Las mentiras sobre la reforma educativa.

 

De Luis Hernández Navarro.
Martes 15 de enero de 2013.

El Pacto por México y el gobierno federal llevan a cabo una campaña en medios de comunicación para convencer a los maestros de México y a la opinión pública sobre las bondades de la reforma educativa recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

El 9 de enero se publicó un desplegado en 29 periódicos locales y cuatro de circulación nacional dirigido a los maestros de México, con el objetivo de compartir información acerca de las reformas que se están haciendo al artículo tercero constitucional. El comunicado califica a los docentes de apreciables.

Curiosamente, el documento no está firmado por el Congreso de la Unión, sino por el Pacto por México. Nadie en lo personal se responsabiliza de él. En el mensaje se explica por qué fue promovida la reforma, qué supuestos beneficios traerá, para qué se crea el Servicio Profesional Docente y por qué dar autonomía de gestión a las escuelas.

Ya encarrerado, el pacto difundió tres espots, copia y calca de los materiales producidos para divulgar las obras gubernamentales de moda desde el Pronasol de Carlos Salinas. Abundan en ellos idílicas imágenes de maestros, niños y escuelas con un mensaje central: la reforma educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los derechos de los maestros.

Para remachar la campaña, el 10 de enero, Emilio Chuayffet reiteró que la educación no es propiedad de un grupo, sino de la sociedad, por lo que el Estado va a reasumir su rectoría. Al participar en el Foro México 2013, descartó que la reforma educativa sea privatizadora.

Advirtió que no habrá excepciones para nadie en cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren necesarios para brindar una educación de calidad. Según él, la reforma no es antilaboral ni antimagisterial, sino que tiene por objeto dar certeza al maestro; certidumbre en su ingreso, en su promoción y desempeño como docente.

En plena demostración de su talante autoritario, aseguró que una vez que la reforma sea aprobada se efectuarán una consulta y una amplia campaña para darla a conocer. ¿De qué sirve una consulta cuando la reforma ya fue hecha? ¿Por qué se evadió cualquier debate en foros públicos?

Ni el desplegado ni los espots ni las declaraciones de los funcionarios explican cómo es que la reforma hará realidad todos los propósitos que anuncian. No puede ser de otra manera, pues la mayoría de las modificaciones que se hicieron van en sentido contrario de lo que el pacto asegura buscar.

La reforma educativa no tiene un proyecto educativo explícito. No hay en ella nada que esclarezca hacia dónde se quiere caminar en el terreno pedagógico ni cómo resolver los principales problemas del sector. Por ejemplo, no hay una sola idea que aclare cómo terminar con la desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran 32 millones de personas.

Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su objetivo es que el Estado arranque al SNTE la conducción de la educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo.

No obstante afirmar que los resultados educativos son producto de múltiples factores y no dependen exclusivamente de los docentes, en el fondo sostiene que el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. Por eso, la reforma pone el acento en los mecanismos de control sobre el magisterio, no en los de su participación en la definición del proyecto educativo ni en su capacitación.

De manera vergonzante, sin hacerlo explícito, sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma forma en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Siguiendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiarlos a ellos y a las escuelas con estímulos económicos, si los resultados son buenos, o castigarlos con el despido, si son malos.

La medicina recetada por la institución no deja lugar a dudas: México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares (...) recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo.

El pacto afirma que el Servicio Profesional Docente fue creado para reconocer los méritos de los maestros y asegurar que accedan a las plazas docentes con base en su esfuerzo y desempeño personales. Señala que servirá para que los profesores, directores y supervisores tengan certidumbre, estabilidad y condiciones equitativas en su promoción laboral. Habrá –dice– reglas claras, justas y transparentes que estimulen la profesionalización de los profesores, asegurando y promoviendo sus derechos.

La afirmación es falsa. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho.

El Pacto por México asegura que la autonomía de gestión facilitará que los recursos públicos lleguen a las escuelas y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. Mentira: la legislación abre la puerta para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre: privatización.

Las expresiones de descontento entre el magisterio contra la reforma son cada día más evidentes. Los docentes no se tragan los cuentos que difunden las campañas publicitarias del pacto. Se anuncia ya la batalla por la legislación secundaria. Los próximos meses veremos cómo la inconformidad crece.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/15/opinion/017a1pol

Héctor Beltrán Leyva y sus nexos con Televisa.

De Jenaro Villamil.

Héctor Beltrán Leyva “El H” no sólo infiltró a la sociedad de Querétaro y de San Miguel de Allende, Guanajuato: También tuvo una especial relación con el mundo de la farándula y, especialmente, con Televisa.

El personaje clave de esta relación fue Guillermo Francisco Ocaña Prandal, mejor conocido como “Memo” Ocaña, a quien las autoridades mexicanas consignaron dos veces y las españolas también como presunto lavador de dinero de “El H” a través de empresas dedicadas al espectáculo.

Telenovelas de Televisa fueron grabadas en predios que “Memo” Ocaña le ofreció a la empresa de Emilio Azcárraga Jean y que eran propiedad del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Fue el caso del predio ubicado en Aureliano Rivera 17, en San Angel Inn, donde fueron detenidos 11 sicarios de los Beltrán en 2008. Ahí se grabó la telenovela Cadenas de Amargura. En 2009 se grabó la telenovela Rubí en el predio Farallón 304, de Jardines del Pedregal, justo donde vivió un sicario de los Beltrán, Ever Villafaña Martínez.

El vínculo entre “Memo” Ocaña, Beltrán Leyva y Televisa es digno de un guión de telenovela. Ante la SIEDO, el exconductor y actor declaró que en 1968 se inició como actor infantil y en 1990 trabajó en fotonovelas como Cita y Chicas. A mediados de los años 80 fue representante de Ricardo Montaner, con quien sostuvo un litigio legal.

Entre 1993 y 1994 –los años del ocaso salinista- el futuro de “Memo” Ocaña cambió. Conoció a la Miss Sonora, Clara Elena Laborín Archuleta. Ella era la pareja sentimental de Héctor Beltrán Leyva. En 1997 ella le propuso dirigir su empresa Rotcheh Noticias y Espectáculos. Quiso impulsar a sus cuatro sobrinos en un grupo musical de vida efímera que se llamó Tequila Cuatro.

La plataforma sería la revista Jeans de Laborín, de la cual sólo salieron 2 ediciones.
Los contactos de Ocaña con el mundo de la farándula y de Televisa le permitieron a Beltrán Leyva entrar a los espectáculos como representante de varias cantantes y celebridades, entre ellas Alejandra Guzmán, Juan Gabriel y Tania Libertad.

El periódico Reforma publicó que el 18 de junio de 2010 Ocaña organizó una gran fiesta con más de 600 invitados en Acapulco, en un spa propiedad de Laborín Archuleto para recaudar fondos para el combate contra el VIH. A pesar de que ya se sospechaba de su vínculo con los Beltrán, a esa fiesta acudieron celebridades, el embajador de Francia, productores y cantantes.

En 2002 Ocaña fue a vivir unos años a España. Ahí funcionó como hombre clave de la colocación de Monex como parte del engranaje de Los Beltrán Leyva y la creación de empresas fantasma. El reportero Humberto Padgett, citando fuentes diplomáticas españolas, afirmó que Ocaña fundó sociedades en Barcelona para “lavar” más de 78 millones de euros que luego se transferían a tres casas de cambio: Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam (Emequis, 29 julio 2012). Las mismas que fueron mencionadas en el Monexgate de las elecciones presidenciales.

Para lograr sus objetivos en España, Ocaña siguió el mismo modelo que en México: montó la empresa Tops Time Production, que también organizaba espectáculos.

A final de cuentas, todo es un gran montaje en el mundo de la narcocultura y los grandes negocios televisivos.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=383700

Un militar torturado por militares.

De: Arturo Rodríguez García.

El teniente Julián Castilla fue detenido en 2011 con base en una acusación realizada bajo tortura. Personal militar lo sometió a tratos inhumanos. De otras personas acusadas por el mismo presunto delito, los civiles ya están libres pero los militares no. Por temor a quedar expuestos, los mandos han alargado el juicio de Castilla y lo trasladaron recientemente a una prisión civil, con la amenaza de que otros reos lo atacarán ahí.

MÉXICO, DF (Proceso).- Al teniente de caballería Julián Castilla Flores se le acusa de delitos contra la salud. Mientras estuvo en la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila, recibió premios y reconocimientos, pero desde hace cuatro años enfrenta un juicio basado en declaraciones de un testigo protegido, que ya se retractó, pero entonces señaló que el oficial de caballería brindaba protección a Los Zetas cuando ya ni siquiera estaba en la zona militar.

El mencionado testigo protegido, igual que otros, ya denunciaron que fueron torturados para que firmaran declaraciones que incriminaron a varios servidores públicos, pero Castilla –quien ya comprobó la tortura– sigue preso, lo mismo que otros 14 militares, por el mismo asunto.

Interno en la prisión del Campo Militar Número 1 desde 2011, el pasado 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en el estado de Veracruz. Sus abogados y familiares no se enteraron, pues los días siguientes el oficial fue incomunicado. Por ese motivo, el 19 de octubre la sección alemana de la organización Amnistía Internacional emitió una alerta por el caso, donde se expresaba preocupación por la seguridad de Castilla.

En marzo de 2011, tres personas detenidas bajo el cargo de pertenecer a Los Zetas, convertidos en testigos protegidos, señalaron que numerosos servidores públicos de las áreas de seguridad en los tres órdenes de gobierno daban información y protegían a esa organización criminal, e incluso se encargaban de asesinatos y desapariciones ordenadas por los cabecillas.

La entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, afirmó que el operativo, derivado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012 –de la que este semanario tiene copia–, era “una acción sin precedentes” y que la dependencia a su cargo era la “primera en poner el ejemplo” en el combate a la corrupción.

Morales aludía a que, además de mandos policiacos locales –entre ellos militares en retiro–, policías federales y soldados, la PGR detuvo a una de sus propias subdelegadas, agentes del Ministerio Público federal y de la Agencia Federal de Investigación (Proceso 1843).

En un año se demostró que las condiciones de modo, tiempo y lugar que señalaron los testigos protegidos identificados como El Guacho, Sagitario, Serpico y El Pepillo, eran inconsistentes.

También hubo errores en la identificación de los supuestos sobornados, como ocurrió con Humberto Torres Charles, hermano de Jesús, el exprocurador de Coahuila cuya fotografía se incorporó al expediente. La imagen fue difundida, boletinada y colocada en la lista de más buscados, con la oferta de una recompensa millonaria. En realidad era la imagen del dirigente del PAN de Durango, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, y no la de Torres Charles.

El fracaso de las pesquisas en la justicia civil no sirvió para el caso de los militares que aceptaron su participación en los ilícitos que se les imputaron. Más tarde, la aplicación del Protocolo de Estambul determinó que esos militares fueron torturados.

Fracaso ejemplar

De acuerdo al pliego de consignación elaborado por los oficiales del batallón, el 11 de marzo de 2011 dos pelotones del 33 Batallón de Infantería patrullaban en el sur-oriente de Saltillo, cuando detuvieron en la comunidad Los Silleres a un sujeto apodado El Picholo. Éste les dijo entre otras cosas que hacia el poniente Los Zetas tenían un terreno donde resguardaban tráileres con droga. Cuando se dirigieron allá, encontraron el predio en el bulevar Vito Alessio Robles, donde detuvieron a Pedro Toga Lara, El Guacho.

El documento establece que éste último confesó espontáneamente:

“Dijo que ya se le habían terminado las andanzas delictivas, a él y su hermano, el cual tenía poco tiempo de andar con él, pero que ya le había arruinado la vida, por lo que quería cooperar con las autoridades previo apoyo de parte de ellas”. Enseguida ofreció a sus captores una nómina de Los Zetas en la que venía el nombre del “teniente Castillo”.

Con esa información inició una pesquisa en el 69 Batallón de Infantería. Hasta entonces las declaraciones no mencionaban al teniente Julián Castilla, pero la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) fue por él a Juárez, Chiapas, donde se encontraba al frente de una Base de Operaciones.

A partir de datos aportados por Toga Lara se abrió la averiguación contra los militares, pero también con base en señalamientos de otros testigos protegidos se giraron órdenes de aprehensión contra funcionarios y mandos policiacos de los tres órdenes de gobierno, incluso de la PGR: es lo que presumió la procuradora Morales.

En el expediente CP 279/2011, radicado en el Juzgado 1 Militar, adscrito al reclusorio del Campo Militar Número 1-A del Distrito Federal, en el que se conoce el caso del teniente Julián Castilla –y del que Proceso tiene copia–, se observan numerosas irregularidades.

Por ejemplo, el pliego de consignación no fue elaborado por los militares que lo firmaron, pues declararon ante el juzgado que se redactó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) muchas horas después de los hechos.

Otra falla grave es que la declaración de Pedro Toga Lara, exsargento de Transmisiones, incriminaba a un teniente de infantería Castillo, no al teniente de caballería Castilla, una diferencia que necesariamente conoce el testigo por su carrera militar y las funciones que desempeñó.

Además, los peritajes grafoscópicos concluyeron que alguien distinto a Toga Lara escribió la declaración que se suponía de su puño y letra, lo que por otra parte se observa a simple vista en la documentación. Tampoco coinciden los tiempos cuando Toga Lara llegó a Saltillo con aquellos en que Julián Castilla permaneció en la Sexta Zona Militar.

Las declaraciones de Toga Lara se robustecieron con la supuesta confesión de un integrante del 69 Batallón de Infantería, el sargento Sergio Treviño Ríos, hasta que, en una diligencia practicada en la causa de Castilla, declaró que no lo conocía y que había sido torturado y forzado a firmar declaraciones cuyo contenido desconocía.

Los 14 detenidos de ese batallón incriminados por Toga Lara dijeron que no conocían a Castilla.

Las acusaciones de tortura se reprodujeron en casi todos los casos, incluso en el del testigo principal, Toga Lara, cuyo desistimiento contribuyó al sobreseimiento de los casos de imputados civiles.

La descripción de la tortura a la que fue sometido es brutal: golpes, toques eléctricos, introducción de objetos, la amenaza de violación y asesinato de su familia. También afirmó que era forzado a tocar armas e imprimir sus huellas digitales en al menos dos paquetes de hojas blancas.

Retenido durante cinco meses, El Guacho denunció que en instalaciones de la SIEDO lo obligaban a hacer declaraciones. Añade: “Muchas ocasiones que yo me negaba a estudiar expedientes que se me ponían a la vista, los cuales yo no conocía en nada, los oficiales de la AFI, por órdenes de los fiscales, me bajaban al sótano y me golpeaban en repetidas ocasiones en el interior de los baños o en un cuarto oscuro”. También afirmó: “Me dejaban sin comer dos o tres días, teniendo yo que tomar agua del sanitario”.

Según Toga Lara, cuando por fin lo alimentaban, lo llevaban a una oficina donde debía estudiar los expedientes de aquellos a quienes había incriminado. Después simulaban estar en un juzgado y personal de la SIEDO actuaba para aleccionarlo sobre cómo comportarse ante el juez.

Amenaza cumplida

Un mes después de la captura de Toga Lara, el teniente Castilla fue detenido.

Las documentales del expediente son imprecisas sobre el día de marzo de 2011 en que esto sucedió: el oficio de consignación de la PJFM establece el 12 de marzo; en una promoción del juzgado, queda como fecha de detención el día 14; un informe de la 30 Zona Militar, afirma que el capitán responsable del operativo salió con el detenido a las 11:45 horas del 13 de marzo.

La Zona Militar informó que no había registros de detención ni presencia de PJFM el 14 de marzo. En todo caso, el día 15 lo presentaron a la SIEDO.

La aplicación del Protocolo de Estambul, el manual admitido por la comunidad internacional para investigación y documentación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, dictaminó que Julián Castilla fue torturado, con base en las pruebas practicadas y un dictamen médico elaborado durante su ingreso a la SIEDO.

Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional que practicaría el estudio al teniente Castilla los días 2 y 3 de marzo, cuando personal del órgano autónomo arribó a la prisión militar encontró trabas para trabajar: no le proporcionaron un lugar adecuado como se solicitó (el examen se aplicó en una jardinera) y no permitieron el ingreso de los equipos médicos necesarios para aplicar el Protocolo, por lo que éste sólo se basó en la descripción hecha por Castilla de la tortura, que coincidió con el dictamen médico del día de su ingreso a las instalaciones de la SIEDO.

De acuerdo con la narración de Castilla, asentada en el juicio y en el dictamen del Protocolo de Estambul, tras su detención en Chiapas fue torturado física y psicológicamente en el trayecto a la Ciudad de México. Con las manos esposadas, a veces al frente y otras a la espalda, sus captores le provocaron dolor intenso mientras le exigían que confesara. Le envolvieron la cabeza con una toalla que mojaban para provocarle asfixia.

Le aplicaron el tehuacanazo, consistente en introducirle agua mineral por la nariz, para luego envolverle la cabeza en la toalla mojada, hasta hacerlo perder el conocimiento y reanimarlo a cachetadas.

Mediante descargas eléctricas con un objeto metálico (la chicharra) le causaron quemaduras, mientras lo amenazaban de muerte a él y a su familia, asegurando que era por órdenes del secretario de Defensa, que en ese tiempo era el general Guillermo Galván.

El 15 de marzo de 2011, tras ser puesto a disposición de la SIEDO, fue encerrado en una casa de seguridad de la PGR, donde permaneció 80 días arraigado, y el 3 de junio siguiente ingresó a la prisión del Campo Militar Número1-A.

El pasado 22 de octubre, la agencia noticiosa Apro dio a conocer que, de acuerdo a la acción urgente emitida por el capítulo alemán de Amnistía Internacional, en los últimos meses Castilla padeció actos de intimidación de personal militar, como la amenaza de traslado a una prisión civil donde estaría expuesto a los ataques de otros presos por su condición de militar.

La amenaza se cumplió: el 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en Veracruz sin avisar a sus representantes legales ni a su familia.

En vista de los antecedentes de tortura, las irregularidades del expediente y el traslado a una prisión civil veracruzana, Amnistía Internacional alertó sobre posibles ataques o intimidación por parte de otros presos o de autoridades, y pidió al gobierno mexicano garantizar la integridad de Castilla, así como brindarle un juicio con todas las garantías y respeto al debido proceso.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=420007

Rompe PAN con estrategia de seguridad de Calderón… quiere al Ejército de regreso a los cuarteles.

De Álvaro Delgado.

El Partido Acción Nacional (PAN) propuso hoy una reingeniería a todo el sistema nacional de seguridad pública que, expresamente, rompe con el esquema creado por el gobierno de Felipe Calderón y, aun cuando “no funcionó”, fue continuado por Enrique Peña Nieto.

El “planteamiento de fondo” es que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles, de donde las sacó Calderón en su estrategia de “guerra” contra el crimen organizado, y se cree el Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano regulador en la materia, que será constitucionalmente autónomo e integrado por expertos ajenos a los partidos políticos.

Fue el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Calderón Hinojosa, quien detalló la iniciativa de reforma constitucional que presentará el PAN sobre el órgano rector en la materia, que diseñará los mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno con base en criterios estrictamente técnicos.

“Este modelo es una respuesta muy clara a una mala idea presentada por el Ejecutivo federal”, subrayó Gil Zuarth, al aludir al decálogo formulado, hace un año, por Peña Nieto, pero sin aludir al esquema implementado por Calderón.

“En esa mala idea se planteaba desaparecer las policías municipales y sustituirlo por policías estatales, (pero) no hay orden de gobierno sin la capacidad coactiva, no hay orden de gobierno si no tiene la posibilidad de tener un aparato de fuerza para ordenar las conductas”, subrayó Gil.

“Nuestros país requiere policías municipales fuertes, pero sobre todo siempre vigiladas por una instancia mayor y, sobre todo, requiere que cuando no sea posible que ellos puedan prestar con regularidad el servicio, haya alguien más con mejores capacidades que lo pueda hacer por ellos y para ellos”.

En conferencia de prensa en la sede del PAN, encabezada por Ricardo Anaya, su presidente, el senador Gil Zuarth y el diputado federal Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana, detallaron el proyecto que se presentará con el respaldo de las bancadas en el Congreso.

En su intervención, Gil Zuarth destacó que esta propuesta del PAN “significa una etapa en el sistema constitucional de la seguridad pública” en la historia de México.

“De 1983 a 2008 el sistema pasó por dos grandes etapas: por un lado, una etapa de descentralización y, por el otro, la construcción de un modelo, de un sistema para coordinar a los distintos órdenes de gobierno que interactúan en la prestación del servicio de seguridad pública”.

Justo la construcción de ese “modelo” se produjo en 2008, en pleno gobierno de Calderón, con el que ahora el PAN critica y rompe.

“Ese modelo ha sido insuficiente, en efecto, y todas las policías del país tienen que prevenir, reaccionar e investigar los delitos, pero no todas tienen las mismas capacidades para hacerlo”.

Añadió: “Por el otro lado, el sistema de coordinación no tiene los suficientes incentivos, las capacidades de autoridad para poder alinear a los órdenes de gobierno y generar capacidades institucionales eficaces para prestar con absoluta certeza y efectividad y con carácter técnico el servicio de la seguridad pública”.

Y fue más allá al aludir a otra creación del gobierno de Calderón: El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

“Los objetivos están mal planteados. Un ejemplo concreto puede ser el fondo de Subsemun, en ese caso, los fondos se asignan en función de la incidencia delictiva, de tal suerte que un municipio que invierte fuerte en su seguridad y disminuye los índices de violencia y disminuye los índices delictivos pierde dinero en lugar de poder mantener el rumbo de inversión”.

Más aún, criticó Gil Zuarth: “El Sistema Nacional de Seguridad Pública está integrado por los propios responsables de la seguridad pública. Los propios gobernadores se sientan en una mesa, toman acuerdos y no tienen la capacidad de dictar recomendaciones, lineamientos, metas específicas, y sobre todo son ellos mismos los que se evalúan a sí mismos.”

Y rubricó: “Este modelo no ha funcionado y por eso estamos construyendo una tercera etapa en el sistema constitucional de seguridad pública”.

Según Gil, la propuesta del PAN no implica una mayor burocratización ni mayores recursos para el sistema nacional de seguridad pública, que además no cuenta con mecanismos de intervención ante el colapso de policías municipales y estatales.

“Por eso vimos el caso de Michoacán, en el que se tuvo que mandar un comisionado especial para que hiciera trabajos políticos o de colaboración de la Federación en esta entidad federativa”, subrayó el legislador.

“Lo que estamos inventando son esos mecanismos. Hoy no los tiene la Secretaría de Gobernación, no los tiene nadie, son mecanismos consensuales, son decisiones discrecionales, políticas del presidente de la República o bien del secretario de Gobernación cuando se trata de colaboración institucional, como hemos visto en los casos recientes de Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Juárez, Tijuana o Monterrey”.

–¿Esta iniciativa se podría considerar como el primer paso, en un cronograma mucho más amplio, para retirar al Ejército de las actividades de seguridad pública?

–Sí. ¿Por qué las fuerzas armadas están realizando tareas de seguridad pública o seguridad interior? Porque este país no tiene policías confiables, profesionales y eficientes. Hay más de 460 mil policías locales que les corresponde prevenir y perseguir nueve de cada diez delitos, pero ganan por debajo de 6 mil pesos el 80% de ellos. Y ese es un espacio para la corrupción, pero sobre todo es una explicación de la enorme debilidad institucional.

Gil Zuarth añadió que la única manera de que las Fuerzas Armadas regresen a su tarea constitucional es que se sustituyan con policías confiables en todos los órdenes de gobierno, desde la Federación hasta el último de los municipios.

“Y eso es justamente el planteamiento de fondo. Esta iniciativa pone el acento donde debe estar, no en la discusión binaria entre desaparecer las policías municipales o dejarlas, sino en la discusión de que las policías que existen en nuestro país, en el más de los aislados de los municipios, tenga las mismas capacidades institucionales que el más grandes y próspero de los municipios en el país”.

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=419920

Muerte sin fin: periodistas, mujeres, activistas…

De Álvaro Delgado.

Enrique Peña Nieto usó este domingo 1 su cuenta de Twitter para felicitar, en inglés y en español, a los pilotos, aficionados y organizadores de la carrera de Fórmula Uno, pero no tuvo ni una palabra para el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que este lunes se conmemoró en todo el mundo.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, imitó a su frívolo jefe. “Un emocionante domingo de carreras con el Gran Premio de México de Fórmula Uno. ¡Un evento de talla mundial para nuestro gran México!”, escribió el funcionario que dejó fugarse a Joaquín El Chapo Guzmán y que ambiciona ser presidente de México.

Ese silencio del jefe del Estado mexicano y de su segundo en la jerarquía gubernamental en un asunto tan sensible en el mundo, explica por qué México ocupa el primer lugar en el asesinato de periodistas en el Continente –uno de cada tres– y por qué hay 90% de impunidad en los crímenes que se cometen contra ellos.

A Peña no le importa que maten y agredan a periodistas. Tampoco le importó a Felipe Calderón. Ni a Vicente Fox.

En 15 años de los tres gobiernos han sido asesinados 107 periodistas, según el cómputo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el de Calderón –a quien ayer le llamaron “asesino” en el autódromo– ha sido el más cruento: Suman 47 los atentados a medios de comunicación desde 2006 y 20 periodistas desaparecidos.

En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en honor a los comunicadores asesinados en Mali, con el fin de comprometer a los Estados miembros a tomar acciones contra este fenómeno.

La Asamblea General de la ONU resolvió 18 de diciembre de 2013 convocar a los países integrantes a adoptar medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones, pero también los exhortó a promover un entorno propicio y seguro en que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.

Se trata, entonces, de un deber de los Estados, no de un capricho de los gobernantes, como parece ser en el caso de México. Tampoco se trata de que los periodistas tengan un fuero o un tratamiento especial, como suponen algunos en el gremio, sino de garantías básicas para el desempeño de la actividad informativa.

La abulia de Peña y Osorio Chong es contagiosa: Si a ellos no les importa honrar el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, a la procuradora general de la República, Arely Gómez, tampoco.

Sólo el fiscal para atender las agresiones contra periodistas, Ricardo Nájera –quien fue vocero de Eduardo Medina Mora en la Procuraduría General de la República (PGR)– rindió un burocrático informe sobre los cursos que ha impartido la dependencia a sus funcionarios para relacionarse con los trabajadores de los medios.

No existe, pues, ningún interés del gobierno de Peña –ya no digamos de los poderes del Estado– para la protección de los periodistas en México. Y la única certeza es que seguirá habiendo asesinatos en Veracruz y en donde sea.

Pero tampoco existe interés genuino desde el poder para cesar la matanza de mujeres, que alcanza niveles escalofriantes con una tendencia a la alza: Siete al día.

Ayer mismo en Cancún, Quintana Roo, y apenas horas después de que unas seis mil personas protestaron por el feminicidio de María Karen Carrasco Castilla, exalumna de la Universidad del Caribe, fue hallado el cuerpo de otra mujer asesinada a puñaladas. Fue la tercera víctima en octubre.

La ONU, que el 25 de noviembre conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, considera alarmantes las cifras de feminicidios en México.

Cifras de ese organismo establecen que en 2007 se registraron mil 87 asesinatos de mujeres, pero cada año aumentaron, particularmente en 2011 (2 mil 712), 2012 (2 mil 752) y 2013 (2 mil 502).

En el Estado de México se decretó una alerta de género por 922 casos documentados de feminicidio entre 2005 y 2010, justo cuando Peña era gobernador, y en la Puebla del panista Rafael Moreno Valle se han acumulado, según el Observatorio Ciudadano de Justicia Social, 280 feminicidios y más de 400 mujeres desaparecidas.

Nadie puede ser indiferente ante estas infamias…

Apuntes

Sobrecoge la noticia: José Luis Rodríguez Muñiz, de 31 años de edad, subió a su cuenta de Facebook un video con duras críticas a las autoridades de Chihuahua, incluido el gobernador César Duarte. Horas después apareció muerto a balazos en Ciudad Juárez…

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=419802

Lluvia sobre Peña Nieto.

De Pablo Gómez.

Nunca un presidente de la República había sido tan vapuleado desde los organismos de derechos humanos. Todos los comisionados que vinieron se fueron después de hacer fuertes reclamos. Otros recibieron al gobierno y a éste no le fue tampoco bien. Para completar el cuadro, el Departamento de Estado del vecino del norte ha dicho a las claras que no pudo acreditar ante el Congreso de su país que se estuviera mejorando el respeto a los derechos humanos en México, por lo cual no había podido obtener la autorización para ejercer unos cinco millones de dólares para el actual año fiscal estadunidense. El gobierno de México declaró que no admitía calificaciones extranjeras pero no explicó que ya las había aceptado cuando firmó la Iniciativa Mérida y después la mantuvo vigente. Nomás le falto a Peña que se le acercara un can con propósitos nada edificantes.

Más allá de las incomodidades del gobierno mexicano, la cuestión estriba en la situación de los derechos humanos en el país. Una sucesión de hechos indica que el gobierno no sólo viola tales derechos sino que deja de cumplir con sus obligaciones para proteger a la gente, las cuales son elementos básicos de toda función gubernamental.

Uno de los voceros del gobierno, Campa Cifrián, ha dicho que la Procuraduría General de la República es la encargada de todo lo relacionado con el caso Iguala. Lo dijo como una forma de no dar importancia al hecho de que la SEIDO ya no seguirá con las pesquisas sino otra subprocuraduría, justamente la que tiene a su cargo el respeto a los derechos humanos. Pero el punto no estriba en esto. Campa se equivoca. El problema es que la policía que depende de la Secretaría de Gobernación no es interlocutor de nada relacionado con la violencia ni la crisis de derechos humanos en el país, a pesar de que la Constitución le permite investigar los delitos. ¿Dónde está la policía? La verdad es que no existe sino para vigilar, para patrullar, para perseguir delitos en flagrancia. México no tiene policía, esa es la verdad.

En tanto esta situación siga igual,la PGR no podrá hacer nada pues carece de fuerza, sólo tiene unos abogados en funciones de fiscales y unos investigadores que jamás podrán abarcar la función policial en toda su dimensión.

Mientras que Peña es señalado dentro y fuera del país como un presidente incapaz de brindar garantías y proteger los derechos humanos de la población mexicana, la policía a su cargo directo se esconde, no da la cara, es como un turista que se pasea por la Costera de Acapulco pero es incapaz de averiguar los asesinatos, secuestros y extorsiones que ocurren a dos cuadras de su perímetro de vigilancia. Lo mismo ocurre en todas las ciudades y zonas rurales.

La Policía Federal ha sido un fracaso rotundo. Si se debe perseguir al ‘Chapo’ Guzmán, es la DEA la que le localiza y la Armada la que le persigue sin éxito, quizá porque alguien le avisó antes. La policía federal y el comisionado de seguridad ni siquiera sabían que el tal Guzmán Loera era perseguido cuando la prensa de Estados Unidos ya había informado al mundo, no sólo de la persecución sino de la nueva evasión y de las lesiones del perseguido. Todo es una vergüenza.

Por todo esto y más se ha producido una “lluvia” de acusaciones y reclamaciones contra Peña Nieto en todo el ámbito de la lucha a favor de los derechos humanos. Por eso también mucha gente dentro de México espera alguna definición gubernamental al respecto. Pero nada. No hay ningún plan nuevo sino un seguir en las inercias y justificaciones. Cuando se le pregunta al gobierno mexicano cuándo retirará al Ejército y la Armada de la lucha contra los narcotraficantes, la respuesta es sencillamente que nunca porque no se le ve final a la crisis de violencia que azota al país. Pero Peña Nieto no intenta una explicación al respecto. En realidad, en lugar de tratar de dar alguna satisfacción a sus interlocutores en Washington y Nueva York, lo que tampoco hace bien, Peña debería ofrecer exactos razonamientos a los mexicanos y mexicanas que, dígase lo que se diga, viven la crisis de violencia como si la sintieran en carne propia por la sencilla circunstancia de que cualquiera puede ser víctima.

Sí, le ha llovido a Peña. El mayor problema sin embargo es que él ni siquiera lo siente. Sigue exactamente igual que antes.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=419010

Revelación de Mexicoleaks: la mentira del general Antúnez.

De: Luciano Campos Garza.

Hace cinco años y medio fueron asesinados a balazos dentro del campus central del Tecnológico de Monterrey los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo sin que hasta ahora se les haga justicia.

Ambos eran estudiantes de esa institución, según admitió el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa; incluso se les rindió tributo con un minuto de silencio en el Congreso de la Unión.

A contracorriente, el general Cuauh­témoc Antúnez Pérez, comandante de la Séptima Zona Militar en ese tiempo, redactó un informe obtenido por el grupo de periodistas de la plataforma Mexicoleaks, de la que forma parte Proceso, según el cual Jorge Antonio y Javier Francisco cayeron durante “un enfrentamiento del Ejército con delincuentes” la madrugada del 19 de marzo de 2010.

Hoy, ese militar es secretario de Seguridad Pública estatal en la administración de Jaime Rodríguez, El Bronco. Organismos civiles de la región protestaron al enterarse de su designación y señalaron sus implicaciones en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura que nunca fueron aclarados y cuyas víctimas no recibieron justicia (Proceso 2032).

Según la versión del documento extraurgente que el general Antúnez Pérez dirigió “a la superioridad” en papel membretado de la Secretaría de la Defensa Nacional el 5 de abril de 2010 (folio 08739), varias personas dispararon a las tropas desde una camioneta Yukón aquella madrugada de marzo.

Del vehículo “descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”, escribió el militar.

Antúnez Pérez escribió su reporte interno luego de recibir el mensaje numerado como DH-IV-3665 fechado el 29 de marzo de ese año en el que se le informa que el ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, abrió de oficio la queja CNDH/2/2010/1508/Q “en agravio de los extintos Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso”.

El propósito del militar fue reforzar la versión emitida por el mando territorial de la Séptima Zona Militar, con sede en el municipio metropolitano de General Escobedo, el 19 de marzo de ese año en un boletín en el que asentó:

“Una persona se acercó para manifestar (a las tropas) que en la avenida Garza Sada cruce con avenida Jesús Elizondo (sic) de dicho municipio se encontraban varias personas a bordo de diferentes vehículos con armas largas y en actitud sospechosa.

“De este evento resultaron muertos dos individuos que hasta el momento no han sido identificados… Cabe hacer mención que durante el enfrentamiento resultó herido un elemento militar, mismo que fue trasladado de inmediato para su atención médica, encontrándose estable.”

En su informe del 5 de abril, Antúnez Pérez expuso: “Por lo anterior, se desprende que el personal militar actuó repeliendo una agresión real, inminente, violenta y sin derecho, actuando en legítima defensa, resguardando su integridad personal, adecuando su conducta al marco de la legalidad establecido en nuestra legislación interna, protegiendo los intereses de la sociedad al enfrentar a miembros de la delincuencia organizada”.

Meses después, en agosto de 2010, el ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva emitió la recomendación 45/2010 y concluyó que el Ejército disparó a los estudiantes y que la escena del crimen fue manipulada para sembrarles armas.

La recomendación 45/2010 de la CNDH concluyó: “Esta Comisión Nacional observó que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso no portaban armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran miembros de la delincuencia organizada, como de manera inconducente sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional en el informe que rindió ante este organismo nacional.

“Además, Jorge Antonio Mercado Alonso presentó seis heridas producidas por proyectil de arma de fuego, dos de las cuales fueron realizadas a corta distancia, en tanto que Javier Francisco Arredondo Verdugo presentó siete heridas generadas por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el acta de fe ministerial e inspección cadavérica.”

El ómbudsman pidió también que se limpiara el nombre de los dos estudiantes: “Resulta necesario aclarar con toda energía que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso eran estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, no viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares, no portaban armas ni eran miembros de la delincuencia organizada”.

Confusión, solapamiento e
impunidad

El 22 de marzo de 2010, tres días después del presunto ataque a los militares, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, viajó a esta ciudad donde se entrevistó con el gobernador Rodrigo Medina, y funcionarios del tec de Monterrey. Se comprometió a esclarecer la muerte de Jorge Antonio y Javier Francisco.

“Reconozco que los dos estudiantes estuvieron en la línea de fuego del lado donde los soldados eran agredidos por criminales –dijo el funcionario calderonista en conferencia de prensa–. Ofrezco que se profundizará una investigación que saque a todos la verdad y deje a todos un aprendizaje sobre esta triste tragedia para evitar este tipo de situaciones en el futuro, sin menguar en nada el ánimo de la autoridad para proteger a la gente.”

A su vez, el rector del tec, Rafael Rangel Sostmann, admitió que, inicialmente, los guardias del campus se confundieron en identificar a las personas abatidas, lo que dificultó el reconocimiento de los cadáveres. Reveló también que su error fue confiar en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, encabezada por Alejandro Garza, que le entregó información errónea que él divulgó.

El 20 de marzo, el presidente Calderón y su esposa, Margarita Zavala dieron sus condolencias a los familiares de los estudiantes en un comunicado; Gobernación emitió un comunicado en torno al incidente, ocurrido “en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el que desafortunadamente perdieron la vida los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo”.

El boletín no señaló cómo murieron los estudiantes. Sólo menciona que una vez controlada la situación, “arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC, personal de peritos en balística y del Semefo para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos”.

Cinco años y medio después de aquel supuesto “enfrentamiento de tropas del Ejército con delincuentes”, luego de las aclaraciones de las autoridades estatales y federales, de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las protestas de organizaciones civiles de Nuevo León, no se ha hecho justicia a las víctimas. Y el general que emitió un reporte interno a “la superioridad” en el cual, según el ómbudsman nacional, alternó los hechos, es parte del gabinete del controvertido gobernador independiente Jaime Rodríguez, El Bronco.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=418857

Nestora y la CIDH.

De: Marta Lamas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA visitó México para escuchar las denuncias y testimonios de propia voz de las personas violentadas. Hace mucho que la CIDH no había viajado a México en una misión oficial, y la expectativa que despertó su llegada es símbolo de la creciente preocupación en nuestro país por las constantes violaciones de todo tipo a los derechos humanos. El lunes 28 de septiembre se efectuó la sesión sobre “Situación de Periodistas y Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y el Mecanismo Nacional de Protección”. Asistió la comisionada Tracy Robinson, una destacada abogada jamaiquina que preside la Comisión desde enero de 2012, y Edison Lanza, el relator especial para la Libertad de Expresión, un periodista y abogado uruguayo, experto en temas de libertad de expresión y derecho a la información.

Programada para realizarse entre las 15 y las 16:15 hrs en una sala del Hotel Fiesta Americana, la afluencia de personas y organizaciones que asistieron para hacer oír sus denuncias fue tal que se tuvo que reducir la participación a intervenciones de tres minutos. Las denuncias giraron sobre los temas de siempre: la impunidad, el despojo, el hostigamiento y las agresiones, muchas mortales, a los defensores y a los periodistas –todo ello en un contexto de simulación por parte de muchas autoridades gubernamentales. Y como “El Estado hace como que cumple, pero no cumple”, la reiterada solicitud a la CIDH fue no solamente la de que intervenga para que se establezcan protocolos más claros de protección, sino para que se logre una mayor supervisión de las acciones de gobierno, y en especial, para que compruebe que éste hace lo que dice hacer.

Entre quienes se habían inscrito para hablar estaba Grisel Rodríguez, una de las hijas de Nestora Salgado, quien, junto con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, me invitaron a estar en la sesión y decir unas palabras. Grisel hizo una muy emotiva intervención sobre el dolor que le ha causado la injusta detención de su madre, y sobre la forma en que esto ha afectado a toda su familia. Mi intervención se centró en señalar que aunque desde septiembre del año pasado Nestora está incluida dentro del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno, esto no ha hecho una diferencia en su injusta privación de la libertad. A los absurdos cargos que se le imputan (tiene seis procesos penales abiertos por secuestro, robo y homicidio) y a la grave ausencia de debido proceso, se suma el hecho de que ninguno de quienes la acusan se ha presentado a testificar y el de que luego de dos años en prisión sigue sin sentencia. Al oír esto, la comisionada Robinson dudó de lo que estaba escuchando y pidió que se lo repitiera. Lo hice, señalando que Nestora ya ha pasado dos años presa y sigue sin que se le dicte sentencia. A pesar de que el gobierno federal ya levantó los cargos, la Fiscalía de Guerrero los sostiene, y me parece que tal actitud del fiscal Miguel Ángel Godínez proviene de que está amenazado o de que está comprado.

No tuve tiempo de decir que también creo que en lo que le ocurrió a Nestora hay una buena carga de machismo. Nestora, a quien le dolía la exclusión y pobreza de las comunidades indígenas y le preocupaba la situación de subordinación de las mujeres, asumió el compromiso de ser una comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá para abordar esas cuestiones. Cobrar conciencia de la situación en que se encontraba su comunidad produjo una significativa transformación en su praxis, con efectos, tanto positivos como negativos, entre sus paisanos. En el ominoso proceso de descomposición en que se halla inmerso Guerrero, la actitud de Nestora de enfrentarse a la delincuencia organizada y a los políticos corruptos causó asombro y orgullo entre muchas personas, pero también enfureció a los varones que vieron afectados sus sucios negocios e ilegales prácticas. Pero además la valiente actitud de Nestora no sólo afectó oscuros intereses, sino que además puso en cuestión un elemento fundante del machismo: “los hombres mandan”. “¡Cómo que una mujer se atreve a detener a un síndico y a encarcelarlo en la Casa de Justicia! ¡Qué se cree esa pinche vieja! Hay que darle una lección de quién manda aquí”.

Cuando Nestora trató de detener el comercio de la droga e intentó hacer justicia, también puso en cuestión el poder de una virilidad machista. Así, los gobernantes corruptos y los voraces empresarios que se aprovechaban de las condiciones de vulnerabilidad de la gente no sólo se vieron amenazados en sus transas, sino también en su virilidad. ¡Demasiado para esos individuos! Había que frenarla a toda costa y así dar una lección para que ninguna otra mujer se ande saliendo del huacal. Y como ellos mismos andan en la ilegalidad, la manera de hacerlo fue igual: mintiendo, haciendo trampas, tergiversando hechos.

Nestora Salgado, una luchadora social que puso en evidencia el Estado fallido y la inseguridad que mantiene un gobierno local, representa una alternativa de justicia comunitaria indígena, una gestión policiaca comunitaria efectiva, y una nueva forma de asumirse mujer. Y esto a los machos los saca de sus casillas.

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=417779

El “Complot Mongol” contra Peña Nieto.

De: Jenaro Villamil.

Seguramente el habitante actual de Los Pinos y sus principales asesores desconocen la novela de Rafael Bernal, El Complot Mongol, que relata una serie de intrigas tan fascinantes como irreales en el corazón del Barrio Chino de la Ciudad de México, en plena calle de Dolores, donde el matón Filiberto García desentrañará un complot contra la paz mundial, con la ayuda del FBI y de la KGB, al mismo tiempo.

Ahora, en plena crisis de credibilidad del gobierno federal, hay un mejor complot que el inventado por Bernal. Este nuevo complot tiene como objetivo derrumbar a las instituciones mexicanas, vulnerar al Ejército y su prestigio nacional, utilizar a las víctimas de las masacres de Tlatlaya, Iguala y Ayotzinapa –más las que se acumulen– en un juego de poder comandado por el multimillonario norteamericano George Soros y “fuerzas oscuras” internacionales, radicadas en Estados Unidos.

Por más delirante que parezca, el nuevo “complot mongol” contra Peña Nieto no lo encabeza ni el populismo de Andrés Manuel López Obrador, que adquirió estatura internacional gracias a los discursos del hijo predilecto de Atlacomulco en Palacio Nacional y ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas.

No es el populismo del dos veces candidato presidencial, exjefe de Gobierno capitalino y líder del nuevo partido Morena, el auténtico “peligro” para México, sino una conjura que se armó en las oficinas del excéntrico multimillonario George Soros, quien seguramente dio la orden hasta la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, para mandar al matadero a decenas de jóvenes estudiantes y crearle un problema de Estado al pobre Peña Nieto, con tal de quedarse con nuestro petróleo.

Según las versiones que comienzan a correr entre el club del nado sincronizado que cobra en Los Pinos y publica en columnas y blogs de autoconsumo de la clase política, la matanza de Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala son un montaje y una conjura para debilitar al Estado mexicano a través de organismos no gubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro ProDH, y el gran paraguas financiero de George Soros, a través de su “brazo desestabilizador”: la fundación Open Society.

Así lo redactó Ricardo Alemán, columnista de El Universal, quien no necesita documentar ni sustentar ninguna de sus sentencias porque todo es una revelación divina, como le sucedió a Moisés cuando le dieron las diez tablas de la ley hace ya varios cientos de años:

“Hoy es posible probar que detrás del montaje de Tlatlaya están las mismas organizaciones no gubernamentales que tripulan el caso de Los 43 de Iguala. Y si lo dudan basta echar una mirada al informe parcial, nada serio, tramposo y hasta chabacano que el 2 de julio de 2015 emitió el CentroProDH; organización propiedad de Emilio Álvarez Icaza, que engañó con el cuento de que los efectivos militares habían recibido la orden de exterminar de noche a los integrantes del crimen organizado.

“El Centro ProDH es el mismo que tripula y mantiene secuestrados a los padres de Los 43 de Iguala; el mismo que controla la información sobre el caso de los normalistas, el mismo que ‘pastorea’ a los dizque expertos de la CIDH y el mismo que recibe jugosos dividendos de organizaciones extranjeras interesadas en desestabilizar gobiernos democráticos, como la Open Society Foundations, del magnate interesado en el petróleo mexicano, George Soros.

“El Centro ProDH es el brazo operativo de Emilio Álvarez Icaza, a quien Soros impulsó en la CIDH. Y el Centro ProDH es la organización que cooptó, financió e instruyó a las tres mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en Tlatlaya –que casualmente no fueron asesinadas–, pero que de manera repentina acusaron a los militares de haber ejecutado a los integrantes de una banda del crimen organizado a la que pertenecían”.

Bajo la lógica de este redactor de complots, seguramente la periodista Carmen Aristegui –quien anunció que llevará su litigio contra MVS y el Estado mexicano a la CIDH–, forma parte del complot de George Soros. La misma revista Proceso que entrevistó a Emilio Álvarez Icaza, los miles que han marchado demandando justicia en el caso Ayotzinapa, los reporteros de Squire y de AP que revelaron detalles de la matanza de Tlatlaya y hasta quienes se han reunido con los integrantes de la CIDH forman parte de la nómina de George Soros.

Es más, hasta el mismo Joaquín El Chapo Guzmán se escapó del penal del Altiplano por órdenes de Soros y de Emilio Álvarez Icaza y, en el colmo del delirio, los cinco jóvenes ejecutados en la colonia Narvarte de la Ciudad de México seguramente fueron asesinados por sicarios de la CIDH para “manchar” la trayectoria de este gran amigo de los opinólogos pagados por el erario de Veracruz, Javier Duarte.

Los delirios serían un caso excepcional si no estuviéramos ante una intensa campaña de medios de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de su titular Salvador Cienfuegos, para negar cualquier responsabilidad “por comisión u omisión” en estos casos y, sobre todo, para advertir que las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen por qué rendir cuentas ante ningún grupo de expertos ni ante ninguna instancia internacional.

La “entrevista” de Cienfuegos en el Canal 2 de Televisa, más la reacción visceral de funcionarios, columnistas y hasta defensores oficiales de derechos humanos al informe de la CIDH sobre la situación de graves violaciones a garantías individuales en México, apuntan a que un espíritu peor que el del Complot Mongol comienza a permear en el gobierno federal: es el Gustavo Díaz Ordaz que se siente felizmente incomprendido por haber caído en la trampa de su propia paranoia.

 

Fuente:  http://www.proceso.com.mx/?p=417451

Ayotzinapa y el surgimiento del narco Estado.

 De: José Gil Olmos.
El caso de Ayotzinapa es más que un dolor de muelas para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Algunos lo comparan con la matanza de 1968 que marcó al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por ordenar la represión de los estudiantes en Tlatelolco.

La comparación, sin embargo, no es válida pues a diferencia de esta última, en la que participó el Ejército y la policía, en el caso de los estudiantes de la Normal Superior de Guerrero, la desaparición forzada fue una acción concertada entre distintos actores de gobierno y el crimen organizado, dejando a la luz pública lo que no se quiere reconocer en los niveles más altos del gobierno mexicano: el surgimiento del Narco Estado.

A punto de cumplirse un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, lo que más les cuesta creer a los distintos actores políticos y representantes del gobierno federal es que el Narco Estado o el cogobierno del crimen organizado en México ya es una realidad.

Los casos de Guerrero y Michoacán son los ejemplos más claros de la fusión del poder político con el de las bandas del crimen organizado y de cómo este último ha avanzado hasta llegar a controlar zonas del territorio nacional donde no hay otra ley que la voluntad del jefe de la plaza que puede ser el gobernador o el jefe de la policía.

En estas dos entidades hay revelaciones de los grupos criminales que afirman haber entregado a los gobernadores en turno grandes cantidades de dinero para que ganaran las elecciones hace cuatro años.

Sidronio Casarrubias, líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, reveló hace tiempo que la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero fue financiada por la familia Pineda Villa, de la cual era parte María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala y operadora de ese mismo grupo criminal.

Por su parte, Servando Gómez La Tuta aseguró que Los Caballeros Templarios hicieron una campaña de inhibición con gente armada en contra de los otros candidatos del PAN y del PRD, así como haber entregado 300 millones pesos a Jesús Reyna para que ganara el priista Fausto Vallejo.

Tanto en Michoacán como en Guerrero se perfiló con claridad la existencia del Narco Estado con sus respectivas características similares:

El control de territorio por parte de los grupos criminales; la imposición de jefes policiacos a la voluntad del crimen organizado; la corrupción de las autoridades civiles y militares; el cogobierno; la economía local en manos de industria criminal; el cobro de impuestos como el derecho de piso y la instauración del terror como principal instrumento de control y dominio social.

A un año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto no tiene una investigación profunda, seria y creíble. Lo único claro es que detrás de todo está la manifestación poderosa del Narco Estado como la forma de gobierno en Guerrero.

Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=416222