viernes, 2 de mayo de 2014
Inmunidad a toda costa. Ex Presidentes Intocables.
No obstante las tragedias nacionales gestadas en sus gobiernos, los ex Presidentes mexicanos jamás han sido llamados a cuentas y mucho menos, juzgados. El primer mandatario en turno es capaz de usar todas las cartas a favor con tal de darles garantía de intocables. Este hilo conductor de la política mexicana ha sido irrompible sin importar el color del partido en el poder. Acuerdo histórico, más que legal, cubrirse las espaldas ha impedido la impartición de justicia en heridas abiertas como la masacre del 2 de octubre de 1968, el episodio llamado “Guerra Sucia”, la crisis económica de diciembre de 1994, el Fobaproa, la matanza de Acteal o la Guerra contra el Narcotráfico. Los saldos de cada uno de estos truculentos episodios se miden en muertos, desaparecidos o sueños truncados, pero nunca en responsables.
Como ajedrez jugado a pausas a través de las décadas, el esclarecimiento de las tragedias nacionales adquiere alguna vez manos que desean avanzar, pero mantiene otras empeñadas en estancarse en las posiciones. Quizá nunca ganen las primeras, ni se muevan las segundas. La inmunidad para los ex presidentes mexicanos ha sido uno de los hilos que ha recorrido los sexenios, sin importar los colores partidistas en el poder. Aunque ocupen el centro neurálgico de cada trauma social, ningún ex mandatario ha sido juzgado. Ni bajo las figuras jurídicas que lo permiten ni bajo el clamor de la sociedad, representado en las Asociaciones Civiles y Organizaciones no Gubernamentales. “Ese manto de inmunidad es una ley no escrita en la política mexicana. Todos los Presidentes cubren a sus antecesores”, expone Telésforo Nava, especialista en el sistema político mexicano y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Iztapalapa. “Y esta ley se escribe sobre un precepto simple: si ellos no se meten con los anteriores, en el futuro no se van a meter con ellos”. Acuerdo histórico, más que legal, cubrirse las espaldas ha impedido la impartición de justicia en casos tan añejos como la masacre del 2 de octubre de 1968 o el episodio llamado “Guerra Sucia” que dejó cientos de desaparecidos. Después, ha obstaculizado aclarar quién fue el responsable en la crisis económica de diciembre de 1994 que le dio al traste a los anhelos de muchos mexicanos. A ello se añade la decisión del Fobaproa, el instrumento de rescate bancario que mantiene endeudados a los ciudadanos, así como la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas. Luego, la Guerra en contra del Narcotráfico con sus 120 mil muertos. Sobre esos truculentos episodios siempre ha caído una cortina de silencio que está muy lejos de cerrar las heridas. Netzaí Sandoval, el abogado que promovió la demanda por lesa humanidad en contra de Felipe Calderón Hinojosa en la Corte Penal Internacional de La Haya, advierte que el hilo de inmunidad no resistirá mucho. “Este tipo de cultura no sólo de inmunidad sino de impunidad está transformándose. Un ejemplo es España. Cuando teóricamente transitó a la democracia, no le hizo nada bien dejar a los muertos enterrados y no sanar el pasado. Porque esos mecanismos de olvido aseguran impunidad a quienes cometieron crímenes. Muchas veces, esos crímenes no fueron de sus opositores políticos; sino de personas que se cruzaron en su camino”.
EL SUEÑO DE JUZGAR AL PRESIDENTE
En las intenciones de los mexicanos ha estado presente la idea de llevar a juicio a quienes se han puesto la banda presidencial bajo la protesta del Artículo 87 constitucional: “… desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. Un llamamiento a cuentas bajo fiscalización en contra del Ejecutivo es improcedente. El Artículo 108 de la Constitución indica que sólo se les puede juzgar por Traición a la Patria y delitos del orden común, y el 110 de la misma Carta Magna establece que el juicio político sólo es para servidores públicos. En contra de los ex Presidentes tampoco hay ningún instrumento legal. El juicio político posee un ámbito temporal de aplicación que es cuando el servidor público está en funciones. Pese a ello, cuatro ex mandatarios fueron demandados bajo esa figura jurídica: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, según consta en los archivos de las legislaturas. “Porque juzgar al Presidente o ex Presidente de la República ha constituido un debate permanente, pero también un sueño inacabado”, expresa Telésforo Nava cuando busca las razones de la paradoja. De 2000 a 2012, desde varias instancias, juristas y asociaciones civiles propusieron reformas políticas cuyo debate social con el tiempo expiró. Una de las propuestas provino en 2009 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que presentó al Senado de la República una serie de modificaciones legales que reformaban el Estado. En el rubro de “Responsabilidad política del Presidente de la República y de los altos mandos del Poder Ejecutivo federal”, el IIJ-UNAM sugirió ante la Cámara Alta: “Restablecer la responsabilidad política del Presidente en términos ya señalados en la Constitución de 1857 por violación grave a la Constitución. Esta deberá reintegrarse expresamente en el artículo 108 y contemplarse en los demás preceptos del título IV del texto constitucional, como supuesto de hecho para que las cámaras del Congreso de la Unión sujeten al Presidente a un juicio político que pueda conducir a su remoción”. El alcance de la propuesta tocaba al resto de servidores públicos con la depuración del título IV de la Constitución denominado “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado” para quitar el fuero. Si bien el juicio político fue integrado a la Constitución de 1982, tuvo un solo receptor: el ex senador Jorge Díaz Serrano, a quien en 1983 el entonces Presidente Miguel de la Madrid y la mayoría priista en el Congreso de la Unión lo despojaron de fuero para procesarlo por desvío de fondos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ninguna otra petición ha prosperado. Ni siquiera para el senador Carlos Romero Deschamps, cuya fortuna está hecha también en torno a Pemex, una de las instituciones más emblemáticas al ser el petróleo el principal ingreso económico de la economía mexicana. Desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados sumó cientos de peticiones de juicio político, pero la mayoría fue desechada por falta de elementos probatorios. En el archivo de la comisión se encuentran demandas en contra de Santiago Creel, quien fue secretario de Gobernación de 2000 a 2005; Andrés Manuel López Obrador quien ocupó la jefatura del Gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2006; Patricio Chirinos, gobernador de Veracruz de 1992 a 1998; o José Woldenberg como presidente del Instituto Federal Electoral, entre 1996 y 2003. Diluido el debate para la reforma del Estado que implicaría juicio político del Presidente y los ex Presidentes, Telésforo Nava resume: “No hay voluntad de juzgar hechos lastimosos. Se alega que nuestra cultura es presidencialista. Y no hemos querido instaurar un Estado de Derecho en el que todos estemos sometidos a las leyes”.
Como ajedrez jugado a pausas a través de las décadas, el esclarecimiento de las tragedias nacionales adquiere alguna vez manos que desean avanzar, pero mantiene otras empeñadas en estancarse en las posiciones. Quizá nunca ganen las primeras, ni se muevan las segundas. La inmunidad para los ex presidentes mexicanos ha sido uno de los hilos que ha recorrido los sexenios, sin importar los colores partidistas en el poder. Aunque ocupen el centro neurálgico de cada trauma social, ningún ex mandatario ha sido juzgado. Ni bajo las figuras jurídicas que lo permiten ni bajo el clamor de la sociedad, representado en las Asociaciones Civiles y Organizaciones no Gubernamentales. “Ese manto de inmunidad es una ley no escrita en la política mexicana. Todos los Presidentes cubren a sus antecesores”, expone Telésforo Nava, especialista en el sistema político mexicano y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Iztapalapa. “Y esta ley se escribe sobre un precepto simple: si ellos no se meten con los anteriores, en el futuro no se van a meter con ellos”. Acuerdo histórico, más que legal, cubrirse las espaldas ha impedido la impartición de justicia en casos tan añejos como la masacre del 2 de octubre de 1968 o el episodio llamado “Guerra Sucia” que dejó cientos de desaparecidos. Después, ha obstaculizado aclarar quién fue el responsable en la crisis económica de diciembre de 1994 que le dio al traste a los anhelos de muchos mexicanos. A ello se añade la decisión del Fobaproa, el instrumento de rescate bancario que mantiene endeudados a los ciudadanos, así como la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas. Luego, la Guerra en contra del Narcotráfico con sus 120 mil muertos. Sobre esos truculentos episodios siempre ha caído una cortina de silencio que está muy lejos de cerrar las heridas. Netzaí Sandoval, el abogado que promovió la demanda por lesa humanidad en contra de Felipe Calderón Hinojosa en la Corte Penal Internacional de La Haya, advierte que el hilo de inmunidad no resistirá mucho. “Este tipo de cultura no sólo de inmunidad sino de impunidad está transformándose. Un ejemplo es España. Cuando teóricamente transitó a la democracia, no le hizo nada bien dejar a los muertos enterrados y no sanar el pasado. Porque esos mecanismos de olvido aseguran impunidad a quienes cometieron crímenes. Muchas veces, esos crímenes no fueron de sus opositores políticos; sino de personas que se cruzaron en su camino”.
EL SUEÑO DE JUZGAR AL PRESIDENTE
En las intenciones de los mexicanos ha estado presente la idea de llevar a juicio a quienes se han puesto la banda presidencial bajo la protesta del Artículo 87 constitucional: “… desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. Un llamamiento a cuentas bajo fiscalización en contra del Ejecutivo es improcedente. El Artículo 108 de la Constitución indica que sólo se les puede juzgar por Traición a la Patria y delitos del orden común, y el 110 de la misma Carta Magna establece que el juicio político sólo es para servidores públicos. En contra de los ex Presidentes tampoco hay ningún instrumento legal. El juicio político posee un ámbito temporal de aplicación que es cuando el servidor público está en funciones. Pese a ello, cuatro ex mandatarios fueron demandados bajo esa figura jurídica: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, según consta en los archivos de las legislaturas. “Porque juzgar al Presidente o ex Presidente de la República ha constituido un debate permanente, pero también un sueño inacabado”, expresa Telésforo Nava cuando busca las razones de la paradoja. De 2000 a 2012, desde varias instancias, juristas y asociaciones civiles propusieron reformas políticas cuyo debate social con el tiempo expiró. Una de las propuestas provino en 2009 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que presentó al Senado de la República una serie de modificaciones legales que reformaban el Estado. En el rubro de “Responsabilidad política del Presidente de la República y de los altos mandos del Poder Ejecutivo federal”, el IIJ-UNAM sugirió ante la Cámara Alta: “Restablecer la responsabilidad política del Presidente en términos ya señalados en la Constitución de 1857 por violación grave a la Constitución. Esta deberá reintegrarse expresamente en el artículo 108 y contemplarse en los demás preceptos del título IV del texto constitucional, como supuesto de hecho para que las cámaras del Congreso de la Unión sujeten al Presidente a un juicio político que pueda conducir a su remoción”. El alcance de la propuesta tocaba al resto de servidores públicos con la depuración del título IV de la Constitución denominado “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado” para quitar el fuero. Si bien el juicio político fue integrado a la Constitución de 1982, tuvo un solo receptor: el ex senador Jorge Díaz Serrano, a quien en 1983 el entonces Presidente Miguel de la Madrid y la mayoría priista en el Congreso de la Unión lo despojaron de fuero para procesarlo por desvío de fondos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ninguna otra petición ha prosperado. Ni siquiera para el senador Carlos Romero Deschamps, cuya fortuna está hecha también en torno a Pemex, una de las instituciones más emblemáticas al ser el petróleo el principal ingreso económico de la economía mexicana. Desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados sumó cientos de peticiones de juicio político, pero la mayoría fue desechada por falta de elementos probatorios. En el archivo de la comisión se encuentran demandas en contra de Santiago Creel, quien fue secretario de Gobernación de 2000 a 2005; Andrés Manuel López Obrador quien ocupó la jefatura del Gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2006; Patricio Chirinos, gobernador de Veracruz de 1992 a 1998; o José Woldenberg como presidente del Instituto Federal Electoral, entre 1996 y 2003. Diluido el debate para la reforma del Estado que implicaría juicio político del Presidente y los ex Presidentes, Telésforo Nava resume: “No hay voluntad de juzgar hechos lastimosos. Se alega que nuestra cultura es presidencialista. Y no hemos querido instaurar un Estado de Derecho en el que todos estemos sometidos a las leyes”.
Felipe Calderón:
a) Los Hechos.
Es diciembre de 2006 y hace diez días que Felipe Calderón Hinojosa asumió como Presidente de México. Ha decidido emprender el Operativo Conjunto Michoacán que con el transcurso de los meses se extenderá a Baja California, Veracruz, Chihuahua y Sinaloa. Ha decidido lo que para los estudios de la Historia reciente pasará como “Guerra contra el Narcotráfico”. Ha anunciado, el Presidente, que se debilitará el flujo de dinero, la red operativa y la distribución. Pero transcurrirá un año y al Presidente Calderón se le acumularán denuncias sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de cientos de ciudadanos. Se le juntarán 80 mil muertos. Y la brutalidad encontrará muchas formas. Aparecerán cadáveres colgados. Al amanecer, en cualquier carretera, habrá cabezas humanas. En los caminos rurales se descubrirán cuerpos desmembrados o disueltos en ácido. Nada volverá a ser igual. Porque no sólo habrá muertos. Otros miles se esfumarán de sus hogares, los centros de trabajo, las calles, la vida. Como truculento acto de magia, estarán ahí y en dos segundos, ya no.
b) La Inmunidad.
El 25 de noviembre de 2011, Felipe Calderón Hinojosa fue demandado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Países Bajos, por un grupo de abogados y 23 mil ciudadanos mexicanos. Pidieron juicio por la responsabilidad individual en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En principio, el expediente documentó 50 mil muertes y 10 mil desaparecidos, así como la brutal forma en que habían encontrado la hora última. En 2011 el expediente tenía 700 fojas. Hoy se compone de más de siete mil. El proceso para que la Corte emita el fallo aún continúa y puede tomar varios años. La vida del ex Presidente Felipe Calderón dista mucho de mostrar temor por esta demanda. Continúa en la Universidad de Harvard, recibe premios y envía twitts en los que muestra indignación por asesinatos cometidos en México.
Ernesto Zedillo:
a) Los Hechos.
Es 22 de diciembre de 1997. En la ermita de Acteal, nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños (uno no ha cumplido el año) van a ser asesinados y con su muerte integrarán el expediente de una herida que se quedará muy abierta. ¿Quién y por qué se atreverá a desatar la muerte de esta forma en las montañas del sur de México? La respuesta, para los observadores, siempre se bifurcará. Una de las explicaciones será que la masacre se originará en una descontrolada estrategia paramilitar orquestada por la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León. Para otros será un mero pleito entre comunidades rivales por la propiedad de territorios, como el banco de abejas de Majomut. En 2006, el gobierno federal creará la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal que responsabilizará por primera vez al ex Presidente Zedillo. En 126 páginas argumentará que tanto Zedillo como su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz y el ex procurador Jorge Madrazo Cuéllar son responsables de los homicidios. ¿Qué culpa se le va a encontrar al ex Presidente? Omisión conspirativa, dirá el informe de la comisión.
b) La Inmunidad.
En septiembre de 2009, abogados de los familiares de 10 víctimas presentaron en la Corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos, una demanda cuya base fue el informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal. En el ocaso de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa envió una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos pera que le otorgara inmunidad al ex Presidente. Obligada por la Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló el contenido de la nota en 2012. En ella se lee: “Cualquier acto realizado por el ex Presidente Ernesto Zedillo respecto a los hechos relatados en la demanda que da origen al caso de antecedentes, se llevó a cabo en el curso de su función oficial como Jefe de Estado y por lo tanto, de pronunciarse en algún sentido, la corte estaría decidiendo sobre acciones soberanas del gobierno de México”. En septiembre de 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos accedió a la petición del gobierno mexicano y le otorgó inmunidad al ex mandatario. Un juez desestimó la demanda frente a la inmunidad del ex Presidente. Los demandantes se acogieron a la figura del amparo; pero en febrero de 2014, una corte federal rechazó la apelación. El argumento fue que Zedillo, como ex jefe de Estado, es inmune.
Carlos Salinas:
a) Los Hechos.
Es diciembre de 1994. La política tendrá más peso que las advertencias en la toma de decisiones. El gobierno federal devaluará el peso apenas amanezca el 20 de diciembre. Ese será el meollo de la historia. Pero en el pasado reciente hubo otros relatos. El primero de enero de 1994, la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo explosión apenas entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). La insurgencia hizo evidente la desigualdad entre regiones y el sometimiento de los indígenas. El 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia, fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana y entonces, las reservas extranjeras de México que eran de 28 mil 300 millones de dólares el día del asesinato cayeron a 17 mil 300 millones para finales de abril. A mediados de su sexenio, Salinas había abierto la puerta para que las tesorerías de las principales empresas estadounidenses ingresaran a los mercados mexicanos con títulos financieros denominados Tesobonos. Esos títulos de corto plazo, que primero estuvieron denominados en pesos, garantizados por el gobierno mexicano, y que después se habrían de convertir a dólares. Eran una bomba de tiempo para México, pero un negocio redondo para los inversionistas. La economía estaba “prendida con alfileres”. Pero la decisión de devaluar el peso este 20 de diciembre, México la pagará muy caro. Podrá hacer frente a sus obligaciones por tesobonos gracias al paquete de rescate de más de 50 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y varios bancos centrales, en su mayoría a través del Bank for Inernational Settlements.
b) La Inmunidad.
Han pasado veinte años de ese episodio de errores y omisiones, y México aún no sabe cómo juzgarlo. La inmunidad en este caso es para dos ex Presidentes: Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. En estas dos décadas ambos se han culpado sin ceder un ápice. En el debate político flota una constelación de preguntas sin respuesta: ¿Cuál de los dos gobiernos fue el responsable de que miles de empresarios vieran el fin de sus negocios, de que millones de familias fueran arruinadas y de que miles de estudiantes observaran truncarse sus esperanzas, a la par de una economía nacional paralizada? ¿Quién va a pagar por el rosario de malas decisiones? Según palabras dichas ante la prensa en 2006, por Claudio Loser, negociador del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la crisis, la culpa fue del ex Presidente Salinas quien se aferró a una paridad cambiaria rígida (de bandas) que no era sostenible. Además, ocultó información crucial y oportuna a los mercados sobre endeudamiento y reservas internacionales. Esta falta de transparencia, este ocultamiento, Salinas lo negó con tajancia en su libro sobre el episodio en el que bautizó los hechos como “el error de diciembre”. Para Loser, Zedillo tuvo su cuota de responsabilidad al no saber manejar la situación.
Ernesto Zedillo (Otra vez):
a) Los Hechos.
Después de la crisis de diciembre de 1994, el Presidente Ernesto Zedillo ha anunciado el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un instrumento con el que desea rescatar el ahorro en los bancos. Ya es 1995 y el primer mandatario ha explicado que la quiebra de los bancos hará imposible el acceso a créditos y los ahorradores no podrán disponer de sus depósitos. El primer mandatario ha dicho que su decisión se debe a su deseo de evitar el colapso de la infraestructura productiva. En 1998, mediante la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el Fobaproa fue convertido en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y ahora, las pérdidas económicas de los bancos privados se convierten en deuda pública. Esta decisión gubernamental, ocasionará pasivos de hasta 552 mil millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeará por pagarés ante el Banco de México. El monto equivaldrá a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de 1998 y el doble de la deuda pública interna. ¿Por qué? En 1998, el Partido de la Revolución Democrática y el de Acción Nacional revelarán una novela de intriga: en el Fobaproa se encontrarán unos mil 275 créditos superiores a los 20 millones de pesos. Unos 700 préstamos aparecerán sin garantías. 600 créditos se llevarán más del 55 por ciento del fondo. Es decir, se encontrará la trama de fortunas rápidas, formadas por la indiscriminada cesión de empresas públicas a intereses privados.
b) La Inmunidad.
Ernesto Zedillo concluyó el sexenio sin dar una explicación sobre las historias de corrupción enmarañadas en el Fobaproa-IPAB. En cambio, se convirtió en funcionario de la Organización de las Naciones Unidas en materia de financiamiento para el desarrollo de los países pobres. A la fecha, la deuda del Fobaproa-IPAB es de 801 mil 736 millones de pesos. La decisión de Ernesto Zedillo, avalada por los gobiernos de la alternancia, tuvo un costo para los contribuyentes de 13.1 por ciento del Producto Interno Bruto; es decir, unos 1.7 billones de pesos, según datos de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda. Esa cantidad equivale a lo que el Estado gastaría en seis décadas en un programa de combate a la pobreza como la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Luis Echeverría A:
a) Los Hechos.
En 1970, Luis Echeverría Álvarez asume el poder presidencial. Cuatro años después, los movimientos guerrilleros dirigidos por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero le declaran la guerra. Lo hacen también grupos internos de activistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa que han tomado las armas en contra de la instauración del capitalismo en México. Los llaman “Enfermos” y se han adherido a la Liga Comunista 23 de Septiembre, organización guerrillera en varios estados del país (Galerías 1 y 2 del Archivo General de la Nación). Echeverría pondrá en marcha-según informes que alberga la Procuraduría General de la República- lo que después se llamará “Guerra Sucia”. La estrategia consistirá en acciones secretas del Ejército que no reparará en secuestros y tortura. Este pasaje de la historia moderna de México dejó un número aún impreciso de muertos y desaparecidos. Sólo en la ONU hay 374 denuncias relacionadas con crímenes de Estado. Pero el Comité Eureka tiene 530 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 1980.
b) La Inmunidad.
El gobierno de Vicente Fox formó el 27 de noviembre de 2001 una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ese organismo recibió sólo por el periodo que abarcó la Guerra Sucia 532 casos de guerrilleros desaparecidos (Luego se sumaron las matanzas de Tlatelolco, 10 de junio, Aguas Blancas, los 600 desaparecidos del Partido de la Revolución Democrática durante el salinato, los perseguidos del Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca y 170 homicidios de maestros disidentes). La fiscalía no logró fincarle ningún delito a Luis Echeverría Álvarez por sus acciones en contra de los movimientos sociales, pero sí un proceso por genocidio relacionado con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Fue señalado, Echeverría, de haber concebido, propuesto y tenido bajo su control la ejecución de la masacre cuando se desempeñaba como Secretario de Gobernación. Por eso permaneció en prisión domiciliaria durante tres años debido a la decisión de la Fiscalía. En 2009, el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito lo exoneró. La Fiscalía despareció en 2006, apenas inició su gobierno Felipe Calderón Hinojosa.
Gustavo Díaz Ordáz:
a) Los Hechos.
Es julio de 1968. En la ciudad de México hay manifestaciones y marchas estudiantiles que critican el autoritarismo del Presidente Gustavo Díaz Ordaz. Son estudiantes y quieren autonomía universitaria y libertad para los presos políticos. El 2 de octubre se convoca a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Faltan diez días para que se inicien los Juegos Olímpicos. El movimiento de los estudiantes está en declive: muchos de sus líderes están en prisión. Un orador habla desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Lo que aquí está por ocurrir manchará para siempre el destino de la política mexicana. Un helicóptero del Ejército Mexicano lanzará bengalas sobre la multitud. Pronto, llegará el fuego en contra de los cinco mil estudiantes. Pasarán 45 años y el número de muertos será desconocido. Los cálculos siempre irán de 300 a 500 muertos y más de dos mil detenidos.
b) La Inmunidad.
Los dos tribunales federales que exoneraron a Luis Echeverría por el genocidio cometido el 2 de octubre, coincidieron en que las pruebas aportadas por la PGR se dirigían a un solo responsable: Gustavo Díaz Ordaz. Pero el ex Presidente había fallecido en 1979. Su dicho jamás varió de que era inocente. En 1969, en su quinto Informe de gobierno, dijo: “Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”. Al dejar la Presidencia, Díaz Ordaz no querrá volver a la política. Durante el sexenio de Echeverría le cerrará las puertas a reporteros y a cualquier debate político. Estará enfermo de un cáncer cuando en 1977, México restablecerá las rotas relaciones diplomáticas durante 40 años con España. El Presidente José López Portillo lo nombrará embajador en aquel país. En cambio, al otro protagonista del episodio de la Guerra Sucia –Luis Echeverría- lo despojará de todas las luces de la política mexicana y lo convertirá embajador en Australia, Nueva Zelandia y las islas Fiji, en lo que se interpretará como un exilio. Pero Díaz Ordaz se regresará de España apenas cumplida una quincena. En sus memorias, el mismo López Portillo aducirá una razón: “… Sin hablar del rencor que se le vino encima y que se había acumulado en su contra y no se había ventilado desde 1968”. Antes de irse a España, le expresará algunas palabras a un reportero: “No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco… Ese es un incidente remoto… Va a España un mexicano limpio, que no tiene las manos manchadas de sangre… Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años de mi gobierno, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, peligros, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza, salimos adelante, y si no hubiera sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando”. El punto es que jamás, en 45 años, habrá un solo responsable encarcelado por la matanza del 2 de Octubre de 1968.
http://www.sinembargo.mx/28-04-2014/972085
jueves, 1 de mayo de 2014
Comunicado del Ejido San Sebastián Bachajón sobre asesinato del compañero Juan Carlos Gómez Silvano.
A l@s compañer@s adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona
A los medios de comunicación masivos y alternativos
A las Juntas de Buen Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York
A los defensores de derechos humanos nacional e internacional
Al pueblo de México y el mundo.
A los medios de comunicación masivos y alternativos
A las Juntas de Buen Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York
A los defensores de derechos humanos nacional e internacional
Al pueblo de México y el mundo.
Compañeros y compañeras en lucha, el viernes 21 de marzo de 2014 aproximadamente a las 9 de la mañana fue emboscado y asesinado cruelmente nuestro compañero Juan Carlos Gómez Silvano con más de veinte disparos de arma de fuego de alto calibre, mientras conducía su camioneta estaquita de pasaje a la altura del crucero de San José Chapapuyil en dirección a la Comunidad Autónoma Virgen de Dolores, fundada por nuestra organización en el año 2010.
Al momento de su asesinato, Juan Carlos contaba con 22 años de edad, tenía el cargo de Coordinador regional de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón y era padre de un bebé de seis meses de edad.
En el lugar de los hechos llegaron policías municipales de Chilón y de la policía estatal preventiva que comenzaron a tomar fotos y video del cuerpo de nuestro compañero sin respeto para el difunto y su familia. El ministerio público de Chilón dijo que lo iba llevar el cuerpo de nuestro compañero para hacer necropsia, pero no lo permitimos porque así es nuestra costumbre, por eso lo llevamos a descansar a la Comunidad de Virgen de Dolores para hacerle su oración.
Desde que fundamos las comunidades de Nah Choj y Virgen de Dolores en el año 2010, nuestra organización ha sido hostigada en diversos momentos por el Ejército y la policía estatal preventiva, amenazando para hacer desalojo por presiones de los que se dicen propietarios, entre ellos un ex presidente municipal de Chilón, fomentando la división y la compra de conciencia de algunos ex compañeros con sus migajas, así como lo hizo con Carmen Aguilar Gómez Primero y su hijo Carmen Aguilar Gómez Segundo que cuando se vendieron con Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno de Juan Sabines Guerrero, se organizaron para el desalojo de nuestra caseta de cobro el 2 de febrero de 2011 y despojarnos de nuestras tierras en complicidad con el ex comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón Francisco Guzmán Jiménez (alias el goyito).
El mal gobierno quiere acabarnos completamente asesinando a nuestros compañeros, como hizo con Juan Vázquez Guzmán el 24 de abril de 2013 utilizando a sus sicarios paramilitares que en completa impunidad, ya sea de noche o a plena luz del día, son capaces de asesinar vilmente a nuestros compañeros que trabajan y luchan por construir un mundo en el que quepan otros mundos, y que están resistiendo día a día los ataques del sistema capitalista que nos quiere desaparecer para quedarse con nuestra madre tierra, el agua, los ríos, las cascadas y todo aquello que le sirva para hacer más dinero a costa de nuestra vida y sufrimiento.
Los verdaderos delincuentes, asesinos y corruptos son los políticos partidistas que sentados en su silla de gobernantes, a pesar de llegar a su puesto con fraude y comprando votos, consideran que son dueños y amos de lo que existe en nuestras tierras, cada día quieren hacerse más ricos y no importa cuántos indígenas tengan que matar para lograrlo. Así como el presidente municipal de Chilón, Leonardo Guirao Aguilar, partidista del verde ecologista y uno de los autores del despojo de nuestras tierras porque financió las armas del grupo armado encabezado por Carmen Aguilar Gómez Primero, Juan Álvaro Gómez, Manuel Jiménez, que desalojó a nuestros compañeros de la caseta de cobro en febrero de 2011.
Nuestra organización ha tenido la dignidad de seguir de pie, luchando y defendiendo a su pueblo a pesar de que hemos tenido muchos compañeros encarcelados y asesinados, no tenemos miedo porque estamos en el camino que siguieron nuestros abuelos y abuelas, nuestros antepasados nos han dado la sabiduría para leer las señales de la vida y los tiempos, los malos gobiernos van y vienen pero los pueblos que hemos resistido aquí estamos de pie luchando y seguiremos cueste lo que cueste.
Algún día, así lo dijo nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán, nuestra lucha es por la vida de nuestro pueblo y porque queremos seguir siendo lo que somos. A poco tiempo de que se cumpla un año del asesinato de Juan Vázquez Guzmán el mal gobierno envía a sus asesinos para lastimar a nuestra Comunidad Virgen de Dolores que con mucho esfuerzo y sacrificio nació pero ahora las milpas y los frutos de la buena madre tierra crecen para darle de comer a nuestros niños y niñas. El compañero Juan Carlos Gómez Silvano es parte de la fundación y la construcción de autonomía en la comunidad Virgen de Dolores, su participación y trabajo por la organización y comunidad nunca se van olvidar porque la llevamos en nuestros corazones.
Manuel Velasco Coello y Enrique Peña Nieto se equivocan si piensan que nos van acabar con la violencia y la represión, nuestra organización está preparada para resistir y seguir construyendo la autonomía que ha sido negada en la ley y en los hechos para las comunidades indígenas.
Saludamos todas las muestras de solidaridad y apoyo con nuestra lucha, de las organizaciones a nivel nacional e internacional. Los hombres y mujeres de San Sebastián Bachajón queremos decirles que estamos pendientes también de su palabra y su lucha, desde nuestra geografía tenemos nuestro puño levantado en solidaridad con ustedes.
Desde la zona norte de Chiapas reciban un abrazo combativo.
Nunca más un México sin nosotros.
Atentamente
¡Tierra y libertad!
¡Zapata Vive!
¡Hasta la victoria siempre!
Presos políticos ¡Libertad!
¡Juan Vázquez Guzmán Vive, la Lucha de Bachajón sigue!
¡Juan Carlos Gómez Silvano Vive, la Lucha de Bachajón sigue!
¡No al despojo de los territorios indígenas!
Cuatro años sin justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola.
Tuve la oportunidad de conocer a la hermana de Bety, acá en Madrid, hace unos meses. Estoy seguro que el amor por los más desprotegidos, les viene de casta. Mi solidaridad, apoyo y respeto, así como mi exigencia de JUSTICIA, para Bety y Jyri.
Organizaciones, familiares y amigos rinden homenaje a la activista mixteca asesinada en su intento de llevar alimentos a los triquis sitiados por paramilitares.
JAIME QUINTANA GUERRERO
El gobierno de Oaxaca es el principal obstáculo para conseguir justicia en el asesinato de Bety Cariño, ya que “el sistema de judicial está totalmente corrompido”, expresa Carmen Cariño, hermana de la activista mixteca asesinada. “Queremos hacer justicia a través de la memoria. Le decimos no al olvido, y queremos reivindicar los ideales y decir que seguimos luchando”.
Beaty Cariño Trujillo y el activista finlandés Jyri Antero Jaakkola fueron asesinados el 27 de abril de 2010, cuando una caravana se dirigía a proporcionar ayuda humanitaria a 700 personas secuestradas en su comunidad por más de cinco meses, pertenecientes al naciente municipio autónomo de San Juan Copala. Éste, días después de la emboscada, fue ocupado por los grupos armados de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui- Partido Unidad Popular (MULT-PUP).
“Después de dos años no se ha realizado ninguna detención, solo la de Propino Juárez, que era dirigente de la UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui), pero por otros asesinatos”, explica Omar Esparza, quien fuera esposo de Bety Cariño. “La investigación sigue en las ordenes de aprehensión, sin que se detenga a nadie y sin que se haga justicia”.
La impunidad de la que gozan tanto los asesinos materiales como intelectuales es resultado, explica Carmen Cariño, “de la acción y omisión del Estado mexicano en la medida que obstaculiza la justicia y no realiza las investigaciones correspondientes, desecha y desparece pruebas, manipula la información y niega la protección a los testigos”.
Para recordar la memoria de Bety Cariño, diversas organizaciones, pueblos y amigos se dieron cita el 27 de abril (día en que se cumplieron cuatro años del asesinato de la defensora de derechos humanos) en Chila de las Flores, Oaxaca, lugar de donde es originaria la familia. Fue una fiesta de la solidaridad y del recuerdo, de murales y cantos, de palabras y compromisos, relata Carmen Cariño. A dicho encuentro asistieron habitantes de comunidades de la región mixteca, como Xonoscle, La Laguna, el Espinal y Huajuapan de León, en las que se desarrollan proyectos como las cajas de ahorro y radios comunitarias; también acudieron organizaciones de diversas partes de la república, como Atenco, Chiapas y Oaxaca.
Junto con las actividades conmemorativas que se realizaron en Chila de las Flores, Puebla, lugar de donde es la familia Cariño, en Finlandia la familia de Jyri Jaakkola realizó acciones para demandar justicia a los asesinos de los dos activistas de derechos humanos, señala Omar Esparza. “Los familiares, junto con parlamentarios de ese país, le demandaron al gobierno mexicano justicia para su hijo”, abunda.
Mientras tanto, en Finlandia se emprendió el día 27 de abril un evento político cultural en la embajada de México. El día 28 “vamos a realizar un acto en la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. No solo un va ser un homenaje a Bety Cariño, sino que vamos hablar sobre la situación de los defensores de derechos humanos del país y a demandar garantías para quienes luchan por la tierra y el territorio en México”, precisa Esparza.
Para el 29 de mayo, “estaremos haciendo una huelga de hambre”, explica Omar Esparza. “Estamos retando al gobierno mexicano con una acción no violenta por la demanda de la detención de los asesinos -que ahora trabajan en algunas dependencias del gobierno federal y de los gobiernos municipales; trabajan con recursos del gobierno del estado de Oaxaca”.
Omar Esparza, miembro también del Movimiento Agrario Zapatista (MAIZ), argumenta que “se esta demandando que cese la impunidad no solo para el caso de Bety, sino para muchos otros en la región triqui”.
Bety Cariño, mixteca que se distinguió por su claridad y su defensa irrevocable de la autonomía de los pueblos, señaló que en México “se sigue negando a los pueblos originarios el derecho a la autonomía, el derecho a existir y nosotras hoy queremos vivir otra historia: nos rebelamos y decimos basta, hoy aquí queremos decirles que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, porque a pesar de sus amenazas, de sus calumnias, de sus hostigamientos, seguimos caminando hacia un sol que pensamos brilla con fuerza, pensamos que se acerca el tiempo de los pueblos, el tiempo de las mujeres insumisas, el tiempo del pueblo de abajo”.
Cariño trabajó en la conformación de una red de radios comunitarias de la mixteca, entre las que se encuentran La voz de las nubes, de San Juan Mixtepec; La voz que rompe el silencio, de San Juan Copala; La voz del monte, de San Sebastián del Monte; Radio Liberando la Palabra, de Tezoatlán de Segura, Luna de Oaxaca; y La voz de la libertad, de San Pedro Yosotato.
Bety Cariño llegó a diversos lugares para compartir experiencias con barrios y comunidades. Así arribó, por ejemplo, a Santo Domingo, Coyoacán, en la capital de México. “Nosotros mandamos a Juanita y doña Jose Ponce a que fueran en una Semana Santa a las comunidades donde ella trabaja para compartir experiencias de derechos humanos”, recuerda Héctor Martínez, vecino y defensor de derechos humanos en el barrio coyoacanense.
Héctor Martínez la recuerda como alguien con mucho carisma, pues los vecinos que iban con ella regresaban con convencidos de sus razones. “Siempre les explicaba que tenemos que hacer lo imposible para todo”, indica el activista, y así lo hizo ella misma llevando alimento a los autónomos indígenas triquis.
El homenaje se organizó “para tenerla viva en la memoria” señala colaboradora e integrante de la Universidad de la Tierra de Oaxaca. La muerte de Bety deja “ciertos miedos, culpas y responsabilidades; es un homenaje a la vida lo que queremos reivindicar”, apunta tambien compañera que trabajo con Bety.
A Beatriz Cariño se le recuerda por “esparcir esperanza en las comunidades y amigos con quien trabajó”, expresa la integrante de la UNITIERRA de Oaxaca.
Muchos dirigentes, explica Omar Esparza, están siendo asesinados por “la defensa de tierra y el territorio de las comunidades, estamos llamando hacer un gran frente ante la ola de represión que vivimos y detener las reformas que están haciendo mas pobre a nuestro pueblos, “estamos tratando también de articularnos contra estos gobiernos que hoy están no solo persiguiendo a los defensores de derechos humanos sino los están asesinando y encarcelarlos por temas que son de interés de los pueblos”.
Carmen Cariño señala que “el Estado mexicano es y ha sido responsable de su muerte, y de la falta de castigo a los responsables al incumplir su obligación de proteger los derechos de los ciudadanos y defensores de derechos humanos, y al no investigar y castigar los crímenes”.
Fuente: Desinformémonos.
miércoles, 30 de abril de 2014
China a punto de superar a EE.UU. como la principal economía mundial.
EE.UU. está al borde de perder su estatus como primera economía mundial y es posible que este mismo año China se convierta en la principal potencia económica, según datos de importantes agencias de estadística internacionales.
EE.UU. ha sido el líder global desde 1872 tras superar en ese año al Reino Unido. Sin embargo, de acuerdo con el diario 'The Financial Times', en 2014 el gigante asiático podría desplazar a Estados Unidos al segundo lugar.
De cumplirse estas previsiones, China ascendería al primer lugar de la economía global varios años antes de lo previsto, ya que la mayoría de los expertos creían que esto sucedería en torno a 2019, señala el diario haciendo referencia a las cifras recopiladas por el Programa de Comparación Internacional (ICP, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.
Según el rotativo, estas estimaciones son las más fidedignas sobre la capacidad adquisitiva de los diferentes países. De hecho, dichas estimaciones, que este año han sido actualizadas por primera vez desde 2005, son utilizadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para elaborar sus informes y pronósticos.
Tras analizar los precios de bienes y servicios, el ICP ha decidido aumentar el tamaño de la economías de los mercados emergentes, "atendiendo a las estimaciones del coste real de la vida, conocidas como paridad del poder adquisitivo, que se consideran más fiables a la hora de comparar el tamaño de las economías en lugar de emplear la evolución de los tipos de cambio, que rara vez reflejan el verdadero coste de los bienes y servicios".
De este modo, el cambio de revisión metodológico del ICP, que en 2005 estimaba que la economía china era aproximadamente la mitad de la de EE.UU., reflejará un crecimiento mucho más rápido que la economía del país asiático.
En la actualidad se estima que en 2011 el PIB de China representaba ya el 87% del de EE.UU. Por su parte, el FMI calcula que la economía china ha crecido un 24% entre 2011 y 2014, en contraste con el 7,6% que habría crecido Estados Unidos en ese periodo, una diferencia que hace probable que China supere este mismo año a la potencia norteamericana como mayor economía del planeta.
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/126777-china-eeuu-potencias-economia?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
EE.UU. ha sido el líder global desde 1872 tras superar en ese año al Reino Unido. Sin embargo, de acuerdo con el diario 'The Financial Times', en 2014 el gigante asiático podría desplazar a Estados Unidos al segundo lugar.
De cumplirse estas previsiones, China ascendería al primer lugar de la economía global varios años antes de lo previsto, ya que la mayoría de los expertos creían que esto sucedería en torno a 2019, señala el diario haciendo referencia a las cifras recopiladas por el Programa de Comparación Internacional (ICP, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.
Según el rotativo, estas estimaciones son las más fidedignas sobre la capacidad adquisitiva de los diferentes países. De hecho, dichas estimaciones, que este año han sido actualizadas por primera vez desde 2005, son utilizadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para elaborar sus informes y pronósticos.
Tras analizar los precios de bienes y servicios, el ICP ha decidido aumentar el tamaño de la economías de los mercados emergentes, "atendiendo a las estimaciones del coste real de la vida, conocidas como paridad del poder adquisitivo, que se consideran más fiables a la hora de comparar el tamaño de las economías en lugar de emplear la evolución de los tipos de cambio, que rara vez reflejan el verdadero coste de los bienes y servicios".
De este modo, el cambio de revisión metodológico del ICP, que en 2005 estimaba que la economía china era aproximadamente la mitad de la de EE.UU., reflejará un crecimiento mucho más rápido que la economía del país asiático.
En la actualidad se estima que en 2011 el PIB de China representaba ya el 87% del de EE.UU. Por su parte, el FMI calcula que la economía china ha crecido un 24% entre 2011 y 2014, en contraste con el 7,6% que habría crecido Estados Unidos en ese periodo, una diferencia que hace probable que China supere este mismo año a la potencia norteamericana como mayor economía del planeta.
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/126777-china-eeuu-potencias-economia?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
Opositor a gasoducto Morelos vive infierno tras ser torturado y lesionado.
Hace siete meses, el 19 de septiembre, Jaime Domínguez Pérez fue detenido y torturado por elementos de la Policía Estatal de Morelos por oponerse a la construcción del gasoducto Morelos (PIM), megaproyecto auspiciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El sábado 26, el activista pudo presentar su testimonio ante Juan E. Méndez, relator especial de ONU, quien se encuentra en México —hasta el próximo 2 de mayo– a invitación del gobierno federal para evaluar la implementación de la nueva legislación procesal penal, la extracción forzada de confesiones, denuncias de tortura y uso del arraigo, entre otros temas.
Durante 20 minutos, Domínguez Pérez habló con el relator, a quien detalló su captura la mañana del 19 de septiembre del año pasado en la colonia Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla, cuando con un centenar de personas reclamó a trabajadores de la CFE que realizaban labores para la construcción del gasoducto –que cruzará por los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala–, a pesar de que tenían un acuerdo con el presidente municipal de que los trabajos estarían suspendidos hasta octubre de ese año.
Ante el reclamo, relató, policías estatales “del mando único” de Morelos, acompañados por personal con chalecos de la CFE, lo detuvieron sin orden de aprehensión y lo aislaron del grupo.
Luego lo jalaron del cabello y lo subieron a una camioneta, donde lo esposaron con las manos a la espalda y, sin acusación de por medio, lo trasladaron al sector de Cuautla que está en Tetelcingo; de ahí a la Torre Morelos en Cuernavaca, y luego a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
Dos días después, el 21 de septiembre, y luego de pagar una fianza de 610 pesos, fue liberado alrededor de las 14:00 horas a reserva de volverlo a llamar a declarar por los cargos de “amenaza, portación de arma blanca y lo que resulte”.
Cuando lo arrestaron, dijo, no le informaron la razón de su detención ni los cargos que se le imputaban, sin embargo, refirió que durante su encierro fue víctima de amenazas y maltrato, lo privaron de agua y alimentos, le propinaron golpes en los oídos y en diversas partes del cuerpo, lo mantuvieron incomunicado y esposado.
Esto último le ocasionó hinchazón y calambres en manos, brazos, hombros y espalda.
“No se me dijo la razón de mi detención ni los cargos que se me estaban imputando, sólo se me dijo que había un abogado de oficio y negué el servicio porque solicité la presencia de mi abogado particular”, relató Domínguez Pérez, quien también denunció que cuando solicitó llamar a su defensor le pusieron trabas.
Tampoco le brindaron atención oportuna cuando informó a los policías que es una persona hipertensa.
Según el afectado, esa información la proporcionó desde el principio y fue hasta el 20 de septiembre, un día después de su detención, que le proporcionaron la medicación.
Ello, abundó, fue posible gracias a la intervención de José Martínez, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; de Samantha César, del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”; del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHM), Cuauhtémoc Magdaleno González y de Amnistía Internacional (AI).
Por si fuera poco, Domínguez Pérez afirmó que jamás cometió los delitos de los que lo acusaron.
“Nunca porto ni porté ningún tipo de arma blanca. Tampoco amenacé a ningún trabajador o funcionario.
“Además, quiero estipular que viví tortura física y psicológica por parte de los policías del Mando Único, teniendo graves afectaciones en mi salud, principalmente en mis oídos, dañándolos en 10% en el oído izquierdo y 40% de mi oído derecho, afectando mi capacidad auditiva.
“También tengo lesiones en cara y nariz, dolor de espalda, calambres en la espalda y manos, dificultad para respirar. Además de secuelas psicológicas por la agresión vivida”, acusó.
De las lesiones y secuelas de la tortura que sufrió, entregó al relator de la ONU certificados médicos.
Por su parte, Javier Enríquez, coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, denunció que además de que el juicio de Domínguez Pérez no avanza, el Ministerio Público presenta como “lesiones” y no como “tortura” el daño infligido por los policías.
La CEDHM, abundó, no ha intervenido ni cuestionado a la autoridad por la tortura, y a la víctima no le ha aplicado el Protocolo de Estambul, una guía para que médicos y abogados investiguen si una persona ha sido torturada o no.
En cambio, le ha pedido a Jaime Domínguez los estudios médicos que le hayan hecho cuando “se supone que (la CEDHM) debería contar con médicos legistas que realicen su propio diagnóstico”.
El activista hizo énfasis en que la práctica de la tortura se incrementó 500% en el sexenio del panista Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto no ha variado. “Va en aumento y está muy crítica”, sostuvo.
Fuente: Proceso.
El sábado 26, el activista pudo presentar su testimonio ante Juan E. Méndez, relator especial de ONU, quien se encuentra en México —hasta el próximo 2 de mayo– a invitación del gobierno federal para evaluar la implementación de la nueva legislación procesal penal, la extracción forzada de confesiones, denuncias de tortura y uso del arraigo, entre otros temas.
Durante 20 minutos, Domínguez Pérez habló con el relator, a quien detalló su captura la mañana del 19 de septiembre del año pasado en la colonia Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla, cuando con un centenar de personas reclamó a trabajadores de la CFE que realizaban labores para la construcción del gasoducto –que cruzará por los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala–, a pesar de que tenían un acuerdo con el presidente municipal de que los trabajos estarían suspendidos hasta octubre de ese año.
Ante el reclamo, relató, policías estatales “del mando único” de Morelos, acompañados por personal con chalecos de la CFE, lo detuvieron sin orden de aprehensión y lo aislaron del grupo.
Luego lo jalaron del cabello y lo subieron a una camioneta, donde lo esposaron con las manos a la espalda y, sin acusación de por medio, lo trasladaron al sector de Cuautla que está en Tetelcingo; de ahí a la Torre Morelos en Cuernavaca, y luego a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
Dos días después, el 21 de septiembre, y luego de pagar una fianza de 610 pesos, fue liberado alrededor de las 14:00 horas a reserva de volverlo a llamar a declarar por los cargos de “amenaza, portación de arma blanca y lo que resulte”.
Cuando lo arrestaron, dijo, no le informaron la razón de su detención ni los cargos que se le imputaban, sin embargo, refirió que durante su encierro fue víctima de amenazas y maltrato, lo privaron de agua y alimentos, le propinaron golpes en los oídos y en diversas partes del cuerpo, lo mantuvieron incomunicado y esposado.
Esto último le ocasionó hinchazón y calambres en manos, brazos, hombros y espalda.
“No se me dijo la razón de mi detención ni los cargos que se me estaban imputando, sólo se me dijo que había un abogado de oficio y negué el servicio porque solicité la presencia de mi abogado particular”, relató Domínguez Pérez, quien también denunció que cuando solicitó llamar a su defensor le pusieron trabas.
Tampoco le brindaron atención oportuna cuando informó a los policías que es una persona hipertensa.
Según el afectado, esa información la proporcionó desde el principio y fue hasta el 20 de septiembre, un día después de su detención, que le proporcionaron la medicación.
Ello, abundó, fue posible gracias a la intervención de José Martínez, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; de Samantha César, del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”; del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHM), Cuauhtémoc Magdaleno González y de Amnistía Internacional (AI).
Por si fuera poco, Domínguez Pérez afirmó que jamás cometió los delitos de los que lo acusaron.
“Nunca porto ni porté ningún tipo de arma blanca. Tampoco amenacé a ningún trabajador o funcionario.
“Además, quiero estipular que viví tortura física y psicológica por parte de los policías del Mando Único, teniendo graves afectaciones en mi salud, principalmente en mis oídos, dañándolos en 10% en el oído izquierdo y 40% de mi oído derecho, afectando mi capacidad auditiva.
“También tengo lesiones en cara y nariz, dolor de espalda, calambres en la espalda y manos, dificultad para respirar. Además de secuelas psicológicas por la agresión vivida”, acusó.
De las lesiones y secuelas de la tortura que sufrió, entregó al relator de la ONU certificados médicos.
Por su parte, Javier Enríquez, coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, denunció que además de que el juicio de Domínguez Pérez no avanza, el Ministerio Público presenta como “lesiones” y no como “tortura” el daño infligido por los policías.
La CEDHM, abundó, no ha intervenido ni cuestionado a la autoridad por la tortura, y a la víctima no le ha aplicado el Protocolo de Estambul, una guía para que médicos y abogados investiguen si una persona ha sido torturada o no.
En cambio, le ha pedido a Jaime Domínguez los estudios médicos que le hayan hecho cuando “se supone que (la CEDHM) debería contar con médicos legistas que realicen su propio diagnóstico”.
El activista hizo énfasis en que la práctica de la tortura se incrementó 500% en el sexenio del panista Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto no ha variado. “Va en aumento y está muy crítica”, sostuvo.
Fuente: Proceso.
martes, 29 de abril de 2014
Obligada a prostituirse tras ser comprada por 1.500 euros en Girona, España.
La Policía Nacional ha liberado en Figueres (Girona) a una joven de 19 años a la que una pareja sometía a todo tipo de vejaciones y agresiones sexuales para forzarla a prostituirse, tras comprarla por 1.500 euros a dos proxenetas que la captaron bajo engaño en Rumanía cuando aún era menor de edad.
Según ha informado hoy la Policía Nacional, en la operación para liberar a la chica han sido detenidos los dos supuestos proxenetas de Figueres -de los que uno ha ingresado en prisión y el otro ha quedado en libertad con cargos-, mientras que han sido imputadas otras tres personas, que se encuentran huidas en Rumanía.
Tras ser liberada, la joven ha explicado a la Policía que ha sufrido un auténtico calvario, ya que la pareja de proxenetas de Figueres, ambos de origen rumano, la obligaban a prestar servicios sexuales las 24 horas del día, tanto en un club de alterne de Hostalets de Llers(Girona) como en su propio domicilio.
La joven fue captada cuando aún era menor de edad mediante engaños por una pareja de proxenetas de Rumanía, que la obligaron a ejercer la prostitución en locales de Italia y posteriormente de la provincia de Girona.
Los dos proxenetas de Rumanía le reclamaban 500 euros en concepto de deuda, por lo que, según la Policía, se apropiaban de la totalidad de la recaudación por sus servicios sexuales.
Meses después de haberla captado, estos proxenetas de Rumanía vendieron a la chica por 1.500 euros a una pareja de compatriotas de Figueres, que continuaron obligándola a prostituirse en el mismo prostíbulo de Hostalets de Llers y en su propio domicilio, mediante todo tipo de coacciones.
La operación policial se inició a raíz de las informaciones recibidas por la Policía Nacional de parte de la embajada de Rumanía en España, alertando que había una joven rumana que podía estar siendo explotada sexualmente en Girona.
Los agentes de la Policía Nacional especializados en la lucha contra las redes de trata de personas para la explotación sexual localizaron en Figueres a un supuesto proxeneta y a su pareja, que sometían a la chica a un férreo control, ya que la trasladaban diariamente al club de alterne de Hostalets de Llers para que se prostituyera.
Lo dos detenidos están acusados de los delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva y agresión sexual, mientras que todavía quedan pendientes de arrestar dos mujeres y un hombre que se encuentran en Rumanía fugados de la justicia española.
En concreto, se trata de la pareja que captó inicialmente a la joven en Rumanía y de una mujer que colaboraba con los proxenetas de Figueres en las labores de control de la chica cuando era obligada a prostituirse en el domicilio particular.
Fuente: El Mundo.
Según ha informado hoy la Policía Nacional, en la operación para liberar a la chica han sido detenidos los dos supuestos proxenetas de Figueres -de los que uno ha ingresado en prisión y el otro ha quedado en libertad con cargos-, mientras que han sido imputadas otras tres personas, que se encuentran huidas en Rumanía.
Tras ser liberada, la joven ha explicado a la Policía que ha sufrido un auténtico calvario, ya que la pareja de proxenetas de Figueres, ambos de origen rumano, la obligaban a prestar servicios sexuales las 24 horas del día, tanto en un club de alterne de Hostalets de Llers(Girona) como en su propio domicilio.
La joven fue captada cuando aún era menor de edad mediante engaños por una pareja de proxenetas de Rumanía, que la obligaron a ejercer la prostitución en locales de Italia y posteriormente de la provincia de Girona.
Los dos proxenetas de Rumanía le reclamaban 500 euros en concepto de deuda, por lo que, según la Policía, se apropiaban de la totalidad de la recaudación por sus servicios sexuales.
Meses después de haberla captado, estos proxenetas de Rumanía vendieron a la chica por 1.500 euros a una pareja de compatriotas de Figueres, que continuaron obligándola a prostituirse en el mismo prostíbulo de Hostalets de Llers y en su propio domicilio, mediante todo tipo de coacciones.
La operación policial se inició a raíz de las informaciones recibidas por la Policía Nacional de parte de la embajada de Rumanía en España, alertando que había una joven rumana que podía estar siendo explotada sexualmente en Girona.
Los agentes de la Policía Nacional especializados en la lucha contra las redes de trata de personas para la explotación sexual localizaron en Figueres a un supuesto proxeneta y a su pareja, que sometían a la chica a un férreo control, ya que la trasladaban diariamente al club de alterne de Hostalets de Llers para que se prostituyera.
Lo dos detenidos están acusados de los delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva y agresión sexual, mientras que todavía quedan pendientes de arrestar dos mujeres y un hombre que se encuentran en Rumanía fugados de la justicia española.
En concreto, se trata de la pareja que captó inicialmente a la joven en Rumanía y de una mujer que colaboraba con los proxenetas de Figueres en las labores de control de la chica cuando era obligada a prostituirse en el domicilio particular.
Fuente: El Mundo.
Mueren cinco tras enfrentamientos entre presuntos autodefensas.
Hoy inicia el desarme de las autodefensas, acordado con el gobierno federal, en las localidades de Coalcomán, Parácuaro y San Juan Parangaricutiro.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que murieron cinco personas tras el enfrentamiento registrado la tarde de ayer, 27 de abril, en la comunidad de Chuquiapan, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Además se registran dos heridos y 10 detenidos tras el choque entre autodefensas y presuntos autodefensas.
Hay que recordar que hoy inicia el desarme de las autodefensas, acordado con el gobierno federal, en las localidades de Coalcomán, Parácuaro y San Juan Parangaricutiro.
El acuerdo contempla un registro de las armas, así como de las ojivas.
Asimismo, se acordó guardar las armas, pues el Ejército sólo dará autorización de posesión de armas, no de portación.
Lo que no estará permitido poseer son lanzacohetes y granadas.
Hay que recordar que hoy inicia el desarme de las autodefensas, acordado con el gobierno federal, en las localidades de Coalcomán, Parácuaro y San Juan Parangaricutiro.
El acuerdo contempla un registro de las armas, así como de las ojivas.
Asimismo, se acordó guardar las armas, pues el Ejército sólo dará autorización de posesión de armas, no de portación.
Lo que no estará permitido poseer son lanzacohetes y granadas.
Fuente: ADN Político.
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