México tiene 45 mil niños desaparecidos y su fin es explotación sexual o tráfico de órganos, alerta fundación.

De: Shaila Rosagel.

En México existen 45 mil niños desaparecidos y una lista oficial de 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio, que son sustraídos para explotación sexual, venta y tráfico de órganos, denunció Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos.

Las bandas de secuestradores operan con mayor intensidad en el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y en las zona fronterizas del norte y sur del país, gracias a la indolencia e impunidad de las autoridades mexicanas.

“Hay oficialmente en el último año y medio 3 mil casos de robo de niños y 45 mil que se consideran como desaparecidos, ausentes o que se fueron por su propia voluntad. No hay datos precisos de cuántos de ellos son para tráfico de órganos o explotación sexual, simplemente porque al gobierno mexicano no le interesa. Nosotros venimos luchando desde hace más de 10 años para que se cree el Centro Nacional Especializado para la Búsqueda Niños Robados, pero no pasa nada y eso les da luz verde a los secuestradores para que sigan llevándose a los niños”, dijo.

Prácticamente en todo el país se roban menores de cualquier edad a través de personas que operan solitarias, por su cuenta, por bandas pequeñas que se los venden a los traficantes de órganos y de explotación sexual y por el crimen organizado que sacan a sus víctimas del país con pasaportes y credenciales.

De acuerdo con Gutiérrez Romero, no existe un dato exacto de cuántas bandas de secuestradores de niños operan en el territorio mexicano, debido a la falta de interés de las autoridades. “En México los casos de desaparición de niños los lleva la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR [Procuraduría General de la República], que tiene funcionarios ahí que son ineficientes, que no saben lo que están haciendo”, dijo.

El crimen organizado opera a través de toda una red que incluye señuelos que atrapan a sus víctimas, principalmente adolescentes, a través de las redes sociales.

“Estas bandas utilizan jóvenes atractivos para llegar a sus víctimas. Muchos de ellos son para la explotación sexual”, indicó.

El tráfico de niños y de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa cerca de los 32 millones de dólares anuales, explicó.

“El número de niñas y niños que son desaparecidos cada año a nivel mundial para la trata es de un millón 2000 mil de acuerdo con la UNICEF”, dijo.

Aunque en México se desconoce la cifra exacta de cuántos de los niños que son robados se destinan al tráfico de órganos, autoridades de Estados Unidos y de Francia tienen identificado perfectamente el modus operandi de las bandas delictivas.

“Los órganos de los niños no se los llevan de México en contenedores o hieleras, eso es ciencia ficción. Se los llevan vivos a Estados Unidos, estando allá hay clínicas y médicos corruptos que por miles de dólares los operan y les extraen todos los órganos. La prueba de que existe el tráfico de órganos, es que muchos de los niños robados, nunca aparecen”, explicó.

Guillermo Gutiérrez planteó que las autoridades estadounidenses y francesas aseguran que los restos de un niño que es intervenido quirúrgicamente para la extracción de sus órganos en alguna clínica clandestina es desaparecido de la forma más atroz.

“Yo he hablado con estas autoridades de alto nivel de Estados Unidos y Francia. Ellos dicen que nunca se va a encontrar a un niño abierto en canal, porque lo que hacen estas bandas es que los restos de las víctimas son echados a unas grandes trituradoras de carne. Como carne molida, se los echan a los perros”, dijo. “Es verdaderamente algo de horror”, añadió.

En cuanto al perfil de los niños robados que son ideales para el tráfico de órganos, las edades oscilan entre los siete y 10 años de edad. Los bebés hasta cinco años, son sustraídos generalmente para venderlos a parejas que no pueden tener hijos.

“Los recién nacidos son para el satanismo; para adopciones por parejas que no pueden tener hijos, son de cero a tres, cuatro y hasta cinco años”, explicó.

Los infantes, aunque en menor medida, también desaparecen en pequeños poblados y comunidades indígenas, pero de ellos en ocasiones no existe ni siquiera una averiguación previa.

El problema del tráfico de órganos de niños mexicanos hacia Estados Unidos ha cobrado visibilidad durante la última semana cuando fue denunciado por El Vaticano en el editorial del diario L”Osservatore Romano.

La autora del artículo, Lucetta Scaraffia, denunció que existe “un constante aumento” de tráfico de niños migrantes indocumentados entre el territorio mexicano y el estadounidense.

El negocio del tráfico de órganos también fue denunciado por un reportaje de Julia Preston en The New York Times, donde afirma que las familias y los menores se han vuelto un negocio de altas utilidades y bajo riesgo para los líderes de los cárteles mexicanos de la droga que se han apoderado del control del tráfico humano en el Río Bravo.

Ahora ofrecen paquetes familiares, cobrando hasta 7 mil 500 dólares por llevar desde América Central hasta el lado estadounidense del río a un menor solo o a una madre con hijos señalan agentes de la Patrulla Fronteriza y testimonios de migrantes.

Pero en México cualquier niño robado puede ser trasladado a Estados Unidos para venderlo y extirparle sus órganos, por lo que Guillermo Gutiérrez dio algunas de recomendaciones para evitar el robo de un menor.

“No dejarlos solos en ningún momento, inculcarles que deben rechazar cualquier regalo que provenga de un extraño, avisar a sus papás cualquier situación extraña y no contestar los teléfonos en sus hogares cuando están solos.

La Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos realiza una campaña de prevención del robo de infantes en las escuelas del Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Puebla, pero está abierta para llevarla a cualquier plantel público o privado que lo requiera.

“La campaña es gratuita, hacemos el trabajo que no está haciendo el gobierno. Vamos a las escuelas y hablamos con los niños y con los papás”, dijo Guillermo Gutiérrez.

Los números de la fundación para solicitar información son: 01 (55) 5760 8979 y 6548 3709.

En redes sociales a través de Facebook y Twitter se le da seguimiento a la Alerta Amber y a información relevante para la prevención del robo de niños.

 

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/28-06-2014/1039967

Dan sólo 40 pesos diarios como incentivo a militares que combaten el crimen.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorga un incentivo de 40 pesos al día a los soldados que realizan patrullajes de seguridad contra el crimen en zonas con altos índices de violencia.

De acuerdo con el diario Reforma, desde 2014, la Sedena decidió dar dicho incentivo por su desempeño a las tropas que resguardan instalaciones estratégicas de Pemex, Conagua, CFE y minas hasta ciudades con altos índices violentos.

“En lo que se refiere a los soldados que realizan patrullajes, durante 2014 se les cubrió con un incentivo por un monto de 40 pesos diarios”, explicó la Sedena en respuesta a una solicitud de información del periódico.

El tabulador de la Sedena indica que en la tropa un soldado percibe unos 9 mil 700 pesos mensuales, un cabo 10 mil 200 y un sargento primero 11 mil 300 pesos.

Por ejemplo, un teniente tiene un salario de 16 mil 600 pesos y un capitán primero gana 29 mil 400 pesos al mes.

Respecto a los mandos superiores, un coronel gana 63 mil 300 pesos mensuales y un general de División, el grado más alto en la Sedena, percibe 121 mil pesos mensuales.

Según la Sedena, los salarios asignados no son distintos entre personal militar que realiza labores de oficina y aquellos que son enviados a estados como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Jalisco, etc.

Un elemento militar entrevistado por el diario dijo que los soldados que salen a misiones fuera de las ciudades donde viven, enfrentan demasiados problemas ya que no pasan mucho tiempo con sus familias, e incluso en ocasiones cuando muere algún pariente no han podido acudir a los servicios funerales.

Agregó que los militares cuentan con apoyo del gobierno en vivienda, becas, seguros médicos y gastos para fallecimiento de familiares.

El soldado opinó que a los militares que arriesgan su vida se les debería considerar otro tipo de pago.



Fuente: Proceso.

El papel de las elecciones en el capitalismo.

En los regímenes capitalistas constitucionales las elecciones periódicas sirven a las clases dominantes para elegir cuál sector de ellas gobernará, para seleccionar y renovar el personal gobernante y para medir la temperatura política, es decir, el nivel de conciencia, organización y decisión de los sectores populares. Dado el control por el capitalismo y sus agentes de los instrumentos de mediación –medios de comunicación, academia, escuelas, jerarquías eclesiásticas conservadoras, justicia electoral–, esas elecciones supuestamente democráticas están viciadas desde su origen mismo porque los sectores populares están en ellas en condiciones de inferioridad. Si pese a eso desde finales del siglo XIX los trabajadores han luchado por el voto universal o por elecciones libres es porque intentan siempre luchar incluso en terreno adversario, en condiciones desfavorables, disputar centímetro a centímetro las condiciones de dominación y explotación capitalistas, resistir y defenderse por todos los medios.

Incluso en el caso de ganar las elecciones, como mostró el Partido Comunista Italiano que, con más de 33 por ciento de los votos en 1976 se derrumbó en poco tiempo, o como demuestra hoy el caso de Syriza en Grecia, un mayor peso en las instituciones capitalistas no modifica las relaciones de fuerzas entre las clases ni reduce el poder de los financistas, banqueros, hacendados, empresarios monopolistas, trasnacionales, ni de sus fuerzas represivas. Los termómetros –las elecciones lo son– nunca modifican la situación del paciente y, a lo sumo, lo animan o lo desaniman. Los enormes daños y desastres causados por el capitalismo sólo desaparecerán con éste, con la creación de otro poder y de otro tipo de relaciones sociales.

Para los pobres, discriminados, explotados y oprimidos el participar o no en las elecciones organizadas por el capitalismo allí donde ellos residen es sólo una cuestión de táctica. En Venezuela, frente a la mitad de la población dirigida por una derecha golpista, las elecciones deben servir para educar y separar del frente reaccionario con argumentos fraternos a los que son simplemente conservadores e ignorantes y aislar a los fascistas y agentes extranjeros. En otros países donde aún hay cierta legalidad y donde los sectores anticapitalistas y progresistas son minoritarios –como en Argentina, Paraguay o Perú, o en los países de Europa meridional– las elecciones deben ser utilizadas también para educar y organizar, demostrando la posibilidad de una alternativa al capitalismo, para hacer contracultura. Si, de paso, se obtuviese alguna posición electoral, ésta debe ser utilizada también como tribuna, como si uno hablase parado en una caja de Coca Cola, para denunciar, para organizar, apoyar las luchas sociales y proponer leyes favorables a las mayorías.

No existe la vía electoral al poder ni mucho menos la posibilidad de construir poder popular desde las instituciones capitalistas. Por eso, por ejemplo, es erróneo el sesgo electoralista que le imprimió el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en Argentina a su campaña. Ese electoralismo sólo le permitió tener unos pocos votos y diputados más, pero es insuficiente para hacer frente al hecho de que la inmensa mayoría de la población apoya a partidos derechistas y reaccionarios y acepta como natural la ideología capitalista.

Será siempre mala, para la izquierda, una elección en la que no se explique qué sucede en escala mundial, qué repercusiones tendrán esos hechos en el país, el lazo entre las luchas locales y la resistencia antimperialista en otros lugares del continente y la necesidad y posibilidad de romper los lazos de dependencia y de explotación construyendo una fuerza alternativa anticapitalista. Es ceguera sectaria alegrarse por aumentar un punto el propio porcentaje cuando más de 90 por ciento del país y la inmensa mayoría de los asalariados votan aún por diversas facciones capitalistas de derecha.

En países, en cambio, como México, donde no existe un estado de derecho y la dictadura del capital es cada vez más feroz y sangrienta, las elecciones sirven para recomponer el frente maltrecho de la oligarquía y lograr la apariencia de legalidad a la camarilla que dirige ilegítima e ilegalmente ese semiestado. Si en algún estado de la República, como en Guerrero, es posible imponer el boicot a esa maniobra y anular las elecciones mismas, demostrando así el aislamiento del régimen, participar en la farsa electoral equivale a respaldar a quienes desde el gobierno, y en nombre del poder capitalista, están destruyendo las bases mismas de la entidad nacional. Si, en cambio, la relación de fuerzas en otros estados no permitiese el boicot, podría ser una alternativa el abstencionismo con relación a las urnas tramposas junto con el activismo en la realización de asambleas, huelgas parciales, manifestaciones, todo desarrollando la conciencia de la necesidad de construir órganos de democracia directa, como las policías comunitarias, los grupos reales de autodefensa, antinarco y contra la violencia estatal, gobiernos autónomos por voto asambleario y revocación también asamblearia de los mandatos.

El objetivo, en un periodo de elecciones que debería ser de consulta popular, pero es en cambio de reorganización del poder de las clases dominantes, debe ser educar a los sectores populares para la alternativa, mostrar que ésta es posible, organizarla, darle cuerpo en realidades locales o regionales, golpeando así la conciencia de los trabajadores y oprimidos de otras regiones menos organizadas del país e, incluso, ayudando a los que en Estados Unidos mismo –en el terreno de los patrones del gobierno mexicano– hoy se sublevan no contra una u otra injusticia sino contra el Estado y el régimen racista, como en Baltimore. 

 

De: Guillermo Almeyra. 

Miedo a no votar.

Las condiciones para boicotear las elecciones, con el voto nulo o la no asistencia a las urnas, están dadas. Nunca como ahora, en la historia del México moderno, la simbiosis entre política y crimen, y la ausencia, por lo mismo, de una verdadera oferta política que termine con la inseguridad, la corrupción, la miseria, el crimen y la impunidad, han puesto en evidencia no sólo la ausencia del Estado, sino de un verdadero suelo democrático. No obstante, algunos sectores de la sociedad se empeñan en ir a las urnas este próximo 7 de junio.

Fuera de quienes irán por razones no ciudadanas, es decir, por las razones que han destruido la vida política: la coacción, la corrupción y el clientelismo –eso que se define como “el voto duro”–, los verdaderos ciudadanos que votarán lo harán por miedo al vacío, es decir, por el terror a aceptar que no haya nada y que debemos empezar de otra manera, casi desde cero.

No es para menos. Tomar conciencia de una realidad que es la negación del mundo estable que imaginamos, es difícil. Nunca sucede de golpe. Sino poco a poco, a pesar de los estragos. Nos cuesta trabajo aceptar que el amigo nos traicionó, que la mujer amada se acuesta con otro, que las ideas libertarias a las que un día nos entregamos eran la máscara de la tiranía, que el hijo amado no volverá a casa. También nos cuesta aceptar que nuestro país está absolutamente destrozado, que la idea que nos hicimos de la democracia –por las que tantas generaciones lucharon y entregaron sus vidas– es una simulación, y que ir a votar no es otra cosa que llevar al poder a criminales que usan nuestra ilusiones para robarnos, vender la tierra y el agua, permitir que se lleven a nuestros hijos y mantenernos sometidos a las fuerzas del miedo, la impunidad y el horror. Muy pocos se atreven a soportarlo. No bien llegan las elecciones inmediatamente, bajo los pretextos más superficiales del pensamiento político –va a ganar el voto duro del PRI, estos son menos malos que los otros, si no votamos dejaremos el poder a los peores, ¿qué va a suceder si no votamos?–, se dirigen a las urnas para, a los pocos meses, encontrase con el ahondamiento del horror.

Lo que el miedo, que construye esta ilusión democrática, no los deja ver es lo sistémico del problema: el PRI no es un partido. Es, por el contrario, una cultura delincuencial que corroyó el esqueleto político y moral de todos los partidos y de una buena parte de la nación. Cambiar a unos por otros –no hemos dejado de vivirlo sexenio tras sexenio– es repetir ese cultura sistémica y ahondar en el horror de su corrupción. Donde quiera que volvamos el rostro, los partidos políticos, sean de cualquier color, aumentan los crímenes, la impunidad, la corrupción, la represión, las mentiras, las simulaciones y los vínculos con los grupos del crimen organizado.

Sin embargo, en la ilusión, las urnas, que hacen posible esa realidad (cada atrocidad sucedida en este país desde la inexistente transición democrática ha sido sostenida y avalada por la ilusión del voto), vuelven a borrar en la imaginación los estragos, relativizándolos y reduciéndolos a un asunto que la magia de los elegidos borrará. El miedo a aceptar la realidad entrampa a la imaginación en las zonas de confort de lo ilusorio y, como todo miedo, contribuye a legitimar lo inconcebible.

Pese a eso, la realidad se repite una y otra vez. Las noticias con las que a diario nos topamos –la compra del voto, los pleitos entre partidos, los dispendios del dinero público y del crimen organizado en campañas sucias como las del Partido Verde, los asesinados y desaparecidos de todos los días, las violaciones a los derechos humanos, la incompetencia del INE, la ausencia de sentido político de los candidatos y los gobiernos, la inseguridad de cada día, los conflictos de interés, la impunidad, los colusiones de funcionarios públicos con el crimen organizado, el silenciamiento a la libertad de expresión y a la protesta, etcétera– son pruebas de la existencia de la realidad y revelaciones de la irrealidad democrática. Aceptarlo es doloroso. Pero es la única manera de rehacer el país y la vida. La democracia electoral no está en crisis. Murió hace mucho. Sólo existe en la ilusión y el miedo que se refrendan en los comicios electorales y permiten que la realidad de la devastación continúe su espantosa marcha. Ir a las urnas es volverle a entregar un cheque en blanco a esta barbarie y prolongarla en el tiempo de formas cada vez más inauditas.

La política y su fuente democrática necesitan otro lenguaje y otra forma de actuar. Pero eso sólo puede nacer de quienes han aceptado la realidad y comprenden que el lenguaje de las urnas y de las partidocracias es un idioma que perdió sus significados y sólo produce –es la ausencia del sentido– corrupción, caos y muerte. Esta experiencia es la de todos en México. Muchos, sin embargo, por miedo a aceptarla, intoxicados de ilusión, incapacitados para ver que asistimos al desmoronamiento de un mundo que necesita pensarse y rehacerse desde sus cimientos, continuarán creyendo en las elecciones como un dogma de fe e irán a ellas a votar. Entonces, como lo dijeron los zapatistas, la tormenta y la catástrofe que llegarán serán todavía peores.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, boicotear las elecciones, y devolverle su programa a Carmen Aristegui.

De Javier Sicilia.

Peña y Apatzingán: un gobierno manchado de sangre.

“Fue una masacre”, tituló el semanario Proceso el reportaje de su corresponsal en Michoacán, Francisco Castellanos, quien informó con puntualidad y rigor sobre el asesinato a balazos de civiles desarmados por parte de agentes de la Policía Federal, el 6 de enero, en Apatzingán.

Esta matanza, una más en el ya sangriento gobierno de Enrique Peña Nieto, pronto se diluyó por las urgencias y complicidades del poder, incluyendo las mediáticas.

Y, pese a las mentiras del comisionado Alfredo Castillo para encubrir los hechos –acreditados por Paco Castellanos en la edición 1994 del semanario del pasado 18 de enero–, la impunidad terminó por sepultar este otro crimen de lesa humanidad.

Pero tras el reportaje de la colega Laura Castellanos, que amplía detalles de la masacre –y que ha sido difundido de manera conjunta por este semanario, el sitio de Internet de Carmen Aristegui y la televisora estadunidense Univisión–, los homicidas de la Policía Federal, Castillo y sus jefes deben recibir un castigo del tamaño del crimen.

Castillo, quien apenas el viernes 17 asumió el cargo de director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) –una verdadera bofetada al sector–, debe renunciar de inmediato.

No sólo eso: Debe ser sujeto de una investigación y sometido a proceso por alterar con sus mentiras el escenario del crimen y eventualmente por ordenar a los mandos de la Policía Federal asesinar a balazos a los 16 civiles desarmados, muchos de ellos ejecutados por la espalda cuando ya estaban sometidos y de rodillas.

Y si no fue Castillo el que impartió la orden a los homicidas de la Policía Federal, porque por lo visto tenía esa prerrogativa inconstitucional como virrey en Michoacán, la investigación debe acreditar si la disposición fue del comisionado de la corporación, Monte Alejandro Rubido, o del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Más aún: Si en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el gobierno federal niega toda culpa y en la matanza de Tlatlaya acusa que los autores son sólo un grupo de soldados, en la masacre de Apatzingán la responsabilidad recae directamente en Peña Nieto.

En lo formal, el superior jerárquico de Castillo era Osorio Chong –como ahora en la Conade lo es Emilio Chuayffet–, pero es sabido de todos que ha sido procurador de Justicia del Estado de México, subprocurador de la PGR, procurador del Consumidor y comisionado en Michoacán por decisión de un solo individuo: Peña Nieto.

Y si Castillo tiene sangre en las manos por la masacre de Apatzingán, esa sangre ha manchado ya a Peña.

 

De: @alvaro_delgado.

El jacalito donde vive Osorio Chong.

Osorio Chong es pobre: “depa” de 12 metros cuadrados

El patrimonio inmobiliario del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consta oficialmente de cuatro terrenos y un departamento de 12 metros cuadrados. ¿Doce metros cuadrados? Sí: Es lo que informa él mismo en sus declaraciones patrimoniales desde que asumió el cargo.

Lo más probable es que la superficie de ese “departamento” sea una errata en la información que él mismo capturó en sus declaraciones oficiales, pero si no la ha corregido en dos años, en 2013 y 2014, significa que efectivamente posee una vivienda de tres por cuatro metros –el tamaño de una recamarita– o que miente.

Y a juzgar por las dos fabulosas mansiones de Las Lomas de Chapultepec en las que ha vivido y vive en la Ciudad de México desde 2011 –que demuestran que lo suyo no es la austeridad–, es más lo segundo que lo primero.

El semanario Proceso publica esta semana una maciza investigación periodística de Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa sobre las dos residencias que ha habitado Osorio Chong y su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, servidora pública también como directora general del DIF y amiga íntima de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

En el reportaje queda acreditado que, para establecer su residencia en la capital del país, Osorio Chong usó la misma fórmula de Peña Nieto, su jefe: Mansión a todo lujo en Las Lomas de Chapultepec, esposa adquiriente y el proveedor su contratista consentido como gobernador.

En efecto, los Osorio Chong habitaron, desde 2011, una residencia de mil 379 metros cuadrados de construcción en Bosque de Manzanos 333, colonia Bosques de las Lomas, que tendría un valor comercial estimado en 60 millones de pesos. La propiedad perteneció a una hija de Miguel Alemán, expresidente emblema de la alta corrupción.

A partir de julio del año pasado, el secretario de Gobernación se mudó con su familia a Paseo de las Palmas 1380, Lomas de Chapultepec, una mansión valuada en 52 millones de pesos, cuyo trámite de compra inició su esposa, en mayo de 2014, en una cantidad no especificada, según documentos del Registro Público de la Propiedad que exhiben los reporteros, que incluyen la solicitud de un crédito hipotecario a Banorte.

Un dato clave en esta trama es que, como en el caso de Peña Nieto-Rivera, se configura al menos conflicto de interés, porque el propietario de ambas mansiones es Carlos Aniano Sosa Velasco, un contratista que de la nada se convirtió en el predilecto de Osorio Chong como gobernador de Hidalgo, de 2005 a 2011, y que en sólo dos años ha recibido casi mil millones en contratos del gobierno federal.

Proceso consultó a Osorio Chong sobre las dos mansiones y su respuesta fue que no es dueño de ninguna, como se consigna en el mismo reportaje, pero desde ayer domingo el funcionario inició, con una carta, una campaña para ocultar la información contundente del semanario.

La carta de Osorio Chong, que ha sido reproducida como desmentido por el periodismo mezquino y servil que al mismo tiempo oculta la información que falsamente se desmiente, tiene una lógica política que lo hace aparecer como víctima del semanario.

Recuerda que, en abril de 2010, Proceso “pretendió involucrarme con el crimen organizado sin prueba alguna” y luego, en mayo de 2012, “publicó otro artículo calumniando a mi familia, sin prueba alguna”, y ahora, dice, “me señala como propietario de dos viviendas”.
Pero no aclara el funcionario, uno de los prospectos del priismo para la candidatura presidencial en 2018, el proceso de compra-venta que inició el año pasado su esposa, servidora pública que mantiene en secreto sus bienes, de la casa de 834 metros cuadrados, en las Lomas de Chapultepec.

Igual que Peña Nieto en su momento, Osorio Chong no aclara tampoco cuánto pagaba de renta en la mansión de Bosques de las Lomas, de 2011 a 2014, propiedad también de Sosa Velasco, un símil del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo Higa, que “vendió” mansiones a La Gaviota y a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda…

El asunto da para más, aunque oficialmente Osorio Chong es dueño de sólo un departamentito de 12 metros cuadrados. Es pobre…

 

Fuente: Proceso.  http://www.proceso.com.mx/?p=401116

  @alvaro_delgado

Duarte deja en bancarrota a Veracruz.

 Durante 52 meses el gobernador de Veracruz –el priista Javier Duarte– mostró un gran talento para no ver la realidad. Aseveró que en su estado, uno de los más golpeados por el narco, sólo se robaban Frutsis y Pingüinos; que los Juegos Centroamericanos de 2014 –en los que ni siquiera se construyeron villas para los atletas– fueron los mejores de la historia, y que Veracruz es seguro para los periodistas, pese a que ahí abundan los asesinatos de comunicadores… Lo que ya no pudo negar es el desastre financiero de la entidad, fomentado por el despilfarro y las deficientes políticas públicas. Ahora que los pasivos pueden alcanzar los 98 mil millones de pesos y la insolvencia es cotidiana, lanza un “plan de ajuste”.
Aunque el gobierno de Javier Duarte lo minimiza, las finanzas públicas de Veracruz son un desastre. En el diagnóstico coinciden políticos del PAN, PT y PRD, y bajo anonimato lo admiten funcionarios estatales y empleados priistas.

Las evidencias son numerosas. Una semana antes de que arrancara la Cumbre Tajín (realizada del jueves 19 al domingo 22), el secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa, aceptó que el espectáculo estelar de dicho festival –con un costo de 14 millones de pesos– fue cancelado por falta de presupuesto. Para atemperar las críticas en medios nacionales, la oficina de prensa de Duarte envió 11 boletines alusivos al encuentro dos días antes de que iniciara el festejo.

Otra: el martes 17 y en plenas semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), los jugadores del equipo Halcones Rojos –subsidiado en su totalidad por el DIF estatal– decidieron abandonar el entrenamiento porque no les han pagado.

En esa misma coyuntura, los extrabajadores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC, justa catalogada por Duarte como la mejor de la historia) continúan reclamando el pago de cuatro quincenas y la segunda parte del aguinaldo, pese a que el certamen deportivo concluyó hace 120 días.

La última protesta fue apenas el martes 17, cuando un grupo de empleados decidió cerrar un carril de la calle ubicada frente a Palacio de Gobierno. Inicialmente los inconformes pensaban trasladar su manifestación a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero cancelaron el movimiento por una amenaza que, aseguran, recibieron de directivos de esa dependencia: “Entre más protesten, menos les vamos a pagar”.

En el gobierno de Duarte, mandos medios y enlaces de prensa de varias dependencias admiten que hay una especie de “inanición gubernamental” por la falta de recursos: denuncian infraestructura pública paralizada, operaciones quirúrgicas o subsidios médicos detenidos y entrega a cuentagotas de apoyos en municipios afectados por el clima.

El colmo: empleados del Comité Estatal del PRI aseveran que sus sueldos sufren retrasos de más de una semana, pues las prerrogativas que debería canalizar mes con mes el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) llegan con retraso por culpa de la Sefiplan.

La demora de pagos también llegó al sindicato de la Universidad Veracruzana, a los estudiantes inscritos en el Programa Nacional de Becas (Pronabes), a organizaciones campesinas y al sindicato de trabajadores del Poder Judicial.

En la iniciativa privada, líderes de cámaras empresariales, como la CMIC, la Canaco y la Coparmex, en ruedas de prensa realizadas mes con mes, conminan al gobierno de Duarte a “reiniciar” los pagos por construcción, proveeduría y otros servicios.

En diciembre pasado, el extitular de la Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo, admitió que el pasivo oficial de Veracruz rebasa los mil 492 millones de pesos. De esa cantidad, 643 millones 668 mil pesos son deuda contraída con cámaras empresariales, prestadores de servicios y proveedores, mientras que a contratistas se les debe poco más de 849 millones. De diciembre a marzo esa cifra aumentó, pero el gobierno no ha dicho cuánto.

El grupo transportista ADO sí hizo público su caso. En el suplemento Cancha, del diario Reforma, se quejó de un adeudo de 21 millones de pesos por la renta de 186 autobuses de lujo y 35 camionetas Mercedes Benz, que operaron en Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y Tuxpan. Ya presentó una denuncia civil.

Así, presidentes del PT, PAN y PRD repudiaron –en vísperas de las campañas electorales– la situación financiera provocada por la actual y las pasadas administraciones priistas. Fidel Robles, dirigente estatal y diputado local petista, anunció que solicitará un juicio político contra Duarte por malversación de fondos públicos y la conformación de una estratosférica deuda pública, la cual asciende a 98 mil millones de pesos, según “datos recabados”, expresa, en la Cuenta Pública Consolidada 2013:

“Sabemos que no se liberaron recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) en todo el sexenio de Duarte. Además, ciudadanos de todos los estratos sociales han recurrido a mí para denunciar omisiones graves en entes públicos, obras mal hechas, inconclusas o etiquetadas y no terminadas. Estamos ante un desastroso sexenio de Duarte y sus desleales colaboradores.”

La cifra mencionada por Robles incluye el débito reportado ante la Secretaría de Hacienda, que ronda los 40 mil millones de pesos; créditos bancarios; pasivo circulante, que está en los mil 500 millones de pesos; cuentas pendientes por pagar a ayuntamientos, como aportaciones federales, partidas del Fonden, programas de obra estatal y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), entre otros; más los retrasos y deudas vinculados a los órganos públicos desconcentrados y autónomos.

En el PAN asientan que el gobierno de Duarte es indiferente a los reclamos por la quiebra financiera y el desvío de recursos. De hecho, aseguran, aplica la frase del expresidente Carlos Salinas: “Ni los veo ni los oigo”.

El diputado local Julen Rementería cifra en 3 mil millones de pesos las irregularidades en la Sefiplan, que se concentran en los rubros relativos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH). Los números que difunde la Tesorería, dice, no cuadran con los reportados ante el Órgano de Fiscalización (Orfis), ente auditor calificado por Rementería como “ciego, inepto, obeso y vago”.

Pese a ello, continúa, la administración priista –confabulada con su bancada y la Junta de Coordinación Política en el Congreso local– se niega a exigir la comparecencia de los titulares de la Tesorería, Orfis y la contraloría estatal.

Tan sólo en el informe de la cuenta pública 2013, la Sefiplan reportó ingresos tributarios por mil 960 millones de pesos, mientras que el Orfis sólo apuntó 669 millones. Es decir, existe una diferencia de mil 200 millones que nadie explica.

“Claro que es dinero que jinetearon, robaron, se fue para campañas, lo desviaron… ¿Con qué ánimos el ciudadano, el empresario va a querer pagar impuestos? A mí me ha reclamado Lorenzo Portilla (auditor del Orfis) que por qué no le creo, que hace bien su trabajo. Ya le dije que no quiero creerle, sino que me lo demuestre.”

Alcaldes del PRD, por su parte, han cerrado en diversas ocasiones el centro de la ciudad y tomado las instalaciones de la Sefiplan para exigir que se liberen los recursos adscritos al Fondo Social de Infraestructura Municipal (FSIM) y que se “corrijan errores administrativos” cometidos por el gobierno de Javier Duarte a la hora de asignar esas partidas.

Con maestría en derecho, economía y políticas públicas por la Fundación José Ortega y Gasset, de Madrid, y con un doctorado en economía por la Universidad Complutense, también de la capital española, Javier Duarte esperó hasta el mes 52 de su gobierno –cuando las críticas de la oposición y de los empresarios eran unánimes– para hacer un cambio en las finanzas de su gobierno, problema que en estos días se convirtió en el mayor motivo de preocupación entre los veracruzanos, superando a la ola de delincuencia –otro sello de su administración.

Duarte anunció un Plan de Ajuste al Gasto Público (PAG), cuyo punto medular es prohibir erogaciones que durante los primeros cuatro años de su gobierno fueron solapados o incluso fomentados. Además, removió a su quinto tesorero, Mauricio Audirac, y en su lugar nombró al administrativo educativo, Antonio Gómez Pelegrin.

Antes de Audirac, por la Sefiplan desfilaron el exlíder nacional de Nueva Alianza, Tomás Ruiz, hoy en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; Salvador Manzur, actualmente delegado nacional de Banobras y famoso a escala nacional por ser parte de la red de mapaches electorales detectados en la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol); Carlos Aguirre, quien sólo fungió como encargado de despacho, y Fernando Charleston, quien estuvo un año en el cargo y prefirió renunciar para regresar a su curul en San Lázaro.

El PAG ordena, entre otras cosas, “restringir los servicios de seguridad personal” entre los mandos medios y superiores; reducir el número de “asesores y personal de apoyo”, y limitar la contratación de “asesoría y estudios”.

El documento de 10 puntos contempla también la “reducción al mínimo” de los apoyos otorgados mediante “subsidios” y la revisión de “compatibilidades laborales” para evitar que el personal “cobre en dos o más lugares”. Paralelamente, las dependencias que están arrendando inmuebles presentarán un “programa real” de reducción de espacios que permita pagar menos.

Ante su gabinete y sin la presencia de reporteros –sólo fotógrafos y camarógrafos–, Duarte explicó que Veracruz “no está ajeno” a la crisis económica que se deriva, resumió, de la caída de los precios del petróleo y el incremento en las tasas de interés estadunidenses.

“De forma oportuna y responsable el gobierno del estado se suma a este esfuerzo para enfrentar este entorno. La premisa de la acción siempre ha sido la responsabilidad, que obliga a pensar sólo en el bienestar duradero de los veracruzanos”, dijo en su mensaje, para justificar la “profunda reingeniería” en la gestión pública estatal.

Vivir con los demonios.

 De Jorge Carrasco Araizaga.

 

Aunque el gobierno de Peña Nieto llegue al extremo de confrontar y descalificar a Naciones Unidas, como lo hizo con el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, nada impide que el mundo conozca la dimensión de la crisis de derechos humanos en México.

El reconocido semanario The New Yorker acaba de dar a conocer un video sobre los 43 normalistas desaparecidos hace medio año en Iguala, Guerrero.

http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/video-the-monster-in-the-mountains

Financiado con una beca del Centro Pulitzer –dedicado a promover la cobertura periodística de asuntos de trascendencia global–, el documento muestra al mundo el drama de los desaparecidos en ese estado, más allá de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, a manos de policías municipales ante los ojos del Ejército.

Los normalistas son los nuevos desaparecidos en Guerrero, pero no los únicos. Son cientos de cadáveres que han sido encontrados en fosas clandestinas desde que los papás de los normalistas emprendieron la búsqueda de sus hijos.

Aunque se presume que muchos son víctimas de la guerra contra las drogas emprendida el sexenio pasado, nada garantiza que se sepa la verdad. “Ya no buscamos justicia, sólo queremos encontrar los cuerpos”, dicen algunas familias de las víctimas.

Eso explica que recurran a la propia delincuencia organizada para saber qué pasó con los suyos, luego de que el gobierno federal les dijera que ya no existen ni sus cenizas.

Tampoco Guerrero es el único estado con inhumaciones extrajudiciales. Tal y como ocurrió en Chile al término de la dictadura de Pinochet, cuando empezaron a surgir fosas clandestinas en todo el país, el territorio mexicano también está marcado por esa expresión de crímenes contra la humanidad.

Guerrero, sin embargo, es ahora un infierno para las víctimas, como lo sintetiza Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Por eso los autores y los editores del New Yorker le pusieron al video el título de “El Monstruo en las Montañas”.

Es un monstruo que apareció también en los años de la guerra sucia, en la década de los 60 y 70, con Guerrero como uno de sus principales escenarios. Las cifras oficiales hablan de más de 500 desaparecidos, atribuidos al régimen del PRI de entonces, con sus cuerpos policiales y militares y sus guardias blancas, integradas por civiles y militares.

No hubo castigo y la impunidad garantizó que se repitiera la tragedia. Vicente Fox sólo simuló una investigación y Felipe Calderón quiso echar a la basura ese pasado. Ambos garantizaron las desapariciones de ahora.

Los desaparecidos de entonces fueron víctimas de una persecución ideológica. Los de ahora, de la violencia de la delincuencia organizada amalgamada con la autoridad.

El caso Radilla es un emblema de la lucha de los familiares para sancionar a los responsables de tales crímenes. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, en Atoyac, en 1974, a manos del Ejército, no alcanzó sin embargo para el castigo de los responsables, pues los jefes políticos y militares de la época ya estaban muertos para cuando el Estado mexicano fue sentenciado, en 2009.

El gobierno de Peña Nieto se resiste a aceptar que lo ocurrido con los 43 normalistas es un caso de desaparición forzada y lo quiere reducir a un asunto delictivo. La desaparición forzada es una cara más del monstruo que describe The New Yorker.

No es la primera vez que el semanario se refiere a la violencia en México. Desde que el país empezó a padecer las consecuencias de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón, ha presentado a sus lectores distintos trabajos para tratar de explicar las caras del monstruo de la violencia.

Los burócratas del gobierno de Peña Nieto no pueden hacer nada para evitarlo. Sólo les queda emprender vergonzosas peleas con los investigadores especiales de Naciones Unidas que documentan las graves violaciones a los derechos humanos en México. Pero al hacerlo, lo único que logran es exhibirse a sí mismos y atraer más la atención internacional hacia lo que pasa en el país.

@jorgecarrascoa

Desaparecidos: Noche, niebla y dolor en México.

SANTIAGO A. CANTON
"Quisiera saber dónde estás para ir corriendo y salvar tu vida, no importando quitarme la mía". Esas palabras nacen del dolor de María Micaela Hernández, madre de Abel, estudiante desparecido en Ayotzinapa. Es el mismo dolor de millones de madres. La tristeza sin fin de los familiares de desaparecidos es parte de la estrategia diseñada para imponer el terror y la angustia y someter a las personas a la voluntad arbitraria del poder.

En la historia de la humanidad abundan los ejemplos de la brutal capacidad del ser humano para crear el infierno en la tierra. El holocausto no sólo desnudó al animal salvaje y su fuerza asesina, sino también a la frialdad para diseñarlo. El 12 de diciembre de 1941, en la carta de presentación del decreto firmado por Hitler, Noche y Niebla, que reglamentó la práctica sistemática de las desapariciones, Wilhelm Keitel, Comandante Supremo del Ejercito alemán, explica el objetivo del decreto: "Una intimidación eficiente y duradera sólo se logrará con la pena capital, o con acciones que no permitan a los familiares del criminal y a la población conocer su destino".

Décadas después, el objetivo de las desapariciones se mantiene incólume: destruir a la persona y a la sociedad que lo rodea. En el siglo XX la hiedra de las desapariciones avanzó sobre decenas de países. América Latina puso su dolorosa cuota y le dio un nuevo significado a esa palabra. Hace 41 años, el 29 de Marzo de 1974, el Comité Pro Paz chileno presentó un recurso de amparo masivo por el arresto y desaparición de 131 personas. Ese día, la palabra desaparecido tuvo su bautismo jurídico, y "Nunca Más" significaría lo mismo.

En México, lamentablemente, en la última década la palabra "desaparecido" se ha transformado en un aullido interminable para la sociedad mexicana. El 11 de diciembre del 2006, 11 días después de haber asumido la presidencia, el presidente Calderón anunció el envío de más de 5.000 militares y policías a Michoacán para combatir el narcotráfico y "fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias". El apoyo político, la ausencia de control civil y la impunidad en la justicia militar, crearon la tormenta perfecta para que la lista de desaparecidos se multiplique. Desde ese día, nada fue igual para los mexicanos y sus familias. Según datos oficiales, en México hay más de 25.000 desaparecidos.

Al igual que sucedió en otros países, la cifra puede ser mayor. El hallazgo más impactante del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, fue descubrir que el número de víctimas era mucho mayor al inicialmente estimado. Las causas de ese incremento son trasladables a la realidad mexicana: "...si consideramos dónde y a quiénes afectó principalmente el conflicto armado interno (las zonas rurales, campesinas, pobres y culturalmente más distantes del mundo "occidental" peruano), no resulta inverosímil que tantos ciudadanos de "ése" Perú hayan perecido ante la indiferencia o desconocimiento del país "oficial", "moderno" u "occidental". Considerando que un porcentaje elevado de las desapariciones registradas por las organizaciones de la sociedad civil no figuran en el registro oficial, es razonable asumir que la cifra oficial debería ser mayor.

Si bien no existe certeza sobre cuántas desapariciones ocurrieron por el accionar de agentes del Estado, según la poca información oficial se puede concluir que, por lo menos, son varios miles los desaparecidos como consecuencia de la participación directa o indirecta de militares o policías mexicanos. El caso de los 43 estudiantes es la rendija por donde observamos los distintos componentes de las desapariciones que conforman la alarmante realidad mexicana.

Una investigación de la revista Proceso, revela que el Gobierno mexicano, local y federal, participó en la planeación, implementación y encubrimiento de los asesinatos y desapariciones. Los estudiantes fueron monitoreados con anticipación, y la información era compartida entre la policía local, federal y el Ejército. Asimismo, los estudiantes no fueron elegidos de forma aleatoria, ya que por lo menos once formaban parte de organizaciones políticas estudiantiles. Luego de las desapariciones y ejecuciones, el gobierno puso en funcionamiento un plan para entorpecer la investigación y encubrir los hechos, al mismo tiempo que impulsaba un relato oficial, creado en base a torturas, presiones y mentiras.

El Presidente Peña Nieto puede ponerle fin a las desapariciones. El primer paso consiste en el reconocimiento de la existencia y gravedad de la situación. Sin embargo, a juzgar por la irracional reacción del Gobierno contra el informe del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, pareciera que la voluntad para ponerle fin a este flagelo es una simple máscara. Luego de que Juan Méndez, miembro del podio de los defensores de derechos humanos más experimentados, respetados y profesionales, hiciera público su informe denunciando una práctica generalizada de tortura e impunidad, el gobierno optó por acusarlo de falta de ética y profesionalismo y le retiró cualquier colaboración futura. A la reacción contra Juan Méndez, se le deben añadir, entre otras, las recientes reacciones contra el Comité contra la Desaparición Forzada y contra el Equipo Argentino de Antropología Forense. Negar la realidad, matando al cartero, no es un paso muy auspicioso para terminar con las numerosas violaciones a los derechos humanos que azotan a México.

"Desde aquel día de tu partida te sigo esperando, hijo, y sé que estas lágrimas que lloro, al final será el precio por verte de vuelta...", continúa María Micaela, esperando que Abel vuelva a sentarse a la mesa. Por cada hora negando la realidad e inventando un relato oficial, el gobierno suma a su lista a otro desaparecido, torturado o ejecutado.

Para que México pueda ser nuevamente lindo y querido para todos los mexicanos, el presidente Peña Nieto debe cambiar radicalmente su política de seguridad y de derechos humanos. Para lograrlo, tiene a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional de su lado. Lamentablemente, por ahora, él y su Gobierno están del otro.

Santiago Canton es director ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights. Twitter @SantiagoACanton

Ayotzinapa, el temor de Peña.

Por: JORGE CARRASCO ARAIZAGA

El gobierno de Enrique Peña Nieto está empeñado en reducir la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a un asunto meramente delictivo. A medio año de la tragedia, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, dejó en claro que a eso se han reducido y así seguirán las investigaciones.

En el gabinete de seguridad ha existido una fuerte resistencia para investigar el caso como desaparición forzada; es decir, como un crimen de lesa humanidad; y, sobre todo, a reconocerlo como un grave delito cometido desde el poder político del Estado mexicano.

El balance que presentó la procuradora justo seis meses después de la detención de los jóvenes por parte de policías municipales y su posterior desaparición atribuida a delincuentes, demuestra el empeño gubernamental de desasociar lo político y lo criminal.

En línea de lo hecho por su antecesor, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez dijo que hay 104 detenidos; 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 40 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Todos, incluido el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como meros operadores, pero sin que se sepa hasta ahora que se está investigando la estructura política, económica y social que ha acompañado a ese grupo de la delincuencia organizada.

La procuradora mencionó también que hay 25 averiguaciones previas por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Pero no hay ninguna por desaparición forzada. Para justificarse, la PGR le cargó la responsabilidad al Poder Judicial.

Señaló la PGR en un boletín fechado el 26 de marzo: “En relación a las consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”.

En México, nadie más que el ministerio público tiene el monopolio de las averiguaciones previas y por ende esa instancia es la que consigna ante la justicia a los responsables de los delitos. El juez valora las actuaciones y la tipificación delictiva, pero sólo después de que el ministerio público le presente un expediente en el que sustente sus acusaciones. La PGR engaña y manipula.

El periódico La Jornada publicó el domingo 22 de marzo los argumentos de la PGR para no considerar la tragedia como un delito de lesa humanidad; es decir, un crimen contra la humanidad.

Según la información consignada, resultado de una solicitud de acceso a la información, la procuraduría aseguró que en el caso de Ayotzinapa “no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.

De nueva cuenta, es muy clara la distorsión de la PGR. Un delito de lesa humanidad no se tipifica sólo por su frecuencia. La Corte Penal Internacional lo define como las conductas o cualquier acto inhumano –como la desaparición forzada–, que cause grave sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La PGR pretende negar que la noche trágica de Iguala se ha convertido en emblema de la descomposición del Estado mexicano; una entidad ya no penetrada por la delincuencia, sino parte de ella, dispuesta a eliminar a quienes considera sus enemigos.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la desaparición forzada como un delito que se prolonga hasta que la víctima aparezca, viva o muerta.

Sin ser el directamente responsable, Enrique Peña Nieto y su gabinete están conscientes de que como jefe del Estado mexicano es él quien tiene que responder ante la tragedia porque agentes estatales –así fueran policías municipales y un alcalde– participaron en la desaparición de los normalistas.

Reconocer que se cometió un crimen contra la humanidad, implica reconocer la jurisdicción internacional en caso de que en México no haya justicia. Y los responsables ya no serían sólo los autores materiales e intelectuales de la desaparición, sino aquellos que nieguen la justicia, empezando por Peña Nieto y sus procuradores.

La preocupación es real porque esos delitos son imprescriptibles; es decir, perseguirían a Peña Nieto aún después de que salga de Los Pinos.

@jorgecarrascoa