El más conocido de los montajes realizados por Genaro García Luna, el todopoderoso jefe de la policía de Felipe Calderón, es el caso de la francesa Florence Cassez. Pero no fue el único. En Hidalgo, durante el gobierno de Miguel Osorio Chong se instaló otra fábrica de culpables, una que llevó a prisión a 145 policías por supuestos vínculos con el Cártel de Los Zetas. En esta puesta en escena participaron directamente Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de García Luna, y Damián Canales, el mismo a quien ha tocado torear la masacre de 22 civiles a manos del Ejército mexicano en el municipio Tlatlaya, Estado de México. El caso de los “narcopolicías” ha derivado en más de 120 discretas liberaciones por falta de elementos para condenarlos. Algunos siguen presos. La esposa de uno de ellos y abogada defensora de una decena más cuenta la historia: amenazas, violaciones sexuales, muerte. El PRI solía criticar al gobierno de Calderón por el “michoacanazo”, ese operativo en el que alcaldes y funcionarios fueron a prisión… y luego liberados. Pero su Secretario de Gobernación tiene, allá en casa, un caso muy similar, tratado con todo sigilo…
Por: Humberto Padgett
Pachuca, Hidalgo, 16 de octubre (SinEmbargo).– ¡¿De qué color es el diablo, hijo de la chingada?! –preguntaba un custodio de la cárcel federal de Villa de Allende, Veracruz, recordado con especial dolor por su crueldad. –Rojo –respondía el reo que días antes había sido policía en Pachuca, Hidalgo, con la única intención de dar gusto a quién sabe qué extraño placer de su carcelero. –¡No, cabrón, el diablo es azul! –y sumergía la cara del preso en un escusado o lo restregaba en el piso para que ahí lamiera la comida. A él, al Diablo Azul, se le acusa de dirigir los abusos sexuales. Algunos de los 99 agentes de Pachuca detenidos en esa cárcel de cemento y hielo deberían pasar parte de su encierro en una cárcel psiquiátrica. ¿Cómo llegaron ahí? Días antes, en la Ciudad de México, un abogado de oficio entró a la celda en que el comandante Jesús Garcés había pasado la semana en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Dejó de lado algunos papeles y se apresuró a terminar. Jesús apenas se enteraba que lo acusaban de cobrar con una mano en la Policía Ministerial de Hidalgo, estado en ese momento gobernado por Miguel Ángel Osorio Chong, y con la otra a Los Zetas cuyo líder en ese momento, Heriberto Lazcano, El Verdugo, había nacido y crecido en el mismo estado antes de enrolarse en el ejército para luego desertar hacia el narco. –¿Verdad que no lo golpearon? –preguntaba el defensor público a Garcés–. ¿Verdad que no lo han maltratado? ¿Verdad que no le hicieron nada? –Pues no –respondió el policía. –Ah, bueno. Pues firme que lo trataron bien aquí, en la institución –y le extendió parte de los documentos que llevaba–. ¿Y qué? ¿No va a declarar? –No. No sé de qué. Luis Cárdenas Palomino cruzó la puerta. A principios de junio de 2009, Cárdenas se mantenía de pie en el primer círculo de la Secretaría de Seguridad Pública, en la aristocracia policíaca creada por Felipe Calderón Hinojosa en su estrategia de combate al crimen organizado. Algunos miembros de la camada habían muerto o se les había descubierto en franca colusión con el crimen organizado. Pero Cárdenas Palomino estaba ahí. A pesar del affaire Cassez y la rispidez en las relaciones diplomáticas entre México y Francia ocasionada por el montaje televisivo, Luis Cárdenas estaba ahí. –Mira, Chita –Cárdenas hablaba con familiaridad, conocía a Jesús desde que éste fuera un miembro del grupo especial antisecuestro Yaqui y él fuera su jefe. –Si no colaboras yo me encargaré de que te pongan la pena máxima y te mandaré a un lugar en que hagan la vida imposible. – ¿Y qué quieres que diga? –Jesús conocía la rutina. –Bueno, ya dinos quién es el bueno, ¿tú eres el bueno o qué? ¿Quién es el bueno? Pon los nombres –habría dicho Cárdenas Palomino según la versión contada a SinEmbargo por Angélica Nieto, la esposa de Jesús Garcés. El jefe de la Policía Federal lanzó una retahíla de nombres. A cada uno, Garcés negó con la cabeza. –No los conozco. ¿Por qué no le preguntas a mi jefe? A lo mejor él te pueda dar información. ¿O al jefe de mi jefe? –Mira, Chita, si tú te conviertes en testigo protegido, yo veré que te bajen la pena a la mitad, que nada más te pongan 20 años. –Pues qué ayuda ¿no? –respondió con sarcasmo. –No declaro. En las imputaciones por delincuencia organizada figuraba que el Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Damián Canales Mena, había involucrado a Jesús Garcés y a otros 100 policías de ser empleados de Los Zetas. El señalamiento ocurría en armónica coincidencia con el supuesto hallazgo de la Policía Federal de una nómina en que los narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores habían anotado exactamente qué cantidades pagaban con regularidad a cada uno de los policías municipales, estatales o federales comprados por ellos en el estado y durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong. Días después, a fines de junio de 2009, Cárdenas Palomino, vestido de impecable uniforme negro, ofreció otra conferencia de prensa con los helicópteros de fondo y enormes policías con pasamontañas y un fusil empuñado a la altura del pecho: “Desarticulamos la protección de Los Zetas en el estado de Hidalgo, donde ya no hay impunidad para ellos”, afirmó Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
LIBERTAD.
esús García Jiménez nació el 6 de abril de 1975 en Álamo, Veracruz, de ahí el apodo de Jarocho. Llegó a Pachuca luego de terminar la preparatoria y con el sueño de toda su vida a cuestas: ser policía. Se empleó como mesero en la desaparecida discoteca Prisma a la vez que costeaba su estancia en la Academia de la Policía Ministerial. Inició su carrera policíaca casi al comienzo de su mayoría de edad. Al poco tiempo fue promovido para integrarse a al grupo especial antisecuestro Yaqui, un cuerpo nacional que luego se integró en la Agencia Federal de Investigación (AFI), nombre con el que Vicente Fox trató de refundar la carcomida Policía Judicial Federal. La AFI estuvo a cargo de Genaro García Luna, quien designó como director general de Investigación Policial de la AFI a Luis Cárdenas Palomino, protagonista del montaje televisivo contra la ciudadana francesa Florence Cassez presa durante siete años y liberada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como director general de Investigación Policial de la AFI, Luis Cárdenas Palomino era jefe de Jesús García, a quien se asignó el nombre clave de Chita. Al término de la comisión, Jesús volvió a Hidalgo como agente raso. En la estructura estatal, Jesús ascendió a la jefatura de un grupo y luego a una comandancia sin adscripción fija, sino como uno de los encargados de asuntos especiales. Especialista e instructor de tonfa, el bastón policíaco con forma de “t”, y en técnicas de seguimiento, Jesús estaba acreditado como instructor por el gobierno federal e impartía cursos para corporaciones policías públicas y privadas y cuerpos de seguridad o escoltas. Esta condición le imponía aprobar constantes exámenes de control ante la Secretaría de Gobernación consistentes en pruebas psicológicas, poligráficas, toxicológicas y de entorno socioeconómico, entre otras. Nunca antes fue acusado por tráfico de drogas. Nunca se le investigó por enriquecimiento ilícito. Jamás se inició alguna averiguación por abuso de autoridad. La calificación de Jesús García y el aseo de su expediente le tenían a punto de ser nombrado como comandante del Centro de Operaciones Especiales. Pero en Pachuca el viento sopla fuerte y se aproximaba un torbellino.
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Jesús mide 1.73 metros, es moreno, delgado, de cabello rizado y castaño casi cobrizo que siempre lleva corto, casi al ras. Sus ojos son cafés claros, su nariz un tanto aguileña, sus cejas muy pobladas y su boca es grande. Hay algo mulato en El Jarocho. La policía judicial no sólo dio trabajo a Jesús. En las oficinas conoció a Angélica Nieto Acosta, entonces, hace 18 años, estudiante de Derecho el Centro de Estudios Superiores y auxiliar de asuntos jurídicos en la Procuraduría de Justicia de Hidalgo. “Es una persona de carácter tranquilo, a veces hasta introvertido. Le disgusta el bullicio de la gente y es muy desconfiado. Es un hombre muy familiar y muy cariñoso con nuestra hija. Juntos son como dos chiquitos traviesos. “No puedo decir cómo era de policía porque no estaba las 24 horas del día con él, pero jamás escuché que le gritara o le faltara al respeto a alguien. Nunca supe que le ordenara a alguien limpiarle las botas o lavarle la patrulla como a él le tocó hacer cuando inició”. El noviazgo ha continuado desde entonces sin necesidad de ningún trámite. El 12 de diciembre de 2002, nació su hija Alma. Poco después compraron una casa con un crédito de Infonavit en Parque de Poblamiento, una colonia de clase media cercana al centro de Pachuca. Angélica conducía un auto Honda Civil año 1999. Él utilizaba vehículos oficiales. Según su esposa, el comandante Jesús evitaba ropa del estereotipo narcotraficante: botas de pieles exóticas, cinturón piteado, sombrero tipo texana, un lingote de oro colgando del cuello. Su Jesús se sentía cómodo con unos zapatos de 300 o 400 pesos, pantalón de mezclilla y gorra. Los días en que debía verse formal utilizaba alguno de sus tres trajes: el gris oscuro que compró para la graduación de su mujer, en 2001, un beige o el negro que le proporcionó la Procuraduría de Justicia del Estado en el afán de mejorar la imagen de sus agentes. El último día en libertad, en la cuenta bancaria de la pareja no había más de 6 mil pesos. El sueldo de Jesús de 22 mil pesos mensuales, compensaciones incluidas, como comandante se complementaba con los ingresos que lograba por los adiestramientos de tonfa y seguimiento que proporcionaba y el salario de maestra de secundaria de Angélica. La Procuraduría General de la República no encontró más.
ARRAIGO
El 28 o 29 de mayo de 2009, Jesús habló con su esposa y, con tono relajado le comentó que le habían notificado del inicio de un arraigo en su contra. – ¿Cómo que estás arraigado? –se inquietó Angélica. –Sí. Me están asociando con un intento de secuestro en un VIPS, un lugar público –dijo él para subrayar lo que le parecía un disparate– y no sé exactamente qué es lo que está pasando. – ¿Quieres que hagamos algo? ¿Quieres que me nombre como tu abogada para ver qué hay? –No, no, no –Jesús contuvo a Angélica con la mente puesta en su inminente ascenso como comandante del Centro de Operaciones Especiales. Supuso alguna zancadilla, un problema de política entre oficinistas. Jesús Garcés había hablado con el agente del ministerio público quien dijo al policía casi con enfado que, simplemente, debían esperar dos semanas para cumplir con el trámite. Se acordó que la detención ocurriría en las mismas oficinas de la Procuraduría. Según la mujer, no había razones para la preocupación. Al contrario. Un día, durante el arraigo, el comandante Garcés recibió la notificación de la Secretaría de Gobernación federal en que le informaban de su aprobación de los últimos exámenes de confianza. Días atrás, habían ido a su casa, investigado sus cuentas bancarias y las de Angélica y revisado la escuela privada en que Alma, la hija de la pareja, cursaba la primaria. –Ya me dieron los resultados y todo está perfecto –comentó a Angélica con voz suave, concentrado en tranquilizarla.
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El sábado anterior a su liberación, Angélica recibió otra llamada de Jesús. – ¿Ya vienes para acá? –soltó él, pero esta vez una grieta cuarteaba la calma de los días anteriores. –Sí, ya nada más paso por la niña y nos vamos a desayunar –dijo ella en espera de más datos que explicaran el nuevo tono de voz. –Me dicen que acaba de salir algo en el periódico… En Criterio. Apareció una nota en que dicen que estoy arraigado en la casa de seguridad de la policía ministerial y que de la SIEDO ya viene por mí. La mujer buscó el periódico y, hacia el mediodía, marcó a la oficina de la policía para confirmar la existencia de la nota informativa y de su contenido. Durante las siguientes horas, Angélica intentó, en balde, averiguar el origen de la filtración. A las tres de la tarde, volvió a timbrar el teléfono. –Ya no vengas –el sonido fue tan seco como un pedazo de sal. – ¿Por qué? –Esto está muy feíto. Mejor aguántame tantito y mando a uno de los muchachos por ti. –Oye, ¿qué está pasando? –ella era angustia pura. –Tú tranquila, yo tampoco te puedo decir qué está pasando, pero tú tranquila. Mandaré a alguien por ti. Angélica se sentó junto a la puerta y aguardó la llegada del policía enviado por su marido. –Licenciada –dijo el agente a la abogada –dice mi jefe que si le puede poner ropa limpia. –Ya la tengo lista. ¿A dónde vamos? –Está en la casa de seguridad. Los acaban de trasladar –dijo el hombre en referencia de Garcés y otro agente involucrado, Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso. – ¡No puede ser! Me acaba de hablar de la oficina. –Sí, pero lo trasladaron. El sitio de arraigo o de seguridad de la Procuraduría estatal está ubicada en una colonia muy cerca a la del matrimonio, en Santa Julia. Viajaron cinco minutos hasta que quedaron frente a la fachada de una casa común y corriente, pero esta vez custodiada por dos camiones de soldados con los fusiles al hombro y el bajo sobrevuelo de un helicóptero. Angélica y Alma entraron a la casa. En una de las recámaras, sentado, encontraron a Jesús. –¿Pues a quién tienen? –preguntó Angélica. –A nadie –respondió el hombre con parquedad. – ¿Cómo que a nadie? –Sólo estoy yo. – ¿Es una broma o qué te pasa? –No. Y sacaron a todos los arraigados que estaban aquí. –Chucho, esto está muy feíto… ¿qué pasó? –No sé, Gorda. –Pero si el arraigo vence mañana –Angélica trataba de asirse de algo. –Pero no sé qué sucederá. Jesús buscó entre sus ropas algo de dinero. –Nada más pude pedir que me sacaran esto del cajero automático –extendió 3 mil pesos. – ¿Para qué me das a guardar el dinero? Mañana te levantan el arraigo. –Si es una u otra casa hay que pagar la tarjeta. No seas malita y hazme el pago puntual de la tarjeta –Jesús se permitía preocupaciones de ese tipo. Se abrazaron y Angélica viajó los cinco minutos de regreso a casa. Apenas pasó la puerta, timbró el teléfono. Esperó escuchar a Jesús, decir que la detención estaba concluida y que fuera por él. Pero el aparato no se vaciaba de sustos y la voz que salió de la línea fue de un cuñado. –Se acaban de llevar a Jesús. –Yo acabo de estar con él… –Me dice que lo están trasladando a SIEDO. Angélica recuerda el momento: “Supongo que sólo esperaban a que mi hija y yo saliéramos de la casa de arraigo. Pienso que él ya sabía de su traslado y no me quiso decir nada. Empecé a entender que pasaba algo muy grave. A la mañana siguiente busqué al Secretario de Seguridad Pública del estado, Damián Canales Mena. Ni siquiera pude pasar a su oficina. Me mandó a decir que no tenía tiempo de atenderme. Luego sabría que él armó parte del montaje contra mi esposo”.
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En pocas horas, si no es que minutos, Jesús Garcés se había degradado de policía ejemplar y futuro jefe de la Ministerial a un hombre sobre el que había caído una especie de lepra y la peste pronto alcanzó a su familia. Uno de los agentes que entregó al comandante a la custodia federal explicó escuetamente que ni ellos sabían bien de qué se trataba el asunto. El problema era, en realidad, un torbellino a punto de pasar por encima de la policía de Hidalgo. Angélica habló con otro cuñado residente en el Distrito Federal y quien aseguró que había acordado una visita a Jesús en su encierro. –Voy para allá –anunció Angélica. –No. Primero vamos a ver qué es lo que pasa –frenó el cuñado. –No. Ya no. No me quise meter una vez para no entorpecer la situación, pero no lo voy a volver hacer otra vez. Necesito que saber qué pasa y de qué forma debo reaccionar. Temprano, Angélica pagó la tarjeta de crédito, arregló el acomodo de Alma y salió a la Ciudad de México. Llegó a las 3 de la tarde al edificio junto al Monumento a la Revolución y logró ingresar hasta las 9 de la noche. –No sé de qué se trata el asunto. Solamente me dicen que hay un tal Cepillo, que diga los nombres de las personas que están relacionadas. – ¿De quienes, de qué? –Angélica intentaba tomar una hebra, lo que fuera para comenzar a armar el rompecabezas. –No lo sé, Gorda, no lo sé. Quedaron en silencio los siguientes minutos, hasta que un oficial se acercó a la mujer para pedirle que saliera a la oscuridad de la Ciudad de México. Apenas salió el sol, Angélica se apersonó ante el portón der la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. –Algo tenemos que hacer, tengo que buscar la manera de cómo obtener la información –dijo ella. –Será muy complicado. Me acaban de decir que te van a trasladar a la casa de arraigo, en la colonia Doctores –¿Y qué hago? –el comandante de la judicial Jesús Garcés se dejaba en manos de su mujer, Angélica, hasta la mañana anterior maestra de secundaria. Era lunes. El jueves, un convoy digno de película –y Jesús estaba a merced de productores cinematográficos– lo custodió a la colonia Doctores. Angélica ingresó dos días después. –Me bajaron a declarar, pero no declaré –le relató Jesús. Angélica recuerda el momento con precisión. Al menos en su versión, en las palabras que ofrece para contraste con un mamotreto de cinco kilos de papel con actuaciones judiciales que trae para todos lados, no hay vacilaciones. – ¿Por qué no declaraste? –averiguó Angélica Nieto Acosta. –Porque no me querían decir de qué se trataba la situación. Nada más me decían que debía proporcionar los nombres, que tenía que poner agente y que me acogiera a los beneficios de la ley y convertirme en testigo protegido. Y no declaré. – ¿Te pusieron algún defensor de oficio? –Llegó un fulanito y me dijo: “¿Verdad que no lo golpearon? ¿Verdad que no lo han maltratado? ¿Verdad que no le hicieron nada?”. Y, pues, yo dije que no. “A bueno”, me dijo, “pues fírmele que lo trataron bien aquí, en la institución. ¿Y qué no va a declarar?”. Le dije que no. Entonces llegó Luis Cárdenas Palomino y me dijo: “Mira, Chita, si no colaboras yo me voy a encargar de que te pongan la pena máxima y te voy a mandar a un lugar que te va hacer la vida imposible”.
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El 24 de junio de 2009, un millar de soldados y policías federales apoyados con helicópteros artillados tomaron la capital de Hidalgo. Al terminar, llevaron a la Ciudad de México, como detenidos, a 99 policías municipales, estatales y federales acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de fomento, figura jurídica utilizada para procesar a funcionarios públicos coludidos con el narcotráfico. Además de la supuesta nómina encontrada a los contadores de Los Zetas con los nombres de los agentes hidalguenses, el Ministerio Público federal se valió del testimonio de Damián Canales y de algunos testigos protegidos que aparecen en cualquier cantidad de expedientes inculpatorios iniciados por el gobierno de Felipe Calderón, entre ellos Jennifer, Pitufo, Venus y Tauro. También habló un informante anónimo identificado como Caleb, quien ofreció detalles tan particulares como el lado de la cintura en que cada agente portaba su arma de cargo, el dinero que en cada ocasión de soborno habría recibido, los nombres y apellidos de cada persona involucrada. Otro testimonio incriminatorio fue el de Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso, el hombre detenido y arraigado a la par con Jesús Garcés. Garcés fue acusado, además, del supuesto intento de secuestro de un hombre al que habría citado fingiendo interés en rentarle un palco en el estadio de futbol para un juego de Pachuca contra los Pumas de la UNAM. El ministerio público ofreció un video en que se observa, en el interior de un Vips, a Jesús sólo, en actitud de espera. Eso y el testimonio de la posible víctima es todo.
ACUSACIONES ANÓNIMAS
Al inicio, la Procuraduría General de la República solicitó un arraigo de 40 días para presentar su formal acusación contra Jesús Garcés. Junto con el uso de testigos protegidos, la detención con fines de investigación fue una herramienta tan cuestionada por defensores de los derechos humanos como de utilizada por la administración de Calderón. Al terminar los 40 días, el ministerio público federal requirió la duplicidad del plazo, es decir, demandó la retención del comandante por 80 días totales a pesar que su captura fue publicitada por Cárdenas Palomino y Damián Canales como “un trabajo de inteligencia de meses de seguimiento”. El juez concedió únicamente 20 días más a la autoridad para demostrar la suficiencia de elementos. En ese tiempo debía imputar a Jesús o liberarlo. Entonces apareció una denuncia anónima por Internet en que se aseguraba la relación entre el policía y Los Zetas. El mismo gobierno que había certificado su probidad decenas de veces con distintos exámenes tan sofisticados como el polígrafo, se basó en las letras de un fantasma para sostener que el policía era empleado de Los Zetas. La acusación sin nombre habría surgido de un domicilio de la colonia San Javier. Pero al respecto ocurre un detalle: la casa no existe. En otra parte de los señalamientos sobre secuestro contra Jesús Garcés, se narra un plagio sostenido en una casa de seguridad. Los secuestrados, una vez liberados, reconocen a todos sus captores excepto al ex comandante cuya voz es grabada y presentada a las víctimas, pero tampoco logran identificarla. El Oso no logró identificar a Jesús. Los policías federales de Cárdenas Palomino declararon haber detenido a Chita durante un operativo, cuando su detención ocurrió al final de un arraigo de dos semanas en las instalaciones de la Policía Ministerial de Hidalgo. La Procuraduría local no ha entregado siquiera copia simple de las motivaciones y justificaciones jurídicas de ese arresto: ni siquiera existe un número de averiguación previa que justificara la primera retención. A pesar de todo, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, otorgó la orden de aprehensión y abrió la causa penal 59/2009 por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Jesús y El Oso pasarían los siguientes años de su vida en el penal de mediana seguridad de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez. Un juzgador distinto con residencia en Tepic, Nayarit, sí otorgó el arraigo por 80 días para los otros 99 agentes. Cuando se cumplió el plazo, en la tercera semana de septiembre de 2009, un nuevo operativo del ejército y la Policía Federal sacudió Pachuca y se llevó a 24 agentes más. Estos ya no tocaron las instalaciones de la Procuraduría.
LA PRISIÓN MÉXICO
Las autoridades reunieron a 119 de los detenidos y los trasladaron en avión al Centro Federal 5 El Oriente, en el municipio de Villa de Aldama, Veracruz, a las faldas del Cofre de Perote. Al otro lado del país, en Nayarit, un juez inició el proceso en su contra dentro de la causa penal 464/2009 por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en su modalidad de fomento. Esto supone al menos una peculiaridad jurídica: por los mismos hechos de delincuencia organizada se abren dos procesos penales distintos. Al poco tiempo, ocurre una posible redundancia en el juzgamiento de Jesús Garcés pues se le procesa, además, por la causa 464/2009. Angélica se sentó a redactar un amparo, pero sus manos no dejaban de temblar sobre el teclado. Había egresado en 2001 y, para 2009, se sentía con la necesidad de escribir con el libro de texto al lado. Buscó un abogado particular y entendió que la libertad de su esposo debería costar más que el optimismo que se sacaba a jalones en cada respiro. Como pudo, consiguió los 50 mil pesos requeridos por el defensor pedía únicamente para iniciar la contraofensiva. Los recursos de Angélica se consumieron a la velocidad de las llamas en un papel. Cada objeto de su pequeño joyero desaparecería para siempre en una casa de empeño: su querido anillo de graduación, la medalla de la Virgen de Guadalupe con que hizo su confirmación, unos aretes de oro comprados durante algún momento de suficiencia. Remató su Honda Civil en 35 mil pesos y puso en pausa todos los pagos. A las semanas, la casa funcionaba sin luz ni teléfono. Una tarde, marcó al teléfono del abogado contratado, pero no hubo respuesta. Tecleó los números una vez más. Y otra, y otra. El hombre se había esfumado con los únicos 50 mil pesos que tenía Angélica en la vida. La mujer pasó la noche en vela y apeló el auto de formal prisión. Este recurso se radicó en Querétaro. Entre los detenidos había cinco mujeres a quienes encarcelaron en Villahermosa, Tabasco. Algunas de las apelaciones de los policías presos en Veracruz fueron a manos de Juzgadores de Sinaloa y Chihuahua, mientras que El Oso fue trasladado a Guerrero. Aún ocurrirían otras 20 capturas con lo que el grupo de “narcopolicías” del estado gobernado por Miguel Ángel Osorio Chong sumaba 145 personas. Había, pues, 145 familias que, desprovistas de su principal ingreso económico, debían sostener una defensa legal a la velocidad del sistema mexicano y resolver un laberinto procesal del tamaño de México. Durante varias semanas, Angélica tomó el camión de segunda clase por más de 10 horas de Pachuca a Tepic. Llegaba de madrugada, esperaba la apertura del juzgado, desahogaba alguna actuación y volvía a la capital de Hidalgo para alcanzar alguna situación de trabajo. El presupuesto del viaje excluyó en más de una ocasión una comida caliente. En el expediente se cruzaban además todas las clases sociales de las policías hidalguenses. Los uniformados de menor escalafón percibían un sueldo de 4 mil pesos mensuales. Para sus familias, la simple obtención de las fotocopias para continuar la defensa era otro empujón a la pobreza. “Muchos niños dejaron de ir a la escuela porque ayudaban a su mama a llevar dinero a casa. Era eso o quedarse sin comer. La mayoría de las señoras buscaron trabajo como empleadas domésticas, afanadoras en fábricas o como maquiladoras con salario mínimo. Entre las esposas de los policías, sólo tres o cuatro somos profesionistas”. Angélica Nieto es abogada y asumió la defensa de su marido y otros 11 agentes a quienes en ocasiones ni los gastos de traslado cobró. La generosidad no era menor. Alma asistía a una escuela particular y fue cambiada a una escuela oficial. Imposible vender la casa porque aún está comprometida con un crédito de INFONAVIT que, desde hace tiempo, ya no paga. “De la tarjeta de crédito simplemente me dejé de preocupar. Mi marido estará en el buró de crédito por los siglos de los siglos. Cuando hablan los cobradores les pido que vayan a reclamarle a la cárcel y que dejen de dar lata”. –– ¿Hubo discriminación, hubo algún trato hostil por parte de tus vecinos? –No soy alguien a quien afecte ese tipo de situaciones. Es entendible: por mucho, mucho tiempo, mi casa estuvo vigilada por todos lados. El nombre de mi marido apareció en todos los periódicos de Pachuca y en varios nacionales. En estaciones de radio, televisión… Siempre lo trataron como culpable. “Yo tuve que dejar de trabajar un año porque el tiempo era insuficiente. Mantenía mi casa, a mi hija, a mi esposo y a mí. Necesitaba estar viajando, viajando, viajando y en los trabajos simplemente no aceptaban más faltas. “Mucha gente perdió su trabajo sólo por ser familiar de alguno de los muchachos. A mucha gente se le cerraron las puertas. Hubo hijos de buenos policías vendiendo chicles en la calle. Ahora esos hombres están libres y algunos no encuentran trabajo”, lamenta Angélica. “Otros son meseros o taxistas. Unos volvieron y encontraron que sus esposas no los habían esperado. Creo que más del 70 por ciento de las familias han quedado desintegradas”.
EL DIABLO NO ES ROJO
a cárcel federal de Villa Aldama, en Veracruz, está al final de la espalda del Cofre de Perote. Cuando el viento termina de resbalarse por el lomo del cerro sopla hielo en la cara de los reos. Una buena parte del año las temperaturas rondan los cero grados centígrados y no es extraño que el termómetro amanezca a menos siete. Nieva. Luego de la declaratoria de guerra contra las drogas hecha por Felipe Calderón, se aumentó la capacidad de los reclusorios federales. En algunos casos se construyeron penales y, en otros, como fue el caso de Villa Aldama simplemente se cambió el letrero de la puerta, pero no se acondicionó la penitenciaría ni se modificó el manejo de la población ni de sus familiares. En el aire que ahí parece hecho de navajas, los custodios ordenaban el desnudo completo de todos y todas las visitantes. Algunas mujeres mayores de edad aún deben hacer sentadillas sin ropa interior ante la mirada de las guardias a las que un simple gesto de inconformidad las puede motivar para negar el acceso y no hay súplica que valga. La primer comida para los hidalguenses fue una torta pequeñita y un jugo de 250 mililitros. No hubo más en todo el día y los siguientes fueron similares. Durante semanas, su única ropa interior fue la que llevaban puesta y la cárcel les proveyó de un solo cepillo dental por cada nueve reos hacinados en una celda diseñada para cuatro personas. “Yo no percibí corrupción en el sentido de que les exigieran dinero”, apunta Angélica Nieto. “El problema es el permanente estado de tortura en que se encuentra la población de la cárcel federal de Villa Aldama. Ocurrieron situaciones extremas que incluyeron abusos sexuales cometidos por custodios contra los policías”. La inmersión de las cabezas en excusados rebosantes de excremento era práctica frecuente y la entrega de la comida en el piso era rutina. De vez en vez, los custodios encendían las luces y gritaban: “¡Salgan, perros!”. A continuación, los sacaban a la madrugada de hielo, los desnudaban en el patio y los rociaban con agua de la manguera. Sin modo de secarse, volvían a las celdas. Carentes de chamarras y cobijas, se apelmazaban y la gripa de uno era el catarro de todos. Con excepción de los húmedos despertares de la madrugada y la atención de sus visitas familiares o de defensa, las autoridades penitenciarias optaron por negarles la salida a espacios abiertos y decenas de policías fueron infestados por hongos. La mayoría perdió 30 kilos de peso y, si el reo atendía un familiar, su rancho era devuelto a la cocina o al sitio de donde hubiera salido. Atendían sus audiencias, algunas de 13 horas de duración, con el estómago vacío. – ¡¿De qué color es el diablo, hijo de la chingada?! –preguntaba un custodio de la cárcel federal de Villa de Allende, Veracruz, recordado con especial dolor por su crueldad. –Rojo –respondía el reo que días antes había sido policía con la única intención de dar gusto a quién sabe qué extraño placer del carcelero. – ¡No, cabrón, el diablo es azul! –y sumergía la cara del preso en los escusados o los restregaba en el piso para ahí lamieran la comida. A él se le acusa de dirigir los abusos sexuales. Algunos de los 99 agentes de Pachuca detenidos en esa cárcel de cemento y hielo pasaron parte de su encierro en una cárcel psiquiátrica. Los familiares se inconformaron ante Derechos Humanos y las condiciones mejoraron: ya no sólo comen una torta y un jugo al día, pues también reciben una ración de caldo de frijol. El nuevo director les envía su comida a las diligencias, ya poseen cobijas, ropa interior y una tiendita de galletas y Cocas donde hacen compras prepagadas por sus familiares. El acoso no terminaba tras las rejas. Un policía fue tundido adentro y comentó la agresión con su esposa, quien comentó el asunto con la autoridad de la cárcel. La siguiente golpiza fue peor. La mujer de otro fue detenida a la entrada de Pachuca acusada de conducir un auto robado según, nuevamente, una denuncia anónima. La esposa del agente Ignacio Hernández Vega murió en un accidente carretero mientras conducía a Villa de Aldama. “A mí me encañonaron aquí, en Pachuca, en una situación en que yo iba a entregar a un cliente y, antes de hacerlo, nos cerró el paso un operativo con 30 policías que nos encañonaron a mí y a mi hija dentro del vehículo en que íbamos”. José López murió el mismo día que lo habrían liberado de una pancreatitis mal atendida. Falleció en libertad, pero en la cama de un hospital de Jalapa. Su hija, Jazmín Cruz, aún le guarda luto.
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Damián Canales es Secretario de Seguridad Pública del Estado de México. Llegó ahí como resultado de la reyerta política entre Los Pinos y Toluca. Su designación fue interpretada por analistas políticos como una advertencia a Eruviel Ávila Villegas de la supremacía política del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. – ¿Qué hizo exactamente Damián Canales, como Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, en el caso de los policías de Pachuca? –pregunto. –Él inició todo –sostiene Angélica y muestra los documentos con los dichos de Canales Mena quien, efectivamente, denunció a sus subalternos. –Cuando solicitamos la ampliación de su declaración se armó un operativo gigantesco. La memoria se le borró frente al juez y ya no recordaba nada. Le preguntamos cómo había obtenido las versiones de la relación entre los muchachos y los narcotraficantes y dijo que solamente lo había escuchado. – ¿Cuál era su intención? –Estos son los medios de los que se vale el Estado para ejecutar sus caprichos: límpiame el estado de Hidalgo, pidió la federación, y de aquí enviaron hombres inocentes para aparentar resultados. Es lo que Damián Canales hace ahora en el Estado de México. Definitivamente fue un montaje propio de Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna. Ellos crearon todo esto, ellos fabricaron a los testigos protegidos. Un día, todos los testigos protegidos que denunciaban a nuestros muchachos se desaparecieron. Angélica Nieto logró reunirse con personal de la Secretaría de Gobierno y Damián Canales durante algún momento del proceso para reclamar la parte proporcional del aguinaldo de 2009 que no había cobrado. “Me dijo que mi esposo era un delincuente y que él dependía que no recibiría un peso”. –¿Trataste de hablar con Osorio Chong? –¡Umm! Muchísimas veces y nunca nos recibió, ¡jamás! –¿Y a los demás familiares de los policías? –Hicimos comisiones y sólo nos mandó un achichincle que nos acusó a las esposas de ser unas revoltosas y nos dijo que nos estábamos yendo con la bandera equivocada, porque nos había apoyado un senador perredista. Con el actual Gobernador, Francisco Olvera, ha sucedido exactamente lo mismo. LIBERTAD A partir del 2012, alrededor de 50 agentes fueron trasladados de Villa Aldama a Tepic, Nayarit, al cálido trópico más por el trato que por la temperatura. Han formado equipos de futbol, toman clases de inglés o talleres de oficios y el sol les da en la cara. Han recuperado peso. De los 145 detenidos y presentados por las agencias de Genaro García Luna y de Aarón Canales como los “narcopolicías”, entre 125 y 130 han salido libres por falta de elementos para sentenciarlos, según criterio de los diferentes juzgadores que conocieron el caso. Once de los liberados fueron defendidos por Angélica, maestra de secundaria antes de que el torbellino se llevara a los policías de Pachuca. Sólo uno ha sido sentenciado de manera firme por delincuencia organizada, lo que supone dudas en uno u otro sentido pues fue procesado con los mismos elementos incriminatorios que los demás. Entre 15 y 20 están a la espera de la conclusión de su proceso. Jesús Garcés es uno de ellos. En su caso no ha habido ninguna resolución. Angélica ha reclamado el cierre de instrucción de ambos procesos para que así se emita la sentencia correspondiente. El asunto en el juzgado de Toluca está en manos de un defensor de oficio de quien sólo se espera que cierre el caso. Para el proceso en Tepic, Angélica se mantiene nombrada como la defensora de su pareja. Hasta ahora, cinco años después del arraigo, Angélica, de 38 años de edad, ha recuperado una vida rutinaria basada en un trabajo estable. Durante los últimos cinco años, Alma, la niña de Jesús, ha crecido unos 60 centímetros sin su padre. Era una pequeña de cinco o seis años y ahora es una púber. “Alma ha crecido sin su papa y así ha debido madurar”. –¿Nunca te paralizaste? –Creo que los primeros meses. Egresé en 2001 y, en 2009, cuando me senté a redactar el amparo, no sabía cómo hacerlo. Estaba en otra situación, entré en un momento de shock emocional. Pero no tenía dinero y era otro defensor de oficio o yo. –¿Qué esperan? –pregunto la más rotunda de las obviedades a Angélica. –Que ya regrese a la casa –¿Y qué hará? – Hasta hace poco tiempo, él tenía la intención de regresar a la policía, lavar su nombre, dar la cara, decirle a todos que era inocente, pero creo que ahorita ya entendió que no será así. Llevo cinco años sola. He resuelto todo esto sola y no me gustará verlo sentado todo el día en el sillón de mi casa. Definitivamente no algo tenemos que pensar –advierte con gesto travieso de mujer regañona. –¿Y qué hará? –Será un hombre libre. –¿Él entiende todo tu esfuerzo? –Pues espero que sí, porque si ya me sé el camino de salida, claro que me sé también el de entrada –bromea Angélica y suelta una carcajada franca, libre. *
Fuente: http://www.sinembargo.mx/16-10-2014/1142820
Por: Humberto Padgett
Pachuca, Hidalgo, 16 de octubre (SinEmbargo).– ¡¿De qué color es el diablo, hijo de la chingada?! –preguntaba un custodio de la cárcel federal de Villa de Allende, Veracruz, recordado con especial dolor por su crueldad. –Rojo –respondía el reo que días antes había sido policía en Pachuca, Hidalgo, con la única intención de dar gusto a quién sabe qué extraño placer de su carcelero. –¡No, cabrón, el diablo es azul! –y sumergía la cara del preso en un escusado o lo restregaba en el piso para que ahí lamiera la comida. A él, al Diablo Azul, se le acusa de dirigir los abusos sexuales. Algunos de los 99 agentes de Pachuca detenidos en esa cárcel de cemento y hielo deberían pasar parte de su encierro en una cárcel psiquiátrica. ¿Cómo llegaron ahí? Días antes, en la Ciudad de México, un abogado de oficio entró a la celda en que el comandante Jesús Garcés había pasado la semana en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Dejó de lado algunos papeles y se apresuró a terminar. Jesús apenas se enteraba que lo acusaban de cobrar con una mano en la Policía Ministerial de Hidalgo, estado en ese momento gobernado por Miguel Ángel Osorio Chong, y con la otra a Los Zetas cuyo líder en ese momento, Heriberto Lazcano, El Verdugo, había nacido y crecido en el mismo estado antes de enrolarse en el ejército para luego desertar hacia el narco. –¿Verdad que no lo golpearon? –preguntaba el defensor público a Garcés–. ¿Verdad que no lo han maltratado? ¿Verdad que no le hicieron nada? –Pues no –respondió el policía. –Ah, bueno. Pues firme que lo trataron bien aquí, en la institución –y le extendió parte de los documentos que llevaba–. ¿Y qué? ¿No va a declarar? –No. No sé de qué. Luis Cárdenas Palomino cruzó la puerta. A principios de junio de 2009, Cárdenas se mantenía de pie en el primer círculo de la Secretaría de Seguridad Pública, en la aristocracia policíaca creada por Felipe Calderón Hinojosa en su estrategia de combate al crimen organizado. Algunos miembros de la camada habían muerto o se les había descubierto en franca colusión con el crimen organizado. Pero Cárdenas Palomino estaba ahí. A pesar del affaire Cassez y la rispidez en las relaciones diplomáticas entre México y Francia ocasionada por el montaje televisivo, Luis Cárdenas estaba ahí. –Mira, Chita –Cárdenas hablaba con familiaridad, conocía a Jesús desde que éste fuera un miembro del grupo especial antisecuestro Yaqui y él fuera su jefe. –Si no colaboras yo me encargaré de que te pongan la pena máxima y te mandaré a un lugar en que hagan la vida imposible. – ¿Y qué quieres que diga? –Jesús conocía la rutina. –Bueno, ya dinos quién es el bueno, ¿tú eres el bueno o qué? ¿Quién es el bueno? Pon los nombres –habría dicho Cárdenas Palomino según la versión contada a SinEmbargo por Angélica Nieto, la esposa de Jesús Garcés. El jefe de la Policía Federal lanzó una retahíla de nombres. A cada uno, Garcés negó con la cabeza. –No los conozco. ¿Por qué no le preguntas a mi jefe? A lo mejor él te pueda dar información. ¿O al jefe de mi jefe? –Mira, Chita, si tú te conviertes en testigo protegido, yo veré que te bajen la pena a la mitad, que nada más te pongan 20 años. –Pues qué ayuda ¿no? –respondió con sarcasmo. –No declaro. En las imputaciones por delincuencia organizada figuraba que el Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Damián Canales Mena, había involucrado a Jesús Garcés y a otros 100 policías de ser empleados de Los Zetas. El señalamiento ocurría en armónica coincidencia con el supuesto hallazgo de la Policía Federal de una nómina en que los narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores habían anotado exactamente qué cantidades pagaban con regularidad a cada uno de los policías municipales, estatales o federales comprados por ellos en el estado y durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong. Días después, a fines de junio de 2009, Cárdenas Palomino, vestido de impecable uniforme negro, ofreció otra conferencia de prensa con los helicópteros de fondo y enormes policías con pasamontañas y un fusil empuñado a la altura del pecho: “Desarticulamos la protección de Los Zetas en el estado de Hidalgo, donde ya no hay impunidad para ellos”, afirmó Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
LIBERTAD.
esús García Jiménez nació el 6 de abril de 1975 en Álamo, Veracruz, de ahí el apodo de Jarocho. Llegó a Pachuca luego de terminar la preparatoria y con el sueño de toda su vida a cuestas: ser policía. Se empleó como mesero en la desaparecida discoteca Prisma a la vez que costeaba su estancia en la Academia de la Policía Ministerial. Inició su carrera policíaca casi al comienzo de su mayoría de edad. Al poco tiempo fue promovido para integrarse a al grupo especial antisecuestro Yaqui, un cuerpo nacional que luego se integró en la Agencia Federal de Investigación (AFI), nombre con el que Vicente Fox trató de refundar la carcomida Policía Judicial Federal. La AFI estuvo a cargo de Genaro García Luna, quien designó como director general de Investigación Policial de la AFI a Luis Cárdenas Palomino, protagonista del montaje televisivo contra la ciudadana francesa Florence Cassez presa durante siete años y liberada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como director general de Investigación Policial de la AFI, Luis Cárdenas Palomino era jefe de Jesús García, a quien se asignó el nombre clave de Chita. Al término de la comisión, Jesús volvió a Hidalgo como agente raso. En la estructura estatal, Jesús ascendió a la jefatura de un grupo y luego a una comandancia sin adscripción fija, sino como uno de los encargados de asuntos especiales. Especialista e instructor de tonfa, el bastón policíaco con forma de “t”, y en técnicas de seguimiento, Jesús estaba acreditado como instructor por el gobierno federal e impartía cursos para corporaciones policías públicas y privadas y cuerpos de seguridad o escoltas. Esta condición le imponía aprobar constantes exámenes de control ante la Secretaría de Gobernación consistentes en pruebas psicológicas, poligráficas, toxicológicas y de entorno socioeconómico, entre otras. Nunca antes fue acusado por tráfico de drogas. Nunca se le investigó por enriquecimiento ilícito. Jamás se inició alguna averiguación por abuso de autoridad. La calificación de Jesús García y el aseo de su expediente le tenían a punto de ser nombrado como comandante del Centro de Operaciones Especiales. Pero en Pachuca el viento sopla fuerte y se aproximaba un torbellino.
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Jesús mide 1.73 metros, es moreno, delgado, de cabello rizado y castaño casi cobrizo que siempre lleva corto, casi al ras. Sus ojos son cafés claros, su nariz un tanto aguileña, sus cejas muy pobladas y su boca es grande. Hay algo mulato en El Jarocho. La policía judicial no sólo dio trabajo a Jesús. En las oficinas conoció a Angélica Nieto Acosta, entonces, hace 18 años, estudiante de Derecho el Centro de Estudios Superiores y auxiliar de asuntos jurídicos en la Procuraduría de Justicia de Hidalgo. “Es una persona de carácter tranquilo, a veces hasta introvertido. Le disgusta el bullicio de la gente y es muy desconfiado. Es un hombre muy familiar y muy cariñoso con nuestra hija. Juntos son como dos chiquitos traviesos. “No puedo decir cómo era de policía porque no estaba las 24 horas del día con él, pero jamás escuché que le gritara o le faltara al respeto a alguien. Nunca supe que le ordenara a alguien limpiarle las botas o lavarle la patrulla como a él le tocó hacer cuando inició”. El noviazgo ha continuado desde entonces sin necesidad de ningún trámite. El 12 de diciembre de 2002, nació su hija Alma. Poco después compraron una casa con un crédito de Infonavit en Parque de Poblamiento, una colonia de clase media cercana al centro de Pachuca. Angélica conducía un auto Honda Civil año 1999. Él utilizaba vehículos oficiales. Según su esposa, el comandante Jesús evitaba ropa del estereotipo narcotraficante: botas de pieles exóticas, cinturón piteado, sombrero tipo texana, un lingote de oro colgando del cuello. Su Jesús se sentía cómodo con unos zapatos de 300 o 400 pesos, pantalón de mezclilla y gorra. Los días en que debía verse formal utilizaba alguno de sus tres trajes: el gris oscuro que compró para la graduación de su mujer, en 2001, un beige o el negro que le proporcionó la Procuraduría de Justicia del Estado en el afán de mejorar la imagen de sus agentes. El último día en libertad, en la cuenta bancaria de la pareja no había más de 6 mil pesos. El sueldo de Jesús de 22 mil pesos mensuales, compensaciones incluidas, como comandante se complementaba con los ingresos que lograba por los adiestramientos de tonfa y seguimiento que proporcionaba y el salario de maestra de secundaria de Angélica. La Procuraduría General de la República no encontró más.
ARRAIGO
El 28 o 29 de mayo de 2009, Jesús habló con su esposa y, con tono relajado le comentó que le habían notificado del inicio de un arraigo en su contra. – ¿Cómo que estás arraigado? –se inquietó Angélica. –Sí. Me están asociando con un intento de secuestro en un VIPS, un lugar público –dijo él para subrayar lo que le parecía un disparate– y no sé exactamente qué es lo que está pasando. – ¿Quieres que hagamos algo? ¿Quieres que me nombre como tu abogada para ver qué hay? –No, no, no –Jesús contuvo a Angélica con la mente puesta en su inminente ascenso como comandante del Centro de Operaciones Especiales. Supuso alguna zancadilla, un problema de política entre oficinistas. Jesús Garcés había hablado con el agente del ministerio público quien dijo al policía casi con enfado que, simplemente, debían esperar dos semanas para cumplir con el trámite. Se acordó que la detención ocurriría en las mismas oficinas de la Procuraduría. Según la mujer, no había razones para la preocupación. Al contrario. Un día, durante el arraigo, el comandante Garcés recibió la notificación de la Secretaría de Gobernación federal en que le informaban de su aprobación de los últimos exámenes de confianza. Días atrás, habían ido a su casa, investigado sus cuentas bancarias y las de Angélica y revisado la escuela privada en que Alma, la hija de la pareja, cursaba la primaria. –Ya me dieron los resultados y todo está perfecto –comentó a Angélica con voz suave, concentrado en tranquilizarla.
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El sábado anterior a su liberación, Angélica recibió otra llamada de Jesús. – ¿Ya vienes para acá? –soltó él, pero esta vez una grieta cuarteaba la calma de los días anteriores. –Sí, ya nada más paso por la niña y nos vamos a desayunar –dijo ella en espera de más datos que explicaran el nuevo tono de voz. –Me dicen que acaba de salir algo en el periódico… En Criterio. Apareció una nota en que dicen que estoy arraigado en la casa de seguridad de la policía ministerial y que de la SIEDO ya viene por mí. La mujer buscó el periódico y, hacia el mediodía, marcó a la oficina de la policía para confirmar la existencia de la nota informativa y de su contenido. Durante las siguientes horas, Angélica intentó, en balde, averiguar el origen de la filtración. A las tres de la tarde, volvió a timbrar el teléfono. –Ya no vengas –el sonido fue tan seco como un pedazo de sal. – ¿Por qué? –Esto está muy feíto. Mejor aguántame tantito y mando a uno de los muchachos por ti. –Oye, ¿qué está pasando? –ella era angustia pura. –Tú tranquila, yo tampoco te puedo decir qué está pasando, pero tú tranquila. Mandaré a alguien por ti. Angélica se sentó junto a la puerta y aguardó la llegada del policía enviado por su marido. –Licenciada –dijo el agente a la abogada –dice mi jefe que si le puede poner ropa limpia. –Ya la tengo lista. ¿A dónde vamos? –Está en la casa de seguridad. Los acaban de trasladar –dijo el hombre en referencia de Garcés y otro agente involucrado, Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso. – ¡No puede ser! Me acaba de hablar de la oficina. –Sí, pero lo trasladaron. El sitio de arraigo o de seguridad de la Procuraduría estatal está ubicada en una colonia muy cerca a la del matrimonio, en Santa Julia. Viajaron cinco minutos hasta que quedaron frente a la fachada de una casa común y corriente, pero esta vez custodiada por dos camiones de soldados con los fusiles al hombro y el bajo sobrevuelo de un helicóptero. Angélica y Alma entraron a la casa. En una de las recámaras, sentado, encontraron a Jesús. –¿Pues a quién tienen? –preguntó Angélica. –A nadie –respondió el hombre con parquedad. – ¿Cómo que a nadie? –Sólo estoy yo. – ¿Es una broma o qué te pasa? –No. Y sacaron a todos los arraigados que estaban aquí. –Chucho, esto está muy feíto… ¿qué pasó? –No sé, Gorda. –Pero si el arraigo vence mañana –Angélica trataba de asirse de algo. –Pero no sé qué sucederá. Jesús buscó entre sus ropas algo de dinero. –Nada más pude pedir que me sacaran esto del cajero automático –extendió 3 mil pesos. – ¿Para qué me das a guardar el dinero? Mañana te levantan el arraigo. –Si es una u otra casa hay que pagar la tarjeta. No seas malita y hazme el pago puntual de la tarjeta –Jesús se permitía preocupaciones de ese tipo. Se abrazaron y Angélica viajó los cinco minutos de regreso a casa. Apenas pasó la puerta, timbró el teléfono. Esperó escuchar a Jesús, decir que la detención estaba concluida y que fuera por él. Pero el aparato no se vaciaba de sustos y la voz que salió de la línea fue de un cuñado. –Se acaban de llevar a Jesús. –Yo acabo de estar con él… –Me dice que lo están trasladando a SIEDO. Angélica recuerda el momento: “Supongo que sólo esperaban a que mi hija y yo saliéramos de la casa de arraigo. Pienso que él ya sabía de su traslado y no me quiso decir nada. Empecé a entender que pasaba algo muy grave. A la mañana siguiente busqué al Secretario de Seguridad Pública del estado, Damián Canales Mena. Ni siquiera pude pasar a su oficina. Me mandó a decir que no tenía tiempo de atenderme. Luego sabría que él armó parte del montaje contra mi esposo”.
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En pocas horas, si no es que minutos, Jesús Garcés se había degradado de policía ejemplar y futuro jefe de la Ministerial a un hombre sobre el que había caído una especie de lepra y la peste pronto alcanzó a su familia. Uno de los agentes que entregó al comandante a la custodia federal explicó escuetamente que ni ellos sabían bien de qué se trataba el asunto. El problema era, en realidad, un torbellino a punto de pasar por encima de la policía de Hidalgo. Angélica habló con otro cuñado residente en el Distrito Federal y quien aseguró que había acordado una visita a Jesús en su encierro. –Voy para allá –anunció Angélica. –No. Primero vamos a ver qué es lo que pasa –frenó el cuñado. –No. Ya no. No me quise meter una vez para no entorpecer la situación, pero no lo voy a volver hacer otra vez. Necesito que saber qué pasa y de qué forma debo reaccionar. Temprano, Angélica pagó la tarjeta de crédito, arregló el acomodo de Alma y salió a la Ciudad de México. Llegó a las 3 de la tarde al edificio junto al Monumento a la Revolución y logró ingresar hasta las 9 de la noche. –No sé de qué se trata el asunto. Solamente me dicen que hay un tal Cepillo, que diga los nombres de las personas que están relacionadas. – ¿De quienes, de qué? –Angélica intentaba tomar una hebra, lo que fuera para comenzar a armar el rompecabezas. –No lo sé, Gorda, no lo sé. Quedaron en silencio los siguientes minutos, hasta que un oficial se acercó a la mujer para pedirle que saliera a la oscuridad de la Ciudad de México. Apenas salió el sol, Angélica se apersonó ante el portón der la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. –Algo tenemos que hacer, tengo que buscar la manera de cómo obtener la información –dijo ella. –Será muy complicado. Me acaban de decir que te van a trasladar a la casa de arraigo, en la colonia Doctores –¿Y qué hago? –el comandante de la judicial Jesús Garcés se dejaba en manos de su mujer, Angélica, hasta la mañana anterior maestra de secundaria. Era lunes. El jueves, un convoy digno de película –y Jesús estaba a merced de productores cinematográficos– lo custodió a la colonia Doctores. Angélica ingresó dos días después. –Me bajaron a declarar, pero no declaré –le relató Jesús. Angélica recuerda el momento con precisión. Al menos en su versión, en las palabras que ofrece para contraste con un mamotreto de cinco kilos de papel con actuaciones judiciales que trae para todos lados, no hay vacilaciones. – ¿Por qué no declaraste? –averiguó Angélica Nieto Acosta. –Porque no me querían decir de qué se trataba la situación. Nada más me decían que debía proporcionar los nombres, que tenía que poner agente y que me acogiera a los beneficios de la ley y convertirme en testigo protegido. Y no declaré. – ¿Te pusieron algún defensor de oficio? –Llegó un fulanito y me dijo: “¿Verdad que no lo golpearon? ¿Verdad que no lo han maltratado? ¿Verdad que no le hicieron nada?”. Y, pues, yo dije que no. “A bueno”, me dijo, “pues fírmele que lo trataron bien aquí, en la institución. ¿Y qué no va a declarar?”. Le dije que no. Entonces llegó Luis Cárdenas Palomino y me dijo: “Mira, Chita, si no colaboras yo me voy a encargar de que te pongan la pena máxima y te voy a mandar a un lugar que te va hacer la vida imposible”.
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El 24 de junio de 2009, un millar de soldados y policías federales apoyados con helicópteros artillados tomaron la capital de Hidalgo. Al terminar, llevaron a la Ciudad de México, como detenidos, a 99 policías municipales, estatales y federales acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de fomento, figura jurídica utilizada para procesar a funcionarios públicos coludidos con el narcotráfico. Además de la supuesta nómina encontrada a los contadores de Los Zetas con los nombres de los agentes hidalguenses, el Ministerio Público federal se valió del testimonio de Damián Canales y de algunos testigos protegidos que aparecen en cualquier cantidad de expedientes inculpatorios iniciados por el gobierno de Felipe Calderón, entre ellos Jennifer, Pitufo, Venus y Tauro. También habló un informante anónimo identificado como Caleb, quien ofreció detalles tan particulares como el lado de la cintura en que cada agente portaba su arma de cargo, el dinero que en cada ocasión de soborno habría recibido, los nombres y apellidos de cada persona involucrada. Otro testimonio incriminatorio fue el de Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso, el hombre detenido y arraigado a la par con Jesús Garcés. Garcés fue acusado, además, del supuesto intento de secuestro de un hombre al que habría citado fingiendo interés en rentarle un palco en el estadio de futbol para un juego de Pachuca contra los Pumas de la UNAM. El ministerio público ofreció un video en que se observa, en el interior de un Vips, a Jesús sólo, en actitud de espera. Eso y el testimonio de la posible víctima es todo.
ACUSACIONES ANÓNIMAS
Al inicio, la Procuraduría General de la República solicitó un arraigo de 40 días para presentar su formal acusación contra Jesús Garcés. Junto con el uso de testigos protegidos, la detención con fines de investigación fue una herramienta tan cuestionada por defensores de los derechos humanos como de utilizada por la administración de Calderón. Al terminar los 40 días, el ministerio público federal requirió la duplicidad del plazo, es decir, demandó la retención del comandante por 80 días totales a pesar que su captura fue publicitada por Cárdenas Palomino y Damián Canales como “un trabajo de inteligencia de meses de seguimiento”. El juez concedió únicamente 20 días más a la autoridad para demostrar la suficiencia de elementos. En ese tiempo debía imputar a Jesús o liberarlo. Entonces apareció una denuncia anónima por Internet en que se aseguraba la relación entre el policía y Los Zetas. El mismo gobierno que había certificado su probidad decenas de veces con distintos exámenes tan sofisticados como el polígrafo, se basó en las letras de un fantasma para sostener que el policía era empleado de Los Zetas. La acusación sin nombre habría surgido de un domicilio de la colonia San Javier. Pero al respecto ocurre un detalle: la casa no existe. En otra parte de los señalamientos sobre secuestro contra Jesús Garcés, se narra un plagio sostenido en una casa de seguridad. Los secuestrados, una vez liberados, reconocen a todos sus captores excepto al ex comandante cuya voz es grabada y presentada a las víctimas, pero tampoco logran identificarla. El Oso no logró identificar a Jesús. Los policías federales de Cárdenas Palomino declararon haber detenido a Chita durante un operativo, cuando su detención ocurrió al final de un arraigo de dos semanas en las instalaciones de la Policía Ministerial de Hidalgo. La Procuraduría local no ha entregado siquiera copia simple de las motivaciones y justificaciones jurídicas de ese arresto: ni siquiera existe un número de averiguación previa que justificara la primera retención. A pesar de todo, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, otorgó la orden de aprehensión y abrió la causa penal 59/2009 por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Jesús y El Oso pasarían los siguientes años de su vida en el penal de mediana seguridad de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez. Un juzgador distinto con residencia en Tepic, Nayarit, sí otorgó el arraigo por 80 días para los otros 99 agentes. Cuando se cumplió el plazo, en la tercera semana de septiembre de 2009, un nuevo operativo del ejército y la Policía Federal sacudió Pachuca y se llevó a 24 agentes más. Estos ya no tocaron las instalaciones de la Procuraduría.
LA PRISIÓN MÉXICO
Las autoridades reunieron a 119 de los detenidos y los trasladaron en avión al Centro Federal 5 El Oriente, en el municipio de Villa de Aldama, Veracruz, a las faldas del Cofre de Perote. Al otro lado del país, en Nayarit, un juez inició el proceso en su contra dentro de la causa penal 464/2009 por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en su modalidad de fomento. Esto supone al menos una peculiaridad jurídica: por los mismos hechos de delincuencia organizada se abren dos procesos penales distintos. Al poco tiempo, ocurre una posible redundancia en el juzgamiento de Jesús Garcés pues se le procesa, además, por la causa 464/2009. Angélica se sentó a redactar un amparo, pero sus manos no dejaban de temblar sobre el teclado. Había egresado en 2001 y, para 2009, se sentía con la necesidad de escribir con el libro de texto al lado. Buscó un abogado particular y entendió que la libertad de su esposo debería costar más que el optimismo que se sacaba a jalones en cada respiro. Como pudo, consiguió los 50 mil pesos requeridos por el defensor pedía únicamente para iniciar la contraofensiva. Los recursos de Angélica se consumieron a la velocidad de las llamas en un papel. Cada objeto de su pequeño joyero desaparecería para siempre en una casa de empeño: su querido anillo de graduación, la medalla de la Virgen de Guadalupe con que hizo su confirmación, unos aretes de oro comprados durante algún momento de suficiencia. Remató su Honda Civil en 35 mil pesos y puso en pausa todos los pagos. A las semanas, la casa funcionaba sin luz ni teléfono. Una tarde, marcó al teléfono del abogado contratado, pero no hubo respuesta. Tecleó los números una vez más. Y otra, y otra. El hombre se había esfumado con los únicos 50 mil pesos que tenía Angélica en la vida. La mujer pasó la noche en vela y apeló el auto de formal prisión. Este recurso se radicó en Querétaro. Entre los detenidos había cinco mujeres a quienes encarcelaron en Villahermosa, Tabasco. Algunas de las apelaciones de los policías presos en Veracruz fueron a manos de Juzgadores de Sinaloa y Chihuahua, mientras que El Oso fue trasladado a Guerrero. Aún ocurrirían otras 20 capturas con lo que el grupo de “narcopolicías” del estado gobernado por Miguel Ángel Osorio Chong sumaba 145 personas. Había, pues, 145 familias que, desprovistas de su principal ingreso económico, debían sostener una defensa legal a la velocidad del sistema mexicano y resolver un laberinto procesal del tamaño de México. Durante varias semanas, Angélica tomó el camión de segunda clase por más de 10 horas de Pachuca a Tepic. Llegaba de madrugada, esperaba la apertura del juzgado, desahogaba alguna actuación y volvía a la capital de Hidalgo para alcanzar alguna situación de trabajo. El presupuesto del viaje excluyó en más de una ocasión una comida caliente. En el expediente se cruzaban además todas las clases sociales de las policías hidalguenses. Los uniformados de menor escalafón percibían un sueldo de 4 mil pesos mensuales. Para sus familias, la simple obtención de las fotocopias para continuar la defensa era otro empujón a la pobreza. “Muchos niños dejaron de ir a la escuela porque ayudaban a su mama a llevar dinero a casa. Era eso o quedarse sin comer. La mayoría de las señoras buscaron trabajo como empleadas domésticas, afanadoras en fábricas o como maquiladoras con salario mínimo. Entre las esposas de los policías, sólo tres o cuatro somos profesionistas”. Angélica Nieto es abogada y asumió la defensa de su marido y otros 11 agentes a quienes en ocasiones ni los gastos de traslado cobró. La generosidad no era menor. Alma asistía a una escuela particular y fue cambiada a una escuela oficial. Imposible vender la casa porque aún está comprometida con un crédito de INFONAVIT que, desde hace tiempo, ya no paga. “De la tarjeta de crédito simplemente me dejé de preocupar. Mi marido estará en el buró de crédito por los siglos de los siglos. Cuando hablan los cobradores les pido que vayan a reclamarle a la cárcel y que dejen de dar lata”. –– ¿Hubo discriminación, hubo algún trato hostil por parte de tus vecinos? –No soy alguien a quien afecte ese tipo de situaciones. Es entendible: por mucho, mucho tiempo, mi casa estuvo vigilada por todos lados. El nombre de mi marido apareció en todos los periódicos de Pachuca y en varios nacionales. En estaciones de radio, televisión… Siempre lo trataron como culpable. “Yo tuve que dejar de trabajar un año porque el tiempo era insuficiente. Mantenía mi casa, a mi hija, a mi esposo y a mí. Necesitaba estar viajando, viajando, viajando y en los trabajos simplemente no aceptaban más faltas. “Mucha gente perdió su trabajo sólo por ser familiar de alguno de los muchachos. A mucha gente se le cerraron las puertas. Hubo hijos de buenos policías vendiendo chicles en la calle. Ahora esos hombres están libres y algunos no encuentran trabajo”, lamenta Angélica. “Otros son meseros o taxistas. Unos volvieron y encontraron que sus esposas no los habían esperado. Creo que más del 70 por ciento de las familias han quedado desintegradas”.
EL DIABLO NO ES ROJO
a cárcel federal de Villa Aldama, en Veracruz, está al final de la espalda del Cofre de Perote. Cuando el viento termina de resbalarse por el lomo del cerro sopla hielo en la cara de los reos. Una buena parte del año las temperaturas rondan los cero grados centígrados y no es extraño que el termómetro amanezca a menos siete. Nieva. Luego de la declaratoria de guerra contra las drogas hecha por Felipe Calderón, se aumentó la capacidad de los reclusorios federales. En algunos casos se construyeron penales y, en otros, como fue el caso de Villa Aldama simplemente se cambió el letrero de la puerta, pero no se acondicionó la penitenciaría ni se modificó el manejo de la población ni de sus familiares. En el aire que ahí parece hecho de navajas, los custodios ordenaban el desnudo completo de todos y todas las visitantes. Algunas mujeres mayores de edad aún deben hacer sentadillas sin ropa interior ante la mirada de las guardias a las que un simple gesto de inconformidad las puede motivar para negar el acceso y no hay súplica que valga. La primer comida para los hidalguenses fue una torta pequeñita y un jugo de 250 mililitros. No hubo más en todo el día y los siguientes fueron similares. Durante semanas, su única ropa interior fue la que llevaban puesta y la cárcel les proveyó de un solo cepillo dental por cada nueve reos hacinados en una celda diseñada para cuatro personas. “Yo no percibí corrupción en el sentido de que les exigieran dinero”, apunta Angélica Nieto. “El problema es el permanente estado de tortura en que se encuentra la población de la cárcel federal de Villa Aldama. Ocurrieron situaciones extremas que incluyeron abusos sexuales cometidos por custodios contra los policías”. La inmersión de las cabezas en excusados rebosantes de excremento era práctica frecuente y la entrega de la comida en el piso era rutina. De vez en vez, los custodios encendían las luces y gritaban: “¡Salgan, perros!”. A continuación, los sacaban a la madrugada de hielo, los desnudaban en el patio y los rociaban con agua de la manguera. Sin modo de secarse, volvían a las celdas. Carentes de chamarras y cobijas, se apelmazaban y la gripa de uno era el catarro de todos. Con excepción de los húmedos despertares de la madrugada y la atención de sus visitas familiares o de defensa, las autoridades penitenciarias optaron por negarles la salida a espacios abiertos y decenas de policías fueron infestados por hongos. La mayoría perdió 30 kilos de peso y, si el reo atendía un familiar, su rancho era devuelto a la cocina o al sitio de donde hubiera salido. Atendían sus audiencias, algunas de 13 horas de duración, con el estómago vacío. – ¡¿De qué color es el diablo, hijo de la chingada?! –preguntaba un custodio de la cárcel federal de Villa de Allende, Veracruz, recordado con especial dolor por su crueldad. –Rojo –respondía el reo que días antes había sido policía con la única intención de dar gusto a quién sabe qué extraño placer del carcelero. – ¡No, cabrón, el diablo es azul! –y sumergía la cara del preso en los escusados o los restregaba en el piso para ahí lamieran la comida. A él se le acusa de dirigir los abusos sexuales. Algunos de los 99 agentes de Pachuca detenidos en esa cárcel de cemento y hielo pasaron parte de su encierro en una cárcel psiquiátrica. Los familiares se inconformaron ante Derechos Humanos y las condiciones mejoraron: ya no sólo comen una torta y un jugo al día, pues también reciben una ración de caldo de frijol. El nuevo director les envía su comida a las diligencias, ya poseen cobijas, ropa interior y una tiendita de galletas y Cocas donde hacen compras prepagadas por sus familiares. El acoso no terminaba tras las rejas. Un policía fue tundido adentro y comentó la agresión con su esposa, quien comentó el asunto con la autoridad de la cárcel. La siguiente golpiza fue peor. La mujer de otro fue detenida a la entrada de Pachuca acusada de conducir un auto robado según, nuevamente, una denuncia anónima. La esposa del agente Ignacio Hernández Vega murió en un accidente carretero mientras conducía a Villa de Aldama. “A mí me encañonaron aquí, en Pachuca, en una situación en que yo iba a entregar a un cliente y, antes de hacerlo, nos cerró el paso un operativo con 30 policías que nos encañonaron a mí y a mi hija dentro del vehículo en que íbamos”. José López murió el mismo día que lo habrían liberado de una pancreatitis mal atendida. Falleció en libertad, pero en la cama de un hospital de Jalapa. Su hija, Jazmín Cruz, aún le guarda luto.
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Damián Canales es Secretario de Seguridad Pública del Estado de México. Llegó ahí como resultado de la reyerta política entre Los Pinos y Toluca. Su designación fue interpretada por analistas políticos como una advertencia a Eruviel Ávila Villegas de la supremacía política del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. – ¿Qué hizo exactamente Damián Canales, como Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, en el caso de los policías de Pachuca? –pregunto. –Él inició todo –sostiene Angélica y muestra los documentos con los dichos de Canales Mena quien, efectivamente, denunció a sus subalternos. –Cuando solicitamos la ampliación de su declaración se armó un operativo gigantesco. La memoria se le borró frente al juez y ya no recordaba nada. Le preguntamos cómo había obtenido las versiones de la relación entre los muchachos y los narcotraficantes y dijo que solamente lo había escuchado. – ¿Cuál era su intención? –Estos son los medios de los que se vale el Estado para ejecutar sus caprichos: límpiame el estado de Hidalgo, pidió la federación, y de aquí enviaron hombres inocentes para aparentar resultados. Es lo que Damián Canales hace ahora en el Estado de México. Definitivamente fue un montaje propio de Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna. Ellos crearon todo esto, ellos fabricaron a los testigos protegidos. Un día, todos los testigos protegidos que denunciaban a nuestros muchachos se desaparecieron. Angélica Nieto logró reunirse con personal de la Secretaría de Gobierno y Damián Canales durante algún momento del proceso para reclamar la parte proporcional del aguinaldo de 2009 que no había cobrado. “Me dijo que mi esposo era un delincuente y que él dependía que no recibiría un peso”. –¿Trataste de hablar con Osorio Chong? –¡Umm! Muchísimas veces y nunca nos recibió, ¡jamás! –¿Y a los demás familiares de los policías? –Hicimos comisiones y sólo nos mandó un achichincle que nos acusó a las esposas de ser unas revoltosas y nos dijo que nos estábamos yendo con la bandera equivocada, porque nos había apoyado un senador perredista. Con el actual Gobernador, Francisco Olvera, ha sucedido exactamente lo mismo. LIBERTAD A partir del 2012, alrededor de 50 agentes fueron trasladados de Villa Aldama a Tepic, Nayarit, al cálido trópico más por el trato que por la temperatura. Han formado equipos de futbol, toman clases de inglés o talleres de oficios y el sol les da en la cara. Han recuperado peso. De los 145 detenidos y presentados por las agencias de Genaro García Luna y de Aarón Canales como los “narcopolicías”, entre 125 y 130 han salido libres por falta de elementos para sentenciarlos, según criterio de los diferentes juzgadores que conocieron el caso. Once de los liberados fueron defendidos por Angélica, maestra de secundaria antes de que el torbellino se llevara a los policías de Pachuca. Sólo uno ha sido sentenciado de manera firme por delincuencia organizada, lo que supone dudas en uno u otro sentido pues fue procesado con los mismos elementos incriminatorios que los demás. Entre 15 y 20 están a la espera de la conclusión de su proceso. Jesús Garcés es uno de ellos. En su caso no ha habido ninguna resolución. Angélica ha reclamado el cierre de instrucción de ambos procesos para que así se emita la sentencia correspondiente. El asunto en el juzgado de Toluca está en manos de un defensor de oficio de quien sólo se espera que cierre el caso. Para el proceso en Tepic, Angélica se mantiene nombrada como la defensora de su pareja. Hasta ahora, cinco años después del arraigo, Angélica, de 38 años de edad, ha recuperado una vida rutinaria basada en un trabajo estable. Durante los últimos cinco años, Alma, la niña de Jesús, ha crecido unos 60 centímetros sin su padre. Era una pequeña de cinco o seis años y ahora es una púber. “Alma ha crecido sin su papa y así ha debido madurar”. –¿Nunca te paralizaste? –Creo que los primeros meses. Egresé en 2001 y, en 2009, cuando me senté a redactar el amparo, no sabía cómo hacerlo. Estaba en otra situación, entré en un momento de shock emocional. Pero no tenía dinero y era otro defensor de oficio o yo. –¿Qué esperan? –pregunto la más rotunda de las obviedades a Angélica. –Que ya regrese a la casa –¿Y qué hará? – Hasta hace poco tiempo, él tenía la intención de regresar a la policía, lavar su nombre, dar la cara, decirle a todos que era inocente, pero creo que ahorita ya entendió que no será así. Llevo cinco años sola. He resuelto todo esto sola y no me gustará verlo sentado todo el día en el sillón de mi casa. Definitivamente no algo tenemos que pensar –advierte con gesto travieso de mujer regañona. –¿Y qué hará? –Será un hombre libre. –¿Él entiende todo tu esfuerzo? –Pues espero que sí, porque si ya me sé el camino de salida, claro que me sé también el de entrada –bromea Angélica y suelta una carcajada franca, libre. *
Fuente: http://www.sinembargo.mx/16-10-2014/1142820
