Peña y Apatzingán: un gobierno manchado de sangre.

“Fue una masacre”, tituló el semanario Proceso el reportaje de su corresponsal en Michoacán, Francisco Castellanos, quien informó con puntualidad y rigor sobre el asesinato a balazos de civiles desarmados por parte de agentes de la Policía Federal, el 6 de enero, en Apatzingán.

Esta matanza, una más en el ya sangriento gobierno de Enrique Peña Nieto, pronto se diluyó por las urgencias y complicidades del poder, incluyendo las mediáticas.

Y, pese a las mentiras del comisionado Alfredo Castillo para encubrir los hechos –acreditados por Paco Castellanos en la edición 1994 del semanario del pasado 18 de enero–, la impunidad terminó por sepultar este otro crimen de lesa humanidad.

Pero tras el reportaje de la colega Laura Castellanos, que amplía detalles de la masacre –y que ha sido difundido de manera conjunta por este semanario, el sitio de Internet de Carmen Aristegui y la televisora estadunidense Univisión–, los homicidas de la Policía Federal, Castillo y sus jefes deben recibir un castigo del tamaño del crimen.

Castillo, quien apenas el viernes 17 asumió el cargo de director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) –una verdadera bofetada al sector–, debe renunciar de inmediato.

No sólo eso: Debe ser sujeto de una investigación y sometido a proceso por alterar con sus mentiras el escenario del crimen y eventualmente por ordenar a los mandos de la Policía Federal asesinar a balazos a los 16 civiles desarmados, muchos de ellos ejecutados por la espalda cuando ya estaban sometidos y de rodillas.

Y si no fue Castillo el que impartió la orden a los homicidas de la Policía Federal, porque por lo visto tenía esa prerrogativa inconstitucional como virrey en Michoacán, la investigación debe acreditar si la disposición fue del comisionado de la corporación, Monte Alejandro Rubido, o del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Más aún: Si en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el gobierno federal niega toda culpa y en la matanza de Tlatlaya acusa que los autores son sólo un grupo de soldados, en la masacre de Apatzingán la responsabilidad recae directamente en Peña Nieto.

En lo formal, el superior jerárquico de Castillo era Osorio Chong –como ahora en la Conade lo es Emilio Chuayffet–, pero es sabido de todos que ha sido procurador de Justicia del Estado de México, subprocurador de la PGR, procurador del Consumidor y comisionado en Michoacán por decisión de un solo individuo: Peña Nieto.

Y si Castillo tiene sangre en las manos por la masacre de Apatzingán, esa sangre ha manchado ya a Peña.

 

De: @alvaro_delgado.

El jacalito donde vive Osorio Chong.

Osorio Chong es pobre: “depa” de 12 metros cuadrados

El patrimonio inmobiliario del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consta oficialmente de cuatro terrenos y un departamento de 12 metros cuadrados. ¿Doce metros cuadrados? Sí: Es lo que informa él mismo en sus declaraciones patrimoniales desde que asumió el cargo.

Lo más probable es que la superficie de ese “departamento” sea una errata en la información que él mismo capturó en sus declaraciones oficiales, pero si no la ha corregido en dos años, en 2013 y 2014, significa que efectivamente posee una vivienda de tres por cuatro metros –el tamaño de una recamarita– o que miente.

Y a juzgar por las dos fabulosas mansiones de Las Lomas de Chapultepec en las que ha vivido y vive en la Ciudad de México desde 2011 –que demuestran que lo suyo no es la austeridad–, es más lo segundo que lo primero.

El semanario Proceso publica esta semana una maciza investigación periodística de Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa sobre las dos residencias que ha habitado Osorio Chong y su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, servidora pública también como directora general del DIF y amiga íntima de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

En el reportaje queda acreditado que, para establecer su residencia en la capital del país, Osorio Chong usó la misma fórmula de Peña Nieto, su jefe: Mansión a todo lujo en Las Lomas de Chapultepec, esposa adquiriente y el proveedor su contratista consentido como gobernador.

En efecto, los Osorio Chong habitaron, desde 2011, una residencia de mil 379 metros cuadrados de construcción en Bosque de Manzanos 333, colonia Bosques de las Lomas, que tendría un valor comercial estimado en 60 millones de pesos. La propiedad perteneció a una hija de Miguel Alemán, expresidente emblema de la alta corrupción.

A partir de julio del año pasado, el secretario de Gobernación se mudó con su familia a Paseo de las Palmas 1380, Lomas de Chapultepec, una mansión valuada en 52 millones de pesos, cuyo trámite de compra inició su esposa, en mayo de 2014, en una cantidad no especificada, según documentos del Registro Público de la Propiedad que exhiben los reporteros, que incluyen la solicitud de un crédito hipotecario a Banorte.

Un dato clave en esta trama es que, como en el caso de Peña Nieto-Rivera, se configura al menos conflicto de interés, porque el propietario de ambas mansiones es Carlos Aniano Sosa Velasco, un contratista que de la nada se convirtió en el predilecto de Osorio Chong como gobernador de Hidalgo, de 2005 a 2011, y que en sólo dos años ha recibido casi mil millones en contratos del gobierno federal.

Proceso consultó a Osorio Chong sobre las dos mansiones y su respuesta fue que no es dueño de ninguna, como se consigna en el mismo reportaje, pero desde ayer domingo el funcionario inició, con una carta, una campaña para ocultar la información contundente del semanario.

La carta de Osorio Chong, que ha sido reproducida como desmentido por el periodismo mezquino y servil que al mismo tiempo oculta la información que falsamente se desmiente, tiene una lógica política que lo hace aparecer como víctima del semanario.

Recuerda que, en abril de 2010, Proceso “pretendió involucrarme con el crimen organizado sin prueba alguna” y luego, en mayo de 2012, “publicó otro artículo calumniando a mi familia, sin prueba alguna”, y ahora, dice, “me señala como propietario de dos viviendas”.
Pero no aclara el funcionario, uno de los prospectos del priismo para la candidatura presidencial en 2018, el proceso de compra-venta que inició el año pasado su esposa, servidora pública que mantiene en secreto sus bienes, de la casa de 834 metros cuadrados, en las Lomas de Chapultepec.

Igual que Peña Nieto en su momento, Osorio Chong no aclara tampoco cuánto pagaba de renta en la mansión de Bosques de las Lomas, de 2011 a 2014, propiedad también de Sosa Velasco, un símil del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo Higa, que “vendió” mansiones a La Gaviota y a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda…

El asunto da para más, aunque oficialmente Osorio Chong es dueño de sólo un departamentito de 12 metros cuadrados. Es pobre…

 

Fuente: Proceso.  http://www.proceso.com.mx/?p=401116

  @alvaro_delgado

Duarte deja en bancarrota a Veracruz.

 Durante 52 meses el gobernador de Veracruz –el priista Javier Duarte– mostró un gran talento para no ver la realidad. Aseveró que en su estado, uno de los más golpeados por el narco, sólo se robaban Frutsis y Pingüinos; que los Juegos Centroamericanos de 2014 –en los que ni siquiera se construyeron villas para los atletas– fueron los mejores de la historia, y que Veracruz es seguro para los periodistas, pese a que ahí abundan los asesinatos de comunicadores… Lo que ya no pudo negar es el desastre financiero de la entidad, fomentado por el despilfarro y las deficientes políticas públicas. Ahora que los pasivos pueden alcanzar los 98 mil millones de pesos y la insolvencia es cotidiana, lanza un “plan de ajuste”.
Aunque el gobierno de Javier Duarte lo minimiza, las finanzas públicas de Veracruz son un desastre. En el diagnóstico coinciden políticos del PAN, PT y PRD, y bajo anonimato lo admiten funcionarios estatales y empleados priistas.

Las evidencias son numerosas. Una semana antes de que arrancara la Cumbre Tajín (realizada del jueves 19 al domingo 22), el secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa, aceptó que el espectáculo estelar de dicho festival –con un costo de 14 millones de pesos– fue cancelado por falta de presupuesto. Para atemperar las críticas en medios nacionales, la oficina de prensa de Duarte envió 11 boletines alusivos al encuentro dos días antes de que iniciara el festejo.

Otra: el martes 17 y en plenas semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), los jugadores del equipo Halcones Rojos –subsidiado en su totalidad por el DIF estatal– decidieron abandonar el entrenamiento porque no les han pagado.

En esa misma coyuntura, los extrabajadores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC, justa catalogada por Duarte como la mejor de la historia) continúan reclamando el pago de cuatro quincenas y la segunda parte del aguinaldo, pese a que el certamen deportivo concluyó hace 120 días.

La última protesta fue apenas el martes 17, cuando un grupo de empleados decidió cerrar un carril de la calle ubicada frente a Palacio de Gobierno. Inicialmente los inconformes pensaban trasladar su manifestación a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero cancelaron el movimiento por una amenaza que, aseguran, recibieron de directivos de esa dependencia: “Entre más protesten, menos les vamos a pagar”.

En el gobierno de Duarte, mandos medios y enlaces de prensa de varias dependencias admiten que hay una especie de “inanición gubernamental” por la falta de recursos: denuncian infraestructura pública paralizada, operaciones quirúrgicas o subsidios médicos detenidos y entrega a cuentagotas de apoyos en municipios afectados por el clima.

El colmo: empleados del Comité Estatal del PRI aseveran que sus sueldos sufren retrasos de más de una semana, pues las prerrogativas que debería canalizar mes con mes el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) llegan con retraso por culpa de la Sefiplan.

La demora de pagos también llegó al sindicato de la Universidad Veracruzana, a los estudiantes inscritos en el Programa Nacional de Becas (Pronabes), a organizaciones campesinas y al sindicato de trabajadores del Poder Judicial.

En la iniciativa privada, líderes de cámaras empresariales, como la CMIC, la Canaco y la Coparmex, en ruedas de prensa realizadas mes con mes, conminan al gobierno de Duarte a “reiniciar” los pagos por construcción, proveeduría y otros servicios.

En diciembre pasado, el extitular de la Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo, admitió que el pasivo oficial de Veracruz rebasa los mil 492 millones de pesos. De esa cantidad, 643 millones 668 mil pesos son deuda contraída con cámaras empresariales, prestadores de servicios y proveedores, mientras que a contratistas se les debe poco más de 849 millones. De diciembre a marzo esa cifra aumentó, pero el gobierno no ha dicho cuánto.

El grupo transportista ADO sí hizo público su caso. En el suplemento Cancha, del diario Reforma, se quejó de un adeudo de 21 millones de pesos por la renta de 186 autobuses de lujo y 35 camionetas Mercedes Benz, que operaron en Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y Tuxpan. Ya presentó una denuncia civil.

Así, presidentes del PT, PAN y PRD repudiaron –en vísperas de las campañas electorales– la situación financiera provocada por la actual y las pasadas administraciones priistas. Fidel Robles, dirigente estatal y diputado local petista, anunció que solicitará un juicio político contra Duarte por malversación de fondos públicos y la conformación de una estratosférica deuda pública, la cual asciende a 98 mil millones de pesos, según “datos recabados”, expresa, en la Cuenta Pública Consolidada 2013:

“Sabemos que no se liberaron recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) en todo el sexenio de Duarte. Además, ciudadanos de todos los estratos sociales han recurrido a mí para denunciar omisiones graves en entes públicos, obras mal hechas, inconclusas o etiquetadas y no terminadas. Estamos ante un desastroso sexenio de Duarte y sus desleales colaboradores.”

La cifra mencionada por Robles incluye el débito reportado ante la Secretaría de Hacienda, que ronda los 40 mil millones de pesos; créditos bancarios; pasivo circulante, que está en los mil 500 millones de pesos; cuentas pendientes por pagar a ayuntamientos, como aportaciones federales, partidas del Fonden, programas de obra estatal y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), entre otros; más los retrasos y deudas vinculados a los órganos públicos desconcentrados y autónomos.

En el PAN asientan que el gobierno de Duarte es indiferente a los reclamos por la quiebra financiera y el desvío de recursos. De hecho, aseguran, aplica la frase del expresidente Carlos Salinas: “Ni los veo ni los oigo”.

El diputado local Julen Rementería cifra en 3 mil millones de pesos las irregularidades en la Sefiplan, que se concentran en los rubros relativos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH). Los números que difunde la Tesorería, dice, no cuadran con los reportados ante el Órgano de Fiscalización (Orfis), ente auditor calificado por Rementería como “ciego, inepto, obeso y vago”.

Pese a ello, continúa, la administración priista –confabulada con su bancada y la Junta de Coordinación Política en el Congreso local– se niega a exigir la comparecencia de los titulares de la Tesorería, Orfis y la contraloría estatal.

Tan sólo en el informe de la cuenta pública 2013, la Sefiplan reportó ingresos tributarios por mil 960 millones de pesos, mientras que el Orfis sólo apuntó 669 millones. Es decir, existe una diferencia de mil 200 millones que nadie explica.

“Claro que es dinero que jinetearon, robaron, se fue para campañas, lo desviaron… ¿Con qué ánimos el ciudadano, el empresario va a querer pagar impuestos? A mí me ha reclamado Lorenzo Portilla (auditor del Orfis) que por qué no le creo, que hace bien su trabajo. Ya le dije que no quiero creerle, sino que me lo demuestre.”

Alcaldes del PRD, por su parte, han cerrado en diversas ocasiones el centro de la ciudad y tomado las instalaciones de la Sefiplan para exigir que se liberen los recursos adscritos al Fondo Social de Infraestructura Municipal (FSIM) y que se “corrijan errores administrativos” cometidos por el gobierno de Javier Duarte a la hora de asignar esas partidas.

Con maestría en derecho, economía y políticas públicas por la Fundación José Ortega y Gasset, de Madrid, y con un doctorado en economía por la Universidad Complutense, también de la capital española, Javier Duarte esperó hasta el mes 52 de su gobierno –cuando las críticas de la oposición y de los empresarios eran unánimes– para hacer un cambio en las finanzas de su gobierno, problema que en estos días se convirtió en el mayor motivo de preocupación entre los veracruzanos, superando a la ola de delincuencia –otro sello de su administración.

Duarte anunció un Plan de Ajuste al Gasto Público (PAG), cuyo punto medular es prohibir erogaciones que durante los primeros cuatro años de su gobierno fueron solapados o incluso fomentados. Además, removió a su quinto tesorero, Mauricio Audirac, y en su lugar nombró al administrativo educativo, Antonio Gómez Pelegrin.

Antes de Audirac, por la Sefiplan desfilaron el exlíder nacional de Nueva Alianza, Tomás Ruiz, hoy en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; Salvador Manzur, actualmente delegado nacional de Banobras y famoso a escala nacional por ser parte de la red de mapaches electorales detectados en la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol); Carlos Aguirre, quien sólo fungió como encargado de despacho, y Fernando Charleston, quien estuvo un año en el cargo y prefirió renunciar para regresar a su curul en San Lázaro.

El PAG ordena, entre otras cosas, “restringir los servicios de seguridad personal” entre los mandos medios y superiores; reducir el número de “asesores y personal de apoyo”, y limitar la contratación de “asesoría y estudios”.

El documento de 10 puntos contempla también la “reducción al mínimo” de los apoyos otorgados mediante “subsidios” y la revisión de “compatibilidades laborales” para evitar que el personal “cobre en dos o más lugares”. Paralelamente, las dependencias que están arrendando inmuebles presentarán un “programa real” de reducción de espacios que permita pagar menos.

Ante su gabinete y sin la presencia de reporteros –sólo fotógrafos y camarógrafos–, Duarte explicó que Veracruz “no está ajeno” a la crisis económica que se deriva, resumió, de la caída de los precios del petróleo y el incremento en las tasas de interés estadunidenses.

“De forma oportuna y responsable el gobierno del estado se suma a este esfuerzo para enfrentar este entorno. La premisa de la acción siempre ha sido la responsabilidad, que obliga a pensar sólo en el bienestar duradero de los veracruzanos”, dijo en su mensaje, para justificar la “profunda reingeniería” en la gestión pública estatal.

Vivir con los demonios.

 De Jorge Carrasco Araizaga.

 

Aunque el gobierno de Peña Nieto llegue al extremo de confrontar y descalificar a Naciones Unidas, como lo hizo con el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, nada impide que el mundo conozca la dimensión de la crisis de derechos humanos en México.

El reconocido semanario The New Yorker acaba de dar a conocer un video sobre los 43 normalistas desaparecidos hace medio año en Iguala, Guerrero.

http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/video-the-monster-in-the-mountains

Financiado con una beca del Centro Pulitzer –dedicado a promover la cobertura periodística de asuntos de trascendencia global–, el documento muestra al mundo el drama de los desaparecidos en ese estado, más allá de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, a manos de policías municipales ante los ojos del Ejército.

Los normalistas son los nuevos desaparecidos en Guerrero, pero no los únicos. Son cientos de cadáveres que han sido encontrados en fosas clandestinas desde que los papás de los normalistas emprendieron la búsqueda de sus hijos.

Aunque se presume que muchos son víctimas de la guerra contra las drogas emprendida el sexenio pasado, nada garantiza que se sepa la verdad. “Ya no buscamos justicia, sólo queremos encontrar los cuerpos”, dicen algunas familias de las víctimas.

Eso explica que recurran a la propia delincuencia organizada para saber qué pasó con los suyos, luego de que el gobierno federal les dijera que ya no existen ni sus cenizas.

Tampoco Guerrero es el único estado con inhumaciones extrajudiciales. Tal y como ocurrió en Chile al término de la dictadura de Pinochet, cuando empezaron a surgir fosas clandestinas en todo el país, el territorio mexicano también está marcado por esa expresión de crímenes contra la humanidad.

Guerrero, sin embargo, es ahora un infierno para las víctimas, como lo sintetiza Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Por eso los autores y los editores del New Yorker le pusieron al video el título de “El Monstruo en las Montañas”.

Es un monstruo que apareció también en los años de la guerra sucia, en la década de los 60 y 70, con Guerrero como uno de sus principales escenarios. Las cifras oficiales hablan de más de 500 desaparecidos, atribuidos al régimen del PRI de entonces, con sus cuerpos policiales y militares y sus guardias blancas, integradas por civiles y militares.

No hubo castigo y la impunidad garantizó que se repitiera la tragedia. Vicente Fox sólo simuló una investigación y Felipe Calderón quiso echar a la basura ese pasado. Ambos garantizaron las desapariciones de ahora.

Los desaparecidos de entonces fueron víctimas de una persecución ideológica. Los de ahora, de la violencia de la delincuencia organizada amalgamada con la autoridad.

El caso Radilla es un emblema de la lucha de los familiares para sancionar a los responsables de tales crímenes. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, en Atoyac, en 1974, a manos del Ejército, no alcanzó sin embargo para el castigo de los responsables, pues los jefes políticos y militares de la época ya estaban muertos para cuando el Estado mexicano fue sentenciado, en 2009.

El gobierno de Peña Nieto se resiste a aceptar que lo ocurrido con los 43 normalistas es un caso de desaparición forzada y lo quiere reducir a un asunto delictivo. La desaparición forzada es una cara más del monstruo que describe The New Yorker.

No es la primera vez que el semanario se refiere a la violencia en México. Desde que el país empezó a padecer las consecuencias de la “guerra al narcotráfico” declarada por Calderón, ha presentado a sus lectores distintos trabajos para tratar de explicar las caras del monstruo de la violencia.

Los burócratas del gobierno de Peña Nieto no pueden hacer nada para evitarlo. Sólo les queda emprender vergonzosas peleas con los investigadores especiales de Naciones Unidas que documentan las graves violaciones a los derechos humanos en México. Pero al hacerlo, lo único que logran es exhibirse a sí mismos y atraer más la atención internacional hacia lo que pasa en el país.

@jorgecarrascoa

Desaparecidos: Noche, niebla y dolor en México.

SANTIAGO A. CANTON
"Quisiera saber dónde estás para ir corriendo y salvar tu vida, no importando quitarme la mía". Esas palabras nacen del dolor de María Micaela Hernández, madre de Abel, estudiante desparecido en Ayotzinapa. Es el mismo dolor de millones de madres. La tristeza sin fin de los familiares de desaparecidos es parte de la estrategia diseñada para imponer el terror y la angustia y someter a las personas a la voluntad arbitraria del poder.

En la historia de la humanidad abundan los ejemplos de la brutal capacidad del ser humano para crear el infierno en la tierra. El holocausto no sólo desnudó al animal salvaje y su fuerza asesina, sino también a la frialdad para diseñarlo. El 12 de diciembre de 1941, en la carta de presentación del decreto firmado por Hitler, Noche y Niebla, que reglamentó la práctica sistemática de las desapariciones, Wilhelm Keitel, Comandante Supremo del Ejercito alemán, explica el objetivo del decreto: "Una intimidación eficiente y duradera sólo se logrará con la pena capital, o con acciones que no permitan a los familiares del criminal y a la población conocer su destino".

Décadas después, el objetivo de las desapariciones se mantiene incólume: destruir a la persona y a la sociedad que lo rodea. En el siglo XX la hiedra de las desapariciones avanzó sobre decenas de países. América Latina puso su dolorosa cuota y le dio un nuevo significado a esa palabra. Hace 41 años, el 29 de Marzo de 1974, el Comité Pro Paz chileno presentó un recurso de amparo masivo por el arresto y desaparición de 131 personas. Ese día, la palabra desaparecido tuvo su bautismo jurídico, y "Nunca Más" significaría lo mismo.

En México, lamentablemente, en la última década la palabra "desaparecido" se ha transformado en un aullido interminable para la sociedad mexicana. El 11 de diciembre del 2006, 11 días después de haber asumido la presidencia, el presidente Calderón anunció el envío de más de 5.000 militares y policías a Michoacán para combatir el narcotráfico y "fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias". El apoyo político, la ausencia de control civil y la impunidad en la justicia militar, crearon la tormenta perfecta para que la lista de desaparecidos se multiplique. Desde ese día, nada fue igual para los mexicanos y sus familias. Según datos oficiales, en México hay más de 25.000 desaparecidos.

Al igual que sucedió en otros países, la cifra puede ser mayor. El hallazgo más impactante del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, fue descubrir que el número de víctimas era mucho mayor al inicialmente estimado. Las causas de ese incremento son trasladables a la realidad mexicana: "...si consideramos dónde y a quiénes afectó principalmente el conflicto armado interno (las zonas rurales, campesinas, pobres y culturalmente más distantes del mundo "occidental" peruano), no resulta inverosímil que tantos ciudadanos de "ése" Perú hayan perecido ante la indiferencia o desconocimiento del país "oficial", "moderno" u "occidental". Considerando que un porcentaje elevado de las desapariciones registradas por las organizaciones de la sociedad civil no figuran en el registro oficial, es razonable asumir que la cifra oficial debería ser mayor.

Si bien no existe certeza sobre cuántas desapariciones ocurrieron por el accionar de agentes del Estado, según la poca información oficial se puede concluir que, por lo menos, son varios miles los desaparecidos como consecuencia de la participación directa o indirecta de militares o policías mexicanos. El caso de los 43 estudiantes es la rendija por donde observamos los distintos componentes de las desapariciones que conforman la alarmante realidad mexicana.

Una investigación de la revista Proceso, revela que el Gobierno mexicano, local y federal, participó en la planeación, implementación y encubrimiento de los asesinatos y desapariciones. Los estudiantes fueron monitoreados con anticipación, y la información era compartida entre la policía local, federal y el Ejército. Asimismo, los estudiantes no fueron elegidos de forma aleatoria, ya que por lo menos once formaban parte de organizaciones políticas estudiantiles. Luego de las desapariciones y ejecuciones, el gobierno puso en funcionamiento un plan para entorpecer la investigación y encubrir los hechos, al mismo tiempo que impulsaba un relato oficial, creado en base a torturas, presiones y mentiras.

El Presidente Peña Nieto puede ponerle fin a las desapariciones. El primer paso consiste en el reconocimiento de la existencia y gravedad de la situación. Sin embargo, a juzgar por la irracional reacción del Gobierno contra el informe del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, pareciera que la voluntad para ponerle fin a este flagelo es una simple máscara. Luego de que Juan Méndez, miembro del podio de los defensores de derechos humanos más experimentados, respetados y profesionales, hiciera público su informe denunciando una práctica generalizada de tortura e impunidad, el gobierno optó por acusarlo de falta de ética y profesionalismo y le retiró cualquier colaboración futura. A la reacción contra Juan Méndez, se le deben añadir, entre otras, las recientes reacciones contra el Comité contra la Desaparición Forzada y contra el Equipo Argentino de Antropología Forense. Negar la realidad, matando al cartero, no es un paso muy auspicioso para terminar con las numerosas violaciones a los derechos humanos que azotan a México.

"Desde aquel día de tu partida te sigo esperando, hijo, y sé que estas lágrimas que lloro, al final será el precio por verte de vuelta...", continúa María Micaela, esperando que Abel vuelva a sentarse a la mesa. Por cada hora negando la realidad e inventando un relato oficial, el gobierno suma a su lista a otro desaparecido, torturado o ejecutado.

Para que México pueda ser nuevamente lindo y querido para todos los mexicanos, el presidente Peña Nieto debe cambiar radicalmente su política de seguridad y de derechos humanos. Para lograrlo, tiene a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional de su lado. Lamentablemente, por ahora, él y su Gobierno están del otro.

Santiago Canton es director ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights. Twitter @SantiagoACanton

Ayotzinapa, el temor de Peña.

Por: JORGE CARRASCO ARAIZAGA

El gobierno de Enrique Peña Nieto está empeñado en reducir la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a un asunto meramente delictivo. A medio año de la tragedia, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, dejó en claro que a eso se han reducido y así seguirán las investigaciones.

En el gabinete de seguridad ha existido una fuerte resistencia para investigar el caso como desaparición forzada; es decir, como un crimen de lesa humanidad; y, sobre todo, a reconocerlo como un grave delito cometido desde el poder político del Estado mexicano.

El balance que presentó la procuradora justo seis meses después de la detención de los jóvenes por parte de policías municipales y su posterior desaparición atribuida a delincuentes, demuestra el empeño gubernamental de desasociar lo político y lo criminal.

En línea de lo hecho por su antecesor, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez dijo que hay 104 detenidos; 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 40 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Todos, incluido el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como meros operadores, pero sin que se sepa hasta ahora que se está investigando la estructura política, económica y social que ha acompañado a ese grupo de la delincuencia organizada.

La procuradora mencionó también que hay 25 averiguaciones previas por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Pero no hay ninguna por desaparición forzada. Para justificarse, la PGR le cargó la responsabilidad al Poder Judicial.

Señaló la PGR en un boletín fechado el 26 de marzo: “En relación a las consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”.

En México, nadie más que el ministerio público tiene el monopolio de las averiguaciones previas y por ende esa instancia es la que consigna ante la justicia a los responsables de los delitos. El juez valora las actuaciones y la tipificación delictiva, pero sólo después de que el ministerio público le presente un expediente en el que sustente sus acusaciones. La PGR engaña y manipula.

El periódico La Jornada publicó el domingo 22 de marzo los argumentos de la PGR para no considerar la tragedia como un delito de lesa humanidad; es decir, un crimen contra la humanidad.

Según la información consignada, resultado de una solicitud de acceso a la información, la procuraduría aseguró que en el caso de Ayotzinapa “no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.

De nueva cuenta, es muy clara la distorsión de la PGR. Un delito de lesa humanidad no se tipifica sólo por su frecuencia. La Corte Penal Internacional lo define como las conductas o cualquier acto inhumano –como la desaparición forzada–, que cause grave sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La PGR pretende negar que la noche trágica de Iguala se ha convertido en emblema de la descomposición del Estado mexicano; una entidad ya no penetrada por la delincuencia, sino parte de ella, dispuesta a eliminar a quienes considera sus enemigos.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la desaparición forzada como un delito que se prolonga hasta que la víctima aparezca, viva o muerta.

Sin ser el directamente responsable, Enrique Peña Nieto y su gabinete están conscientes de que como jefe del Estado mexicano es él quien tiene que responder ante la tragedia porque agentes estatales –así fueran policías municipales y un alcalde– participaron en la desaparición de los normalistas.

Reconocer que se cometió un crimen contra la humanidad, implica reconocer la jurisdicción internacional en caso de que en México no haya justicia. Y los responsables ya no serían sólo los autores materiales e intelectuales de la desaparición, sino aquellos que nieguen la justicia, empezando por Peña Nieto y sus procuradores.

La preocupación es real porque esos delitos son imprescriptibles; es decir, perseguirían a Peña Nieto aún después de que salga de Los Pinos.

@jorgecarrascoa

Iguala, a seis meses.

 Han pasado seis meses desde que policías municipales de Iguala, con la posible colaboración de agentes federales y militares (la posibilidad no puede descartarse en tanto el gobierno siga negándose a investigarla) y de individuos de la criminalidad no uniformada dipararon sus armas contra un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en una acción que dejó tres normalistas asesinados, más otras tres personas, dos heridos de suma gravedad y 43 desaparecidos. 180 días de duelo, indignación, angustia y exasperación ante un agravio que sigue perpetrándose, profundizándose y ramificándose cada una de las 4 mil 344 horas, cada uno de los 260 mil 640 minutos transcurridos desde entonces.

El régimen que encabeza Peña Nieto recibe con alivio el paso del tiempo porque piensa que con él se aleja el atropello de la memoria, se desdibujan los rostros de las víctimas, se sedimenta la cólera, se resignan los familiares y condiscípulos de los agredidos y se desalientan los sectores sociales que los han acompañado en su lucha. En realidad, el transcurso de los meses, las semanas, los días, las horas y los minutos aproxima a los gobernantes al fondo de su callejón sin salida, porque a cada instante le va resultando más difícil remediar la indiferencia y la complicidad tácita con que ha venido actuando, y menos viable desmontar la montaña de mentiras que han proferido desde el 26 de septiembre de 2014, desde aquella de que la atrocidad era un asunto local de Guerrero (Peña) hasta la más reciente: que el atropello no constituye un crimen de lesa humanidad, pasando por la narración de la pira funeraria que produjo Jesús Murillo Karam como procurador federal.

Días tras día, desde entonces, se evidencia el desprecio de los poderosos por la vida humana (sobre todo cuando se trata de las vidas de gente pobre y anónima), su mendacidad, su vocación de encubrimiento, su frivolidad casi infinita y su desdén por las leyes y la Constitución, salvo cuando se trata de adulterar el marco legal para facilitar negocios propios y ajenos a costa del bien común y de las propiedades nacionales. La violencia se profundiza y extiende, la crisis económica se acentúa y se multiplican las huellas de las transacciones impresentables perpetradas por los más altos funcionarios del régimen, mientras sus voceros oficiales y oficiosos comparecen en foros blindados para asegurar que la delincuencia disminuye, que la economía crece y que ahora sí, por fin, se combatirá la corrupción.

El crimen de Iguala es para el régimen un golpe profundo y de efectos permanentes, por más que las movilizaciones de protesta hayan adquirido un ritmo pausado. A ese le siguieron dos más, igualmente demoledores: la revelación de las propiedades inmobiliarias de Peña y su esposa, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En ninguno de los tres casos el régimen y su aparato propagandístico han podido demostrar que las residencias de lujo hayan sido adquiridas sin conflicto de intereses de por medio, y en los tres las explicaciones ofrecidas, por insuficientes y omisas, han alborotado las suspicacias. El guión de las reacciones peñistas ante los sucesos de Guerrero se repite, en el escándalo de corrupción, paso por paso: del desconcierto a la altanería despótica, de la insensibilidad a la insolencia, del descontrol al cinismo como única actitud de control de daños. La designación de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública y la pantomima de resurrección de esa dependencia fueron a las casas de Las Lomas, Ixtapan de la Sal y Malinalco lo que la quemazón de Murillo Karam a Ayotzinapa: una tapadera inverosímil y mal construida para ocultar cosas que la sociedad ignora y que no resiste la prueba del análisis.

Luego vinieron las designaciones de Arely Gómez en la Procuraduría General de la República, en remplazo del quemado Murillo (directa), y de Eduardo Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte de Justicia (con escala formal en el Senado). En el plazo inmediato, esos movimientos de personal blindan al régimen, lo fortalecen y aseguran su impunidad, pero hacen evidente el entramado de sumisiones y codependencias entre algunos de los poderes reales de la Unión –el televisivo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en ese orden– y derriban, en consecuencia, la credibilidad de la fachada democrática tras la que se esconde un régimen autoritario que actúa a contrapelo de la legalidad, de los derechos humanos y sociales y de los intereses nacionales.


Los episodios críticos no se suceden: se acumulan y se concatenan. El agraviante desfiguro de Murillo Karam fue un intento de control de daños por el crimen de Iguala, y la esperpéntica designación de Andrade como investigador de su jefe y benefactor fue una reacción tardía y contraproducente a las revelaciones de las propiedades inmobiliarias sospechosas. Ante lo contraproducente del episodio, el régimen urdió el despido de Carmen Aristegui de MVS y pretendió justificarlo con pretextos pueriles para ocultar lo inocultable: que se trató de una venganza y de una advertencia para comunicadores insumisos y críticos.

Es cierto que, técnicamente hablando, la Presidencia no interviene en la asignación de contratos de obra pública (como los que han beneficiado a Grupo Higa, proveedor de tres de las cuatro residencias bajo sospecha) ni en las decisiones empresariales de los consorcios de telecomunicaciones. Pero en el curso de la actual administración el país asiste al ejercicio de plena recuperación de un Ejecutivo que ha estado dotado desde siempre de un montón de facultades metaconstitucionales, como se decía antes, y tales facultades pasan por inclinar las decisiones de los comités técnicos que oficialmente fallan en favor o en contra de un contratista determinado en los concursos, intervenir o influir en organismos formalmente autónomos, impulsar o vetar candidaturas (del PRI y de los otros partidos del régimen), y favorecer o perjudicar a empresas concesionarias, como hizo abiertamente Calderón en perjuicio de la misma MVS al quitarle (rescatar, se dijo) la banda de 2.5 Ghz, y como volvió a hacerlo dos años más tarde, en sentido contrario, Peña, al restituirle una parte de lo despojado. Echeverría no necesitó ser cooperativista de Excélsior para orquestar el golpe en contra de la dirección de Julio Scherer. Y la gente lo sabe.

El régimen no va a rectificar su rumbo, entre otras cosas, porque está atrapado en la paradoja del pánico a exhibir la debilidad propia, lo que lo lleva a emprender actos de poder absurdos que lo exhiben como trágicamente débil. Tampoco va a recomponerse, porque en los 27 meses transcurridos desde que Peña fue declarado presidente ha perpetrado agravios imborrables –y no pocos de ellos irreversibles, por desgracia– contra el país y su población. En el último tramo de ese periodo, desde el crimen de Iguala hasta la fecha, perdió la iniciativa, perdió el contacto que hubiera podido tener con el resto de la sociedad y ha perdido la confianza de buena parte de los capitales trasnacionales y nacionales a los cuales se debe. Aun así, es necesario seguirle exigiendo que cumpla con la obligación de esclarecer el paradero de los 43 muchachos que hace seis meses fueron víctimas de desaparición forzada en Iguala, que procure justicia contra los verdaderos responsables y corresponsables de ese crimen, y que pida perdón por los atropellos, las agresiones, las burlas, las mentiras, las irregularidades y las frivolidades en que ha incurrido, semana tras semana, día tras día, hora tras hora, desde entonces.

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Gran Bretaña: La guerra contra el narco, “fracaso miserable” de México.

LONDRES.- Marcada por la crisis de credibilidad y desconfianza que enfrenta su gobierno, la gira del presidente Enrique Peña Nieto sufrió hoy en territorio londinense un nuevo descalabro.

Desde el gobierno de Gran Bretaña y el sector empresarial, la guerra contra las drogas declarada por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por la administración peñista fue calificada de “un fracaso miserable”.

Así lo expresaron el empresario del grupo Virgin, Richard Branson, y el viceprimer ministro británico y jefe de los liberales democráticos Nick Clegg, quienes además pidieron una reforma a las leyes contra el tráfico de estupefacientes.

En el marco de la gira presidencial, ambos personajes consideraron que “la violencia a partir de las drogas se ha vuelto algo endémico” en muchas partes del mundo, incluido en México, país del que citaron las más de 100 mil muertes ocurridas desde 2006 cuando Calderón, vestido de militar, declaró la guerra al narcotráfico.

“El status quo es una farsa colosal”, agregaron, al pedir de forma conjunta despenalizar la posesión de drogas para uso personal, y que se someta a tratamientos, clases educativas o penas civiles a aquellos atrapados con estupefacientes.

Branson y Clegg hicieron el pedido durante una ponencia en el Chatham House, un conocido “think-tank” de Londres.

“Medido por cualquier estándar, la guerra global contra las drogas ha sido un fracaso miserable. El mercado criminal sigue creciendo, generando niveles inimaginables de ganancias para el crimen organizado”, agregaron.

Tanto Branson como Clegg destacaron que los esfuerzos para reducir la demanda “no han dado frutos”, en tanto que las bandas criminales “están haciendo negocios fenomenales”.

“El problema no va a desaparecer”, destacaron el empresario y el viceprimer ministro, al indicar que Gran Bretaña debería seguir el ejemplo de Portugal, que despenalizó el consumo de drogas en 2001, llevando a un declive los casos de adicción a los narcóticos.

“Los portugueses han permitido que los recursos sean desviados a los sistemas de tratamiento, con dramáticas reducciones en las adicciones, infecciones de VIH y muertes vinculadas a sobredosis”, afirmaron Clegg y Branson.

El jefe de los liberales democráticos fue incluso más lejos al indicar que si su partido gana por mayoría las elecciones generales de Gran Bretaña, previstas para el 7 de mayo, impulsará un plan similar al de Portugal, poniendo más énfasis en el sector de salud en lugar del judicial o penal.

Las declaraciones de ambos se conocieron poco antes que el primer ministro británico, David Cameron, reclamara al presidente Peña Nieto por la situación de derechos humanos y el sistema judicial en México, tras un almuerzo de trabajo en la residencia oficial de Downing Street, en la que el mandatario inglés afirmó de todos modos que la relación entre ambos países “es fuerte y se fortalece aún más”.

Luego de la tradicional foto protocolar fuera de la residencia londinense, Cameron dio la bienvenida a Peña Nieto a Londres, en el segundo día de la visita oficial de este último al Reino Unido.

“La relación entre Gran Bretaña y México es fuerte y se está fortaleciendo aún más”, declaró el mandatario británico.

“Vemos esto en nuestro comercio, en el número de estudiantes que vienen a estudiar, pero cada vez más en la cooperación entre el Reino Unido y México por temas como el cambio climático y la seguridad”, agregó.

Ambos gobernantes dialogaron además sobre una mayor cooperación en las áreas de petróleo y gas, sobre comercio, educación y seguridad. Se habló también sobre un planeado reemplazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, una mayor cooperación en Defensa y planeadas visitas a ambos países de militares de alto rango.

Por su parte, Peña Nieto dijo que espera que su visita al Reino Unido “de aún más fuerza” al fortalecimiento de una relación “muy productiva” entre ambos países.

Antes del almuerzo de trabajo, los dos gobernantes estuvieron presentes en la firma de una declaración conjunta de cooperación bilateral, a cargo del canciller británico, Philip Hammond, y de su colega mexicano, José Antonio Meade.

Durante la visita de tres días al Reino Unido, se firmaron una serie de acuerdos, incluyendo uno por 400 millones de dólares de inversión en México por parte del gigante de bebidas Diageo, que adquirió la semana pasada al grupo Tequila Don Julio.

Peña Nieto asistió en la noche del martes a un banquete de gala en el Palacio de Buckingham, residencia donde se hospeda desde el lunes junto a su esposa, la exactriz Angélica Rivera.

Durante la cena donde se sirvió cordero británico y que fue oficiada por la reina Isabel II de Inglaterra, hubo unos 170 invitados especiales, incluidos actores, empresarios, políticos, diplomáticos y miembros de la Familia Real británica. Una de las invitadas fue la actriz mexicana Salma Hayek, quien asistió junto a su esposo, el multimillonario empresario francés Francois-Henri Pinault.

Isabel II rindió homenaje a los “vínculos estrechos” entre el Reino Unido y México.

“Sentimos mucho orgullo de haber sido el primer país europeo en reconocer la independencia de México, país con el que nos unen vínculos de familia, amistad, comercio y cooperación internacional”, afirmó la monarca.

La Reina dijo además que ambas naciones “son socios naturales en muchos temas importantes de la agenda internacional actual”.

“Señor Presidente, su visita en este año importante es muy bienvenida. Estoy confiada que reforzará la cálida amistad entre nuestros dos países”, agregó.

En respuesta, Peña Nieto respondió que Isabel II “es fuente de identidad y unidad” para los británicos, como también “una figura clave para hacer que Gran Bretaña sea un protagonista global”.

Esta mañana, Peña Nieto participó de un desayuno de negocios en el Palacio de Buckingham junto al viceprimer ministro británico, Nick Clegg, antes de entrevistarse con el jefe de la oposición, Ed Miliband.

La visita presidencial al Reino Unido estuvo marcada por protestas y manifestaciones de activistas que repudiaron la llegada de Peña Nieto al país, y que reclaman por justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre pasado.

Cientos de personas se congregaron el martes frente a Downing Street para reclamar más justicia y esclarecimiento en el creciente número de casos de torturas en México.

Según Amnistía Internacional, la campaña del gobierno mexicano contra las drogas, que comenzó hace nueve años, ha dejado un saldo de al menos 100 MIL muertos y más de 22 mil desaparecidos.

En tanto, este miércoles se organizó un seminario sobre violaciones de derechos humanos y represión política en México, con especial énfasis en el caso Ayotzinapa.

La cita se realizó en el Centro SOAS de la Universidad de Londres, e incluyó a panelistas y expertos, entre ellos al parlamentario británico Jeremy Corbyn, que analizaron las causas por la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala.

La visita de Peña Nieto al Reino Unido tuvo mucha cobertura mediática en la prensa británica, donde se hizo mucho hincapié en la grave situación de derechos humanos que atraviesa ese país.

El Daily Telegraph publicó este miércoles un artículo titulado “¿Qué ocurrió con los estudiantes mexicanos desaparecidos y por qué esto importa? (What has happened to the missing Mexican students, and why does it matter?), una nota en la que afirmó que Peña Nieto “está en Londres para una visita de Estado de tres días, la cual podría ensombrecerse por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos”.

La visita presidencial de tres días culminará mañana jueves, e incluirá un viaje a la ciudad escocesa de Aberdeen, donde Peña Nieto tiene planeado reunirse con empresarios y expertos del sector petrolero.

 

Fuente: Proceso.

El adiós de José Mujica.

El presidente José Mujica agradeció ayer a su querido pueblo acompañarlo durante sus cinco años al frente del gobierno de Uruguay, en especial cuando se sintió solo.

"Querido pueblo, gracias por tu saber, por tus críticas, por tu cariño y, sobre todo, por tu hondo compañerismo cada una de las veces que me sentí solo en el medio de la presidencia", dijo el mandatario luego de recibir el pabellón nacional en el último acto protocolario que tendrá antes de entregar –mañana– el gobierno.

Rodeado por más de 2 mil personas, Mujica, acompañado por su sucesor, Tabaré Vázquez –quien asumirá el tercer mandato consecutivo de izquierda–, llamó emocionado con sus brazos a los presentes al finalizar su discurso. La gente reaccionó y en medio del desorden algunos lograron abrazarlo.

"Si tuviera dos vidas las gastaría enteras para llevar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar a lo largo de mis casi 80 años", agregó el saliente jefe de Estado, quien puso a Uruguay en el mapa con su estilo de vida austero, su constante prédica anticonsumista y, en especial, impulsando una inédita ley que reguló la mariguana.

No me voy, estoy llegando. Me iré con el último aliento, donde esté estaré por ti, estaré contigo porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo, concluyó Mujica, y el canto de Pepe no se vainundó la plaza Independencia, ubicada frente a la sede del gobierno.

 

De La Jornada.

Equipo Argentino revira a la PGR y tumba su “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.

 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) respondió a las críticas que le hizo la PGR este día por contradecir su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el grupo de expertos reiteró en entrevista*, que el gobierno interpreta las evidencias para que coincidan con su propia versión, a pesar de que la interpretación de la evidencia es más compleja.

El sábado pasado el equipo había manifestado que la PGR erró en 20 perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa enviados a Austria para ser identificados; omitió decir que el basurero –donde supuestamente fueron calcinados los 43 estudiantes– ha sido un lugar de quema desde hace cuatro años y que al menos contenía el cadáver de una persona que no es ninguna de los estudiantes.

También recolectó evidencias balística y tierra a espaldas del EAAF; dejó sin vigilancia el basurero, a pesar de ser un “sitio clave” para la investigación; sigue sin constar de dónde salió el hueso que corresponde al estudiante identificado Alexander Mora Venancio, “entre otras serias dificultades” mencionadas.

El EAAF había señalado en su informe que para dar conclusiones aún falta por procesar una cantidad importante de evidencia física que debe ser interpretada “en todas sus posibilidades” y con “rigor científico”, en vez de forzarlas para que coincidan con los testimonios de los supuestos asesinos que dan sustento a la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa presentada por el procurador Jesús Murillo Karam el 27 de enero pasado.

Esta mañana, Proceso pudo consultar a un integrante del equipo internacional de expertos designado por los familiares de los 43 para que participe con la PGR en las investigaciones, como coadyuvantes independientes.

La persona autorizada para hablar a nombre del equipo de 30 especialistas provenientes de ocho países (expertos en antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística expertos en fuego, genética forense, botánica y entomología forense) respondió a cada uno de los reclamos de la PGR.

“Peritos de las familias, no del gobierno”

La PGR destacó este lunes que “el Equipo Argentino de Antropología Forense en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en los hechos de Iguala y Cocula, ya que desde el primer momento se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución”.

Ante ello, el entrevistado por parte del EAAF puntualizó:

“Es obvio que somos los peritos por parte de las familias y no de la institución. Contamos con un papel legal firmado por las familias, solicitando legalmente el ingreso del equipo como sus peritos en la PGJ de Guerrero”.

Presencia en levantamiento de restos

La PGR resaltó hoy que “con relación al señalamiento de que el EAAF no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el río San Juan, se señala que no estuvieron presentes en el momento del hallazgo (que fue realizado dentro de una diligencia ministerial) a pesar de que les fue comunicado el inicio de la diligencia la noche anterior”.

El equipo argentino puntualiza que “ratificamos que no se nos avisó la inspección en el río San Juan. Estábamos trabajando en el basurero de Cocula y al momento en que lo hacíamos un ministerio público llegó a pedirnos que fuéramos porque ‘había una situación en el río que luego nos explicarían’. Llegamos y vimos los restos que decían que habían localizado. Lo otro, de que nos habían llamado para avisarnos, no es cierto”.

Según la PGR, “esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada (en el río San Juan) y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF.”

El equipo argentino aclara que “nadie cuestiona la validez jurídica de sus diligencias, nosotros lo que decimos es que no presenciamos el momento del hallazgo de los restos y, a pesar de nuestras peticiones, hasta ahora tampoco nos fue mostrado el documento firmado por los marinos que los localizaron”.

Cadena de custodia

“Con relación al señalamiento del EAAF, respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el río San Juan (en referencia al papel que debieron de haber entregado los buzos marinos que hallaron los restos), la PGR señala que el EAAF no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético, además de que la cadena de custodia fue iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación que condujo la diligencia quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, por lo que la PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia rebasa con creces su función de peritos habilitados”.

La EAAF subraya que “nosotros sí firmamos todas las cadenas de custodia de las diligencias en las que sí hemos estado presentes”.

Expertos en balistica

En su comunicado de este lunes, la PGR advierte: “Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del basurero de Cocula, el 15 de noviembre, se señala que el EAAF no fue convocado, lo cual es correcto, dado que NO se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera antropología, criminalística y genética dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes”.

Ante ello, el EAAF sostiene que “nosotros tenemos un área de criminalística en la que típicamente está incluida balística. Incluso uno de los integrantes es uno de los expertos en balística muy experimentado y fue por más de una década jefe de balística de la morgue de uno de los países más violentos. Esta persona tuvo reuniones con los expertos en balística de la PGR en sus laboratorios y participó con la PGR en la recolección de evidencias durante toda la primera etapa del trabajo en el basurero de Cocula, hasta que decidieron actuar por su cuenta. Otra duda que salta es ¿cómo sabía la PGR que iba a encontrar balas en esa inspección y que era innecesario invitarnos? En esa diligencia no sólo levantaron balas, también muestras de tierra que corresponden al área de criminalística”.

El cierre del basurero

La PGR admitió hoy que “respecto del resguardo del sitio, efectivamente, una vez que se habían concluido los peritajes en el basurero de Cocula, de común acuerdo los miembros del EAAF y los peritos de la Procuraduría General de la República determinaron que ya no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación; por tal razón pudieron acceder al sitio medios de comunicación y familiares; cabe recordar que dicho lugar fue localizado después de un mes de sucedido el evento criminal. Sin embargo, su petición de volverlo a resguardar fue atendida, y los días que no se contó con seguridad en el lugar no representan ninguna afectación al resultado de la investigación.”

El EAAF responde a esta cuestión que “no es correcto que hubiera habido un acuerdo común para dejar el basurero sin vigilancia; al contrario: tardaron por lo menos 20 días en volver a cerrar el basurero que estaba abierto al público cuando recogieron las evidencias balísiticas y muestras de tierra. ¿Cómo saber que no afectó a la investigación? Nosotros reiteramos lo dicho sobre la importancia de mantener cerrado el sitio por ser un lugar clave para la investigación”.

Llegada al basurero

Cabe hacer mención, advierte la PGR, “de que quienes llegaron primero al lugar (al basurero de Cocula) fueron los miembros del EAAF, y quien los recibió fue el procurador general de la República, dándoles en todo momento las facilidades para realizar su trabajo inmediatamente, incluyendo dos helicópteros permanentemente a su disposición.”

Sin embargo, precisa el equipo argentino, “cuando llegó el EAAF estaba el procurador, Tomas Zerón, una perito en antropología y mucha gente de seguridad. Cuando llegamos había ya todo un operativo”.

Errores en perfiles genéticos

La PGR planteó este día que “respecto de las diferencias encontradas en 20 de 134 perfiles genéticos tomados a los familiares y enviados a la Universidad de Innsbruck por parte del EAAF y la PGR, se señala que este error administrativo de trascripción fue detectado y corregido en menos de 24 horas, y no afectó el resultado de ninguna de las 17 muestras enviadas, incluyendo la que dio positivo al perfil genético de uno de los estudiantes, por lo que es inaceptable la aseveración de que ‘no hubo una explicación clara al respecto’. Aclarando también que corregida la inconsistencia, los 134 registros genéticos correspondientes a familiares podrán ser utilizados en futuras comparaciones”.

EAAF: “La PGR no dijo nada ni presentó dictamen sobre el error hasta que nuestro equipo detectó y expuso las diferencias varias semanas después de que las muestras habían sido enviadas. Hasta entonces reconocieron el error. Escribieron a Innsburck para notificarlo el 19 de enero, un mes después. Todavía la semana pasada cuando solicitamos estas correcciones nos dijeron que ya pronto los sumarían.

“El problema es que haya errores: hay errores de tipeo y otros más profundos. No todos los marcadores genéticos enviados por la PGR pudieron ser contrastados por el EAAF, porque el laboratorio que utilizamos y el que utiliza la PGR tienen 24 marcadores. Y el nuestro usa 16 de eso 24 marcadores. Chequeamos las diferencias entre los 16 marcadores que comparten los dos laboratorios, pero no los ocho restantes que usa la PGR, y que no sabemos si también incurrieron en otros errores que pudieran imposibilitar algunas de las identificaciones. Por eso, si no se limita a los 16 marcadores que sí pudimos verificar ya corregidos, no pueden asegurar que no afecta a futuras identificaciones de restos”.

Incendios y evidencias atemporales

La PGR argumenta en su comunicado de este día: “Respecto de la aseveración realizada en el comunicado (del EAAF) en la que señalan que ‘la PGR presentó conclusiones sobre la evidencia física recolectada en el basurero de Cocula, interpretándolas como perteneciente a un solo evento de fuego que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014’, en la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015 (de Murillo Karam), se señaló que se encontraron tres zonas con ceniza dentro del basurero, haciéndose también la indicación del punto de origen del incendio e inclusive se señaló que el área principal de fuego abarcó 140 metros cuadrados en una superficie cercana a los 15 X 9 metros.

“La Procuraduría General de la República señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa referida (sobre la pira fúnebre en el basurero), y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría”.

El EAAF aclara a la PGR: “Una cosa es decir que encontraron ‘tres zonas de ceniza’ en ese terreno y otra distinta es asegurar cuándo ocurrieron esos incendios. Ellos hablan de un tema espacial y no incluyen el factor cronológico; las imágenes satelitales que incluimos muestran que desde el 2010 el basurero ha sido lugar de incendios. La PGR no indica esos tres focos de ceniza a qué incendios corresponden y los presenta así en la conferencia sobre Ayotzinapa.

“¿Cómo están seguros de que el aluminio fundido presentado, por ejemplo, forma parte de los hechos del 26 y 27? Esa es una interpretación unidireccional. ¿Cómo se relaciona lo hallado con los eventos? ¿Cómo establecieron que eso se quemó esa noche si en ese lugar se quemaba permanentemente basura?

Temporalidad vs territorio

En la rueda de prensa en la PGR del 27 de enero, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, afirmó: “Durante la investigación se han realizado 487 dictámenes periciales en distintas especialidades que soportan y validan científicamente cada parte de la narrativa de los hechos, destacando los que a continuación se describen: Dictamen químico mediante el cual se hicieron los siguientes hallazgos: 1. Residuos de diesel y gasolina en el suelo del basurero de Cocula. 2. Tres zonas con ceniza dentro del basurero. 3. Rocas con impacto térmico. 4. El punto de origen del incendio. 5. Residuos diversos con alto grado de deterioro por el fuego. 6. Aluminio fundido (principalmente latas) por la exposición al calor intenso. 7. Fragmentos de llantas con huellas de carbonización, así como residuos característicos de neumáticos. 8. Afectación del fuego sobre diversos restos óseos humanos. Todas estas características se encontraron en los restos del basurero y en río San Juan.

“Dictamen Biológico que indica que las plantas fueron afectadas por el calor en la zona y registran un crecimiento posterior al incendio, de treinta días de antigüedad al momento de ser realizado, con correspondencia a la fecha del incendio.” Y por cierto este fue uno de los puntos que refutó el equipo argentino en su comunicado del sábado 7.

Sobre este asunto, el comunicado de hoy de la PGR señala: “El EAAF emite un criterio aislado (al señalar que ‘los elementos tomados como diagnóstico por la PGR –aluminio, vidrio, dientes, etcétera– en su interpretación de la evidencia recogida en el basurero pueden corresponder a otros hechos ocurridos en otro tiempo). La PGR señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa referida, y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría”.

El EAAF acota que “debemos conocer el dictamen para poder opinar”.

Mandíbula encontrada

PGR: “Las prótesis dentales halladas en el basurero de Cocula son parte de las evidencias aún en estudio. Según el EAAF, dichas prótesis no corresponden a ningún estudiante, sin embargo, la PGR es puntual en manifestar que no cuenta aún con historial físico, médico o dental de los estudiantes, porque ni los familiares ni el EAAF los han querido aportar a la investigación, razón por la cual no se puede confirmar o desestimar que dichos restos dentales pertenezcan o no a alguno de ellos.”

EAAF: “Si la PGR no tiene datos ante mórtem es algo que excede al EAAF porque fue decisión de las familias. En el análisis minucioso salió la mandíbula con las prótesis dentales. Esto significa que hay restos de otras personas, más allá de los normalistas, lo que puede implicar otras temporalidades. Con la evidencia física que estamos obteniendo se puede saber si tienen relación con el evento que estamos investigando, si parcialmente tienen relación, si eso ocurrió a una parte de los estudiantes y no a todos o si les ocurrió a todos; se abren muchas posibilidades. Por eso insistimos todo el tiempo en no interpretar evidencias unidireccionalmente, pues hay más de 200 personas desaparecidas en Iguala, la mayoría hombres. Mientras no se encuentre algo conclusivo o se pueda recuperar el ADN, no es posible asegurar que los restos del basurero correspondan a los 43 normalistas”.

Tras terminar de exponer cada punto, el experto entrevistado volvió a reiterar la invitación que se ha hecho a la dependencia que encabeza Murillo Karam: “Hacer una junta de peritos entre nosotros y los forenses de PGR para analizar y comparar los resultados alcanzados”.

*Nota para el lector: La entrevista con el representante del Equipo Argentino fue realizada en persona bajo una condición: permiso para revisarla por las cuestiones científicas que maneja. En este caso, y de manera excepcional, la condición fue aceptada. Además, el procurador Jesús Murillo Karam sigue sin atender la petición de entrevista de Proceso sobre el caso Ayotzinapa.