El mensaje de Cienfuegos.

 

De José Gil Olmos.

El caso de tortura en Ajuchitlán, Guerrero, por parte de militares y policías federales a una mujer, es uno de tantos que desde hace años se vienen denunciando en todo el país y que forman parte de esta guerra no convencional en la que están atrapadas las fuerzas armadas y policiales.

Pero si se trata de un caso más entonces por qué el general Salvador Cienfuegos salió a disculparse ante más de 25 mil soldados reunidos en la plaza Damián Carmona de la zona militar en un evento que parecía más una convocatoria de unidad ante futuras tempestades que una acción de disculpa ante la sociedad.

El general Cienfuegos ha sido protagonista en varios actos públicos en los que ha participado más con un mensaje político que como tradicionalmente lo hacía el jefe de las fuerzas armadas, con discursos institucionales.

En noviembre del 2014, por ejemplo, al participar en el inicio de construcción de un nuevo cuartel para la Policía Militar, en Monterrey, el secretario de la Defensa dijo que los militares aportaban sus mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarse “por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece”.


El discurso del general se dio bajo el contexto de dos casos en los que las fuerzas militares estuvieron y están bajo el escrutinio nacional e internacional: las ejecuciones en Tlatlaya y los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Dijo mucho más en esa ocasión. Pidió acabar con “la indolencia, la insensibilidad, el silencio, la violencia desmedida y la complicidad” que obstruyen y limitan la verdadera esencia de la justicia. Y terminar con el rumor, la intriga y la deslealtad que, dijo, “corroen cimientos, mancillan convicciones, frenan el potencial que tiene el país y debilitan las instituciones”.

Hoy que una vez más se pone en entredicho a las fuerzas militares, que desde Estados Unidos la candidata Hilary Clinton pidió que respeten más los derechos humanos y que se difundió ese video donde se muestran a dos mujeres, una militar y otra policía, torturando a otra mujer, el general Cienfuegos vuelve a aparecer con un discurso político pero con armadura castrense.

Nada es gratuito y menos cuando Cienfuegos habló en un acto que parece desproporcionado para ofrecer disculpas como el realizado el sábado 16 en el corazón de la Secretaría de la Defensa Nacional ante miles de soldados, un día después de que se “filtró” el video de la tortura.

Contra la costumbre de guardar silencio, casi de inmediato la Secretaría de la Defensa reconoció el hecho y dijo que ya se había denunciado ante la PGR.

El mensaje del general Cienfuegos un día después pareciera tener un trasfondo más importante que una disculpa social.

En un contexto de exacerbación ciudadana, de brotes de inconformidad social por acciones desastrosas, actos de corrupción y de saqueo por integrantes del gobierno, del surgimiento de grupos de autodefensas que buscan frenar la violencia en sus lugares de origen y, sobre todo, ante los visos de grandes movimientos sociales en víspera de las elecciones del 2018, el protagonismo de las fuerzas armadas es y será importante.

Más que Cien Fuegos, el jefe del Ejército pareciera ofrecer disculpas anticipadas ante los miles de fuegos que podrían suscitarse en el país y que desde fuera se ven con preocupación porque podrían propalarse en tiempos de crisis. Ante este riesgo, ojala no sean disculpas adelantadas por lo que habrá de hacer.

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/437761/el-mensaje-de-cienfuegos

Insta la ONU a terminar con la guerra contra las drogas.

 De: Víctor Ballinas.

 

El representante para México de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli, sostuvo que el documento que será discutido en la próxima sesión especial de la UNGASS 2016, a realizarse del 19 al 21 de abril en Nueva York, proyecta nuevas visiones para abordar el problema de las drogas, que, sostuvo, es de salud.

‘‘La guerra contra las drogas que ha sido declarada hace más de 35 años en este hemisferio se ha acabado o tiene que acabarse’’, manifestó el funcionario de Naciones Unidas.

A su vez, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, dijo que México abogará ante la Asamblea General de Naciones Unidas por combatir el problema de la drogadicción por medio de una política integral basada en la salud pública y no sólo con medidas punitivas.

Medidas punitivas ya no funcionan

Al participar en las audiencias públicas organizadas por el Senado sobre el posicionamiento que México presentará en la ONU sobre el problema mundial de las drogas, Ruiz Cabañas dijo que hay que colocar en el centro de las políticas al individuo y no a las sustancias.

El funcionario afirmó que la experiencia mexicana demuestra que el enfoque punitivo contra el consumo de drogas y el narcotráfico no es suficiente. ‘‘Hay muchos países que consideran que ese enfoque debe seguir siendo el más importante. La experiencia de México nos dice que no es suficiente; debemos tener políticas más integrales, más equilibradas’’.

En dicha reunión, México buscará enriquecer la estrategia internacional con elementos que hasta ahora no han sido considerados, ‘‘como que el problema de las drogas es un tema de salud pública y de derechos humanos’’.

Durante su participación en las audiencias públicas Mazzitelli destacó: ‘‘El documento que se presentará rompe con algunas reglas de las políticas de drogas y proyecta una nueva y más propositiva dimensión en la materia. Se reconoce no sólo que hubo avance, sino que la guerra declarada hace más de 35 años en este hemisferio se ha acabado o tiene que acabarse’’.

Pero sobre todo, subrayó, el problema de drogas ‘‘es y siempre ha sido esencialmente de salud y tiene que encontrar respuestas en ese rango, las cuales tienen como centro de enfoque y desarrollo al individuo, así como a la sociedad’’.

Abundó que dicho documento –que será discutido en la asamblea general– destaca que el tráfico de drogas es un delito trasnacional que tiene que ser combatido dentro de un contexto de políticas en contra del crimen organizado. Asimismo, se reconocen los lazos crecientes entre las organizaciones criminales en materia de tráfico de drogas, de personas, de armas, las relaciones con los grupos terroristas y el uso de la violencia.

Más adelante, Mazzitelli reconoció el trabajo y la propuesta de México y deseó que en la nueva definición del Programa Mundial contra las Drogas, del año 2019, se avance en la métrica utilizada para definir los progresos de los diferentes estados en esta materia, para que no sean exclusivamente indicadores o numeralia de incautaciones, de arrestos, sino más bien se centren en el individuo y en su salud.

A su vez, el subsecretario Ruiz Cabañas dijo que la reunión fue convocada en la UNGASS por México, Colombia y Guatemala para que los estados evalúen experiencias de políticas que han funcionado o fracasado.

Indicó que México está buscando enriquecer la estrategia internacional y que la dimensión del programa mundial de las drogas sea vista como un asunto de salud pública.

También se destacará la importancia de políticas de prevención, no sólo del consumo, sino de todos los daños sociales que ocasiona la existencia de un mercado ilícito de enervantes, y más importante aún, la importancia de colocar en el centro del quehacer de los gobiernos y de la comunidad internacional a los individuos, a los seres humanos y no a las sustancias.

Precisó que lo fundamental para México es que no sólo se tomen en cuenta las tres convenciones en la materia (1961, 1971 y 1988), sino todos los instrumentos internacionales aprobados en los años recientes, y con ello poner énfasis en la persona humana.

El subsecretario aseveró que las convenciones internacionales dan suficiente margen ‘‘para que cada país, cada subregión, cada región, diseñen y apliquen sus propias políticas de control de drogas de manera que puedan atender las circunstancias locales y sus propias políticas de salud pública’’.

Dijo finalmente que el problema mundial de drogas debe atenderse generando políticas en favor del desarrollo socioeconómico, de salud pública y derechos humanos, y que la Organización de Naciones Unidas encabece una campaña mundial para prevenir el consumo de enervantes sobre todo en los niños y en los jóvenes, ‘‘además de atender los daños sociales ocasionados por el mercado ilícito de drogas con enfoque integral de prevención y consumo’’, entre otros.

Javier Duarte, el sátrapa, se queda.

De: Álvaro Delgado.

La única razón por la que Javier Duarte sigue como gobernador de Veracruz, donde el poder completo lo tienen los criminales, es para que triunfe el candidato priista Héctor Yunes.

Porque la lógica del gobierno de Enrique Peña Nieto no es la justicia, sino el poder: Duarte le sirve más en el gobierno de Veracruz, sinónimo de dinero, que fuera de él.

Hace seis años, cuando el gobernador Fidel Herrera estaba “en la plenitud del pinche poder”, Duarte sólo ganó con un puñado de votos a Miguel Ángel Yunes Linares, quien competirá ahora contra su primo hermano priista y tendrá a su favor el apoyo del PRD y un gobierno cuyo desprestigio juega a su favor.

Manlio Fabio Beltrones pareció perfilar la caída de Duarte cuando el pasado martes 23 declaró públicamente que el gobernador debería rendir cuentas a los veracruzanos y respaldó a Héctor Yunes, quien para crecer en preferencias electorales ha prometido cero impunidad con el pasado.

Al día siguiente de esa declaración, Duarte se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong –en cuyo encuentro habría estado presente Beltrones–, lo que abonó a las versiones de la caída, diseminadas también en columnas y por el propio Yunes Linares.

Sin embargo, con el paso de las horas todo cambió: Beltrones quedó en ridículo y tuvo que dirigir sus baterías contra el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Duarte aprovechó el cambio de señales: “La declaración de hoy creo que mata la declaración de ayer y la declaración de hoy creo que deja muy claro la postura del presidente del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional”.

Más aún: Prominentes funcionarios federales comenzaron a visitar Veracruz, entre ellos Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tan querida por Peña.

El viernes 26 la funcionaria dejó un mensaje de respaldo inequívoco: “Gracias, gobernador Javier Duarte, por recibirnos hoy en Veracruz para realizar gira de trabajo. Seguimos moviendo a México”.

Hoy, lunes 29, Duarte apareció exultante en el patio central de Palacio de Gobierno, acompañado por la mayoría de su gabinete, diputados locales y federales, así como su esposa Karime Macías y sus tres hijos, para proclamarse –“con las manos limpias y la frente en alto”– inocente de las acusaciones de corrupción.

Duarte, entonces, se queda. Y se queda porque, en una elección tan competida, la diferencia será la masiva operación electoral –la compra de votos, pues– que requiere de los abundantes recursos que sólo proporciona el erario, que él mismo manejó desde que Fidel Herrera era gobernador.

Esos recursos serán no sólo para obtener votos para el candidato priista, sino para restárselos al principal competidor, el otro Yunes, a través de la candidatura “independiente” del expanista Juan Bueno Torio, quien habría recibido de Duarte varios millones de pesos que originalmente serían para otro expanista, Gerardo Buganza, quien decidió ya no competir.

Hace seis años Duarte ganó oficialmente con una diferencia de 2.5 puntos: Obtuvo un millón 356 mil votos (equivalente a 43.54%), mientras que el candidato del PAN-Panal, Yunes Linares, logró un millón 277 mil (41%), por 400 mil votos (12%) de Dante Delgado, el candidato de la izquierda.

Podría pensarse que con el PRD, Yunes Linares tiene en la bolsa la gubernatura que será de sólo dos años, pero ese partido es ya sólo un membrete y hay otras variables, como el “independiente” Juan Bueno y la irrupción de Morena, cuyo candidato, Cuitláhuac García Jiménez, ganó una diputación federal de mayoría y cuyo crecimiento no puede ser desdeñado.



Fuente: http://www.proceso.com.mx/431860/javier-duarte-el-satrapa-se-queda

Los primeros escándalos de “El Bronco”.

 

De: Jesús Cantú.

Antes de que pudiera “extirpar la corrupción” y “retomar el control de las prisiones en Nuevo León”, como prometió en la campaña electoral, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, enfrenta el primer escándalo por una licitación cuestionada y la muerte de al menos 49 reos en una de las peores masacres en la historia de Nuevo León.

Muy rápidamente la realidad evidenció la gran diferencia entre criticar y prometer como candidato opositor a un puesto de elección popular, y gobernar una vez que se gana la elección. Rodríguez Calderón exclamó en su discurso de toma de posesión: “¡Se les acabó la fiesta a los bandidos!” Y anunció: “Desde ahora mismo instruyo a mi equipo a realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias, que se revise cada papel y cada cajón. Vamos a investigar, sin afán de venganza, pero con sed de justicia. Si alguien cometió un crimen, que dé la cara al pueblo y le responda a la ley, sea quien sea”.

Ante las demandas de los medios de comunicación y diversas organizaciones sociales que le exigían presentar denuncias contra altos funcionarios de la administración anterior, el 3 de diciembre señaló en Toluca, Estado de México, en la reunión de la Conago, que el lunes 7 de diciembre daría a conocer 100 casos de corrupción. Ese día anunció la creación de la Subprocuraduría Anticorrupción y dio a conocer que abriría al menos 100 averiguaciones previas por supuestos daños al erario. Señaló que en diciembre se integrarían las averiguaciones y en enero se realizaría una proyección jurídica para agendar las denuncias, las cuales serían presentadas a finales de febrero.

Nada se sabe de la integración de los expedientes. Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia contra ningún exfuncionario público de los primeros niveles del anterior gobierno. Pero el gobierno sí presumía que todas las licitaciones se podían presenciar a través de Periscope, lo que transparentaba su actuación y redundaría en importantes ahorros para el erario.

Sin embargo, el pasado lunes 8, antes de que se pudiera presentar la primera denuncia o se dieran a conocer cifras de los ahorros, el diario local El Norte denunció que el gobierno de Rodríguez Calderón compró 200 mil cobijas por un monto total de 28.9 millones de pesos con un sobreprecio de hasta 167% del disponible en el mercado.

Pero la licitación presenta, entre otras irregularidades, el hecho de que las cobijas se empezaron a repartir un día antes de que se adjudicara el contrato al único concursante y cinco días previos a la firma de éste; además, las cobijas que entregó el proveedor no cumplen con las especificaciones de pesar dos kilogramos y medir de 1.65 a 1.70 metros de ancho y de 2 a 2.10 metros de largo. Por si todo esto fuera poco, el único participante es una empresa que, de acuerdo con el padrón de proveedores del estado, lo mismo presta servicios de cómputo y capacitación que asesorías y construye, da mantenimiento a edificios e instalaciones, realiza labores de jardinería y vende carnes, tamales y artículos de limpieza.

Tampoco se ha podido localizar a los dueños anotados en el Registro Público de la Propiedad ni a la misma empresa, pues ésta no se encuentra ubicada en la dirección señalada como domicilio. El dueño de la vivienda que se localiza ahí declaró que la tiene desde hace 40 años.

Así que muy probablemente la primera denuncia que presente la Subprocuraduría Anticorrupción y la primera sanción administrativa que imponga la Contraloría del Estado serán contra funcionarios de este gobierno y no del anterior, como prometió El Bronco.

Pero los primeros meses de este gobierno también muestran malos resultados en materia de seguridad: recién nombrado director de la Agencia Estatal de Investigación, el contralmirante Augusto Cruz Morales tuvo que renunciar al cargo (aunque continúa operando) porque la ley señala que para ocuparlo debe ser licenciado en derecho. Los problemas no tienen que ver sólo con las formas, ya que a partir del cambio de gobierno se incrementaron los índices delictivos.

En enero del presente año las ejecuciones aumentaron en 74% en relación con enero de 2015, y en 154% contra diciembre del mismo año; los 33 asesinatos ligados al narco fueron la cifra más alta desde las 43 muertes de junio de 2015; pero también subieron los asaltos a camiones del transporte público, con 14, y a bancos, con cuatro. Si bien no todo es atribuible al actual gobierno, pues tomó posesión el 4 de octubre del 2015, las denuncias por extorsiones en el 2015 alcanzaron la cifra récord de 509, lo que implica una tasa de 9 por cada 100 mil habitantes, que sitúa a Nuevo León en el segundo lugar en este delito a nivel nacional.

Pero los peores augurios se centraban en los penales, asunto respecto del cual desde la primera reunión del equipo de transición los funcionarios del anterior gobierno advirtieron al entonces encargado del área de Procuración de Justicia, Roberto Flores Treviño, que había una sobrepoblación de 40% y carencia de custodios. Los precedentes no dejaban lugar a dudas: el 26 de septiembre de 2011 fueron asesinados dos reos en el Penal del Topo Chico; el 19 de febrero de 2012 un motín en el Cereso de Apodaca llevó al asesinato de 44 internos, todos ligados al crimen organizado, y a la fuga de otros 37, de los cuales 11 todavía están prófugos; el 27 de enero del 2013 los presos bloquearon las cámaras de vigilancia en el Penal del Topo Chico, y el 5 de junio de 2015 una riña dejó un saldo de dos heridos en el mismo centro penitenciario.

A esta secuencia de hechos violentos se suma el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que advertía sobre la ingobernabilidad y las precarias condiciones de las cárceles. El documento colocaba a Nuevo León entre los 10 estados con peores condiciones en la materia y otorgaba una calificación de 5.7 (en una escala de 0 a 10) al de Topo Chico; de 5.5 al de Apodaca y de 6.53 al de Cadereyta. No había duda: los penales eran una bomba de tiempo que el actual gobierno no desactivó.

La masacre del pasado miércoles 10 es la segunda peor de la historia de Nuevo León, únicamente superada por las 52 víctimas del incendio del Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011.

Después de cuatro meses de gobierno los únicos resultados tangibles son malos y desalentadores, pero además desnudan las limitaciones del actual gobierno para operar una administración eficaz y eficiente. Como declaró Marco González, líder de la fracción parlamentaria del PRI (casualmente el partido del exgobernador Rodrigo Medina), “la gente no quiere gobiernos como los gobiernos salientes municipales o estatales; quiere algo diferente y estamos viendo que este gobierno no es diferente. Es más de lo mismo…”

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/430539/los-primeros-escandalos-de-el-bronco

La Iglesia cómplice.

 

De: Jorge Carrazco Araizaga.

Desde hace una década, cuando la violencia se desbordó en todo el país, la Iglesia católica ha sido mera espectadora.

Desde entonces los más de 150 mil muertos, los más de 10 mil, 15 mil o 20 mil desaparecidos, los desplazados, los cementerios clandestinos que emergen en todo el suelo mexicano y un largo catálogo de otras violaciones graves a los derechos humanos han sido insuficientes para la impávida jerarquía católica mexicana.

Contrario a sus principios doctrinarios, el amor al prójimo no los ha impelido siquiera a proponer paliativos ante el desgarramiento social e institucional de México. Por información no se pueden quejar.

La Iglesia católica mexicana, que tiene una enorme grey con más del 80 por ciento de la población, cuenta con una gran red de informantes en todo el país.

Las parroquias son fuentes de información invaluables. Hasta ahí llega la gente a contar lo que sabe, lo que ha vivido y padecido en estos tiempos virulentos. La información fluye desde ahí hasta las diócesis y de ahí hasta la cúpula de la jerarquía eclesial, en la Ciudad de México.

La Iglesia católica sabe quién son y cómo opera la delincuencia. Pero ha cerrado los ojos y estirado la mano cuando se trata de contribuciones económicas del propio narco para construir parroquias.

Son contados los sacerdotes católicos y menos aún los obispos que han alzado la voz, pero sobre todo los que han tomado acciones en defensa del prójimo y los derechos humanos. Varios sacerdotes han sido asesinados en esta violencia desbordada y ni siquiera eso ha movilizado a la jerarquía eclesial.

Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, conoce por experiencia propia lo que significa vivir en un país donde la dignidad humana es despreciada por el Estado, sus agentes y sus colaboradores.

Durante la dictadura militar en Argentina, de 1976 a 1983, ayudó a personas a salir del país, aunque una acusación periodística, que oficialmente fue desmentida, lo señala de haber entregado a la Junta Militar a dos sacerdotes jesuitas.

Lejos de la burbuja ominosa en la que históricamente se ha movido la jerarquía católica mexicana, Bergoglio sabe además, también por experiencia propia, de la marginación cuando oficiaba en las llamadas villas miseria de Buenos Aires. Descendiente de migrantes italianos, sabe asimismo de los dramas personales de la inmigración.

Bergoglio no se puede dar por no enterado de la crisis moral de su Iglesia en México, y mucho menos guardar silencio: Padres pederastas y jefes católicos protectores al más alto nivel, implicados en actos de corrupción moral como en la boda religiosa del presidente Enrique Peña Nieto, persecutores de quienes se defienden o alzan la voz o negociantes con el poder político y económico como mercaderes.

Bienvenido a México, Francisco. Estos son los representantes de tu Iglesia en México. Lo que digas y hagas en tu primera visita a este país cansado ya de tanta violencia y corrupción, incluso si excomulgas a los delincuentes estatales y no estatales, tendrá eco mientras estés aquí. Después, el círculo vicioso de la degradación moral en la vida política, económica, social y católica de México seguirá creciendo de la mano de su gran aliada, la impunidad.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/429792/la-iglesia-complice

Un país reprobado en casi todo.

De: Jesús Cantú.

En los últimos 10 meses informes y visitas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil desnudaron las enormes carencias mexicanas en materia de respeto a los derechos humanos, ejercicio de la libertad de prensa y combate a la corrupción, con lo cual, aunque periódicamente se celebran elecciones, que en general los observadores internacionales califican como democráticas, el país incumple con elementos indispensables para considerarlo de la misma manera.

El pasado miércoles 28 de enero se dieron a conocer los reportes de Transparencia Internacional (TI) en materia de percepción de corrupción, y de Freedom House (FH) en materia de libertades, libertad de prensa y libertad en internet. Todos reprueban a México.

De acuerdo con informe de TI, el país apenas alcanza una calificación de 35 puntos, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa “altamente corrupto” y 100 “muy limpio”. Esto convirtió al país en el peor evaluado de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El comunicado de prensa enfatiza: “Los países en las primeras posiciones presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos, y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno.”

Y, en contrapartida, al establecer las constantes en los países que ocupan las últimas posiciones, además de las guerras y conflictos, “se caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación”.

Para corroborar las razones por las que México se encuentra entre estos últimos, el informe de FH ubica a México como un país “parcialmente libre” en general y en libertad en internet, pero “no libre” en relación con los medios de comunicación. Para respaldar esta calificación en materia de libertad de prensa se hace referencia al despido de Carmen Aristegui y todo su equipo de MVS Radio tras haber revelado la historia de la Casa Blanca de Las Lomas, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera; y, desde luego, al frecuente asesinato de periodistas, especialmente aquellos que investigan temas policiacos, de tráfico de drogas y corrupción oficial.

Sin embargo, previamente habían sido la OEA y la ONU –organismos internacionales de los que México forma parte– y sus convenciones en materia de derechos humanos –que fueron firmadas por el Ejecutivo y avaladas por el Senado mexicanos– las que habían emitido informes alarmantes respecto a diversos temas vinculados con estos derechos fundamentales.

En marzo del año pasado, Juan Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura, presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de dicha organización el informe de una visita que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, y en su primer párrafo señaló: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la presentación son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”.

Posteriormente, entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre del mismo 2015, durante la Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de trabajo que revisó los avances en la implementación de las recomendaciones que dicha instancia hizo a México en 2011 en cuanto a desapariciones forzadas avaló la afirmación del Comité en la materia respecto a que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

También en octubre, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó lo impactante que resulta el hecho de que en un país no inmerso en un conflicto bélico hubiesen sido asesinadas 151 mil 233 personas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, y desaparecido al menos 26 mil desde 2007.

A su vez, Rose-Marie Belle Antoine, al dar a conocer el informe preliminar tras la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que estos problemas “son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas” (Proceso 2043).

Los politólogos identifican cinco dimensiones que cualquier democracia debe cumplir para ser considerada como tal: elección democrática de autoridades; sensibilidad y capacidad de respuesta de éstas a las demandas ciudadanas; vigencia del estado de derecho; mecanismos eficaces y eficientes de rendición de cuentas, y vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales.

Los informes citados en los párrafos precedentes evidencian que al menos las tres últimas no rigen en México. Los informes de la OEA y la ONU constatan la ausencia del estado de derecho al revelar un índice de impunidad de los casos criminales de 98% y la generalización de las prácticas de la tortura y la desaparición forzada por parte del mismo Estado mexicano.

Si a estos documentos se agrega el de FH, queda claro que tampoco se cumple con la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales. Y el de TI revela la inexistencia de la rendición de cuentas en el país.

La mala evaluación del desempeño de los partidos políticos en general y la mala calificación de los gobernantes de las distintas instancias en todas las encuestas de opinión pública permiten suponer que tampoco se atienden las demandas ciudadanas. De acuerdo con una encuesta de septiembre de 2015 sobre la confianza en las instituciones realizada por Consulta Mitofsky, los partidos políticos son los peor evaluados, con una calificación de 4.9 puntos sobre 10. La encuesta de diciembre del año pasado de Reforma indica que el 58% de los encuestados desaprueban la actuación del presidente mexicano y únicamente 39% la aprueba; y de los 21 miembros de su gabinete ampliado únicamente aprobó, con apenas 6 puntos sobre 10, el secretario de Marina.

Así que, en el mejor de los casos, de las cinco dimensiones irreductibles de la democracia, en México únicamente se cumple con la elección democrática de las autoridades. Esta es la realidad de la tambaleante democracia mexicana.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/429198/un-pais-reprobado-en-casi-todo

Test de inteligencia moral para mexicanos corteses.

 

 De Sabina Berman.

1 Hace unos días el presidente de México impuso la Orden del Águila Azteca al rey de Arabia Saudita. La más alta condecoración mexicana otorgada a extranjeros por sus aportaciones al bienestar de la humanidad. La misma que fue conferida en el pasado a Nelson Mandela, Gabriel García Márquez, Rigoberta Menchú, Joan Manuel Serrat, entre otros igualmente meritorios.

El rey saudita, famosamente, mandó en 2014 decapitar en las plazas públicas a 100 personas, y en lo que va de este año ha ordenado decapitar a otras 14, todas ellas por algún crimen que puede englobarse en este capital: no someterse a su voluntad y a las leyes islámicas del emirato.

El otorgamiento del Águila Azteca al tirano ocurrió porque:

a) Nadie en el equipo del presidente sabía que Salman bin Abdelaziz Al-Saud rige de forma absoluta sobre una teocracia radical, dado que no tuvieron tiempo de leer algún libro sobre ese remoto país.

b) Todos, incluido el presidente, lo sabían y no vieron nada realmente malo en un teócrata que corta con sables cabezas en espectáculos públicos de espanto, puesto que El Chapo también hace lo propio y los mexicanos le cantamos corridos y la revista Rolling Stone lo trata de héroe, o bien

c) Por supuesto, los funcionarios peñistas vieron la dificultad moral pero simularon no verla, haciendo derroche de la llamada “cortesía mexicana”, a decir, el convenio del respeto a la impunidad ajena que norma al priismo desde la mitad del siglo pasado y que derivó en la Doctrina Estrada en asuntos diplomáticos, sintetizada en el sabio proverbio: “No veo las guillotinas en tu patio si tú no ves las guillotinas en el mío”.

2. Un día después, el secretario de Educación mexicano firmó con su homólogo saudita un convenio de intercambio en materia educativa; esto, cuando la educación saudita incluye normas tan asombrosas como el recreo obligatorio y eterno a las mujeres y la entrega a la policía religiosa de cualquier alumno que exhiba conductas homosexuales, agnósticas, ateas, propias de la brujería o del libre pensamiento.

Esto ocurrió porque:

a) El secretario mexicano creía estar en París y se sorprendió mucho cuando su homólogo llegó con un pañuelo en la cabeza.

b) Sabía de estas normas educativas y pensó que en México pueden adaptarse con gran provecho, incluyendo por ejemplo la lapidación de todo educando rajón o sangrón, lo que será agradecible por maestros y alumnos.

c) O bien, lo sabía y al momento de firmar el convenio puso en lugar de firma una frase en español: Esto lo firmó Elba Ester.

3. Asimismo, fue capturado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, Humberto Moreira. El exgobernador de Coahuila fue señalado en el año 2012 por el secretario de Hacienda como culpable de presentar documentación falsa acreditando el gasto de mil millones de pesos. Además, Hacienda señaló la desaparición de otros 35 mil millones del erario de Coahuila. En su momento, en México la Procuraduría General de la nación lo investigó y con una rapidez de relámpago lo exoneró.

Y esto ocurrió porque:

a) Se le encontró inmaculado y más bien víctima de habladurías dolosas.

b) La PGR recibió del presidente Peña la orden gentil de no investigar a su correligionario y amigo.

c) Creemos sincera y profundamente que el respeto a la impunidad ajena hace la paz, y esperamos con ansia nuestra oportunidad de saquear al país.

d) Nos indigna la ausencia de instituciones y de cultura de Justicia, y sólo estamos atentos al momento oportuno para iniciar una revolución moral.

Calificación. De haber elegido una mayoría de aes, usted es un tonto útil al sistema. De haber elegido una mayoría de bes, es usted un cínico útil al sistema. De haber elegido una mayoría de ces, es usted el sistema encarnado. De haber elegido la última d, es usted el porvenir.

Intervención internacional por desaparecidos.

De Jorge Carrazco A.

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el principal cuerpo deliberativo y de decisiones del organismo internacional, se ha hecho eco de la crisis de la desaparición forzada de personas en México.

La desaparición de miles de personas en el país en el contexto de la inseguridad y violencia que llevan ya una década desbordadas fue revisada esta semana por los 15 países que integran el máximo órgano de la ONU, empezando por los cinco permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia.

Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se reconoció la existencia de al menos 26 mil personas desaparecidas, aunque después el propio gobierno quiso darle otra dimensión y habló de 13 mil desaparecidos.

Pese a que la verdadera cifra se desconoce debido a la falta de registros confiables, el problema es de tal dimensión que mereció ser tratado en el Consejo de Seguridad, donde se toman las decisiones de sanción a los países miembros que violan el derecho internacional, entre ellos el del respeto a los derechos humanos.

El Consejo también puede proponer acciones de intervención internacional ante crisis humanitarias. Ante los pactos de impunidad entre la clase política para investigar y establecer responsabilidades, es cada vez más necesaria una intervención internacional humanitaria en México.

La hermana Consuelo Morales Elizondo, Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 y fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), estuvo en esa reunión del Consejo de Seguridad y le pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto aceptar ayuda internacional en estas tareas.

A partir de su experiencia en Monterrey, la religiosa habló de la impunidad generalizada que prevalece en el caso de las desapariciones.

El Estado mexicano lleva años demostrando al mundo que es incapaz de cumplir con su razón de ser: darle seguridad a las personas, tanto en su integridad, como en la posesión de sus bienes, y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Y aunque no se puede afirmar que el Estado mexicano es el responsable directo de todas las desapariciones en el contexto de la confrontación armada entre los grupos que se disputan el mercado de las drogas, es evidente su fracaso en dar seguridad a sus habitantes.

Es tal el descrédito internacional de México que en esa misma reunión, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Samantha Power le dio a México el mismo tratamiento que a Sri Lanka, tanto por el número de desaparecidos, como la respuesta de los gobernantes.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el caso de los 43 normalistas desaparecidos, ha demostrado que mientras no haya un compromiso serio del Estado mexicano, la intervención internacional puede acabar en una frustración más.

Con el actual funcionamiento de las procuradurías de justicia, los pactos políticos de impunidad y las respuestas del Estado a la crisis de inseguridad, que no pocas veces son criminales –como la desaparición de personas a manos de policías o militares–, es claro que la solución a la crisis humanitaria en México está más allá de nuestras propias fronteras.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=428064

Televisa y TV Azteca resienten embate de la web y apuran cambios.

 

 De Jenaro Villamil.

Tras un año de fuertes pérdidas en ingresos publicitarios, las principales televisoras mexicanas Televisa y TV Azteca se prepararan en 2016 para modificar sus contenidos, recortar telenovelas, asociarse con productoras independientes, eliminar programas de concurso y continuar con la reestructuración en sus áreas de deportes y noticieros, así como preparar formatos de interacción similares al de las redes sociales y el streaming.

La primera en adoptar cambios drásticos fue TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. A un mes de la llegada de su hijo Benjamín Salinas como nuevo director de la televisora en lugar de Mario San Román, la empresa –que perdió 817 millones de pesos en el tercer trimestre de 2015– recortó personal, dejó de producir telenovelas y programas en la barra de entretenimiento y cortó contratos de exclusividad con conductores como Fernando del Solar, Lolita Cortés o Enrique Garay.

En la televisora del Ajusco salieron del aire programas como “Raquel y Daniel”, “Ellas Arriba”, “Hasta Mañana es Lunes”, “Viva el Show”, la serie “Glee” y “Deporteando”.Un comunicado interno mencionó que estos recortes en octubre y noviembre de 2015 se debieron a los bajos niveles de audiencia y la poca venta de publicidad.

Para 2016, TV Azteca anunció que emprenderá un “periodo de renovación” y buscará “alianzas estratégicas” con productores independientes y fortalecerá su relación con majors más importantes.

En las próximas semanas anunciará producciones como “Un Día Cualquiera”,un programa “multiplataforma” donde cada capítulo presentará tres historias “que cruzan la delgada línea entre la realidad y la ficción invitando a la audiencia a participar y a opinar en tiempo real”.

Este modelo de programa es el que ambas televisoras buscan: ganarse a las audiencia que han migrado a las plataformas de televisión online, como Youtube o Netflix, así como a los jóvenes que interactúan en redes sociales y ya no ven televisión abierta.

TV Azteca también anunció un nuevo reality show, llamado “Abandonados”, grabado en países del sudeste asiático como Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, así como la renovación del programa de cocina “Master Chef”y una nueva serie de ficción llamada “Dos Lagos”.

En Televisa también se realizaron cambios abruptos a finales de 2015, como la salida de Javier Alarcón al frente de Televisa Deportes, el final del programa “En Familia con Chabelo”, una de las emisiones más antiguas de la televisión mexicana, así como el final del talk show de la polémica conductora peruana Laura Bozzo.

Informes internos de la televisora de Chaputepec afirman que para este 2016 planean también recortar telenovelas, programas de concurso y realitys. Se ha ordenado a los productores de telenovelas que se aliente una “interacción mayor” con los televidentes, como si fuera el lenguaje de las redes sociales.

Otro de los cambios que se especulan al interior de Televisa es la remodelación del equipo de noticieros, incluyendo la salida a cuadro de Joaquín López Dóriga, el ingreso de Leon Krauze y la remodelación de los programas de análisis informativo.

A diferencia de su competidora más cercana, Televisa no ha hecho públicos los cambios, pero en ambos casos se trata de un replanteamiento ante la caída de los ingresos por anunciantes y la migración de las audiencias hacia las distintas plataformas de internet.

La vieja televisión no termina de fenecer, pero tampoco la nueva televisión ha consolidado sus ingresos, según distintos especialistas.

Antes de la llegada del internet, las empresas destinaban 75% de su inversión publicitaria a la televisión abierta y más de 90% de ese presupuesto se concentraba en Televisa y TV Azteca. Ahora esa inversión publicitaria ha disminuido en 50%.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=426926

El Chapo y la propaganda cruda, barata y dañina del poder.

 

De Pablo Gómez.

En la entrevista publicada por la revista Rolling Stone, Joaquín Guzmán Loera aseguró que “el narcotráfico no depende de una persona; depende de muchísimas personas”.

Esta verdad incontrovertible no parece afectar el ánimo de los gobernantes mexicanos, que han organizado una campaña de medios para presentar la captura del líder del Cártel de Sinaloa como una proeza histórica y un fuerte golpe a la industria del narcotráfico. “Misión cumplida”, escribió el presidente de este país en su cuenta de Twitter.

Que el gobierno entregue videos tomados dentro de la residencia de Guzmán Loera para ser difundidos por la televisión abierta es un hecho absolutamente condenable. Los gobernantes no están autorizados a difundir la violencia militar o policial ni la violencia a secas. Esa propaganda no corresponde a un Estado afecto a los derechos humanos.

El país está ahora peor que bajo el gobierno de Felipe Calderón, quien empezó el espectáculo. Ahora Peña Nieto da a conocer acciones militares, disparos a discreción y explosiones de granadas como si se tratara de un filme de ficción. Esa campaña envilece al gobierno, lo convierte en un promotor de la violencia.

Al tiempo, presenta a El Chapo como un personaje épico que converge con la industria del entretenimiento basado en el amarillismo, el uso de armas y la apología del crimen.

Tiene razón Aurelio Nuño cuando afirma que no se debe presentar la historia de los delincuentes como algo exitoso, pero el secretario de Educación no se atrevió a deslindarse de la campaña gubernamental que presenta la violencia real como único instrumento contra los narcotraficantes. ¿Eso es lo que debe enseñarse en las escuelas? La detención se produjo sin violencia lejos de la casa de El Chapo, pero lo filmado y difundido se presenta como el acto mismo de la aprehensión.

Se sabe que Guzmán Loera escapó de la residencia allanada, que los militares no se dieron cuenta de ese hecho hasta después de una hora o más, y que su detención en la carretera fue incruenta. No hay nada heroico en tales acciones como lo pretende el gobierno a través de su campaña. Sin embargo, se organizó un tour de periodistas para que éstos reportaran los vestigios de la violencia, la sangre resecada, las huellas de la muerte, los impactos de las balas y los destrozos de las granadas.

La falta de buenos resultados de la gestión gubernamental es cubierta con una acción de pura violencia. Los padres y madres tienen ahora que tratar de explicar a sus hijos e hijas qué es lo que ésta significa, cuál es su causa, y cada quien debe intentar una versión a su modo, pues el gobierno no ofrece ninguna, sino que nos lanza orgulloso un vídeo a la cara sin brindar la menor explicación del fenómeno que está en el fondo. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué debe hacerse? Un Estado que no dice, miente.

¿Es necesario que el poder haga escandaloso alarde de fuerza? No, ni en la guerra, mucho menos cuando ese mismo poder ha sido sobajado durante décadas por la delincuencia organizada, que es un producto genuinamente suyo, aunque sea monstruoso, que lo sustituye, que cobra impuestos informales, que controla territorios y órganos del Estado para proteger hechos delictivos, entre ellos muchos de violencia extrema.

El video del asalto a la casa de Guzmán Loera no puede ser admitido como un medio de hacer sentir el poder sobre la delincuencia organizada, sencillamente porque todo mundo sabe que no se producirán afectaciones en la industria del narcotráfico. Ningún jefe narco tiene ahora más miedo que antes. La tesis de Felipe Calderón era falsa, y en la chocante versión de Peña Nieto sigue siendo igual de falsa.

Avergüenza tener un gobierno así, sin cultura, sin decencia, sin verdad, sin discurso político, sin propuesta. Todas las instituciones han sido llevadas al festín de la captura del “hombre más buscado del mundo”, según se dijo.

Para empeorar las cosas, la Procuraduría General de la República (PRG) se ha puesto a decir disparates sobre las supuestas decisiones de no capturar a El Chapo en recientes ocasiones, como si esa dependencia hubiera tenido que ver algo en la persecución. Y, además, para mayor escándalo se ha referido a la entrevista periodística realizada por Sean Penn y al contacto con Kate Del Castillo mediante comentarios telenovelescos impropios de lo que se supone que sería la alta responsabilidad del Ministerio Público.

La PGR no ha tenido sencillamente ni la menor injerencia en estos asuntos. La procuradora debería al menos guardar la compostura. Roberto Campa, supuesto encargado gubernamental de la defensa de los derechos humanos, pero convertido sin recato en policía, brinda su aporte a la telecomedia oficial al afirmar que “una pareja que quería servir al mal terminó sirviendo al bien” (a propósito, ¿dónde están los 17 levantados de Arcelia, señor Campa?).

El gobierno da a conocer la transcripción de varios chats sin la autorización de ninguna autoridad competente, como vulgar filtración, sólo para llenar de morbo todo el asunto de El Chapo y dar color a su campaña de medios.

Y, en fin, como si todo eso fuera poco, el gobierno analiza la manera de extraditar al jefe narcotraficante a Estados Unidos, con lo que sólo demostraría que no está seguro de que se puedan concluir los juicios en México. No hay el menor recato ni la menor decisión de cumplir con el deber, sino sólo de hacer propaganda cruda, barata y dañina del poder establecido.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=426219