El hambre, según Peña Nieto.

 

De: Sanjuana Martinez.

 Cuando un funcionario habla del hambre con el estomago lleno, malo el asunto. Dudo mucho que el señor Enrique Peña Nieto haya pasado hambre alguna vez en su vida, tampoco creo que conozca la sensación de vacío y angustia que eso genera.

En México, el hambre es una realidad a pesar de las fastuosas declaraciones de Peña Nieto a la oficina de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Según él, ”hemos logrado reducir a menos de la mitad el número de personas en condiciones de vida por debajo del umbral de pobreza”.

Por supuesto, fue a presumir el programa Prospera, antes Progresa, dirigido por su amiga, la ex perredista Rosario Robles secretaria de Desarrollo Social, quien dice que atiende a 6.1 millones de familias en México. Las falacias de la señora Robles todos las conocemos. ¿Qué credibilidad puede tener esta funcionaria camaleónica?

Hasta aquí, el país de las maravillas que los funcionarios con el estomago lleno, presentan sobre el hambre, sobre todo, de cara a la galería de los organismos internacionales.

Ahora hablemos de la realidad: para empezar, la tal cruzada contra el hambre es una simulación. Lo último que hemos podido saber es que el presupuesto no está destinado a paliar el hambre de los mexicanos más pobres, sino a la propaganda.

La Señora Robles ha destinado nada menos que 485 millones de pesos en promocionar el programa estrella de Peña Nieto de la Sedesol y con el que presume en el exterior.

La empresa más beneficiada con estos millones es Televisa, que recibió tan solo año y medio 155 millones 163 mil pesos por este concepto. Por supuesto, la Señora Robles asegura que este derroche propagandístico no tiene nada que ver con el año electoral, ni mucho menos.

Por tanto, mientras la mitad de la población vive en la pobreza y de ellos 28 millones son pobres alimenticios, es decir, gente que no tiene que comer, la Señora Robles se gastó 7 millones y medio diariamente para difundir su maravilloso programa. En total, destinó 211 millones 284 mil 256 pesos de su presupuesto supuestamente asignado para paliar el hambre.

Además, recordaran que durante febrero, la Sedesol lanzó una campaña de comunicación masiva en televisión, radio y periódicos, para celebrar el mes de la cruzada contra el hambre que se llamó “Dos Años Cumpliendo”.

El despliegue propagandístico electoral, digo, oficial, incluyó spots de 30 segundos transmitidos en las pantallas de autobuses, interurbanos, metrobuses, cines, lonas y panorámicos, con la imagen de dos tenedores con forma de manos y un corazón.

Si se hacen cálculos, perfectamente con lo que erogó la Señora Robles en un mes, se hubieran podido pagar las pensiones anuales de más de 33 mil ancianos del programa 65 y más.

Pero a la Señora Robles le gusta gastar más en imagen y promoción. Así quedo de manifiesto cuando recién llegó a la Sedesol en diciembre de 2013 y lanzó una campaña mediática para promocionar los “testimonios de la cruzada” con un presupuesto de más de 62 millones de pesos de los cuales 28 fueron para Televisa.

Por si fuera poco, cuando el programa estrella de mentiras cumplió 12 meses, la Señora Robles lanzo otra campaña llamada “Un año, 3 millones de historias” y tomó del presupuesto más de 136 millones, de los cuales 24 millones fueron para Televisa, es decir, la sexta parte del presupuesto. Y además le pagó a TV Azteca 700 mil pesos por una supuesta asesoría de medios.

La Señora Robles también le dio un millón de pesos a Joaquín López Dóriga y su agencia Astron Publicidad, S.A. de C.V. por concepto de promoción y asesoría. Y firmó un contrato con Televisa por 19 millones de pesos para que sus anuncios fueran transmitidos durante 20 días en los recesos de telenovelas y del noticiero de López Dóriga.

El gobierno peñista no ha escatimado en la propaganda, y hay que decirlo, a costa del hambre de los mexicanos. Por eso, sorprende que Peña Nieto aporte al financiamiento del programa Mesoamérica sin Hambre con un presupuesto de tres millones de dólares, mientras México, según la OCDE es el segundo país con mayor desigualdad económica y 53 millones de personas viven en condiciones de pobreza.

Si el 23 y medio por ciento, es decir, 28 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria y el 12.5 por ciento sufre desnutrición crónica y el 70 por ciento de los hogares se clasificaron dentro del esquema de inseguridad alimentaria, ¿cómo es posible que Peña Nieto falte a la verdad si los números son aplastantes?

Tal vez, no sabe que un millón 200 niños padecen desnutrición crónica en el país, un mal que afecta al 10 por ciento de la población que vive en zonas urbanas y el 20 por ciento en zonas rurales. O quizá Peña Nieto no recuerda que todavía hay 52 millones de mexicanos que padecen hambre y que la mitad de la población sobrevive con seis dólares diarios, equivalentes a 2 mil pesos.

En México el hambre es crónica. ¿Le caerá algún día el veinte a Peña Nieto que se debe a su mal gobierno?

www.websanjuanamartinez.com.mx

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/15-06-2015/35837

Domingo 7: Aval a la corrupción.

 De Álvaro Delgado.

 

Si la elección de este domingo se ve como un referendo a Enrique Peña Nieto, el examen a la mitad de su sexenio, entonces los mexicanos avalan la corrupción e ineptitud de él y su gobierno. Peor aún: Le dan manga ancha para –con su muy probable mayoría en la Cámara de Diputados– haga lo que le dé la gana hasta 2018.

Peña se levanta como triunfador en un entorno sombrío: La economía estancada –1.4 del PIB en 2013, 2.1 en 2014 y 2.66 este año–, la violencia criminal a la alza –que acumula ya más 40 mil muertos y 21 asesinatos políticos sólo en el proceso electoral– y un deterioro en la calidad de vida que nadie niega.

Nadie puede negar tampoco que los resultados del PRI y sus satélites de Nueva Alianza (Panal) y del Verde Ecologista de México (PVEM) obedecen a una estrategia de sistemática violación a la Constitución y las leyes que, al quedar en la impunidad, perfila lo que volverá a ensayarse en las 15 elecciones para gobernador de 2016 y en la presidencial dentro de tres años.

Todo el proceso electoral, desde octubre hasta la jornada electoral mismo domingo, fue cruzado por la inmunda estrategia del PVEM que se burló de los mexicanos. Las multas que se le aplicaron –más de 600 millones de pesos– poco le importaron y sólo ratificaron su carácter delincuencial.

Esta conducta contó, como ocurrió en 2012, con una red de complicidades que incluye a todas las autoridades y, de manera prominente, a las cadenas de televisión que tienen en el Verde a los defensores y promotores de sus multimillonarios intereses. Por eso millones de mexicanos no se enteran de tamaña infamia.

Pero la elección de este domingo 7 deja ver, también, las debilidades del dinosaurio y, naturalmente, las de sus opositores que, pese a todo, obtuvieron tajadas del pastel que proyectaban: El PAN es segunda fuerza, PRD tercera y Morena cuarta.

Aunque el PRI recupera Guerrero y Sonora –clave éste para las ambiciones de Manlio Fabio Beltrones–, pierde estados estratégicos: Nuevo León, la capital industrial de México; Jalisco, también de enorme poder productivo, y se mantiene al margen en el Distrito Federal, la capital de la República.

Nuevo León es relevante porque, por primera vez en la historia, se impone un candidato independiente, que rompe el bipartidismo y humilla sobre todo al PAN, que hace apenas unos meses lo daba por ganado. El Bronco es una incógnita, pero esa candidatura independiente tendrá efectos en el sistema de partidos de una magnitud no calibrada aún.

Entre paréntesis, esta elección pone en ridículo otra vez a empresas encuestadoras acostumbradas a falsificar resultados. GEA-ISA, propiedad de Jesús Reyes-Heroles –consejero de OHL–, es una de las principales.

Sin ser una magnitud análoga, pero semejante es la victoria en Guadalajara de Enrique Alfaro, que en 2012 le rompió el espinazo al PAN, del que se nutre, y ya lo hizo también en esta elección en el área metropolitana con el PRI. Este político rompe también el bipartidismo en la capital de Jalisco y es, desde ya, prospecto para la gubernatura.

En el Distrito Federal, el PRI sigue tan marginal como en 1997 y la disputa por el poder es entre las expresiones de izquierda con el PAN atrincherado en su único bastión, la delegación Benito Juárez y muy probablemente Miguel Hidalgo. Los capitalinos ratificaron su desprecio al PRI.

Pese a que si acaso conservará los 114 diputados federales que actualmente tiene –quizá dos más– y pierde Sonora, en el PAN se consolida la facción de Gustavo Madero, aun ante el gobernador Rafael Moreno Valle, pero sobre todo ante Felipe Calderón, derrotado contundentemente en Michoacán junto con su hermana.

El PAN tiene, ya, en Madero a un claro precandidato presidencial, que tendrá como plataforma la estructura partidaria, la coordinación en la Cámara de Diputados y la interlocución con el gobierno y los partidos del Pacto por México.

El PRD puede decir que no fue avasallado por Morena y este nuevo partido logró la conquista no sólo de su registro, sino de un porcentaje de dos dígitos, que en realidad es poco para las condiciones de saqueo y desastre que hay en el país.

Iztapalapa, el mayor granero de votos en la Ciudad de México y del país, se le negó a Morena y puede ser leído como una derrota para Andrés Manuel López Obrador.

Las tendencias electorales, hasta la medianoche, iban en el sentido de que ninguno de los partidos perderían su registro. Más aún, Encuentro Social –cercano al aspirante presidencial Miguel Ángel Osorio Chong— obtendría una bancada de entre 8 y 19 diputados.

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

País en llamas rumbo al despeñadero.

Por: Adela Navarro Bello.

La quema de boletas y otro material electoral en Oaxaca como parte de un movimiento de resistencia de maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no es, desafortunadamente para la tranquilidad del país, un hecho aislado, circunstancial o mucho menos fortuito.

La inseguridad y la violencia han traspasado las colindancias –bastante amplias por cierto- del crimen organizado y el narcotráfico, para trasladarse a otros sectores de la sociedad hartos –justificadamente o no- de la impunidad generalizada que se vive y se respira en México.

Así, la quema del material electoral que amenaza la realización de las elecciones en Oaxaca a propósito de maestros levantados porque una reforma no les es favorable, se suma a la inconformidad que hay, por ejemplo, en el Valle de San Quintín en Baja California donde jornaleros se manifiestan inconformes por las condiciones laborales muy cercanas a la explotación y la esclavitud en las que han de vivir.

También a las manifestaciones de maestros en Guerrero y Chiapas, que unidos a la Coordinadora están poniendo en riesgo la elección del 7 de junio de 2015. El Instituto Nacional ha confirmado la toma de sus instalaciones y la destrucción de su material en Oaxaca y el buen fin de la elección no se ve.

A este caos de inseguridad y riesgo para la democracia se suman otros hechos igual de terribles para la sociedad mexicana. Los del crimen organizado. En por lo menos cuatro estados, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, la celebración de las elecciones se ha visto afectada por las demostraciones de violencia por parte de cárteles del narcotráfico y bandas del crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha impuesto a base de sangre y plomo, aterrorizando a la población y enfrentándose sangrientamente contra autoridad y enemigos criminales.

La realidad en las incendiadas calles mexicanas, que hablan del México en llamas que niega Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, es que no hay condiciones de seguridad para el ejercicio de la democracia.

El origen de los conflictos también es claro: la impunidad.

La impunidad que gozan los cárteles -para crecer, comprar armas, introducirlas al país, lavar dinero a pesar de obtusas legislaciones o vender su droga y lucrar con cuanto ilícito se les ocurre cometer- misma que ha sido provista por la corrupción histórica en las corporaciones policíacas que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto no han pasado por etapas de limpia y depuración.

La impunidad que gozan los maestros al tomar calles, interrumpir la instrucción académica de los niños mexicanos, violentar oficinas y papelería oficial, sin ser aprehendidos por ello. Sin ser apercibidos o sancionados por afectar a terceros.

El gobierno de la República está rebasado por la inseguridad. La del narco y la propiciada por la inconformidad de varios sectores de la sociedad mexicana.

La imagen de incendios en Oaxaca y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional partiendo en retirada ante el reclamo de maestros inconformes, es la prueba más irrefutable de un País que en estos momentos arde.

Imponer condiciones a un Gobierno a partir de la violencia en calles, sea por parte de sectores sociales o de bandas criminales, exhibe un nivel de ingobernabilidad preocupante. Un estado fallido que solo puede ser producto del ejercicio del poder para beneficio propio y no de gobernabilidad para el desarrollo de todos.

La ingobernabilidad que tiende a extenderse de zonas determinadas a mayores regiones del mapa nacional, exhibe un gobierno paralizado, testigo de balaceras, incendios y manifestaciones, que no impone el Estado de Derecho para garantizar no solo la seguridad de todos, sino el desarrollo de la democracia.

Enrique Peña Nieto llega a su tercer año de Gobierno con más focos rojos que un cabaret, con la misma gente que abiertamente expresó que no lo quería en Los Pinos y con un evidente nivel de desprestigio sobre la institución que es la Presidencia de la República.

Sucumbió la Presidencia a los maestros inconformes y suspendió de manera indefinida la realización de evaluaciones a los maestros. Dio el nivel educativo en prenda y las manifestaciones no cejaron. Por el contrario y al ver que la presión social hace recular al Gobierno de la República, los maestros se crecieron y ya se suman educadores de otros estados.

La escueta información de la Secretaría de Educación Pública que encabeza aún Emilio Chuayfet Chemor, ha sentado una errática base de negociación para otros sectores: si te inconformas, si dejas de producir, si tomas las calles y violentas las elecciones, el Gobierno cederá.

No hubo más explicación, ni justificación por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto para tomar la decisión de ceder a las presiones de los maestros que un párrafo lapidario de la calidad académica en México: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.

Así de escueto, así de rápido, la educación de los niños mexicanos –que son el futuro de esta sociedad- se negoció con los maestros inconformes que ahora van más allá. Sabiéndose escuchados, piden definitivamente la derogación de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, la seguridad laboral de los maestros, la defensa de las normales, aumento de salario, más prestaciones sociales, y de paso, la aparición con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Haber dejado crecer las estructuras criminales en el Gobierno de Enrique Peña Nieto a partir del discurso de un México en Paz, de negar la violencia, y pocas o nulas acciones de inteligencia, persecución policíaca y procuración de justicia, han llevado a los mexicanos a ser testigos de cárteles violentos, omnipresentes, presuntuosos y crecidos que ejercen impunemente su criminal poder territorial hasta llevar al éxodo a los mexicanos de bien.

Así como ahora la ausencia de una negociación política-gubernamental con los maestros inconformes, han llevado a estos a gozar de la impunidad ante un gobierno que recula en sus leyes, negocia con la educación y teme imponer el estado de derecho.

Por todos estos ejemplos que se materializan en nuestro presente, el despeñadero que vaticinaron escritores, analistas, periodistas, intelectuales y políticos de oposición cuando el Tribunal Electoral reconoció el triunfo de Enrique Peña Nieto como Presidente de México es cada vez más, una realidad. Lamentablemente.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/03-06-2015/35413

¿Dejó de tener sentido votar?

 

 De: Tomás Calvillo Unna.

La pregunta es pertinente a pesar del mensaje imperante de salir a votar, porque se dice que no hay otra opción en un régimen que se aferra a ignorar la emergencia nacional por la que atraviesa la República, y que ha afectado a miles de familias mexicanas que sufren la violencia proveniente de la simbiosis entre crimen y política, blindada por la corrupción y la impunidad.

Desde Roberta Menchú hasta José Woldenberg, incluyendo al Secretario de Gobernación y por supuesto a los partidos, por distintas razones, buscan convencer a los ciudadanos para que ejerzan su derecho a votar.

El voto se presenta con argumentos cuasi-dogmáticos, convertido en algo inamovible y piedra angular de una democracia que naufraga no sólo en México sino en el mundo, ante la mutación de los estados nacionales y la revolución tecnológica informática digital y demás, que han roto el balance entre lo público y lo privado, entre los corporativos y los gobiernos y sus diversos intereses, entre las instituciones representativas y los ciudadanos.

Ante todos estos veloces cambios, la globalización económica y del crimen se entrelazan sumándose a las fuertes presiones que afectan las raíces mismas de los procesos civilizatorios. Las relaciones laborales, las estructuras sociales básicas, como el propio concepto de familia, la vínculos con el entorno y la pertenencia e identidad misma, son realidades que se resquebrajan y transforman y en donde, la representación política y sus mecanismos de elaboración pretenden ser incuestionables en un periodo como el actual, que más que nunca requiere repensarla profundamente y retornar a sus fuentes constitutivas que están íntimamente ligadas a los conceptos de estado, comunidad, ciudadanía, gobierno y territorio.

El sistema electoral como un apéndice de todo ello aparece para sus actuales promotores como un ente mágico que está más allá de las condiciones históricas que lo determinan. El votar se ha vuelto una expresión atemporal de la sociedad política, capaz de trascender cualquier condición, como la de una partidocracia que ha pactado de manera diversa con el crimen y que ha destruido las bases democráticas propias de un sistema de partidos mínimamente sano; o la de una población que en muchos lugares es amenazada por los militantes del terror que el estado no puede confrontar porque esta minado en sus ámbitos jurídicos, políticos y económicos.

Miles de desaparecidos y muertos, la filtración de diversos carteles en las estructura de los partidos, su complicidad con la impunidad y corrupción, parecen para los promotores del voto, cosas secundarias que sólo se van a corregir yendo a las urnas y votando, aquí y allá por los “menos malos”.

Más papistas que el papa, no advierten la desproporción, la gravedad del problema que vive el país. No se trata de remplazar lo que no existe por una salida autoritaria sino de replantear de raíz los fundamentos del sistema político, reestructurando las propias bases jurídicas y políticas de la nación. Se necesita sacudir a la clase política, unificar una fuerza ciudadana suficiente que desmonte el teatro criminal en que se han convertido los procesos electorales. Rescatar el sentido del voto implica hoy dar la espalda a las urnas. Que si gana el PRI, el PAN o el PRD o MORENA en la ciudad de México, o el malo de la película, comodín estratégico del poder en turno el Partido Verde, nada de ello va a modificar en lo fundamental la degradación que vive el país.

La clase política ha demostrado que está atrapada sin salida, y los ciudadanos o liberan el sistema, o consolidarán la prisión social que la violencia edifica a través el dominio del narco populismo disperso a lo largo y ancho del territorio nacional.

Sectores de las elites económicas y políticas del país pusieron en el mapa de la violencia de los cárteles a los ciudadanos; y los partidos políticos han sido un instrumento privilegiado para realizar esa macabra tarea. La irresponsabilidad ha sido toda, en este sentido el INE, probablemente sin proponérselo se convierta en una coartada más de esa dinámica criminal revestida de pretensión democrática.

Por lo mismo las campañas y sus candidatos andan sobre arenas movedizas sin tener idea de donde están parados, y los que la tienen ya eligieron alguno de los ejércitos irregulares que azotan al país de manera intermitente.
Que se vote o no, se ha vuelto irrelevante, sin despreciar los matices en aquellos lugares donde las condiciones son más extremas (donde el mejor de la película puede ser cualquiera según las condiciones locales).

No se trata de una campaña para convencer, es en todo caso un llamado a la conciencia ciudadana y uno más de muchos que desde diversas regiones y voces se realiza; tal vez como una última llamada antes de que el país se desbarranque por las opciones violentas de todo tipo.

Desde esta perspectiva el votar pareciera convertirse exactamente en lo contrario de lo que pretenden que sea, es decir, en un acto que consolida los circuitos territoriales del crimen encarnado en la política.

Después de lo sucedido en Iguala, los partidos políticos y el INE se mantuvieron impávidos y sólo demostraron una parálisis cómplice que abona a lo que podemos advertir como un peculiar golpe de estado hormiga por parte de corporativos criminales que toman las estructuras partidistas y los circuitos de las finanzas.

Las elecciones son ahora un territorio de esa guerra intestina donde los ciudadanos cada vez más son solo carne de cañón y víctimas.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/03-06-2015/35369

Peña reporta “ganar menos”; imposible determinar monto actual de su fortuna.

 En el último año, el presidente Enrique Peña Nieto empobreció sus ingresos: su salario se contrajo, ganó menos por “otros” conceptos que en 2014 y el resto de sus inversiones también quedaron reducidas, o al menos eso declaró en la modificación anual de su declaración patrimonial.

No obstante, sus ahorros crecieron de 150 mil 923 pesos que tenía en mayo de 2014 a 534 mil 565 en 2015. Aún más creció su seguro para el retiro: si en mayo de 2014, Peña Nieto se hubiera querido retirar del cargo se habría llevado 560 mil 776 pesos, pero si quisiera hacerlo ahora, tendría ya una bolsa de un millón 111 mil 679 pesos.

En mayo de cada año, los servidores públicos federales, incluido el presidente de la República, deben realizar las modificaciones a su declaración patrimonial.

Peña Nieto lo hizo el último día del período, en medio de la polémica por la revelación de que una de las propiedades que ha declarado como donación de su padre, en realidad es una operación de compraventa por lo que –según información de la agencia Reuters– habría declarado con falsedad.

La modificación de la declaración patrimonial del mandatario amplió una vez más las explicaciones sobre la forma en que adquirió los bienes inmuebles que posee, específicamente, en lo tocante a las “donaciones” que sus padres hicieron de bienes inmuebles y la razón de que en al menos dos casos, las cifras de las operaciones se expresen en viejos pesos.

La semana pasada, la agencia noticiosa Reuters informó que la operación de compraventa por un bien que Peña Nieto reporta como donación de su padre, en realidad obra en el Registro Público de la Propiedad como una adquisición del hoy mandatario y no existe referencia a su padre.

La modificación a la declaración patrimonial del presidente este año detalla que dos terrenos, uno de mil y otro de 24 mil metros cuadrados, fueron pagados por su padre, Enrique Peña del Mazo, quien decidió ponerlos a su nombre.

Además de esa consideración, el titular del Poder Ejecutivo expone que las cifras en viejos pesos se establecieron en virtud de que esa era la unidad monetaria cuando se realizaron las operaciones. Afirma que una propiedad, adquirida cuando tenía 15 años, fue con sus padres como tutores pues él era menor de edad.

No obstante, las nuevas explicaciones de Peña Nieto son vulnerables: primero, porque los registros de operaciones no permiten conocer el monto actual de su fortuna y, segundo, por el contraste de los datos ofrecidos por la Presidencia de la República en relación a los documentos registrales obtenidos por Reuters.

Hasta ahora, no es posible saber el monto de la fortuna personal del mandatario por la forma en que se expresan las cifras, así como los datos relativos a las propiedades; ni siquiera los motivos de la disminución en sus ingresos.

De hecho, la información del mandatario, si bien abre diferentes datos, sigue siendo opaca y escueta.

En la declaración de 2014 dijo que tuvo ingresos por salario por 2 millones 909 mil 455 pesos, mientras que en la actual se expresa que obtuvo 2 millones 811 mil 218. Esto es una disminución 98 mil 237 pesos.

En actividades financieras, a Peña Nieto le fue ligeramente mejor, pues en 2014 declaró 211 mil 359 pesos y en 2015, 227 mil 218. En tanto, el rubro expuesto sólo como “otros”, registró una disminución más significativa pues pasó de 249 mil 982 en mayo de 2014, a 96 mil 458 este año.

Peña Nieto reportó un total de ingresos en mayo de 2014 de 3 millones 370 mil 796 pesos, mientras que este año declaró 3 millones 135 mil 124 pesos, es decir, una disminución de 217 mil 672 pesos.

Las inversiones del mandatario decrecieron aunque sólo se sabe el monto y no en qué invirtió. En 2014 reportó inversiones por 145 mil 345 pesos, mientras que en 2015 lo hace por 119 mil 761 pesos. No obstante, las inversiones específicas en fondos de inversión incrementaron su fortuna de casi 13 millones a 15 millones 345 mil pesos.

En términos generales, la declaración patrimonial transparentada por Peña Nieto no tiene variación, salvo por lo mencionado y porque esta vez, específica que “no tiene conflicto de intereses”.

Como desde el inicio de la administración, Enrique Peña Nieto decidió no hacer públicos los bienes de su esposa, Angélica Rivera, cuyo patrimonio supuestamente ha sido declarado, pero el presidente de México explicitó que éste no se haga público.

Como se recordará, tras la revelación de la llamada “Casa Blanca de las Lomas”, Rivera de Peña se presentó como propietaria y aseguró que aún estaba pagando el inmueble. Como el constructor y financiero de dicha mansión era el contratista de obra, Juan Armando Hinojosa Cantú, la pareja se vio envuelta en el escándalo desde noviembre pasado. Con ello abrió una serie de revelaciones sobre las propiedades del propio presidente y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El 20 de noviembre pasado, días después del escándalo de la “Casa Blanca”, Peña Nieto admitió abrir la información de su declaración patrimonial inicial y la del 2014, cuya transparencia fue ofrecida como promesa de campaña que hasta entonces no se había cumplido.

¡Al fin: se acaba el Circo Electoral!

Cierran las campañas pero siguen abiertas las evidencias de irregularidades graves. El tufo del fraude en curso es fuerte, pero aún así los partícipes en la obra de teatro electoral prefieren cumplir con sus roles establecidos, entre los cuales se incluye, desde luego, la oposición institucional en sus distintos grados. Mítines, discursos, acarreos, promesas y advertencias, en un carrusel de temporada a cuyo final los ganadores seguirán montados en su caballería ventajosa previamente establecida, mientras los adversarios insertos en el sistema se irán conformando con los premios de consolación o las porciones convenidas o por convenir. El juego democrático, le llaman.

El tribunal electoral federal deja constancia de las reglas tramposas de la competencia. Si alguien creyó en días pasados que cuando menos se sostendría una pálida sanción fijada por el INE, de tres días de prohibición de propaganda en radio y televisión al persistente violador apodado El Verde, ahora se habrá enterado de que a éste le redujeron el de por sí ínfimo castigo de 72 horas de abstención propagandística para que quede en 24, según eso a cumpirse hoy, lo que acabaría siendo algo así como dejar sin cena por una noche al glotón imparable que durante meses saqueó cocina y despensas.

O la reposición de la candidatura del payaso Lagrimita, inequívocamente dirigida contra el movimiento que con muchas posibilidades de triunfos municipales en Jalisco encabeza Enrique Alfaro, éste como candidato a presidir Guadalajara. Un día antes de que el tribunal electoral federal decidiera reinstalar el esquirolaje independiente (sólo alcanzó 1.91 de las firmas del padrón, pero los amables magistrados decidieron que con eso era suficiente), en la zona metropolitana de Guadalajara ya había propaganda de Lagrimita en paraderos de autobuses, enderezada sobre todo contra Alfaro.

En la capital del país, el Partido de la Revolución Democrática cerró campaña con una movilización que sus adversarios consideraron alcanzada mediante acarreo y regalos, mientras uno de sus principales dirigentes reales, Jesús Ortega, celebró en Twitter un Zócalo desacralizado. El Zócalo Cívico y Laico, perredista. Un tuitero astillado pidió al ex presidente del sol azteca que explicara tales conceptos y éste respondió que “AMLO había hecho del Zócalo un espacio donde, cual sumo sacerdote, oficiaba un ‘rito sacro’ cuasi religioso, antilaico”. Por cierto, el nuevo pontífice del sol azteca, Miguel Ángel Mancera, consideró conveniente no confirmar con su presencia en el Zócalo espaciadamente lleno su jefatura política y su parcialidad amarilla.

Morena centra sus mayores expectativas de triunfo en el mismo Distrito Federal, donde fuerzas combinadas han desplegado en su contra una estrategia de impactos múltiples (que van desde la institucionalizada compra de votos por la vía asistencial hasta la campaña telefónica de miedo) con la cual se busca impedir triunfos que en una contienda más o menos aceptable parecerían muy viables para el nuevo partido, sobre todo en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan. El presidente del consejo nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, incluso anunció en San Luis Potosí su propósito de hacer una gira mundial, cuando menos con dos países por cada uno de los continentes, para denunciar lo que sucede en México y tratar de limpiar la imagen de nuestro país en el extranjero.

En Michoacán, adonde fue a apoyar a su hermana que busca ser gobernadora, Felipe Calderón llamó Chano y Chon a los candidatos del PRD y el PRI (Silvano Aureoles y J. Encarnación Orihuela), y dijo que gobernadores pertenecientes a estos partidos no quisieron hacer nada contra Los caballeros templar ios, a pesar de que él, FCH, había entregado a Leonel Godoy y a Fausto Vallejo (en sus respectivos momentos de mando), listas de personal de seguridad pública que eran cómplices de la delincuencia organizada y recursos económicos para combatirlos. La hermana Cocoa incluso lloró al precisar que el sentido del voto el próximo domingo será por el futuro, por nuestros hermanos desaparecidos, torturados y sacrificados por los delincuentes.

La amenaza de impedir la realización de los comicios, sobre todo en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, llevó al gobierno federal a anunciar la posposición de los procesos evaluatorios que son sustanciales en la reforma falsamente educativa que aquí siempre se etiquetó como meramente laboral y administrativa. No habían logrado doblegar a Los Pinos las beligerantes marchas y plantones en la capital del país y en otros estados, pero el cálculo electoral inmediato y la necesidad táctica de no sumar el activismo magisterial a las eventuales protestas posteriores a las urnas, provocó que la SEP diera a conocer la decisión superior de establecer una tregua indefinida (aunque esa indefinición puede terminarse apenas se logre la calificación electoral) debido a nuevos elementos a considerar.

El recular peñista generó reacciones adversas hasta en la junta de gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde señalaron que la medida anunciada es una invasión a la competencia del INEE y vulnera su autonomía constitucional. La televisiva organización denominada Mexicanos Primero también emprendió una campaña de presión para que se dé marcha atrás a la escandalosa decisión. El revuelo acicateó las versiones de que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet (quien pareciera no haber tomado nunca posesión efectiva del cargo, salvo para hacer discursos pretenciosos y cobrar las quincenas), habrá de dejar su asiento, tal vez para dar paso al rector de la UNAM, José Narro, de sabida cercanía con Los Pinos. Y sin embargo, los profesores no oficialistas siguen decididos a boicotear el proceso electoral y a sostener la lucha integral contra la reforma dizque educativa.

Y, mientras Eruviel Ávila cumple la instrucción del consejo electoral del estado de México para que desmonte la campaña de proselitismo con recursos públicos en favor del Verde, ¡hasta mañana!

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Tlatlaya, Apatzingán, Allende, San Fernando… “la impunidad reina” en México: esglobal.org

 

La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre del año pasado no fue un suceso aislado en la historia reciente de México. Existen cuatro casos de asesinatos masivos y ejecuciones extrajudiciales en los que, a la violencia del crimen organizado se suma la complicidad directa o indirecta de autoridades políticas, policiales o militares. Ninguno de ellos ha sido aún resuelto judicialmente, planteó un artículo publicado en el diario digital español esglobal.org.

El diario, que es editado por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), expone en el artículo “México: las matanzas continúan, la impunidad reina”, publicado por el periodista Lino González Veiguela, una radiografía de casos como la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; la irrupción de un comando al pueblo de Allende, Coahuila, en 2011; las 22 personas ejecutadas en Tlatlaya, Estado de México, en junio del año pasado y la matanza de Apatzingán, Michoacán, en enero de este año.

LA MASACRE DE 72 MIGRANTES EN SAN FERNANDO

El 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cadáveres de 72 migrantes procedentes de diversos países de Centro y Sudamérica.

La masacre fue conocida gracias a la denuncia de un migrante ecuatoriano que logró huir, a pesar de que le dispararon, y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres.

“Las autoridades mexicanas atribuyeron la matanzas a miembros del cártel de Los Zetas, fundado por ex militares mexicanos –entre sus efectivos se cuentan también ex militares kaibiles guatemaltecos– que comenzaron a mostrar su brutalidad como brazo armado del Cártel del Golfo antes de independizarse como organización criminal”, refiere el texto.

Meses después, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando sería escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban cerca de 200 cuerpos. Los cadáveres –tanto de mexicanos como de migrantes centro y sudamericanos– pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a los Estados Unidos.

La versión oficial: los culpables habían sido de nuevo Los Zetas. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel.

Desde 2010, destaca la publicación, organizaciones como Amnistía Internacional pidieron en reiteradas ocasiones que se hicieran públicos los documentos de la investigación, incluidos los expedientes abiertos contra esos policías detenidos. La Fiscalía se negó aduciendo que esa documentación era secreta, y que lo sería durante 12 años.

A finales de 2013, narra el periodista González Veiguela, la organización National Security Archive (NSA) consiguió que el Gobierno estadounidense desclasificara cables diplomáticos enviados por algunos de sus funcionarios desde México.

“En ellos, y con base en las fuentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), se apuntaban nuevos posibles datos sobre la situación de Tamaulipas. Desde las maniobras de las autoridades mexicanas para reducir en las versiones oficiales del número de muertos encontrados, hasta la posible implicación directa de la policía municipal, que habrían detenido a los autobuses con los migrantes y que luego entregaron a los grupos del crimen organizado”, detalló esglobal.org.

El pasado 20 de mayo, durante el Foro Nacional sobre Migrantes Centroamericanos en Desaparición Forzada realizado en la Ciudad de México y del cual SinEmbargo documentó en una nota, diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusaron al Estado mexicano de ser “omiso” para atender el problema de las desapariciones de migrantes.

A pesar de que el Gobierno federal no cuenta con registros oficiales sobre las desapariciones, algunas organizaciones aportan algunos datos, como es el caso del Servicio Jesuita a Migrantes, que de 2007 a 2014 ha registrado 361 casos de migrantes desaparecidos en México, siendo la mayoría de ellos connacionales (113 casos) y hondureños (99 casos). Sólo 77 han sido localizados.

Otra cifra para dimensionar el problema es la de 21 mil 91 migrantes que fueron secuestrados en dos semestres, de los que dan cuenta los informes especiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre secuestro de migrantes publicados en 2009 y 2011.

IRRUPCIÓN DE UN COMANDO AL PUEBLO DE ALLENDE

Otro caso que documenta el diario es el de la irrupción de un comando en el pueblo de Allende en el estado de Coahuila. El viernes 18 de marzo de 2011, entre 40 y 50 camionetas estilo pickup cargadas de hombres armados, entraron al poblado.

“Comenzaba en ese momento uno de los capítulos más terribles y significativos de la impunidad con la que los grupos criminales pueden actuar en México. La historia no se conocería hasta comienzos de 2014, ocultada por autoridades de todos los niveles”, destacó la publicación.

Durante varios días un grupo de hombres armados pertenecientes a Los Zetas, entraron a diversas casas del poblado y secuestraron a decenas de personas, también se llevaron los bienes de más valor que encontraron, dejando el resto a merced de los saqueadores locales, incluidos los policías municipales.

“Los saqueos y secuestros continuaron durante varios días sin que las autoridades locales, estatales ni federales hiciesen nada para impedirlo, a pesar de que algunas de ellas habrían tenido conocimiento de los hechos”, refiere el medio. Desaparecieron entre 200 y 300 personas, muchas de ellas familiares de dos ex miembros de Los Zetas que, según los testigos, habían traicionado al grupo criminal, pasándose al otro lado para colaborar con la DEA.

Pasaron casi tres años en los que no se habló del caso, aunque rumores llegaron hasta las redacciones de algunos periódicos locales. “Las autoridades que no actuaron durante la masacre, tampoco cumplieron con su obligación de investigar”, expuso González.

No sería hasta enero de 2014 que se descubriría una fosa clandestina en las inmediaciones con los restos de unas 300 personas. El hallazgo forzó el inicio de una investigación que, hasta la fecha, no ha conseguido remediar la impunidad, ni aclarar si todos los desaparecidos fueron asesinados.

En febrero de este 2015, familiares de víctimas de desaparición forzada en Coahuila viajaron a la Ciudad de México para denunciar sus casos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH ante la total inactividad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En rueda de prensa, Ana María Sandoval Carrizales, de 51 años, narró que a su hijo menor lo desaparecieron en Allende, pero no sólo integrantes de la agrupación criminal conocida como Los Zetas. Los delincuentes del pueblo, de acuerdo con el relato de la mujer, el cual publicó SinEmbargo, contaron con la ayuda de elementos de la Policía Municipal que les abrieron la puerta de la celda en la que estaba su hijo Willivaldo Martín Sandoval –de 24 años y detenido por beber en la vía pública– y los dejaron golpearlo, sacarlo de la Comandancia y llevárselo para que trabajara como “halcón” del crimen organizado.

LOS 22 EJECUTADOS EN TLATLAYA

El pasado 30 de junio de 2014, en el pueblo de San Pedro Limón, Estado de México, efectivos militares se vieron obligados a repeler un ataque de miembros del crimen organizado. Tras un prolongado intercambio de disparos, las víctimas mortales ascendieron a 22, 21 hombres y una menor de edad, todos delincuentes, de acuerdo con la versión oficial.

La primera versión de las autoridades señaló que dos soldados resultaron heridos. Ningún delincuente haría quedado con vida. En la operación se decomisaron 38 armas cortas y largas y una granada de fragmentación. También se liberó a tres mujeres secuestradas.

Sin embargo, ocho días después de que se produjesen los hechos, la agencia de noticias Associated Press (AP) publicó una nota en la que afirmó que la versión oficial no se sostenía, contradecía tanto por las evidencias como por los testigos de los hechos.

En la nave industrial en la que se había producido el enfrentamiento entre militares y criminales, no había signos de ese largo intercambio de disparos. Sólo indicios –confirmados por algunos testigos– de que se podría haber tratado de un fusilamiento extrajudicial, al menos en el caso de algunos de los fallecidos. En septiembre del año pasado, la edición mexicana de la revista Esquire, publicaba un reportaje, firmado por el periodista español Pablo Ferri, con un testimonio que contradecían igualmente la versión oficial: “19 de las 22 muertes habrían sido ejecuciones extrajudiciales a sangre fría, incluida la chica de 14 años, herida en un pierna durante el tiroteo y posteriormente rematada por un soldado a sangre fría”.

“A pesar de este testimonio y de las evidencias de fusilamientos en una de las paredes de la nave reportadas por la agencia AP, las autoridades contactadas por el periodista que se prestaron a comentar el caso –que no fueron todas– afirmaron que en la investigación en curso no se habían encontrado evidencias que desmintieran la primera versión oficial”, señaló el artículo.

Las informaciones publicadas desde entonces señalan que los supuestos responsables de las ejecuciones habrían sido tres militares pertenecientes al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, estacionados en San Miguel Ixtapan, Estado de México. No era la primera vez que los militares de esa zona eran acusados de cometer delitos, puntualizó esglobal.org.

El pasado 14 de mayo, SinEmbargo retomó una nota publicada en el diario estadounidense Los Angeles Times, en la que revelaba que un grupo de derechos humanos que trabajan para el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) realizó un informe en el que indicó que “el macabro descubrimiento de más cadáveres y restos humanos en las montañas de Guerrero, así como las ejecuciones extrajudiciales, como la de Tlatlaya, plantean preguntas alarmantes sobre el carácter generalizado de la violencia de los cárteles de la región y el nivel de la complicidad del Gobierno”.

El informe de Northcom señaló que tras los hechos ocurridos en junio del año pasado en Tlatlaya, el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos suspendió la ayuda militar (que ellos llaman “asistencia para la cooperación en seguridad”) para todo una zona militar y los 10 mil soldados que en ella laboran, en espera de los resultados de las investigaciones.

Tres de los detenidos por estos hechos -un sargento y dos soldados- ya han sido acusados. El informe Northcom se refierió a estas muertes como “ejecuciones extrajudiciales”, y agregó que “a medida que más hechos salgan a la luz, hay una mayor aceptación de que el Ejército estaba involucrado en actos ilícitos”.

LA MATANZA DE APATZINGÁN

El artículo publicado por esglobal.org también da cuenta de la matanza ocurrida la madrugada del 6 de enero en el municipio de Apatzingán, Michoacán,

De acuerdo con uno de los testigos, efectivos de la Policía Federal habrían abierto fuego sin motivo contra los manifestantes que pasaban esa noche ocupando el Palacio Municipal de la ciudad. Protestaban contra la disolución de uno de los grupos de autodefensas que habían sido legalizados meses antes para patrullar por las áreas rurales de los alrededores con la misión de perseguir a los miembros del cártel de Los Caballeros Templarios.

La versión oficial: no se había producido ningún muerto en el operativo policial por balas procedentes de armas federales. Sólo se habría registrado un atropello y ocho muertos horas más tarde, poco antes de las ocho de la mañana, cuando los federales trasladaban fuera de la ciudad a las decenas de detenidos. El convoy que trasladaba a los detenidos habría sido asaltado por civiles armados que querían liberar a los detenidos. Los muertos se habrían producido por las balas de las armas que portaban esos asaltantes.

Como parte de esa versión, se señaló además que entre los ocupantes del Palacio Municipal se encontraban miembros del grupo de Los Viagra.

Sin embargo, señala la publicación, el pasado 19 de abril, la periodista Laura Castellanos publicó un artículo divulgado en diversos medios en el que resumía las versiones de los hechos que había obtenido tras 39 entrevistas realizadas sobre el terreno.

“También consiguió documentos, fotos e imágenes de cámaras de grabación que parecían probar que, además de haber causado al menos varias de las muertes, los federales habían recurrido a diversos medios para ocultar las pruebas de lo que había ocurrido: desde mover cadáveres hasta, supuestamente, dejar armas largas junto a los cuerpos de los asesinados”, destacó el artículo.

Los cuatro casos retomados por esglobal.org tienen un común denominador: la complicidad de las autoridades mexicanas en los asesinatos.

Durante estos días México ha sido portada en la prensa del extranjero, sobre todo en aquellos titulares donde predominaron las palabras: inseguridad, corrupción, violencia, fracaso y economía.

Hechos como la desaparición de los 73 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, Tlatlaya, Apatzingán, San Fernando, Allende y recientemente el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han puesto al país en los ojos del mundo y no precisamente por las mejores razones.

De SinEmbargo: http://www.sinembargo.mx/23-05-2015/1353222

Acarreados semos todos.

 

De: Francisco Ortíz Pinchetti.

Al leer hace unos días la nota sobre el regaño que un candidato a diputado federal del PRI en Zacatecas dio a los escasos asistentes a su mitin, porque no habían sido capaces de acarrear ni siquiera s sus familias, recordé una anécdota que me contó allá por los noventa el brillante ideólogo panista y yucateco Carlos Castillo Peraza, ya lamentablemente desaparecido. Me platicó muy serio que en plena campaña por la gubernatura del estado tuvo lugar un mitin del PRI en la Plaza Grande de Mérida, a cuyas inmediaciones y sin mayor discreción arribaban uno tras otro los autobuses que transportaban a los acarreados desde diferentes pueblos de todos los rumbos de la península. Uno de los vehículos se estacionó en una de las calles adyacentes a la plaza. El chofer abrió la puerta y ante el azoro y enojo del coordinador priista que libreta en mano llevaba el control de los contingentes llegados de cada lugar bajaron únicamente ocho personas, todos de aspecto campesino y seguramente mayas. “¿Cómo?”, increpó al chofer, furioso. “¡Sólo vienen ocho!”. Sin afligirse, el manejador respondió con su dejo yucateco: “Vaya: si ocho subieron, ocho bajan”.

Castillo Peraza usaba la gracejada para ilustrar el deterioro sufrido por el PRI en su estado natal, que se reflejaba en una cada vez mayor dificultad para acarrear a las huestes de partidarios del otrora invencible partido tricolor. Algo similar demuestra el caso del candidato zacatecano Benjamín Medrano Quezada, del Distrito I Federal de aquella entidad, que después de reprocharles a los asistentes a su deslucido mitin por haber fallado con el acarreo, el priista les pidió comprometerse con el partido político que lo postula y llevar más gente para sus próximos eventos. El candidato llegó al grado de champarles a sus oyentes que su partido facilitó a la comunidad apoyos como pavimentación de calles, agua potable y drenaje. “Y así le pagan, carajo”, espetó. “Pero voy a volver, voy a regresar”, advirtió, “y quiero comprometerlos a que entonces sí traigan a su familia porque creo que debemos comprometernos con el partido que hoy en día gobierna. No sé si es muy temprano, no sé si es muy tarde, no sé si es un día en el que no debimos haber venido, pero creo que sí debemos ponernos de acuerdo con quienes organicen la siguiente vez”. Y remató, visiblemente indignado: “Estoy verdaderamente decepcionado”, les dijo. “O sea, ¡ni a su familia trajeron!”.

El acarreo forma parte esencial de la cultura política priista. Es elemento infaltable en las campañas electorales, pero también en los eventos públicos de los funcionarios, desde el Presidente de la República para abajo. Todavía hoy, luego de la segunda “alternancia”, podemos constatar cómo los eventos presididos por Enrique Peña Nieto en diversos rumbos del país son nutridos con legiones de entusiastas ciudadanos que son llevados hasta el lugar en autobuses alquilados y que generalmente reciben alguna compensación por su valioso apoyo, incluido un merecido refrigerio. Los medios dan cuenta con frecuencia del registro de asistentes con el famoso pase de lista a los actos públicos por parte de dirigentes sindicales o caciques políticos, aunque cada vez el tema es menos relevante, por desgastado. Todo mundo sabe que las multitudes que aclaman a los candidatos o apoyan los discursos de los funcionarios son pagadas, por lo que su entusiasta adhesión, sus aplausos y sus vivas resultan totalmente artificiales, falsos.

Durante mucho tiempo, la oposición política mexicana criticó semejante práctica priista, en especial el reparto de dádivas entre los asistentes a las concentraciones políticas en las zonas rurales más pobres. Era una infamia medrar así con la necesidad de la gente, dispuesta a ponerse la camiseta de cualquier candidato sin siquiera conocer su nombre a cambio de que le regalaran la prenda. Eso cambió. Hoy, todos los partidos emplean esos métodos de cohecho para atraer parroquianos a los actos de campaña.

Recuerdo cómo en la primera campaña de Vicente Fox por la gubernatura de Guanajuato, en 1991, el propio candidato promovió ante su escaso poder de convocatoria que el PAN entregara “obsequios” a los feligreses. “Si no les damos, no vienen”, me confió en una paupérrima comunidad del municipio de San Felipe mientras los integrantes de la brigada que lo acompañaba repartían nieves, refrescos y camisetas entre los pobladores. “Es una realidad que no podemos ocultar”, reconoció el grandote. Y, en efecto, a partir de entonces la campaña fue in crescendo en cuanto a la concurrencia registrada en sus mítines, marchas y saludos de paso en pueblos y caminos de Guanajuato. El PRD, a su vez, llevaba en camionetas de la UCD grupos itinerantes de manifestantes (algunos de ellos acarreados desde Michoacán, que entonces gobernaba ese partido) para engrosar las concurrencia a los mítines de campaña en las giras de Porfirio Muñoz Ledo por la entidad guanajuatense. Las mismas caras, con las mismas pancartas, podían verse sucesivamente en las plazas de Celaya, Silao, Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel Allende.

Precisamente por ser producto de una estrategia electoral, es un hecho que la concurrencia a las concentraciones públicas durante las campañas no tiene una correspondencia con un incremento en la intención del voto de los ciudadanos. Tal vez haya casos de gente agradecida que por haber recibido un regalo de algún partido o candidato le otorgue su voto el día de la elección. En la mayoría de los casos no ocurre así: los asistentes, acarreados o atraídos por los regalos, aceptan la dádiva, aplauden al candidato y se ven como si nada en espera de que venga otro aspirante, de cualquier partido, al que volverán a dar su aplauso a cambio de alguna dádiva. Sin embargo, los acarreados son los que le dan sabor a las campañas, sobre todo a las que todavía se realizan al viejo estilo, de pueblo en pueblo, en las zonas rurales. En realidad, el objetivo de tales actos es meramente mediático. Una buena concurrencia en una plaza es un buen motivo para una foto que informativa o publicitariamente de cuenta del arrastre de un candidato. Hay toda una técnica para sacar provecho gráficamente, con recursos visuales, a las concurrencias e los mítines, de modo de magnificarlas y dar idea de grandes concentraciones. La altura donde se emplaza la cámara, por ejemplo, es clave. El PRI desarrolló toda una cultura en este tema, sobre todo para justificar sus triunfos electorales ante las impugnaciones de fraude esgrimidas por los partidos opositores.

Es indudable que a pesar de casos como los del candidato zacatecano, la cultura del acarreo se ha sofisticado. Hoy adquiere formas mucho menos rupestres que la torta o la camiseta, pero que son sin duda más eficaces. Algunas son tan sutiles que ni siquiera alcanzamos a percatarnos de que somos presa de ellas. Digamos que somos acarreados sin siquiera darnos cuenta o, peor, a pesar de que nos resistimos a formar parte del rebaño y presumimos el ejercicio de nuestra plena libertad. Válgame.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/08-05-2015/34405

México tiene 45 mil niños desaparecidos y su fin es explotación sexual o tráfico de órganos, alerta fundación.

De: Shaila Rosagel.

En México existen 45 mil niños desaparecidos y una lista oficial de 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio, que son sustraídos para explotación sexual, venta y tráfico de órganos, denunció Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos.

Las bandas de secuestradores operan con mayor intensidad en el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y en las zona fronterizas del norte y sur del país, gracias a la indolencia e impunidad de las autoridades mexicanas.

“Hay oficialmente en el último año y medio 3 mil casos de robo de niños y 45 mil que se consideran como desaparecidos, ausentes o que se fueron por su propia voluntad. No hay datos precisos de cuántos de ellos son para tráfico de órganos o explotación sexual, simplemente porque al gobierno mexicano no le interesa. Nosotros venimos luchando desde hace más de 10 años para que se cree el Centro Nacional Especializado para la Búsqueda Niños Robados, pero no pasa nada y eso les da luz verde a los secuestradores para que sigan llevándose a los niños”, dijo.

Prácticamente en todo el país se roban menores de cualquier edad a través de personas que operan solitarias, por su cuenta, por bandas pequeñas que se los venden a los traficantes de órganos y de explotación sexual y por el crimen organizado que sacan a sus víctimas del país con pasaportes y credenciales.

De acuerdo con Gutiérrez Romero, no existe un dato exacto de cuántas bandas de secuestradores de niños operan en el territorio mexicano, debido a la falta de interés de las autoridades. “En México los casos de desaparición de niños los lleva la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR [Procuraduría General de la República], que tiene funcionarios ahí que son ineficientes, que no saben lo que están haciendo”, dijo.

El crimen organizado opera a través de toda una red que incluye señuelos que atrapan a sus víctimas, principalmente adolescentes, a través de las redes sociales.

“Estas bandas utilizan jóvenes atractivos para llegar a sus víctimas. Muchos de ellos son para la explotación sexual”, indicó.

El tráfico de niños y de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa cerca de los 32 millones de dólares anuales, explicó.

“El número de niñas y niños que son desaparecidos cada año a nivel mundial para la trata es de un millón 2000 mil de acuerdo con la UNICEF”, dijo.

Aunque en México se desconoce la cifra exacta de cuántos de los niños que son robados se destinan al tráfico de órganos, autoridades de Estados Unidos y de Francia tienen identificado perfectamente el modus operandi de las bandas delictivas.

“Los órganos de los niños no se los llevan de México en contenedores o hieleras, eso es ciencia ficción. Se los llevan vivos a Estados Unidos, estando allá hay clínicas y médicos corruptos que por miles de dólares los operan y les extraen todos los órganos. La prueba de que existe el tráfico de órganos, es que muchos de los niños robados, nunca aparecen”, explicó.

Guillermo Gutiérrez planteó que las autoridades estadounidenses y francesas aseguran que los restos de un niño que es intervenido quirúrgicamente para la extracción de sus órganos en alguna clínica clandestina es desaparecido de la forma más atroz.

“Yo he hablado con estas autoridades de alto nivel de Estados Unidos y Francia. Ellos dicen que nunca se va a encontrar a un niño abierto en canal, porque lo que hacen estas bandas es que los restos de las víctimas son echados a unas grandes trituradoras de carne. Como carne molida, se los echan a los perros”, dijo. “Es verdaderamente algo de horror”, añadió.

En cuanto al perfil de los niños robados que son ideales para el tráfico de órganos, las edades oscilan entre los siete y 10 años de edad. Los bebés hasta cinco años, son sustraídos generalmente para venderlos a parejas que no pueden tener hijos.

“Los recién nacidos son para el satanismo; para adopciones por parejas que no pueden tener hijos, son de cero a tres, cuatro y hasta cinco años”, explicó.

Los infantes, aunque en menor medida, también desaparecen en pequeños poblados y comunidades indígenas, pero de ellos en ocasiones no existe ni siquiera una averiguación previa.

El problema del tráfico de órganos de niños mexicanos hacia Estados Unidos ha cobrado visibilidad durante la última semana cuando fue denunciado por El Vaticano en el editorial del diario L”Osservatore Romano.

La autora del artículo, Lucetta Scaraffia, denunció que existe “un constante aumento” de tráfico de niños migrantes indocumentados entre el territorio mexicano y el estadounidense.

El negocio del tráfico de órganos también fue denunciado por un reportaje de Julia Preston en The New York Times, donde afirma que las familias y los menores se han vuelto un negocio de altas utilidades y bajo riesgo para los líderes de los cárteles mexicanos de la droga que se han apoderado del control del tráfico humano en el Río Bravo.

Ahora ofrecen paquetes familiares, cobrando hasta 7 mil 500 dólares por llevar desde América Central hasta el lado estadounidense del río a un menor solo o a una madre con hijos señalan agentes de la Patrulla Fronteriza y testimonios de migrantes.

Pero en México cualquier niño robado puede ser trasladado a Estados Unidos para venderlo y extirparle sus órganos, por lo que Guillermo Gutiérrez dio algunas de recomendaciones para evitar el robo de un menor.

“No dejarlos solos en ningún momento, inculcarles que deben rechazar cualquier regalo que provenga de un extraño, avisar a sus papás cualquier situación extraña y no contestar los teléfonos en sus hogares cuando están solos.

La Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos realiza una campaña de prevención del robo de infantes en las escuelas del Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Puebla, pero está abierta para llevarla a cualquier plantel público o privado que lo requiera.

“La campaña es gratuita, hacemos el trabajo que no está haciendo el gobierno. Vamos a las escuelas y hablamos con los niños y con los papás”, dijo Guillermo Gutiérrez.

Los números de la fundación para solicitar información son: 01 (55) 5760 8979 y 6548 3709.

En redes sociales a través de Facebook y Twitter se le da seguimiento a la Alerta Amber y a información relevante para la prevención del robo de niños.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/28-06-2014/1039967

Dan sólo 40 pesos diarios como incentivo a militares que combaten el crimen.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorga un incentivo de 40 pesos al día a los soldados que realizan patrullajes de seguridad contra el crimen en zonas con altos índices de violencia.

De acuerdo con el diario Reforma, desde 2014, la Sedena decidió dar dicho incentivo por su desempeño a las tropas que resguardan instalaciones estratégicas de Pemex, Conagua, CFE y minas hasta ciudades con altos índices violentos.

“En lo que se refiere a los soldados que realizan patrullajes, durante 2014 se les cubrió con un incentivo por un monto de 40 pesos diarios”, explicó la Sedena en respuesta a una solicitud de información del periódico.

El tabulador de la Sedena indica que en la tropa un soldado percibe unos 9 mil 700 pesos mensuales, un cabo 10 mil 200 y un sargento primero 11 mil 300 pesos.

Por ejemplo, un teniente tiene un salario de 16 mil 600 pesos y un capitán primero gana 29 mil 400 pesos al mes.

Respecto a los mandos superiores, un coronel gana 63 mil 300 pesos mensuales y un general de División, el grado más alto en la Sedena, percibe 121 mil pesos mensuales.

Según la Sedena, los salarios asignados no son distintos entre personal militar que realiza labores de oficina y aquellos que son enviados a estados como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Jalisco, etc.

Un elemento militar entrevistado por el diario dijo que los soldados que salen a misiones fuera de las ciudades donde viven, enfrentan demasiados problemas ya que no pasan mucho tiempo con sus familias, e incluso en ocasiones cuando muere algún pariente no han podido acudir a los servicios funerales.

Agregó que los militares cuentan con apoyo del gobierno en vivienda, becas, seguros médicos y gastos para fallecimiento de familiares.

El soldado opinó que a los militares que arriesgan su vida se les debería considerar otro tipo de pago.



Fuente: Proceso.