Verdad oficial sobre Ayotzinapa no convence al Parlamento Europeo.

 

La ‘‘verdad histórica’’ del gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no convenció a la totalidad de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que no sólo condenó la tardía intervención oficial en Iguala y cuestionó la veracidad de las investigaciones, sino exigió a las autoridades mexicanas ‘‘no dar por concluidas’’ las pesquisas y propuso que parte de los recursos que la Unión Europea destina a México se utilicen en una investigación independiente, así como para la protección y apoyo a los familiares de los normalistas y a sus abogados.

La mañana de este jueves, en medio de una ligera nevada, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, madre y padre de dos de los estudiantes desaparecidos, llegaron hasta la sede del Parlamento Europeo tras reunirse esta misma semana con el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en Ginebra. Fue la primera vez que los parlamentarios escucharon una voz y versión distinta sobre Ayotzinapa a la de los funcionarios del gobierno mexicano.

‘‘El gobierno nos ha mentido’’

Lejos de las cifras, datos, propósitos y compromisos oficiales, Hilda y Bernabé, como lo han hecho desde hace casi cuatro meses en muchos foros, compartieron con los eurodiputados el dolor por los hijos desaparecidos, la rabia ‘‘por las mentiras’’ de un gobierno ‘‘que nos sigue reprimiendo, mientras les dice a todos que nos apoya’’ y la permanente esperanza ‘‘de encontrarlos vivos’’, en un salón de sesiones que, como comentó Ulrik Lunacek, vicepresidenta del Parlamento Europeo, estaba ‘‘inusualmente’’ concurrido.

La ‘‘terrible historia de la barbarie de Iguala’’ hizo que más de uno de los parlamentarios bajara la mirada. El relato, que ‘‘sigue siendo incomprensible, inexplicable en ésta, como en cualquier parte del mundo’’, hizo que otros, como Javier Couso, de Izquierda Unida, contuvieran el llanto: ‘‘Mi familia también fue víctima y además muchos de los diputados que están aquí les mintieron, mostraron entonces la misma doble moral que el Parlamento Europeo mostró ahora con México’’, explicó más tarde.

Hilda y Bernabé rechazaron el informe sobre las investigaciones presentado por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; subrayaron ante los eurodiputados que el gobierno mexicano ‘‘nos han mentido desde el principio y lo sigue haciendo’’; dijeron que se debe investigar al Ejército Mexicano, a sus integrantes, ‘‘a quienes los estudiantes les fueron a pedir ayuda, pues la zona militar se encuentra a 300 metros del lugar de los hechos y en lugar de auxiliarlos los soldados los amenazaron con desaparecerlos’’.

También cuestionaron que ‘‘no hayan investigado al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, que algo debe de saber, pues con anterioridad hubo ya asesinatos y desapariciones de otros estudiantes y ahora, como si no hubiera pasado nada, quiere poner a su hijo como alcalde (de Acapulco)’’. Destacaron que en su búsqueda por encontrar a sus hijos, ‘‘hemos sido reprimidos por el mismo gobierno que les dice a ustedes que nos apoya, pero que en realidad nos agrede mandándonos a sus granaderos. ¿O qué tienen que hacer los granaderos en la Montaña, cuando vamos nosotros a informar a las comunidades?’’

Una y otra vez aclararon que desconfían de las investigaciones del gobierno, ‘‘no creemos en este gobierno’’, y pidieron apoyo a los parlamentarios ‘‘para que presionen al gobierno y nos entregue a nuestros hijos vivos. Hoy nos tocó a nosotros, pero mañana les puede pasar a ustedes. Los invitamos, si son valientes, a visitar México, a que se den cuenta de que la realidad es muy distinta a la que les vienen a contar aquí. Vayan si son valientes, porque en México nos están matando. Lo de nuestros hijos no es un hecho aislado; hay 23 mil desaparecidos, cientos de fosas clandestinas, eso no puede ser un hecho aislado’’, insistió Hilda.

Tras la intervención de los padres, la división entre quienes conceden la razón al gobierno mexicano y los que ponen en duda la eficacia y credibilidad del mismo quedó clara. Barbara Lochbihler, de los eurodiputados verdes, acusó las ‘‘graves carencias’’ de la investigación oficial, ‘‘que se basa casi exclusivamente en testimonios que no han sido contrastados más que con versiones de los propios delincuentes’’.

Pier Antonio Panzeri, de la Alianza Progresista, subrayó la responsabilidad de los gobiernos local y federal en los hechos, ‘‘por acción u omisión’’, mientras que Javier Couso los responsabilizó directamente de la ‘‘desaparición forzada’’ de los estudiantes y acusó ‘‘la doble moral del Parlamento Europeo, que cuando se trata de desestabilizar a un gobierno o cuestionarlo por la violación a los derechos humanos actúa inmediatamente, pero en el caso de sus niños consentidos, como Colombia, Israel o México, es menos exigente’’.

La respuesta a estas aseveraciones vino de los eurodiputados españoles socialistas. Ramón Jáuregui y José Blanco defendieron la ‘‘decisión’’ del gobierno mexicano de llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, ‘‘en la ruta que este Parlamento ha planteado’’, y el ‘‘compromiso con la verdad’’ mostrado en la serie de comparecencias de funcionarios mexicanos para ‘‘informarnos’’ de los avances de las investigaciones.

Jáuregui sólo concedió ‘‘solicitar al gobierno mexicano que las investigaciones no se cierren hasta que los padres de los estudiantes desaparecidos tengan la respuesta que están en absoluto derecho de exigir’’, propuesta que fue secundada por el pleno, aunque Thomas Mann, del Partido Popular Europeo, adelantó que el Parlamento deberá discutir los alcances de la relación con México y enfatizar la protección plena de los derechos humanos en la revisión del tratado comercial que México y Europa llevan a cabo.

Siguieron Ignazio Corrado, Beatriz Becerra y Petras Austrevicius, quienes cuestionaron la actuación de la autoridad en éste y otros hechos violentos en México.

El embajador de México en Bruselas, Juan José Gómez Camacho, reiteró ‘‘el compromiso’’ gubernamental por esclarecer los hechos y castigar a los culpables, y recordó que hasta el momento hay 99 detenidos y 487 dictámenes periciales.

De Ciro Pérez Silva. Para La Jornada,

La hoguera de Ayotzinapa.

Angel de la Cruz tiene 19 años de edad y cursa el cuarto semestre en la Normal Rural de Ayotzinapa. Es uno de los sobrevivientes del ataque del pasado 26 de septiembre en la calle Juan N. Álvarez de Iguala. Conservó la vida porque, cuando comenzaron a acribillar a los jóvenes, corrió a protegerse entre los camiones y llamó por teléfono a su padre.

Su compañero Aldo Gutiérrez Solano, quien estaba a su lado, no corrió con la misma suerte. Una bala le entró por la cabeza y le hizo perder 65 por ciento del cerebro. Tiene infarto cerebral y está en coma. Ángel lo vio caer y pensó que ese proyectil le pudo haber tocado a él. Gritó junto con otros de sus compañeros: ¡somos estudiantes, no estamos armados! Por teléfono, su padre le recomendó: Tírate al suelo para que no te vayan a pegar. Como sea, yo te saco mañana. Al finalizar los disparos pudo esconderse.

El padre de Ángel es maestro. Trabaja frente a grupo en la colonia Renacimiento, de Acapulco, enclave popular construido por Rubén Figueroa para echar a los pobres atrás de los cerros, lejos de los turistas, asolado por la inseguridad, la fetidez del ambiente y la carencia de servicios. Allí estaba cuando recibió la llamada de su hijo. Desesperado, quiso volar a Iguala en ese momento.

A más de cuatro meses del atentado que casi le costó la vida o su libertad, en el que fueron asesinados tres de sus compañeros, uno más tiene muerte cerebral y otros 43 fueron desaparecidos, Ángel de la Cruz lucha por salir adelante. Él también es una víctima. Su padre asegura que su hijo está en ocasiones muerto en vida, con pocos ánimos e ilusiones. Y le duele en el alma, en el corazón, saber que está afectado sicológicamente y que se siente fallecido espiritualmente.

El papá de Ángel se llama Felipe de la Cruz Sandoval. Nació en la comunidad de Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, uno de los municipios más pobres del país. Además de Ángel tiene una niña de 14 años y otros dos hijos varones. Es egresado de la normal rural de Ayotzinapa en el ciclo 86-87, la última generación que entró a la escuela sin cursar previamente la preparatoria. Durante la primavera magisterial de 1989 participó en la fundación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg). Fue escogido por los familiares de los desaparecidos y asesinados como uno de sus voceros.

Felipe de la Cruz tiene facilidad de palabra y compromiso con las causas de su pueblo. Participó en la caminata entre Chilpancingo y la ciudad de México, que el magisterio de su entidad realizó para democratizar el sindicato magisterial. En 2011 fue uno de los dirigentes del paro que los docentes de las colonias marginadas de Acapulco, extorsionados por el crimen organizado, efectuaron para demandar seguridad en sus escuelas.

Convencido de que todos los seres humanos son iguales, la tarde-noche del pasado 29 de octubre le dijo al presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos que desconfiaba de él y que exigía una respuesta inmediata a la demanda de presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos. De pie, con firmeza, advirtió al mandatario: Si usted no tiene la capacidad para darnos la respuesta ya, también debe estar pensando lo mismo que el gobernador de Guerrero, porque también tiene responsabilidad.

Desde entonces, una y otra vez ha nombrado lo intolerable con valor y franqueza. Sin miedo, con sencillez, ha prestado su voz al dolor, la indignación y la incredulidad de los padres de los desaparecidos. Sin injuriar, ha señalado a los funcionarios públicos responsables por acción o por omisión de los crímenes de Iguala.

En respuesta a su verticalidad y gallardía se ha desatado una sistemática y ruin campaña de difamación en su contra. A pesar de los riesgos y la incomodidad en la que vive cada día, de los riesgos que asume al decir las cosas como son, se le quiere presentar como incendiario, manipulador de los padres, envenenador de conciencias, que cobra su salario de maestro sin trabajar.

Felipe de la Cruz no utiliza a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Les presta su voz. Relata lo que ellos viven, sienten y piensan. Lo hace, incluso, con una moderación y un respeto que algunos no comparten. Lo hace desde su propio dolor de padre de un muchacho salvajemente agredido y desde su pertenencia a la comunidad escolar que le dio una profesión y un empleo.

Aunque Felipe no esté impartiendo clases en este momento, da lecciones de civismo y dignidad a todo el país. Su grupo está siendo atendido por un compañero profesor suyo. Ante las calumnias, advierte: “Si dicen que soy aviador por luchar por la justicia y buscar castigo contra quienes dañaron a mi hijo y contra quienes se llevaron a los normalistas, estoy dispuesto a pagar las consecuencias”.

Molesta sobremanera al poder y sus plumas que Felipe diga en nombre de los padres que no admiten la veracidad del relato gubernamental sobre el ataque de Iguala. Pero, ¿cómo van a creer en la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) si tiene inconsistencias tan elementales como el número de camiones en que los normalistas se trasladaban al salir de la estación de autobuses de Iguala? La narración oficial dice que fueron cuatro, pero los normalistas (que iban a bordo de ellos) afirman que fueron cinco. ¿Qué sucedió con el ómnibus faltante? ¿Dónde está? ¿Por qué la PGR no hace referencia a él?

¿Cómo van a creer en la narración oficial, si Los Pinos quiere dar carpetazo al asunto divulgando, a través de un video, su versión telenovelesca del crimen de Estado de Iguala? Un video con música de fondo que, según trascendió, fue elaborado por el ex productor de Televisa Pedro Torres y por Ana María Olabuenaga, creativa que dio vida al eslogan Soy totalmente Palacio y quien realiza los espots del gobierno federal.

Lejos de apagar el descontento de los familiares, la ratificación de la versión gubernamental de que los normalistas fueron incinerados seguirá prendiendo nuevas hogueras de malestar social. Como expresó uno de los padres de los 43 desaparecidos: Creen que porque somos pobres somos pendejos. Pero los pendejos son otros.
Fuente: Twitter @lhan55

Versión de PGR carece de pruebas científicas: Amnistía Internacional.

 

La organización Amnistía Internacional (AI) recordó al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que su “verdad histórica de los hechos” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, carece de pruebas periciales y se sostiene sólo por las declaraciones autoinculpatorias de los detenidos, algunos de los cuales denunciaron haber sido víctimas de tortura.

En rueda de prensa, Murillo Karam reiteró ayer que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del cártel de los Guerreros Unidos, quienes tiraron sus cenizas en el río.

En una carta abierta dirigida a Murillo Karam, la directora del programa regional de AI para América, Erika Guevara Rosas, subrayó que, a pesar de las obligaciones internacionales de México, hasta la fecha la PGR no ha procesado a alguno de los detenidos por el cargo de desaparición forzada –concepto que implica el involucramiento de agentes del Estado en el delito–. Lo anterior, continuó Guevara, resulta de “suma gravedad”.

Amnistía Internacional, al igual que Human Rights Watch (HRW) o la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), recordó al titular de la PGR que su “única prueba” es la identificación de algunos restos óseos en el río, lo cual no demuestra la versión del gobierno.

Guevara Rosas insistió en que los peritos argentinos fueron convocados por la PGR “cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta, y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras en un área de limpieza”, por lo que el equipo argentino nunca confirmó la versión del gobierno, según la cual los estudiantes habían sido calcinados en el basurero.

Pistas negadas

Guevara también expresó su preocupación ante la negativa de la PGR en abrir nuevas líneas de investigación, a pesar de las solicitudes de las víctimas de investigar la posible participación de las fuerzas armadas en la tragedia, “ya sea por omisión o por acción”.

“Las víctimas”, recordó AI, “han solicitado desde un principio que se investiguen las denuncias sobre la colusión entre el crimen organizado y autoridades de la zona, en especial el Batallón 27 de Infantería de Iguala

La organización explicó que el rechazo de la PGR a investigar al Ejército –y así llevar a cabo una “investigación exhaustiva”– frustró a los familiares de los normalistas desaparecidos.

Ante estos hechos, lejos de apoyar las reivindicaciones de los padres, el gobierno de Peña Nieto acusó a los familiares y sus defensores de “querer generar desconocimiento” y, en contrapartida, resaltó la labor de las fuerzas armadas, denunció AI, al subrayar que en Guerrero se ha documento el involucramiento de militares en abusos a los derechos humanos de la población civil.

Acuerdos incumplidos

En sustancia, las 74 grupos civiles de 22 estados y aglutinadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) expresaron críticas similares a Murillo Karam y al gobierno federal, el cual incumple “los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación (pretenden) poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años”.

La Red TDT exigió al gobierno de Peña Nieto no cerrar el caso Ayotzinapa hasta que presente certeza científica y jurídica del paradero de los desaparecidos, razón por lo que urgió a agotar todas las líneas de investigación, entre ellas el esclarecer la participación de “la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales”.

Asimismo, las ONG reclamaron el fin del “desprestigio y de la criminalización”, así como de la “represión” contra familiares, cercanos e integrantes de la sociedad civil solidarios con los normalistas de Ayotzinapa.

Por el contrario, solicitaron “mecanismos eficaces” al gobierno de Peña Nieto “para garantizar la no repetición de esos hechos”.

Fuente: Proceso.

“El Cepillo” culpa al director de la normal de Ayotzinapa de estar involucrado en la masacre.

Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos y señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los autores materiales del “asesinato” de normalistas, aseguró que el director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, José Luis Hernández Rivera, estuvo directamente involucrado en los hechos.

De acuerdo con la versión de El Cepillo –que la PGR recogió, sin pruebas científicas de por medio, para insistir que los normalistas fueron retenidos por policías ligados al cártel Guerreros Unidos, que a su vez los asesinó y quemó–, un operador de la banda de Los Rojos “pagó” a Hernández Rivera por enviar a los estudiantes a realizar “desmadres” a Iguala el pasado 26 de septiembre.

El jefe de sicarios de Guerreros unidos señaló que al interrogar a uno de los normalistas, éste le reveló que su presencia en Iguala fue porque los envió El Carrete, de Los Rojos que operan en Cuernavaca, quien a su vez había pagado dinero al director de la Normal “Raúl Isidro Burgos”.

Según Rodríguez Salgado, el estudiante le manifestó que “los desmadres” que pretendían llevar a cabo en Iguala iban a hacerlos en coordinación con integrantes de Los Rojos.

El normalista, que después sería ejecutado e incinerado junto con sus compañeros, dijo, fue marcado con una “X” en la espalda, cuando se encontraba sometido en el basurero de Cocula.

El Cepillo aseguró que antes de llegar al tiradero pateó al estudiante y empezó a interrogarlo. Fue así que se enteró de que Los Rojos estaban detrás de los acontecimientos que se suscitaron la noche del 26 de septiembre.

Luego de escuchar al estudiante, Rodríguez Salgado pidió a Patricio Reyes Landa, El Pato, que interrogara a los 15 o 18 jóvenes que le fueron entregados.

Ordenó a El Pato “dar piso” a los estudiantes y destruir todo lo que pudiera relacionarlos con ellos, ya que esa fue la instrucción que le dio El Fercho, “secretario particular” de Gildardo López Astudillo, El Gil, ya que tenían conocimiento de que los detenidos eran de Los Rojos.

En su declaración ministerial, El Cepillo contó que Reyes Landa acostó a cuatro de los detenidos y con un arma corta les disparó en la nuca.

Él, dijo, se trasladó a Iguala, a la casa de El Gil, porque se lo ordenó en un mensaje por celular El Fercho. El Cepillo abordó su camioneta, y en el trayecto se encontró a un sujeto apodado El Pelón, quien lo condujo a la “casa de gallos” de El Gil.

En ese lugar, narró El Cepillo, se encontraba el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y el policía Ignacio Aceves Rosales, además de siete uniformados más.

El Cepillo le comentó a César Nava que uno de los estudiantes o “sicarios” que “entrevistó” le dijo que habían llegado a Iguala por instrucciones de El Carrete, y que él había pagado dinero al director de la Escuela Normal Rural para mandar a los estudiantes y a Los Rojos a “hacer desmadres” en Iguala.

En su confesión, Felipe Rodríguez detalló que César Nava recordó que dos días antes El Carrete “se presentó” para pedir “tregua”. También escuchó que uno de los estudiantes andaba haciendo “desmadres” en Iguala en una camioneta tipo Suburban blanca, que era de Los Rojos, y el hermano de este normalista fue uno de los cuatro que habían asesinado en Carrizalillo, Guerrero.

Aseguró que permaneció en la casa de Gildardo hasta las nueve de la mañana del 27 de septiembre haciendo guardia y que después se fue a dormir a su casa y se levantó a las cinco de la tarde, fue a comprar refrescos y cervezas para sus “muchachos” en el basurero de Cocula.

Cuando llegó, vio que todavía no se apagaba el fuego y que había mucha ceniza.
El Pato reportó que a los normalistas los habían puesto en una “plancha de llantas” y los rociaron con diesel para terminar de calcinarlos.

Más tarde, El Gil llamó por teléfono a El Cepillo y le ordenó que recogieran todos los restos carbonizados y los tiraran al río San Juan.

Felipe dio instrucciones a El Pato de comprar bolsas de plástico y regresar al basurero a recoger los restos con una pala que estaba en una camioneta tipo “estaquitas”. Juntaron los fragmentos y con El Chequel, El Wereke, El Wasa, El Pato y El Primo lanzaron las bolsas al río.

Inmediatamente después se dirigieron a Iguala, porque recibieron la orden de acudir a una “manifestación”. En esa localidad, El Gil le dijo a El Cepillo que se fuera y que regresara a Cocula a beber alcohol.

El 28 de septiembre El Cepillo acudió a una reunión con César Nava, quien lo citó en una pizzería de Cocula, y luego se trasladaron al basurero, donde revisaron el lugar con la intención de desaparecer cualquier pista de que ahí asesinaron a los estudiantes.

Dos días después, Felipe perdió comunicación con su grupo y viajó a Cuernavaca con El Wereke, con quien rentó un departamento, donde llegó El Wasa.

El Cepillo, El Wereke y El Piquetes decidieron irse a Caborca, Sonora, donde cada uno pagó 3 mil 500 dólares a un pollero para que los pasara a Estados Unidos; sin embargo, a él lo detuvieron en una estación migratoria durante tres días y lo deportaron a Ciudad Acuña, Coahuila.

Sin dinero, llamó por teléfono a uno de sus hermanos, quien le envió 2 mil 900 pesos; con ese dinero pudo llegar en autobús al Distrito Federal y luego se fue a Jiutepec, Morelos, donde su amigo Antonio lo alojó en su departamento. Ahí fue capturado el pasado jueves 15.

De acuerdo con las declaraciones del El Cepillo, los normalistas de Ayotzinapa no fueron los únicos calcinados en el basurero de Cocula por Guerreros unidos.

Aseguró que dos meses antes, en julio, El Chuky, a quien identificó como otros de los jefes de su organización criminal, lo llamó para entregarle “dos paquetes” y que eran integrantes de Los Rojos.

Esas personas, abundó, fueron levantadas porque uno vendía droga y el otro era sicario; los detenidos le fueron entregados y, junto con El Wereke, los trasladó en un Tsuru a la brecha que conduce al basurero de Cocula.

Los esperaban ahí Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, y El Primo, estos últimos llegaron en motocicleta.

Felipe entregó los “paquetes” con todo y vehículo y dio la orden de que les “dieran piso”. Los ejecutaron y fueron los primeros quemados en el basurero.
El Cepillo se regresó con El Wereke en la moto.

Señaló que lo mismo pasaba en Tianquizolco, Guerrero, donde El Pelón estaba encargado de la plaza y donde mantenía una disputa con La Familia Michoacana, y lo mismo ocurría en el municipio guerrerense de Carrizalillo, donde El Nueve, operador de Guerreros Unidos, mantenía enfrentamientos con Los Rojos, liderados en la zona por un sujeto apodado El Puma y otro conocido como Narciso.

En sus confesiones, Felipe narró que El Gil visitaba cada semana al presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, así como al subdirector de la policía de esa localidad, César Nava, quien le reportaba dónde iba a colocar sus “filtros”, y a efectuar operativos.

No son válidas declaraciones bajo coacción: Rosales

Sobre las declaraciones de El Cepillo, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, mencionó que no pueden ser tomadas totalmente en cuenta, dado que no estuvo en todo momento en el sitio de los hechos la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Y acusó que la teoría de la PGR, que concluyó que los 42 estudiantes fueron calcinados, depende en exceso de las declaraciones rendidas por los cuatro detenidos hasta ahora, “sobre todo cuando hay evidencia, dentro de las declaraciones, que las mismas se obtuvieron bajo coacción”.

Otro punto, abundó, es la falta de detenciones claves, como la del responsable de la Policía de Iguala, Felipe Flores, o la de Gildardo Astudillo, El Cabo Gil, entre otras 11 personas más.

Rosales dijo que la investigación debe continuar porque hasta la fecha el gobierno no ha podio lograr que exista un solo juicio penal por desaparición forzada.

También demandó que antes de cerrar la indagatoria se indague la labor del Ejército y el exgobernador Ángel Aguirre en los hechos de Iguala.

Fuente: Proceso.

Padres de los 43 normalistas denunciarán en Ginebra el crimen de Estado.

 En el contexto de la evaluación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, los padres de los normalistas de Ayotzinapa acudirán a Ginebra para presentar un informe que denuncia la ausencia de justicia en el país, ante lo que denominan un crimen de Estado y exigen la investigación del Ejército Mexicano y otros involucrados.

Al cumplirse mañana cuatro meses sin un verdadero acceso a la justicia, los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos han empezado a buscar justicia ante instancias internacionales, por lo que una comisión viajará la próxima semana a Ginebra para participar el primero y el 2 de febrero en la reunión de la ONU que revisará la desaparición forzada, durante el examen que realiza al Estado mexicano en su octava sesión.

Vamos a Ginebra a buscar justicia, la vamos a buscar por todas partes del mundo, para que este crimen de Estado no quede impune. Tocaremos todas las puertas necesarias, porque sabemos que las autoridades mexicanas se protegen entre ellas y aquí hay muchos intereses, dice en entrevista Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas.

El informe, entregado a La Jornada, fue elaborado por los representantes de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh).

El texto, de 22 páginas, contiene un informe demoledor de lo ocurrido durante los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero; exhibe la falta de capacidad del gobierno estatal y la tardía reacción del federal y de la Procuraduría General de la República (PGR), que empezó a colaborar en el caso ocho días después de lo ocurrido. Más tarde aún, a 11 días de la desaparición de los 43 jóvenes, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre el caso, señala el documento y recuerda que el Ejecutivo recibió a los padres de los estudiantes, 34 días después de los hechos.

Indiferencia del gobierno

El informe narra las dudas y desconfianza sobre la hipótesis de la PGR en torno a la desaparición forzada de los estudiantes: Al día de hoy, las investigaciones continúan y no pueden darse por concluidas. Ayotzinapa dista de ser un caso resuelto.

Los organismos de derechos humanos, representantes de los padres, señalan que la PGR no ha logrado detener a la totalidad de las personas que, según su teoría, participaron en los hechos, como los supuestos 15 autores intelectuales, de los cuales sólo han arrestado a tres, pero faltan el responsable de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y su subalterno, Francisco Salgado Valladares, quienes siguen prófugos a tres meses de los hechos. De la estructura de Guerreros Unidos, el jefe regional, conocido como El Gil –identificado por la propia PGR como pieza clave de los sucesos–, y también los poderosos líderes de dicha organización criminal, como Ángel Casarrubias Salgado, no han sido detenidos.

El informe asegura que en el caso Ayotzinapa la verdad no se ha esclarecido, particularmente porque no puede surgir sólo de testimonios y porque falta investigar hechos fundamentales, como el terrible homicidio de Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las inmediaciones de Iguala: La responsabilidad por este crimen, esencial para conocer la verdad, no se ha establecido.

Y lo más importante, a cuatro meses de los hechos, dicen, el Estado mexicano ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la desaparición forzada de los estudiantes.

Una parte del informe está dedicada al aspecto forense independiente, que ha encontrado inconsistencias en la versión de la PGR sobre el supuesto hallazgo de los restos de los 43 en el basurero de Cocula, por lo que consideran deben ser tomadas en cuenta otras hipótesis, como la de los científicos de la UNAM y UAM, que han desmontado la versión oficial.

Han trascendido otros cuestionamientos sobre la factibilidad científica de que los 43 jóvenes desaparecidos hayan sido incinerados, como lo afirma el Estado mexicano.

El informe señala la falta de acción de la PGR para investigar la vinculación del crimen organizado con autoridades políticas, ni siquiera la ha iniciado: “Es ingenuo pensar que el contubernio entre la delincuencia y el sector público tope en el presidente municipal de Iguala y su familia. Los narcoayuntamientos solamente pueden existir con flujos de aquiescencia y complicidad que van más allá de la esfera municipal. Por ello, es preciso exigir que se investigue al ex gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre) y a otros funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esa entidad. Lo mismo debe exigirse en torno al Ejército”.

Contrario al rechazo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de investigar al Ejército en el caso Ayotzinapa, el informe presenta la urgente necesidad de abrir y desarrollar esa línea de investigación: Siendo la única autoridad federal territorialmente instituida en Iguala, sin duda las fuerzas armadas contaban con información de inteligencia sobre los vínculos entre autoridades del Estado mexicano y los grupos del narcotráfico. Hoy está probado que las fuerzas armadas conocieron hechos previos que daban cuenta de la descomposición del municipio y que alertaban sobre el uso sistemático de la desaparición en esa localidad.

El informe da cuenta del fracaso del llamado Plan de Atención a Víctimas en este caso, porque antes que nada no ha hecho la correcta tipificación del delito: “debía reconocer más cabalmente el caso como uno de desaparición forzada masiva de jóvenes, no sólo en la propuesta sino también en sus acciones legales y pronunciamientos públicos, debido a que el gobierno federal se ha referido al caso con insistencia como uno de ‘personas no localizadas’”.

El informe exhibe la crisis que existe en México en torno a este delito: El caso Ayotzinapa ha venido a demostrar las consecuencias de años de impunidad, inacción e indiferencia frente a la desaparición forzada en México. Desde diversas perspectivas, el hecho ha sido calificado como un parteaguas en la historia reciente y como un punto de inflexión respecto de la crisis de desapariciones que vive el país.

Más aún, según el texto, el caso Ayotzinapa demuestra que es inexistente la voluntad y convicción del gobierno de la República de atender, prevenir y sancionar ese delito conforme al derecho internacional: El caso Ayotzinapa comprueba de forma contundente que el marco jurídico es insuficiente y que las autoridades ignoran por completo la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes, ninguna persona enfrenta un juicio penal por ese delito; más aún, ninguna autoridad mexicana ha usado o invocado la convención en resoluciones jurídicas vinculadas con la persecución y el juzgamiento de este delito.

El que consideran más grave caso de desaparición forzada de la historia nacional, dicen, no fue atendido debidamente en las primeras horas que son cruciales:

En el caso, pese a que desde la noche del 26 de septiembre había indicios sobre la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes, las investigaciones iniciales no fueron por la desaparición sino por los homicidios; de hecho, ante la ausencia de una investigación oficiosa por las desapariciones, los familiares presentaron las denuncias para que se abrieran los expedientes respectivos. También muestra el caso Ayotzinapa que las búsquedas en vida no inician inmediatamente.

El texto señala que para investigar el paradero de los estudiantes, la participación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “no tuvieron ni han tenido ninguna intervención relevante en el caso, por el contrario, han desdibujado en sus comunicaciones oficiales la situación de desaparición forzada.

El texto muestra la simulación del gobierno mexicano de crear instituciones que realmente no atienden los casos de graves violaciones a los derechos humanos y critica severamente la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): El caso Ayotzinapa muestra también que de nada han servido las reformas mediante las que se facultó a la comisión para realizar investigaciones especiales”.

En definitiva, el informe muestra, entre otras cosas, la insuficiencia del marco jurídico; las faltas de claridad sobre aspectos de competencia y jurisdicción en materia de desaparición forzada; la inexistencia de mecanismos de búsqueda inmediata en vida; las limitaciones de la Unidad de Búsqueda de PGR; la ausencia de un involucramiento sistemático de la CNDH; las fallas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y el fracaso de la justicia transicional.

Si el gobierno de Enrique Peña Nieto busca jurídica y políticamente desdibujar el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, como aseguran, este informe pretende evitarlo:

La desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión, respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas. En este sentido, resulta imprescindible que el comité realice un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso.

¡No pueden dar carpetazo a Ayotzinapa!

 Investigadores universitarios de diversas disciplinas criticaron que aun sin contar con pruebas científicas contundentes, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, insista en que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como lo hizo el martes ante los medios de comunicación. Julio Muñoz Rubio, especialista en relaciones ciencia-sociedad del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que antes de presentar una conclusión el procurador necesita tener todas las pruebas que confirmen sus afirmaciones y hasta ahora no las ha presentado.

Asimismo, destacó que la PGR no ha dado ninguna explicación ni respondido a los cuestionamientos que los académicos Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física, y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, realizaron en un análisis –ampliamente difundido– basado en pruebas científicas con las que refutan la versión oficial de Murillo Karam.

Por su parte, el propio Montemayor –experto en el trabajo de propiedades mecánicas de materiales, quien ha sido asesor técnico en peritajes de la PGR, el Poder Judicial y la UNAM– resaltó que las leyes en México asientan que ninguna persona puede ser declarada muerta hasta que haya pruebas fehacientes y una de ellas es el cuerpo. Agregó que aun cuando se haya logrado identificar el ADN en restos que presuntamente fueron encontrados en Cocula, que corresponden a Alexander Mora Venancio, no es prueba suficiente para afirmar que el normalista esté muerto, pues se trató de un molar y un hueso aparentemente de un dedo, los cuales pueden ser arrancados sin que la persona pierda la vida.

Si se tratara de huesos del cráneo o de la columna vertebral, que son necesarios para que alguien siga vivo, se podría hablar del fallecimiento; de lo contrario sólo hay una identificación de ADN, pero no la contundencia de que fue asesinado.

El académico consideró que los huesos con que se logró la identificación de Alexander fueron sembrados porque, explicó, la totalidad de restos enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria –que informó a la PGR que con el estado en el que se encuentra esa materia no hay elementos para establecer un perfil genético–, fueron quemados a altas temperaturas, ya sea en un crematorio o al aire libre, y sólo dos conservaron la información genética, lo que significa que se sometieron a un proceso de más baja temperatura.

En síntesis, si es verdad que se incineraron a altas temperaturas, ninguno de los restos hubiera conservado información del ADN. Eso es improbable, tanto como querer encontrar un átomo en todo el sistema solar.

René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que suponiendo que la versión oficial sea cierta, la PGR todavía no ha mostrado elementos científicos, sino que la hipótesis de Murillo Karam se basa, sobre todo, en rumores y declaraciones de los presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Recordó que organismos internacionales han acreditado que en México se siguen obteniendo declaraciones judiciales bajo tortura.

La posición del gobierno federal, que no convence a nadie, tiene dos intenciones: la idea de que al decir mil veces una mentira ésta se vuelva verdad, y diluir el movimiento social, que incluso es mayor al que se dio en 1968, que se ha generado por la exigencia de la presentación con vida de los normalistas. Los tres académicos censuraron que Murillo Karam no haya cumplido su palabra al hacer públicas sus afirmaciones ante los medios de comunicación antes de informar a los familiares de los normalistas.

Fuente: La Jornada.

Se jalan el rebozo #NarcoPRI y #NarcoPAN en Sonora.

A cinco meses de la elección para gobernador, el PRI y el PAN iniciaron una “guerra” de desplegados en los que se acusan mutuamente de elegir a candidatos a puestos de elección corruptos o ligados al crimen organizado.

La ‘guerra sucia’ comenzó el pasado jueves 15 con un desplegado a plana entera en el que cinco regidores priistas de Hermosillo retaron al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, a ser congruente con lo que pregona en sus spots sobre el sistema anticorrupción.

“México no va por el camino correcto, está herido por la violencia, manchado por la corrupción. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo Sistema Anticorrupción. Que nadie nos diga que no se puede, ¡claro que podemos! ¿A poco no?”, reza el spot del PAN.

En su desplegado, los regidores le dicen a Anaya: “Le queremos lanzar el reto de pasar de los dichos a los hechos.

“Qué le parece si se pone a prueba la realidad que vive Sonora y se compromete públicamente a NO proteger ni negociar las demandas penales contra el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y el presidente municipal de Hermosillo, Javier Gándara Magaña ¿A poco no? ¿Cómo?”, ironizan los priistas.

Y luego muestran una lista de bienes y acciones que, según ellos, demuestran que los dos funcionarios panistas “han roto todos los récords de corrupción”.

En el caso de Padrés Elías, los priistas afirman que posee un rancho de 350 hectáreas de cultivo de nogal y presa propia para su riego, en Arizpe, Sonora, con valor d 400 millones de pesos; un Campo Agrícola “San Miguel” con 105 hectáreas de cultivo de nogal, en Banámichi, Sonora, valuado en 60 millones de pesos.

Otro campo agrícola “Vivinaro” de 63 hectáreas en Huéapac, Sonora, con valor de 45 millones; caballerizas “de primer mundo” con maternidad, quirófano y potrero con más de 150 caballos pura sangre, en Hermosillo, con valor de 120 millones de pesos.

Además de 10 mil millones de pesos sin comprobar ante IASF y ASF, y terrenos, edificios, compañías constructoras, hoteles y fraccionamientos que ahora son propiedad del gobernador y su familia.

A Gándara Magaña le atribuyen el desvío de 245 millones de pesos durante su gestión como alcalde y la “desaparición” de 147 millones más; 380 millones gastados en imagen personal, de manera ilegal, a través de Fundación Ganfer; la venta “fraudulenta” de “varios” terrenos en Hermosillo, al presidente del PAN en Sonora, Juan Bautista Valencia Durazo.

También lo acusan de haber vendido el rastro de Hermosillo, tres días antes de concluir su gestión, a la mitad de su valor “a una empresa formada por sus amigos 14 días antes de cerrar la operación”, y de la venta de un lote de 422 unidades vehiculares en 249 mil pesos, 591 pesos en promedio por unidad. Además afirman que incrementó la deuda del municipio en tres años al pasar de 673.7 millones de pesos a mil 698 millones.

Ambos funcionarios, señalan los priistas, han sido denunciados ante la PGR, Padrés por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y Gándara Magaña por peculado, lavado de dinero, uso indebido del ejercicio público y daño patrimonial.

Además, le dicen a Ricardo Anaya: “su precandidato a gobernador en Sonora, presume que usted le dijo que ‘negociará’ sus delitos y que no le pasará nada. ¿A poco?”

Padrés por su parte –siguen–“tuvo la desfachatez de declarar públicamente que no será diputado federal a sabiendas de que la Constitución se lo prohíbe, y aún más, sin recato alguno expresa que pronto va a dirigir a nivel nacional al PAN. ¿A poco?”.

Y rematan: “Estamos de acuerdo con su llamado de meter a los corruptos a la cárcel. Cuenta usted con dos candidatos naturales y muy fuertes para ir a la cárcel.

“Al igual que usted creemos que sí se puede. Cómo la ve ¿le entra? ¿A poco no?”.

El PAN contestó a los priistas este viernes, también a través de un desplegado y utilizando las palabras pronunciadas por el dirigente priista César Camacho Quiroz, el 14 de octubre del año pasado.

En aquella ocasión el líder priista habló del “gran reto” de blindar el proceso electoral 2015 frente a cualquier intervención del crimen organizado.

“Hagámonos cargo de los candidatos que postulemos; éste es el momento de prevenir. No permitamos candidatos relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado o con antecedentes de corrupción”, dijo.

Usando la misma fórmula de los priistas, el PAN revió al PRI:

“¡Ojo, señor Camacho! Así lo dijo usted en octubre de 2014 y por el bien y tranquilidad de los sonorenses esperamos que cumpla”.

El PAN acusó que “emisarios” del PRI en Sonora iniciaron una campaña de difamación contra “distinguidos panistas de la entidad” con ataques sin sustento que “sólo demuestra la desesperación de su partido frente a la próxima contienda”.

Los priistas, abunda el PAN en su desplegado, están más preocupados en maquilar difamaciones que en procurar que a Sonora no lo gobierne un personaje aliado al narco.

El senador Ernesto Gándara Camou, precandidato del PRI al gobierno de Sonora, acusa el PAN, tiene en su historial “un profundo lazo de amistad” con el operador de Joaquín El Chapo Guzmán en España, Rafael Humberto Celaya, quien fue declarado culpable en Estados Unidos por narcotráfico tras ser detenido con el primo del líder del cártel de Sinaloa como parte de una célula criminal encargada de enviar droga de Sinaloa a Europa.

De la presunta relación, el PAN publica dos fotografías en las que Gándara Camou aparece abrazado a Humberto Celaya.
Ernesto y Rafael, abunda, son amigos y cercanos colaboradores. “Para nadie es un secreto que el priista sanluisino operó como coordinador distrital de la campaña que llevó al ‘Borrego’ Gándara al Senado, que ha sido uno de sus más fuertes operadores financieros y que fue su brazo derecho durante su gestión como Alcalde de Hermosillo”

Y advierte a Camacho Quiroz:

“Antes de salir al ataque, ponga orden en su partido y hágase cargo de sus aspirantes, porque en Sonora no queremos otro Michoacán, ni que se repita lo que pasó en Iguala.

“En Sonora no vamos a permitir que nos gobierne el narco” concluye el PAN con una fotografía al pie del alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, “la pareja imperial”.

Fuente: PROCESO.

Los 125 sembradíos de la muerte.

Guerrero, Jalisco, Michoacán y Veracruz han sido sembrados de muerte. La mayoría de las víctimas encontradas en fosas clandestinas no son identificadas, mucho menos se captura a los asesinos.
El descubrimiento de este tipo de tumbas continúa con cadáveres frescos en Guerrero, pese a la “fuerte” presencia de fuerzas federales y militares. Durante los primeros dos años y un mes de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se han descubierto más de 125 fosas clandestinas, en las que se han localizado más de 560 cadáveres e incuantificables restos humanos.

En un país donde cada vez se cultiva menos alimento en el campo y desde hace muchos años se cosechan enervantes, ahora se “siembran” cadáveres y retoña la violencia. Hoy la tierra huele a muerte en muchos lugares del país por las tumbas clandestinas que el crimen organizado y algunos representantes de autoridad llenan silenciosamente.

Una investigación de Zeta revela que en el sexenio de Enrique Peña Nieto son más de 125 las fosas clandestinas descubiertas y más de 560 las víctimas. La última fosa clandestina descubierta fue en los primeros días de enero de 2015, y en el estado con la mayor convulsión social por el tema precisamente de la inseguridad y los homicidios dolosos, cuanto más violentos en el contexto del crimen organizado y el narcotráfico.

En plena manifestación de búsqueda de 42 de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Iguala, en Guerrero –dado que de uno de ellos se encontró el resto de un hueso y de una pieza dental–, se localizó una fosa en Chilapa, Guerrero, con la escalofriante suma de 10 cuerpos y 11 cabezas humanas.

En tiempos de la Presidencia de la República encabezada por el priista Enrique Peña Nieto, las estadísticas oficiales no son confiables. En algunos casos, ni siquiera están disponibles. Las autoridades las ocultan y las matizan. La información de este fenómeno criminal está fragmentada por las narcofosas que cada dependencia toma conocimiento. Los recuentos abarcan solo meses, periodos que muerden parte de un año y otro, o una fase del sexenio anterior sumada al actual. Nada certero.



La tarea de contar los cadáveres que había en esas sepulturas secretas tampoco es sencilla, porque a veces lo que se encuentra en esos sitios, son solo huesos o fragmentos de ellos, cenizas, piezas dentales, partes de cuerpos, restos amorfos o grasa humana. Una total putrefacción. Algunas prendas de vestir, hebillas, accesorios y calzado. En algunos casos, los policías anotan “un barril con restos humanos” o “mil 800 huesos, 20 prótesis y 15 tornillos quirúrgicos”.

Escenarios que horrorizan. Crímenes cometidos con saña inaudita y sin el menor respeto a la vida de los semejantes. Víctimas maniatadas, torturadas, con amputaciones o decapitación. Asfixiadas, macheteadas o con impactos de bala en el cuerpo y el clásico tiro de gracia en la cabeza.

Así fueron localizados el martes 6 de enero de 2015, los más recientes cadáveres en Guerrero, los restos humanos estaban baleados, con las manos amarradas y con huellas de terribles tormentos.

En un paraje de Chilapa de Álvarez, en seis fosas yacían enterradas 11 cabezas humanas y 10 cuerpos completos. Increíble que ocurriera en una entidad que tiene “marca personal” del Gobierno de la República, después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Peor aún que ocurra en el Estado que los ojos del mundo ven en estos momentos como “México”, y que motivó que el 27 de noviembre de 2014, Peña Nieto anunciara 14 medidas en seguridad, justicia y desarrollo económico “para evitar que crímenes así se repitan”, donde el Ejército, la Gendarmería y otras corporaciones federales, supuestamente se encargan de la seguridad como parte de esas medidas.

En ese acto, el primer mandatario declaró: “Después de Iguala, México debe cambiar (…) Asumo la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad. En suma, construir un pleno Estado de Derecho”.

Horas más tarde del compromiso presidencial fueron localizados los cuerpos de 11 personas decapitadas en la comunidad de Ayahualulco, municipio de Chilapa, al parecer, los mismos 11 cuerpos a los que pertenecen las 11 cabezas encontradas en las fosas del Día de Reyes.

Antes de la agresión de la Policía Municipal de Iguala y posterior desaparición de los estudiantes los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el Estado de Guerrero ya se registraban misteriosas desapariciones, y su territorio, en un cementerio que ha recibido a quienes ahora abonan la tierra. Por lo menos 160 cuerpos han sido exhumados desde diciembre de 2012 a la fecha.

El peregrinar para cientos de familias por las delegaciones de Policía, centros penitenciarios y la morgue de distintas entidades federativas es penoso. No desisten en buscar a sus familiares desaparecidos, como no renuncian los padres y hermanos de los 43 alumnos ausentes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y no piensan descansar hasta que los encuentren. “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, es su grito de guerra.

Las autoridades de cada entidad y las federales realizan tareas de búsqueda y localización pero los resultados no satisfacen a las familias en desgracia. Ni siquiera para identificar las osamentas o restos mortuorios. Con la Antropología Forense en pañales, instancias como la Procuraduría General de la República y los servicios periciales de las fiscalías locales fueron rebasadas y se ha tenido que echar mano de expertos de otras naciones.

De entrada, se desconoce la ubicación de las 22 mil 300 personas (vivas o muertas) reportadas como desaparecidas en el país, según el registro oficial dado a conocer en agosto de 2014 por la PGR. La subprocuradora de Asuntos Jurídicos, Mariana Benítez, lo dijo: del sexenio anterior –2006 a 2012– están pendientes de localizar 12 mil 532 desaparecidos, y de la administración peñanietista, 9 mil 790.

Ese fue el último ajuste, aunque en esto de las estadísticas gubernamentales las operaciones aritméticas casi nunca salen bien. En mayo de 2014, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que el número de desaparecidos se había reducido a solo ocho mil personas. ¿Cómo es que para la funcionaria de la PGR, las cifras de desaparecidos del sexenio calderonista volvieron a aumentar tres meses después del anuncio de Osorio?



Después del escenario registrado en el Estado de Jalisco, en la recta final de 2013 e inicios de 2014, donde florecieron las fosas clandestinas con más de 134 cadáveres, las más significativas en el municipio de La Barca, en los límites con Briseñas, Michoacán, las autoridades federales estaban conscientes de lo que estaba por ocurrir.

En enero de 2014 se exhumaron los últimos cuerpos de los 76 encontrados en márgenes del Río Lerma, en Jalisco. En febrero siguiente fueron al menos 20 cadáveres en tumbas anónimas de Tingüindín en Michoacán, 32 personas exhumadas de fosas de Guerrero y otras 19, nuevamente en Jalisco, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El fenómeno de las narcofosas se incrementaba y, en marzo de 2014, la PGR anunció que se estaba capacitando al personal para actuar con eficiencia y ética ante los enterramientos humanos. El Subprocurador de Delitos Federales, Cleodomiro Zoreda, señaló que la detección de una fosa o sitio donde se encuentren restos humanos “obliga al personal pericial a actuar con ética, humanidad y profesionalismo, ya que los resultados derivan en la efectiva procuración de justicia”.

De marzo a junio de 2014, las fosas clandestinas en Guerrero, Michoacán y Veracruz brotaron como hongos. En Guerrero fueron Iguala, Acapulco y Chilpancingo, con múltiples seres desmembrados. En Veracruz, desde 31 hasta 41 personas exhumadas en una ranchería de Cosamaloapan.

Para el 14 de julio del año anterior, la PGR informó que 300 forenses fueron adiestrados en el curso “Trabajo Multidisciplinario en Fosas Clandestinas”, con el que se proyectó que los especialistas conocieran aspectos jurídicos, así como práctica de la exhumación de cadáveres. Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), sentenció que la capacitación es una de las mejores herramientas con las que cuenta la dependencia federal para combatir la delincuencia y los efectos que esto implica en la sociedad.

En Iguala, las desapariciones y las fosas clandestinas continuaron hasta que aconteció el caso que hoy el mundo conoce. El levantón de los normalistas, la localización interminable de tumbas no autorizadas y el hallazgo de personas muertas, que no son los estudiantes que tanto buscan los mexicanos. Solo uno de ellos habría sido localizado sin vida en una fosa e identificado por medio de estudios de ADN: Alexander Mora Venancio, aunque su familia se niega a aceptar la versión oficial como verdad.

En la mayoría de las más de 125 fosas de la zona, se conoce la ubicación gracias a denuncias anónimas; la desaparición de mujeres y de niños por igual; la falta de resultados por parte de las autoridades de los diversos niveles de gobierno; pocos responsables han sido detenidos y en varias entidades, policías municipales han colaborado o son autores directos de las desapariciones, muerte e inhumación clandestina de las víctimas.



Ni los operativos especiales, ni la presencia de fuerzas federales y militares inhiben la actividad criminal de alto impacto en el Estado de Guerrero. Luego del hallazgo de 11 cabezas humanas y 10 cuerpos completos en fosas clandestinas en el municipio de Chilapa de Álvarez, ayer jueves 8 de enero de 2014 se reportó la localización de restos humanos dentro de bolsas negras en Chilpancingo.

La noticia se conoció poco después de las 8:30 am, cuando una llamada al número 066 de Emergencias, alertó a las autoridades sobre la presencia de restos humanos en el paraje Tierras Prietas, muy cerca de la carretera federal Iguala-Chilpancingo. Agentes policiales acudieron a verificar el reporte y confirmaron la versión.

Dentro de tres bolsas de plástico para la basura se encontraron los fragmentos de seres humanos cuya cantidad y características se desconoce. Personal del Servicio Médico Forense de Guerrero se trasladó al lugar y, en coordinación con peritos de la Fiscalía del Estado, se encargaron del levantamiento de los restos para trasladarlos a la morgue en la capital de la entidad.

En el puerto de Acapulco, donde los asesinatos tampoco cesan, al menos 15 mil alumnos de cien planteles escolares no reanudaron las clases tras el periodo navideño conforme lo marca el calendario oficial, debido a la inseguridad con la que iniciaron 2015. Profesores de educación básica decidieron mantener el paro laboral que iniciaron desde noviembre pasado en 200 escuelas y que se suponía, levantarían al regresar a clases el miércoles 8 de enero.

También la Iglesia Católica recibió el nuevo año con una gran preocupación por la ola de violencia e inseguridad que existe en Guerrero, aseguró el Obispo de la Diócesis Chilpancingo, Alejo Zavala Castro. El clérigo dijo que la delincuencia organizada amenaza y extorsiona, vía telefónica, a los curas de la Diócesis, lo que ya motivó una reunión con el Fiscal General de esa entidad.

Otro de los temas candentes en Guerrero –derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– es el de las elecciones. Al reactivar sus protestas para exigir la presentación con vida de los estudiantes, maestros disidentes destruyeron muebles y equipo de cómputo de un módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral, con sede en Chilpancingo.

Las protestas sociales y la inestabilidad que se vive en el estado meridional obligaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a reajustar el calendario de preparación de los funcionarios electorales para los comicios del 7 de junio. Así lo anunció el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, quien señaló que los cambios iniciaron el 20 de diciembre de 2014, cuando no se permitió la aplicación de los exámenes a los capacitadores electorales, por lo que las fechas se recorrieron y se rediseñarán estrategias específicas para diversas zonas de la entidad.

Por su parte, las investigaciones sobre los jóvenes desaparecidos no presentan mayor novedad que la ya conocida consignación de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Ella fue enviada al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 en El Rincón, Nayarit, al igual que diez policías municipales de Iguala.

Fuente:  http://www.sinembargo.mx/13-01-2015/1216034

Las cifras del terror en Michoacán.

 Un caso especial en cuanto a inseguridad y violencia es Michoacán. Esta entidad cerró 2014 con un índice delictivo general superior al de los cuatro años anteriores y tiende hacia el nivel más crítico del sexenio pasado.

En 2005 reportó 26 mil denuncias por delitos y un año después 31 mil 480. A partir de entonces no ha bajado de 30 mil y, en cambio, alcanzó una situación sin precedente en 2009, con 41 mil delitos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia Estatal.

Para noviembre de 2014 ya acumulaba 34 mil 911, según el más reciente corte estadístico compilado por la Secretaría de Gobernación.

El grueso de los delitos los concentra un puñado de municipios, encabezados por Apatzingán, Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas.

En el caso de homicidio doloso, la tasa de éste (casos por cada 100 mil habitantes) ha permanecido desde 2006 por arriba de la media nacional, salvo el caso de 2012 cuando estaban a la par.

Un ayuntamiento crítico es Apatzingán; en 2013, cuando su tasa de asesinatos llegó a 57.42, unas tres veces más que la estatal y casi cuatro veces más que la nacional. De enero a noviembre de 2014 en este municipio ya se habían interpuesto mil 448 denuncias de todo tipo; casi todos los asesinatos son con dolosos, con arma de fuego, aunque hay un rango importante de delitos patrimoniales (despojo, fraude y extorsión).

Los datos oficiales muestran también incrementos en Ario, Buenavista, Chilchota, Coalcomán, Cuitzeo, Hidalgo, La Huacana, Huetamo, Jiquilpan, Maravatío, Pátzcuaro, La Piedad, Purúandiro, Los Reyes, Sahuayo, Tarímbaro y Zamora.

Michoacán fue la primera entidad, durante el sexenio de Felipe Calderón, a la que llegaron miles de elementos de las fuerzas armadas y policías para ocupar el mando ante la creciente violencia.

Los conflictos siguen en temas vinculados con el trasiego de armas y drogas; también surgieron grupos denominados autodefensas de civiles armados y, el año pasado, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto envió a un comisionado federal para hacer frente a la crisis.

Pese a los operativos y detenciones de presuntos delincuentes, así como de funcionarios públicos y presidentes municipales –supuestamente vinculados con el crimen– los números generales siguen al alza.

Un análisis de Gobernación detalla los movimientos durante enero-noviembre en 2013 y 2014. Hay un crecimiento de 14.65 en cuanto a la incidencia delictiva del fuero común, así como de 9.57 en cuanto a homicidio doloso, al pasar de 805 a 882.

Se reporta una baja importante (42.70 por ciento) en cuanto a secuestros, al pasar de 178 en los primeros once meses de 2013 a 102 en el mismo lapso de 2014. No así en violaciones sexuales, delito que subió 6 por ciento.

De enero a noviembre del año pasado, se habían reportado ya 882 homicidios dolosos, 102 secuestros, 419 violaciones, y 15 mil 720 casos de robo común con y sin violencia.

Durante ese periodo los asesinatos registraron un comportamiento irregular, donde su punto más álgido, así lo califica la dependencia, ocurrió en marzo, con 100 casos, y el más bajo en noviembre con 59 homicidios.

En cuanto al secuestro, agrega, hay una tendencia fluctuante, con el punto más alto en marzo, con 20 delitos y a partir de julio osciló entre uno y tres casos hasta terminar el periodo referido.

Las mayores preocupaciones de los michoacanos son el desempleo y la inseguridad.

Fuente: La Jornada.

El reto. Denise Dresser vs. Salinas Pliego.

La escritora y académica Denisse Dresser retó al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, a un debate “en un medio público” sobre la privatización de lo que fue Imevisión, así como otros temas polémicos como el préstamo de Raúl Salinas de Gortari en 1993, el caso Codisco-Unefon o el asalto al cerro del Chiquihuite para apropiarse de Canal 40.

El reto lo lanzó en respuesta al desplegado “intimidante” de Grupo Salinas que mandó publicar el pasado miércoles 7 en el que da respuesta a un artículo publicado por Denisse Dresser en el periódico Reforma el 29 de diciembre de 2014, con el título “¿Paz Mafiosa o Real?”.

En ese texto Dresser planteó la siguiente pregunta: “¿La privatización de lo que hoy es TV Azteca fue ganada por Ricardo Salinas Pliego debido a la intervención de Raúl Salinas en su favor?”.

Diez días después, Grupo Salinas respondió en un desplegado a plana entera afirmando que la pregunta se hace “de manera dolosa y sin prueba alguna”. Afirmó que Salinas Pliego “ganó la licitación del denominado paquete de medios realizada en 1993 porque presentó una oferta 30 por ciento superior a la más cercaba, lo que significa que el gobierno mexicano obtuvo un ingreso de 640 millones de dólares”.

“La de Imevisión fue a todas luces una privatización exitosa, que abrió la competencia en el mercado de la televisión y que le dio a los mexicanos una alternativa para tener acceso a información, cultura y entretenimiento”, sentenció el desplegado firmado por Jaime Ramos Rivera, director general de Comunicación Corporativa de Grupo Salinas.

No bastó la aclaración en el desplegado. Fiel al estilo del Grupo Salinas y de TV Azteca, en este texto pagado a plana entera la reprochan a Dresser que nunca indagó sobre el presunto despojo de Alejandro Junco de la Vega “a su propio padre las acciones de El Norte, que dan rigen a Grupo Reforma”.

“¿Será que teme que esta información sobre su jefe pudiera dar pie a que se haga público el proceso mental que sufrió hace un tiempo, y que fue ampliamente detallado en redes sociales, que la llevaron a internarse en un hospital de Los Ángeles por intento de suicidio?”, pregunta el desplegado de manera insidiosa.

“¿Será que la señora Dresser desea ocultar que muchas de sus inquisidoras preguntas y reflexiones provienen más de un estado emocional alterado que de periodismo serio?”, continúa.

“Esas preguntas también merecen, para su público, una respuesta clara”, afirma el texto.
En respuesta, Dresser afirmó en su cuenta de Twitter:

“Para @RicardoBSalinas: podrá intentar intimidarme/desacreditarme. Como dice poema Invictus, tendré la cabeza ensangrentada, nunca doblegada”.

En un segundo mensaje, afirmó:
“Lo invito a debatir conmigo en medio público privatización de Azteca, préstamo Raúl Salinas, Codisco-Unefon, Canal 40”.

No es la primera vez, que Salinas Pliego enfila sus baterías contra algún crítico del proceso de privatización de Imevisión o contra información relacionada al préstamo de Raúl Salinas de Gortari. Un largo litigio en tribunales sostuvo con La Jornada, precisamente por haber publicado el préstamo del “hermano incómodo” del ex presidente Salinas de Gortari.

En otras ocasiones, Salinas Pliego ha utilizado la concesión del canal 13 o del canal 7 para lanzar ataques a quienes considera que afecta sus intereses. Sin olvidar el famoso linchamiento mediático de junio de 1999 contra el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quien acusó de ser el responsable del asesinato de su conductor Francisco Stanley.

Ninguna autoridad responsable frenó entonces a Ricardo Salinas Pliego quien apareció en la pantalla de su canal en ese entonces para cuestionar el valor de las elecciones en un gesto que fue considerado como un primer intento de golpismo mediático.