sábado, 4 de octubre de 2014

#YoSoy26. No, no es broma; es neta. Los militares se quejan y organizan una marcha.

Por primera vez en la historia de México un grupo de militares en activo y retirados convocaron en redes sociales a una marcha el próximo 11 de octubre desde el Zócalo capitalino hacia la Residencia Oficial de Los Pinos en apoyo a los soldados detenidos por el caso Tlatlaya.
 
La convocatoria realizada a través de Facebook y twitter no es avalada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a los militares convocantes, incluso retirados, o que asistan se les puede aplicar el Código de Justicia Militar por insubordinación.

A la campaña iniciada en redes sociales se han sumado las esposas de los militares que reproducen la convocatoria en la cual culpan de traición tanto al Presidente de la Republica como comandante Supremo de las Fuerzas Armadas como al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa.

"La tropa está abandonada a su suerte por quienes se supone deberían protegerlos. Ahora nuestros soldados están indefensos, están abandonados y han sido catalogados como criminales que deben dejarse matar, se les prohíbe defenderse de los ataques bajo pena de degradación y cárcel", señala la convocatoria.

Mediante el “hastag” #Yosoy26 militares y marinos, algunos con fotografías en su perfil portando el uniforme de campaña, están difundiendo comentarios a favor de la marcha convocada, o solo la están retwitteando.

La mayoría de los comentarios de la población civil, a favor, señalan que en el combate al narcotráfico los militares arriesgan su vida y ahora piden apoyo, mientras que gran parte de los comentarios en contra afirman que solo están pidiendo permiso para matar.

Militares que intercambian comentarios afirman que ellos cumplen con órdenes y siempre tienen a superiores que les indican qué hacer, en tanto que otros recuerdan que en, caso de participar en la marcha, estarán sujetos a proceso por insubordinación.

viernes, 3 de octubre de 2014

¿ESTÁ SEGURA QUE QUIERE VERLO?

Marissa Mendoza se enteró en las redes sociales que su esposo había muerto en el ataque contra los normalistas en Iguala; viajó a Guerrero con la esperanza de que no fuera él

Ciudad de México
Marissa estaba desesperada. Aún tenía fe en que el cuerpo que estaba a punto de ver no fuera el de su esposo, Julio César Mondragón. Antes de pasar al anfiteatro del Servicio Médico Forense de Chilpancingo la detuvieron: ¿está segura que quiere pasar?

Los forenses repetían la pregunta porque lo que le había pasado a Julio César era terrible. "¿Está segura que quiere verlo?", "tiene que ser muy fuerte", insistían.

"Pues... pasé", dice Marissa Mendoza. La esposa del normalista apenas podía contener el dolor que le rompía la voz. "Jamás nos dijeron que Julio César había sido encontrado así, en ese estado....fue desollado".

La única explicación que ella encuentra es la tortura.

Era sábado en la mañana cuando Marissa, de 24 años, escuchó el nombre de su esposo en los noticieros. Julio César Mondragón era uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa muerto en una balacera en Iguala. Marissa estaba en la ciudad de México.

No había hablado con su esposo en varios días porque había perdido su teléfono celular. Intentó hablar con sus compañeros normalistas, pero nadie le decía nada, así que el domingo viajó a la Normal de Ayotzinapan.

Julio César, de 22 años, se fue a vivir a la Normal a mediados de julio, un mes antes de que naciera su hija, Melissa. "Estaba allá para superarse, para que cuando saliera, me prometió, iba a comprar un piso para que viviéramos juntos, viviéramos con nuestra hija".

"Era un hombre extraordinario, el mejor de todos, era muy cariñoso, detallista, era muy atento conmigo", cuenta.

Aunque sólo gozó a su hija dos meses, Julio César siempre fue un padre cariñoso. "Cuando estaba embarazada, le daba muchos besitos a mi vientre, me abrazaba. Deseábamos tanto que ya naciera para que estuviéramos con ella", cuenta Marissa.

La joven conoció a Julio César durante un baile en el pueblito mexiquense de San Miguel Tecomatlán, donde él vivía. Después de esa noche no volvieron a hablar. Ella vivía en el DF y él allá.

"Después nos contactamos por Facebook. Empezamos a platicar. Estuvimos así, que será, uno o dos meses, en contacto por Facebook. Después decidimos rencontrarnos personalmente, y él vino al Distrito", cuenta.

Fue en Facebook donde Marissa vio por primera vez el cadáver de su esposo, el sábado 27. "En el Internet, en Facebook, subieron varias fotografías, entre ellas, pues la de Julio César. Entonces, como yo conozco su ropa, conozco parte de su cuerpo y todo, descubrí que era él".

Al llegar a la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes que viajaban en el camión con su esposo le contaron lo que había pasado durante la balacera."Me dijeron que fueron a una actividad y que ya venían de regreso cuando los interceptaron unas patrullas. Y que los chavos se bajaron amablemente diciéndoles que por favor les permitieran el paso, entonces los policías comenzaron a dispararles. Sin ninguna razón".

Los mismos compañeros de Julio César le recomendaron a Marissa que fuera al Semefo a reconocer el cuerpo de su esposo.
 
"SENTÍ MUCHA TRISTEZA DE QUE YA NO VOLVERÍA A VER A JULIO CÉSAR Y SE ME VINIERON MUCHAS IMÁGENES, ASÍ COMO SI YO HUBIERA ESTADO CON ÉL EN EL MOMENTO EN QUE LE HICIERON ESO, DE QUE LE QUITARON LA CARA COMPLETA, VIVO, TORTURÁNDOLO DE LA MANERA MÁS CRUEL, PORQUE NI SIQUIERA TENÍA IMPACTO DE BALA, SOLAMENTE TENÍA MUCHOS GOLPES, EN LA PARTE DEL PECHO, LA CINTURA, LA MANOS",dijo.

La policía de Chilpancingo le dijo que habían encontrado el cuerpo de Julio César "en la zona industrial (de Iguala), cerca de Pemex", que "ya estaba la denuncia y que todos los policías estaban arraigados. Y que no están laborando, ninguno, en Iguala, y que iban a estar investigando".

Marissa no sabe quién mató a su esposo ni por qué ni cuándo dejará de quemarle el pecho el dolor de haberlo perdido. Ahora sólo le queda su pequeña hija de dos meses, Melissa, que tiene la cara de Julio César. Ella es "él único recuerdo que tengo de él".

jueves, 2 de octubre de 2014

¿Qué pasa en Jalisco? En menos de 2 años, 67 funcionarios asesinados.

Con 67 funcionarios asesinados en esta administración, Jalisco es el estado en que la clase política ha sido más atacada. Complicidad en actividades ilícitas, pero también una ineficaz estrategia de seguridad, son las causas que señala especialista.
Corría la primera semana de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval al frente del ejecutivo del estado de Jalisco, cuando el automóvil del recientemente nombrado secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez, fue emboscado y cocido a balazos, luego de una persecución que inició en la avenida Pablo Neruda, en el municipio de Zapopan. Dieciocho meses después, el diputado federal Gabriel Gómez Michel, que pertenecía al Distrito 18 con cabecera municipal en Autlán de Navarro, y quien —después de haber sido levantados el pasado lunes mientras circulaba por Periférico, en el municipio de Tlaquepaque— fue encontrado muerto el martes 23 de septiembre en el municipio de Apulco, en Zacatecas, a bordo de su vehículo, al lado de otros dos cuerpos; los tres estaban carbonizados.

Si se parte del asesinado de Gallegos Álvarez, el estado de Jalisco lidera a nivel nacional en cuanto a homicidios de funcionarios, al sumar 67 en 18 meses, ocurridos durante la actual administración. Asimismo, la entidad ocupa el segundo lugar en extorsiones, cuarto en robo de autos, sexto en homicidios dolosos, esto de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública con respecto a datos recabados de 2013 a la fecha.

En este sentido, Dante Haro Reyes, especialista en Seguridad pública, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), comenta que lo acaecido aquella tarde de marzo de 2013 fue un mensaje a la esferas políticas, debido a la convivencia que había entre los grupos delictivos con los políticos: “El problema es que en la forma como se está combatiendo (la delincuencia) a partir de las políticas públicas del ex presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, se rompen una serie de acuerdos y pactos, y lo único que vienen a dar es estos focos precisos donde se muestran vías que se deben atacar, una de ellas es el descabezamiento de los cárteles”.

Durante el sexenio de Calderón Hinojosa se reportaron 174 funcionarios asesinados, de acuerdo a información de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C.; en ese mismo lapso, Jalisco únicamente reportaba 3 funcionarios ultimados, mientras que en el primer cuatrimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a marzo de 2013, ya sumaban a escala nacional 184 servidores públicos muertos.

Haro Reyes explica que ahora Jalisco se está convirtiendo en una zona de competencia “de la plaza”, donde están ingresando en la colindancia con Michoacán algunos grupos de Caballeros Templarios, mientras en la frontera con Zacatecas hay una lucha entre Zetas y el Cártel del Golfo, lo cual provoca que funcionarios de municipios tengan que enfrentar a los grupos delictivos y ese es el motivo por el cual se ven ultimados.

El especialista comenta que los ataques están llegando a la clase política y a funcionarios de gobierno que están inmersos en situaciones ilícitas, y que esto seguirá sucediendo si no se cambia la forma en la que se están implementando las políticas de seguridad, donde el estado actúa contrariamente de como debe atacar, pues dice que la forma correcta sería implementar un 80 por ciento de inteligencia en la investigación y un 20 por ciento en operatividad: “Aquí estamos al revés y eso nos trae este tipo de consecuencias”.

“Jalisco ya entró en lugar de focos amarillos, con focos casi de alerta, por las diferentes circunstancias, lo que pasa es que las autoridades no lo quieren aceptar y esto que sucede no lo pueden tapar con un dedo. Parece ser que volvemos a la ley de Pablo Escobar, ‘la ley del plomo’ y vemos el mensaje de ‘si la clase política, que de alguna manera tiene mejor blindaje, puede caer en esto, qué se puede esperar de la población civil que es más vulnerable’. Ese es, de alguna manera, un análisis muy general, pero que sí representa un riesgo que se ha venido dando, sobre todo a nivel estatal y federal, porque hay una continuidad de la política que inició Calderón”.

El investigador de la UdeG subraya que ahora es fundamental la participación ciudadana y contar con un buen nivel de información, con el que la sociedad comience a exigir resultados en corto, mediano y largo plazo: “Tenemos que aprovechar la coyuntura que hay de los retos que tienen las autoridades, para poner muy claramente una ruta crítica para que se resuelvan las problemáticas de inseguridad, y si no lo pueden resolver, en otras palabras, exigirles que se vayan”.

Fuente: http://gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=16391

lunes, 29 de septiembre de 2014

Narcoalcalde de Iguala, Guerrero.

En las últimas semanas el nombre de Mario Moreno Arcos ha cobrado relevancia en los medios de comunicación a raíz de que el empresario Pioquinto Damián Huato lo señaló como el responsable del atentado en el que falleció su nuera y él y su hijo resultaron lesionados.

Sin embargo, el presidente municipal de Chilpancingo se presentó voluntariamente a la Procuraduría General de la República para demostrar que él no es “narcoalcalde”. Y hasta el momento nadie ha presentado pruebas.
Pero sobre quien pesa una investigación de la PGR es el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien llegó al cargo a través de las siglas del Partido de la Revolución Democrática aunque nunca había militado en ese partido.
La gente se sigue preguntando cómo un comerciante que inició vendiendo sombreros en el mercado, hoy es propietario de la plaza comercial Galerías Tamarindos, la más importante de esa localidad guerrerense.
¿Cómo llegó a ser presidente municipal? Eso está muy claro para los igualtecos. Todos recuerdan las miles de despensas que llegaron a todas las colonias de Iguala previo a las elecciones, y el “espaldarazo” que recibió del gobernador Ángel Aguirre Rivero para que fuera el candidato del PRD.
Pero la principal línea de investigación que la PGR sigue en contra del alcalde de Iguala es su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Es hermana nada menos que de Alberto Pineda Villa, alias “El Borrado”, operador de Arturo Beltrán Leyva.
“Pineda Villa no es una figura menor dentro del narcotráfico. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 –iniciada el año pasado, cuando el procurador Eduardo Medina Mora anunció la Operación Limpieza– se le menciona como enlace entre altos funcionarios de la SIEDO con los hermanos Beltrán Leyva, quienes recibían información sobre las investigaciones en su contra a cambio de pagos superiores a los 450 mil dólares mensuales”, publicó Ricardo Ravelo en la revista Proceso en el 2009.
Como parte de la citada averiguación, el testigo protegido con nombre en clave Saúl declaró que el agente federal Javier Jiménez Sánchez, El Pinocho, era el contacto a través del cual Miguel Colorado, quien fuera coordinador de inteligencia de la SIEDO (actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, en espera de ser extraditado a Estados Unidos), le proporcionaba información en torno a las investigaciones que realizaba la PGR en contra de los Beltrán Leyva.
Saúl también declaró que Jiménez Sánchez “se reportaba directamente con El Borrado, uno de los principales integrantes de dicha organización delictiva y que se encuentra en la misma categoría que El Grande (Sergio Villarreal Barragán), operador del cártel en la Comarca Lagunera y en el estado de Morelos”.
En el 2009, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna ordenó que para atrapar a Pineda Villa se rentara una casa a pocos metros de donde vivían sus padres, en la calle de Xochicalco esquina con Tlaquiltenango, en Cuernavaca.
Al inmueble arrendado se fueron a vivir agentes de la Policía Federal Preventiva integrantes del grupo Indio. Desde ese sitio se mantenían bajo observación todos los movimientos de los padres, hermanos, tíos, parientes y amigos del Borrado.
El martes 5, los agentes del grupo Indio reportaron a Cárdenas Palomino que en la casa de los padres de Pineda Villa se estaba llevando a cabo una reunión familiar. El reporte policiaco, que también fue entregado a García Luna, detalló los pormenores de lo que parecía una fiesta:
“Solamente están los papás y otras personas adultas…Una persona que trajo un cerdo (y llegó) con dos ayudantes; al parecer son los encargados de preparar las carnitas… ¿Cuál es la indicación?”, preguntaba el jefe policiaco al frente del grupo Indio.
De acuerdo con datos corroborados por Proceso a través de cuatro fuentes distintas, algunas de las cuales tuvieron conocimiento de la investigación con la que se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS /163/2009, entre las personas presentes en la fiesta no había gente armada “ni en actitud sospechosa”. No sólo eso: el propio García Luna fue informado de que “en dicha casa no se encontraba El Borrado”.
Pese a la ausencia del capo, Cárdenas Palomino y el comandante Armando Espinoza de Benito recibieron la orden de García Luna de realizar un operativo, sin dar aviso al Ejército, cuyos efectivos intervinieron después y sólo para custodiar la casa.
En pleno convivio, unos 200 agentes federales irrumpieron en la casa y arrestaron a 14 personas, entre éstas a dos señoras de la tercera edad. También fue aprehendido el padre del presunto capo, Salomón Pineda Bermúdez, de 73 años.
Las otras 11 personas detenidas fueron Conrado González Moreno, Luis Javier Torres González, Rafael Segovia López, José Rentería Morales, Quintín Diego Rogelio, Javier Hurtado Gómez, Alejandro Navarrete Gutiérrez, Edmundo Ledesma García, María Reina Osorio, Leonor Villa Ortuño y Salomón Pineda Villa.
Este último es el hermano menor de Alberto –enlace de los hermanos Beltrán–, quien hasta antes de su detención no contaba con antecedentes en ninguna averiguación previa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Sin embargo, Salomón Pineda Villa fue presentado por los agentes de la PFP como si se tratara de Alberto, es decir, El Borrado.
Después del cateo, que se efectuó sin orden judicial, la casa fue prácticamente vaciada por los agentes de la PFP: sacaron mesas de madera, platos, licuadoras y refrigeradores, así como enseres domésticos que los miembros del grupo Indio almacenaron en la casa que habían rentado para espiar a la familia del capo, la cual fue habilitada como bodega.
Durante y después del operativo, los policías federales incurrieron en excesos. Maltrataron a los detenidos, quienes fueron trasladados, sin excepción, al Centro de Mando de la PFP donde a las señoras de avanzada edad les recogieron sus agujas de tejer y se les sembró un imponente rifle de asalto AR-15. Hicieron lo mismo con los otros detenidos.
Posteriormente, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS /163/2009 y altos funcionarios de esa dependencia, entre ellos la entonces subprocuradora Marisela Morales, giraron instrucciones a todos los fiscales especializados en delitos contra la salud para que fortalecieran la indagatoria. De esa manera, los padres del Borrado y su hermano Salomón Pineda fueron acusados de fungir como operadores de la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, pero todos fueron saliendo libres poco a poco.
El último de ellos, Salomón Pineda Villa, quien estaba recluido en Tamaulipas, salió el año pasado.
A finales del 2013 la Policía Federal detuvo en un retén a la señora Leonor Villa Ortuño y a su chofer, Carlos Cerezo. Ella confesó que su yerno recibe dos millones de pesos mensuales por parte de “Los Guerreros Unidos” a cambio de que su policía les brinde protección.
Sin embargo, su declaración no fue suficiente para que la PGR considerara a José Luis Abarca un “narcoalcalde”, y supuestamente se encuentran recabando más datos para iniciarle una averiguación previa y que sea el primer alcalde de Guerrero en ser detenido por protección al narcotráfico.
Siempre y cuando, el procurador general de la República, el priísta Jesús Murillo Karam, así lo ordene. 
Fuente:  http://www.launion.com.mx/opinion/estrategias/3001-contacto-en-iguala.html

sábado, 27 de septiembre de 2014

El ejército mexicano al puro estilo de García Luna.

 Catorce de las 22 personas abatidas por efectivos del Ejército Mexicano en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, estado de México, fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y los militares les dispararon a corta distancia.

‘‘Para que un impacto de bala de ese calibre (de fusiles M-1) deje un boquete en la pared luego de atravesar un cuerpo, se necesita que se dispare a menos de 30 centímetros de la víctima’’, afirmó el criminólogo José Luis Mejía Contreras al analizar el material fotográfico de la escena del crimen, mismo que fue entregado de manera anónima a la agencia de noticias MVT.

La escena donde supuestamente las 22 personas perdieron la vida durante un enfrentamiento con los militares, el pasado 30 de junio, ‘‘fue totalmente manipulada; hubo cuerpos que fueron sembrados y se desaparecieron evidencias.

‘‘Si la confrontación fue entre entre quienes estaban dentro y los militares fuera de la bodega, había una distancia de entre 20 y 30 metros entre unos y otros, por lo que cualquier disparo de los militares se tuvo que alojar en el cadáver, ya que ningún arma es capaz de atravesar un cuerpo y luego impactar en la pared y dejar un boquete.’’

Las imágenes entregadas a la agencia de noticias MVT corresponden a momentos en los cuales los cuerpos y las armas que supuestamente se utilizaron para agredir a los militares no habían sido levantados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), y en ningún momento los peritos colocaron letreros que indicaran la existencia de casquillos de cartuchos percutidos por las víctimas.

Ninguno de los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento, que según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) duró tres horas, tiene disparos en la cabeza; todos los impactos se registraron a la altura del pecho y el abdomen.

En el caso de las 14 personas que fueron llevadas hacia las paredes de la bodega, el crimonólogo precisó que fueron colocados de pie, y en las fotografías se observa que en cada caso se percutieron dos disparos a una altura de entre 1.20 y 1.40 metros.

‘‘Uno de los datos periciales más reveladores es que las víctimas presentan, todas, manchas de lodo en las rodillas, y otras más en el pecho, y luego aparecen los cadáveres tirados sobre piedras en un terreno totalmente seco.

‘‘A esas personas las sometieron, permanecieron más de media hora hincadas, algunas más pecho a tierra; luego quizá los pusieron de pie y entonces les dispararon a menos de 30 centímetros de distancia, lo que provocó que los cuerpos fueran atravesados y las ojivas impactaran contra las paredes, dejando un gran hueco’’, detalló Mejía Contreras en el análisis realizado a petición de la agencia MVT.

Señaló que nadie muere en un enfrentamiento con las piernas cruzadas, porque la dinámica de movimiento que se presenta cuando alguien cae abatido en un intercambio de disparos registra el llamado ‘‘trompo’’, es decir, el cuerpo gira hacia el lado contrario del que recibió el impacto de bala.

‘‘En la escena que observamos a partir de las fotografías y la manera en que fueron fijados los cadáveres, más de cinco cuerpos cayeron totalmente de espaldas, uno más de frente, pero ninguno observa el giro natural que se presenta al recibir un impacto de bala de grueso calibre a más de 20 metros de distancia, lo que evidencia que esas personas fueron sacrificadas en un sitio y luego arrastradas al lugar donde se montó la escena, y a todos los tiraron de espaldas para hacer creer que así cayeron, lo cual es imposible’’.

En cuanto al sitio donde fueron abatidos los presuntos delincuentes, es una bodega recién construida, el piso es de tierra y tiene materiales como grava y arena en todo el terreno. No tiene puertas, para evitar que alguien observe hacia el interior; solamente cuenta con dos accesorias sin cortinas.

Había tres camionetas en el interior, marcas Ford, Honda y Chevrolet Cheyenne. A pesar de que supuestamente fueron utilizadas para disparar contra los militares y resguardarse de los tiros de éstos, las unidades no presentan daños graves. Incluso tres de los cuerpos fueron colocados por delante de las puertas abiertas de los vehículos, como si en lugar de protegerse trataran de impedir que las balas perforaran la carrocería.

Sobre el supuesto sitio para mantener a personas privadas de su libertad, consideró que nadie tiene secuestrada a una persona en esas condiciones.

José Luis Mejía Contreras señaló que ni siquiera existe una lógica en el tipo de armamento que ‘‘plantaron’’ a los cadáveres, pues mientras las armas son negras, los cargadores son grises, ‘‘y esos sólo los utilizan los militares’’.

En muchos casos las armas aparecen colocadas perfectamente alineadas con los cadáveres, aparentemente sostenidas, o hasta los cargadores extras que supuestamente usarían las víctimas estaban en paralelo con los rifles.
Fuente: La Jornada.

viernes, 26 de septiembre de 2014

Revisaremos niños bomba, cada que se nos pegue nuestra puta gana. ¿Y?.

El comisionado nacional de Seguridad sostiene que el cacheo de infantes, que ocasionó manifestaciones de indignación en redes sociales, no viola derechos humanos.


A pesar de indignación que causó en redes sociales, continuará la revisión de niños en actos públicos a los que asista el Presidente.

Esa revisión no violentó los derechos humanos de los asistentes a la ceremonia del Grito y el mecanismo se volverá a utilizar cuantas veces sea necesario, afirmó el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

No precisó de dónde provino la orden del cacheo a niños, pero subrayó que fue parte de una estrategia general.

Señaló que la mayoría de las revisiones (en el perímetro de la Plaza de la Constitución) fueron hechas por policías mujeres y negó que haya habido actitudes ilegales o agresivas”.

Dijo que hasta el momento no hay ninguna inadagatoria en la Comisión Nacional de Seguridad respecto a alguna posible irregularidad derivada de los hechos.

Las revisiones que se efectuaron fueron las indicadas a lo que se había establecido en los procedimientos y fueron total y absolutamente comedidas. En ninguna de las fotografías que se han difundido se observa una actitud hostil o intromisiva de las policías, porque fueron prioritariamente mujeres las que hicieron la revisión, le dijo el funcionario a la reportera Fabiola Martínez, en entrevista.

Subrayó que el fin de la vigilancia era que la principal ceremonia cívica del año transcurriera en calma, como finalmente sucedió. No había amenazas, añadió, pero sí estaba claro qué sustancias y objetos no podían ingresar.

Señaló que hay experiencia internacional en el sentido de que los niños pueden ser utilizados para introducir objetos violentos indebidos, incluso bebidas alcohólicas.

sábado, 20 de septiembre de 2014

El Presidente de México, Barack Obama, exige al Títere que investigue la masacre en Tlatlaya.

 El gobierno de Barack Obama pidió de manera enfática al de Enrique Peña Nieto que autoridades civiles no militares investiguen exhaustivamente el incidente ocurrido en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 junio en el que elementos del Ejército mexicano fusilaron presumiblemente a 21 civiles.

“Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”, planteó Jeff Ratkhe, portavoz del Departamento de Estado.

Luego de que la agencia AP y la revista Esquire Latinoamérica tumbaron la versión oficial al presentar evidencias contundentes sobre una probable ejecución extrajudicial, la administración de Obama se sintió obligada a intervenir indirectamente sobre el asunto.

“Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”, advirtió el vocero del Departamento de Estado.

El gobierno de Obama está legal y técnicamente obligado a que se realice una investigación del caso de Tlatlaya, debido a su papel de proveedor de equipo militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada Iniciativa Mérida.

Por ello Obama está obligado a establecer ante el Congreso federal estadunidense que toda asistencia que proporciona al gobierno mexicano para combatir al crimen organizado no se involucra en actos de violación a los derechos humanos, sobre todo los cometidos por el Ejército o la Marina mexicanos.

“Desde junio venimos siguiendo este caso, y hemos alentado al gobierno de México a que lo investigue, pero también tenemos entendido que varias entidades mexicanas lo están haciendo”, subrayó Rathke.

A los pocos días de ocurrida la matanza de Tlatlaya, registrada a un kilómetro del poblado San Pedro Limón, la agencia de noticias estadunidense Associated Press (AP) fue la primera en reportar que, de acuerdo con testimonios de pobladores, los soldados mexicanos no mataron a las 22 personas en un enfrentamiento a tiros.

El despacho de la AP apuntaba a que los soldados mexicanos habían detenido a un grupo de jóvenes y que los metieron a una bodega, donde después fusilaron a los presuntos delincuentes.

Esta semana la revista estadunidense Esquire, en su edición para México y Latinoamérica, abonó sobre el asunto con una entrevista a una joven que sobrevivió a lo acontecido en la bodega de la población de San Pedro Limón.

La joven sobreviviente, a quien Esquire protegió no revelando su identidad, narró que los soldados únicamente mataron a un joven durante el enfrentamiento, pero después los presuntos delincuentes se rindieron.

La sobreviviente destacó que, pese a la rendición de los jóvenes, éstos fueron desarmados y llevados a la bodega, y que incluso, antes, los militares habían ejecutado a una joven menor de edad con disparos en el pecho.

En la bodega, la joven aseguró a la revista estadunidense que los soldados fusilaron sin piedad a 21 jóvenes, y que las muertes no ocurrieron en una refriega, como sostienen el gobierno y Ejército mexicanos.

“Como socios de México estamos comprometidos en la lucha contra el crimen transnacional organizado, y claro que para nosotros está vigente el marco de la Iniciativa Mérida, la cual tiene respaldo bipartidario en el Congreso; es por ello mantenemos un diálogo de alto nivel con México”, remató el portavoz del Departamento de Estado.

HRW, la peor masacre

El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo este viernes 19 de septiembre que si es cierto el testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por el Ejército mexicano en un incidente ocurrido a finales de junio que dejó a 21 muertos más, “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México“.

“Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público en México”, dijo Vivanco a The Associated Press.

La víspera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que investiga las circunstancias del enfrentamiento entre el Ejército y presuntos narcotraficantes en junio pasado, a pesar de que en un principio hizo caso omiso con el argumento de que eso correspondía a las autoridades federales.

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Una vez que el gobierno estadunidense de Barack Obama instara al presidente Enrique Peña Nieto a realizar una investigación civil para esclarecer el fusilamiento de una veintena de presuntos secuestradores a manos de militares, la Sedena y la PGR se dijeron dispuestas a atender el llamado para indagar el hecho.

En comunicados aparte, emitidos casi de forma simultánea, ambas dependencias aseguraron conducirse “con pleno respeto a los derechos de las personas”, así como alcanzar “una indagatoria completa y profunda para llegar a la verdad” de lo ocurrido el lunes 30 de junio en la comunidad de Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reiteró que la muerte de 22 jóvenes se registró luego de que personal militar repelió una agresión armada.

“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos”, acotó la Sedena.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se mantiene abierta una averiguación previa por la muerte de los 22 civiles.

“La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”, detalló la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.

“Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”, asumió la PGR.

viernes, 19 de septiembre de 2014

Ni perdón ni olvido. Mensaje de Mario González, preso político de Mancera.



Ni perdón ni olvido


Es normal que esta consigna sea gritada por muchas personas cada 2 de octubre; un mensaje que no pasa desapercibido, ya que niñ@s, adolescentes, jóvenes y adult@s salen a las calles cada año a expresar su indignación y rabia ante un aberrante pasado e infame presente.


La mayoría de la gente tiene una noción de lo que pasó el 2 de octubre del 68 en la plaza de las 3 culturas, Tlatelolco, D.F.


Toda la furia a causa de un genocidio se deja sentir, retumbando hasta el centro del planeta. La policía invade la ciudad para contener esa furia, el ambiente sube de intensidad, el desprecio y el odio a la autoridad se expresa sin poderse contener; todo es tenso pero satisfactorio porque el/la oprimid@ encuentra su lugar, donde se acompañan personas que comparten un sentir y una necesidad de pasar a la ofensiva contra un sistema que l@s explota.


La gente ataca a la autoridad por todos los medios a su alcance, se atreve a vencer sus miedos, a sentir su corazón palpitar a un ritmo acelerado; el/la oprimi@ se siente más vivo que nunca, ese día es un lindo poema, una bella obra de arte, la cual no tod@s tienen la sensibilidad para apreciar y valorar; y quien no lo hace no tiene la mínima idea de lo que son la poesía y el arte. Un instante, una situación improvisada que encuentra su apogeo al perderse entre el tiempo y el espacio por ser única e irrepetible.


“El aliento del placer tira los muros de las obligaciones”, la autoridad corre, el/la indignad@ decide optar por la valentía. El fuego aparece como invitado de honor, el/la encapuchad@ se deja ver y ejercita su astucia, valor, decisión, fuerza, habilidad, destreza, coraje e inteligencia. Se levantan esas hermosas protectoras del dign@ oprimid@: las barricadas, ese refugio al que acude un natural hartazgo.


La gente se solidariza como nunca, el arte de la guerra se alebresta ante nuestros ojos. Y al terminar el día la rebeldía se esconde, hay herid@s, pres@s y hasta muert@s.


La danza y el teatro de la revuelta cierran su telón hasta su próximo acto. L@s secuestrad@s se vuelven pres@s en las cárceles de la autoridad por infringir sus leyes; pasan ahí días, meses y hasta años, así pagan el precio de su atrevimiento, los estragos de la guerra matan en vida a las víctimas que caen en sus garras.


46 años de un genocidio, un año de encierro para l@s indignad@s, nada puede ser más normal, no hay de qué preocuparse. Porque o eres víctima de un sistema carcelario o de una realidad cruel en pseudolibertad.


De paso, en medio del vals no estaría mal recordar a l@s pres@s y exigir su libertad, como una sintonía adecuada en medio de la obra maestra revolucionaria e insurreccional. Y si se logra tal objetivo, que mejor, es ser coherentes en el combate contra las injusticias a las que la humanidad no es indiferente ni ajena.


Libertad a tod@s l@s pres@s, víctimas de esta infame tiranía


Salud y revolución social


Mario

Si por cada preso o fraude hubiese movilizaciones, la burguesía pensaría su actuación.

1. Mario Luna Romero, autoridad y vocero de la tribu yaqui, una de las figuras más visibles del rechazo al acueducto Independencia, obra impugnada desde su licitación en Sonora, fue detenido, el 11 de septiembre. No duda en responsabilizar al gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padres, de lo que pueda sucederle a él y a su familia. Responsabilizo al Estado mexicano en su conjunto por lo que pueda pasarle a cualquier miembro de la tribu yaqui y a la integridad territorial del mismo pueblo, ya que el Estado con sus omisiones a las leyes nacionales e internacionales está poniendo en riesgo la supervivencia de este pueblo milenario que lucha por no morir.

2. Mientras se anuncia una danza de miles de millones de pesos para callar las protestas de los habitantes (de la ribera) del río Sonora –declara el presi político Luna- a los voceros de la tribu yaqui nos persiguen y encarcelan para no cumplir con las resoluciones judiciales que ordenan detener la operación del acueducto Independencia. Son ya muchos presos que la burguesía lleva a la cárcel con la única consigna de ser oposición. El caso más sonado de los últimos meses es el del doctor Manuel Mireles de las autodefensas de Michoacán mandado a prisión por no obedecer órdenes de gobierno. Sin embargo zapatistas y lópezobradoristas han sido encarcelados.

4. Lo terrible es que mientras la burguesía gobernante actúa con violencia y crueldad contra los que protestan y se oponen a sus órdenes, la izquierda y la socialdemocracia llora en sus peticiones de “libertad” -sin movilizarse- para ver si la burguesía atiende a sus súplicas. La burguesía, su aparato jurídico y los medios de información imponen acusaciones acostumbradas: robo, resistencia y mil cosas más haciendo que los tontos de la centroizquierda se dediquen a desmentirlas sin mencionar que es un problema de clases sociales y de lucha de clases. ¿A quién más puede perseguir, encarcelar y asesinar la burguesía gobernante y empresarial que a sus enemigos los trabajadores, sean indígenas, campesinos, obreros o ciudadanos?

5. Así que Mario Luna y otros 100 opositores que están en las cárceles por rebelarse, no saldrán de ellas sino que hasta que los gobiernos digan –cuando les dé la gana- que ya es suficiente el castigo. Las “defensas jurídicas”, así como las leyes constitucionales, siempre serán paparruchadas mientras no se cuente con la fuerza de masas y éstas sólo se movilizan cuando sus dirigentes las enseñan a salir a la calle a protestar. ¿No está probado acaso –durante muchas décadas de experiencias- que la fuerza es la que define todas las cosas en política? Los empresarios ya no necesitan hacer paros o huelgas para hacer caer un impuesto o imponer una política, les basta con una seña para paralizar al gobierno.

6. No puedo olvidar a DemetrioVallejo, el histórico líder ferrocarrilero que encabezó grandes huelgas nacionales, junto a Valentín Campa, que de 1959 a 1971sufrieron encerrados sin que nadie hiciera nada serio para arrancarlos de allí. Tampoco puedo olvidar a mi amigo Nacho del Valle –defensor de tierras campesinas en Atenco -que continúa en pie de lucha encabezando a los “macheteros” y brindando solidaridad en todas las batallas- que tuvo que sortear años de prisión sin que nada serio se haga por su libertad por la existencia de un terrible sectarismo, oportunismo y pacifismo en lo que se ha conocido como izquierda en México.

7. ¿Para qué sirve publicar declaraciones y desplegados pidiendo libertad en la prensa, recoger millones de firmas (hoy muy de moda) si la clase gobernante sabe que sólo es papel para el excusado? No me olvido del trabajo de decenas de abogados defensores de presos políticos: Gómez Gutiérrez, Andrade, Ortega Arenas, Fernández del Real, Adán Nieto y otros que en los 60 entregaron energía y paciencia; pero tampoco olvidaré a mi amigo Julio Macosay que siempre me dijo que sin movimiento de masas no se gana ningún movimiento ni sale un preso. A cualquiera que lo iba a ver le preguntaba que si tenía posibilidad de movilizarse porque las leyes y chicanadas eran de abogados burgueses.

8. Puta, López Obrador hará una movilización entre mes y medio para protestar por la privatización petrolera. Inmediatamente la burguesía se puso a temblar de miedo después de las que no se realizaron contra el fraude de la elección presidencial. Debe estar preocupado Peña Nieto por esa movilización del 26 de octubre que podría ser en noviembre, diciembre o el próximo año electoral. Por otro lado debe estar preocupado Peña por si acaso surgiera un llamado del Marcos del EZLN que pudiera pedir a las bases zapatistas a marchar por la liberación de Mario Luna y otros. Pero no es fácil movilizar a la gente, porque tendría que ser una política encaminada a ello.

9. Pero posiblemente tenga razón AMLO y Marcos al pensar que las movilizaciones ya no funcionan al demostrarnos la Coordinadora (CNTE) que ha hecho todos los días durante años y meses, plantones, bloqueos, tomas de edificios, marchas y el gobierno –con sus funestas mesas de negociación en Gobernación que sólo sirven para aplazar la represión- ha seguido imponiendo sus planes privatizadores. ¿Qué queda entonces por hacer si la vía guerrillera y las movilizaciones de masas “no funcionan”? Pues sólo el camino electoral, pacífico, que garantiza por 100 años más el dominio de la gran burguesía burocrática y empresarial. Sigamos pensando y activando para no morir de rabia o tristeza.


Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

jueves, 18 de septiembre de 2014

Testigo revela ejecuciones en el Estado de México.

Una testigo dice a Esquire que el ejército ejecutó a 21 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México.
Por Pablo Ferri Tórtola para Esquire México | Fecha: 17/09/14
Interior de la Bodega.

El pasado 30 de junio elementos del ejército mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes —21 hombres y una mujer menor de edad— en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”. Ahora, dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:

“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas —25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación— y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que no estaba secuestrada. Sólo un soldado resultó herido, dijo la Sedena.

El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven era Erika Gómez González, de 15 años, quien recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.

Cuando le hirieron en la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho, según Julia; luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla.

El certificado de defunción de Erika, al que Esquire tuvo acceso y del que posee una fotografía, indica que el motivo de la muerte fue “un impacto de bala en la cavidad torácica”. Uno de los médicos que vio el cadáver entre que llegó al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Toluca, el lunes 30 de junio, y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo a Esquire que la bala perforó el corazón y un pulmón de Erika y que fue “un tiro de gracia”. El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Esquire también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad donde se ve que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego en el tórax.

El director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos ocurridos en Tlatlaya y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones.

El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadounidense The Associated Press planteó dudas sobre que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento con el ejército y señaló que la fachada de la bodega solo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “Tampoco había señales de un tiroteo continúo dentro del edificio, (se veían) pocas marcas de bala y ningún casquillo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos rodeados por una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”.

El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado en el que afirmaba lo siguiente: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”. La PGJEM reveló además que había practicado una prueba de balística según la cual los 22 fallecidos habían efectuado disparos. Consultado por Esquire sobre la versión de la testigo, el departamento de prensa de la PGJEM informó que la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación “a los pocos días del suceso” y que por ello no pueden realizar declaraciones al respecto.

El departamento de prensa de la PGR dijo a Esquire que esta es una investigación que está abierta y en la que se continúa obteniendo información, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencia de lo que se señala. La Sedena no ha contestado a las múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos por parte de Esquire.

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Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con 32,181 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134. Arcelia y Tlatlaya son municipios vecinos. Una carretera bacheada cruza de Guerrero al Estado de México y pasa a pocos metros de la bodega donde tuvo lugar el suceso, a un kilómetro de la comunidad de San Pedro Limón. Es una zona aislada. Del Distrito Federal a Arcelia son seis horas de autobús. La ciudad más cercana, Iguala, también en Guerrero, apenas cuenta con 120,000 habitantes.
 


Vecinos de la zona que pidieron que no se revelara su identidad explican que Arcelia es bastión del cartel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias el Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato.

En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia —San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa— el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de estos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan. En abril un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya.

En abril del año pasado las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia.

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Declaraciones de vecinos de la zona recogidas por Esquire y aparecidas en otros medios desde el suceso de Tlatlaya difieren sobre el motivo que condujo a los 22 a la bodega. Julia —que fue liberada por las autoridades tras interrogarla— dice que llegó allí el 29 de junio a eso de las diez de la noche. Venía de Arcelia, a 38 kilómetros de la bodega. La mujer explicó a Esquire la razón de que acudiera a aquel sitio; sin embargo, difundirla la pondría en riesgo. Dice que dentro había dos carros blancos, cruzados, y que luego llegó otro. No recuerda el color del tercer vehículo. Fuera llovía. Juliapiensa que quizá se refugiaron allí del agua.

Cuando llegó, Julia vio a Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, vestida con “un pantalón negro y una sudaderita negrita”. Como “a las tres de la mañana”, según Julia, uno de los presuntos delincuentes que había salido de la bodega volvió corriendo porque había visto un grupo de soldados. Los militares alumbraron el galpón con un reflector, empezaron a disparar y exigieron a los otros que se rindieran. Los de dentro respondieron con disparos y se escondieron entre los coches. En una de las ráfagas murió el primer muchacho dentro de la bodega, de acuerdo con Julia. Después hirieron a Erika y a otro muchacho. Julia afirma que todos los presuntos delincuentes eran muy jóvenes. The Associated Press recogió declaraciones de empleados del SEMEFO del Estado de México que dicen que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años.

La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a tres mujeres secuestradas. Julia constata que dentro de la bodega había dos mujeres además de ella. Dice que ya estaban allí cuando ella llegó y que ambas eran de Arcelia. Ella niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento los muchachos pensaron en simular el secuestro de las dos mujeres y de dos de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar “no nos maten, no nos maten, estamos secuestradas”. Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros.

La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó como a las 3:00 de la mañana y que duró unos treinta minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes dos horas, calcula Julia, los soldados mataron a 19. Cuando ya estaba amaneciendo —como a las 7:00 de la mañana, dice Julia— mataron a los dos hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia.

Julia dice que estuvo retenida una semana, primero en dependencias de la PGJEM en Toluca y luego en el Distrito Federal, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que la PGR atrajera la investigación. La testigo afirma que desde que salió de la bodega el lunes por la mañana hasta que la liberaron el domingo siguiente, funcionarios de la Marina, la PGJEM y la SEIDO la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes. Julia añade que le hicieron firmar muchos documentos y no le dieron copia de ninguno, que durante los tres primeros días no le dieron de comer y que, incluso, mientras estaba en las instalaciones de la PGJEM en Toluca, la fotografiaron junto a las armas incautadas en la bodega.

Cuando finalmente la soltaron y pudo volver a Arcelia, algunos de los muertos descansaban ya bajo tierra. Otros aún aguardaban en el SEMEFO de Toluca a que sus familiares fueran a buscarlos.

Fotos: Nathalie Iriarte para Esquire México
Fuente: http://www.esquirelat.com/reportajes/14/09/17/esxclusiva-esquire-Testigo-revela-ejecuciones-ejercito/