuerdo con datos corroborados por Proceso a través de cuatro fuentes distintas, algunas de las cuales tuvieron conocimiento de la investigación con la que se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS /163/2009, entre las personas presentes en la fiesta no había gente armada “ni en actitud sospechosa”. No sólo eso: el propio García Luna fue informado de que “en dicha casa no se encontraba El Borrado”.
Pese a la ausencia del capo, Cárdenas Palomino y el comandante Armando Espinoza de Benito recibieron la orden de García Luna de realizar un operativo, sin dar aviso al Ejército, cuyos efectivos intervinieron después y sólo para custodiar la casa.
En pleno convivio, unos 200 agentes federales irrumpieron en la casa y arrestaron a 14 personas, entre éstas a dos señoras de la tercera edad. También fue aprehendido el padre del presunto capo, Salomón Pineda Bermúdez, de 73 años.
Las otras 11 personas detenidas fueron Conrado González Moreno, Luis Javier Torres González, Rafael Segovia López, José Rentería Morales, Quintín Diego Rogelio, Javier Hurtado Gómez, Alejandro Navarrete Gutiérrez, Edmundo Ledesma García, María Reina Osorio, Leonor Villa Ortuño y Salomón Pineda Villa.
Este último es el hermano menor de Alberto –enlace de los hermanos Beltrán–, quien hasta antes de su detención no contaba con antecedentes en ninguna averiguación previa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Sin embargo, Salomón Pineda Villa fue presentado por los agentes de la PFP como si se tratara de Alberto, es decir, El Borrado.
Después del cateo, que se efectuó sin orden judicial, la casa fue prácticamente vaciada por los agentes de la PFP: sacaron mesas de madera, platos, licuadoras y refrigeradores, así como enseres domésticos que los miembros del grupo Indio almacenaron en la casa que habían rentado para espiar a la familia del capo, la cual fue habilitada como bodega.
Durante y después del operativo, los policías federales incurrieron en excesos. Maltrataron a los detenidos, quienes fueron trasladados, sin excepción, al Centro de Mando de la PFP donde a las señoras de avanzada edad les recogieron sus agujas de tejer y se les sembró un imponente rifle de asalto AR-15. Hicieron lo mismo con los otros detenidos.
Posteriormente, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS /163/2009 y altos funcionarios de esa dependencia, entre ellos la entonces subprocuradora Marisela Morales, giraron instrucciones a todos los fiscales especializados en delitos contra la salud para que fortalecieran la indagatoria. De esa manera, los padres del Borrado y su hermano Salomón Pineda fueron acusados de fungir como operadores de la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, pero todos fueron saliendo libres poco a poco.
El último de ellos, Salomón Pineda Villa, quien estaba recluido en Tamaulipas, salió el año pasado.
A finales del 2013 la Policía Federal detuvo en un retén a la señora Leonor Villa Ortuño y a su chofer, Carlos Cerezo. Ella confesó que su yerno recibe dos millones de pesos mensuales por parte de “Los Guerreros Unidos” a cambio de que su policía les brinde protección.
Sin embargo, su declaración no fue suficiente para que la PGR considerara a José Luis Abarca un “narcoalcalde”, y supuestamente se encuentran recabando más datos para iniciarle una averiguación previa y que sea el primer alcalde de Guerrero en ser detenido por protección al narcotráfico.
Siempre y cuando, el procurador general de la República, el priísta Jesús Murillo Karam, así lo ordene. 

Fuente:  http://www.launion.com.mx/opinion/estrategias/3001-contacto-en-iguala.html

El ejército mexicano al puro estilo de García Luna.

 Catorce de las 22 personas abatidas por efectivos del Ejército Mexicano en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, estado de México, fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y los militares les dispararon a corta distancia.

‘‘Para que un impacto de bala de ese calibre (de fusiles M-1) deje un boquete en la pared luego de atravesar un cuerpo, se necesita que se dispare a menos de 30 centímetros de la víctima’’, afirmó el criminólogo José Luis Mejía Contreras al analizar el material fotográfico de la escena del crimen, mismo que fue entregado de manera anónima a la agencia de noticias MVT.

La escena donde supuestamente las 22 personas perdieron la vida durante un enfrentamiento con los militares, el pasado 30 de junio, ‘‘fue totalmente manipulada; hubo cuerpos que fueron sembrados y se desaparecieron evidencias.

‘‘Si la confrontación fue entre entre quienes estaban dentro y los militares fuera de la bodega, había una distancia de entre 20 y 30 metros entre unos y otros, por lo que cualquier disparo de los militares se tuvo que alojar en el cadáver, ya que ningún arma es capaz de atravesar un cuerpo y luego impactar en la pared y dejar un boquete.’’

Las imágenes entregadas a la agencia de noticias MVT corresponden a momentos en los cuales los cuerpos y las armas que supuestamente se utilizaron para agredir a los militares no habían sido levantados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), y en ningún momento los peritos colocaron letreros que indicaran la existencia de casquillos de cartuchos percutidos por las víctimas.

Ninguno de los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento, que según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) duró tres horas, tiene disparos en la cabeza; todos los impactos se registraron a la altura del pecho y el abdomen.

En el caso de las 14 personas que fueron llevadas hacia las paredes de la bodega, el crimonólogo precisó que fueron colocados de pie, y en las fotografías se observa que en cada caso se percutieron dos disparos a una altura de entre 1.20 y 1.40 metros.

‘‘Uno de los datos periciales más reveladores es que las víctimas presentan, todas, manchas de lodo en las rodillas, y otras más en el pecho, y luego aparecen los cadáveres tirados sobre piedras en un terreno totalmente seco.

‘‘A esas personas las sometieron, permanecieron más de media hora hincadas, algunas más pecho a tierra; luego quizá los pusieron de pie y entonces les dispararon a menos de 30 centímetros de distancia, lo que provocó que los cuerpos fueran atravesados y las ojivas impactaran contra las paredes, dejando un gran hueco’’, detalló Mejía Contreras en el análisis realizado a petición de la agencia MVT.

Señaló que nadie muere en un enfrentamiento con las piernas cruzadas, porque la dinámica de movimiento que se presenta cuando alguien cae abatido en un intercambio de disparos registra el llamado ‘‘trompo’’, es decir, el cuerpo gira hacia el lado contrario del que recibió el impacto de bala.

‘‘En la escena que observamos a partir de las fotografías y la manera en que fueron fijados los cadáveres, más de cinco cuerpos cayeron totalmente de espaldas, uno más de frente, pero ninguno observa el giro natural que se presenta al recibir un impacto de bala de grueso calibre a más de 20 metros de distancia, lo que evidencia que esas personas fueron sacrificadas en un sitio y luego arrastradas al lugar donde se montó la escena, y a todos los tiraron de espaldas para hacer creer que así cayeron, lo cual es imposible’’.

En cuanto al sitio donde fueron abatidos los presuntos delincuentes, es una bodega recién construida, el piso es de tierra y tiene materiales como grava y arena en todo el terreno. No tiene puertas, para evitar que alguien observe hacia el interior; solamente cuenta con dos accesorias sin cortinas.

Había tres camionetas en el interior, marcas Ford, Honda y Chevrolet Cheyenne. A pesar de que supuestamente fueron utilizadas para disparar contra los militares y resguardarse de los tiros de éstos, las unidades no presentan daños graves. Incluso tres de los cuerpos fueron colocados por delante de las puertas abiertas de los vehículos, como si en lugar de protegerse trataran de impedir que las balas perforaran la carrocería.

Sobre el supuesto sitio para mantener a personas privadas de su libertad, consideró que nadie tiene secuestrada a una persona en esas condiciones.

José Luis Mejía Contreras señaló que ni siquiera existe una lógica en el tipo de armamento que ‘‘plantaron’’ a los cadáveres, pues mientras las armas son negras, los cargadores son grises, ‘‘y esos sólo los utilizan los militares’’.

En muchos casos las armas aparecen colocadas perfectamente alineadas con los cadáveres, aparentemente sostenidas, o hasta los cargadores extras que supuestamente usarían las víctimas estaban en paralelo con los rifles.

Fuente: La Jornada.

Revisaremos niños bomba, cada que se nos pegue nuestra puta gana. ¿Y?.

El comisionado nacional de Seguridad sostiene que el cacheo de infantes, que ocasionó manifestaciones de indignación en redes sociales, no viola derechos humanos.


A pesar de indignación que causó en redes sociales, continuará la revisión de niños en actos públicos a los que asista el Presidente.

Esa revisión no violentó los derechos humanos de los asistentes a la ceremonia del Grito y el mecanismo se volverá a utilizar cuantas veces sea necesario, afirmó el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

No precisó de dónde provino la orden del cacheo a niños, pero subrayó que fue parte de una estrategia general.

Señaló que la mayoría de las revisiones (en el perímetro de la Plaza de la Constitución) fueron hechas por policías mujeres y negó que haya habido actitudes ilegales o agresivas”.

Dijo que hasta el momento no hay ninguna inadagatoria en la Comisión Nacional de Seguridad respecto a alguna posible irregularidad derivada de los hechos.

Las revisiones que se efectuaron fueron las indicadas a lo que se había establecido en los procedimientos y fueron total y absolutamente comedidas. En ninguna de las fotografías que se han difundido se observa una actitud hostil o intromisiva de las policías, porque fueron prioritariamente mujeres las que hicieron la revisión, le dijo el funcionario a la reportera Fabiola Martínez, en entrevista.

Subrayó que el fin de la vigilancia era que la principal ceremonia cívica del año transcurriera en calma, como finalmente sucedió. No había amenazas, añadió, pero sí estaba claro qué sustancias y objetos no podían ingresar.

Señaló que hay experiencia internacional en el sentido de que los niños pueden ser utilizados para introducir objetos violentos indebidos, incluso bebidas alcohólicas.

El Presidente de México, Barack Obama, exige al Títere que investigue la masacre en Tlatlaya.

 El gobierno de Barack Obama pidió de manera enfática al de Enrique Peña Nieto que autoridades civiles no militares investiguen exhaustivamente el incidente ocurrido en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 junio en el que elementos del Ejército mexicano fusilaron presumiblemente a 21 civiles.

“Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”, planteó Jeff Ratkhe, portavoz del Departamento de Estado.

Luego de que la agencia AP y la revista Esquire Latinoamérica tumbaron la versión oficial al presentar evidencias contundentes sobre una probable ejecución extrajudicial, la administración de Obama se sintió obligada a intervenir indirectamente sobre el asunto.

“Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”, advirtió el vocero del Departamento de Estado.

El gobierno de Obama está legal y técnicamente obligado a que se realice una investigación del caso de Tlatlaya, debido a su papel de proveedor de equipo militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada Iniciativa Mérida.

Por ello Obama está obligado a establecer ante el Congreso federal estadunidense que toda asistencia que proporciona al gobierno mexicano para combatir al crimen organizado no se involucra en actos de violación a los derechos humanos, sobre todo los cometidos por el Ejército o la Marina mexicanos.

“Desde junio venimos siguiendo este caso, y hemos alentado al gobierno de México a que lo investigue, pero también tenemos entendido que varias entidades mexicanas lo están haciendo”, subrayó Rathke.

A los pocos días de ocurrida la matanza de Tlatlaya, registrada a un kilómetro del poblado San Pedro Limón, la agencia de noticias estadunidense Associated Press (AP) fue la primera en reportar que, de acuerdo con testimonios de pobladores, los soldados mexicanos no mataron a las 22 personas en un enfrentamiento a tiros.

El despacho de la AP apuntaba a que los soldados mexicanos habían detenido a un grupo de jóvenes y que los metieron a una bodega, donde después fusilaron a los presuntos delincuentes.

Esta semana la revista estadunidense Esquire, en su edición para México y Latinoamérica, abonó sobre el asunto con una entrevista a una joven que sobrevivió a lo acontecido en la bodega de la población de San Pedro Limón.

La joven sobreviviente, a quien Esquire protegió no revelando su identidad, narró que los soldados únicamente mataron a un joven durante el enfrentamiento, pero después los presuntos delincuentes se rindieron.

La sobreviviente destacó que, pese a la rendición de los jóvenes, éstos fueron desarmados y llevados a la bodega, y que incluso, antes, los militares habían ejecutado a una joven menor de edad con disparos en el pecho.

En la bodega, la joven aseguró a la revista estadunidense que los soldados fusilaron sin piedad a 21 jóvenes, y que las muertes no ocurrieron en una refriega, como sostienen el gobierno y Ejército mexicanos.

“Como socios de México estamos comprometidos en la lucha contra el crimen transnacional organizado, y claro que para nosotros está vigente el marco de la Iniciativa Mérida, la cual tiene respaldo bipartidario en el Congreso; es por ello mantenemos un diálogo de alto nivel con México”, remató el portavoz del Departamento de Estado.

HRW, la peor masacre

El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo este viernes 19 de septiembre que si es cierto el testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por el Ejército mexicano en un incidente ocurrido a finales de junio que dejó a 21 muertos más, “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México“.

“Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público en México”, dijo Vivanco a The Associated Press.

La víspera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que investiga las circunstancias del enfrentamiento entre el Ejército y presuntos narcotraficantes en junio pasado, a pesar de que en un principio hizo caso omiso con el argumento de que eso correspondía a las autoridades federales.

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Una vez que el gobierno estadunidense de Barack Obama instara al presidente Enrique Peña Nieto a realizar una investigación civil para esclarecer el fusilamiento de una veintena de presuntos secuestradores a manos de militares, la Sedena y la PGR se dijeron dispuestas a atender el llamado para indagar el hecho.

En comunicados aparte, emitidos casi de forma simultánea, ambas dependencias aseguraron conducirse “con pleno respeto a los derechos de las personas”, así como alcanzar “una indagatoria completa y profunda para llegar a la verdad” de lo ocurrido el lunes 30 de junio en la comunidad de Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reiteró que la muerte de 22 jóvenes se registró luego de que personal militar repelió una agresión armada.

“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos”, acotó la Sedena.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se mantiene abierta una averiguación previa por la muerte de los 22 civiles.

“La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”, detalló la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.

“Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”, asumió la PGR.

Ni perdón ni olvido. Mensaje de Mario González, preso político de Mancera.

Ni perdón ni olvido


Es normal que esta consigna sea gritada por muchas personas cada 2 de octubre; un mensaje que no pasa desapercibido, ya que niñ@s, adolescentes, jóvenes y adult@s salen a las calles cada año a expresar su indignación y rabia ante un aberrante pasado e infame presente.


La mayoría de la gente tiene una noción de lo que pasó el 2 de octubre del 68 en la plaza de las 3 culturas, Tlatelolco, D.F.


Toda la furia a causa de un genocidio se deja sentir, retumbando hasta el centro del planeta. La policía invade la ciudad para contener esa furia, el ambiente sube de intensidad, el desprecio y el odio a la autoridad se expresa sin poderse contener; todo es tenso pero satisfactorio porque el/la oprimid@ encuentra su lugar, donde se acompañan personas que comparten un sentir y una necesidad de pasar a la ofensiva contra un sistema que l@s explota.


La gente ataca a la autoridad por todos los medios a su alcance, se atreve a vencer sus miedos, a sentir su corazón palpitar a un ritmo acelerado; el/la oprimi@ se siente más vivo que nunca, ese día es un lindo poema, una bella obra de arte, la cual no tod@s tienen la sensibilidad para apreciar y valorar; y quien no lo hace no tiene la mínima idea de lo que son la poesía y el arte. Un instante, una situación improvisada que encuentra su apogeo al perderse entre el tiempo y el espacio por ser única e irrepetible.


“El aliento del placer tira los muros de las obligaciones”, la autoridad corre, el/la indignad@ decide optar por la valentía. El fuego aparece como invitado de honor, el/la encapuchad@ se deja ver y ejercita su astucia, valor, decisión, fuerza, habilidad, destreza, coraje e inteligencia. Se levantan esas hermosas protectoras del dign@ oprimid@: las barricadas, ese refugio al que acude un natural hartazgo.


La gente se solidariza como nunca, el arte de la guerra se alebresta ante nuestros ojos. Y al terminar el día la rebeldía se esconde, hay herid@s, pres@s y hasta muert@s.


La danza y el teatro de la revuelta cierran su telón hasta su próximo acto. L@s secuestrad@s se vuelven pres@s en las cárceles de la autoridad por infringir sus leyes; pasan ahí días, meses y hasta años, así pagan el precio de su atrevimiento, los estragos de la guerra matan en vida a las víctimas que caen en sus garras.


46 años de un genocidio, un año de encierro para l@s indignad@s, nada puede ser más normal, no hay de qué preocuparse. Porque o eres víctima de un sistema carcelario o de una realidad cruel en pseudolibertad.


De paso, en medio del vals no estaría mal recordar a l@s pres@s y exigir su libertad, como una sintonía adecuada en medio de la obra maestra revolucionaria e insurreccional. Y si se logra tal objetivo, que mejor, es ser coherentes en el combate contra las injusticias a las que la humanidad no es indiferente ni ajena.


Libertad a tod@s l@s pres@s, víctimas de esta infame tiranía


Salud y revolución social


Mario