viernes, 7 de noviembre de 2014

“Ya estoy cansado de sus regaños”: Murillo Karam.

 
Durante Tercera Jornada Global por Ayotzinapa, realizada el pasado 5 de noviembre, los padres de los 43 normalistas desaparecidos denunciaron que en una reunión con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, éste se había “intolerado” con sus exigencias.
– ¿Qué fue lo que les dijo el funcionario?, se pregunta a un padre de familia.

–Murillo se molestó por la presión por parte de nosotros como padres de familia, por los reclamos que le hemos hecho, de que no está asumiendo su cargo como debe ser. Y él nos respondió que está haciendo lo posible, pero nosotros le dijimos que eso no era suficiente y que es su deber cumplir con su trabajo, no se le está pidiendo un favor, es su deber como procurador. Y entonces él nos alzó la voz y no dijo: “Ya estoy cansado de tantos regaños, de que me estén reclamando que no hago bien mi trabajo“, y argumentó que tiene mil 900 policías y 10 mil del Ejército, y el comisionado Nacional de Seguridad (Monte Alejandro Rubido) dijo lo mismo.

– ¿Qué respondieron ustedes?

–Nosotros les dijimos que eso no garantiza que encuentren a los estudiantes. Podrían mandar a todo el Ejército mexicano y de todas formas no serviría, por como están haciendo las cosas. Porque están simulando la búsqueda, nada más. Y por qué digo que es una búsqueda simulada, porque suben al cerro, echan un vistazo y se regresan. Ni siquiera están usando tecnologías sofisticadas con las que se cuenta para rastrear. Nosotros les preguntamos qué tecnología usaban y el comisionado de seguridad nos dijo que dos aviones no tripulados, aunque el segundo apenas acaba de sumarse hace unos días, además de dos helicópteros con GPS y detector de temperatura de edificios. Pero eso no garantiza que encuentren nada. Por aire no se ve nada en la sierra de Guerrero, por tierra nomás buscan por encimita y para que el detector de temperatura fuese útil, tendrían que revisar casa por casa en todo el estado. Eso es lo que nos da a entender que la búsqueda no le interesa al gobierno.

Animal Político buscó una versión de la PGR, sin obtener una respuesta hasta el momento.

Pero el trato ríspido hacia los padres de los normalistas desaparecidos, no es sólo del procurador Murillo Karam, explicó el familiar entrevistado, cuya identidad se reserva por seguridad, sino que “el personal de la procuraduría va poniendo trabas, como queriendo aislarnos. Por ejemplo, no aceptan que nos acompañen otras personas a los encuentros, ni siquiera nuestros abogados o los estudiantes de la Normal que vienen con nosotros, y dicen que sólo quieren ver a ‘titulares de desaparecidos’, así nos dicen, o sea, un papá o una mamá, y nadie más. Incluso intentaron excluir al estudiante normalista y al abogado que designamos para que acudieran al interrogatorio de Abarca, sólo querían que entraran dos padres de familia.

Luego de esta entrevista, los padres de los 43 normalistas desaparecidos emprendieron el camino de regreso a la Normal Rural de Ayotzinapa, debido a que, informaron, este viernes sostendrán un nuevo encuentro con el titular de la PGR, ahora en la capital del estado, Chilpancingo.
Fuente:  http://www.animalpolitico.com/2014/11/ya-estoy-cansado-de-sus-reganos-el-reclamo-de-murillo-karam-los-padres-de-ayotzinapa/

jueves, 6 de noviembre de 2014

Segunda Carta Abierta a López Obrador: Gerardo Fernández Noroña.

Andrés Manuel López Obrador
P R E S E N T E

A un mes del asesinato de seis personas (tres de ellas normalistas) y de la desaparición de 43 normalistas más, encabezaste una extraordinaria asistencia al mitin de hoy que refrenda la fuerza y poder de convocatoria del movimiento que encabezas.

Más que emotiva fue la intervención de Elena Poniatowska haciendo una breve reseña de cada uno de los 43 normalistas desaparecidos. No puede no conmoverse un ser humano de dolor y solidaridad con los familiares de los normalistas escuchando el promedio de edad de 20 años y sus sueños de ser maestros. Jóvenes de origen campesino y pobre, que fueron seis asesinados (su crimen sigue impune) y 43 siguen en la condición de desaparecidos.

La intervención de Batres fue un recuento de agravios sin presentar una iniciativa frente a tanto atropello; tú presentaste dos opciones: cambio de política sin cambio de “presidente” o cambio de política y de “presidente”.

Después de explicar ambas comentaste que la opción era el cambio de política y de “presidente” y planteaste que la elección de “nuevo presidente” podría llevarse a cabo en el marco de los comicios federales del 2015.

Estoy de acuerdo con esa iniciativa. Pero tu intervención tiene un fallo grande: Peña Nieto no modificará el rumbo de la “política” que hasta ahora impulsa y seguirá impulsando si se lo permitimos, y tampoco renunciará bajo un arrebato de conciencia.

Para lograr la renuncia de Enrique Peña Nieto hay que obligarlo a hacerlo. Entonces el Congreso nombraría a quien lo sustituya para que dé marcha atrás a todas las políticas económicas neoliberales y a todas las “reformas” contrarias al pueblo desde el gobierno de Salinas que han venido implantando en nuestro país y restablezca el marco constitucional acrecentando los derechos constitucionales de nuestro pueblo.

Un nuevo presidente y un Congreso Constituyente que recupere toda la riqueza y a la patria misma para poner nuestros recursos al servicio y en beneficio de nuestro pueblo.

Ese fallo en tu intervención genera que además no propongas una sola alternativa para lograr la renuncia de Enrique Peña Nieto.

Nadie está proponiendo, por otra parte, una salida violenta. Tu insistencia en el camino pacífico genera un malentendido: la gente piensa que pacífico no es un camino firme y enérgico del ejercicio de nuestros derechos. Comparto contigo el camino de la no violencia, no comparto el reiterado llamado a una vía pacífica que mantenemos, mantendremos y seguiremos desarrollando y que pareciera una justificación contra hechos violentos que nunca hemos generado.

Por todo lo anterior, considero que es necesario suplir la ausencia de iniciativas de lucha del movimiento con el llamado a parar todo el 20 de noviembre.

Se han estado realizando paros de actividades en universidades públicas y en diversos espacios del país. Son como pasos necesarios y ensayos del gran paro general. Y ha llegado el momento de convocar con posibilidades de éxito a parar todo.

Si logramos que el pueblo de México pare varios días, a partir del 20 de noviembre, la posibilidad de obligar a Peña Nieto a renunciar antes del 1 de diciembre es altísima.

Entonces podría verificarse la línea por ti planteada de cambio de política y cambio de presidente. De no darse una situación de esa naturaleza, estos dos planteamientos no pasan de buenas intenciones.

En política, la oportunidad y los tiempos son fundamentales. Hoy en el Zócalo has dejado pasar una extraordinaria oportunidad para convocar al movimiento a realizar todas las actividades necesarias para impulsar ese paro y lograr la renuncia de Peña Nieto.

Cierto, puede no compartirse esta iniciativa de lucha. Pero como te comenté en una carta anterior, como líder del movimiento estabas obligado el día de hoy a presentar una iniciativa que no sea la elección del 2018.

Tendrá que ser desde abajo entonces, desde el pueblo mismo, que se dé la convocatoria a obligar a renunciar a Enrique Peña Nieto. Que así sea.

“El pueblo tiene derecho a vivir y ser feliz”

Gerardo Fernández Noroña. 26 de octubre de 2014.

lunes, 3 de noviembre de 2014

El narco es la excusa. Pero el narco no existe.

Mientras sostenía el Premio Tata Vasco 2014, entregado por la Universidad Iberoamericana en Puebla a Fudem (Fuer­zas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México), uno de los pocos varones del grupo de 25 familiares que acudieron al acto gritó: Esto es una guerra. El dolor inimaginable de los familiares los fuerza a mirar de frente y sin vueltas la realidad que sufren.

En efecto, hay una guerra contra los pueblos. Una guerra colonial para apropiarse de los bienes comunes, lo que supone la aniquilación de aquellas porciones de la humanidad que obstaculizan el robo de esos bienes, ya sea porque viven encima de ellos, porque se resisten al despojo o, simplemente, porque sobran, en el más crudo sentido de que son innecesarios para la acumulación de riqueza.

Una guerra colonial, además, por el tipo de violencia que utiliza. No sólo se asesina. Se decapita y se desmiembra para regar las partes a la vista de la población, como escarmiento y advertencia. Para infundir miedo. Para paralizar, impedir cualquier reacción, en particular las acciones colectivas.

No se trata de una tecnología novedosa. Fue utilizada por la Corona española para aniquilar las luchas indígenas. Allí la aprendieron los nuevos colonizadores. Túpac Amaru fue descuartizado vivo delante de la multitud reunida en la plaza de armas de Cusco.

Amaru fue obligado a presenciar la tortura y asesinato de sus dos hijos mayores y de su esposa, además de otros familiares y amigos. Antes de morir fueron torturados, les cortaron la lengua, todo un símbolo de lo que realmente molestaba a los conquistadores. El hijo menor, de sólo 10 años, fue obligado a presenciar la tortura y muerte de toda la familia, para ser luego desterrado a África.

La cabeza de Amaru fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y después en Tinta, sus brazos y piernas fueron enviados a ciudades y pueblos para escarmiento de sus seguidores. Túpac Katari y sus seguidores sufrieron más o menos los mismos tormentos y sus restos fueron también esparcidos por los territorios de lo que hoy es Bolivia. No es nueva la crueldad de los nuevos conquistadores. Antes se trataba de apoderarse del oro y la plata; ahora es la minería a cielo abierto, los monocultivos y las hidroeléctricas. Pero en el fondo, se trata de mantener a los de abajo en silencio, sometidos y quietos.

La masacre es la genealogía que diferencia nuestra historia de la europea. Aquí las formas de disciplinamiento no fueron ni el panóptico ni el satanic mill, la fábrica del diablo de la Revolución Industrial y la explotación capitalista, retratada por el poeta William Blake y analizada con rigor por Karl Polanyi. El cercamiento de campos a partir del siglo XVI en Inglaterra, una revolución de los ricos contra los pobres, es analizada como el quebrantamiento de los viejos derechos y costumbres por los señores y nobles, “utilizando en ocasiones la violencia y casi siempre las presiones y la intimidación” (La gran transformación, La Piqueta, p. 71, subrayado mío).

Aquí la violencia fue, y es, la norma, el modo de eliminar a los rebeldes (como en Santa María de Iquique, Chile, en 1907, cuando fueron masacrados 3 mil 600 mineros en huelga). Es el modo de advertir a los de debajo de que no deben moverse del lugar asignado. Aquí hemos tenido, y tenemos, esclavitud; nada que se parezca al trabajador libre que promovió el desarrollo del capitalismo europeo al robarles las tierras a los campesinos.

Nótese que en las guerras de independencia entre criollos y españoles, los insurgentes apresados por los realistas no fueron torturados. Miguel Hidalgo y José María Morelos, por mencionar destacados rebeldes criollos, fueron juzgados y luego fusilados como se hacía en la época con los prisioneros de guerra. Sólo el color de piel explica el diferente trato que tuvieron Túpac Katari y Túpac Amaru, como todos los indios, negros y mestizos de nuestra América.

No es historia. En el Brasil democrático, la organización Madres de Mayo contabiliza, entre 1990 y 2012, 25 masacres, todas de negros y pardos, como la que dio origen a su militancia: en mayo de 2006, en el contexto de la represión al Primer Comando de la Capital de Sao Paulo (narcos organizados desde las cárceles), fueron asesinados 498 jóvenes pobres, varones de 15 a 25 años, entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada por la policía.

El narco es la excusa. Pero el narco no existe. Son los negocios que forman parte de los modos de acumular/robar de la clase dominante. No estamos ante excesos policiales esporádicos, sino ante un modelo de dominación que hace de la masacre el modo de atemorizar a las clases populares para que no se salgan del libreto escrito por los de arriba, y que le llaman democracia: votar un día cada cinco o seis años y dejarse robar/asesinar el resto del tiempo.

Lo peor que podemos hacer es no mirar la realidad de frente, hacer como si la guerra no existiera porque todavía no te han golpeado, porque todavía sobrevivimos. Esto es contra todos y todas. Es cierto que hay una porción que aún pueden expresarse libremente, manifestarse incluso, sin ser aniquilados. Siempre que no se salgan del libreto, que no pongamos en cuestión el modelo. Bien mirado, los que podemos manifestarnos a cara descubierta somos algo así como los criollos de las guerras de independencia, los que pueden esperar una muerte digna, como Hidalgo y Morelos.

Pero el tema es otro. Si queremos de verdad que el mundo cambie, y no usar la resistencia de los de abajo para treparnos arriba, como hicieron los criollos en las repúblicas, no podemos conformarnos con maquillar lo que hay. Se trata de tomar otros rumbos.

Tal vez un buen comienzo sea continuar los pasos de los seguidores de Amaru y Katari. Reconstruir los cuerpos despedazados para reiniciar el camino, allí donde el combate fue interrumpido. Es un momento místico: mirar el horror de frente, trabajar el dolor y el miedo, avanzar tomados de las manos, para que los llantos no nos nublen el camino.
Fuente: Proceso. 
De: Raúl Zibechi

domingo, 2 de noviembre de 2014

Ingresan ilegalmente a México, piezas para fabricar granadas.

 
 Agentes federales de Estados Unidos permitieron el ingreso ilegal a México de componentes para la fabricación de granadas de detonación dirigidas a los cárteles de las drogas, reveló un informe del Departamento de Justicia (DOJ).

El reporte de la Oficina del Inspector General del DOJ documentó que agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) marcaron las partes de granadas compradas por el contrabandista Jean Baptiste Kingery para rastrearlas una vez que entraran a México.

“Los cascos de granadas con marcas similares fueron recuperadas por soldados mexicanos en marzo de 2011, después de un intercambio de tiros con miembros de un cártel”, señaló el informe.

El caso de Kingery derivó de la polémica y fallida operación Rápido y furioso (2006-2011) que permitió el trasiego ilegal supervisado de más de 2 mil armas de Estados Unidos a México.

De acuerdo con el reporte, el contrabandista fue ubicado desde 2008 cuando actuó como intermediario en la compra de rifles de asalto Ak-47 en Phoenix, Arizona. Un año después ordenó una amplia cantidad de componentes para la fabricación de granadas explosivas.

Durante los siguientes cuatro meses, los agentes de la ATF interceptaron dos entregas de las partes de las granadas, las marcaron para ser identificadas con posterioridad y se las entregaron (al contrabandista) en su dirección, apunta el informe.

Los agentes de la ATF trataron de conducir una vigilancia de Kingery para determinar si llevaría los componentes a México y trataron de trabajar con agentes mexicanos para seguir y arrestar a Kingery. Ninguno de los dos esfuerzos fue exitoso, indicó.

En octubre de 2010, Kingery fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Proteccion Fronteriza (CBP), que encontraron 114 cascos de granadas, 114 fusibles y más de 200 rondas de municiones.

Agentes de la ATF y de CBP lo interrogaron, pero después de hablar con la Oficina de la Fiscalía Federal en Arizona (AUSA), lo dejaron libre a condición de que regresara voluntariamente al día siguiente. Kingery regresó y se le dejó en libertad sin cargos.

De acuerdo con AUSA, Kingery no fue acusado por que la ATF lo quería usar como informante. Sin embargo, los agentes de la ATF nos dijeron que Kingery nunca fue informante y que se le permitió irse porque AUSA rehusó presentar cargos en su contra, según el reporte.

Una semana después del interrogatorio, los agentes de ATF perdieron contacto con Kingery, pero poco después se le detuvo de nuevo cuando trataba de reingresar a Estados Unidos. AUSA volvió a rehusar acusarlo en ese momento y regresó a México.

La Oficina de la Fiscalía Federal de Arizona es la misma que tuvo a su cargo la supervisión de Rápido y furioso.

En agosto de 2011, Kingery fue por fin arrestado por las autoridades mexicanas con el apoyo de estadunidenses, informó el inspector general.
A raíz de la participación de AUSA en Rápido y furioso, el Departamento de Justicia reasignó el caso a la Oficina de la Procuraduría Federal en el Distrito Central de California.

Kingery se encuentra detenido y enfrenta un proceso legal acusado de violar las leyes mexicanas contra el crimen organizado.

El informe fue develado en momentos que el caso Rápido y furioso sigue siendo objeto de litigio en los tribunales federales.

En agosto pasado la jueza federal de la Corte de Distrito, Amy Berman Jackson, ordenó al Departamento de Justicia la entrega de la lista de documentos privilegiados sobre la polémica operación.

La orden judicial obliga al procurador federal la entrega de los documentos del operativo que no son considerados como protegidos por el privilegio ejecutivo, a fin de que puedan ser evaluados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
De Proceso.

sábado, 1 de noviembre de 2014

Gobernador interino de Guerrero dice que están vivos y que piden rescate por ellos.

El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, dejó entrever que los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen con vida y que presuntamente permanecen secuestrados.

En una entrevista con la periodista Adela Micha, el mandatario dijo tener indicios de que los estudiantes desaparecidos desde hace 35 días continúan vivos y que están retenidos por un grupo que pide una “millonada” para liberarlos.

Ortega señaló que ha recibido evidencias de que los autores del secuestro son grupos “antisistema” que se oponen a cualquier diálogo.

Incluso, aseguró que el “gobierno” debe estar dispuesto a pagar por la liberación de los jóvenes que desaparecieron desde la noche del pasado 26 de septiembre.

También comentó que las autoridades estarían dispuestas a encontrar la forma de reunir el dinero que se solicita con tal de que los estudiantes sean liberados.

Según el gobernador interino, las pruebas con las que cuenta, le han sido entregadas por normalistas que han tratado de recopilar información sobre el paradero de sus compañeros.

Por su parte el director de la Agencia Criminal de la PGR, señaló que la dependencia no cuenta con registros de las evidencias que dice tener el gobernador.

Declaran mandos estatales

Por otra parte, la PGR interrogó, en calidad de testigos a Iñaky Blanco Cabrera, procurador General de Justicia de Guerrero y a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de seguridad pública de la entidad.

Ambos funcionarios fueron cuestionados en torno a las declaraciones de Sidronio Casarrubias, líder de la organización “Guerreros Unidos”.

Tanto el procurador Blanco como el secretario Vázquez fueron implicados por Sidronio Casarrubias, como los funcionarios que recibieron sobornos de la organización delictiva “Los rojos” para infiltrar a miembros de ese grupo entre los normalistas en Iguala.

viernes, 31 de octubre de 2014

¡Están vivos! Alertan en una manta. #Ayotzinapa.


Una manta firmada presuntamente por “El Cabo Gil”, señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Sidronio Casaríais Salgado, advierte que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos “están vivos”.

También señala que está dispuesto a entregarse a las autoridades hasta que el gobierno federal detenga al 80 por ciento de la estructura principal de esta banda criminal conformada presuntamente por alcaldes de la zona norte de Guerrero y el sur de Morelos, así como por Federico Figueroa, el hermano del cantautor Joan Sebastian.

Esta mañana fue reportado el hallazgo de una manta colocada en la reja principal de la preparatoria 24 de Febrero en la colonia San José, ubicada sobre la carretera federal Iguala-Taxco, entre la comandancia de la Policía Federal (PF) y el cuartel del 41 Batallón de Infantería.

El mensaje escrito con letras negras fue dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, a quien indican que “de nada sirve” la detención de Sidronio Casarrubias Salgado porque la mayoría de los operadores del grupo Guerreros Unidos siguen libres.

Por ello, “El Cabo Gil” pide que se actúe en contra de los alcaldes y directores de Seguridad Pública de los municipios de Taxco de Alarcón, Huitzuco, Tepecoacuilco, Apaxtla, Teloloapan y Cocula.

Además, contra un capitán y un teniente del 27 Batallón de Infantería, identificados sólo como Barbosa y Crespo; también señala a Federico Figueroa, al actual delegado de Sedatu en la entidad, Héctor Vicario, y al resto de los hermanos del capo fundador de la organización, Mario Casarrubias, y los miembros de Los Peques o Los Tilos, señalados como uno de los brazos armados de la banda delincuencial.

“Señor presidente Peña Nieto, dice que va a dar con los culpables, su policía no hace nada. Dónde están los directores de seguridad que le dimos; los presidentes de los municipios coludidos con Guerreros Unidos siguen operando normalmente en algunos de ellos. Agárrelos y no los suelten hasta ser bien investigados, no son pendejos para hecharse (sic) la soga al cuello ellos solos”, refiere una parte del mensaje de la manta.

Luego advierte que “Todos ellos recibían su nómina para desaparecer gente y secuestrar; cheque cómo también en todos los municipios hay fosas; le exigimos que capture a los culpables”.

Luego “El Cabo Gil” condiciona su entrega:

“Ahí están sus nombres señor presidente de la república, ya que tenga un 80% detenidos de ellos, yo me entregaré; menos no, y les diré tal y como fueron y son las cosas y a lo que nos dedicamos, porque no nada más yo soy el culpable.

“Los mandos y jefes son los Casarrubias y Los Tilos (Marranas Negras o Peques). No confundan a la comunidad, digan las cosas como son y los estudiantes están vivos. Atte. Gil”, concluye el mensaje que fue retirado por la PF.

El gobierno federal señala a “El Cabo Gil” como el enlace directo entre las policías de Iguala y Cocula con el grupo Guerreros Unidos y, de acuerdo con la declaración ministerial de Sidronio Casarrubias, fue quien ordenó la detención de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre.

Hasta el momento las autoridades no han fijado una postura sobre este mensaje atribuido a “El Cabo Gil”, quien se encuentra prófugo y se le considera “pieza clave” para aclarar la suerte de los 43 estudiantes desaparecidos.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Solalinde se disculpa con los alumnos de #Ayotzinapa.

El padre Alejandro Solalinde ofreció una disculpa a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa por haberse “anticipado a su voluntad” y revelar información sobre los testimonios que le fueron confiados respecto del posible destino de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

“Haber publicado estos testimonios fue una determinación que tomé a conciencia y por la que ahora pido una disculpa a los familiares de los normalistas”, expresó el fundador del albergue para migrantes “Hermanos en el camino”.

“Estoy convencido de que en este momento lo más importante es preservar la unidad de un movimiento que exige, legítimamente, la aparición con vida de los normalistas. Por eso he decidido quedar a la disposición de las familias y de la Comisión Civil de Impulso y Seguimiento a la Búsqueda para aquello en lo que crean que puedo ser de ayuda”, ofreció.

Mediante una carta emitida por la Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, difundida a través de su cuenta de Twitter, el sacerdote expresó su “más sincera solidaridad” con el dolor de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa”, y señaló que sus recientes revelaciones nunca tuvieron la intensión de hacer más difícil esta experiencia por la que hoy atraviesan.

“Quiero externar mi más sincera solidaridad con el dolor de las y los familiares de los normalistas de #Ayotzinapa, asegurándoles que mi intención no ha sido nunca hacer más difícil esta experiencia por la que hoy atraviesan.

“Ofrezco mis oraciones para que la esperanza les siga dando fuerza en la búsqueda de sus familiares”, expresó el padre a padres y madres de los normalistas quienes el pasado domingo 26 le impidieron oficiar misa en la
Normal “Raúl Isidro Burgos” y le pidieron deslindarse del movimiento de lucha para encontrar a los normalistas.

Solalinde pretendía oficiar una misa en la Normal Rural de Ayotzinapa, a un mes de la desaparición de los jóvenes, sin embargo los padres de los estudiantes se lo impidieron debido a que el religioso declaró hace poco más de una semana que los normalistas fueron quemados vivos.

En declaraciones a la agencia Novosti y el diario austriaco Der Standard de Viena dijo que no hay ninguna esperanza de que los normalistas aparezcan vivos y algunos fueron quemados vivos.

“Desde el domingo a la fecha he tenido varios encuentros con testigos, algunos testigos presenciales, que sufrieron el primero y segundo ataque, estudiantes, pero hay otras fuentes, que no son estudiantes, que nos hablan de otro momento.

Hablan de que algunos estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diesel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos”, relató a dichos medios.

Tras su encuentro el domingo pasado con los familiares de los jóvenes desaparecidos dijo ser respetuoso de la situación y ofreció estar dispuesto cuando le pidieran ayuda.
 
De Proceso.

sábado, 25 de octubre de 2014

Discurso del Rector de la UAEMor, Alejandro Vera Jiménez, sobre #Ayotzinapa. Llama a NO votar.



La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha tomado las calles de Cuernavaca y desde aquí, hermanada en una sola voz, con otras instituciones de educación superior en el país, más de 100, les expresa a los deudos de las 6 personas asesinadas en Iguala, el pasado 26 de septiembre, así como a los familiares, compañeros y amigos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa su más profunda solidaridad, y como bien lo expresó el Ejército Zapatista: su dolor es nuestro dolor, su rabia es nuestra rabia, sus exigencias son también las nuestras.

De manera especial, quiero enviar un saludo solidario y fraterno a la familia de José Luis Luna Torres, joven de 20 años, originario de Amilcingo Morelos y estudiante de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, quien se encuentra entre los 43 desaparecidos.

Familiares de José Luis, familia Luna Torre, Marisol que estás aquí con nosotros, no estás sola, los universitarios de Morelos estamos con ustedes y con todas las víctimas del país, nos ponemos a sus órdenes para lo que necesiten y se les ofrezca, nos ponemos a sus órdenes para seguir luchando.

Ciudadanos de Morelos, colegas universitarios, jóvenes estudiantes.

Desde esta plaza pública exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales, la aparición con vida, ya, de los 43 jóvenes desaparecidos.

Exigimos también, el que se haga en este caso y en general en el caso de todas las víctimas que día a día se acumulan en las escandalosas cifras de desaparecidos y configuran una profunda emergencia nacional, justicia verdadera. Justicia para los familiares de Ricardo Esparza Villegas, alumno del Centro Universitario de Los Lagos, quien fue asesinado este lunes.

No nos van a callar, no nos van a desmovilizar, antes al contrario, junto con universidades hermanas, junto con estudiantes y jóvenes de todos los rincones del país, junto con la sociedad civil, nos daremos a la tarea de enfrentar la crisis de Estado en la que nuestro país está inmerso, dándonos desde abajo, nuevas instituciones.

Desafortunadamente los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, no son hechos aislados: “entre fines de 2006 y mediados de 2014 han desaparecido más de 22 mil personas en México. Es decir, llevamos poco menos de 8 años con un promedio de 240 desaparecidos al mes, lo cual equivale a un contingente como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa cada 6 días”.

Sin duda lo sucedido en Ayotzinapa es escalofriante, como lo es también lo sucedido en Tlatlaya, pero vistos en el contexto nacional no son particularmente excepcionales y ello es lo grave.

Ello es lo que nos indigna, ello es lo que no produce una profunda rabia, porque vemos que la clase política mexicana está más empeñada en defender sus cotos de poder, que en impulsar políticas que reviertan la dinámica de barbarie en la que nos encontramos.

La clase política se rasgó las vestiduras cuando se habló de que México era un Estado fallido y hoy, con los sucesos de Guerrero y antes en Michoacán y en Tamaulipas, y en el Estado de México, y en Veracruz y en nuestro propio Estado de Morelos, nos da elementos para afirmar que México es hoy, un narco Estado y no lo vamos a permitir.

¿Cuál es el terreno que ha permitido que la semilla del narco estado crezca y florezca en nuestro país?

La desigualdad, la impunidad y la corrupción.

En México, la población más rica obtiene 19 veces más ingreso, que el 10% de la población más pobre. Eso es inadmisible ya, eso es inaceptable, es en verdad indigna una clase política que camina por la izquierda y después cambia para tomar camino por la derecha, que no es capaz de llevar a buen puerto, políticas distributivas y revertir en sus condiciones y raíces la creciente desigualdad.

Es en verdad inaceptable que como sociedad estemos sepultando la fraternidad, la solidaridad, la generosidad, acicateados por la caca del diablo, el dinero.

Es en verdad inaceptable que como país, estemos condenando a nuestros niños y jóvenes a la desesperanza, a la miseria y a la frustración.

¡Ya basta!

“La impunidad en México es total”, tituló ayer el periódico español El Mundo a la nota en la que informaba a sus lectores sobre los acontecimientos en Iguala, Guerrero.

No está lejos de la verdad, la PGR afirma que en México quedan en la impunidad el 93% de los delitos. A ello hay que añadir que el 92 % de los delitos no se denuncia.

Es en verdad una verdadera catástrofe, es la prueba fehaciente de que hoy en México, no hay Estado de Derecho, ¡Basta ya de simulaciones y mentiras!

Nuestra convivencia está seriamente lastimada por la impunidad y en especial la impunidad de quienes han propiciado el estado de cosas que hoy vivimos. Combatir la violencia con violencia es en verdad un despropósito, es querer apagar el fuego con gasolina.

Revelémonos en contra de la impunidad, no permitamos que se diluyan en la palabrería demagógica de la clase política y de los partidos que los cobijan, exijamos que quienes tienen responsabilidades, bien sea por un actuar ilícito, bien sea por omisión, reciban castigo. Y las víctimas de los familiares justicia verdadera.

No basta pedir perdón, hay que aceptar las responsabilidades y someterse al imperio de la ley. Es claro hoy, que en lo de Iguala hay muchos políticos omisos. Exigimos sean llevados ante la ley.

En el 2013, México se ubicó en la posición 106 de 177 países en la percepción de la corrupción.

Entre los países que integran la OCDE, México se ubica en la última posición de la tabla en materia de corrupción,
por debajo de países como Italia y Grecia.

La corrupción en nuestro país es una verdadera gangrena que ha corroído la trama institucional y ha contaminado de manera brutal la relación de los ciudadanos con los gobernantes, con la clase política.

“El que no transa no avanza” decimos con cínica picardía los ciudadanos, pero la clase política en este país lo ha tomado como el lema de su actuar cotidiano.

¡Ya basta! México y los mexicanos no nos merecemos gobiernos y políticos tan corruptos como los que tenemos.

¡Ya basta! la corrupción es el agua que riega las semillas de la impunidad y es la impunidad la patente de corso para delinquir.

“La corrupción legalizada –dice Edgardo Buscaglia– es el aparato circulatorio de la delincuencia organizada y es lo primero que hay que cambiar”.

Desigualdad, impunidad y corrupción son sin lugar a dudas, los problemas estructurales que configuran la emergencia nacional en la que estamos inmersos.

Las fosas que a propósito de los hechos en Iguala el pasado 26 de septiembre, han aparecido, le dan la razón al Padre Solalinde, quien expresó en días recientes en la Ciudad de Puebla: “En este sistema económico político la gente no vale, no importa, y sólo es un instrumento para generar riqueza. Al mismo tiempo, vemos una degradación política. Vemos una función pública que va por el poder y el dinero. Vemos un país que es una fosa común general. Por donde rasquen, vemos muertos”.

Como dice el compañero Javier Sicilia: ¡Ya basta, estamos hasta la madre!

Y si los políticos no lo entienden y si los políticos no lo quieren entender porque en su decir cuentan con indicadores y encuestas que les muestran que las cosas marchan bien, que con su pan se lo coman.

Es hora de que los ciudadanos, de cara a las próximas elecciones de 2015, empecemos ya, a explorar alternativas.

Convoquemos a un gran debate nacional, convoquemos a múltiples movilizaciones nacionales que se ocupen del tema y, si la voluntad de los ciudadanos, nuestra voluntad, es ausentarnos de las urnas, hagámoslo, hagámosles a los políticos, un boicot político, un paro político, dejémoslos con su boletas y sus urnas, no nos convirtamos en cómplices, no los legitimemos. A los rectores de las más de 100 universidades les invito a que no aceptemos cargos de elección popular, que no nos hagamos cómplices. Compañeros rectores no aceptemos sus migajas sigamos luchando desde nuestra trinchera de la educación y el desarrollo de nuestro país, por nuestros jóvenes sigamos con el lápiz y el papel luchando para sacar adelante este país.

Hago mías las palabras de Edgardo Buscaglia y propongo que ustedes también se apropien de ellas: “Este tsunami de sangre ha despertado a la sociedad civil en México, ¬–dice Buscaglia– pero hay que ir más allá de pedir justicia por la tragedia en Iguala; hay que prevenir que más masacres ocurran. Hay que rescatar al Estado de los gobernantes que lo han secuestrado. Se trata de salvar vidas y para ello se necesita un movimiento social fuerte y unido desligado de estos poderes formales, cómplices de la delincuencia”.

Compañeros no nos presentamos a las urnas, no hagamos de esto un circo como el que han hecho tantos políticos, y mientras sigan sin aparecer los 43 compañeros de Ayotzinapa y mientras sigan presentándonos candidatos vinculados al narco y a los filtros de selección de candidatos de los partidos políticos no estén transparentados por la ciudadanía, digamos no a las elecciones.

Hoy, parafraseando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los Universitarios de la UAEM les decimos a todas las víctimas de nuestro país, en especial a las que como dijera la hermana de José Luis Luna Torres, como dijera Marisol: “…su sufrimiento es como estar muriendo lento”, por los asesinatos en Iguala y por la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que su dolor es nuestro dolor, que su rabia es nuestra rabia.

domingo, 19 de octubre de 2014

El Diablo no es rojo. Conoce a Osorio Chong.

El más conocido de los montajes realizados por Genaro García Luna, el todopoderoso jefe de la policía de Felipe Calderón, es el caso de la francesa Florence Cassez. Pero no fue el único. En Hidalgo, durante el gobierno de Miguel Osorio Chong se instaló otra fábrica de culpables, una que llevó a prisión a 145 policías por supuestos vínculos con el Cártel de Los Zetas. En esta puesta en escena participaron directamente Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de García Luna, y Damián Canales, el mismo a quien ha tocado torear la masacre de 22 civiles a manos del Ejército mexicano en el municipio Tlatlaya, Estado de México. El caso de los “narcopolicías” ha derivado en más de 120 discretas liberaciones por falta de elementos para condenarlos. Algunos siguen presos. La esposa de uno de ellos y abogada defensora de una decena más cuenta la historia: amenazas, violaciones sexuales, muerte. El PRI solía criticar al gobierno de Calderón por el “michoacanazo”, ese operativo en el que alcaldes y funcionarios fueron a prisión… y luego liberados. Pero su Secretario de Gobernación tiene, allá en casa, un caso muy similar, tratado con todo sigilo…

Por: Humberto Padgett


Pachuca, Hidalgo, 16 de octubre (SinEmbargo).– ¡¿De qué color es el diablo, hijo de la chingada?! –preguntaba un custodio de la cárcel federal de Villa de Allende, Veracruz, recordado con especial dolor por su crueldad. –Rojo –respondía el reo que días antes había sido policía en Pachuca, Hidalgo, con la única intención de dar gusto a quién sabe qué extraño placer de su carcelero. –¡No, cabrón, el diablo es azul! –y sumergía la cara del preso en un escusado o lo restregaba en el piso para que ahí lamiera la comida. A él, al Diablo Azul, se le acusa de dirigir los abusos sexuales. Algunos de los 99 agentes de Pachuca detenidos en esa cárcel de cemento y hielo deberían pasar parte de su encierro en una cárcel psiquiátrica. ¿Cómo llegaron ahí? Días antes, en la Ciudad de México, un abogado de oficio entró a la celda en que el comandante Jesús Garcés había pasado la semana en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Dejó de lado algunos papeles y se apresuró a terminar. Jesús apenas se enteraba que lo acusaban de cobrar con una mano en la Policía Ministerial de Hidalgo, estado en ese momento gobernado por Miguel Ángel Osorio Chong, y con la otra a Los Zetas cuyo líder en ese momento, Heriberto Lazcano, El Verdugo, había nacido y crecido en el mismo estado antes de enrolarse en el ejército para luego desertar hacia el narco. –¿Verdad que no lo golpearon? –preguntaba el defensor público a Garcés–. ¿Verdad que no lo han maltratado? ¿Verdad que no le hicieron nada? –Pues no –respondió el policía. –Ah, bueno. Pues firme que lo trataron bien aquí, en la institución –y le extendió parte de los documentos que llevaba–. ¿Y qué? ¿No va a declarar? –No. No sé de qué. Luis Cárdenas Palomino cruzó la puerta. A principios de junio de 2009, Cárdenas se mantenía de pie en el primer círculo de la Secretaría de Seguridad Pública, en la aristocracia policíaca creada por Felipe Calderón Hinojosa en su estrategia de combate al crimen organizado. Algunos miembros de la camada habían muerto o se les había descubierto en franca colusión con el crimen organizado. Pero Cárdenas Palomino estaba ahí. A pesar del affaire Cassez y la rispidez en las relaciones diplomáticas entre México y Francia ocasionada por el montaje televisivo, Luis Cárdenas estaba ahí. –Mira, Chita –Cárdenas hablaba con familiaridad, conocía a Jesús desde que éste fuera un miembro del grupo especial antisecuestro Yaqui y él fuera su jefe. –Si no colaboras yo me encargaré de que te pongan la pena máxima y te mandaré a un lugar en que hagan la vida imposible. – ¿Y qué quieres que diga? –Jesús conocía la rutina. –Bueno, ya dinos quién es el bueno, ¿tú eres el bueno o qué? ¿Quién es el bueno? Pon los nombres –habría dicho Cárdenas Palomino según la versión contada a SinEmbargo por Angélica Nieto, la esposa de Jesús Garcés. El jefe de la Policía Federal lanzó una retahíla de nombres. A cada uno, Garcés negó con la cabeza. –No los conozco. ¿Por qué no le preguntas a mi jefe? A lo mejor él te pueda dar información. ¿O al jefe de mi jefe? –Mira, Chita, si tú te conviertes en testigo protegido, yo veré que te bajen la pena a la mitad, que nada más te pongan 20 años. –Pues qué ayuda ¿no? –respondió con sarcasmo. –No declaro. En las imputaciones por delincuencia organizada figuraba que el Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Damián Canales Mena, había involucrado a Jesús Garcés y a otros 100 policías de ser empleados de Los Zetas. El señalamiento ocurría en armónica coincidencia con el supuesto hallazgo de la Policía Federal de una nómina en que los narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores habían anotado exactamente qué cantidades pagaban con regularidad a cada uno de los policías municipales, estatales o federales comprados por ellos en el estado y durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong. Días después, a fines de junio de 2009, Cárdenas Palomino, vestido de impecable uniforme negro, ofreció otra conferencia de prensa con los helicópteros de fondo y enormes policías con pasamontañas y un fusil empuñado a la altura del pecho: “Desarticulamos la protección de Los Zetas en el estado de Hidalgo, donde ya no hay impunidad para ellos”, afirmó Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública federal.


LIBERTAD.

esús García Jiménez nació el 6 de abril de 1975 en Álamo, Veracruz, de ahí el apodo de Jarocho. Llegó a Pachuca luego de terminar la preparatoria y con el sueño de toda su vida a cuestas: ser policía. Se empleó como mesero en la desaparecida discoteca Prisma a la vez que costeaba su estancia en la Academia de la Policía Ministerial. Inició su carrera policíaca casi al comienzo de su mayoría de edad. Al poco tiempo fue promovido para integrarse a al grupo especial antisecuestro Yaqui, un cuerpo nacional que luego se integró en la Agencia Federal de Investigación (AFI), nombre con el que Vicente Fox trató de refundar la carcomida Policía Judicial Federal. La AFI estuvo a cargo de Genaro García Luna, quien designó como director general de Investigación Policial de la AFI a Luis Cárdenas Palomino, protagonista del montaje televisivo contra la ciudadana francesa Florence Cassez presa durante siete años y liberada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como director general de Investigación Policial de la AFI, Luis Cárdenas Palomino era jefe de Jesús García, a quien se asignó el nombre clave de Chita. Al término de la comisión, Jesús volvió a Hidalgo como agente raso. En la estructura estatal, Jesús ascendió a la jefatura de un grupo y luego a una comandancia sin adscripción fija, sino como uno de los encargados de asuntos especiales. Especialista e instructor de tonfa, el bastón policíaco con forma de “t”, y en técnicas de seguimiento, Jesús estaba acreditado como instructor por el gobierno federal e impartía cursos para corporaciones policías públicas y privadas y cuerpos de seguridad o escoltas. Esta condición le imponía aprobar constantes exámenes de control ante la Secretaría de Gobernación consistentes en pruebas psicológicas, poligráficas, toxicológicas y de entorno socioeconómico, entre otras. Nunca antes fue acusado por tráfico de drogas. Nunca se le investigó por enriquecimiento ilícito. Jamás se inició alguna averiguación por abuso de autoridad. La calificación de Jesús García y el aseo de su expediente le tenían a punto de ser nombrado como comandante del Centro de Operaciones Especiales. Pero en Pachuca el viento sopla fuerte y se aproximaba un torbellino.

***
Jesús mide 1.73 metros, es moreno, delgado, de cabello rizado y castaño casi cobrizo que siempre lleva corto, casi al ras. Sus ojos son cafés claros, su nariz un tanto aguileña, sus cejas muy pobladas y su boca es grande. Hay algo mulato en El Jarocho. La policía judicial no sólo dio trabajo a Jesús. En las oficinas conoció a Angélica Nieto Acosta, entonces, hace 18 años, estudiante de Derecho el Centro de Estudios Superiores y auxiliar de asuntos jurídicos en la Procuraduría de Justicia de Hidalgo. “Es una persona de carácter tranquilo, a veces hasta introvertido. Le disgusta el bullicio de la gente y es muy desconfiado. Es un hombre muy familiar y muy cariñoso con nuestra hija. Juntos son como dos chiquitos traviesos. “No puedo decir cómo era de policía porque no estaba las 24 horas del día con él, pero jamás escuché que le gritara o le faltara al respeto a alguien. Nunca supe que le ordenara a alguien limpiarle las botas o lavarle la patrulla como a él le tocó hacer cuando inició”. El noviazgo ha continuado desde entonces sin necesidad de ningún trámite. El 12 de diciembre de 2002, nació su hija Alma. Poco después compraron una casa con un crédito de Infonavit en Parque de Poblamiento, una colonia de clase media cercana al centro de Pachuca. Angélica conducía un auto Honda Civil año 1999. Él utilizaba vehículos oficiales. Según su esposa, el comandante Jesús evitaba ropa del estereotipo narcotraficante: botas de pieles exóticas, cinturón piteado, sombrero tipo texana, un lingote de oro colgando del cuello. Su Jesús se sentía cómodo con unos zapatos de 300 o 400 pesos, pantalón de mezclilla y gorra. Los días en que debía verse formal utilizaba alguno de sus tres trajes: el gris oscuro que compró para la graduación de su mujer, en 2001, un beige o el negro que le proporcionó la Procuraduría de Justicia del Estado en el afán de mejorar la imagen de sus agentes. El último día en libertad, en la cuenta bancaria de la pareja no había más de 6 mil pesos. El sueldo de Jesús de 22 mil pesos mensuales, compensaciones incluidas, como comandante se complementaba con los ingresos que lograba por los adiestramientos de tonfa y seguimiento que proporcionaba y el salario de maestra de secundaria de Angélica. La Procuraduría General de la República no encontró más.

ARRAIGO

El 28 o 29 de mayo de 2009, Jesús habló con su esposa y, con tono relajado le comentó que le habían notificado del inicio de un arraigo en su contra. – ¿Cómo que estás arraigado? –se inquietó Angélica. –Sí. Me están asociando con un intento de secuestro en un VIPS, un lugar público –dijo él para subrayar lo que le parecía un disparate– y no sé exactamente qué es lo que está pasando. – ¿Quieres que hagamos algo? ¿Quieres que me nombre como tu abogada para ver qué hay? –No, no, no –Jesús contuvo a Angélica con la mente puesta en su inminente ascenso como comandante del Centro de Operaciones Especiales. Supuso alguna zancadilla, un problema de política entre oficinistas. Jesús Garcés había hablado con el agente del ministerio público quien dijo al policía casi con enfado que, simplemente, debían esperar dos semanas para cumplir con el trámite. Se acordó que la detención ocurriría en las mismas oficinas de la Procuraduría. Según la mujer, no había razones para la preocupación. Al contrario. Un día, durante el arraigo, el comandante Garcés recibió la notificación de la Secretaría de Gobernación federal en que le informaban de su aprobación de los últimos exámenes de confianza. Días atrás, habían ido a su casa, investigado sus cuentas bancarias y las de Angélica y revisado la escuela privada en que Alma, la hija de la pareja, cursaba la primaria. –Ya me dieron los resultados y todo está perfecto –comentó a Angélica con voz suave, concentrado en tranquilizarla.

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El sábado anterior a su liberación, Angélica recibió otra llamada de Jesús. – ¿Ya vienes para acá? –soltó él, pero esta vez una grieta cuarteaba la calma de los días anteriores. –Sí, ya nada más paso por la niña y nos vamos a desayunar –dijo ella en espera de más datos que explicaran el nuevo tono de voz. –Me dicen que acaba de salir algo en el periódico… En Criterio. Apareció una nota en que dicen que estoy arraigado en la casa de seguridad de la policía ministerial y que de la SIEDO ya viene por mí. La mujer buscó el periódico y, hacia el mediodía, marcó a la oficina de la policía para confirmar la existencia de la nota informativa y de su contenido. Durante las siguientes horas, Angélica intentó, en balde, averiguar el origen de la filtración. A las tres de la tarde, volvió a timbrar el teléfono. –Ya no vengas –el sonido fue tan seco como un pedazo de sal. – ¿Por qué? –Esto está muy feíto. Mejor aguántame tantito y mando a uno de los muchachos por ti. –Oye, ¿qué está pasando? –ella era angustia pura. –Tú tranquila, yo tampoco te puedo decir qué está pasando, pero tú tranquila. Mandaré a alguien por ti. Angélica se sentó junto a la puerta y aguardó la llegada del policía enviado por su marido. –Licenciada –dijo el agente a la abogada –dice mi jefe que si le puede poner ropa limpia. –Ya la tengo lista. ¿A dónde vamos? –Está en la casa de seguridad. Los acaban de trasladar –dijo el hombre en referencia de Garcés y otro agente involucrado, Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso. – ¡No puede ser! Me acaba de hablar de la oficina. –Sí, pero lo trasladaron. El sitio de arraigo o de seguridad de la Procuraduría estatal está ubicada en una colonia muy cerca a la del matrimonio, en Santa Julia. Viajaron cinco minutos hasta que quedaron frente a la fachada de una casa común y corriente, pero esta vez custodiada por dos camiones de soldados con los fusiles al hombro y el bajo sobrevuelo de un helicóptero. Angélica y Alma entraron a la casa. En una de las recámaras, sentado, encontraron a Jesús. –¿Pues a quién tienen? –preguntó Angélica. –A nadie –respondió el hombre con parquedad. – ¿Cómo que a nadie? –Sólo estoy yo. – ¿Es una broma o qué te pasa? –No. Y sacaron a todos los arraigados que estaban aquí. –Chucho, esto está muy feíto… ¿qué pasó? –No sé, Gorda. –Pero si el arraigo vence mañana –Angélica trataba de asirse de algo. –Pero no sé qué sucederá. Jesús buscó entre sus ropas algo de dinero. –Nada más pude pedir que me sacaran esto del cajero automático –extendió 3 mil pesos. – ¿Para qué me das a guardar el dinero? Mañana te levantan el arraigo. –Si es una u otra casa hay que pagar la tarjeta. No seas malita y hazme el pago puntual de la tarjeta –Jesús se permitía preocupaciones de ese tipo. Se abrazaron y Angélica viajó los cinco minutos de regreso a casa. Apenas pasó la puerta, timbró el teléfono. Esperó escuchar a Jesús, decir que la detención estaba concluida y que fuera por él. Pero el aparato no se vaciaba de sustos y la voz que salió de la línea fue de un cuñado. –Se acaban de llevar a Jesús. –Yo acabo de estar con él… –Me dice que lo están trasladando a SIEDO. Angélica recuerda el momento: “Supongo que sólo esperaban a que mi hija y yo saliéramos de la casa de arraigo. Pienso que él ya sabía de su traslado y no me quiso decir nada. Empecé a entender que pasaba algo muy grave. A la mañana siguiente busqué al Secretario de Seguridad Pública del estado, Damián Canales Mena. Ni siquiera pude pasar a su oficina. Me mandó a decir que no tenía tiempo de atenderme. Luego sabría que él armó parte del montaje contra mi esposo”.

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En pocas horas, si no es que minutos, Jesús Garcés se había degradado de policía ejemplar y futuro jefe de la Ministerial a un hombre sobre el que había caído una especie de lepra y la peste pronto alcanzó a su familia. Uno de los agentes que entregó al comandante a la custodia federal explicó escuetamente que ni ellos sabían bien de qué se trataba el asunto. El problema era, en realidad, un torbellino a punto de pasar por encima de la policía de Hidalgo. Angélica habló con otro cuñado residente en el Distrito Federal y quien aseguró que había acordado una visita a Jesús en su encierro. –Voy para allá –anunció Angélica. –No. Primero vamos a ver qué es lo que pasa –frenó el cuñado. –No. Ya no. No me quise meter una vez para no entorpecer la situación, pero no lo voy a volver hacer otra vez. Necesito que saber qué pasa y de qué forma debo reaccionar. Temprano, Angélica pagó la tarjeta de crédito, arregló el acomodo de Alma y salió a la Ciudad de México. Llegó a las 3 de la tarde al edificio junto al Monumento a la Revolución y logró ingresar hasta las 9 de la noche. –No sé de qué se trata el asunto. Solamente me dicen que hay un tal Cepillo, que diga los nombres de las personas que están relacionadas. – ¿De quienes, de qué? –Angélica intentaba tomar una hebra, lo que fuera para comenzar a armar el rompecabezas. –No lo sé, Gorda, no lo sé. Quedaron en silencio los siguientes minutos, hasta que un oficial se acercó a la mujer para pedirle que saliera a la oscuridad de la Ciudad de México. Apenas salió el sol, Angélica se apersonó ante el portón der la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. –Algo tenemos que hacer, tengo que buscar la manera de cómo obtener la información –dijo ella. –Será muy complicado. Me acaban de decir que te van a trasladar a la casa de arraigo, en la colonia Doctores –¿Y qué hago? –el comandante de la judicial Jesús Garcés se dejaba en manos de su mujer, Angélica, hasta la mañana anterior maestra de secundaria. Era lunes. El jueves, un convoy digno de película –y Jesús estaba a merced de productores cinematográficos– lo custodió a la colonia Doctores. Angélica ingresó dos días después. –Me bajaron a declarar, pero no declaré –le relató Jesús. Angélica recuerda el momento con precisión. Al menos en su versión, en las palabras que ofrece para contraste con un mamotreto de cinco kilos de papel con actuaciones judiciales que trae para todos lados, no hay vacilaciones. – ¿Por qué no declaraste? –averiguó Angélica Nieto Acosta. –Porque no me querían decir de qué se trataba la situación. Nada más me decían que debía proporcionar los nombres, que tenía que poner agente y que me acogiera a los beneficios de la ley y convertirme en testigo protegido. Y no declaré. – ¿Te pusieron algún defensor de oficio? –Llegó un fulanito y me dijo: “¿Verdad que no lo golpearon? ¿Verdad que no lo han maltratado? ¿Verdad que no le hicieron nada?”. Y, pues, yo dije que no. “A bueno”, me dijo, “pues fírmele que lo trataron bien aquí, en la institución. ¿Y qué no va a declarar?”. Le dije que no. Entonces llegó Luis Cárdenas Palomino y me dijo: “Mira, Chita, si no colaboras yo me voy a encargar de que te pongan la pena máxima y te voy a mandar a un lugar que te va hacer la vida imposible”.

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El 24 de junio de 2009, un millar de soldados y policías federales apoyados con helicópteros artillados tomaron la capital de Hidalgo. Al terminar, llevaron a la Ciudad de México, como detenidos, a 99 policías municipales, estatales y federales acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de fomento, figura jurídica utilizada para procesar a funcionarios públicos coludidos con el narcotráfico. Además de la supuesta nómina encontrada a los contadores de Los Zetas con los nombres de los agentes hidalguenses, el Ministerio Público federal se valió del testimonio de Damián Canales y de algunos testigos protegidos que aparecen en cualquier cantidad de expedientes inculpatorios iniciados por el gobierno de Felipe Calderón, entre ellos Jennifer, Pitufo, Venus y Tauro. También habló un informante anónimo identificado como Caleb, quien ofreció detalles tan particulares como el lado de la cintura en que cada agente portaba su arma de cargo, el dinero que en cada ocasión de soborno habría recibido, los nombres y apellidos de cada persona involucrada. Otro testimonio incriminatorio fue el de Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso, el hombre detenido y arraigado a la par con Jesús Garcés. Garcés fue acusado, además, del supuesto intento de secuestro de un hombre al que habría citado fingiendo interés en rentarle un palco en el estadio de futbol para un juego de Pachuca contra los Pumas de la UNAM. El ministerio público ofreció un video en que se observa, en el interior de un Vips, a Jesús sólo, en actitud de espera. Eso y el testimonio de la posible víctima es todo.

ACUSACIONES ANÓNIMAS

Al inicio, la Procuraduría General de la República solicitó un arraigo de 40 días para presentar su formal acusación contra Jesús Garcés. Junto con el uso de testigos protegidos, la detención con fines de investigación fue una herramienta tan cuestionada por defensores de los derechos humanos como de utilizada por la administración de Calderón. Al terminar los 40 días, el ministerio público federal requirió la duplicidad del plazo, es decir, demandó la retención del comandante por 80 días totales a pesar que su captura fue publicitada por Cárdenas Palomino y Damián Canales como “un trabajo de inteligencia de meses de seguimiento”. El juez concedió únicamente 20 días más a la autoridad para demostrar la suficiencia de elementos. En ese tiempo debía imputar a Jesús o liberarlo. Entonces apareció una denuncia anónima por Internet en que se aseguraba la relación entre el policía y Los Zetas. El mismo gobierno que había certificado su probidad decenas de veces con distintos exámenes tan sofisticados como el polígrafo, se basó en las letras de un fantasma para sostener que el policía era empleado de Los Zetas. La acusación sin nombre habría surgido de un domicilio de la colonia San Javier. Pero al respecto ocurre un detalle: la casa no existe. En otra parte de los señalamientos sobre secuestro contra Jesús Garcés, se narra un plagio sostenido en una casa de seguridad. Los secuestrados, una vez liberados, reconocen a todos sus captores excepto al ex comandante cuya voz es grabada y presentada a las víctimas, pero tampoco logran identificarla. El Oso no logró identificar a Jesús. Los policías federales de Cárdenas Palomino declararon haber detenido a Chita durante un operativo, cuando su detención ocurrió al final de un arraigo de dos semanas en las instalaciones de la Policía Ministerial de Hidalgo. La Procuraduría local no ha entregado siquiera copia simple de las motivaciones y justificaciones jurídicas de ese arresto: ni siquiera existe un número de averiguación previa que justificara la primera retención. A pesar de todo, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, otorgó la orden de aprehensión y abrió la causa penal 59/2009 por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Jesús y El Oso pasarían los siguientes años de su vida en el penal de mediana seguridad de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez. Un juzgador distinto con residencia en Tepic, Nayarit, sí otorgó el arraigo por 80 días para los otros 99 agentes. Cuando se cumplió el plazo, en la tercera semana de septiembre de 2009, un nuevo operativo del ejército y la Policía Federal sacudió Pachuca y se llevó a 24 agentes más. Estos ya no tocaron las instalaciones de la Procuraduría.

LA PRISIÓN MÉXICO

Las autoridades reunieron a 119 de los detenidos y los trasladaron en avión al Centro Federal 5 El Oriente, en el municipio de Villa de Aldama, Veracruz, a las faldas del Cofre de Perote. Al otro lado del país, en Nayarit, un juez inició el proceso en su contra dentro de la causa penal 464/2009 por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en su modalidad de fomento. Esto supone al menos una peculiaridad jurídica: por los mismos hechos de delincuencia organizada se abren dos procesos penales distintos. Al poco tiempo, ocurre una posible redundancia en el juzgamiento de Jesús Garcés pues se le procesa, además, por la causa 464/2009. Angélica se sentó a redactar un amparo, pero sus manos no dejaban de temblar sobre el teclado. Había egresado en 2001 y, para 2009, se sentía con la necesidad de escribir con el libro de texto al lado. Buscó un abogado particular y entendió que la libertad de su esposo debería costar más que el optimismo que se sacaba a jalones en cada respiro. Como pudo, consiguió los 50 mil pesos requeridos por el defensor pedía únicamente para iniciar la contraofensiva. Los recursos de Angélica se consumieron a la velocidad de las llamas en un papel. Cada objeto de su pequeño joyero desaparecería para siempre en una casa de empeño: su querido anillo de graduación, la medalla de la Virgen de Guadalupe con que hizo su confirmación, unos aretes de oro comprados durante algún momento de suficiencia. Remató su Honda Civil en 35 mil pesos y puso en pausa todos los pagos. A las semanas, la casa funcionaba sin luz ni teléfono. Una tarde, marcó al teléfono del abogado contratado, pero no hubo respuesta. Tecleó los números una vez más. Y otra, y otra. El hombre se había esfumado con los únicos 50 mil pesos que tenía Angélica en la vida. La mujer pasó la noche en vela y apeló el auto de formal prisión. Este recurso se radicó en Querétaro. Entre los detenidos había cinco mujeres a quienes encarcelaron en Villahermosa, Tabasco. Algunas de las apelaciones de los policías presos en Veracruz fueron a manos de Juzgadores de Sinaloa y Chihuahua, mientras que El Oso fue trasladado a Guerrero. Aún ocurrirían otras 20 capturas con lo que el grupo de “narcopolicías” del estado gobernado por Miguel Ángel Osorio Chong sumaba 145 personas. Había, pues, 145 familias que, desprovistas de su principal ingreso económico, debían sostener una defensa legal a la velocidad del sistema mexicano y resolver un laberinto procesal del tamaño de México. Durante varias semanas, Angélica tomó el camión de segunda clase por más de 10 horas de Pachuca a Tepic. Llegaba de madrugada, esperaba la apertura del juzgado, desahogaba alguna actuación y volvía a la capital de Hidalgo para alcanzar alguna situación de trabajo. El presupuesto del viaje excluyó en más de una ocasión una comida caliente. En el expediente se cruzaban además todas las clases sociales de las policías hidalguenses. Los uniformados de menor escalafón percibían un sueldo de 4 mil pesos mensuales. Para sus familias, la simple obtención de las fotocopias para continuar la defensa era otro empujón a la pobreza. “Muchos niños dejaron de ir a la escuela porque ayudaban a su mama a llevar dinero a casa. Era eso o quedarse sin comer. La mayoría de las señoras buscaron trabajo como empleadas domésticas, afanadoras en fábricas o como maquiladoras con salario mínimo. Entre las esposas de los policías, sólo tres o cuatro somos profesionistas”. Angélica Nieto es abogada y asumió la defensa de su marido y otros 11 agentes a quienes en ocasiones ni los gastos de traslado cobró. La generosidad no era menor. Alma asistía a una escuela particular y fue cambiada a una escuela oficial. Imposible vender la casa porque aún está comprometida con un crédito de INFONAVIT que, desde hace tiempo, ya no paga. “De la tarjeta de crédito simplemente me dejé de preocupar. Mi marido estará en el buró de crédito por los siglos de los siglos. Cuando hablan los cobradores les pido que vayan a reclamarle a la cárcel y que dejen de dar lata”. –– ¿Hubo discriminación, hubo algún trato hostil por parte de tus vecinos? –No soy alguien a quien afecte ese tipo de situaciones. Es entendible: por mucho, mucho tiempo, mi casa estuvo vigilada por todos lados. El nombre de mi marido apareció en todos los periódicos de Pachuca y en varios nacionales. En estaciones de radio, televisión… Siempre lo trataron como culpable. “Yo tuve que dejar de trabajar un año porque el tiempo era insuficiente. Mantenía mi casa, a mi hija, a mi esposo y a mí. Necesitaba estar viajando, viajando, viajando y en los trabajos simplemente no aceptaban más faltas. “Mucha gente perdió su trabajo sólo por ser familiar de alguno de los muchachos. A mucha gente se le cerraron las puertas. Hubo hijos de buenos policías vendiendo chicles en la calle. Ahora esos hombres están libres y algunos no encuentran trabajo”, lamenta Angélica. “Otros son meseros o taxistas. Unos volvieron y encontraron que sus esposas no los habían esperado. Creo que más del 70 por ciento de las familias han quedado desintegradas”.

EL DIABLO NO ES ROJO

a cárcel federal de Villa Aldama, en Veracruz, está al final de la espalda del Cofre de Perote. Cuando el viento termina de resbalarse por el lomo del cerro sopla hielo en la cara de los reos. Una buena parte del año las temperaturas rondan los cero grados centígrados y no es extraño que el termómetro amanezca a menos siete. Nieva. Luego de la declaratoria de guerra contra las drogas hecha por Felipe Calderón, se aumentó la capacidad de los reclusorios federales. En algunos casos se construyeron penales y, en otros, como fue el caso de Villa Aldama simplemente se cambió el letrero de la puerta, pero no se acondicionó la penitenciaría ni se modificó el manejo de la población ni de sus familiares. En el aire que ahí parece hecho de navajas, los custodios ordenaban el desnudo completo de todos y todas las visitantes. Algunas mujeres mayores de edad aún deben hacer sentadillas sin ropa interior ante la mirada de las guardias a las que un simple gesto de inconformidad las puede motivar para negar el acceso y no hay súplica que valga. La primer comida para los hidalguenses fue una torta pequeñita y un jugo de 250 mililitros. No hubo más en todo el día y los siguientes fueron similares. Durante semanas, su única ropa interior fue la que llevaban puesta y la cárcel les proveyó de un solo cepillo dental por cada nueve reos hacinados en una celda diseñada para cuatro personas. “Yo no percibí corrupción en el sentido de que les exigieran dinero”, apunta Angélica Nieto. “El problema es el permanente estado de tortura en que se encuentra la población de la cárcel federal de Villa Aldama. Ocurrieron situaciones extremas que incluyeron abusos sexuales cometidos por custodios contra los policías”. La inmersión de las cabezas en excusados rebosantes de excremento era práctica frecuente y la entrega de la comida en el piso era rutina. De vez en vez, los custodios encendían las luces y gritaban: “¡Salgan, perros!”. A continuación, los sacaban a la madrugada de hielo, los desnudaban en el patio y los rociaban con agua de la manguera. Sin modo de secarse, volvían a las celdas. Carentes de chamarras y cobijas, se apelmazaban y la gripa de uno era el catarro de todos. Con excepción de los húmedos despertares de la madrugada y la atención de sus visitas familiares o de defensa, las autoridades penitenciarias optaron por negarles la salida a espacios abiertos y decenas de policías fueron infestados por hongos. La mayoría perdió 30 kilos de peso y, si el reo atendía un familiar, su rancho era devuelto a la cocina o al sitio de donde hubiera salido. Atendían sus audiencias, algunas de 13 horas de duración, con el estómago vacío. – ¡¿De qué color es el diablo, hijo de la chingada?! –preguntaba un custodio de la cárcel federal de Villa de Allende, Veracruz, recordado con especial dolor por su crueldad. –Rojo –respondía el reo que días antes había sido policía con la única intención de dar gusto a quién sabe qué extraño placer del carcelero. – ¡No, cabrón, el diablo es azul! –y sumergía la cara del preso en los escusados o los restregaba en el piso para ahí lamieran la comida. A él se le acusa de dirigir los abusos sexuales. Algunos de los 99 agentes de Pachuca detenidos en esa cárcel de cemento y hielo pasaron parte de su encierro en una cárcel psiquiátrica. Los familiares se inconformaron ante Derechos Humanos y las condiciones mejoraron: ya no sólo comen una torta y un jugo al día, pues también reciben una ración de caldo de frijol. El nuevo director les envía su comida a las diligencias, ya poseen cobijas, ropa interior y una tiendita de galletas y Cocas donde hacen compras prepagadas por sus familiares. El acoso no terminaba tras las rejas. Un policía fue tundido adentro y comentó la agresión con su esposa, quien comentó el asunto con la autoridad de la cárcel. La siguiente golpiza fue peor. La mujer de otro fue detenida a la entrada de Pachuca acusada de conducir un auto robado según, nuevamente, una denuncia anónima. La esposa del agente Ignacio Hernández Vega murió en un accidente carretero mientras conducía a Villa de Aldama. “A mí me encañonaron aquí, en Pachuca, en una situación en que yo iba a entregar a un cliente y, antes de hacerlo, nos cerró el paso un operativo con 30 policías que nos encañonaron a mí y a mi hija dentro del vehículo en que íbamos”. José López murió el mismo día que lo habrían liberado de una pancreatitis mal atendida. Falleció en libertad, pero en la cama de un hospital de Jalapa. Su hija, Jazmín Cruz, aún le guarda luto.

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Damián Canales es Secretario de Seguridad Pública del Estado de México. Llegó ahí como resultado de la reyerta política entre Los Pinos y Toluca. Su designación fue interpretada por analistas políticos como una advertencia a Eruviel Ávila Villegas de la supremacía política del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. – ¿Qué hizo exactamente Damián Canales, como Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, en el caso de los policías de Pachuca? –pregunto. –Él inició todo –sostiene Angélica y muestra los documentos con los dichos de Canales Mena quien, efectivamente, denunció a sus subalternos. –Cuando solicitamos la ampliación de su declaración se armó un operativo gigantesco. La memoria se le borró frente al juez y ya no recordaba nada. Le preguntamos cómo había obtenido las versiones de la relación entre los muchachos y los narcotraficantes y dijo que solamente lo había escuchado. – ¿Cuál era su intención? –Estos son los medios de los que se vale el Estado para ejecutar sus caprichos: límpiame el estado de Hidalgo, pidió la federación, y de aquí enviaron hombres inocentes para aparentar resultados. Es lo que Damián Canales hace ahora en el Estado de México. Definitivamente fue un montaje propio de Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna. Ellos crearon todo esto, ellos fabricaron a los testigos protegidos. Un día, todos los testigos protegidos que denunciaban a nuestros muchachos se desaparecieron. Angélica Nieto logró reunirse con personal de la Secretaría de Gobierno y Damián Canales durante algún momento del proceso para reclamar la parte proporcional del aguinaldo de 2009 que no había cobrado. “Me dijo que mi esposo era un delincuente y que él dependía que no recibiría un peso”. –¿Trataste de hablar con Osorio Chong? –¡Umm! Muchísimas veces y nunca nos recibió, ¡jamás! –¿Y a los demás familiares de los policías? –Hicimos comisiones y sólo nos mandó un achichincle que nos acusó a las esposas de ser unas revoltosas y nos dijo que nos estábamos yendo con la bandera equivocada, porque nos había apoyado un senador perredista. Con el actual Gobernador, Francisco Olvera, ha sucedido exactamente lo mismo. LIBERTAD A partir del 2012, alrededor de 50 agentes fueron trasladados de Villa Aldama a Tepic, Nayarit, al cálido trópico más por el trato que por la temperatura. Han formado equipos de futbol, toman clases de inglés o talleres de oficios y el sol les da en la cara. Han recuperado peso. De los 145 detenidos y presentados por las agencias de Genaro García Luna y de Aarón Canales como los “narcopolicías”, entre 125 y 130 han salido libres por falta de elementos para sentenciarlos, según criterio de los diferentes juzgadores que conocieron el caso. Once de los liberados fueron defendidos por Angélica, maestra de secundaria antes de que el torbellino se llevara a los policías de Pachuca. Sólo uno ha sido sentenciado de manera firme por delincuencia organizada, lo que supone dudas en uno u otro sentido pues fue procesado con los mismos elementos incriminatorios que los demás. Entre 15 y 20 están a la espera de la conclusión de su proceso. Jesús Garcés es uno de ellos. En su caso no ha habido ninguna resolución. Angélica ha reclamado el cierre de instrucción de ambos procesos para que así se emita la sentencia correspondiente. El asunto en el juzgado de Toluca está en manos de un defensor de oficio de quien sólo se espera que cierre el caso. Para el proceso en Tepic, Angélica se mantiene nombrada como la defensora de su pareja. Hasta ahora, cinco años después del arraigo, Angélica, de 38 años de edad, ha recuperado una vida rutinaria basada en un trabajo estable. Durante los últimos cinco años, Alma, la niña de Jesús, ha crecido unos 60 centímetros sin su padre. Era una pequeña de cinco o seis años y ahora es una púber. “Alma ha crecido sin su papa y así ha debido madurar”. –¿Nunca te paralizaste? –Creo que los primeros meses. Egresé en 2001 y, en 2009, cuando me senté a redactar el amparo, no sabía cómo hacerlo. Estaba en otra situación, entré en un momento de shock emocional. Pero no tenía dinero y era otro defensor de oficio o yo. –¿Qué esperan? –pregunto la más rotunda de las obviedades a Angélica. –Que ya regrese a la casa –¿Y qué hará? – Hasta hace poco tiempo, él tenía la intención de regresar a la policía, lavar su nombre, dar la cara, decirle a todos que era inocente, pero creo que ahorita ya entendió que no será así. Llevo cinco años sola. He resuelto todo esto sola y no me gustará verlo sentado todo el día en el sillón de mi casa. Definitivamente no algo tenemos que pensar –advierte con gesto travieso de mujer regañona. –¿Y qué hará? –Será un hombre libre. –¿Él entiende todo tu esfuerzo? –Pues espero que sí, porque si ya me sé el camino de salida, claro que me sé también el de entrada –bromea Angélica y suelta una carcajada franca, libre. *


Fuente: http://www.sinembargo.mx/16-10-2014/1142820









A ver, bola de revoltosos, a ver si de veras muy chingones, que andan pintarrajeando mi ayuntamiento. #Ayotzinapa.

Lunes 3 de junio de 2013. Ayuntamiento de Iguala. Simpatizantes del Frente de Unidad Popular marchan por el centro de la ciudad y apedrean la alcaldía; los trabajadores ya habían sido evacuados. Rompen ventanas y realizan pintas con tinta negra y roja. Acusan al presidente municipal, José Luis Abarca, de haber ordenado ellevantón de ocho de sus compañeros: su líder Arturo Hernández Cardona, además de Rafael Banderas Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arroyo Delgado, Gregorio Dante Cervantes, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castro.

Van acompañados por militantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), incluido el líder frentista, Bertoldo Martínez Cruz.

También están ahí estudiantes de la normal rural… de Ayotzinapa.

Durante el bloqueo del ayuntamiento, Martínez Cruz recibe una llamada telefónica de Héctor Arroyo Delgado, uno de los ocho desaparecidos. Éste le informa de la muerte de tres de sus compañeros (entre éstos Hernández Cardona), de la huida de cuatro más, incluido él, y del paradero desconocido de un octavo.

Martínez Cruz, que realizaba una entrevista con reporteros locales cuando recibió la llamada, pone el altavoz para que su compañero, Arroyo Delgado, narre lo sucedido. Cuatro minutos y 26 segundos dura la llamada reproducida por algunos medios locales, en la que se escucha, entre otras cosas, esto:

—Yo ya me voy a la chingada de Iguala, porque me van a matar… —le dice Arroyo Delgado a Martínez Cruz.

—Oye, ¿dime quiénes fueron los otros dos compañeros que asesinaron? —pregunta el líder de la Fodeg.

—Este, cómo se llama… Ángel Román Ramírez. Y Rafael. Rafael Balderas Román.

—¿Cómo los mataron: a balazos, a golpes o qué?

—Al ingeniero (Arturo Hernández Cardona) lo chingaron desde el viernes, luego el sábado mataron a golpes a (Rafael) Balderas y hoy en la mañana que nos escapamos perdió la vida Ángel Román Ramírez. Nosotros de puro milagro estamos vivos y yo ya me voy a la chingada de Iguala, porque me van a matar. Luego nos vemos por ahí… —terminó la llamada el sobreviviente.

Los muchachos de Ayotzinapa arremeten de nuevo y con más furia contra el edificio del ayuntamiento.

Ahí, y unos días antes, el 21 de mayo, cuando los jóvenes normalistas también irrumpían en el edificio de la presidencia municipal, empezaba el encono entre los jóvenes de Ayotzinapa y el alcalde, conflicto que tendría su desenlace el 26 de septiembre pasado, cuando los estudiantes entraban a Iguala para supuestamente boicotear un acto de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, la esposa de Abarca.

Días después de aquella llamada, el 25 de junio, Nicolás Mendoza Villa, uno de los miembros de la FUP que logró escapar, y quien era chofer de Arturo Hernández Cardona, se atreve a dar su testimonio en la notaría 47 del Distrito Federal, ante Alfredo Miguel Morán Miguel. El 12 de marzo de 2014 repite y amplía sus dichos (de los cuales MILENIO tiene copia), entonces ante el Ministerio Público del fuero común Miguel Ángel Cuevas Aparicio, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. En la averiguación previa HID/SC/010758/2013, Nicolás narra con detalle lo ocurrido aquellos días: y sí, el alcalde Abarca mató a Hernández Cardona, según sus dichos…

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De acuerdo con la declaración de Nicolás Mendoza Villa, el alcalde José Luis Abarca (hoy prófugo), asesinó al dirigente de la FUP, Arturo Hernández Cardona, además de que ordenó la muerte de Félix Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez, e instruyó para que fueran torturados otros miembros de Unidad Popular.

Nicolás Mendoza Villa, un agricultor de 43 años que solamente cursó hasta cuarto de primaria, miembro del FUP desde finales de 2013, aseguró que el 29 de mayo de 2013 el alcalde amenazó a Hernández Cardona en las oficinas del ayuntamiento de Iguala frente a siete miembros del FUP, la esposa del hoy asesinado, así como síndicos, regidores y dos representantes del gobierno estatal.

—¡Ya me tienes hasta la chingada, pendejo, tengo gente que me hace mis trabajos! —le habría dicho el alcalde al líder de la FUP, luego de negarse a firmar acuerdos de desarrollo social con dicha agrupación. El presidente municipal estaba acompañado de dos sujetos armados, uno de los cuales espetó: “Mándalo a la chingada, de todas maneras se lo va a cargar la chingada”.

Un día después, el jueves 30, luego de una jornada en la que los miembros del FUP bloquearon la caseta de Puente de Ixtla, poco después de las 17:00 horas, siete de ellos viajaban en una camioneta Honda Pilot rumbo al centro de Iguala y fueron interceptados por un comando que se transportaba en dos vehículos, una camioneta Explorer y una Jeep Cherokee. Intentaron bajarse y huir, pero fue imposible: Hernández Cardona recibió un disparo en la pantorrilla derecha al intentar bajar de la camioneta y los sicarios tomaron control del vehículo sometiendo a los ocupantes, salvo uno que sí logró huir corriendo, según el relato de Nicolás.

Transcurrió alrededor de media hora y los vehículos tomaron un camino de terracería. De pronto se detuvieron en una brecha y obligaron a sus detenidos a caminar alrededor de 300 metros hacia arriba, hacia el monte. Ahí había más sicarios que se transportaban en otro vehículo diferente. Llegaron a unos matorrales espinosos. Según el declarante, varios de ellos mencionaron varias veces que pertenecían al cártel de Guerreros Unidos. Les vendaron los ojos. De pronto se acercó un hombre y dijo:

—A ver, bola de revoltosos, a ver si de veras muy chingones, que andan pintarrajeando mi ayuntamiento.

Nicolás Mendoza Villa afirma que al de la voz lo reconoció de inmediato: era el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez. Más tarde, ya de noche, les quitaron las vendas y los golpearon y torturaron con un látigo de alambre y una tabla en forma de paleta. Luego los amarraron de pies y manos. Dos de los criminales escavaron la tierra para hacer una fosa. Alrededor de la medianoche arribó al lugar el presidente municipal, quien ordenó una nueva sesión de tortura. Al final, el alcalde se dirigió hacia Arturo Hernández Cardona:

—Qué tanto estás chingando con el abono y te dabas el gusto de pintar mi ayuntamiento. Ahora yo me voy a dar el gusto de matarte…

El jefe policial levantó del piso al líder de la FUP y lo condujo al lado de la fosa recién escavada, junto a unos árboles. El alcalde le puso el cañón de un arma larga junto a la mejilla, del lado izquierdo. Y jaló el gatillo. El ingeniero Arturo Hernández Cardona cayó al lado de la fosa. Uno de los sicarios lo empujó hacia el hoyo. El jefe policial aconsejó a su jefe, al alcalde:

—Métele otro putazo para que se lo lleve la chingada, porque ya va a llover. Abarca apuntó su arma hacia la fosa y volvió a disparar, cuenta en su declaración ministerial Nicolás. Empezó a llover. No taparon la fosa, que se llenó de agua. Luego también los sicarios mataron a Felix Rafael Banderas Román y lo echaron a la misma fosa.

El domingo 2 de junio asesinaron a Ángel Román Ramírez en un intento de huida cuando trasladaban los dos cuerpos de los asesinados a Mezcala para arrojarlos ahí.

Al día siguiente por la madrugada el declarante y tres personas más que también estaban cautivas, huyeron…

LA AMENAZA DE LA ESPOSA DEL MUNÍCIPE

Justino Carvajal, síndico administrador de Iguala, fue asesinado el 8 de marzo de 2013. El 21 de mayo de 2013 Arturo Hernández Cardona organizó una protesta para solicitar una audiencia.

Integrantes de Unión Popular y jóvenes encapuchados, normalistas de Ayotzinapa, según periodistas de Iguala, ingresaron al palacio municipal a realizar pintas. Acusaron a Abarca del homicidio de Carvajal.

De acuerdo con un trabajo con texto y fotos del portal La Silla Rota, una semana después, el 28 de mayo Arturo Hernández Cardona acudió a una sesión pública del cabildo, en la que también estaba su esposa, la regidora de Desarrollo Rural, Sofía Lorena Mendoza Martínez. Además del alcalde y los regidores, estaba presente María de los Ángeles Pineda, mujer del presidente municipal, cuyos hermanos han sido señalados por tener vínculos con cárteles de la droga. Ahí, al tomar la palabra, Hernández Cardona insinuó que el alcalde estaba detrás del asesinato de Carvajal y que era un criminal.

El alcalde se retiró del lugar. Su mujer lo seguía, pero de pronto volvió sobre sus pasos para increpar a Hernández:

—No sabes con quién te metes cabrón, te va a cargar la chingada si sigues así… El delincuente eres tú, hijo de la chingada. Te vas morir. ¡Te vas a morir! No sabes con quién te metes... —le habría gritado a Hernández, Cardona, según testimonios recogidos por el portal citado.

Dos días después Hernández Cardona desapareció. Cuatro días después apareció muerto…
De Milenio.