Las más de 400 desaparecidas en el EdoMex. Niñas, adolecentes.

 Edomex.- Este ha sido un año de sentimientos más intensos que el terror. Todos los días y, a cualquier hora se registran desapariciones de niñas-adolescentes. Hasta hoy la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) reconoce 400 casos, aunque la impresión general es que existen más en el cinturón inhóspito que forman los municipios de Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Los testimonios de familiares de las víctimas coinciden por separado en un nuevo esquema que han utilizado las bandas criminales para enganchar a las niñas de formas inmaduras a través de redes sociales. Pareciera una extraña versión, pues es evidente que las desapariciones forzadas o secuestros han estado ahí durante años.

Claudia Rodríguez García, madre de una adolescente relata la desgracia que sufrió su familia con la desaparición de Karla Patricia Aguirre Rodríguez una mañana soleada de otoño.

“Ella desapareció un día domingo en la mañana, no sé si fue 15 ó 16 de noviembre, pero fue un día domingo… pido que nos ayuden, si saben algo de ella”, exclama afligida por el desasosiego que tenía entonces al no saber el paradero de su hija.

Karla vivía con su familia en la Unidad Habitacional Valle de Ecatepec. Ella salió de su casa sin avisar a nadie de su partida el pasado 16 de noviembre.

La historia de Karla parece ligada a la de muchas adolescentes que han desaparecido dejando una carta a sus padres con una frase recurrente. ‘No me busquen’, una ausencia que ha resultado inexplicable para las familias.

Las cartas han servido de pretexto a la ineficiencia de la PGJEM que no ha logrado frenar la lluvia de desapariciones forzadas.

La Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) registra entre sus estadísticas 400 casos de adolescentes desaparecidas en 2014. Todas, son originarias de Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl

Dilcya García subprocuradora de la PGJEM contra la Violencia de Genero, confirma la estadística fría de adolescentes entre 12 y 17 años desaparecidas.

” 400 que en este momento no se encuentran localizadas y que estamos buscando”, dice.

¿De este año?

“De este año”, afirma.

La hipótesis de la PGJEM para estos casos ha sido que los delincuentes utilizan las redes sociales para contactar a las adolescentes y posteriormente llevarlas a otras entidades.

“A través de las redes sociales, del Facebook, de diversos chats públicos, Xbox. Así empiezan a cazar a su víctima para diversos fines.

“Puede ser, por supuesto para trata de personas, puede ser un fulano, obsesivo, loco, que quiere involucrarse sentimentalmente con una persona, puede querer la venganza de algún familiar de esa adolescente.

“Puede ser captada por temas de narcotráfico”, afirma.

De las 400 niñas desaparecidas este año ¿cuántas han sido contactadas a través de redes sociales?

“Te digo que yo creo que al menos el 70 por ciento”, asegura.

Para, García no existen dudas que las redes sociales ahora juegan una mala pasada a las familias de las víctimas. Algo que parecía un ocio menor sin riesgo se ha convertido en una trampa mortal para ellas.

“Dentro de las redes sociales, se encuentra toda la vida de los chavos… meten todo, entonces ahí, puedes ver cuales son sus necesidades, cuales son sus sueños, cuales son sus carencia.

“Quienes buscan captarlos a través de redes sociales, empiezan a estudiarlos, hacen un entorno social de manera paciente e incluso empiezan a proveer diferentes discursos con ellos, hasta que encuentran el adecuado que los va a atrapar.

“Terminan creyendo que se están yendo por su voluntad, cuando en realidad su voluntad esta absolutamente viciada a través de un tema de sometimiento.

“Creen en muchas ocasiones que van a cierta realidad que les pintaron y en realidad van a otra por completo”, deduce García.

Las redes han interrumpido la inocencia de medio millar de niñas en esta empobrecida y abandonada región de la entidad que recibe el mayor presupuesto del País. Los padres examinan las cartas y cada una de las cosas que dejaron las adolescentes en busca de huellas o pistas en su desesperación por recatarlas.

“Nos dijo que le habían ofrecido un trabajo, en el cual era de edecán y demostradora, por su cuerpo que tenía, le quedaba muy bien ese trabajo, que le iba a ir muy bien.

“Por toda la situación que se estaba presentando le dijimos que no hiciera caso a los mensajes ni nada, porque era mentira y que muchas veces se las llegan a llevar con mentiras.

“Encontramos una carta en la mesa en la que escribió: que, ella se iba porque le habían ofrecido un trabajo, que era un cambio de vida para bien, nos dijo que no hiciéramos escándalo ni nada, que ella se iba por su propia cuenta”, recuerda abatida Claudia Rodríguez García.

Eso, abrió más dudas a los padres que decidieron emprender la búsqueda de Karla usando redes sociales. A través de su cuenta de Facebook enviaron un mensaje para alertar sobre los peligros que corría.

Para su sorpresa, recibieron una grabación con la voz de Karla.

“Bueno, papá pues no te preocupes. Mira, yo estoy bien, ya llegue a Morelos, pues estoy muy bien, la verdad, aquí, me están tratando bien y pues eso de que es prostituta y edecán y que me fui a Tijuana no es cierto, es Morelos, papá.

“Y por favor ya dejen de hacer escándalos, tarde o temprano los voy a ver… Si Dios me lo permite, por favor déjenme vivir mi vida en paz”.

Claudia García Rodríguez reflexiona sobre el mensaje. “Siento que es una persona que la manipula, ella no respondería de esa forma a sus padres, aunque para nosotros era importante saber que seguía viva”.

Los padres continuaron bajo su cuenta y riesgo—sin apoyo de las autoridades— la búsqueda de Karla hasta dar con su paradero en una casa en Naucalpan, Estado de México.

Un hombre la mantenía retenida a la espera de poder trasladar hacia la frontera norte del País. El delincuente escapó, mientras Karla se reencontró con su familia.

Pero más allá de ese caso excepcional, el resto de las familias siguen teniendo un hueco abierto en las casas a la espera de sus hijas. Esa es la historia de Syama Paz Lemús de 16 años de edad, igual de dolorosa que la de Karla.

Ella desapareció un día lunes 27 de octubre. Vivía con sus padres y abuelos en la colonia Polígono 2, en el municipio de Ecatepec, a 6 kilómetros de distancia de la casa de Karla.

“El día 27 de octubre a partir de las 5 de la tarde ya no tuve contacto con mi hija.

“Llegamos a casa, ella no estaba, la empezamos a buscar, empezamos a llamar a amigos, nadie sabía absolutamente nada de ella.

“Ella deja una nota en la que dice que se va por su voluntad, pero que no la busquemos, porque no la vamos a encontrar”, narra Neyda Lemus Cisneros.

Syama tenía una cuenta en Facebook y gustaba jugar Xbox durante largas horas, nunca descubrió el fondo de las sombras, ni que quienes seguían su perfil eran en su mayoría de hombres.

“Nos había comentado de una amenaza, de que había tenido amenazas por vía de Facebook, primero y después por Xbox.

“Parece ser que bloquearon a esta persona en Facebook. Después la vuelve a contactar por el Xbox, a lo que ella guarda algunas conversaciones del Xbox, en un archivo, las amenazas están muy, muy, fuertes, en el aspecto de que le decían, que sino se iba con esta persona, la iba a hacer pagar, que se iba a arrepentir”, denuncia Neyda Lemus Cisneros.

Syama cursaba el cuarto semestre en la vocacional 3 del Instituto Politécnico Nacional en Ecatepec, debido al paro de labores en su escuela permanecía sola en su casa, pues sus padres y abuelos salían a trabajar.

“Las versiones de los vecinos es que un carro se estaciona afuera de la casa, se baja un chico, todo de negro, pero con la cara cubierta, tocan pero no se percatan si esa persona entra o que pasa con ella.

“Después de unos minutos, otra vecina ve que abren la puerta y que ya estaba afuera un carro estacionado, al momento de que abren, sacan dos bolsas negras grandes y a mi hija la sacan por el otro lado.

“A mi hija se le escapa la perrita, no sé cómo estuvo, me dicen los vecinos, ella la quiere alcanzar, la alcanzan y la meten al carro, ya de ahí nadie sabe decir absolutamente nada”, comenta.

La cuenta de Facebook de Syama fue desactivada luego que la familia interpuso una denuncia y se echó andar la Alerta Amber; su pérdida ha enloquecido de dolor a sus padres.

Los familiares han pegado su fotografía en las calles para solicitar información sobre su paradero, en esa búsqueda han encontrado a otros padres que arrastran un sentimiento más intenso que el terror.

“Hemos sabido de dos niñas que también no están en sus casas, parece ser que fue el mismo modo, e igualmente sus cuentas de Facebook están bloqueadas”, comenta Neyda Lemus Cisneros.

¿Qué similitud tienen con el caso de Syama?

“De que dejaron o llamaron a sus casas diciendo que no las busquen porque ellas van a estar bien, es lo mismo que termina la nota de mi hija, es lo mismo que nos han dicho las mamás de estas personas, que no las busquen, o que les han llamado que no las buscan, voy a estar bien”, frunce el rostro con una eterna amargura.

En una marcha, en Ecatepec, Neyda Lemus Cisneros conoció a Genoveva Ortiz, quien busca a su hija Alizet de 14 años de edad. La adolescente estudiaba en el Distrito Federal.

“Se desapareció mi hija, de la escuela ya no regresó, y hasta ahorita sigo sin saber de ella y pues la estoy buscando porque necesito saber en donde está y con quien está.

“Estudiaba tercer grado de secundaria y a diario salíamos de aquí de casa para irnos a trabajar. Yo trabajo y ella a la escuela y de regreso nos veníamos las dos, raramente ella se adelantaba para tirar la basura o avanzarle a su tarea”, asegura Genoveva Ortíz.

Alizet desapareció el pasado 3 de noviembre, ese día, ella se regresó sola a su casa, en la Colonia 19 de Septiembre, en Ecatepec, a 12 kilómetros del perímetro del domicilio de Syama. Desde entonces su familia no ha tenido tranquilidad.

“Me encuentro un cuaderno con una nota nada más, en donde me dice que se va y que no la busque. Más bien pienso que estaba amenazada porque unos 15 días antes yo la noté triste y trate de acercarla a mi pero estaba negativa, muy negativa.

“Yo me acercaba a ella cuando estaba en la computadora y cerraba las ventanas, no, nos permitía ver, con quién se comunicaba”, dice Genoveva Ortíz.

Genoveva interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México, del Distrito Federal y de la General de la República y ninguna instancia ha emitido una Alerta Amber para agilizar su búsqueda.

Ella mantiene un vilo de esperanza, recurrió a redes sociales para tratar de ubicar su paradero, pero en su mente también existe un presentimiento oscuro sobre el destino de su hija.

“El Facebook hasta ahorita no lo podemos abrir porque no nos permite el acceso”, señala Genoveva Ortíz.

Las organizaciones no gubernamentales han detectado que las adolescentes desaparecidas tienen historias y aspectos físicos similares.

Para David Mancera Figueroa, presidente Solidaridad con las Familias, Ecatepec, las bandas del crimen organizado seleccionan el perfil de las víctimas antes de las desapariciones forzadas.

“Son niñas morenas, delgadas, ojos grandes, pelo semi largo a la espalda o al hombro, delgaditas, traen un patrón en el que están desapareciendo a las niñas.

“Estamos hablando de una red de trata de personas y trata de personas en todas las modalidades”, indica.

En este inhóspito cinturón del Estado de México, los ojos de las muertas parecen observar a los vivos. Ahora brotan cuerpos mutilados de mujeres en el Canal de la Compañía que pasa por Ecatepec.

La Procuraduría de Justicia del Estado de México reconoce que en el dragado del Rio de la Compañía han sacado restos humanos. La mayoría mujeres.

¿Cuántos corresponderían a humanos?

“Hasta este momento los que nosotros tenemos como presumiblemente, pudiesen llegar a ser humano, son 31. Todavía nosotros en este momento, no podemos saber si son de hombres, si son de mujeres, si son de una persona o son de varias porque esto nos lo va a machar directamente el ADN”, justifica Dilcya García, subprocuradora contra la Violencia de Genero.

¿De los restos óseos que encontraron en el gran canal ya identificaron a uno?

“Solo a uno, solamente a uno, pero esto nos da la esperanza de que vayamos a identificar a alguien más”, alega García.


Parece que la ley en el Estado de México resulta un asunto tedioso para los funcionarios, mientras que las familias buscan día tras día sin descanso, y sueñan noche tras noche como evitar que la oscuridad eterna caiga sobre las niñas-adolescentes desaparecidas.

 

Fuente: Notinfomex.

Quita un anuncio. Guía ciudadana 2015.

En México hay tres clases de basura: orgánica, inorgánica y electoral.

Juan Villoro.

Todos los días suelo recorrer la ciudad en mi bici. En las últimas semanas al tiempo que el gobierno se aprestaba a dar carpetazo al caso Ayotzinapa, fueron apareciendo rostros sonrientes impresos en plásticos colgados en postes, árboles y hasta en semáforos. En el DF acompañan a esas sonrisas frases huecas que rayan en la estupidez; “Pienso en ti”, “Sigamos Juntos”, “Contigo”, “Tú eres”. La mayoría que provienen del mismo partido que gobierna el estado dónde desaparecieron a nuestros normalistas. Plásticos que son, en sí, la prueba perfecta de la distancia que existe entre los problemas del país y la clase política.

Me sumo a la indignación que provocan y propongo, entre otras acciones, que la quitemos. Daré una serie de argumentos más adelante. Como contexto mencionaré que hace tres años mientras los partidos llenaban de basura nuestras ciudades leí en twitter el llamado a #QuitarUnAnuncio (El primer tuit) y publiqué una guía.

Tras acciones espontáneas se generó un movimiento ciudadano muy divertido. Algunos líderes de opinión de todos los espectros políticos como Sergio Aguayo, Guillermo Sheridan y Juan Villoro  se sumaron a miles de ciudadanos en la reacción contra la propaganda.

Otros colectivos  llamaron a intervenir los anuncios políticos como una crítica mordaz y divertida a tal propaganda. Mención especial merecen el grupo de artistas impulsados por mi querida Paola Galleta, quienes incluso realizaron una exposición de objetos e instalaciones producidos por creadores, diseñadores y artistas con base en la propaganda.

En alguna medida este movimiento logró que al menos la legislación general en materia electoral, mejorara al menos en este aspecto. En el DF redactamos y  propusimos una reforma legal para clarificar le ley local que decididamente contó con el apoyo de Manuel Granados líder de la Asamblea Legislativa, (al menos, mientras duró esta foto). La legislación en el DF nunca cambio para bien, empeoró. En el 2013 llamamos a denunciar la propaganda de Manuel Velasco que inundó todo el país.

A pesar de todo ello, esos rostros han aparecido una vez más y creo que debemos bajarlos. Es claro que hay temas urgentes que merecen nuestra atención, por ejemplo terminar con el pacto de impunidad de los políticos, pero teniendo eso en mente las acciones de transformación pueden adoptar diferentes y variadas formas, entre ellas una simple, liberar nuestra calle de su propaganda. Al actualizar la Guía de 2012. Llamo una vez más a #QuitarUnAnuncio.



Guía Ciudadana 2015

Advertencia. Esta guía se refiere a la propaganda política de candidatos a puestos de elección popular de la federación. Recordemos que la reforma política de 2014 modificó las normas electorales de las elecciones desde la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos. Estas leyes prohíben la propaganda política en vía pública y la permite, solo por excepción en pocos lugares de uso común. El art. 250 es muy claro:

Artículo 250.

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:



a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.

Existe un debate sobre si la regla contenidas en los arts. 209.4 y 211.2 de la LGIPE que dispone que toda la propaganda de precampaña y campaña debe imprimirse en materiales textiles, aplica para toda elección, sea local o federal, porque están dentro de las reglas generales para las elecciones. Es deseable hacer un análisis estado por estado para ver el caso de la propaganda para candidatos a Gobernadores, Congresos Locales y Municipios en las leyes locales, ya que algunas legislaciones pueden permitirlo. En tanto, podemos empezar a quitar aquella propaganda de precandidatos y candidatos al Congreso de la Unión, aquí los pasos:

 1.       Identifica la propaganda ilegal.

De la lectura del artículo 250 de la LGPIE se desprende lo siguiente:

¿En qué lugares no está permitido colocar propaganda?

Árboles
Áreas verdes
Semáforos
Puentes y bajo puentes
Casetas telefónicas
Postes de luz y alumbrado
Postes de telefonía.
Paradas de autotransporte
Señalamientos viales
Buzones de correo
Monumentos históricos
Propiedad privada sin permiso
¿En dónde si?

Bienes de uso común propiedad del gobierno (sobre todo bardas y mamparas).
Vallas y anuncios espectaculares con premiso en regla
Bardas y en general propiedad privada con permiso del dueño.
2.   Quita un anuncio y sube tu foto a la red.

Normalmente los pendones y mantas están fijos con cordones o alambre, por lo que necesitarás unas tijeras y unas pinzas para cortar estos materiales. Puedes tomar una foto del antes y una del después como ejemplo de cómo mejora el ambiente urbano sin estos anuncios. No olvides registrar el lugar y la fecha. Puedes formar brigadas, además de que es más seguro, resulta más divertido.

Mucha de la propaganda está colocada cerca del suelo, por lo que un banco o escalera es suficiente. No hay basura que merezca que arriesgar tu integridad. Para lugares más altos usuarios de twitter han recomendado algunas herramientas útiles y accesibles. Si alguien defiende esa propaganda es mejor retirarnos.

3.   ¿Qué hacer con los materiales?

Hay dos opciones. Puedes reciclar este material, aquí una lista de centros. Puedes depositarla en la basura ya que los mismos trabajadores del servicio de limpia, harán el reciclado.

4.       ¿Puede alguna autoridad detenernos?

Lo ilegal no es quitar esta propaganda, lo ilegal es ponerla en lugares no permitidos. No existe infracción cívica o delito que castigue el retiro de propaganda electoral de lugares prohibidos o fuera del tiempo de campaña. Por lo tanto la policía y ninguna otra autoridad puede intervenir. Solo cuida no obstruir los pasos peatonales y la vialidad cuando la retires así como no dejar la basura en la calle. Cualquier incidente estaremos pendientes en twitter y en la cuenta de @QuitaUnAnuncio para asesorales.

Personalmente quitaré todo tipo de propaganda como un acto simbólico de resistencia civil frente a la actual clase política. Hay quienes han llamado también a pintar sobre la propaganda una leyenda que recuerde a nuestros 43 normalistas desparecidos por el Estado. Me gusta. Lo que creo que no es opción, es cruzarnos de brazos frente a esas sonrisitas plásticas.

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/opinion/06-02-2015/31537

SEDENA debe revelar fotos y bitácoras del caso Ayotzinapa: IFAI.

 El Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos (Ifai) discutió por primera vez el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Guerrero, por el que un ciudadano interpuso un recurso de revisión, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional negara una solicitud de información en la que se le pedía los registros fotográficos y escritos de la intervención del Ejército, durante los eventos de la noche del pasado 26 y 27 de septiembre, en Iguala; además de las bitácoras de acción de militares en este asunto.

El comisionado Joel Salas expuso que el sistema Infomex tiene registro de 93 solicitudes de información relacionadas con el caso Ayotzinapa. De ellas, más de la mitad de dichas solicitudes (el 68%) han sido realizadas a la Sedena, Presidencia, Secretaría de Gobernación, y a la Procuraduría General de la República. Seis de éstas ya han derivado en recursos de revisión.

Uno de ellos es el de un ciudadano que pidió información sobre la participación de militares en el caso, la cual le fue negada.

El comisionado Salas indicó que en cuanto a las fotografías y registros, existen indicios sobre la presencia de elementos del Ejército Mexicano para tomar conocimiento de los hechos en el Hospital Cristina. El tercer informe de actividades del grupo de trabajo plural del Senado para el seguimiento de las investigaciones indica que dentro de las actividades realizadas por la PGR, se encuentra el haber recabado declaraciones de testigos sobre la presencia del Ejército Mexicano. Además, en cumplimiento al Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza, los militares deben rendir parte diariamente de las novedades de su jurisdicción o inmediatamente cuando así se amerite.

En cuanto a la bitácora e informes, Salas aclaró que la solicitud no se limita al día de los hechos, sino a toda la documentación relacionada con el trágico suceso que pudiera tener la Sedena. Cabe mencionar que dicha secretaría colaboró en la búsqueda de los desaparecidos.

“Ningún hecho violento ocurre sin dejar huella. El acontecimiento en sí mismo y el análisis jurisdiccional del recurso evidencian la importancia de garantizar el derecho de acceso a la información pública para el devenir democrático del país. Se ha materializado la violencia, la corrupción y la falta de efectividad en las acciones de los gobiernos; se ha desencadenado lo que hace tiempo no sucedía, que miles de ciudadanos salgan a las calles del país para exigir al gobierno respuesta, resultados, justicia y verdad”, dijo el comisionado Salas.

“El pacto democrático entre la sociedad mexicana y sus gobernantes se ha debilitado. Es indispensable que el principio constitucional de máxima publicidad permita reconstruir la relación entre autoridad y ciudadanía, y así que la brecha entre estos dos se reduzca”, sostuvo.

El acontecimiento de Ayotzinapa moviliza a quienes entienden que se interrumpió el curso del país… Buena parte de la sociedad mexicana y la comunidad internacional se solidarizó con las familias de los estudiantes y mantiene la exigencia al gobierno federal para rendir cuentas de la investigación, al tiempo que advierte una fractura en el contrato social entre ciudadanía y gobierno”, apuntó.

La propuesta para revocar la negativa de la Sedena, para brindar información sobre el caso, fue avalada por el pleno del Ifai.

Con ello, se instruye a la Sedena a “que realice una búsqueda exhaustiva de las fotografías y registros que tomaron elementos del ejército mexicano a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, así como de las bitácoras y todos los informes de los hechos sobre la desaparición de los normalistas y entregue al particular una versión pública, en su caso, en la que clasifique únicamente aquellos datos personales que no han sido ya publicados por las autoridades investigadoras. La búsqueda no podrá omitir al Estado Mayor de la Defensa Nacional y a los Batallones y Zonas Militares que hayan acudido a tomar conocimiento de los hechos, así como que hayan participado en reuniones y grupos de trabajo, con motivo de las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero, el 26 de septiembre de 2014″.

 

Verdad oficial sobre Ayotzinapa no convence al Parlamento Europeo.

 

La ‘‘verdad histórica’’ del gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no convenció a la totalidad de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que no sólo condenó la tardía intervención oficial en Iguala y cuestionó la veracidad de las investigaciones, sino exigió a las autoridades mexicanas ‘‘no dar por concluidas’’ las pesquisas y propuso que parte de los recursos que la Unión Europea destina a México se utilicen en una investigación independiente, así como para la protección y apoyo a los familiares de los normalistas y a sus abogados.

La mañana de este jueves, en medio de una ligera nevada, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, madre y padre de dos de los estudiantes desaparecidos, llegaron hasta la sede del Parlamento Europeo tras reunirse esta misma semana con el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en Ginebra. Fue la primera vez que los parlamentarios escucharon una voz y versión distinta sobre Ayotzinapa a la de los funcionarios del gobierno mexicano.

‘‘El gobierno nos ha mentido’’

Lejos de las cifras, datos, propósitos y compromisos oficiales, Hilda y Bernabé, como lo han hecho desde hace casi cuatro meses en muchos foros, compartieron con los eurodiputados el dolor por los hijos desaparecidos, la rabia ‘‘por las mentiras’’ de un gobierno ‘‘que nos sigue reprimiendo, mientras les dice a todos que nos apoya’’ y la permanente esperanza ‘‘de encontrarlos vivos’’, en un salón de sesiones que, como comentó Ulrik Lunacek, vicepresidenta del Parlamento Europeo, estaba ‘‘inusualmente’’ concurrido.

La ‘‘terrible historia de la barbarie de Iguala’’ hizo que más de uno de los parlamentarios bajara la mirada. El relato, que ‘‘sigue siendo incomprensible, inexplicable en ésta, como en cualquier parte del mundo’’, hizo que otros, como Javier Couso, de Izquierda Unida, contuvieran el llanto: ‘‘Mi familia también fue víctima y además muchos de los diputados que están aquí les mintieron, mostraron entonces la misma doble moral que el Parlamento Europeo mostró ahora con México’’, explicó más tarde.

Hilda y Bernabé rechazaron el informe sobre las investigaciones presentado por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; subrayaron ante los eurodiputados que el gobierno mexicano ‘‘nos han mentido desde el principio y lo sigue haciendo’’; dijeron que se debe investigar al Ejército Mexicano, a sus integrantes, ‘‘a quienes los estudiantes les fueron a pedir ayuda, pues la zona militar se encuentra a 300 metros del lugar de los hechos y en lugar de auxiliarlos los soldados los amenazaron con desaparecerlos’’.

También cuestionaron que ‘‘no hayan investigado al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, que algo debe de saber, pues con anterioridad hubo ya asesinatos y desapariciones de otros estudiantes y ahora, como si no hubiera pasado nada, quiere poner a su hijo como alcalde (de Acapulco)’’. Destacaron que en su búsqueda por encontrar a sus hijos, ‘‘hemos sido reprimidos por el mismo gobierno que les dice a ustedes que nos apoya, pero que en realidad nos agrede mandándonos a sus granaderos. ¿O qué tienen que hacer los granaderos en la Montaña, cuando vamos nosotros a informar a las comunidades?’’

Una y otra vez aclararon que desconfían de las investigaciones del gobierno, ‘‘no creemos en este gobierno’’, y pidieron apoyo a los parlamentarios ‘‘para que presionen al gobierno y nos entregue a nuestros hijos vivos. Hoy nos tocó a nosotros, pero mañana les puede pasar a ustedes. Los invitamos, si son valientes, a visitar México, a que se den cuenta de que la realidad es muy distinta a la que les vienen a contar aquí. Vayan si son valientes, porque en México nos están matando. Lo de nuestros hijos no es un hecho aislado; hay 23 mil desaparecidos, cientos de fosas clandestinas, eso no puede ser un hecho aislado’’, insistió Hilda.

Tras la intervención de los padres, la división entre quienes conceden la razón al gobierno mexicano y los que ponen en duda la eficacia y credibilidad del mismo quedó clara. Barbara Lochbihler, de los eurodiputados verdes, acusó las ‘‘graves carencias’’ de la investigación oficial, ‘‘que se basa casi exclusivamente en testimonios que no han sido contrastados más que con versiones de los propios delincuentes’’.

Pier Antonio Panzeri, de la Alianza Progresista, subrayó la responsabilidad de los gobiernos local y federal en los hechos, ‘‘por acción u omisión’’, mientras que Javier Couso los responsabilizó directamente de la ‘‘desaparición forzada’’ de los estudiantes y acusó ‘‘la doble moral del Parlamento Europeo, que cuando se trata de desestabilizar a un gobierno o cuestionarlo por la violación a los derechos humanos actúa inmediatamente, pero en el caso de sus niños consentidos, como Colombia, Israel o México, es menos exigente’’.

La respuesta a estas aseveraciones vino de los eurodiputados españoles socialistas. Ramón Jáuregui y José Blanco defendieron la ‘‘decisión’’ del gobierno mexicano de llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, ‘‘en la ruta que este Parlamento ha planteado’’, y el ‘‘compromiso con la verdad’’ mostrado en la serie de comparecencias de funcionarios mexicanos para ‘‘informarnos’’ de los avances de las investigaciones.

Jáuregui sólo concedió ‘‘solicitar al gobierno mexicano que las investigaciones no se cierren hasta que los padres de los estudiantes desaparecidos tengan la respuesta que están en absoluto derecho de exigir’’, propuesta que fue secundada por el pleno, aunque Thomas Mann, del Partido Popular Europeo, adelantó que el Parlamento deberá discutir los alcances de la relación con México y enfatizar la protección plena de los derechos humanos en la revisión del tratado comercial que México y Europa llevan a cabo.

Siguieron Ignazio Corrado, Beatriz Becerra y Petras Austrevicius, quienes cuestionaron la actuación de la autoridad en éste y otros hechos violentos en México.

El embajador de México en Bruselas, Juan José Gómez Camacho, reiteró ‘‘el compromiso’’ gubernamental por esclarecer los hechos y castigar a los culpables, y recordó que hasta el momento hay 99 detenidos y 487 dictámenes periciales.

De Ciro Pérez Silva. Para La Jornada,

La hoguera de Ayotzinapa.

Angel de la Cruz tiene 19 años de edad y cursa el cuarto semestre en la Normal Rural de Ayotzinapa. Es uno de los sobrevivientes del ataque del pasado 26 de septiembre en la calle Juan N. Álvarez de Iguala. Conservó la vida porque, cuando comenzaron a acribillar a los jóvenes, corrió a protegerse entre los camiones y llamó por teléfono a su padre.

Su compañero Aldo Gutiérrez Solano, quien estaba a su lado, no corrió con la misma suerte. Una bala le entró por la cabeza y le hizo perder 65 por ciento del cerebro. Tiene infarto cerebral y está en coma. Ángel lo vio caer y pensó que ese proyectil le pudo haber tocado a él. Gritó junto con otros de sus compañeros: ¡somos estudiantes, no estamos armados! Por teléfono, su padre le recomendó: Tírate al suelo para que no te vayan a pegar. Como sea, yo te saco mañana. Al finalizar los disparos pudo esconderse.

El padre de Ángel es maestro. Trabaja frente a grupo en la colonia Renacimiento, de Acapulco, enclave popular construido por Rubén Figueroa para echar a los pobres atrás de los cerros, lejos de los turistas, asolado por la inseguridad, la fetidez del ambiente y la carencia de servicios. Allí estaba cuando recibió la llamada de su hijo. Desesperado, quiso volar a Iguala en ese momento.

A más de cuatro meses del atentado que casi le costó la vida o su libertad, en el que fueron asesinados tres de sus compañeros, uno más tiene muerte cerebral y otros 43 fueron desaparecidos, Ángel de la Cruz lucha por salir adelante. Él también es una víctima. Su padre asegura que su hijo está en ocasiones muerto en vida, con pocos ánimos e ilusiones. Y le duele en el alma, en el corazón, saber que está afectado sicológicamente y que se siente fallecido espiritualmente.

El papá de Ángel se llama Felipe de la Cruz Sandoval. Nació en la comunidad de Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, uno de los municipios más pobres del país. Además de Ángel tiene una niña de 14 años y otros dos hijos varones. Es egresado de la normal rural de Ayotzinapa en el ciclo 86-87, la última generación que entró a la escuela sin cursar previamente la preparatoria. Durante la primavera magisterial de 1989 participó en la fundación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg). Fue escogido por los familiares de los desaparecidos y asesinados como uno de sus voceros.

Felipe de la Cruz tiene facilidad de palabra y compromiso con las causas de su pueblo. Participó en la caminata entre Chilpancingo y la ciudad de México, que el magisterio de su entidad realizó para democratizar el sindicato magisterial. En 2011 fue uno de los dirigentes del paro que los docentes de las colonias marginadas de Acapulco, extorsionados por el crimen organizado, efectuaron para demandar seguridad en sus escuelas.

Convencido de que todos los seres humanos son iguales, la tarde-noche del pasado 29 de octubre le dijo al presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos que desconfiaba de él y que exigía una respuesta inmediata a la demanda de presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos. De pie, con firmeza, advirtió al mandatario: Si usted no tiene la capacidad para darnos la respuesta ya, también debe estar pensando lo mismo que el gobernador de Guerrero, porque también tiene responsabilidad.

Desde entonces, una y otra vez ha nombrado lo intolerable con valor y franqueza. Sin miedo, con sencillez, ha prestado su voz al dolor, la indignación y la incredulidad de los padres de los desaparecidos. Sin injuriar, ha señalado a los funcionarios públicos responsables por acción o por omisión de los crímenes de Iguala.

En respuesta a su verticalidad y gallardía se ha desatado una sistemática y ruin campaña de difamación en su contra. A pesar de los riesgos y la incomodidad en la que vive cada día, de los riesgos que asume al decir las cosas como son, se le quiere presentar como incendiario, manipulador de los padres, envenenador de conciencias, que cobra su salario de maestro sin trabajar.

Felipe de la Cruz no utiliza a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Les presta su voz. Relata lo que ellos viven, sienten y piensan. Lo hace, incluso, con una moderación y un respeto que algunos no comparten. Lo hace desde su propio dolor de padre de un muchacho salvajemente agredido y desde su pertenencia a la comunidad escolar que le dio una profesión y un empleo.

Aunque Felipe no esté impartiendo clases en este momento, da lecciones de civismo y dignidad a todo el país. Su grupo está siendo atendido por un compañero profesor suyo. Ante las calumnias, advierte: “Si dicen que soy aviador por luchar por la justicia y buscar castigo contra quienes dañaron a mi hijo y contra quienes se llevaron a los normalistas, estoy dispuesto a pagar las consecuencias”.

Molesta sobremanera al poder y sus plumas que Felipe diga en nombre de los padres que no admiten la veracidad del relato gubernamental sobre el ataque de Iguala. Pero, ¿cómo van a creer en la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) si tiene inconsistencias tan elementales como el número de camiones en que los normalistas se trasladaban al salir de la estación de autobuses de Iguala? La narración oficial dice que fueron cuatro, pero los normalistas (que iban a bordo de ellos) afirman que fueron cinco. ¿Qué sucedió con el ómnibus faltante? ¿Dónde está? ¿Por qué la PGR no hace referencia a él?

¿Cómo van a creer en la narración oficial, si Los Pinos quiere dar carpetazo al asunto divulgando, a través de un video, su versión telenovelesca del crimen de Estado de Iguala? Un video con música de fondo que, según trascendió, fue elaborado por el ex productor de Televisa Pedro Torres y por Ana María Olabuenaga, creativa que dio vida al eslogan Soy totalmente Palacio y quien realiza los espots del gobierno federal.

Lejos de apagar el descontento de los familiares, la ratificación de la versión gubernamental de que los normalistas fueron incinerados seguirá prendiendo nuevas hogueras de malestar social. Como expresó uno de los padres de los 43 desaparecidos: Creen que porque somos pobres somos pendejos. Pero los pendejos son otros.
Fuente: Twitter @lhan55

Versión de PGR carece de pruebas científicas: Amnistía Internacional.

 

La organización Amnistía Internacional (AI) recordó al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que su “verdad histórica de los hechos” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, carece de pruebas periciales y se sostiene sólo por las declaraciones autoinculpatorias de los detenidos, algunos de los cuales denunciaron haber sido víctimas de tortura.

En rueda de prensa, Murillo Karam reiteró ayer que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del cártel de los Guerreros Unidos, quienes tiraron sus cenizas en el río.

En una carta abierta dirigida a Murillo Karam, la directora del programa regional de AI para América, Erika Guevara Rosas, subrayó que, a pesar de las obligaciones internacionales de México, hasta la fecha la PGR no ha procesado a alguno de los detenidos por el cargo de desaparición forzada –concepto que implica el involucramiento de agentes del Estado en el delito–. Lo anterior, continuó Guevara, resulta de “suma gravedad”.

Amnistía Internacional, al igual que Human Rights Watch (HRW) o la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), recordó al titular de la PGR que su “única prueba” es la identificación de algunos restos óseos en el río, lo cual no demuestra la versión del gobierno.

Guevara Rosas insistió en que los peritos argentinos fueron convocados por la PGR “cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta, y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras en un área de limpieza”, por lo que el equipo argentino nunca confirmó la versión del gobierno, según la cual los estudiantes habían sido calcinados en el basurero.

Pistas negadas

Guevara también expresó su preocupación ante la negativa de la PGR en abrir nuevas líneas de investigación, a pesar de las solicitudes de las víctimas de investigar la posible participación de las fuerzas armadas en la tragedia, “ya sea por omisión o por acción”.

“Las víctimas”, recordó AI, “han solicitado desde un principio que se investiguen las denuncias sobre la colusión entre el crimen organizado y autoridades de la zona, en especial el Batallón 27 de Infantería de Iguala

La organización explicó que el rechazo de la PGR a investigar al Ejército –y así llevar a cabo una “investigación exhaustiva”– frustró a los familiares de los normalistas desaparecidos.

Ante estos hechos, lejos de apoyar las reivindicaciones de los padres, el gobierno de Peña Nieto acusó a los familiares y sus defensores de “querer generar desconocimiento” y, en contrapartida, resaltó la labor de las fuerzas armadas, denunció AI, al subrayar que en Guerrero se ha documento el involucramiento de militares en abusos a los derechos humanos de la población civil.

Acuerdos incumplidos

En sustancia, las 74 grupos civiles de 22 estados y aglutinadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) expresaron críticas similares a Murillo Karam y al gobierno federal, el cual incumple “los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación (pretenden) poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años”.

La Red TDT exigió al gobierno de Peña Nieto no cerrar el caso Ayotzinapa hasta que presente certeza científica y jurídica del paradero de los desaparecidos, razón por lo que urgió a agotar todas las líneas de investigación, entre ellas el esclarecer la participación de “la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales”.

Asimismo, las ONG reclamaron el fin del “desprestigio y de la criminalización”, así como de la “represión” contra familiares, cercanos e integrantes de la sociedad civil solidarios con los normalistas de Ayotzinapa.

Por el contrario, solicitaron “mecanismos eficaces” al gobierno de Peña Nieto “para garantizar la no repetición de esos hechos”.

Fuente: Proceso.

“El Cepillo” culpa al director de la normal de Ayotzinapa de estar involucrado en la masacre.

Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos y señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los autores materiales del “asesinato” de normalistas, aseguró que el director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, José Luis Hernández Rivera, estuvo directamente involucrado en los hechos.

De acuerdo con la versión de El Cepillo –que la PGR recogió, sin pruebas científicas de por medio, para insistir que los normalistas fueron retenidos por policías ligados al cártel Guerreros Unidos, que a su vez los asesinó y quemó–, un operador de la banda de Los Rojos “pagó” a Hernández Rivera por enviar a los estudiantes a realizar “desmadres” a Iguala el pasado 26 de septiembre.

El jefe de sicarios de Guerreros unidos señaló que al interrogar a uno de los normalistas, éste le reveló que su presencia en Iguala fue porque los envió El Carrete, de Los Rojos que operan en Cuernavaca, quien a su vez había pagado dinero al director de la Normal “Raúl Isidro Burgos”.

Según Rodríguez Salgado, el estudiante le manifestó que “los desmadres” que pretendían llevar a cabo en Iguala iban a hacerlos en coordinación con integrantes de Los Rojos.

El normalista, que después sería ejecutado e incinerado junto con sus compañeros, dijo, fue marcado con una “X” en la espalda, cuando se encontraba sometido en el basurero de Cocula.

El Cepillo aseguró que antes de llegar al tiradero pateó al estudiante y empezó a interrogarlo. Fue así que se enteró de que Los Rojos estaban detrás de los acontecimientos que se suscitaron la noche del 26 de septiembre.

Luego de escuchar al estudiante, Rodríguez Salgado pidió a Patricio Reyes Landa, El Pato, que interrogara a los 15 o 18 jóvenes que le fueron entregados.

Ordenó a El Pato “dar piso” a los estudiantes y destruir todo lo que pudiera relacionarlos con ellos, ya que esa fue la instrucción que le dio El Fercho, “secretario particular” de Gildardo López Astudillo, El Gil, ya que tenían conocimiento de que los detenidos eran de Los Rojos.

En su declaración ministerial, El Cepillo contó que Reyes Landa acostó a cuatro de los detenidos y con un arma corta les disparó en la nuca.

Él, dijo, se trasladó a Iguala, a la casa de El Gil, porque se lo ordenó en un mensaje por celular El Fercho. El Cepillo abordó su camioneta, y en el trayecto se encontró a un sujeto apodado El Pelón, quien lo condujo a la “casa de gallos” de El Gil.

En ese lugar, narró El Cepillo, se encontraba el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y el policía Ignacio Aceves Rosales, además de siete uniformados más.

El Cepillo le comentó a César Nava que uno de los estudiantes o “sicarios” que “entrevistó” le dijo que habían llegado a Iguala por instrucciones de El Carrete, y que él había pagado dinero al director de la Escuela Normal Rural para mandar a los estudiantes y a Los Rojos a “hacer desmadres” en Iguala.

En su confesión, Felipe Rodríguez detalló que César Nava recordó que dos días antes El Carrete “se presentó” para pedir “tregua”. También escuchó que uno de los estudiantes andaba haciendo “desmadres” en Iguala en una camioneta tipo Suburban blanca, que era de Los Rojos, y el hermano de este normalista fue uno de los cuatro que habían asesinado en Carrizalillo, Guerrero.

Aseguró que permaneció en la casa de Gildardo hasta las nueve de la mañana del 27 de septiembre haciendo guardia y que después se fue a dormir a su casa y se levantó a las cinco de la tarde, fue a comprar refrescos y cervezas para sus “muchachos” en el basurero de Cocula.

Cuando llegó, vio que todavía no se apagaba el fuego y que había mucha ceniza.
El Pato reportó que a los normalistas los habían puesto en una “plancha de llantas” y los rociaron con diesel para terminar de calcinarlos.

Más tarde, El Gil llamó por teléfono a El Cepillo y le ordenó que recogieran todos los restos carbonizados y los tiraran al río San Juan.

Felipe dio instrucciones a El Pato de comprar bolsas de plástico y regresar al basurero a recoger los restos con una pala que estaba en una camioneta tipo “estaquitas”. Juntaron los fragmentos y con El Chequel, El Wereke, El Wasa, El Pato y El Primo lanzaron las bolsas al río.

Inmediatamente después se dirigieron a Iguala, porque recibieron la orden de acudir a una “manifestación”. En esa localidad, El Gil le dijo a El Cepillo que se fuera y que regresara a Cocula a beber alcohol.

El 28 de septiembre El Cepillo acudió a una reunión con César Nava, quien lo citó en una pizzería de Cocula, y luego se trasladaron al basurero, donde revisaron el lugar con la intención de desaparecer cualquier pista de que ahí asesinaron a los estudiantes.

Dos días después, Felipe perdió comunicación con su grupo y viajó a Cuernavaca con El Wereke, con quien rentó un departamento, donde llegó El Wasa.

El Cepillo, El Wereke y El Piquetes decidieron irse a Caborca, Sonora, donde cada uno pagó 3 mil 500 dólares a un pollero para que los pasara a Estados Unidos; sin embargo, a él lo detuvieron en una estación migratoria durante tres días y lo deportaron a Ciudad Acuña, Coahuila.

Sin dinero, llamó por teléfono a uno de sus hermanos, quien le envió 2 mil 900 pesos; con ese dinero pudo llegar en autobús al Distrito Federal y luego se fue a Jiutepec, Morelos, donde su amigo Antonio lo alojó en su departamento. Ahí fue capturado el pasado jueves 15.

De acuerdo con las declaraciones del El Cepillo, los normalistas de Ayotzinapa no fueron los únicos calcinados en el basurero de Cocula por Guerreros unidos.

Aseguró que dos meses antes, en julio, El Chuky, a quien identificó como otros de los jefes de su organización criminal, lo llamó para entregarle “dos paquetes” y que eran integrantes de Los Rojos.

Esas personas, abundó, fueron levantadas porque uno vendía droga y el otro era sicario; los detenidos le fueron entregados y, junto con El Wereke, los trasladó en un Tsuru a la brecha que conduce al basurero de Cocula.

Los esperaban ahí Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, y El Primo, estos últimos llegaron en motocicleta.

Felipe entregó los “paquetes” con todo y vehículo y dio la orden de que les “dieran piso”. Los ejecutaron y fueron los primeros quemados en el basurero.
El Cepillo se regresó con El Wereke en la moto.

Señaló que lo mismo pasaba en Tianquizolco, Guerrero, donde El Pelón estaba encargado de la plaza y donde mantenía una disputa con La Familia Michoacana, y lo mismo ocurría en el municipio guerrerense de Carrizalillo, donde El Nueve, operador de Guerreros Unidos, mantenía enfrentamientos con Los Rojos, liderados en la zona por un sujeto apodado El Puma y otro conocido como Narciso.

En sus confesiones, Felipe narró que El Gil visitaba cada semana al presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, así como al subdirector de la policía de esa localidad, César Nava, quien le reportaba dónde iba a colocar sus “filtros”, y a efectuar operativos.

No son válidas declaraciones bajo coacción: Rosales

Sobre las declaraciones de El Cepillo, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, mencionó que no pueden ser tomadas totalmente en cuenta, dado que no estuvo en todo momento en el sitio de los hechos la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Y acusó que la teoría de la PGR, que concluyó que los 42 estudiantes fueron calcinados, depende en exceso de las declaraciones rendidas por los cuatro detenidos hasta ahora, “sobre todo cuando hay evidencia, dentro de las declaraciones, que las mismas se obtuvieron bajo coacción”.

Otro punto, abundó, es la falta de detenciones claves, como la del responsable de la Policía de Iguala, Felipe Flores, o la de Gildardo Astudillo, El Cabo Gil, entre otras 11 personas más.

Rosales dijo que la investigación debe continuar porque hasta la fecha el gobierno no ha podio lograr que exista un solo juicio penal por desaparición forzada.

También demandó que antes de cerrar la indagatoria se indague la labor del Ejército y el exgobernador Ángel Aguirre en los hechos de Iguala.

Fuente: Proceso.

Padres de los 43 normalistas denunciarán en Ginebra el crimen de Estado.

 En el contexto de la evaluación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, los padres de los normalistas de Ayotzinapa acudirán a Ginebra para presentar un informe que denuncia la ausencia de justicia en el país, ante lo que denominan un crimen de Estado y exigen la investigación del Ejército Mexicano y otros involucrados.

Al cumplirse mañana cuatro meses sin un verdadero acceso a la justicia, los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos han empezado a buscar justicia ante instancias internacionales, por lo que una comisión viajará la próxima semana a Ginebra para participar el primero y el 2 de febrero en la reunión de la ONU que revisará la desaparición forzada, durante el examen que realiza al Estado mexicano en su octava sesión.

Vamos a Ginebra a buscar justicia, la vamos a buscar por todas partes del mundo, para que este crimen de Estado no quede impune. Tocaremos todas las puertas necesarias, porque sabemos que las autoridades mexicanas se protegen entre ellas y aquí hay muchos intereses, dice en entrevista Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas.

El informe, entregado a La Jornada, fue elaborado por los representantes de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh).

El texto, de 22 páginas, contiene un informe demoledor de lo ocurrido durante los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero; exhibe la falta de capacidad del gobierno estatal y la tardía reacción del federal y de la Procuraduría General de la República (PGR), que empezó a colaborar en el caso ocho días después de lo ocurrido. Más tarde aún, a 11 días de la desaparición de los 43 jóvenes, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre el caso, señala el documento y recuerda que el Ejecutivo recibió a los padres de los estudiantes, 34 días después de los hechos.

Indiferencia del gobierno

El informe narra las dudas y desconfianza sobre la hipótesis de la PGR en torno a la desaparición forzada de los estudiantes: Al día de hoy, las investigaciones continúan y no pueden darse por concluidas. Ayotzinapa dista de ser un caso resuelto.

Los organismos de derechos humanos, representantes de los padres, señalan que la PGR no ha logrado detener a la totalidad de las personas que, según su teoría, participaron en los hechos, como los supuestos 15 autores intelectuales, de los cuales sólo han arrestado a tres, pero faltan el responsable de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y su subalterno, Francisco Salgado Valladares, quienes siguen prófugos a tres meses de los hechos. De la estructura de Guerreros Unidos, el jefe regional, conocido como El Gil –identificado por la propia PGR como pieza clave de los sucesos–, y también los poderosos líderes de dicha organización criminal, como Ángel Casarrubias Salgado, no han sido detenidos.

El informe asegura que en el caso Ayotzinapa la verdad no se ha esclarecido, particularmente porque no puede surgir sólo de testimonios y porque falta investigar hechos fundamentales, como el terrible homicidio de Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las inmediaciones de Iguala: La responsabilidad por este crimen, esencial para conocer la verdad, no se ha establecido.

Y lo más importante, a cuatro meses de los hechos, dicen, el Estado mexicano ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la desaparición forzada de los estudiantes.

Una parte del informe está dedicada al aspecto forense independiente, que ha encontrado inconsistencias en la versión de la PGR sobre el supuesto hallazgo de los restos de los 43 en el basurero de Cocula, por lo que consideran deben ser tomadas en cuenta otras hipótesis, como la de los científicos de la UNAM y UAM, que han desmontado la versión oficial.

Han trascendido otros cuestionamientos sobre la factibilidad científica de que los 43 jóvenes desaparecidos hayan sido incinerados, como lo afirma el Estado mexicano.

El informe señala la falta de acción de la PGR para investigar la vinculación del crimen organizado con autoridades políticas, ni siquiera la ha iniciado: “Es ingenuo pensar que el contubernio entre la delincuencia y el sector público tope en el presidente municipal de Iguala y su familia. Los narcoayuntamientos solamente pueden existir con flujos de aquiescencia y complicidad que van más allá de la esfera municipal. Por ello, es preciso exigir que se investigue al ex gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre) y a otros funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esa entidad. Lo mismo debe exigirse en torno al Ejército”.

Contrario al rechazo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de investigar al Ejército en el caso Ayotzinapa, el informe presenta la urgente necesidad de abrir y desarrollar esa línea de investigación: Siendo la única autoridad federal territorialmente instituida en Iguala, sin duda las fuerzas armadas contaban con información de inteligencia sobre los vínculos entre autoridades del Estado mexicano y los grupos del narcotráfico. Hoy está probado que las fuerzas armadas conocieron hechos previos que daban cuenta de la descomposición del municipio y que alertaban sobre el uso sistemático de la desaparición en esa localidad.

El informe da cuenta del fracaso del llamado Plan de Atención a Víctimas en este caso, porque antes que nada no ha hecho la correcta tipificación del delito: “debía reconocer más cabalmente el caso como uno de desaparición forzada masiva de jóvenes, no sólo en la propuesta sino también en sus acciones legales y pronunciamientos públicos, debido a que el gobierno federal se ha referido al caso con insistencia como uno de ‘personas no localizadas’”.

El informe exhibe la crisis que existe en México en torno a este delito: El caso Ayotzinapa ha venido a demostrar las consecuencias de años de impunidad, inacción e indiferencia frente a la desaparición forzada en México. Desde diversas perspectivas, el hecho ha sido calificado como un parteaguas en la historia reciente y como un punto de inflexión respecto de la crisis de desapariciones que vive el país.

Más aún, según el texto, el caso Ayotzinapa demuestra que es inexistente la voluntad y convicción del gobierno de la República de atender, prevenir y sancionar ese delito conforme al derecho internacional: El caso Ayotzinapa comprueba de forma contundente que el marco jurídico es insuficiente y que las autoridades ignoran por completo la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes, ninguna persona enfrenta un juicio penal por ese delito; más aún, ninguna autoridad mexicana ha usado o invocado la convención en resoluciones jurídicas vinculadas con la persecución y el juzgamiento de este delito.

El que consideran más grave caso de desaparición forzada de la historia nacional, dicen, no fue atendido debidamente en las primeras horas que son cruciales:

En el caso, pese a que desde la noche del 26 de septiembre había indicios sobre la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes, las investigaciones iniciales no fueron por la desaparición sino por los homicidios; de hecho, ante la ausencia de una investigación oficiosa por las desapariciones, los familiares presentaron las denuncias para que se abrieran los expedientes respectivos. También muestra el caso Ayotzinapa que las búsquedas en vida no inician inmediatamente.

El texto señala que para investigar el paradero de los estudiantes, la participación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “no tuvieron ni han tenido ninguna intervención relevante en el caso, por el contrario, han desdibujado en sus comunicaciones oficiales la situación de desaparición forzada.

El texto muestra la simulación del gobierno mexicano de crear instituciones que realmente no atienden los casos de graves violaciones a los derechos humanos y critica severamente la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): El caso Ayotzinapa muestra también que de nada han servido las reformas mediante las que se facultó a la comisión para realizar investigaciones especiales”.

En definitiva, el informe muestra, entre otras cosas, la insuficiencia del marco jurídico; las faltas de claridad sobre aspectos de competencia y jurisdicción en materia de desaparición forzada; la inexistencia de mecanismos de búsqueda inmediata en vida; las limitaciones de la Unidad de Búsqueda de PGR; la ausencia de un involucramiento sistemático de la CNDH; las fallas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y el fracaso de la justicia transicional.

Si el gobierno de Enrique Peña Nieto busca jurídica y políticamente desdibujar el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, como aseguran, este informe pretende evitarlo:

La desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión, respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas. En este sentido, resulta imprescindible que el comité realice un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso.

¡No pueden dar carpetazo a Ayotzinapa!

 Investigadores universitarios de diversas disciplinas criticaron que aun sin contar con pruebas científicas contundentes, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, insista en que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como lo hizo el martes ante los medios de comunicación. Julio Muñoz Rubio, especialista en relaciones ciencia-sociedad del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que antes de presentar una conclusión el procurador necesita tener todas las pruebas que confirmen sus afirmaciones y hasta ahora no las ha presentado.

Asimismo, destacó que la PGR no ha dado ninguna explicación ni respondido a los cuestionamientos que los académicos Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física, y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, realizaron en un análisis –ampliamente difundido– basado en pruebas científicas con las que refutan la versión oficial de Murillo Karam.

Por su parte, el propio Montemayor –experto en el trabajo de propiedades mecánicas de materiales, quien ha sido asesor técnico en peritajes de la PGR, el Poder Judicial y la UNAM– resaltó que las leyes en México asientan que ninguna persona puede ser declarada muerta hasta que haya pruebas fehacientes y una de ellas es el cuerpo. Agregó que aun cuando se haya logrado identificar el ADN en restos que presuntamente fueron encontrados en Cocula, que corresponden a Alexander Mora Venancio, no es prueba suficiente para afirmar que el normalista esté muerto, pues se trató de un molar y un hueso aparentemente de un dedo, los cuales pueden ser arrancados sin que la persona pierda la vida.

Si se tratara de huesos del cráneo o de la columna vertebral, que son necesarios para que alguien siga vivo, se podría hablar del fallecimiento; de lo contrario sólo hay una identificación de ADN, pero no la contundencia de que fue asesinado.

El académico consideró que los huesos con que se logró la identificación de Alexander fueron sembrados porque, explicó, la totalidad de restos enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria –que informó a la PGR que con el estado en el que se encuentra esa materia no hay elementos para establecer un perfil genético–, fueron quemados a altas temperaturas, ya sea en un crematorio o al aire libre, y sólo dos conservaron la información genética, lo que significa que se sometieron a un proceso de más baja temperatura.

En síntesis, si es verdad que se incineraron a altas temperaturas, ninguno de los restos hubiera conservado información del ADN. Eso es improbable, tanto como querer encontrar un átomo en todo el sistema solar.

René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que suponiendo que la versión oficial sea cierta, la PGR todavía no ha mostrado elementos científicos, sino que la hipótesis de Murillo Karam se basa, sobre todo, en rumores y declaraciones de los presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Recordó que organismos internacionales han acreditado que en México se siguen obteniendo declaraciones judiciales bajo tortura.

La posición del gobierno federal, que no convence a nadie, tiene dos intenciones: la idea de que al decir mil veces una mentira ésta se vuelva verdad, y diluir el movimiento social, que incluso es mayor al que se dio en 1968, que se ha generado por la exigencia de la presentación con vida de los normalistas. Los tres académicos censuraron que Murillo Karam no haya cumplido su palabra al hacer públicas sus afirmaciones ante los medios de comunicación antes de informar a los familiares de los normalistas.

Fuente: La Jornada.

Se jalan el rebozo #NarcoPRI y #NarcoPAN en Sonora.

A cinco meses de la elección para gobernador, el PRI y el PAN iniciaron una “guerra” de desplegados en los que se acusan mutuamente de elegir a candidatos a puestos de elección corruptos o ligados al crimen organizado.

La ‘guerra sucia’ comenzó el pasado jueves 15 con un desplegado a plana entera en el que cinco regidores priistas de Hermosillo retaron al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, a ser congruente con lo que pregona en sus spots sobre el sistema anticorrupción.

“México no va por el camino correcto, está herido por la violencia, manchado por la corrupción. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo Sistema Anticorrupción. Que nadie nos diga que no se puede, ¡claro que podemos! ¿A poco no?”, reza el spot del PAN.

En su desplegado, los regidores le dicen a Anaya: “Le queremos lanzar el reto de pasar de los dichos a los hechos.

“Qué le parece si se pone a prueba la realidad que vive Sonora y se compromete públicamente a NO proteger ni negociar las demandas penales contra el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y el presidente municipal de Hermosillo, Javier Gándara Magaña ¿A poco no? ¿Cómo?”, ironizan los priistas.

Y luego muestran una lista de bienes y acciones que, según ellos, demuestran que los dos funcionarios panistas “han roto todos los récords de corrupción”.

En el caso de Padrés Elías, los priistas afirman que posee un rancho de 350 hectáreas de cultivo de nogal y presa propia para su riego, en Arizpe, Sonora, con valor d 400 millones de pesos; un Campo Agrícola “San Miguel” con 105 hectáreas de cultivo de nogal, en Banámichi, Sonora, valuado en 60 millones de pesos.

Otro campo agrícola “Vivinaro” de 63 hectáreas en Huéapac, Sonora, con valor de 45 millones; caballerizas “de primer mundo” con maternidad, quirófano y potrero con más de 150 caballos pura sangre, en Hermosillo, con valor de 120 millones de pesos.

Además de 10 mil millones de pesos sin comprobar ante IASF y ASF, y terrenos, edificios, compañías constructoras, hoteles y fraccionamientos que ahora son propiedad del gobernador y su familia.

A Gándara Magaña le atribuyen el desvío de 245 millones de pesos durante su gestión como alcalde y la “desaparición” de 147 millones más; 380 millones gastados en imagen personal, de manera ilegal, a través de Fundación Ganfer; la venta “fraudulenta” de “varios” terrenos en Hermosillo, al presidente del PAN en Sonora, Juan Bautista Valencia Durazo.

También lo acusan de haber vendido el rastro de Hermosillo, tres días antes de concluir su gestión, a la mitad de su valor “a una empresa formada por sus amigos 14 días antes de cerrar la operación”, y de la venta de un lote de 422 unidades vehiculares en 249 mil pesos, 591 pesos en promedio por unidad. Además afirman que incrementó la deuda del municipio en tres años al pasar de 673.7 millones de pesos a mil 698 millones.

Ambos funcionarios, señalan los priistas, han sido denunciados ante la PGR, Padrés por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y Gándara Magaña por peculado, lavado de dinero, uso indebido del ejercicio público y daño patrimonial.

Además, le dicen a Ricardo Anaya: “su precandidato a gobernador en Sonora, presume que usted le dijo que ‘negociará’ sus delitos y que no le pasará nada. ¿A poco?”

Padrés por su parte –siguen–“tuvo la desfachatez de declarar públicamente que no será diputado federal a sabiendas de que la Constitución se lo prohíbe, y aún más, sin recato alguno expresa que pronto va a dirigir a nivel nacional al PAN. ¿A poco?”.

Y rematan: “Estamos de acuerdo con su llamado de meter a los corruptos a la cárcel. Cuenta usted con dos candidatos naturales y muy fuertes para ir a la cárcel.

“Al igual que usted creemos que sí se puede. Cómo la ve ¿le entra? ¿A poco no?”.

El PAN contestó a los priistas este viernes, también a través de un desplegado y utilizando las palabras pronunciadas por el dirigente priista César Camacho Quiroz, el 14 de octubre del año pasado.

En aquella ocasión el líder priista habló del “gran reto” de blindar el proceso electoral 2015 frente a cualquier intervención del crimen organizado.

“Hagámonos cargo de los candidatos que postulemos; éste es el momento de prevenir. No permitamos candidatos relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado o con antecedentes de corrupción”, dijo.

Usando la misma fórmula de los priistas, el PAN revió al PRI:

“¡Ojo, señor Camacho! Así lo dijo usted en octubre de 2014 y por el bien y tranquilidad de los sonorenses esperamos que cumpla”.

El PAN acusó que “emisarios” del PRI en Sonora iniciaron una campaña de difamación contra “distinguidos panistas de la entidad” con ataques sin sustento que “sólo demuestra la desesperación de su partido frente a la próxima contienda”.

Los priistas, abunda el PAN en su desplegado, están más preocupados en maquilar difamaciones que en procurar que a Sonora no lo gobierne un personaje aliado al narco.

El senador Ernesto Gándara Camou, precandidato del PRI al gobierno de Sonora, acusa el PAN, tiene en su historial “un profundo lazo de amistad” con el operador de Joaquín El Chapo Guzmán en España, Rafael Humberto Celaya, quien fue declarado culpable en Estados Unidos por narcotráfico tras ser detenido con el primo del líder del cártel de Sinaloa como parte de una célula criminal encargada de enviar droga de Sinaloa a Europa.

De la presunta relación, el PAN publica dos fotografías en las que Gándara Camou aparece abrazado a Humberto Celaya.
Ernesto y Rafael, abunda, son amigos y cercanos colaboradores. “Para nadie es un secreto que el priista sanluisino operó como coordinador distrital de la campaña que llevó al ‘Borrego’ Gándara al Senado, que ha sido uno de sus más fuertes operadores financieros y que fue su brazo derecho durante su gestión como Alcalde de Hermosillo”

Y advierte a Camacho Quiroz:

“Antes de salir al ataque, ponga orden en su partido y hágase cargo de sus aspirantes, porque en Sonora no queremos otro Michoacán, ni que se repita lo que pasó en Iguala.

“En Sonora no vamos a permitir que nos gobierne el narco” concluye el PAN con una fotografía al pie del alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, “la pareja imperial”.

Fuente: PROCESO.