¿Por qué los déspotas árabes no critican a Trump?

De: Robert Fisk

Uno pensaría, dada la dureza antimusulmana del gobierno de Trump en Washington, que los reyes y dictadores árabes se estarían uniendo para condenar las despiadadas leyes sectarias elaboradas por un presidente estadunidense que está en favor de la tortura. Todas esas fanfarronadas sobre los tipos malos y el terror islámico. Frases bastante siniestras.

Nada de eso. Los potentados han estado abrumando el conmutador de la Casa Blanca con llamadas, tanto el egipcio Al Sissi como los árabes del Golfo. Emiratos Árabes de hecho expresó aprobación a las políticas de Trump. El monarca jordano, que desde luego fue el primero en llegar a Washington, fue seguido en rápida sucesión al salón del trono de Trump por Benjamin Netanyahu.

Es todo un galimatías. Los europeos levantan las cejas, chasquean la lengua y hasta condenan tibiamente al nuevo gobierno estadunidense, mientras las principales víctimas del nuevo régimen –¿acaso no lo estaremos llamando régimen dentro de poco?– guardan un silencio servil o asienten con aprobación a sus diabluras antimusulmanas. Tal vez haya sido mejor que el pobre Mahmoud Abbas de Palestina no haya recibido contestación a sus tres llamadas telefónicas.

Como todos predijimos, el Isis reaccionó condenando a Trump justo a tiempo. Lo mismo hizo Al Qaeda, cuya referencia al tonto en la Casa Blanca debió haber sido la primera vez en la historia moderna en que la reacción de quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad del 11-S fue exactamente la misma que la de la mitad de los estadunidenses. Por cierto, los argelinos también felicitaron a Trump, no mucho después de hacer lo propio con Bashar al Assad por su tremenda (en sus palabras) victoria contra el terrorismo en Alepo oriental. Pero aquí hay más de lo que parece.

Claro, el Isis puede regodearse con que Trump en realidad es antimusulmán y que los dictadores árabes son tan indiferentes como él a sus pueblos. Pero la respuesta de los regímenes árabes al nuevo régimen estadunidense –sí, llamémoslo así– también es indicativa de lo cercanos que están unos de otros.

La mayoría de potentados árabes llevan años alimentando a sus poblaciones con noticias falsas y hechos alternativos. También prometen siempre la victoria final contra la entidad sionista mientras esparcen su furia contra sus aliados. Los sauditas han atacado repetidas veces a Irak y a Siria; Emiratos y Egipto han bombardeado Libia, los sauditas y Emiratos han asaltado a Yemen.

Es un hecho extraño que tanto los árabes como Trump usan clichés. Si no es el mantra de tipo malo/terrorismo islámico del régimen de Trump, es la tontería de sólo-nosotros-combatimos-al-terrorismo-islámico de los regímenes árabes. Los dictadores y los gobiernos violentos de Medio Oriente han estado intercambiando esa basura durante años. Hemos tenido a los Sadat, los Mubarak, los Al Sissi, los Al Assad y los Saddam y a los reyes del Golfo endilgando fantasías a sus pueblos y amenazando a cualquiera que difiera de ellos.

De hecho, la cobarde prensa pro gubernamental de gran parte de Medio Oriente se parece mucho al periodismo complaciente en el que cree Trump. Busquen el equivalente a la televisión estatal egipcia o la televisión siria mirando Fox News. Los agentes árabes de seguridad tienen los poderes que el gobierno estadunidense envidia y que quisiera que su propia policía tuviera. En Medio Oriente, las minorías son reprimidas, los jueces son intimidados, los políticos son amenazados… y sus gobernantes creen en la tortura. ¿Les recuerdan a alguien? ¡Bienvenidos al Mundo Trump!

Recuerdo que el viejo Mubarak de Egipto regalaba a su pueblo constantes elecciones falsas –tema favorito de Trump– y recibía felicitaciones de los presidentes estadunidenses, republicanos y demócratas por igual, después de ganar en las urnas por más de 90 por ciento. Sean Spicer, el extremadamente raro amanuense de Trump, y sus infortunados asistentes, tienen contrapartes en todo ministerio de información árabe, templos de la verdad cuyos Spicers se ven obligados a repetir las fantasías y berrinches de sus amos. El paralelo es completo, puesto que los ministerios de información árabes no contienen ninguna información en absoluto.

Tendría que decir que, puesto que Trump y el Mundo Trump son casi intercambiables, hay algo en lo que se desvían con claridad. A menudo se acusa a los árabes de ser antisemitas, porque son anti israelíes. Pero los árabes también son semitas. Dada la negativa de Trump a mencionar a los judíos en el Día del Holocausto y su evidente disgusto por seis naciones musulmanas árabes, el régimen estadunidense podría ser acusado de antisemitismo tanto a causa de los judíos como de los árabes.

Pero seamos justos. Si Trump hiciera una gira por las dictaduras árabes que por el momento no están en guerra, se sentiría bastante en casa. Gran seguridad, policía fantástica, montones de tortura, elecciones extremadamente corruptas y enormes proyectos económicos que dañan el medio ambiente pero resultan por completo inútiles. Y si se une a sus hijos Eric y Donald júnior en la apertura del Torneo Internacional Trump de Golf en Dubai, entonces en verdad estará en el Mundo Trump.

Los potentados, reyes y crueles autócratas árabes deberían reunirse en Washington en su próxima cumbre. Encontrarían una atmósfera muy familiar. Para no hablar del presidente.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

 Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/19/mundo/021a1mun

“La renuncia de Peña Nieto”.

 

De: Alfredo Lecona.

“¿Qué hubieran hecho ustedes?”, preguntó Enrique Peña Nieto y muchas respuestas se han dado en diversos círculos de opinión. Pero a pesar del estruendo de lo que hemos vivido en los últimos días, la respuesta en las calles sobresale como consigna.

En la marcha del pasado lunes en la Ciudad de México, como en muchas otras manifestaciones en el país, el grito de “fuera Peña” ha dibujado una crisis que va mucho más allá del incremento en los precios de la gasolina.

No es la primera vez que se pide la salida del presidente. En septiembre del año pasado, después de que se le organizara el vergonzoso acto de campaña a Donald Trump en Los Pinos, una convocatoria ciudadana enmarcada en la frase “motivos sobran”, invitó a la movilización y reflexión en torno a la salida pacífica de Peña Nieto, bajo la etiqueta #RenunciaYa.

La discusión sobre la terminación anticipada del mandato presidencial, provocó reacciones que oscilaron entre el temor por la incertidumbre que la dimisión generaría, la existencia de grupos de poder que pudieran aprovechar la coyuntura y la apuesta de los políticos de “oposición” a la administración del desgaste de Peña Nieto con miras a 2018. Las primeras preocupaciones, genuinas; la última, un elemento más de la profunda crisis que atraviesa el país.

El optimismo de algunos afirmó que el descontento cimbraría a Los Pinos y que –ahora sí- Peña corregiría el rumbo.

Sin embargo, motivos se han acumulado a los que ya sobraban para septiembre del año pasado, cuando miles marchamos hacia un zócalo que se nos negó, mientras el operativo de acarreo para el performance del presidente, lo llenaba. Es necesaria, entonces, la pregunta: ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerarle al presidente?

El cuestionamiento se está respondiendo y ampliando en las calles desde que el gasolinazo recibió al año. No solo es Peña Nieto, es toda la clase política.

Es el pacto que garantiza los privilegios de quienes aprueban reformas bajo acuerdos inconfesables y presupuestos que, año con año, incrementan la desigualdad. Miguel Barbosa dijo la semana pasada que el Congreso, incluido su partido, el PRD, no analizó a fondo las consecuencias del presupuesto 2017, con el cual quedaron autorizados los incrementos al precio de la gasolina este año. Un descuido de esa magnitud no existió en la parte que mantuvo sin ajuste el ingreso anual de cada senador, incluidas sus gratificaciones de fin de año por 518,000 pesos. Es también, entonces, Barbosa y todo ese Congreso que se aprueba más de 15 mil millones de pesos anuales que se han administrado opacamente por años.

Son los gobernadores que quebraron a sus estados y toda esa corrupción que quema anualmente el equivalente de hasta el 10% del PIB, y que el presidente encarna muy bien.

Es la crisis de derechos humanos, el pacto de impunidad disfrazado de promesas de amnistía y fiscales carnales y el cinismo de quienes en lugar de buscar solución a la crisis, están enclaustrados discutiendo una Ley de Seguridad Interior que amenaza no unicamente con mantener al ejército en las calles e institucionalizar la fallida guerra contra el narcotráfico, sino hasta con la represión de protestas pacíficas (como lo propone Roberto Gil Zuarth en la fracción X del artículo 4 de su iniciativa).

Es que los medios de comunicación que han protegido al sistema sosteniendo o creando presidentes y primeras damas, carezcan de credibilidad en tal magnitud, que muchas personas prefieren creer lo que se les dice por WhatsApp y redes sociales, hasta el punto de generar pánico y psicosis que amenaza con desmovilizar a una sociedad que no está acostumbrada a salir a las calles como lo ha hecho en los últimos días.

Es no tener mayor estrategia que dolerse y apelar a la comprensión por los incrementos, en el mismo acto en el que se nombra a un canciller que afirma no conocer la secretaría que encabezará, rezando en televisión nacional por un Trump compasivo una vez que asuma su mandato, distinto al orate que trajo a nuestro país en agosto del año pasado.

Es la suma de todo lo anterior y muchos más motivos que ensanchan la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Pero si el culpable no es sólo el presidente, ¿por qué pedir su salida?

El proceso de renuncia es un acto pacífico y normal en cualquier democracia. En nuestro país está regulado en el artículo 84 de la Constitución. El presidente debería presentar una causa (que para escoger tiene) ante el Congreso de la Unión quien habría de calificarla como grave. Entonces el Secretario de Gobernación ocuparía el cargo provisional (y se inhabilitaría para ser electo posteriormente) mientras por lo menos dos terceras partes de ambas cámaras eligen (en un término no mayor a 60 días) a un presidente substituto que concluya el actual periodo.

Pero la presión para que esto sea posible no va a venir de una clase política que ni por error se ha atrevido a sugerir un impeachment, porque no les conviene que la ciudadanía se entienda capaz de controlar la vida pública. Entonces nos corresponde como sociedad romper la lógica de la partidocracia que dicta que sólo en los periodos electorales se puede castigar al mal gobierno, para que después no pase nada. Nos toca impedir que el umbral de tolerancia siga creciendo sin consecuencias, con el riesgo fatal de ser heredado por quien sustituya a Enrique Peña Nieto así como Influir ordenada y pacíficamente en las agendas de los candidatos de 2018 y exigir garantías para una transición pacífica.

La renuncia de Peña Nieto no es la salida, pero debe ser el inicio del camino a la recuperación de la vida pública.

 

Fuente:  http://aristeguinoticias.com/1201/mexico/la-renuncia-de-pena-nieto-articulo-de-alfredo-lecona/

Senadores que aprobaron la reforma energética en 2013… ahora la condenan.

De Jenaro Villamil.

La madrugada del 11 de diciembre de 2013, en vísperas del Día de la Guadalupana, 53 senadores del PRI, 35 del PAN y siete del PVEM aprobaron la reforma constitucional en materia energética y de energía, con el voto en contra de 28 senadores de PRD, PT y sólo dos de Acción Nacional, entre ellos, el del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

El Senado estuvo cercado. Los legisladores aprobaron la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, más 22 artículos transitorios que, entre otras cosas, autorizó la participación privada, nacional y extranjera, mediante el otorgamiento de “permisos” del Ejecutivo federal en derivados del petróleo, incluyendo las gasolinas.

Entre los senadores del PRI que aprobaron entonces esa reforma estaban el propio presidente de la Mesa Directiva y actual procurador general Raúl Cervantes Andrade, así como la exprocuradora y actual titular de la Función Pública, Arely Gómez; el líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps; el excandidato priista a gobernador de Veracruz, Héctor Yunes Landa; un veracruzano más, José Francisco Yunes Zorrilla, y la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

El gran operador de la reforma fue el senador hidalguense del PRI, David Penchyna, vínculo con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien prácticamente legisló los aspectos más delicados de esa reforma constitucional. Su paisano, Omar Fayad, actual gobernador de Hidalgo, votó a favor de las modificaciones constitucionales.


Encabezados por su propio coordinador Emilio Gamboa Patrón, otros senadores del PRI que aprobaron la reforma fueron los exgobernadores Félix González Canto, de Quintana Roo; Ismael Hernández Deras, de Durango; René Juárez Cisneros, de Guerrero; Patricio Martínez, de Chihuahua; Enrique Burgos, de Querétaro, y Manuel Cavazos Lerma, de Tamaulipas, entre muchos otros.

Todas las senadoras del PRI asistieron y votaron en esa jornada: la poblana Blanca Alcalá, la yucateca Angélica Araujo, Cristina Díaz, Hilda Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez, Margarita Flores Sánchez, Norma Alcalá, Diva Gastélum, Lisbeth Hernández Lecona, Marcela Guerra, Juana Leticia Herrera, Ana Lilia Herrera Ansaldo (aspirante a candidata del Estado de México en 2017), María Verónica Martínez, Lilia Guadalupe Mercado y Graciela Ortiz.

La lista de senadores del PRI se completó con Isaías González Cuevas, Aarón Irízar López, Armando Neyra, Humberto Mayans, Juan Ascención Orihuela, Ernesto Gándara, Roberto Albores Gleason (aspirante a gobernador de Chiapas en 2018), Daniel Amador Gaxiola, Ricardo Barroso, Manuel Humberto Cota, Braulio Fernández Aguirre, Jesús Casillas Romero y Miguel Angel Chico Herrera.

Los votos panistas

Indispensables para lograr las dos terceras partes de votos para consumar una reforma constitucional, los senadores panistas se cuadraron y algunos la defendieron vehementemente, como el poblano Javier Lozano Alarcón; el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el actual mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, y el Ejecutivo estatal de Querétaro, Francisco Domínguez.

El regiomontano Raúl Gracía Guzmán fue del equipo de dictaminadores. Y el expresidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, también participó en parte del diseño de la reforma, junto con Jorge Luis Lavalle.

Los tres coordinadores que ha tenido la bancada del PAN votaron a favor: Jorge Luis Preciado, excandidato a gobernador en Colima; Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social en el sexenio de Felipe Calderón, y Fernando Herrera, actual coordinador.

También votaron a favor la senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón Hinojosa; la sobrina de Margarita Zavala, la senadora Mariana Gómez del Campo; Gabriela Cuevas, Silvia Guadalupe Garza, Adriana Dávila Fernández, Adriana Díaz Lizama, María del Pilar Ortega, Marcela Torres, Laura Rojas, Maki Esther Ortiz y Sonia Mendoza Díaz.

La lista de los panistas se completó con Héctor Larios, Luis Fernando Salazar (aspirante a gobernador en Coahuila), Salvador Vega Casillas (extitular de la Función Pública en el calderonismo), José María Martínez, Martín Orozco Sandoval, César Octavio Pedroza, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, Fernando Yunes Márquez (hijo del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares), Daniel Ávila Ruiz, Víctor Hermosillo, Francisco de Paula Búrquez, Francisco Salvador López Brito y Carlos Mendoza Davis.

Los votos del Verde

Esenciales también fueron los votos de los siete senadores del Partido Verde, incluyendo a Ninfa Salinas Sada, hija del propietario de Grupo Salinas y concesionario de TV Azteca, Ricardo Salinas; Pablo Escudero Morales, actual presidente de la Mesa Directiva y yerno del exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones; Luis Armando Melgar, exdirector de Proyecto 40 y aspirante a gobernador de Chiapas; María Elena Barrera Tapia; Carlos Alberto Puente, Juan Gerardo Flores y Jorge Aréchiga Avila.

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/467959/senadores-aprobaron-la-reforma-energetica-en-2013-ahora-la-condenan

Fuerzas Armadas: Un golpe silencioso.

De Jorge Carrasco Araizaga.

Hace una década, y por un acto irreflexivo, Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para que emprendiera una tarea que no le correspondía: combatir el crimen organizado. Ahora, el titular de la Secretaría de la Defensa, Salvador Cienfuegos, da un manotazo y exige que la tropa vuelva a los cuarteles, a menos que haya una cobertura legal que legitime ese estado de excepción en el que de hecho viven los mexicanos desde hace una década. Esa legitimación ya se cocina en el Congreso con el único fin de crear una ley que haga constitucional la militarización del país.

El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, calló más de lo que dijo. Detrás de sus fuertes críticas a las autoridades civiles está el proyecto de los mandos militares de intervenir para “restaurar el orden interno” en el país con el aval del presidente de la República.

Las presiones del general secretario para que el Congreso elabore ya una Ley de Seguridad Interior están encaminadas también a buscar una protección retroactiva a los militares comprometidos por violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, a responder ante un eventual requerimiento judicial internacional por crímenes de lesa humanidad.

El pasado 27 de octubre el PRI presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Interior que propone amplias facultades a los mandos militares en casos de amenazas “a las instituciones y al desarrollo nacional”, sin más contrapeso que el de sus compañeros en el gabinete de seguridad nacional y en la que el Legislativo queda como mero facilitador y sin más información que aquella que los militares le quieran dar.

Con el argumento de la inoperancia de la fuerza civil, la cúpula militar ha cabildeado esa iniciativa con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y su partido. Con la experiencia del sexenio pasado, cuando una propuesta similar quedó congelada en el Congreso, el alto mando militar salió esta vez a hacer una intensa campaña ante la opinión pública.

El pretexto lo dio el desayuno de fin de año del general Cienfuegos con los reporteros que cubren las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado jueves 8. A diferencia de otros años, el alto mando del Ejército tomó el micrófono para explayarse en sus declaraciones.

Habló sobre el desgaste de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, de que “no estudiaron para perseguir delincuentes”, del “deseo” de los militares de regresar a los cuarteles y la advertencia de que en el Ejército hay quienes “ya se lo están pensando” (si salen a las calles) para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos.

El tono y el discurso tuvieron un destinatario preciso: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al que mediante alusiones responsabilizó de no haber impulsado la iniciativa de ley ni la profesionalización de las policías civiles.

Aunque los legisladores que han presentado iniciativas sobre seguridad interior salieron de inmediato a avalar la retórica del general, respaldada por la mayoría de los formadores de opinión, la ansiada ley para los militares tendrá que esperar, aun cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado hay consenso sobre la necesidad de legislar en la materia.

Pero no una ley como la que firmaron los diputados del PRI, César Camacho, coordinador de ese partido, y Marta Sofía Tamayo. El senador panista Roberto Gil presentó el 19 de septiembre un proyecto de ley que le da mayor peso al control legislativo a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, mientras que el diputado panista Jorge Ramos propone, en lugar de una ley ex profeso, un nuevo capítulo en la actual Ley de Seguridad Nacional.

La divergencia creció más cuando el PRD planteó que al mismo tiempo se debe reglamentar el Artículo 29 de la Constitución sobre la suspensión de derechos en los casos de estados de excepción, y aprobar la reforma constitucional para crear la figura de “mando mixto policial”, bajo el cual los municipios dejan de estar a cargo de la seguridad pública.

La Ley de Seguridad Interior es la principal de una serie de iniciativas en materia de seguridad. También están la Ley General de Víctimas, que ya fue aprobada en el pleno por la Cámara de Diputados y el Senado; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y la reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución.

Las disposiciones tendrán que alinearse con el propósito de la cúpula militar para intervenir en operaciones de “restauración del orden interno”, razón por la cual las tres últimas fueron retiradas cuando iban a ser aprobadas, la semana pasada, en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que en comisiones se habían aprobado las minutas respectivas enviadas por el Senado.

Lo que quieren los militares

La iniciativa del PRI sobre Seguridad Interior va a tono con el discurso de Cienfuegos para tener una ley que proteja a las Fuerzas Armadas, pero sin que existan contrapesos efectivos. Les da a éstas la facultad de “normalizar el orden interno” en cualquier parte del país mediante “operaciones de restauración del orden” en las que la máxima autoridad puede ser un comandante militar designado por el Ejército y la Marina.

Asegura que las Fuerzas Armadas intervendrán “sólo cuando las capacidades de las Fuerzas Federales (Policía Federal) resulten insuficientes para contrarrestar las amenazas”.

En ese caso, a propuesta de los mandos del Ejército y la Armada, el presidente designará a un “comandante de las Fuerzas Armadas participantes”, quien será el encargado de dirigir “los grupos interinstitucionales” que se integren y “definirá las responsabilidades, canales de comunicación y la coordinación entre las autoridades civiles y militares”.

Entre las acciones que podrían efectuar los militares están el establecimiento de destacamentos de seguridad y de bases de operaciones móviles y fijas; la intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes; puestos de vigilancia; reconocimientos; seguridad en instalaciones estratégicas; escoltas de seguridad y todas “las que se consideren necesarias”.

Respecto al uso de la fuerza, dice que se hará en función de sus propios protocolos para “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia”, incluso si no es agresiva.

La única previsión que pone a los militares es que sea el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el que emita una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, según lo determine el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Pero en esa decisión también tomarán parte los propios jefes castrenses como integrantes del CSN, que encabeza el titular del Ejecutivo federal y todos cuyos miembros son sus subordinados.

Además de los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina, en el CSN participan los secretarios de Gobernación, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes, así como el procurador general de la República.

Un peso importante en el CSN lo tiene el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien además de ser el secretario técnico del consejo –es decir el encargado de operar los acuerdos del mismo– participa a través de la Comisión Nacional de Seguridad, que tiene a su cargo a la Policía Federal, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

En un escenario de intervención federal, la Segob también será la encargada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa del partido gobernante señala que como responsable de la seguridad interior y de la política de seguridad pública, la Segob debe también coordinar con el resto de las dependencias federales, los estados y los municipios, acciones para “la normalización del orden interno en un área o zona geográfica del país”.

Dice que el objetivo de la ley es garantizar la seguridad interior, a la que define como “la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”.

A partir de esa definición dice que la seguridad interior puede estar afectada por el cambio climático, la corrupción, la deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico de armas de fuego, los desastres y todas aquellas situaciones incluidas en la Agenda Nacional de Riesgos, prevista en la Ley de Seguridad Nacional.

Además, dice que cuando las autoridades competentes estén rebasadas, se considerarán amenazas a la seguridad interior los actos violentos que busquen “quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio o en alguna de sus partes”.

Lo mismo, en el caso de fenómenos de origen temporal o emergencias ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad o a la infraestructura estratégica.

Las Fuerzas Armadas también podrán actuar ante “cualquier otro acto u hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas” en cualquier parte del país.

La propuesta de ley descansa únicamente en el Ejecutivo federal la decisión de emitir una “Declaratoria de Protección a la Seguridad”, cuando así lo decida el propio presidente de la República o a solicitud de algún gobernador o Congreso estatal, mientras que el Congreso sólo debe pronunciarse sobre su legalidad y estar a la espera de “un informe” que el secretario de Gobernación le remita a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, acción que define como un “esquema de control democrático”.

El Ejército y la Marina podrían intervenir incluso antes de la declaratoria, pues la propuesta le da al presidente la atribución de “ordenar acciones inmediatas” si hay situaciones “que pongan en peligro a la población o debiliten a las instituciones democráticas”.

La declaratoria, por lo demás, se podrá modificar para prolongar la intervención federal si persisten las causas que le dieron origen. Señala que sus efectos son distintos a los de la suspensión de derechos prevista en el Artículo 29 de la Constitución, pues no “implican la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías”.

Sin embargo, en la exposición de motivos, los diputados priistas dicen que esa disposición constitucional aplica para “casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, la misma condición que establecen para una intervención de las Fuerzas Armadas.

La información en torno a las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior será clasificada como de seguridad nacional, por lo que no serán del conocimiento público. Por el contrario, en una intervención de seguridad interior las autoridades civiles tendrán que darles a los militares toda la información de inteligencia que les pidan.

Más aún, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio, las operaciones en vigor que al momento de la publicación de la ley estén realizando los militares por algunas de las causas descritas, se seguirán realizando si se cumple con el procedimiento para establecer una intervención federal; es decir, que bastaría con ese requisito mínimo para que la ley sea retroactiva.

Estado de excepción “de facto”

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández González, diputado perredista por Nuevo León, considera que la norma sobre seguridad interior tendría que ser un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional, más que un ordenamiento expreso.

En cualquier caso, coincide en la necesidad de regular la participación de los militares en tareas de seguridad interior, pero con fechas específicas para que los gobiernos de los estados fortalezcan a sus policías y las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles: “Tiene que haber un tiempo preciso, como ocurrió con el nuevo sistema de justicia penal, que estableció plazos” para su entrada en vigor.

Además, propone restablecer el principio de responsabilidad penal para los gobernadores que no certifiquen a sus cuerpos policiacos, tarea que al final del anterior sexenio se fijó para el actual.

Los plazos que se fijaron fueron modificados a propuesta del exsenador priista y actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, hasta que el tema se desvaneció sin que se cumpliera con lo establecido en los transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista, el pasado miércoles 14, Fernández González se dice convencido de darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas no sólo en beneficio de ellas, sino de los ciudadanos, “que tienen que saber en qué casos van a intervenir las Fuerzas Armadas y en cuáles se van a retirar. Parte central del debate es cuándo deben intervenir y bajo qué protocolos de actuación”.

Especializado en política y estrategia de defensa y seguridad nacional, el diputado federal por Nuevo León dice que la legislación en Seguridad Interior se tiene que hacer sin dogmas: “¿Que se va a militarizar el país? Si ya está militarizado. Pero por otro lado tampoco hay que dejar vacíos que impidan el control en la actuación de las Fuerzas Armadas. Hay que ponerle contrapesos al Ejército y al propio Ejecutivo”.

Opuesto a que los militares se conviertan en una autoridad por encima del poder civil en donde intervenga la autoridad federal, asegura que en el caso de Nuevo León, las Fuerzas Armadas se constituyeron de facto en un mando único para resolver el tema de la inseguridad. En las juntas de coordinación, el Ejército tomaba el mando y el control de los operativos, refiere; aunque admite también que hay otras experiencias en las que no ha gustado el mando único de los militares.

“Los militares tienen que enfocarse en su actuar, tienen que estar viendo temas de delincuencia organizada cuando no la pueda confrontar la autoridad civil. Pero es fundamental que en una ley de seguridad interior se determine cuándo tienen que intervenir y a petición de quién, las amenazas que van a enfrentar y los protocolos de actuación, además de establecer en artículos transitorios fechas límite para el fortalecimiento de las policías.

El legislador reivindica el papel del Congreso para fijar contrapesos en una ley en la que se favorece la actuación militar y para que el diálogo entre civiles y militares no sea exclusivamente con el Ejecutivo.

Dice que ante el vacío legal sobre la actuación militar en tareas de seguridad interna y de cara a los compromisos internacionales que ha asumido México en derechos humanos, “pudiera venir una autoridad del extranjero a tratar de enjuiciar a nuestras Fuerzas Armadas. Lo podrían hacer, pero con una ley tendríamos el procedimiento interno de defensa”.

Además, legislar en la materia sería “reconocer el estado de excepción que estamos viviendo desde hace una década. En el sexenio de Calderón no se quiso aceptar esa situación y el costo lo han pagado tanto las Fuerzas Armadas como los ciudadanos”.

Abunda: “Hubo un cálculo político por parte de Calderón pensando que el estado de excepción de facto iba a ser una solución sencilla, sin darse cuenta del entuerto que estaba armando”.

Como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Fernández dice que quien sacó a los militares de sus cuarteles “simple y sencillamente se lavó las manos, y ahora el PRI, que está en el poder, tampoco le ha entrado con seriedad al problema”, al promover una ley sin contrapesos al poder militar.

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/466974/fuerzas-armadas-golpe-silencioso

La militarización de México.

De: Víctor Flores Olea.

Hace unas cuantas semanas escribí en un artículo aquí en La Jornada que, al parecer, avanzábamos con gran rapidez hacia una militarización del país. E interpretaba las preferencias y distingos ilimitados que el Presidente Peña Nieto tenía hacia todas las armas del ejército mexicano, como una señal inequívoca a esa tendencia que parecía y parece imparable.

Tanto más urgente y necesaria la tendencia que las preferencias de la ciudadanía se habían alejado extraordinariamente del Jefe del Ejecutivo, tanto más que según los principales encuestadores del país, que las preferencias que pudieron existir dentro en un tiempo se habían tornado precisamente en sus contrarias.


Por supuesto tales tendencias no se han modificado sino agudizado más si se quiere, aprovechando la coyuntura ¨Trump¨ para resaltar más aun la importancia del ejército mexicano para preservar la soberanía del país. Naturalmente, no pretendo en estas líneas demeritar la función general del ejército mexicano, pero sí digamos el oportunismo del grupo de políticos en la cumbre, tal vez comenzando con el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien parece estar al frente de la maniobra. Por lo demás, no debe olvidarse que en un pasado no muy lejano algunos analistas políticos del país ya se refirieron claramente al asunto,

Recordemos por ejemplo la afirmación de la investigadora Laura Carlson cuando afirmaba en una mesa redonda organizada por la Casa Lamm y el diario La Jornada ¨que la militarización de la lucha contra el narcotráfico responde a la política diseñada por el presidente Felipe Calderón, con la cual pretende asumir un liderazgo que no obtuvo en las urnas, apoyado, fundamentalmente, por las fuerzas armadas.¨ Un buen número de investigadores han coincidido con lo anterior, y desde luego en el mismo acto John Saxe Fernández y el que esto escribe. Laura Carlson agregó, con toda razón, que el famoso Plan México, con el que se pretende combatir al crimen organizado, resultó a la postre, para su objeto, un instrumento absolutamente fallido, como también resultó fallido el Plan Colombia de ese país, y del cual el de México pretendía ser una copia.

Laura Carlson agregó que el Plan Colombia (como el de México, añadimos ahora nosotros) resultó fallido porque pretendía combatir el crimen organizado, pero con el resultado de haber contribuido poderosamente a la pérdida de la soberanía colombiana y a la criminalización de las oposiciones políticas y de los luchadores sociales.

Y también se habló en esa misma mesa redonda del sin sentido que resulta presentar al crimen organizado y a la violencia criminal diaria en las sociedades, cuando en verdad el peligro mayor contra nuestros países reside precisamente en esta transferencia ¨sotto voce¨ de poderes jurídicos y de facto a los ejércitos. En el caso de Calderón resulta transparente que pretendía asumir un liderazgo, a través del ejército, que no obtuvo en las urnas y en sus tareas como candidato.

Desde luego, recientemente han llamado la atención expertos en estas cuestiones militares diciendo ¨que un cambio jurídico haría omnipotentes a los militares¨(La Jornada, 23 de noviembre de 2016). Es decir, la iniciativa de ley que presentó el PRI (léase el Presidente Enrique Peña Nieto), para dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para investigar y actuar contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad interior o la paz pública, como el narcotráfico o la corrupción, es inconstitucional y peligrosa porque dota de un poder omnipotente a los militares para investigar ¨delitos¨  de cualquier tipo e incluso actuar contra opositores al gobierno.

En esto coincidieron con razón el constitucionalista Elisu Arteaga y César Gutiérrez Priego. Ambos están de acuerdo en que es necesario establecer un marco jurídico que protega los derechos individuales de los militares, pero no por la vía en que lo intenta hacer el PRI-Presidente, porque este camino lleva indefectiblemente a abusos y a arbitrariedades por parte de las fuerzas armadas, sin contribuir para nada a su protección; al contrario, conduciría indefectiblemente a abusos y arbitrariedades  por  las fuerzas militares que son inadmisibles en un régimen que se propone como democrático. Añadieron además que la iniciativa es inconstitucional, entre otras razones, porque es violatoria del artículo 129 de la Constitución General de la República que dispone “que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense”.

Ambos estudiosos insisten en que la autoridad militar sólo puede ejercer las funciones directamente relacionadas con la disciplina  castrense y no pueden ser utilizadas como policías o en laboratorios de investigación. (Salvo en casos de Estado de excepción)


Por supuesto, la iniciativa que venimos comentando, inconstitucional por tantos motivos, ha horrorizado a multitud de especialistas pero, que yo conozca, no ha merecido comentario alguno por parte del poder legislativo. Creo que un asunto tan serio ameritaría ya al menos una clara opinión de su parte. Por muchas razones estamos al borde de un abismo que puede ser muy doloroso para muchos, ojalá los involucrados reaccionen patrióticamente. Desde luego las fuerzas armadas, que serían las últimas en beneficiarse por una reforma como la propuesta. Ojalá conserven el prestigio tantas veces justamente ganado y rechacen esos cantos de sirena que llevarían al horror a tantos mexicanos, y primero que nada a las propias fuerzas armadas.

Me parece oportuno mencionar que el pasado 3 de diciembre, el intelectual de la India Sri Sri Ravi Shankar realizó una conferencia en este mismo lugar a la que llamó “México merece Paz”. No es necesario repetir que su discurso fue absolutamente severo y lúcido en cuanto a la necesidad de vivir en paz y de la paz en todas partes del mundo. Sin ella no podría haber, nos dice Ravi Shankar, ni desarrollo ni bienestar auténtico.

Fuente:  http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/05/la-militarizacion-de-mexico-victor-flores-olea

¡Y retembló...!

 De: Gilberto López y Rivas.

Con fecha 14 de octubre de este año, el Congreso Nacional Indígena [CNI] y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional [EZLN] hicieron público un histórico documento con el profético título de: Que retiemble en sus centros la tierra, al finalizar el quinto Congreso Nacional Indígena, que tuvo lugar en el Cideci-Unitierra, Chiapas. No es un texto producto de la ocurrencia de una persona o grupo minoritario, sino el resultado de seis días de extenuantes y prolongadas sesiones de trabajo, llevadas a cabo con base en el conocido método de los pueblos originarios de debatir hasta lograr los consensos.

En la reunión se celebró la vida, al tiempo que se denunció la agudización del despojo y la represión, que no han parado en 524 años en que los poderosos dieron inicio a una guerra que tiene como fin exterminar a los que de la tierra somos y que como sus hijos no hemos permitido su destrucción y muerte para beneficiar la ambición capitalista que no conoce fin, más que la destrucción misma. La resistencia por seguir construyendo la vida hoy se hace palabra, aprendizaje y acuerdos.

Se destaca que los pueblos se construyen cada día en las resistencias frente a la cada vez más agresiva ofensiva del capitalismo, que se ha convertido –como se reiteró en el seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, de 2015– en una amenaza civilizatoria, no sólo para los pueblos indígenas y campesinos, sino para los pueblos de las ciudades que deben también crear formas dignas y rebeldes para no ser asesinados, despojados, contaminados, enfermados, secuestrados o desaparecidos. Desde nuestras asambleas comunitarias hemos decidido, ejercido y construido nuestro destino desde tiempos inmemoriales, por lo que mantener nuestras formas de organización y defensa de nuestra vida colectiva es posible únicamente desde la rebeldía ante los malos gobiernos, sus empresas y su delincuencia organizada.

No se trata de un llamado etnicista, autocentrado en los pueblos indígenas, sino, por el contrario, de un exhorto que, partiendo de una secular forma de lucha, con raíces en los grandes eventos históricos con fuerte presencia indígena –como las guerras de Independencia y de Reforma, la lucha contra las invasiones extranjeras, la Revolución contra la dictadura de Porfirio Díaz–, nos convoca a todos y todas a organizarnos colectivamente en la rebeldía contra el mal gobierno que ha entregado la patria a las corporaciones y la delincuencia.

Se denuncia –a detalle y con múltiples testimonios y pruebas documentadas– el proceso de recolonización que están sufriendo de manera particularmente agravada los distintos pueblos, naciones y tribus originarios representados en el quinto congreso: las invasiones a bosques, tierras sagradas comunales y territorios; imposición de megaproyectos carreteros y autopistas, gasoductos, acueductos y termoeléctricas, tren interurbano, aeropuertos y centros comerciales; despojo y privatización de veneros de agua y otros recursos naturales; afectación de tierras y territorios por la minería, proyectos túristicos, siembra de soya transgénica y palma africana, además de corredores ganaderos; comercialización de saberes ancestrales; contaminación de ríos por el fracking e imposición de pagos por servicios ambientales, captura de carbono y ecoturismo; todo ello, acompañado de la criminalización de las luchas y la resistencia, el asesinato, el encarcelamiento y la desaparición forzada de activistas; compra de conciencias, fragmentación de comunidades, desintegración del tejido comunitario y amañamiento de asambleas comunales, esa ingeniería de conflictos que bien conocen las corporaciones; acoso del narcotráfico con la complicidad de todas las instancias de gobierno, fuerzas armadas y aparatos de seguridad; juvenicidios, feminicidios y violaciones a mujeres; fumigaciones aéreas que producen enfermedades; ataques de grupos paramilitares y hostigamiento de autoridades comunitarias. Ante esta tormenta provocada por las nuevas formas de mundialización capitalista, los participantes en el quinto congreso reconocen que sólo es posible enfrentarla colectivamente, desde el anticapitalismo y desde las instancias de decisión construidas desde abajo: Ése es el poder de abajo que nos ha mantenido vivos, y es por ello que conmemorar la resistencia y rebeldía es también ratificar nuestra decisión de seguir vivos construyendo la esperanza de un futuro posible únicamente sobre las ruinas del capitalismo.

Por estas consideraciones que, como se observa, son trascendentes y profundas, el quinto Congreso Nacional Indígena “determinó empezar una consulta en cada uno de nuestros pueblos para desmontar desde abajo el poder que arriba nos imponen y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción […] nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este quinto CNI para nombrar un consejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI, como candidata independiente que contienda en nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la Presidencia de este país”.

Y, efectivamente, como era previsible, la clase política ¡retembló!.. y no se hicieron esperar las reacciones marcadas del racismo secular de esas mentalidades criollo-mestizas que no conciben que los indígenas piensen por ellos mismos, así como el monólogo ideológico-político de una partidocracia que considera la unidad de la izquierda a partir de argumentos como el mal menor, la alternancia democrática, el monopolio de la representación nacional y popular, y que no se ha pronunciado contra los poderes reales, abiertos y en la sombra, que han llevado a México a una situación de emergencia humanitaria y, sobre todo, que no es capaz de respetar las decisiones colectivas, ahora en consulta, de los sectores más explotados, discriminados y oprimidos de la patria.

Bienvenida esta iniciativa que hace pensar, actuar e incluso polemizar, más allá de pensamientos únicos, personalizaciones e ideas preconcebidas.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/04/opinion/018a1pol

¿Partidos o redes?

 

De: Víctor M. Toledo.
Durante la transición del mesozoico al cenozoico, que duró varios millones de años, ocurrió el fenómeno ampliamente conocido por el cual los gigantescos dinosaurios que dominaron ampliamente la vida en el planeta, súbitamente desaparecieron y su lugar fue ocupado por pequeños animales de sangre caliente: los mamíferos. La causa fue un drástico cambio ambiental, esencialmente climático, provocado por varios factores, incluyendo la llegada a la Tierra de un colosal meteorito. El diseño o prototipo dinosáurico perdió su eficacia y fue incapaz de adaptarse a las nuevas condiciones. Algo similar está ocurriendo en el mundo actual, ya no en el teatro de la biología o la historia natural, sino en el de la vida social, incluyendo la economía y la política.

El cuestionamiento cada vez más frecuente que hacen numerosos pensadores sobre estructuras, modelos, diseños y prototipos fundamentales no sólo hablan de que estamos ante un cambio de época, ante un cambio de civilización. También hace temblar pilares esenciales de la cosmovisión del llamado mundo civilizado, industrial y tecnocrático.

Exploremos el caso de la política. El poder político surge cuando se establece una relación de orden y obediencia, lo que supone coerción y violencia y derivado de ello sistemas o estructuras jerarquizadas y centralizadas. La pirámide es el icono de las sociedades basadas en la coerción o dominio. El vértice sitúa a los dominadores y la base a los subordinados. Estas sociedades piramidales no han sido eternas, surgieron hace apenas 5 mil años, por tanto, un emblema que hoy nos parece normal sólo representa una mínima fracción en la historia de la sociedad humana. Durante el restante 98.5 por ciento tal situación nunca existió, pues en las llamadas sociedades primitivas o arcaicas la equidad fue su rasgo preponderante en íntima relación con el tamaño de los conglomerados humanos (bandas, tribus, aldeas, señoríos).

Las sociedades donde aún no aparece el poder político, se definen como aquellas donde hay ausencia de escritura, economías de subsistencia, tecnologías simples e inexistencia de clases sociales. Esto es, sólo en las sociedades civilizadas es donde hay poder y, en consecuencia, formas múltiples y variadas de coerción y de violencia. Los partidos políticos reproducen lo que el Estado antes ya había instituido, y que también fueron imitando las unidades económicas a lo largo de la historia. El crecimiento de la empresa (con patrones y trabajadores subordinados) fue derivando en sistemas cada vez mayores hasta llegar a las súper gigantes corporaciones actuales. Así como la cooperativa (donde los socios son patrones y trabajadores a la vez) se opone a la corporación, las redes son la antítesis de los partidos en las relaciones de poder.

Aunque no se logre ver aún con claridad, las redes están destinadas a desplazar a los partidos como organismos políticos para la gobernanza, es decir, para la toma de decisiones de las sociedades humanas por dos razones. Primero, porque los partidos son pesados y torpes dinosaurios, basados en estructuras verticales, centralizadas, jerárquicas y coercitivas, en tanto las redes son entidades descentralizadas formadas de nodos o entidades equipotenciales. En general, los rígidos diseños que tienden al gigantismo están condenados a desaparecer frente a las formas pequeñas y flexibles. La segunda es que la innovación tecnológica, tanto en la comunicación, la información y el transporte, ha abierto un inmenso universo de posibilidades en el campo de la política, la gobernanza y la toma colectiva de decisiones.

Hoy las redes ponen en jaque a los poderes políticos surgidos de los partidos. Es el caso del movimiento de los maestros del CNTE, de las resistencias locales y regionales contra los mega proyectos, de las radios comunitarias que esparcen sus señales a escala local, o de las publicaciones digitales con redes de millones de lectores. Conforme los instrumentos tecnológicos se perfeccionan, simplifican y abaratan, las posibilidades de su uso político se potencian. Lo alternativo se esparce con mayor facilidad. Defender hoy la vigencia de los partidos políticos es pregonar la legitimidad de la democracia representativa o parlamentaria, un cuento en el que cada vez menos creen. La comodidad y el confort de decidir mediante el voto los destinos de su sociedad, ha mutilado el poder del ciudadano que ya no se obliga a la participación activa. Todo ello contribuye a alimentar una ilusión falsa: la de vivir en una sociedad democrática.

Tome el lector los casos de Cherán, en Michoacán, o de Cacahuatepec, en Guerrero, donde los ciudadanos, familias y barrios han tomado el control directo, es decir, el poder político, a escala municipal, han expulsado a los partidos políticos y han nombrado a sus autoridades y a sus cuerpos de seguridad. Ahí los habitantes locales ejercen el autogobierno, la autogestión, la autodefensa y van en pos de la autosuficiencia. Dada la escala han formado una red en tiempo real y también en espacio real. La gobernanza surge de la acción cara a cara y en directo. En ambos casos el control social o ciudadano lleva como referente al territorio, que es además de surtidor de vida el que da sentido a la identidad. Se trata de dos redes de resistencia y construcción de alternativas. Si cada municipio de esas entidades hicieran lo mismo, y cada uno nombrara a un representante a un consejo estatal para formar una red de gobernanza de nivel superior, y si en cada entidad ocurriera lo mismo, arribaríamos a un diseño ahora si verdaderamente democrático. Los partidos políticos y la idea dominante de Estado dejan de tener sentido y viabilidad.

Así como han surgido los primeros autos híbridos, también en el campo del diseño político han brotado las primeras entidades que buscan (no se sabe muy bien cómo) combinar la idea de partido con la de movimiento social que siempre son redes. Es el caso de Podemos, en España, y de Morena, en México, dos experimentos a la espera de probar su viabilidad política. Mientras tanto, mientras usted lee este ensayo, en la UNAM (Instituto de Investigaciones Sociales) se discute a detalle y a profundidad el tema de las redes, a partir de 12 conferencias ofrecidas por conocidos pensadores críticos.


Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/10/25/opinion/016a1pol

La inseguridad, al tope.

 

De: Jesús Cantú.

La madrugada del 30 de septiembre, el país fue sacudido por la muerte de cinco soldados en Culiacán, Sinaloa, en una emboscada que tendieron aproximadamente 60 integrantes de un cártel contra un convoy militar que transportaba a un capo herido a un hospital. El ataque evidenció el poderío de los grupos de la delincuencia organizada, la debilidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad –incluso la de sus propias Fuerzas Armadas– y, desde luego, el peligro constante en el que vive la población, pues aunque no hubo víctimas civiles el riesgo existe.

La condenable agresión en la que, además, 17 soldados resultaron heridos, no es un hecho aislado, sino la manifestación más grotesca de la creciente inseguridad que vive el país desde septiembre de 2014. Esta violencia se ha recrudecido en el presente año. Las cifras oficiales revelan esta tendencia: en 2014 se perpetraron 20 mil 10 homicidios dolosos; en 2015, 23 mil 63, y en los primeros siete meses de este año, 12 mil 376; en julio, la cifra llegó a 2 mil 73, la segunda más alta desde agosto de 2012.

Hasta el último día de julio, son escalofriantes los saldos de esta guerra contra el narcotráfico (declarada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón): 197 mil 225 homicidios dolosos (121 mil 923 durante el sexenio calderonista y 75 mil 302 en el de Enrique Peña Nieto (hasta julio de este año), amén de 215 militares abatidos por la delincuencia organizada (158 con Calderón y 57 en el actual), y 82 alcaldes asesinados.

Paralelamente, el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas de México es alarmante, y según los expertos puede evidenciar “ejecuciones sumarias” sistemáticas: el Ejército mata a ocho presuntos delincuentes por cada uno que deja herido. La situación es peor en la Marina: un herido por cada 30 muertos, cuando en todas las guerras que se han librado en el mundo desde los años setenta la relación es de un muerto por cada cuatro heridos.

El resultado es obvio: el Índice Global de Paz 2016, indicador elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica a México en el lugar 140 de una lista de 163 países analizados, lo que significa que se encuentra en un “bajo estado de paz”, muy cerca del grupo de naciones con “índices de paz muy bajos”, donde se hallan Siria, Afganistán e Irak, entre otros (Proceso 2075).

Datos publicados por el periódico Reforma indican que los homicidios dolosos cometidos entre enero y julio en cada uno de los últimos cinco años son: en 2012, 12 mil 883; en 2013, 10 mil 980; en 2014, 9 mil 317; en 2015, 9 mil 613, y en 2016, 12 mil 376.

La tendencia a la baja era clara y notoria hasta 2014, pero a finales de dicho año se produjo una inflexión y ahora va hacia arriba. Al analizar los primeros seis meses de este año se ve que en enero hubo mil 551 homicidios –inferior al promedio mensual de este sexenio, que es de mil 711–, pero en julio ya había aumentado a 2 mil 73, que se encuentra por arriba de los 2 mil 32 que se promediaron en la administración de Calderón.

Y, como siempre sucede, junto a los delitos de alto impacto también suben los llamados delitos comunes. El pasado miércoles 5 Reforma difundió que a partir de 2015 se desató “un alarmante incremento de robos” a los camiones de carga en las carreteras mexicanas. De acuerdo con cifras difundidas por la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar), el promedio semanal de robos en 2014 fue de 11.8; en 2015, de 20.5, y en lo que va de 2016, de 30. Además, denunció que 95% de los robos eran con violencia y que en 50% de los casos no recuperan ni el tractocamión ni el remolque.

Los expertos consideran que, según las tendencias, este gobierno puede llegar a rebasar la cantidad de homicidios dolosos del sexenio anterior, ya que en lo fundamental permanece invariable la estrategia de combate a la delincuencia organizada: mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para enfrentar la violencia delictiva; reforzar la presencia de las agencias federales en los estados donde hay brotes de violencia (lo que volvió a ocurrir, por ejemplo, en la respuesta a la agresión en Sinaloa), y enfocarse en la aprehensión de capos. En este rubro el gobierno presume que ha abatido o encarcelado a 100 de los 122 jefes del narco detectados al inicio del sexenio, pero esto no ha disminuido la inseguridad.

Si los resultados de los primeros dos años de gobierno permitían al presidente y su gabinete de seguridad suponer que iban por el camino correcto, lo sucedido en los últimos dos años muestra que no es así.

Si los acontecimientos de Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, o los civiles ejecutados en Tlatlaya por los militares muestran los abusos del Estado mexicano y la facilidad con la que recurre a las ejecuciones extrajudiciales, los ataques a las Fuerzas Armadas –como la emboscada en Culiacán y el helicóptero militar derribado en Jalisco el 1 de mayo de 2015– evidencian su vulnerabilidad.

Sin embargo, hasta hoy la respuesta del gobierno mexicano no difiere de la que ha tenido en el pasado: en el caso de los abusos elige proteger a los efectivos hasta niveles de impunidad y aferrarse a “verdades históricas”, y en el de las agresiones, se ha conformado con prometer que va “con todo” contra “las bestias criminales” que perpetraron la emboscada.

Estas acciones se convierten en un círculo vicioso que detona precisamente la escalada de violencia e inseguridad que vive el país desde hace ya casi 10 años, producto del empecinamiento y la terquedad de los últimos dos presidentes mexicanos.

La espiral no parece tener fin y el actual gobierno (como durante seis años lo hizo el anterior) mantiene su política pese a los nefastos resultados, mientras la población mexicana padece las consecuencias de esta infructuosa guerra en la que todos perdemos.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/458614/la-inseguridad-al-tope

El malestar social amenaza la democracia: Noam Chomsky.

 

Noam Chomsky, uno de los intelectuales estadunidenses más prestigiados en la actualidad, cree que la baja valoración de los políticos a escala mundial no es exclusiva de la cúpula dirigente, sino se extiende a empresas e instituciones como parte de un malestar social general.

La escasa popularidad de los actuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos no es algo excepcional, sino forma parte de un gran malestar social que amenaza la democracia”, explicó el lingüista y filósofo, de 87 años, en una entrevista en Cambridge.

Estados Unidos se desarrolló desde una democracia hacia una plutocracia con apéndices democráticos, opinó. Tres cuartas partes de la sociedad se encuentran simplemente subrepresentadas, subrayó.

Respecto del auge actual del candidato republicano Donald Trump, pese a su discurso polémico y agresivo, el autor de Los guardianes de la libertad cree que se fundamenta en gran medida en el desprecio durante décadas a la clase trabajadora: Quienes respaldan a Trump no son los pobres. La mayoría son de la clase trabajadora blanca, que en el periodo del neoliberalismo fue marginada. Ahora estas personas están amargadas y tienen rencor.

El profesor emérito del Massachusetts Institute of Technology (MIT) apuntó como segunda razón un fortalecimiento del populismo y el ultranacionalismo, algo que también se ve en Europa: Hay correlación directa entre el apoyo a populistas autoritarios y los entusiasmados con Trump.

A diferencia de lo sucedido anteriormente, esta vez a los líderes republicanos no les fue posible impedir el protagonismo de un candidato peligroso. Trump es singular. Nunca hubo algo como él en naciones industrializadas occidentales, señaló.

Sin embargo, el proceso se enmarca en una transformación más amplia del sistema político estadunidense, que él ve históricamente como de partido único con dos facciones: republicanos y demócratas. Eso ya no es así. Seguimos siendo un país de partido único, el partido de los negocios, pero ya sólo hay una facción.

De hecho, piensa que quienes apoyaron a Bernie Sanders en la precampaña demócrata podrían formar un nuevo partido, independiente del demócrata, si avanza la transformación del sistema. Sanders se enfrentó desde la izquierda en las elecciones primarias a la actual candidata, Hillary Clinton, pero perdió.

Si tuviéramos un movimiento trabajador activo y luchador, del estilo del que hubo en Estados Unidos en los años 30, probablemente uniría a los seguidores de Trump con los de Sanders, aseveró el lingüista, quien a nivel político se ha definido como anarquista o socialista libertario.

Son muy diferentes en muchas cosas, pero comparten centralmente la misma furia por el ataque a la clase trabajadora blanca y a los pobres. Eso podría ser el comienzo de algo totalmente nuevo, concluyó.

 

Fuente:  http://www.jornada.unam.mx/2016/09/17/mundo/017n1mun

López Obrador, cómplice de la corrupción.

De: Álvaro Delgado.

–Inaceptable, su “amnistía anticipada”

–Ni perdón ni olvido: justicia

Justo cuando la sociedad identifica a Enrique Peña Nieto y a su gobierno con la corrupción voraz, cuyos incesantes escándalos ubican el repudio presidencial arriba de 80%, Andrés Manuel López Obrador garantiza la completa impunidad y aun incita al saqueo.

Porque en eso consiste en los hechos la “amnistía anticipada” que ofreció al “grupo en el poder” en el mensaje que pronunció el jueves 11 en Acapulco, Guerrero, en el ciclo de conferencias “Era Familiar Princess 2016”, en el que participaron también, por separado, Margarita Zavala y Carlos Salinas.


“Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota, en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada, porque lo que se necesita es justicia, no venganza”.

Este pronunciamiento es insólito viniendo de quien ha hecho del repudio a la corrupción y la impunidad sus principales estandartes desde sus orígenes políticos, en el priismo de Tabasco, y quien hace un mes afirmó que no es un “peligro para México”, como desde 2006 lo tacha la derecha, sino “para los corruptos, para los de la mafia del poder, para los que se han dedicado a saquear a México”.

Pero ya no es peligro ni para los corruptos: Lo que ofreció el presidente de Morena es que, de ganar él la Presidencia de la República, no habrá investigaciones ni castigos para quienes desde sus cargos públicos y privados se beneficien ilegalmente de los recursos de la nación hasta el fin del actual periodo sexenal.

De manera que, en los poco más de dos años que restan al sexenio, López Obrador ha dado su aval para que siga el saqueo, al fin que el perdón con que iniciará su hipotético gobierno habrá borrón y cuenta nueva.

La “amnistía anticipada” de López Obrador exige un amplio debate, más allá de las ocurrencias, los memes y las descalificaciones de plano, porque es un asunto de salud pública.

Este mensaje, que considero es de impunidad, no lo emitió en una improvisada entrevista banquetera o en el arrebato de un mitin, sino en una amplia y detallada ponencia –de 18 cuartillas–, como él mismo lo expuso en un mensaje en su página de Facebook, el miércoles 10, justamente en el que explica cómo regaló a sus hijos sus propiedades y por qué no incluyó en su “3de3” sus regalías por libros y conferencias.

Poco después de iniciar su ponencia, un documento de diagnóstico y de propuestas que deberían leer hasta sus adversarios, López Obrador expone:

“Aquí es oportuno volver a responder sobre el trato que recibirán los integrantes de la mafia del poder cuando triunfe nuestro movimiento. Es indispensable contestar puntualmente esta pregunta porque, en nuestra concepción, el principal problema de México es, precisamente, el predominio de un puñado de personajes que detentan el poder, formal o informalmente, y son los responsables de la actual tragedia nacional.

“Y, como es obvio, si estamos empeñados en establecer la democracia y transformar al país, es mejor que desde ahora se sepa qué haríamos con los corruptos y traficantes de influencias, al triunfo de nuestro movimiento. Pero antes quiero reiterar que no todo el que tiene es malvado, que no estamos en contra de quienes con tenacidad y empeño invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México. Estamos en contra de aquellos que amasan grandes fortunas de la noche a la mañana, apoyados en la ilegalidad, el influyentismo y a la sombra del poder público (…)

Cinco párrafos más adelante, al evocar cómo se impuso en 2006 la “guerra sucia para meter miedo a los empresarios a la población en general”, ofrece a los actuales gobernantes que, “ante su posible derrota, en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie”.

Explica: “Declaramos esta amnistía anticipada, porque lo que se necesita es justicia, no venganza. No odiamos a nadie. Sencillamente deseamos lograr el renacimiento económico, social, político, pero, sobre todo, moral de México. Dicho de otra forma, se trata de inaugurar una etapa nueva de la vida pública del país, con un presidente que no esté subordinado a ningún grupo de interés creado y que sólo tenga como amo, al pueblo de México.

“Respetamos a quienes sostienen la máxima de ni perdón ni olvido, pero no la compartimos. Podríamos decir: olvido no, perdón sí. En esta virtud, igual que en la honestidad, reside la esperanza de un mejor porvenir. Si hacemos a un lado el odio y optamos por el perdón, podremos caminar con el emblema de la honestidad hacia una sociedad mejor”.

Es cierto, urge en México una nueva etapa de la vida pública del país para que, efectivamente, el presidente de la República y todos los servidores públicos sólo le sirvan a los mexicanos, pero no puede inaugurarse sobre la base de la impunidad que López Obrador ofrece con el perdón.

Nadie pide odiar ni perseguir sin motivo a quienes ejercen recursos públicos, pero sí investigar las presunciones de robo y sancionar, si es el caso, a quienes son los responsables. Esa es la justicia, pero la “amnistía anticipada” de López Obrador es simple complicidad o coqueteo con un pacto de impunidad al más alto nivel.

Esto se imputaría, sin atenuantes, si los autores de la propuesta hubieran sido Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera, Ricardo Anaya y hasta Jaime Rodríguez El Bronco o cualquier otro identificado con la “mafia del poder”.

Para cualquier jefe de Estado, particularmente en las transiciones a la democracia, lidiar con el pasado es uno de los principales desafíos. ¿La “amnistía” a corruptos es la mejor manera? Yo digo que no.

Apuntes

Tan es cierto que lo propuesto por López Obrador es “borrón y cuenta nueva” que, en su ponencia, plantea: “En forma categórica expreso que cuando triunfe nuestro movimiento no habrá impunidad. Al asumirse el mando del Poder Ejecutivo, se presentará una iniciativa para llevar a cabo una reforma a la Constitución y eliminar los fueros de los altos funcionarios públicos. Entre otras medidas, se va a suprimir la disposición de que el presidente de la República no puede ser sujeto a ninguna pena por el delito de corrupción”…



Fuente: http://www.proceso.com.mx/451090/lopez-obrador-complice-la-corrupcion