Los niños no migran por pobreza sino por miedo a morir, lo que configura un desplazamiento obligado.

Cifras oficiales indican que de octubre del 2013 a finales del 2014, serán cerca de 60 mil los menores que transitarán por México con destino a los Estados Unidos

Omar es un pequeño de 14 años originario de Honduras. Salió de ahí dejando atrás a un padre enfermo y a dos hermanitos más pequeños. Nunca conoció a su mamá. La razón de su escape: la mara quería cooptarlo y la decisión familiar fue que saliera urgentemente de Honduras. Sin familia en Estados Unidos, se aventuró al camino incierto del migrar pese a su corta vida. Viaja sólo con un amigo de su misma edad que pasó por lo mismo. Omar es la imagen representativa de las centenas de menores que integran el flujo migratorio semana tras semana, y que de manera significativa va en aumento.1

A su edad debería de estar estudiando, conviviendo plenamente en armonía y alegría con las personas de su comunidad. Pero el miedo y temor lo hicieron huir del que fuera su hogar, su país. Atravesó rumbos inciertos, expuesto a las variadas vejaciones que vive cualquier persona transmigrante por una ruta tan peligrosa como es la migratoria. No obstante, concluye que, en el mayor sentido de la palabra, vivir significa intentar ir hasta lo que ha escuchado como “el sueño americano”. ¿Qué obliga a que una personita tan pequeña tenga que tomar tan determinante acción? El morir.2

Ser “invitado” por una mara a incorporarse a las clicas cobra otra dimensión. Saben que la violencia y el peligro serán su estilo de vida. Algunos optan por ese camino de “poder”, pero quiénes como Omar prefieren evitar un futuro en un ambiente de amenazas, extorsiones, crímenes; balaceras que distan mucho de la paz y la serenidad, no queda más que migrar. Por otra parte, se sabe que si se rechaza la oferta no hay quien se libre del ajuste de cuentas, del costo de decir “no”. A la mara no se le puede contrariar. En un contexto donde ellos “controlan todo”, los balazos están a la orden del día para hacer saber que es “su territorio”. Que tiene nombre y amo.

Detrás de las expresiones de extrema violencia en las calles siempre hay un origen. La pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para estudiar, “mano dura” y las políticas hostiles para la población más vulnerable, entre otros aspectos, agravan la ya tan frágil situación de los países centroamericanos. El nulo acceso a una forma de vida que permita sentirse satisfecho y feliz, merman la idea de futuro, ignorando todo tiempo y remitiendo la vida personal y familiar en el aquí y ahora. En la sobrevivencia entre morir de hambre o de un disparo. En el ¡sálvese quien pueda!

Se han escuchado cientos de testimonios de mujeres y hombres adultos provenientes de Centroamérica en los que narran horrores, duelos, pérdidas, agresiones en primera persona, en segunda, en tercera. Cobro de piso por derecho a tener un comercio o local, sin importar si es una tienda de reparación de bicicletas o un gimnasio en una colonia popular. El que no paga muere sin poder hacer mucho más. Hay un dominio criminal sobre los pueblos al que no se le puede escapar; la red es amplia “puedes moverte de provincia en provincia pero te tienes que seguir escondiendo, y aún así cuidando que no te vayas a encontrar con alguno de ellos, porque sino ahí te mueres”, comparte un joven hondureño sobre lo que tuvo que pasar.

Cuando se escucha con detenimiento, es imposible no pensar que parecen historias de las que sólo se leen en cuentos de terror, para asustar a los niños. La diferencia es que no es producto de la imaginación, es lo que comen, respiran y viven las/os centroamericanos, en especial los grupos vulnerables como mujeres, ancianos y niños.

La pregunta obligada nos conduce a pensar ¿cómo se puede vivir con tanto miedo?, ¿cómo no sentir terror? ¿se puede seguir con la vida aceptando que en cualquier momento una bala perdida nos la quitará? Un menor, un niño de seis años que recuerda que su tío salió a la calle un día y no volvió jamás, que no conoció a su papá o que su mamá recientemente se fue a buscar más trabajo para darle de comer. En el mejor de los casos llegaron a conocer a sus madres y padres, otros están siendo criados por sus abuelos, por la abuela. Muchos padecieron la violencia reproducida al interior de las familias. Algunos de los pequeños crecen con la idea que se volvió leyenda: Migrar es la única posibilidad en un mundo desencantado. Algo mejor que lo que se vive, ¡cualquier cosa! Pero no sé puede estar más en un estado de quietud.

La migración infantil no es algo reciente, ocurre desde hace unos años. Lo que realmente alarmante es el aumento que se ha registrado y las condiciones tan dramáticas por las que tienen que pasar. Cifras oficiales indican que de octubre del 2013 a finales del 2014, serán cerca de 60 mil los menores que transitarán por México con destino a los Estados Unidos. Actualmente se ha reajustado la cifra hasta 90 mil, sin tomar en cuenta que la cifra negra puede ser mayor. Esta cantidad también contempla a las y los menores de origen mexicano. Los tres los países de mayor expulsión de menores son Honduras, seguido por El Salvador y Guatemala.

A finales del 2013 el Congreso Nacional hondureño aprobó implementar el Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia. Sin embargo, estos dos meses anteriores algunos albergues en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que se acondicionaron frente a la llegada de centenas de menores, han visto rebasadas sus capacidades, ya que los menores llegan del interior del país o han sido repatriados desde México y Estados Unidos de Norteamérica. Y a pesar de esto no se han puesto en acción planes de emergencia frente a esta crisis humanitaria infantil.

La Convención Internacional sobre los derechos de las niñas y los niños, ratificada por todos los países de Centroamérica, en cuyo marco normativo señala que los menores tienen derecho a vivienda, alimentación, educación, a crecer en un contexto saludable y a otros tantos derechos dentro de los 54 artículos que componen este tratado internacional. Las y los menores son reconocidos como sujetos de derecho y por lo tanto, en este éxodo infantil sin freno, los derechos de menores y adolescentes son infringidos por los países de origen, de tránsito y destino. No migran por pobreza, migran por miedo a morir, es decir, es un desplazamiento obligado.

Lo anterior modifica la condición de migrante a la de refugiado, por lo que debería de aplicarse el artículo 22 relativo a la protección del menor, si éste se encontrara en una situación de extrema vulnerabilidad.

“1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes. “ (Convención Internacional sobre los derechos de las niñas y los niños)

A nivel internacional, los primeros en quebrantar estas leyes son los países de origen; ya que al no garantizar las condiciones para que los menores se puedan desarrollar, infringen la Convención en su artículo tercero, que establece que las instituciones y establecimientos encargados de la protección de los niños, deben cumplir con normas establecidas en materia de seguridad, sanidad y una supervisión adecuada.

Los países de tránsito no se quedan atrás, por criminalizar y acrecentar la situación de vulnerabilidad de los menores, cuando sus responsabilidades son proporcionar cuidados, atención y salvaguardar la dignidad del menor. Esto no aplica ya que durante todo el recorrido, niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados son víctimas del crimen organizado y de las autoridades policíacas y migratorias. Entre las múltiples violencias a las que son sometidos, se encuentran la explotación sexual y laboral, tráfico de órganos, rapto, violencia física y verbal, por mencionar algunos.

Si bien es cierto que la salida masiva de Centroamérica representa un llamado de atención para las autoridades de sus gobiernos; también lo es para sus vecinos del norte como México y Estados Unidos quiénes no dejan de tener responsabilidades por desconocer instrumentos de carácter internacional, como la Convención de la infancia. Los niños/as que logran llegar a Estados Unidos de Norteamérica, después de ruda y larga travesía del terror, son sujetos a condiciones infrahumanas, hacinados en espacios a modo de campo de refugiados en los que no ven la luz del día. En reportes recientes se denuncia la violación sexual de al menos cien menores.

Junto a la creciente protesta por parte de diversos sectores de la población que han bloqueado los autobuses para trasladar a los menores, se ha inyectando una dosis de xenofobia y racismo reforzado por los fenotipos que refieren a las personas migrantes como focos de infecciones y enfermedades.

Sin lugar a duda, este fenómenos es un revés en la historia y un retroceso más en materia de derechos humanos. El momento vital de comprometerse con uno de los sectores más frágiles, más allá de su origen y nacimiento, está quedando en el registro del paso por la Tierra como una catástrofe humanitaria que podría detenerse si existiera un compromiso verdadero con las clases de abajo. Podría confirmarse que se lleva a cabo un muy posible plan de exterminio, en el que impere la ley del más fuerte. Mientras, el dolor de cientos de familias será una herida en el corredor centroamericano que se despobla bajo el nombre de megaproyectos y violencia estructural.

Únicamente nos queda apelar a la solidaridad desde abajo con los de abajo.

1 Distintas fuentes citaban desde octubre del 2013 el arribo a la frontera sur de EEUU de 60 mil niñas y niños menores. Datos oficiales del gobierno de Estados Unidos indican que la cifra puede llegar hasta 90 mil. Muchos de ellos sin ningún tipo de acompañamiento y con un muy reducido capital (50 a cien dólares como máximo para todo el recorrido). El informe del Catholic relief services “Niñez migrante – Detención y repatriación desde México de niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados publicado en el 2010 recoge desde ese año 757 testimonios de NNA (Niños Niñas y Adolescentes) no acompañados revela que el 42% del porcentaje de NNA entrevistados sufrieron alguna forma de abuso, ya sea físico o verbal.

2 . Unicef denuncia el asesinato de 3,111 niñas/os en los últimos 5 años en Honduras como resultado de la violencia en el país.

Fuente: Desinformémonos.

Que dice Deschamps que en el Pemexgate, Calderón sabe dónde está e dinero.

El senador priista Carlos Romero Deschamps, quien llegó a la sesión acompañado del coordinador priista Emilio Gamboa Patrón, rompió su largo silencio en este proceso cuando el panista Francisco Domínguez Servién estaba presentando su voto a favor.

–¿No ha sido Pemex empresa productiva? –preguntó el dirigente del sindicato de la paraestatal al senador del blanquiazul, cuando éste leía su alegato.

Nervioso, Domínguez le respondió que “ahora va a ser más productiva” con la reforma.

–En 76 años de vida, la vida de Pemex ha sido la de una empresa competitiva –le espetó Romero Deschamps, molesto.

Domínguez Servién continuó con su discurso. Reprochó que de 2008 a 2014, por falta de productividad, se perdieron un millón de barriles diarios.

–¿Dónde se quedó el dinero del millón de barriles diarios que se perdieron, señor Romero Deschamps? –le reviró Domínguez al líder sindical, quien lo tenía enfrente, en clara referencia al Pemexgate.

Romero pidió la palabra “para hechos”, ante un confundido David Penchyna, quien no sabía qué hacer ante las ganas de hablar del dirigente del gremio petrolero.

En ese momento ya no estaba en el salón de comisiones unidas Gamboa Patrón, que siempre trata de “vigilar” al poderoso líder sindical.

–Pues ¿dónde quedó el dinero? Pregúnteselo al expresidente Felipe Calderón –respondió molesto, desde su asiento, Romero Deschamps.

Ante la nueva ley de telecomunicaciones, urge fortalecer a los medios libres.

“Los medios libres no buscan una concesión y han hecho una declaración política al Estado de que no quieren ser regularizados, pero al no querer ‘legalizarse’, son perseguidos y procesados penalmente, por entender la comunicación de otra forma”.

CAROLINA BEDOYA MONSALVE

Ciudad de México. La reforma a la ley de telecomunicaciones es parte de la construcción de un andamiaje legal que permite la criminalización, la represión y un excesivo control de la sociedad organizada, porque está ley se entreteje con otras que están impidiendo hacer uso del espacio público, que están limitando la participación de las personas y el derecho a la defensa de los territorios”, advierte Carlos Ventura Calleja, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Por su parte, Carlos Brito Ocampo, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, manifiesta que la libertad de expresión es el libre flujo de información y mensajes y con la ley esto se afectaría; además, advierte, continúan con la idea de marginar a los medios libres y comunitarios con la legalización; mientras que con los medios universitarios se plantea recortarles el presupuesto. Y la libertad de expresión no se puede concebir sin esa diversidad de voces.
Los avances con los medios comunitarios e indígenas han sido prácticamente nulos, expresa Brito Ocampo, pues continúa la idea de querer imponerles una demanda histórica de la reserva del espectro. “Los medios libres no buscan una concesión y han hecho una declaración política al Estado de que no quieren ser regularizados, pero al no querer ‘legalizarse’, son perseguidos y procesados penalmente, por entender la comunicación de otra forma”, indica.
El periodista Jenaro Villamil, experto en el tema, escribió en la revista Proceso que “lo peor de la última versión de este dictamen de telecomunicaciones es que cierra toda posibilidad a que los medios comunitarios e indígenas se vuelvan alternativas viables”, pues, dice, “no habrá una reserva del espectro digna. No habrán condiciones de competencia. Se les restringe a un radio de transmisiones de 20 watts de potencia y torres de 30 metros máximo. En otras palabras, cualquiera radio religiosa o parroquial tendrá más potencia. A las emisoras dependientes de las universidades se les restringirán los recursos. Los medios públicos no serán tales sino extensiones de las oficinas del gobierno federal o de los gobernadores”.
La postura de Desinformémonos, revista electrónica de contenido libre y manejo de temas sociales, definida políticamente como impulsora del “periodismo de abajo”, es que ante el fortalecimiento de los monopolios y las restricciones a las radios indígenas y comunitarias, los medios libres tienen el reto no sólo de permanecer a pesar de la persecución y el hostigamiento en su contra, sino de crecer y fortalecer sus contenidos, pues serán una opción informativa cada vez más importante, y en mucho momentos única, para una audiencia a la que le están coartando sus derechos. Para informar y difundir, señala el equipo del portal semanal, “no se necesita el permiso ni la concesión de nadie”. En coincidencia con las voces de otros medios libres, Desinformémonos centra el reconocimiento de la información en la población de la gente que accede a sus contenidos. Y, en sintonía con las radios libres que se inscriben abajo y a la izquierda, advierte que “las frecuencias tiene que ser recuperadas por la gente, pues la legalidad a veces garantiza la permanencia de las radios o espacios de comunicación, pero esto sólo coarta la autonomía, y la capacidad de alcance e interacción con la sociedad”.
“La reforma a la ley de telecomunicaciones”, afirma Ventura Calleja, “pone en evidencia a un Estado obsesionado con el control de las acciones de la sociedad civil y, aún más, de la sociedad organizada”, expresa el defensor de derechos humanos, sobre el punto que faculta al Estado a acceder, en cualquier momento, a las bases de datos con la información de todas las comunicaciones
Desde la llegada a la presidencia de México de Enrique Peña Nieto, quien dio la orden de un operativo militar en San Salvador de Atenco en el 2006, donde fueron torturados, violentados y apresados cientos de hombres y mujeres por la defensa de su territorio; su gobierno se ha caracterizado por la criminalización de defensores de derechos humanos, luchadores sociales, activistas y periodistas. Ahora, con esta nueva ley, “no hay candados suficientes para detener el poder y el uso discrecional que puede llegar a tener este Estado”, manifiesta el miembro del centro de derechos humanos .
Es imposible desligar el derecho a la información del derecho a la libertad de expresión, manifiesta Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI). En este sentido, indica, la iniciativa de ley de telecomunicaciones violenta estos dos derechos, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la concentración de los medios de comunicación es una violación directa al derecho a la información, porque impide la pluralidad y diversidad de voces.


La Ley de telecomunicaciones

La ley Telecom, es una ley secundaria que regula una reforma constitucional del año 2013, relacionada con el derecho y servicio de las telecomunicaciones. La ley se hizo pública en abril y pretende regular desde la concentración de los medios de comunicación, hasta temas relacionados con el derecho a la intimidad y el acceso a nuevas tecnologías.
Desde que se presentó la iniciativa en el Senado hasta hoy, hay algunos avances, señala Carlos Brito, pues aunque la ley sigue igual, el tema que implica la neutralidad de las redes y los bloqueos a las señales ya no están contempladas de una manera abierta, pero podría haber una redefinición de la palabra neutralidad y volver a ponerla en marcha.
La ley es muy amplia, explica Carlos Ventura, pero lo que más preocupa en materia de derechos humanos es los que tienen que ver con los medios sociales, públicos e indígenas; la neutralidad y el uso de la internet y el título octavo de la reforma, que tiene que ver con la cooperación con la justicia; en pocas palabras, la ley quiere regular todos los servicios de las telecomunicaciones.
En México, la información, el entretenimiento y la difusión de contenidos está en manos de unos pocos, explica el presidente de AMEDI. La televisión, por ejemplo, que es el medio por el que más recibe información la gente, está dominada por las empresas Televisa y Tv Azteca, que básicamente tienen los mismos contenidos por la competencia que las preside.
Del mismo modo, “el acceso a banda ancha e internet en México, también está en manos de un monopolio, y con la reforma iban a permitir que un solo operador tuviera las facultades de limitar los contenidos, atentando contra la neutralidad de la red. Pero esto ya no lo están contemplando por la presión social”, expresa Agustín Ramírez.
Ventura Calleja también señala, que hay todo un apartado sobre el uso de la información. Advierte que “lo que se busca regular en este tipo de legislación, es que el Estado, específicamente el poder ejecutivo, pueda solicitarle a cualquier proveedor de servicios de internet, que retenga los datos de cualquier persona por el tiempo que considere necesario”.
En el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta, que agrupa a diversas organizaciones, entre ellas el centro de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, considera que en aspectos como la geolocalización “no hay en ninguna parte de la ley que permita la intervención del poder judicial para emitir una orden que haga posible que una autoridad del ejecutivo pueda solicitar retener este tipo de datos a las empresas proveedoras del servicio de internet o telefonía”, expresa Carlos Ventura.
La intervención de comunicaciones tiene que ver con el seguimiento en tiempo real, desde un dispositivo móvil, y la detención de datos, que está como tema central en las discusiones sobre la neutralidad de la internet y “aún sigue en debate si el Estado puede o no intervenir o poner filtros para ver qué información fluye o no”, refiere Ventura.
“Hay una especie de intención, por parte de las autoridades, de controlar aspectos relacionados con los servicios de la red, unidos a los de la telefonía y geolocalización, porque están íntimamente relacionados”, expone Carlos Ventura y agrega que la falta de regulación explicita en la ley telecom y los intereses fácticos de por medio, está haciendo que la ciudadanía, las organizaciones y los pueblos se manifiesten en contra, porqué evidentemente es una violación al derecho de la privacidad, de la información y ante la seguridad judicial.
Esta ley es inconstitucional, manifiesta Carlos Ventura, en función de que se están violando derechos humanos fundamentales para un Estado democrático, es decir, se contrapone a derechos reconocidos internacionalmente, que la Constitución mexicana valida en función del artículo primero.
En materia de seguridad digital “vemos que evidentemente el Estado tiene las herramientas y las tecnologías para poder geolocalizar a las personas, y eso ya está reconocido en el Código Penal federal, sólo que ahí sí media una orden judicial, y en esta ley de telecomunicaciones no; Por eso se corre el riesgo de que cualquier autoridad, específicamente la Secretaría de Gobernación, pida información.
Carlos Ventura expresa que por el modo en que este gobierno ha atacado a los activistas, es evidente que sí hay una tecnología para recabar información “en la que Gobernación, con la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública, recaba información de la red. Se trata de tecnologías que no son ajenas a lo que quieren hacer y es una práctica que se hace ya, el riesgo es la legalización”.
En la ley se contemplaba la posibilidad de que por razones de seguridad nacional, se podrían bloquear señales de información y comunicación en una zona determinada, y precisamente “son este tipo de aberraciones las que no nos parecen y se tienen que seguir denunciando”.
En la Constitución está contemplado, explica Ramírez Ramírez, la protección a las audiencias, pero no los mecanismos para ejecutarla. Actualmente son los códigos de ética donde se establecen los derechos de las audiencias y los concesionarios tienen la facultad de definir los códigos de comportamiento de los operadores; con la iniciativa se pretende que la Secretaría de Gobernación, bajo criterios políticos, supervise y vigile los contenidos de la televisión, quitándole esta función al Instituto Federal de Telecomunicaciones que actualmente tiene la regulación.
Las organizaciones agrupadas en el Frente por la Defensa, consideran que es una ley que violenta, restringe y limita derechos de la información, comunicación; la transparencia y la libertad de expresión.
Ventura añade que se han hecho mítines a las afueras del Senado, explicando de manera muy didáctica como el Estado quiere intervenir y controlar las comunicaciones y proteger a las grandes empresas.
Para Agustín Ramírez, falta que se promueva el acceso y la construcción de medios comunitarios y sociales, pues “estos son la verdadera alternativa a los medios comerciales; más del 70 por ciento de la gente se informa a través de la televisión, por eso se necesita fortalecer los medios comunitarios y públicos para tener otras opciones”, y añade que el Estado debe garantizar que cualquier persona pueda acceder al espectro, ya que es un bien de la nación y no debe estar en manos de unos monopolios.

Fuente: Desinformémonos.

“Gobierno” falsificó cifras sobre la tortura en México, respondió a la ONU con MENTIRAS.

El Estado mexicano “falsificó” cifras de justicia contra la tortura en un informe que envió Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En febrero de 2014, el “gobierno” federal envió un informe al Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas con su respuesta a las recomendaciones que este organismo le hizo después de que considerara que en México había un “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria”.
En este documento, las autoridades mexicanas reportaron que entre el 2005 y el 2013 se lograron 119 “sentencias emitidas en el orden federal” por tortura y para ello citaba “los registros del Consejo de la Judicatura Federal”.
La cifra de “119 sentencias emitidas” contra personas que torturaron era muy diferente a la que tenían organismos no gubernamentales como el Centro Prodh; por lo que este Centro realizó una solicitud de información al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pidiendo, a través de la Ley de Transparencia, información que sustentara lo reportado.
La respuesta ratificó la sospecha del Centro Prodh en el sentido de que México había enviado información tergiversada al CAT. “El CJF nos informó que en realidad el número de sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013 es de cuatro, dos de ellas firmes”, y no de 119, como reportaron las autoridades mexicanas.


LOS PLAZOS Y LA RESPUESTA
En la evaluación al “gobierno” mexicano en el 2012, el CAT condenó el “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria” y pidió a México que informara, en el plazo de un año, de los avances en materia de enjuiciar a los sospechosos de esta práctica.
Plazo que se cumplió a principios de este 2014. La respuesta fue enviada por México en el documento CAT/C/MEX/CO/5-6/Add.1, en el cual el centro Prodh detectó que reportaban las citadas 119 sentencias, el número era mayor al que tenían registrado diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Por ejemplo, en su más reciente informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y maltrato en México”, Amnistía Internacional (AI) reporta que según la PGR, entre el 2008 y el 2011 se abrieron 58 investigaciones preliminares por tortura, que dieron lugar a cuatro actas de acusación formal. De acuerdo con la Judicatura Federal, durante el mismo periodo hubo 12 procesamientos por tortura, que dieron lugar a cinco sentencias condenatorias.
En tanto, el INEGI recogió que, entre el 2006 y el 2010, en el fuero federal hubo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura. En el mismo periodo, en el fuero común (las jurisdicciones de los 31 estados y el DF) hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura. Sin embargo, según AI: “Es imposible correlacionar estas diversas fuentes de datos para obtener un registro interanual exacto”.
El Centro Prodh detalla que, al parecer la cifra de 119 corresponde a personas consignadas por tortura y no a personas sentenciadas.
Ello es “una diferencia muy importante”, ya que la consignación consiste en una acusación de parte del Ministerio Público que puede o no dar lugar a un proceso penal, mientras la segunda es una determinación judicial que impone una sanción por este delito, explica.
“En un contexto de impunidad casi total por actos de tortura, es sumamente grave que el Estado haya tergiversado este dato ante Naciones Unidas”, sentenció el Centro Prodh y exhibió que ello se dio sólo un par de meses antes de la visita oficial que el Relator sobre Tortura, Juan Méndez realizó al país del 21 de abril al 2 de mayo del 2014, de la que en conclusiones preliminares destacó que este delito es una práctica “generalizada” en México.
“La principal beneficiaria de estas actitudes por parte del Estado es la impunidad. Persistir en el encubrimiento y la simulación es continuar generando condiciones para alimentar el ciclo de la tortura. Es sumamente grave que mientras cada vez más sobrevivientes denuncian la tortura a pesar del miedo y los obstáculos que enfrentan, el propio Estado sigue encubriendo la magnitud del problema ante la comunidad internacional”, reclamó el Centro Prodh.
“Solamente con una acción firme por parte de los funcionarios públicos responsables, aplicando la ley y demostrando su voluntad para castigar a los perpetradores, se podrá desarrollar una lucha frontal contra la tortura”, concluyó.

El Papa pide perdón por los curas pederastas, y por los líderes católicos que no atendieron las denuncias.

 

El Papa pidió hoy “perdón” por los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes católicos y también por los “pecados de omisión” de parte de líderes de la Iglesia que se abstuvieron de responder adecuadamente a las denuncias. Francisco se reunió hoy por primera vez con un grupo de seis víctimas de curas pederastas, para las cuales celebró la misa en la capilla de su residencia vaticana, la Casa de Santa Marta, y pronunció una homilía en español. “Ante Dios y su pueblo expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes y humildemente pido perdón”, indicó. “También les pido perdón por los pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso”, agregó. El líder católico reconoció que la actitud de ignorar las denuncias provocó un “sufrimiento adicional” a quienes fueron abusados y puso en peligro a otros menores que estaban en situación de riesgo. Reconoció la valentía de las víctimas y otras personas los cuales –dijo- al exponer la verdad brindaron un “servicio de amor” que llevó luz sobre una “terrible oscuridad” en la vida de la Iglesia. “No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, independientemente de su estado clerical”, advirtió. Insistió que todos los obispos deben ejercer sus oficios de pastores con “sumo cuidado” para salvaguardar la protección de menores y rendirán cuentas de esta responsabilidad. Sostuvo que los abusos son más que actos reprobables, se trata de un “culto sacrílego” porque esos chicos y esas chicas fueron confiados al sacerdote para ser llevados a Dios y ellos los sacrificaron “al ídolo de su concupiscencia”. “Desde hace tiempo siento en el corazón el profundo dolor, sufrimiento, tanto tiempo oculto, tanto tiempo disimulado con una complicidad que no, no tiene explicación, hasta que alguien sintió que Jesús miraba, y otro lo mismo y otro lo mismo (…) y se animaron a sostener esa mirada”, dijo. “Y esos pocos que comenzaron a llorar nos contagiaron la consciencia de este crimen y grave pecado. Esta es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos”, apuntó. Según el Papa, la Iglesia mira los ojos de Jesús en esos niños y niñas víctimas y quiere llorar, por eso pide la gracia de llorar ante los execrables actos que han dejado cicatrices para toda la vida. Aceptó que esas heridas son “fuente de profunda y a menudo implacable” de angustia emocional y espiritual y de desesperación. Por eso –continuó- muchos de los que han sufrido esta experiencia han buscado paliativos por el camino de la adicción. Destacó que otros han experimentado trastornos en las relaciones con padres, cónyuges e hijos; un sufrimiento de las familias especialmente grave ya que el daño provocado por el abuso, afecta a estas relaciones vitales de la familia. “Algunos han sufrido incluso la terrible tragedia del suicidio de un ser querido. Las muertes de estos hijos tan amados de Dios pesan en el corazón y en la conciencia mía y de toda la Iglesia. Para estas familias ofrezco mis sentimientos de amor y de dolor”, señaló. “Hemos de hacer todo lo que sea posible para asegurar que tales pecados no vuelva a ocurrir en la Iglesia”, se comprometió.

Fuente: Sin Embargo.

Habla esposa de Mireles: “Lo engañaron, lo humillaron…”.

 

José Manuel Mireles, quien fuera jefe de todas las autodefensas de Michoacán, fue capturado porque osó cuestionar la estrategia anticrimen del presidente Enrique Peña Nieto en esa entidad, asegura Ana Valencia, esposa del médico. El trato que su compañero ha recibido, abunda, está lleno de irregularidades: Ha sido maltratado, humillado y lo han intentado engañar; no le hicieron prueba antidoping pese a que lo acusan de poseer droga para consumo personal, y aunque su juicio se desahoga en Uruapan, Michoacán, lo trasladaron a Hermosillo, Sonora.

Con un amplio operativo militar y policiaco, José Manuel Mireles fue detenido, esposado y encapuchado la tarde del 26 de junio mientras comía una pierna de pollo en la comunidad de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Horas antes había recibido mensajes por radio y teléfono: sus allegados le advertían que se estaba preparando un golpe en su contra. Pensó que éste provendría de Los Caballeros Templarios, pero se trataba de una acción del gobierno federal, que lo detuvo por haber “desafiado al Estado”, según palabras del comisionado Alfredo Castillo.

Luego de un par de visitas al penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, Ana Valencia, esposa de Mireles, asegura que a su esposo le pusieron una trampa, y le manda un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto:

“Mi esposo es un luchador social, no un criminal. Se equivocaron de persona. Si no les gustó lo que estaba diciendo, no debieron haber hecho las cosas así, inculparlo por droga… Jamás van a ganar porque no es narcotraficante ni adicto a las drogas ni asesino. Es un luchador social, un líder de años, aquí y en Estados Unidos.”

Para Ana Valencia, su marido es un preso político. Considera que lo detuvieron porque le dijo al presidente que no estaba de acuerdo con su estrategia anticrimen en el estado de Michoacán.

“A la mejor no supo medir lo que hablaba en televisión, pero hizo uso del derecho de expresión que tenemos todos. Que el señor presidente recuerde que le ayudó a limpiar 90% de Michoacán; que tome en cuenta eso, que le ayudó a hacer más bien que mal. Le pido que le den oportunidad de defenderse como debe de ser, porque el hecho de que el juicio esté en Uruapan, y él en Hermosillo, es un desgaste moral y económico, y no somos personas ricas”, abunda la señora.

Entrevistada telefónicamente el jueves 3 por la noche, asevera que su compañero permanece en una celda pequeña, “como si fuera caja fuerte, con una puerta de metal de varias pulgadas de grosor, por la que le pasan la comida a través de un orificio. No tiene comunicación con nadie”. Aunque se enteró de que ya lo están tratando de su diabetes, apunta que aún lo ve mal porque la alimentación es poca.

La lista de los más buscados en México.

 

Ismael “El Mayo” Zambada García.
Líder del Cártel del Pacífico que utiliza los alias de Gerónimo López Landeros, Jesús Loaiza Avendaño e Ismael Higuera Rentería, entre otros, con principales zonas de operación en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Yucatán. Presuntamente quedó –en solitario- como jefe de la organización que lideraba junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Cuenta con órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, delincuencia organizada, acopio de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.
Legendario narcotraficante al que se ha identificado en la cúpula de diversas organizaciones criminales, más afín al Cártel de Sinaloa y con gran capacidad negociadora. Ha operado principalmente en actividades de blanqueo de capitales, en los estados de Sinaloa, Querétaro, Morelos, Tamaulipas y Jalisco. Recientemente el semanario Río Doce informó que el presunto capo murió en Guadalajara, donde tenía su residencia. Al no confirmarse su deceso, las autoridades le tienen entre los más buscados.

Rafael Caro Quintero.
Fundador del Cártel de Guadalajara en los años ochenta, es uno de los delincuentes más reclamados a nivel internacional. Cuenta con orden de detención provisional con fines de extradición internacional para ser llevado a los Estados Unidos de América, donde tiene cuentas pendientes por delitos contra la salud. En México también se resolverá en amparo directo sobre su responsabilidad en el secuestro y homicidio del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar; hechos por los cuales ya contaba con una sentencia de 40 años de prisión, modificada en agosto de 2013. Se permitió su egreso del penal de Puente Grande.

Servando Gómez Martínez “La Tuta”.
También conocido como “El Profe”, el maestro normalista fue fundador del Cártel de La Familia Michoacana al lado de Nazario Moreno “El Chayo” y Jesús “El Chango” Méndez, teniendo como zonas de operación los estados de Michoacán, Estado de México y Guerrero. Al fracturarse la coordinación entre los líderes y los cárteles aliados, Milenio y Sinaloa, “La Tuta” y “El Chayo” decidieron crear la organización delictiva ahora identificada como Los Caballeros Templarios, que vio acotada su zona de influencia al Estado de Michoacán por los ataques de organizaciones rivales, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el surgimiento de los grupos de autodefensas que los han combatido junto con el Gobierno Federal.

Héctor Beltrán Leyva “El H”.
Considerado el líder de la organización criminal que anteriormente dirigieran sus hermanos Arturo “El Barbas” (muerto) y Alfredo “El Mochomo” (preso), utiliza los alias de Pedro Coronel y Alfredo López “El General”. Opera principalmente en los estados de Sinaloa, Nayarit, Distrito Federal, Morelos y Guerrero. Otro de sus hermanos, Carlos, se encuentra preso. “El H” es buscado por delitos contra la salud, delincuencia organizada, acopio de armas y lavado de dinero.


Vicente Carillo Fuentes “El Viceroy”.
Presuntamente en el exilio, es aún contemplado por las autoridades como el jefe del Cártel de Juárez que encabezara su hermano Amado “El Señor de los Cielos” en la década de los noventa. Su actividad se vio mermada por los conflictos sostenidos con diversos cárteles, entre éstos el de Sinaloa, tras la ejecución de Rodolfo Carrillo Fuentes “El Rodolfillo”, en 2004. En Chihuahua tiene la mayor influencia a través de diferentes pandillas que trafican droga en ambos lados de la frontera.

Omar Treviño Morales “El L-42”.
Cabeza visible del grupo criminal Los Zetas, el también conocido como “El Z-42” militó en el Cártel del Golfo antes de la ruptura entre ambas organizaciones. Tras la detención de su hermano Miguel Ángel Treviño “El Z-40”, Omar se hizo cargo del grupo, operando en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, aunque cuenta con células en más de la mitad de las entidades del país con mayor influencia en la región Sureste. Tiene órdenes de captura en su contra por delincuencia organizada, portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea.


Rubén Oseguera Cervantes “Nemesio” o “El Mencho”.
Michoacano originario del poblado de Chila, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de la detención de J. Jesús “El Chango” Méndez Vargas a principios de la década. Durante muchos años fue lugarteniente de distintos capos de la droga, entre ellos los Valencia del Cártel del Milenio. Es considerado un hombre muy hábil para los negocios ilícitos, capaz de vender protección a otros poderosos jerarcas del narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, al que presuntamente ofreció sus servicios de custodia cuando éste salió del penal de Puente Grande.

Tribunal Permanente de los Pueblos Canadá sentencia a mineras canadienses y pide nueva legislación internacional.

Por Arnau Cunties

La 40a sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), centrada sobre la actuación de la minería canadiense en la América Latina, se celebró en Montreal del 29 de mayo al 1 de junio del 2014. En este caso, el histórico tribunal no solamente se fijó en las responsabilidades de las transnacionales mineras canadienses y los gobiernos receptores de las inversiones, sino también en la actuación del Estado canadiense y sus repercusiones. La celebración de este juicio ético fue posible gracias a la labor de cuarenta entidades de defensa del medio ambiente y de derechos humanos.

Actualmente, el 75% de las mineras mundiales tienen su sede en Canadá y entre el 50 y el 70% de la actividad minera de Latinoamérica se lleva a cabo por mineras canadienses o filiales de éstas. Alain Deneault –profesor de sociología en la Universidad de Quebec y coautor del libro Noir Canada– quien testificó en el juicio, comparó el país con un «paraíso minero» por las facilidades y el apoyo (financiero, económico, político y diplomático) que los proyectos mineros reciben por parte del Estado, aunque no respeten los derechos humanos más elementales como el derecho a la vida, a la salud o a la autodeterminación de las comunidades afectadas (a través de la elección previa, libre e informada).

Durante los tres días que duró la audiencia, testificaron una treintena de testigos de las comunidades afectadas, luchadores por los derechos humanos y expertos juristas, y se presentó abundante documentación entre la que se incluían documentos oficiales desclasificados. En consecuencia, el TPP Canadá ha considerado probado que las corporaciones investigadas han «incurrido en la violación de los derechos humanos» y que el Estado canadiense y los Estados latinoamericanos que reciben las explotaciones mineras son responsables de «no prevenir, de facilitar, tolerar o encubrir las violaciones, así como de impedir en la práctica, el acceso de las víctimas a un recurso que las proteja». Una situación que se ve agravada por la debilidad de la legislación internacional actual. (Consulta el dictamen preliminar aquí. Para más información visitasu página de facebook).

 

 Apoyo a legislación vinculante internacional

Además de denunciar la situación, el tribunal hizo 43 recomendaciones a diferentes organismos y Estados. Una de estas recomendaciones pedía la elaboración de normas obligatorias para las empresas transnacionales a nivel internacional. En este sentido, se apoyó la propuesta de un tratado internacional de normas vinculantes que presentó Ana María Suárez Franco, representante de la FIAN (FoodFirst Information and Action Network) –organización internacional que lucha por el derecho a la alimentación desde hace casi treinta años– durante su intervención como testigo en el tribunal.

Según denuncia Suárez Franco, «desde hace 40 años la sociedad civil está pidiendo a Naciones Unidas que se cree un tratado vinculante y obligatorio que regule las actividades de las compañías transnacionales en relación con los derechos humanos», con escasa fortuna. No obstante, 85 países van a presentar una propuesta en unos meses para solicitar la creación de un grupo de trabajo que empiece a discutir la cuestión. La representante del FIAN admite que «es un trabajo larguísimo, desde que el grupo de trabajo empieza a analizar cómo regular a las empresas, cómo asegurar que los derechos humanos tengan la primacía, que haya mecanismos de rendición de cuentas, que haya mecanismos internacionales para llevar los casos y demandarlos» pero que consideran importante «que se comience ya».

Aunque los países del norte –donde la mayoría de transnacionales están radicadas– son el principal escollo que la iniciativa debe superar, también hay algunos países del sur que se muestran reticentes. Según Suárez Franco, esto ocurre porque «tienen miedo de que esta legislación espante inversiones extranjeras, pero si es común y se cumple en todos los sitios, esto no ocurrirá». Desde la FIAN actualmente se trabaja haciendo cabildeo para sumar la mayoría de apoyos posibles, y la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos podría contribuir a ello. Como comentó uno de los miembros del jurado, el profesor en derecho internacional de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Antoni Pigrau, el TPP «no tiene consecuencias directas por tratarse de un tribunal de opinión», pero puede contribuir a hacer más conocidas algunas de las violaciones de derechos humanos que se dan actualmente y «ayudar a grupos y entidades opositoras a hacer un proceso de reflexión y afinar estrategias».

* En México, desde finales del 2011 el Tribunal Permanente de los Pueblos está en proceso, realizando diversas audiencias temáticas para conocer los múltiples casos de violaciones a los Derechos Humanos y a los Derechos de los Pueblos para determinar la responsabilidad de gobiernos y/o empresas dentro del país. En septiembre comienzan las audiencias temáticas finales y la audiencia final general será del 12 al 14 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México (para más información visita la página del TPP México).

De Subversiones.

Actriz pide a GDF tener a gays en sus casas, no en el Zócalo.

La actriz Laura Zapata causó polémica en Twitter al criticar una fotografía de la Marcha por el Orgullo Gay, realizada este sábado, en la que pide mandar a las personas que aparecen en la imagen a sus casas.

Al compartir la foto en la que se ven tres hombres en lencería que participaron en la movilización, la también excandidata panista a diputada federal aseguró que “es lo que ha dejado en la cuidad” el PRD.

En el comentario, Zapata etiquetó al actual jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y al exmandatario capitalino Marcelo Ebrard, quienes fueron impulsados por el PRD para llegar al gobierno de la ciudad.

 

El tuit de la actriz causó polémica y generó todo tipo de comentarios: los reclamos no se hicieron esperar, pero también los comentarios de apoyo a su postura.

La XXXVI Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (LGBTTTI) de la Ciudad de México se realizó este sábado en avenida Reforma y llegó hasta el Zócalo, participaron en la movilización más de 12,000 personas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

Fuente: ADN Político.

 

Internet viaja en burro en Turquía. Literal.

 

Globos, vehículos aéreos no tripulados y satélites son tan sólo algunos ejemplos de los esfuerzos que actualmente se realizan para llevar Internet a los lugares más apartados del orbe. Sin embargo, en medio de una lluvia de iniciativas queda por resolver un pequeño detalle que vuelve inútiles a la mayoría de las iniciativas presentadas: la falta de acceso a la red eléctrica. Para solucionar este inconveniente la compañía turca Ser-Gün decidió dar una opción que a muchos les parecería inverosímil. Sin embargo, está demostrando ser ideal para los lugares más apartados de esta nación ubicada en los limites de Europa y Asia. ¿Su estrategia? Vender burros con paneles solares y conexión a la red de redes a campesinos que quieren dar el salto a la era de Internet, dio a conocer el sitio especializado io9. “Los pastores tienen un momento difícil”, dijo el analista de energía alternativa Ozgur Gurbuz. “Ellos viven lejos de las ciudades [y] los pueblos, y la única manera [para ellos] para socializar es ver la televisión o usar [computadoras]. La energía solar sirve a ambos propósitos”, publicó el sitio Fast Company. Cada “kit” cuesta 2 mil 800 liras turcas (aproximadamente 17 mil 92 pesos), de los cuales alrededor de la mitad está cubierta por los fondos estatales de desarrollo, de acuerdo con reportes de la prensa turca.


¿De que manera podrían beneficiarse los pastores turcos con el acceso a internet? ¿Conseguir vidas para Candy Crush o subir selfies a Facebook? Probablemente eso harían muchos, sin embargo, también es una manera de cambiar la manera en la que las noticias llegan al campo turco, en donde la única información disponible es generalmente proporcionada por los medios de comunicación controlados por el gobierno. Al encontrar nuevas maneras de estar en línea, estos burros con energía solar, que pueden producir entre 5 y 7 kilovatios también están ayudando a los pastores que viven en las partes más remotas del país a tener acceso a una mayor diversidad de fuentes de información. En los últimos años, Turquía ha tenido problemas en los que internet figura como punto de discusión y blanco de censura. No obstante, lo cierto es que son muchas las personas que hasta ahora ignoraban estas tendencias y ahora quieren poder comunicarse con todo el mundo. El problema, en el caso de los pastores de esta nación, es el estilo de vida casi nómada que tienen, el cual les obliga a cambiar constantemente de lugar junto con su ganado. De igual manera, muchas de las regiones del país simplemente no cuentan con la infraestructura necesaria o se encuentran demasiado apartadas y de difícil acceso como para justificar una inversión por parte del gobierno local. Por tal motivo, los habitantes del campo pueden llegar a pasar días enteros o incluso semanas sin encontrar un enchufe eléctrico. Sin embargo, gracias a la nueva alternativa protagonizada por los animales de carga es seguro que los campesinos y pastores puedan tener acceso a las comodidades de la comunicación moderna.

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