El regreso de “Los Erres”. Se disputan la frontera en Tijuana.

Asesinatos, capturas y liberaciones, dan cuenta de dos pugnas entre tres grupos de traficantes. El otrora operador secundario, Alfonso Lira “El Atlante”, desafía a Alfonso Arzate “El Aquiles” y José Soto “El Tigre”. Los cabecillas que controlan las actividades criminales desde otro país, estado e incluso municipios, pierden terreno.

Desde noviembre de 2013, Javier (Pedro) Beltrán “El Javi” fue ubicado y expuesto por el Consejo Estatal de Seguridad como uno de los responsables de los cientos de asesinatos ocurridos en Baja California. Contrario a otras células del cártel sinaloense que se mueven mayormente en la zona costa de la entidad, este grupo tiene influencia en Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y el municipio de Mexicali, porque opera delictivamente para José Antonio Soto Gastélum “El Tigre”, quien tiene su centro de operaciones en la capital del estado, y fue precisamente desde ese municipio que, según reportes de las áreas de inteligencia del Grupo Coordinación, pagó abogados y jueces para liberar a diez presuntos criminales que en 2010 estuvieron ligados al equipo criminal de Eduardo García Simental “El Teo”. Ahora refieren en el Consejo de Seguridad: los integró como matones al grupo de los hermanos Beltrán Cabrera, identificado por las autoridades como “Los Erres”. Estos hombres habrían sido liberados para que Soto Gastélum amplíe su zona de influencia en el narcomenudeo y para combatir a los grupos homicidas de Alfonso Lira Sotelo “El Atlante” con quien “El Tigre” y los hermanos Beltrán Cabrera, protagonizan una pugna a muerte.

Para “Los Erres”, el pleito data de la noche del sábado 11 de mayo de 2013, cuando asesinaron a José Antonio Beltrán Cabrera “El R4”, secretario criminal y particular de José Soto, al entrar a una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Residencial Sevilla de Mexicali. A partir de entonces, su hermano Javier Adrián Beltrán Cabrera adoptó el alias “R4” y el puesto criminal del muerto; también lo identifican con la clave “Pedro” y, de acuerdo con las autoridades, está fortaleciendo su equipo de matones.
Todo esto, para vencer a los grupos de Alfonso Lira, objetivo que comparten con las células criminales de Alfonso Arzate García “El Aquiles”.
Dato que detectaron la noche del domingo 10 de agosto de 2014, tras el intento de asesinato de un hombre en el interior de los mariscos Negro Durazo en la delegación Otay de Tijuana. La víctima resultó ser un presunto operador de “Los Aquiles”, y el hombre que encabeza la venta de “cristal” en los Módulos de esa zona para esta fracción del cártel sinaloense. El victimario admitió servir a operadores de “El Atlante”.


“Los Erres”

En el caso de los servidores delictivos de Javier Adrián Beltrán Cabrera, las autoridades reconocen que siguen muy activos en el tema de homicidios, a pesar de los constantes patrullajes de las policías preventivas y la orden de los cabecillas del Cártel de Sinaloa de no calentar la plaza.

Conforme a los reportes de la áreas de inteligencia, “Los Erres” funcionaron hasta ahora encabezados por uno de los medios hermanos de Los Beltrán, Isaac Alhiu Chávez Cabrera “El Alio”, además, están integrados Salvador Eduardo Zavala Narváez “El Chava” (detenido el 5 de mayo de 2008 y liberado), Aldo Arellano Rodríguez “El Gerber” (detenido en agosto de 2013 y liberado) y Alexander Paúl Valdez Ortega (presuntamente involucrado en la balacera contra las instalaciones de la delegación de Policía en Centenario, en abril de 2008). De este último, las autoridades analizan información que indica que posiblemente haya cambiado de célula, pero como han sido mermados, Soto Gastélum decidió fortalecerlos con los diez secuestradores “Teos” liberados.
Además de los asesinatos de narcomenudistas, a este grupo se le involucró en el asesinato del policía municipal Raúl Ruiz Martínez, ocurrido el 21 de agosto de 2013, y el secuestro de un comerciante en la unidad habitacional Infonavit Ejército Trigarante en Tijuana, el 17 de diciembre del mismo año.
Respecto a los señalados como matones, retornados por el Consejo de Seguridad de Baja California, ZETA consultó los archivos judiciales y corroboró que estos hombres fueron dejados en libertad en julio de 2014 con sentencia absolutoria, quienes les dictaron libertad fueron: la Juez Primero der Distrito, María Elena Recio; Juez Primero de Amparo, Rosa Eugenia Gómez Tello; y Juez Octavo de lo Penal, Jaime Galindo Hernández.
Estaban acusados en el fuero común de secuestro y asociación delictuosa, y en el fuero federal, de portación de arma de fuego de uso exclusivo, y de violación a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Se trata de:
José Ángel Lozoya Verdugo; Mario Alberto González González “El Chichi”; Daniel Iván Machado Gálvez “El Chico”; Arturo Odilón Juárez Ramírez “El Halcón”; Édgar Gabriel Miramontes Ordaz “El Flaco”; Juan César Ramírez “El Forrest”; Omar Martínez Salazar “El Omarcillo”; Sair (Said) Aceves Lares “El Mojarra”; Armando Miramontes Ordaz “El Coco”; y Santos Chairez Velázquez “El Sonora”.
Estos diez hombres fueron detenidos por elementos del Ejército, la noche del 24 de enero 2010 en una casa de la colonia Juárez de Tijuana, como resultado de una denuncia ciudadana. En el operativo rescataron a un hombre que se identificó como comerciante del sur de México, quien al día siguiente relató en conferencia de prensa el delito cometido en su contra por este puñado de criminales, quienes comentó, lo maltrataban y se drogaban en su presencia.
En la casa donde los capturaron, los militares localizaron dos armas largas, cuatro pistolas, 264 cartuchos de diferentes calibres, once cargadores, nueve vehículos, 85 gramos de “cristal” y 20 gramos de cocaína. Además de un narcomensaje en el que se leía: “Si no quieren terminar como nosotros aliniense con la maña al 100% con El Teo. Esto me paso x ser albañil. Att, La Maña”.
Eran tiempos de la escisión del Cártel Arellano Félix, cuando Eduardo García Simental y Raydel López Uriarte “El Muletas” encabezaban una pugna de sangre contra los grupos de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.
En aquel momento, la Policía Municipal de Tijuana informó que los recién apresados habían sido detenidos en ocasiones previas, por robo de auto y en posesión de droga y armas en la Zona Norte. Habían salido libres bajo fianza de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, informaron que habían participado en el intento de homicidio de un policía municipal el 10 de septiembre de 2008, específicamente señalaron a Arturo Odilón Juárez Ramírez “El Halcón” y Édgar Gabriel Miramontes Ordaz “El Flaco”.
Ante sus captores, Armando Miramontes Ordaz “El Coco” manifestó que delinquían para “El Junior”, cabecilla criminal en la Zona Norte de Tijuana, bajo las órdenes de Raydel López. Tenían cómplices en las policías Municipal y Ministerial. Este grupo se había formado en abril de 2008 bajo las órdenes de otro líder del CAF, Saúl Montes de Oca Morlett “El Ciego”, pero su participación en homicidios se detectó con apodos en los expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE), en el primer trimestre de 2009. Después, ante Ministerio Público y juez, cambió su versión, y las autoridades que tenían elementos en su contra, tampoco se esforzaron por fincar más cargos o fortalecer los existentes.
Desde julio de 2014 están de regreso en las calles, y según elementos del Consejo Estatal de Seguridad, siguen dedicados al secuestro, homicidios y tráfico de droga.
Actualmente, Javier Hernández Beltrán controla parte de la actividad criminal de su grupo en Tijuana desde San Diego, California, y de los operativos delictivos organizados por su medio hermano, Isaac Alhiu Chávez Cabrera “El Alio” o “El Puma” -porque sirve directamente a “El Tigre”-. Según informes, los organiza desde Mexicali.
“Aquiles” vs. “Atlante”

En esta lucha criminal por controlar la lucrativa venta de droga en la calles de Tijuana, los Beltrán no son los únicos enemigos que ve Alfonso Lira “El Atlante”, quien de acuerdo a hechos recientes, se ha rebelado al liderazgo criminal de los hermanos Arzate -Alfonso y René-, ante quienes presuntamente estaba “alineado”, coordinado y cooperando.
La noche del domingo 10 de agosto de 2014, el joven Joaquín Francisco Mendoza Montero se comunicó con unas amigas, entre ellas, Carey Valenzuela, quien cuenta con una averiguación previa por delitos federales.
Según lo que declararon las mujeres, no estaba en sus planes pero decidieron reunirse por la noche en el restaurante Negro Durazo. Sin embargo, Armenta Valenzuela, detenido como uno de los autores del atentado en contra de Mendoza, manifestó que a él le avisaron y le ordenaron temprano trasladarse a las inmediaciones del restaurante.
Conforme a las declaraciones de los testigos, Mendoza departía con dos mujeres -una más estaba afuera fumando- cuando llegó un auto del que bajó un hombre, entró muy de cerca, le disparó a la cabeza y tuvo problemas con el arma. En huida se subió al carro que, según declaró Armenta Valenzuela, él iba manejando y se fueron. Como le ordenaron, bajó al autor material del intento de homicidio, quien subió en otro vehículo y, cuadras adelante, abandonó el usado en el crimen y al correr, aventó el arma. Para entonces la Policía Municipal de Tijuana ya lo había ubicado, lo capturaron y decomisaron la pistola.
El baleado aún está vivo, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Del Prado.
De entrada, Uriel Armenta aseguró desconocer la identidad de su compañero que disparó, que por instrucciones lo había levantado en un estacionamiento, dijo que antes se dedicaba a vender droga, pero como no servía, lo cambiaron a cobrador; le tocaba golpear y amenazar. En sus primeros dichos, comentó que él delinquía para “El Güero”, éste para “El Oso” y, por encima de ellos, estaba “El Atlante”.
De acuerdo a las declaraciones de las amigas de la víctima, el sujeto, con quien comparten amistad desde hace ocho años, es originario de Guadalajara, Jalisco, y se traslada a Tijuana ocasionalmente. De acuerdo a la información de las áreas de inteligencia, tiene su residencia en la calle Sociólogos del fraccionamiento Indeco Universidad en Tijuana, le dicen “El Memín” y es el encargado de distribuir “cristal” en la zona de los Módulos de Otay para el grupo de los Arzate. Tiene averiguaciones previas abiertas en contra por delitos contra la salud.
Según Armenta, no sabe por qué ordenaron la muerte de Mendoza y, aseguró, no conoce a la víctima, de quien solo le dijeron que traía una camiseta azul con rayas blancas, y que le iban a pagar 2 mil pesos.
Los estudios balísticos confirmaron que el arma Pietro Beretta decomisada fue la que usaron para el ataque, mientras Uriel Armenta fue presentado por la PGJE ante el Juez Séptimo de lo Penal, con el expediente 535/14, bajo el cargo de homicidio calificado en grado de tentativa. El juzgador tiene hasta el lunes 18 de agosto para determinar.
También desglosaron a la PGR por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Dijo este detenido: su grupo cuenta con apoyo de la Policía Municipal -la misma que lo detuvo- y tienen poco más de un mes recibiendo órdenes de atacar a los operadores contrarios, en este caso de “El Aquiles”, pero la instrucción es hacerlo “discretamente”, porque entre las cúpulas criminales existen consignas de “no pelear”.

Fuente: http://zetatijuana.com/noticias/reportajez/9066/el-regreso-de-los-erres

El despojo de nuestros territorios lo sufrimos todos.

El pasado 16 de agosto se llevó a cabo el Encuentro Nacional por la Tierra, el Agua y la Vida en la comunidad de San Salvador Atenco, Estado de México. «El despojo de nuestros territorios lo tenemos todos y es necesario unir nuestras luchas», fueron algunas de las palabras de los pobladores locales, quienes hicieron un fuerte llamado a las comunidades en resistencia. Todos convergieron en seguir combatiendo contra la explotación minera, las termoeléctricas, las represas, los gasoductos, aeropuertos, complejos turísticos, sólo por mencionar algunos megaproyectos que asedian y destruyen tanto las tierras como el tejido social en muchos rincones del país, a través de múltiples mecanismos de represión contra quienes integran las luchas.

En este encuentro participaron comunidades y organizaciones sociales. Destaca la presencia de San Francisco Cherán, la Campaña sin Maíz no hay País, la Campaña Agua para Tod@s, Tecamac, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), Tosepan y Zautla de Puebla, El Barzón y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Cada una de las organizaciones y comunidades compartió el espíritu de las luchas que llevan a cabo desde sus territorios, la manera en el que viven y resisten a la represión del Estado; con gritos de aliento y fuerza se repetían las consignas, al mismo tiempo que los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco las impulsaban con mayor energía.

Al término de la presentación, se conformaron mesas de trabajo para discutir con el tema «Sin un proyecto de vida no detendremos un proyecto de muerte» de los cual se desglosaron los siguientes subtemas para analizar en conjunto:

Defensa de los territorios contra el despojo.
Defensa de la tierra y la producción campesina.
Alternativas y propuestas desde la sociedad.
Producción y consumo: relación campo-ciudad.
Frente a la represión y la violencia, la reconstrucción del tejido social.
Formas de lucha y resistencia.
Los asistentes al encuentro trabajaron en mesas simultáneas donde profundizaron, a partir de sus experiencias, estos seis temas, cada quien opinó desde el lugar en donde defiende sus patrimonios naturales. Conforme avanzaban las participaciones encontraron similitudes en sus luchas y concluyeron que se enfrentan a los mismos enemigos que se apoderan de sus tierras, de su agua y de sus vidas, de recibir las mismas violaciones de sus derechos humanos por parte de los tres poderes de gobierno, de soportar los hostigamientos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, de aguantar y resistir los secuestros, las ejecuciones, desapariciones y extorciones de las familias por parte del crimen organizado; las conclusiones de las meses de trabajo fueron retroalimentadas por las experiencias y opiniones del sentir de las personas que pudieron participar.

Por otro lado el FPDT de Atenco circuló un boletín en donde se proponía lo siguiente:

Integración de Coordinaciones Regionales con el objetivo de agrupar a las diversas organizaciones.
Integración de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Regionales en Defensa del Territorio, del Agua y la Identidad Comunitaria.
El establecimiento de un plan de lucha a corto y mediano plazo.
La concertación con organizaciones regionales que no asisten a este evento para integrar una fuerza más amplia y sólida.
Establecer agendas de trabajo con instancias de todos los niveles para impulsar nuestras propuestas de aprovechamiento y conservación de los recursos territoriales con los que cuenten los pueblos y comunidades del país, para incidir activamente en el establecimiento de políticas públicas.
Convocar a corto plazo, a una reunión nacional constitutiva de la coordinadora de organizaciones regionales, pueblos y comunidades.
Establecer comisiones de trabajo.
Ratificar nuestra solidaridad y compromiso con las luchas de los pueblos de México.
Uno de los miembros del FDPT afirmó que «para el pueblo de Atenco sigue pendiente la respuesta de justicia, la cuenta está pendiente, nuestras tierras siguen en la mira de este gobierno, vamos a seguir sembrando nuestras tierras, vamos a seguir luchando y defendiendo la tierra, como país y luchas tenemos que estar juntos».

Ya el domingo 17 de agosto, luego de la continuación de las discusiones y de haberse dado a conocer los resolutivos de cada mesa, en la declaración final leída por América del Valle, se dijo:

Queremos heredar a nuestros hijos y sus hijos nuestra tierra, nuestro amor por ella. El momento histórico que nos toca enfrentar es muy complejo. Pero como los abuelos nos han enseñado a mirar el horizonte, volteamos a ver las resistencias de los pueblos que nos han dado ejemplos. De ellas y ellos retomamos los frutos y aprendizajes para enriquecer nuestros caminos de lucha, para defender nuestros territorios, levantar nuestras voces y reivindicar que existimos, que tenemos derechos. Nuestra lucha es por la vida misma.

¡Nos negamos a tener precio!, ¡nos negamos a perder nuestra libertad, a poner nuestra tierra en venta!, ¡la última palabra la tiene el pueblo!, ¡el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra somos todos!

La Niña, La Pinta y las relaciones con el poder.

La relación entre México y España tiene más de 500 años y a lo largo de este tiempo se han constituido redes comerciales que dieron surgimiento a grandes emporios: Soriana, Modelo, Gigante, Comercial Mexicana o Grupo Ángeles. A partir de que nuestro país entró en una etapa de apertura comercial, durante los años 90, las inversiones españolas han fluido hacia sectores estratégicos como el hotelero, energético, el financiero y las telecomunicaciones. En unos casos se han asociados con firmas de capital azteca, pero en otros han absorbido por completo a las empresas nacionales. Su presencia también ha sido cuestionada por analistas y distintos sectores, quienes argumentan que además de las ventajas que les dan los tratados comerciales celebrados por México, también han tejido una red entre nativos españoles, sus descendientes y las élites del poder para tomar ventaja. En sus consejos de administración, sin rubor, aparecen altos ex funcionarios, ex presidentes o sus familiares. Ahora, con la Reforma Energética, México se vuelve nuevamente refugio de los capitales del viejo continente…

La presencia de empresas españolas en México ya no se remonta a los tradicionales negocios de abarrotes o textiles que hicieron famosa a esta comunidad. En los últimos 20 años, los flujos de capital español hacia tierra azteca ha estado creciendo en sectores estratégicos como el financiero, el turístico, de telecomunicaciones y con la apertura energética se espera una nueva oleada de inversiones en las áreas de gas, petróleo y generación de electricidad. La relación entre México y España tiene más de 500 años y a lo largo de los mismos se ha integrado una serie de redes comerciales que han dado surgimiento a grandes emporios construidos por españoles de primera, segunda y tercera generación que han fundado grandes negocios como Soriana, Modelo, Gigante, Comercial Mexicana y Grupo Ángeles. La nueva oleada de capitales ibéricos a tierra azteca empezó en la primera mitad de los 90 impulsada por los cambios estructurales en materia de apertura comercial promovida por el gobierno, desde la llegada del Presidente, Carlos Salinas de Gortari, en 1988, así como la privatización de los bancos nacionalizados en 1982, y la promulgación, en 1998, de una serie de cambios a la Ley de Inversión Extranjera (LIE) como la autorización para que inversionistas de otros países pudieran fundar o adquirir bancos y otras instituciones financieras con una participación mayoritaria de hasta 100 por ciento. Si bien ya venían operando algunas empresas españolas importantes en México, como Mapfre, que llegó en 1994 a fundar seguros Tepeyac con socios mexicanos, o Freixenet que inauguró sus bodegas vinícolas en 1987, en Querétaro, las primeras inversiones ibéricas de esta nueva oleada corrieron a cargo de grupos financieros como BBVA que entre 1993 y 1999, compró, en operaciones sucesivas el control de los bancos Mercantil Probursa, Banco de Oriente Banca Cremi. El sector hotelero también se ha lanzado a esta nueva conquista de México, donde de acuerdo con datos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), las cadenas españolas que operan aquí suman más de 77 hoteles, con más de 28 mil habitaciones. El 2000 fue el primer año en el que las inversiones españolas en el país superaron los 2 mil millones de dólares y fue uno de los más productivos para los inversionistas ibéricos en el país. Actualmente, la mayoría de las empresas españoles, en México, en este orden, concentran su actividad en el sector financiero y de seguros, construcción, información en medios masivos, energía, esparcimiento cultural y deportivo y otros servicios recreativos; industria manufacturera, comercio de mayoreo, servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y servicios educativos. Según el documento “México y España en el espejo global”, realizado por la consultoría PriceWaterHouseCooper y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), la presencia de empresas españolas que operan en el país supera las 3 mil 600 y “al parecer, a la mayoría de ellas les va bien, algunos de los CEOs [directores generales] que participaron en la encuesta llegaron a comentar: la oficina mexicana es la unidad de mayores ingresos y rentabilidad después de la de España” y que ese buen crecimiento se registra en tasas de crecimiento de dos dígitos. Según cifras de la Secretaría de Economía de México(SE), las importaciones españolas han registrado un crecimiento importante entre 2009 y 2013 al pasar de 3,004,042,141 a 4,311,071,460 millones de dólares. Entre los principales productos que España vende a México están gas natural, aerogeneradores, libros, construcciones prefabricadas o sin armas, vinos, aluminio, químicos, azulejos, perfumes, lociones, carrocería montada sobre chasis, ascensores y montacargas, mercancías para el “Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes”, calzado para mujeres, aceitunas, mármol y tapas abre fácil de acero o aluminio para latas, entre otros.

“Actualmente contamos con más de 400 empresas socias que abarcan todos los sectores económicos en México, así como con una red de contactos que abarca todos los sectores de actividad y dependencias de Gobierno”, señala la Cámara Española de Comercio en México en su página de Internet, a cuyos representantes se pidió una entrevista para solicitar datos sobre las inversiones en el país, misma que nunca fue concedida. “Hay empresarios migrantes que han llegado a México por diversas razones: hay una cultura de negocio muy parecida y algunas figuras de la política nacional han tenido alguna relación con las empresas españolas y eso ha ayudado”, consideró por su parte Adolfo Laborde Carranco, director del Programa de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (LRI) y del Bachelor in International Affairs (BIA) del Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey, Campus Santa Fe. La mayoría de las empresas españolas se encuentran ubicadas en la capital del país, después le sigue el Estado de México, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Veracruz. México, Brasil y Colombia han sido este año los principales destinos de las inversiones españolas en América Latina, gracias a las facilidades que ofrecen para la apertura de negocios, su ubicación geográfica, infraestructura y gracias a que solamente 40 por ciento de las empresas que operan en la región, puede verse afectada por la crisis global, según el informe “2014: Panorama de la inversión española en Latinoamérica”, realizado por el Instituto de Empresas de España (IE), AirFrance y KLM. “Algo que empuja mucho a los empresarios e inversionistas españoles es el problema económico de su país. Para recuperar el empleo que se tenía antes de la crisis de la zona euro van a tardar de 7 a 10 años, lo que ocasiona bajo poder adquisitivo, y eso combinado con el ‘Mexican Momentum’, que lo han vendido muy bien en el extranjero, ha impulsa también a voltear al país”, consideró Víctor Manuel Prudencio Vallejo, ex empleado de la Comunidad Europea en el área de Negocios con América Latina. “Desde que España ingresó a la Unión Europea y desde que la Unión Europea firmó un convenio con México de comercio, desde entonces España vio a toda América Latina como un espacio natural de desarrollo porque tenemos lenguaje, religión y pintura y se empezaron a fortalecer las empresas nacionales españolas”, señaló Martín Romero Morett, jefe del Departamento de Economía del Centro Universitarios de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con el estudio realizado por el IE, para los próximos tres años, México se ubica como el segundo destino de inversiones de las empresas españolas en la región, sólo después de Brasil, ya que los empresarios ibéricos ven en la región un intento desesperado para que sus empresas sigan manteniéndose con capital mayoritariamente español. También consideran que el país tendrá un buen crecimiento económico, a pesar de los problemas que representan la inseguridad y el tipo de cambio. “Desde luego, el Plan de Infraestructuras y las oportunidades para las empresas que esa inversión de 600 mil millones de dólares representa para México y para España, nos da una idea de los campos en que pueden colaborar nuestros países”, dijo por su parte en entrevista publicada en el sitio de la Cámara de Comercio de España en México, el embajador ibérico en el país, Luis Fernández Cid. SinEmbargo solicitó una entrevista con el agregado comercial de la representación diplomática, sin embargo, nunca se recibió respuesta. De acuerdo con el estudio del IE, “México vuelve a ser considerado el país más competitivo y el que tiene acuerdos de libre comercio más interesantes”. Gas Natural Fenosa (GNF), que inició operaciones en el país hace 15 años a través de la petrolera Repsol y que en 2000 compró el 100 por ciento del capital social de la mexicana Metrogras, señaló a nivel corporativo, a través de un cuestionario enviado por correo electrónico, que la decisión de participar en México deriva de un cambio en la política energética del país, durante el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de Léon (1994-2000) que abrió las puertas a la industria privada; por una parte podrían participar privados en la generación de electricidad y por otra parte en la distribución de gas natural. “Es la apertura de la industria privada lo que da pie a nuestra participación en este negocio”. Ante la pregunta: ¿Qué facilidades se encontraron en México, que no ofrecen otros mercados? La compañía respondió que en su momento fueron los cambios regulatorios que permitieron la participación de empresas privadas en el sector energético, tanto en la distribución de gas natural como en la generación de electricidad, en paralelo a la operación de las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). En este proceso se dieron los reglamentos que permitieron la participación privada estos rubros, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). “El mercado mexicano es muy importante para el grupo, dado que vemos un potencial importante de crecimiento de nuestro servicio. Podemos crecer al doble de lo que tenemos actualmente, con la infraestructura ya disponible. Cabe mencionar que las actividades internacionales de GNF representan el 40.9 por ciento del total del EBITDA [los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización], y en América Latina, México es el segundo mercado más importante para el grupo”, destacó. Actualmente, la compañía tiene un plan de crecimiento establecido para incorporar cada año más de 100 mil nuevos usuarios de gas natural, ya sea a nivel industrial, comercial o doméstico. En el mercado de generación, “actualmente, estamos construyendo el parque eólico Bií Hioxo ubicado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mismo que se pondrá en operación a finales del presente año, con una potencia instalada de 234 MW”, informó.

LA BANCA 

Gracias a la Ley de Inversión Extranjera, aprobada en 1994, fue que España se vio beneficiada y para finales de la década la inversión española se enfocó en el sector financiero. Esto se vio reflejado con la llegada de los dos bancos españoles más importantes: BBVA y Santander, donde el primero adquirió a Bancomer y el segundo a Serfin, siendo que esta última inversión alcanzó la cifra de 5 mil 904 millones de dólares. Hoy en día, las filiales de ambas instituciones se ubican entre las dos más importantes a la hora de reportar ganancias a sus matrices ibéricas. Con una utilidad de 37 mil 781 millones de pesos obtenida a lo largo de 2013, Grupo Financiero BBVA Bancomer aportó 38 por ciento de la ganancia total que generó su matriz en todos los países donde tiene presencia, según su reporte corporativo. Este resultado es superior en 34.3 por ciento, en comparación con los 26 mil 832 millones de pesos que reportó en 2012. Se trata del mayor crecimiento en ganancias desde 2010, cuando con un total de 25 mil 751 millones de pesos, registró un alza de 23.5 por ciento, contra los 21 mil 612 millones de 2009. Mientras que, en el mismo año, Santander fue la tercera con 18 mil 903 millones de pesos, según un reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México. “Al inversionista mexicano le hace falta más visión porque ahora con la crisis de España hubieran aprovechado para recuperar bancos como Santander y BBVA, pero les hace falta más ambición […] Nosotros somos así de malinchistas, al capital extranjero no le exigimos reciprocidad”, expresó el investigador de la UdeG.

El ocasiones, la presencia de las empresas españolas en México y su forma de operar ha sido criticada: El 14 de julio, una investigación periodística reveló cómo la empresa constructora española OHL había obtenido en 18 meses siete contratos de obra pública por 41 mil 594 millones de pesos, incluido uno de 10 mil millones con el gobierno de Puebla, facilitado por el Jefe del Ejecutivo. El monto de los contratos supera a las principales constructoras mexicanas, ICA, Tradeco y Carso, que durante el mismo lapso obtuvieron contratos por 9 mil 412 millones de pesos en el mismo periodo. De acuerdo con la investigación del diario Reforma, “no en todas las licitaciones, la oferta presentada por OHL ha sido la oferta más económica, pero, por el sistema de puntaje técnico de esos procesos, ha podido hacerse de los mismos”. La empresa es y ha sido dirigida por ex funcionarios de administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI). OHL México es presidida por José Andrés de Oteyza, ex Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el Gobierno de José López Portillo, y dirigida por Sergio Hidalgo, ex director del ISSSTE y el SAE. Además, antes de llegar a Petróleos Mexicanos (Pemex), en su consejo y equipo directivo trabajaron Emilio Lozoya Austin y Mario Beauregard, actuales directores general y de Finanzas de la aún paraestatal, respectivamente. La mayoría de estos funcionarios y ex funcionarios no sólo tienen en común el trabajar o haber trabajo para la constructora, sino también conexiones familiares o de negocios ibéricas. En su edición del 20 de julio, el diario español El País publicó que “los últimos contratos que ha logrado en México están levantando también algunas ampollas, agravios e insidias entre sus competidores locales y en algunos medios de comunicación. Dicen que OHL México es la favorita del PRI (el partido del Gobierno) y la preferida del Presidente Enrique Peña Nieto”. “Insinúan además que OHL ha empezado a recibir contratos de la petrolera estatal Pemex tras la incorporación como altos directivos de dos ejecutivos que trabajaron antes para el grupo español”, agregó. La publicación aseguró que la adjudicación de los contratos en México se debe a su calidad técnica y no a los “favores” del gobierno de Peña Nieto. “Su eficiencia, su prestigio y sus precios, son en todo caso más amplios”, y aduce que en los últimos meses también se ha hecho de importantes adjudicaciones en Australia, Aruba y Chile. Sin embargo, la investigación periodística despertó una serie de dudas sobre cómo la presencia de empresas españolas ha logrado extenderse en nuestro país en sectores como el de obra pública, hotelero, telecomunicaciones, financiero, textil y energético. “[Algunas] Caen también en el juego de la corrupción. Si en los últimos tres o cuatro años se han incrementado [las inversiones españolas en México], en los últimos cinco se van a ampliar todavía más, por afinidad y ligas con las élites gubernamentales del país”, expresó Prudencio Vallejo. A menos de una semana de que salieran a la luz los cuestionados contratos que el gobierno mexicano ha otorgado a la constructora española OHL, otra empresa ibérica, Sacyr, anunció que resultó adjudicataria de dos líneas eléctricas y tres sub estaciones en Monterrey, Nuevo León, por un valor de 15.75 millones de dólares. En un comunicado, Sacyr indicó que el contrato fue adjudicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al consorcio formado por Sacyr Industrial y Mondisa. Precisó que el proyecto incluye la construcción e instalación de dos líneas de transmisión de una longitud de 3.7 kilómetros y tres sub estaciones de diferentes capacidades eléctricas. En ocasiones, empresas españolas obtienen ganancias en México sin ni siquiera haber terminado el trabajo para el que fueron contratadas. Es el caso de Abengoa, que el 22 de septiembre 2009 interpuso una demanda en contra del Estado Mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), en Washington, bajo número ARB-AF/09/2, por la cancelación del permiso para operar el confinamiento tóxico en Zimapan, Hidalgo. Abengoa acusó a México de incumplir el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre México y el Reino de España. Demandó una compensación de 96 millones de dólares (aproximadamente 1 mil 216 millones de pesos) más intereses desde que el proyecto debió comenzar a operar (en 2007). El litigio concluyó el junio de este año y como compensación la empresa, que apenas invirtió 70 millones de pesos, obtuvo como compensación cerca de 500 millones de pesos. 

LOS HOTELES 

En México, autoridades hacendarias y de sectores como el turístico han dado muchas concesiones a las empresas españolas, aseguran los especialistas, inclusive beneficiándolas por encima de las connacionales. Aseguran que el trato que han tenido esas firmas en nuestro país ha sido preferencial, gracias a que reciben una serie de descuentos en todo tipo de impuestos y subsidios prediales. También, presuntamente, gozan de tasas preferenciales de bancos españoles de hasta 3 por ciento anuales, mientras que los hoteleros mexicanos tienen que pagar intereses de dos dígitos. No sólo en el caso de los hoteles, sino de las empresas extranjeras, en general, no existe un control sobre la salida de ganancias que obtienen las compañías, pues mientras en la mayoría del mundo existe una regulación que las obliga a dejar un porcentaje de sus utilidades en el país donde hace el negocio, en México “el gobierno se ha hecho sordo y no ha querido imponer este control”, expresó Prudencia Vallejo. Según datos del Tec de Monterrey, algunas cadenas españolas, de cuatro, cinco estrellas y lujo tienen una presencia importante en la zona de la Riviera Maya. Estas cadenas españolas operan un total de 901 hoteles en el mundo con un total de 232 mil 302 habitaciones, por lo que la participación de México, en promedio, es de 13.3 por ciento, según sus datos a 2010. El avance de estas empresas, encabezadas por Grupo RIU, que cuenta con ocho mil 635 habitaciones en 16 hoteles en el país, ha sido rápido y continuo, puesto que en 2004 las empresas españolas sólo tenían 43 hoteles con 13 mil habitaciones. Después de RIU, las cadenas hoteleras ibñericas con mayor presencia en México son Sol Meliá, con ocho hoteles; Fiesta Hotel Group, con siete; otros 3 de Oasis; ocho de Iberostar, 13 de NH; cuatro de Gran Bahía, cinco de Catalonia y 13 de Barceló. El reporte financiero de 2013 de NH Hoteles señala que México destaca positivamente con incrementos de RevPar (el más importante medidor utilizado en la industria hotelera para valorar el rendimiento financiero de un establecimiento o una cadena) a 12 meses superiores al 7 por ciento, uno los más altos para la empresa, impulsado principalmente por el crecimiento de la ocupación en los hoteles. Mientras que las memorias de 2013 de Grupo Barceló destacan que “los mejores indicadores se han producido en Latinoamérica, región que genera cerca del 75 por ciento del EBITDA del Grupo, y muy especialmente en la Riviera Maya mexicana y en la República Dominicana. En ambos destinos el porcentaje medio de ocupación ha rondado el 85 por ciento”. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Economía (SE), en el periodo 2010 a 2014, se espera que lleguen a México inversiones de dos mil 500 millones de dólares por parte de empresas españolas turísticas, principalmente del sector hotelero, que generarían 20 mil empleos directos. “Sus hoteles ya tienen mucha experiencia en el mundo. Ellos hacen un buen estudio de benchmarking para conocer el mercado y obtener la tasa de retorno que aspiran, la mejor tasa de mercado”, explicó Laborde, quien agregó que este conocimiento del mercado les ha permitido especializarse en la atención al cliente y en el concepto de “todo incluido”, por la serie de alianzas estratégicas que tienen con el resto del sector turístico internacional, lo cual pone en desventaja a otras cadenas mexicanas. Justo en este sector es en el que se ha desatado el más reciente escándalo judicial en el país ibérico. A finales de julio, la Audiencia Nacional de España anunció que investiga al empresario Jordi Pujol Ferrusola por el supuesto cobro de una comisión de 13 millones de dólares en dos años por su participación en el proyecto turístico Azul de Cortez, el más importante desarrollo turístico de Baja California Sur, México. Pujol Ferrosul habría cobrado una comisión encubierta de Isolux Corsán al vender su parte a este gigante de la infraestructura, contratista de la Generalitat catalana, en un macro proyecto, según publicó el diario español El Mundo. El juez Pablo Ruz, que investiga la corrupción del clan Pujol, acaba de requerir a la empresa española toda la documentación sobre la compra del proyecto que se extiende sobre una superficie de 800 hectáreas junto al golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, y en el que está prevista la construcción de un campo de golf diseñado por el famoso jugador Greg Norman, una marina, dos hoteles con 280 habitaciones y unas 2 mil residencias de lujo destinadas principalmente al público estadounidense y canadiense. “Pujol llegó protegida por toda la clase empresarial española que se ha establecido en México ”, dijo el escritor Oriol Mallol. El proyecto Azul de Cortez engloba un volumen de negocios superior a los 3 mil millones de dólares. Fuentes citadas por el rotativo español señalan que a mediados de 2006, Pujol Ferrusola desembolsó 3 millones de dólares para comprar el 21.5 por ciento del desarrollo del negocio, “articulando los pagos a través del BBVA”. Adquirió entonces un paquete de lo que en México se conoce como el fideicomiso, convirtiéndose por lo tanto en “fideicomisario o fideicomitente”. Esta figura legal no sólo abarca la propiedad del terreno, sino las posibilidades de negocio sobre el mismo. El empresario es hijo de Jordi Pujol Soley, que durante 23 años desempeñó el cargo de presidente de la Generalidad de Cataluña, el sistema institucional en que se organiza políticamente el autogobierno de la comunidad autónoma de Cataluña en España. “En pláticas con distintas personas, él siempre dijo que había llegado a México, básicamente a trabajar poco y hacerse de un gran capital”, señaló Oriol Malló. De acuerdo con la información del diario, Pujol Ferrusola instrumentó la operación a través de su sociedad limitada Iniciatives, Marketing Inversions, entidad investigada por la Audiencia Nacional por lavado de dinero y delito fiscal, dedicada originariamente al negocio del mármol y del granito bajo la denominación de Natural Stone, y a la que la Agencia Tributaria ha detectado ya fondos en Luxemburgo. En el caso mexicano, el miembro del clan catalán estableció personalmente los contactos con la directiva de la empresa española para proponerle el negocio en primera instancia, en el que entró con una pequeña participación, y le vendió su parte acto seguido sin haber llevado a cabo ninguna gestión relevante. Al mismo tiempo que compró la parte de Pujol Ferrusola, la empresa española adquirió las participaciones en este fideicomiso a otros empresarios tanto españoles como mexicanos, desembolsando un total de “79 millones de dólares”, con el objetivo de llevar a cabo en solitario el desarrollo del negocio inmobiliario. Isolux Corsán valoró que el título de propiedad del terreno estaba “limpio”, tal y como añaden las mismas fuentes. El proyecto disponía de las licencias urbanísticas correspondientes, así como que cumplía con la exigente normativa medioambiental del país. De tal forma que ya se construyó la infraestructura básica y está a punto de comenzar la construcción del complejo turístico. Tanto el juez Ruz como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía intentan determinar si esta compra-venta entraña el pago de un sobreprecio y si los fondos que inyectó Pujol Ferrusola tienen una procedencia ilícita. De ahí que la Policía Judicial, por orden del juez, no sólo haya solicitado los datos de la operación a Isolux Corsán, sino también al resto de socios o compañeros en el fideicomiso mexicano. Según algunas de las fuentes que compartieron el negocio con Pujol Ferrusola, la espectacular plusvalía abonada por Isolux Corsán estaría justificada “por el valor añadido” que se incorporó al proyecto “en forma de licencias urbanísticas y gastos de gestión, entre otras cuestiones”. 

EL SECTOR ENERGÉTICO 

De acuerdo con expertos en el tema, el crecimiento de la inversión española no ha sido fortuito, y de alguna manera, ha sido favorecida por las redes familiares que han ido tejiendo a los largo de los años, así como por su cercanía con el poder, principalmente con el Jefe del Ejecutivo en turno. Un editorial publicada por la página electrónica de La Voz de Asturias hace mención a un grupo de “asturmexicanos”, personajes nacidos o con raíces en Asturias, España y que tienen lucrativos negocios en México. Los llama “mecenas, profesionales de éxito y, sobre todo, altruistas y generosos con su tierra patria -Asturias-”. Según la publicación, este lobby asturmexicano está integrado por una decena de empresarios de gran influencia social y económica en el país “mexica”, que lo mismo organizan visitas de la realiza ibérica a México que cabildean a favor de otros hombres de negocios españoles. En este grupo se encontrarían, según la publicación, Antonio Suárez Gutiérrez [Grupo Mar, dueño de la marca Tuny], Juan Antonio Pérez Simón [socio de Carlos Slim], Manuel Arango Arias [Centro Mexicano para la Filantropía], Antonio Ruiz del Valle [Mexichem] y José Antonio Fernández [Coca-Cola Femsa]. “Muchos de ellos han logrado, con creces, el sueño por el que sus familias partieron un día a la aventura hacia América. Ellos conforman ahora el lobby ‘asturmexicano’”, señala la publicación. Antonio Suárez Gutiérrez es un español que visitó México por primera vez en 1966; es uno de los primeros empresario en comprar empresas estatales mexicanas. Después de varias visitas, este personaje decidió radicar en México, cambiar de giro y tomar el timón de una vieja empresa estatal llamada Industria Pesquera de Oaxaca (IPO). Ahora es conocido como “El Rey del Atún”, ya que su compañía, Grupo Mar, es dueña de la marca Tuny y tiene ventas anuales por 5 mil millones de pesos. A Suárez se suman los hermanos Vázquez Raña, que, aunque no son austurianos, sino hijos de españoles de un pueblo llamado Avión, nacidos en México. En el libro “Los Amos de México”, se da cuenta cómo Mario y Olegario, y sus antepasados, aprendieron a hacer negocios fungiendo como aboneros, tenderos y administradores de un hotel de paso hasta lograr acercarse a las élites del poder. Mario es, desde hace años, dueño de la Organización Editorial Méxicana (OEM) que edita los periódicos conocidos como “soles” y La Prensa. Mientras que Olegario, y su hijo, han logrado incursionar en el sector financiero a través de Grupo Financiero Multiva; en medios de comunicación vía el diario Excélsior y Cadena Tres; en el sector salud con los Hospitales Ángeles; en el sector turismo con los hoteles Camino Real y en el sector servicios con el restaurante Le Cirque y la Operadora Coffee Station, todas bajo las alas del llamado Grupo Ángeles. El mismo libro cita que Olegario podría se contratista de la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena), a través de una empresa llamada Breco Holdings. El crecimiento de las empresas de Olegario se dio durante el sexenio del panista Vicente Fox Quesada (2000-2006), cuya hija, Cristina, trabajó para los hoteles Camino Real. Otra de las prácticas de las empresas españolas en México que han sido criticadas por distintos sectores es el hecho de que contraten a ex funcionarios de primer nivel para ocupar puestos directivos, lo cual les da acceso a información privilegiada. No solamente es el caso de José Andrés de Oteyza, ahora presidente de la constructora OHL en México, quien fuera Secretario de Fomento y Patrimonio Industrial de México, durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982), sino que también destaca el del ex Secretario de Hacienda durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006), Francisco Gil Díaz, quien actualmente es presidente ejecutivo de Telefónica para México y Centroamérica. Destaca también el caso de Georgina Kessel Martínez, ex Secretaría de Energía con el Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien es consejera externa de Iberdrola, la multinacional energética de origen español y una de las beneficiarias de la apertura del sector eléctrico a la iniciativa privada en México. A finales de 2012 la empresa española inició la expansión y transformación de la planta de Enertek, en el estado Tamaulipas, que tiene una inversión de 40 millones de dólares. El proyecto transformará la planta de co generación en una central de ciclo combinado, y su capacidad pasará de 120 a 150 megavatios, con lo que podrá aprovechar mejor las oportunidades del mercado de gas en el país. La filial de ingeniería y construcción de Iberdrola comenzó en 2012 los trabajos de la planta de cogeneración accesoria a la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato, un proyecto que representará una inversión global de más de 450 millones de dólares. La información pública de Iberdrola detalla que emplea a más de 770 personas en México, de las cuales 98 por ciento son de nacionalidad mexicana, incluyendo su equipo directivo. Según el informe adelantado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2011, la mexicana utiliza sólo 69 por ciento de su capacidad instalada en hidroeléctricas y utiliza el 80 por ciento de la luz total que generan las empresas privadas a través de sus plantas termoeléctricas a base de gas natural, generada principalmente por las españolas. De acuerdo con distintos análisis sobre el tema, laS empresas españolas compran la unidad de gas en menos de 50 centavos en Perú y lo introducen al país a un precio aproximado de 14 dólares por unidad. Iberdrola también está involucrada en proyectos de energía eólica: tiene contemplados tres proyectos en México en 2013 junto con Gamesa, del grupo Pepsico, por una inversión de 910 millones de dólares en los estados de Oaxaca y Puebla y para esto contemplan una inversión de 910 millones de dólares, y estarán ubicados en Oaxaca y Puebla. Otra española que realiza este tipo de proyectos es Renovalia Energy, que en México tiene como filial a Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex). En conjunto cn Grupo Bimbo, realiza el proyecto Piedra Larga, en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca. Demex y la mexicana Bimbo aportaron alrededor del 30 por ciento del capital total del proyecto, mientras que el resto fue financiamiento diferido de la banca de desarrollo a través de Banobras, FONADIN (Fondo Nacional para el Desarrollo de Infraestructura), Nafin y Bancomext, así como las filiales en México de las españolas La Caixa y Santander, además del banco portugués Espíritu Santo. Esta planta surtirá a las plantas de Bimbo de energía eléctrica y la energía restante será vendida a CFE. “Sin lugar a dudas tienen grandes intereses en el sector energético, aunque desde hace tiempo ya están presentes”, señaló Víctor Manuel Prudencio.

LAS TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS.

En el caso de este sector, no sólo destaca la presencia de Telefónica, que cuenta con más de la cuarta parte de usuarios de telefonía móvil en el país, sino también el de Grupo Prisa, dueño del diario El País. Antes de la reforma de 2013, la ley mexicana de Radio y Televisión dejaba clara la exclusividad de la radiodifusión para mexicanos o sociedades mexicanas, sin embargo, en 2001, el grupo español Prisa compró 50 por ciento de las concesiones de 17 estaciones radio (Radiópolis), propiedad Televisa Radio, de Emilio Azcárraga Jean. La inversión que realizó el Grupo Prisa para adquirir la mitad de las acciones de las radiodifusoras, fue a través de una inversión neutra, por 50 millones de dólares y una aportación de capital por 10 millones de dólares. Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, cuñado del ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en enero de 2007 fue contratado por Prisa como gerente de la edición global de El País. En una carta enviada el 13 de enero de 2008 a la revista Proceso, Zavala negó que su papel fuera como “responsable de la operación del Grupo Prisa en México” y aclaró que sus funciones eran “meramente comerciales y administrativas, sin ninguna injerencia en la parte editorial”. El ex Presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, es parte del Consejo de Administración. Empresas de publicidad y marketing político españolas también han aterrizado en México, un ejemplo es a consultoría OstosSola, de Antonio Sola, quien participó como estratega de Calderón Hinojosa durante su último año de gobierno y quien se le atribuye haber acuñado la frase “López Obrador un peligro para México”.

Fuente: http://www.sinembargo.mx/18-08-2014/1074692.

Suspende Inveadf actividades de club hípico en Xochitepec.

El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Inveadf) colocó sellos de suspensión de actividades al desarrollo Tepepan Country Club que se construye en las faldas del cerro de Santa Cruz Xochitepec. El número del expediente es INVEADF/OV/DUYUS/2204/2014.

El desarrollo -que se comercializa con el nombre de Loma Santa María y que contempla la edificación de un club hípico y la venta de 86 terrenos, de por lo menos 500 metros cuadrados cada uno, para la construcción de casas habitación-, ha generado la oposición de los pobladores originarios de Xochimilco.

Los ciudadanos argumentan que el certificado único de zonificación de uso de suelo, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se contrapone con el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional que reserva el terreno para la producción agroindustrial y habitación rural de muy baja densidad.

El sábado por la noche los opositores al se percataron de la acción de la autoridad y tras casi un año de “resistencia” -que ha incluido, entre otras acciones, clausuras simbólicas, la realización de una consulta pública y la interposición de un juicio de amparo y varios juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal- los ciudadanos tuvieron un motivo para celebrar.

“Es una prueba de que tenemos la razón, de que se trata de una obra irregular e ilegal. Lo que exigimos es la clausura definitiva. Vamos a ir al Inveadf para que nos expliquen los motivos de la suspensión de actividades. Estamos seguros de que se trata de irregularidades en el uso de suelo”, refirió Ricardo Acosta, del Consejo de Pueblos de Xochitepec.

Por su parte Alejandro Velázquez del Frente Autónomo de Xochimilco y representante legal de los opositores explicó la estrategia jurídica que se ha seguido.

“En el juicio de amparo reclamamos la violación al derecho a la consulta previa y en el Tribunal de la Contencioso Administrativo del Distrito Federal reclamamos la nulidad del certificado de uso de suelo, de la autorización de impacto ambiental y del dictamen de impacto urbano.

“El Inveadf tiene facultades para verificar el uso de suelo y nosotros suponemos que esta suspensión tiene que ver con ello. Queremos conocer los fundamentos legales que tuvo el Inveadf para suspender la obra y no dudamos que vayan acorde con los argumentos que nosotros hemos esgrimido ante el tribunal administrativo”.

De La Jornada.

Los límites entre la política y el narcotráfico se pierden en Michoacán.

Servando Gómez, conocido como La Tuta, líder del cártel de Los Caballeros Templarios continúa a salto de mata desde que el Gobierno de Enrique Peña Nieto emprendió en enero una estrategia para debilitar a los cárteles que operan en Michoacán. Las muertes de otros cabecillas como Nazario Moreno y Enrique Plancarte han dejado a este maestro rural que gusta de usar las redes sociales y los medios de comunicación en el papel del principal enemigo público en la zona. En 2014 cinco vídeos han dejado el rastro de su activa participación política. Aparece con alcaldes, empresarios y funcionarios del Gobierno. Cada nueva publicación agita el escenario local porque pone en manifiesto la cercanía del crimen con las autoridades.

En uno de los más recientes se observa al capo charlando con Rodrigo Vallejo Mora, el hijo menor del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, elegido en 2011. Este viernes un juez dictó el auto de formal prisión en contra del vástago después de considerar que existen elementos suficientes para que se le investigue por el delito de encubrimiento.

Vallejo Mora rechazó declarar frente a las autoridades. El juez considera que el inculpado podía haber ayudado a las autoridades a dar con el narcotraficante, pero al negarse al declarar le achaca un posible delito de encubrimiento. El encubrimiento no es un delito grave en México, y el acusado tendría que haber obtenido libertad provisional después del pago de una fianza, pero dos fallos judiciales se la negaron.

Antes de que fuera enviado a prisión, Rodrigo explicó que había acudido a la cita con La Tuta para salvar su vida, pues había sido amenazado. “Mi conciencia está tranquila. Descansé cuando sacaron los vídeos. Esta gente lo está haciendo porque no accedí al chantaje”, dijo en una entrevista con una radio local.

En lo que va de año se han dado a conocer otras cuatro grabaciones. El pasado 4 de agosto, un periódico publicó el encuentro de Salma Karrum, alcaldesa de Pátzcuaro, con un operador de Los Caballeros Templarios. La presidenta municipal, del PRI, le reprocha el asesinato de su yerno y le pide que le gestione un encuentro con La Tuta.

“Incomoda que cada ocho días vaya saliendo un vídeo”, dice Luisa María Calderón, senadora del PAN (derechas) por Michoacán. La legisladora, hermana del expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012), fue candidata al Gobierno del Estado en las elecciones de 2011. Cuatro días después de haber sido derrotada por Fausto Vallejo pidió al nuevo gobernador “no ponerse de rodillas frente a los grupos armados que decidieron el resultado electoral”.

En su opinión, la mafia comenzó a involucrarse en la política michoacana en 2009. “A más de siete de nuestros precandidatos les llamaron para decirles que ellos no se presentarían, que otros iban a ser los candidatos”, dice en entrevista con este periódico.

Un año después, en 2010, se hizo público el primer audio de un criminal de La Familia Michoacana (el grupo que dio origen a Los Caballeros Templarios) con un político. La Tuta conversaba con Julio César Godoy, un legislador del PRD (izquierda), medio hermano del entonces gobernador, Leonel Godoy. El Congreso le quitó el fuero el 14 de diciembre de 2010 para que la fiscalía pudiera investigar sus presuntos vínculos con la delincuencia. Desde ese día el asambleísta se encuentra prófugo.

Calderón asegura que las presiones de los narcotraficantes a los políticos aumentaron para los comicios locales de 2011. “El día de la elección nuestros candidatos no pudieron salir de sus casas a votar”, dice. Recuerda que los días siguientes a la elección sus simpatizantes le dieron reportes alarmantes. “Nos decían que hubo retenes, que las mesas de las casillas las controlaban ellos y que no dejaban votar por ciertos candidatos”, afirma.

 

En febrero de 2012 Fausto Vallejo comenzó su atropellado Gobierno en Michoacán. Los problemas de salud lo obligaron a pedir licencia en dos ocasiones para tratarse en hospitales de Estados Unidos. En su ausencia, su secretario de Gobierno, Jesús Reyna, asumió como gobernador interino solo para ser testigo de la escalada de violencia que enfrentaba a los grupos de autodefensa (civiles armados) con los cárteles del narcotráfico.

En octubre de 2013 Vallejo regresó al cargo con una salud aún muy endeble. “No entiendo ese regreso obligado. Yo dije entonces que Fausto tuvo que regresar a gobernar porque uno de sus hijos estaba enredado con el narco y él tenía compromisos”, asegura Calderón.

Un mes después de la vuelta del político, La Tuta volvió a aparecer en escena. En un vídeo dijo que solo un candidato al Gobierno de Michoacán le había pedido ayuda. Señaló entonces a Luisa María Calderón, la hermana del expresidente de México que comenzó la ofensiva contra el narcotráfico en su estado natal, Michoacán, en 2006. Para dar muestras de lo que afirmaba, Servando Gómez mostró un vídeo con su encuentro con Javier Girón del Toro, candidato del PAN a la alcaldía de Apatzingán, la zona de influencia de Los Caballeros Templarios, y operador político para la campaña de Luisa María Calderón.

“Girón comenzó muy contento la campaña. Silbaba y cantaba. Para el cierre ya ni siquiera quería pararse en el mitin. Me dijo que no iba a poder venir, que estaba ya muy amenazado”, afirma Calderón. “Si tú te fijas en las imágenes, La Tuta dice ‘dile a la senadora’. Se supone que es un vídeo del año 2011, en ese entonces yo no era senadora, ni siquiera sabía que iba a serlo. Yo era candidata al Gobierno del Estado”, explica. Girón del Toro se encuentra desaparecido desde noviembre de 2013. “No sé qué pasó con él”, dice la legisladora.

Con el 2014 inició la ofensiva del Gobierno de Enrique Peña Nieto para pacificar al Estado. Las fuerzas federales se han incautado de diversos documentos en varios operativos. “Entiendo que tienen más vídeos, esto ayuda a contextualizar y a ir configurando lo que ha pasado en Michoacán”, asegura la senadora.

El pasado 4 de abril el Gobierno detuvo a Jesús Reyna, el gobernador interino que había sustituido a Vallejo en el cargo. Cinco días después medios nacionales publicaron el vídeo de una conversación entre Reyna y La Tuta. En el encuentro también aparecía José Trinidad Martínez Pasalagua, un líder de transportistas y exdiputado del PRI. El 22 de julio fue detenido por las autoridades y hoy se encuentra en prisión.

La justicia mexicana, no obstante, tiene la compleja tarea de demostrar en los tribunales que todos aquellos que han salido en los vídeos han cometido delitos. El antecedente de fracaso judicial más inmediato es el llamado Michoacanazo, un operativo realizado por el Gobierno de Felipe Calderón en 2009 donde se detuvo a 11 alcaldes y 16 funcionarios locales, acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Uno a uno, los acusados fueron dejando la prisión poniendo en evidencia el pobre trabajo de la fiscalía para mantener sus acusaciones en firme.

Los políticos michoacanos están en ascuas. No se sabe quién será el próximo en aparecer junto al criminal más buscado de Michoacán. El Gobierno de México ha prometido su captura desde enero de este año, pero no ha dado resultados. El capo mediático que se sienta en la mesa con políticos locales y tiene contra las cuerdas la política local, se le sigue escapando a Peña Nieto.

Peña Nieto: Matar campesinos y apoyar mineras canadienses.

Esto no es una expropiación, es una “ocupación temporal de tierras”, coopere señor campesino para que las petroleras o mineras, según convenga al Estado, vengan a destrozar su territorio. Coopere porque si no vende, su campo será ocupado. Ya lo dice la Constitución.

Este es el argumento con el cual los senadores de México de todos los partidos políticos aprobaron en las leyes secundarias de la Reforma Energética que se deberá pagar a campesinos, indígenas y propietarios de tierras que se sientan afectados cuando el Gobierno dicte la expropiación forzada de sus territorios para la explotación petrolera o minera por parte de empresas extranjeras y unas cuantas nacionales.

 

En otras palabras, hacer legal el saqueo y suavizarlo con retórica para que los afectados no se sientan robados cuando, de hecho, el Estado y los monopolios les roben sus tierras.

La legislación argumenta que este saqueo es imprescindible para “establecer condiciones competitivas para las inversiones” que, en el caso de la Ley Minera, abre de par en par las puertas de la explotación capitalista de libre mercado, donde las leyes actúan más como facilitadores de negocios, y no como reguladores.

De hecho, la Ley privilegia la explotación minera por encima de cualquier otro aprovechamiento de la tierra, incluida el agua y la alimentación. Esto con relación a preponderancia que ha establecido la burguesía del Estado mexicano para importar alimentos en vez de producirlos. Por ejemplo el maíz, donde México ha pasado de ser uno de los principales productores de maíz criollo -aquel que puede re aprovecharse- y originario, a ser importador de maíz transgénico.

Pero este nuevo atentado contra el campesinado del país no es una simples ocurrencia. De acuerdos con un estudio publicado por la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, México ocupa el quinto lugar internacional en “potencial minero”. Esta es la razón por la cual la mineras extranjeras, principalmente canadienses, han encontrado en el país literalmente un paraíso. Ya lo tenían con la condonación de obligaciones fiscales y la condonación de todos sus crímenes ambientales, sino que ahora esto y mucho más será legalizado gracias a la Ley Minera y la Ley Energética.

No se debe olvidar que fue debido a la protección que el Estado mexicano brinda a las mineras canadienses, que en agosto del 2013 fueron asesinados en Guerrero, Raymundo Velázquez, Miguel Solano y Samuel Vargas, líderes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y militantes del Partido Comunista de México, por emprender una resistencia contra la explotación minera en La Móntaña guerrerense. Otros casos paradigmáticos ha sido la devastación de la zona indígena Wirikuta y la lucha por los daños causados ambientales e irreversibles de la Minera San Javier, en San Luis Potosí.

Por sí parte, la reforma Energética que significa la privatización del petróleomexicano, estipula que PEMEX dará por ley a particulares el 58% de los pozos más productivos del país, y sólo conservará para si 42% de las reservas petroleras. Esto significa que el crudo de México terminaría por agitar de en menos de 10 años, de acuerdo a cálculos establecidos por los propios senadores.

Algunos, como el senador progresista Alejandro Encinas Rodriguez, acusó que es totalmente falso, por ello, que vayan a bajar los precios del gas LP, la gasolina y el diesel, como lo prometió Enrique Peña Nieto en su campaña a la presidencia, pues estos serán fijados por la tasas de mercado y no por la Comisión Reguladora de Energía y menos aún por el Congreso de la Unión, dijo.

Pero eso no es todo. Las leyes secundarias en materia energética avalaran el ‘fracking’, técnica de fractura hidráulica del subsuelo para la obtención de materiales bituminosos o especialmente enriquecidos que no se encuentran en las capas más altas de la tierra, sino hasta por 5 kilómetros debajo de la corteza. Este método de extracción ha sido prohibida en países como Francia y Bulgaria por los grandes riesgos a la salud humana y al medio ambiente. Sin embargo, México se encuentra muy entusiasmado con la idea de llevarlo al cabo.

Información proporcionada por el senador Encinas Rodriguez denuncia que la fractura hidráulica requiere de 9 a 29 millones de litros de agua mezclados con arena y químicos -muchos de ellos tóxicos- por cada pozo que es perforados 5 kilómetros por debajo de la tierra, lo que causa sismos, además de contaminar las fuentes de agua de poblaciones cercanas, el aire, las tierras de cultivo y requiere una ocupación territorial intensiva. También, las sustancias utilizadas afectan directamente piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal, pueden afectar al sistema nervioso, inmunológico, endócrino, cardiovascular y riñones y, finalmente, también pueden provocar cáncer y mutaciones.

“La aprobación de estas leyes tendrá innumerables impactos negativos, en términos humanos, se estima que afectará a más de 16 millones de mexicanos habitantes de 260 municipios que abarcan una extensión de 5 mil 866 ejidos, es decir, 400 mil kilómetros cuadrados de tierras que inversionistas extranjeros ya tienen en la mira, desde la Cuenca de Sabinas hasta Piedras Negras, así como 120 kilómetros cuadrados de la Cuenca de Burgos para explotar el gas y el aceite de lutitas”.

Además, de acuerdo con información del Tribunal Permanente de los Pueblos(TPP), en América Latina existen alrededor de 200 conflictos sociales ocasionados por la industria minera, 90 por ciento de ellos están relacionados con empresas canadienses.

El 75 por ciento de las mineras del mundo son canadienses y sus actividadesafectan numerosos derechos reconocidos por el derecho internacional. Sin embargo, se debe enfatizar el rol de la burguesía mexicana en la protección de esas violaciones que, como en el caso de los campesinos Raymudno Flores, Miguel Solano y Samuel Vargas, se ha recurrido a la utilización de paramilitares para esconder bajo conflicto de particulares un genocidio de Estado.

Fuente:  http://pulso-ciudadano.com/pena-nieto-matar-campesinos-y-apoyar-mineras-canadienses/

'Ideas' de la abogada que quiere bombardear México: "Dios dio la tierra para violarla".

Ann Coulter, una columnista, escritora y comentarista pública republicana de EE.UU., ha captado recientemente la atención internacional por ofrecer una controvertida solución al problema migratorio de su país.

La mujer dijo sentirse "invadida" por los migrantes de todo el mundo y ha sugerido que para resolver el problema migratorio en EE.UU. el país debería bombardear México como Israel hace en la Franja de Gaza. "Me gustaría tener a Netanyahu como presidente" o "a veces algunos niños palestinos son asesinados, pero eso es porque están asociados con una organización terrorista", son solo algunas de las declaraciones de Coulter que crean polémica y enfurecen al público.

Aquí van 8 opiniones escandalosas de la escritora reunidas por el rotativo Publimetro.

Sobre las mujeres que votan

"Si quitamos el derecho de las mujeres a votar, no tendremos que preocuparnos por otro presidente demócrata. Ese es un sueño, una fantasía que tengo".

Sobre la admiración a la princesa Diana

"Sus hijos sabían que dormía con tantos hombres. Para mí eso define a una 'mala madre'. ¿Todos [los que la admiran] están diciendo que está bien tener sexo premarital frente a tus hijos? Era ordinaria y patética. Yo nunca he tenido bulimia, nunca he sido infiel, nunca me he divorciado, así que no creo que ella sea mejor que yo".

Sobre un veterano discapacitado de Vietnam

"Por gente como tú perdimos esa guerra".

Sobre el creciente interés de EE.UU. en el fútbol durante el Mundial de Brasil 2014

"Cualquier interés en el 'soccer' es señal de la decadencia moral de la nación".

Sobre los países de Oriente Medio

"Debemos invadir sus países, matar a sus líderes y convertirlos al cristianismo".

Sobre el agotamiento de los recursos naturales

"Dios nos dio la tierra. Tenemos dominio sobre las plantas, los animales, los árboles. Dios dijo: 'La tierra es suya, tómenla, viólenla, es suya'".

Sobre la revista 'Playboy'

"Quieren liberar a las mujeres para que se comporten como cerdos, tengan sexo sin consecuencias, bailen desnudas y aborten a sus hijos".

Sobre el doctor Kent Brantly, infectado de ébola

Según Coulter, Brantly fue un "idiota" por irse a "marinar en una enfermedad medieval del tercer mundo".

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/137138-estupideces-escritora-coulter-bombardear-mexico

Informes de EEUU desmienten a Chong a Murillo Karam y a Mancera: "Sí hay cárteles en el DF".

No hay cárteles en el DF…

En  conferencia, la prensa preguntó al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, si hay evidencia de que grupos de la delincuencia organizada operan en el DF.

El cuestionamiento transformó el gesto de Miguel Ángel Mancera, pues la sonrisa de anfitrión se volvió gesto serio, de quijada apretada y de mirada sin punto fijo.

Sin embargo, la respuesta del procurador devolvió el aliento al mandatario anfitrión: “Si se refiere a los grandes grupos delictivos de tráfico de drogas, en el Distrito Federal no tenemos detectado el asiento de ninguno. No es una ciudad en la que haya un tráfico detectado o producción detectada”.

Semanas atrás, Miguel Ángel Mancera había dicho exactamente lo mismo:

“Una operación de un cártel en la ciudad no lo tengo reportado por las autoridades federales, que son quienes tienen el mapeo de esta situación”,

¿Es así? ¿En verdad no existen cárteles del crimen organizado en la Ciudad de México, como si la capital mexicana fuera una isla ajena al incendio que la rodea? ¿Y, si existen, lo ignora Mancera? ¿O lo sabe y oculta la información que explique la última, pero no la única racha de incidentes?

El 7 de enero de 2011, el Congreso de Estados Unidos presentó el informe “Las organizaciones del tráfico de drogas en México: origen y ámbito del crecimiento de la violencia”, elaborado por su propio Servicio de Investigación (CRS, por sus siglas en inglés). El CRS es un think tank, un cuerpo de analistas compuesto por 700 expertos en temas de alto interés político interno o externo de Estados Unidos. Su importancia puede medirse también por el costo de esa oficina: más de 100 millones de dólares anuales. El informe muestra dos mapas de la República Mexicana. En uno colorea cada estado de acuerdo al número de asesinatos ocurridos en el país durante 2010 por causas atribuibles a la guerra de las drogas. La otra imagen muestra la distribución geográfica de la operación, no de control, de cada uno de los siete principales cárteles considerados como tales por las autoridades mexicanas y estadounidenses: Sinaloa, Los Zetas, Beltrán Leyva, Cártel del Golfo, La Familia Michoacana –Los Caballeros Templarios de Michoacán, ya existentes en la fecha del documento, no son enlistados–, Juárez y Arellano Félix o Tijuana. La figura funciona bien para comprender los sistemas regionales de alianza y confrontación entre las mafias mexicanas. Coahuila, estado gobernado en ese momento por el ex presidente del PRI Humberto Moreira, es la segunda región con mayor número de organizaciones: cinco. El espacio de influencias es graficado con una elipse azul claro que, al sobreponerse con otra, eleva su tonalidad. La misma figura se traslapa, por ejemplo, con el siguiente óvalo hacia el poniente, en parte coincidente con el territorio del Cártel de Juárez. Según el Congreso de Estados Unidos, ninguna porción del territorio mexicano está exenta de la presencia del narcotráfico. Y sólo una es un círculo casi morado en que confluyen las mayores siete empresas criminales: la región centro, un espacio que se extiende hacia el oriente hasta los límites de Tamaulipas y Veracruz; al norte hasta Zacatecas; al poniente hasta los límites de Guanajuato y Michoacán, y, al sur, hasta Puebla. Sin excepción, el ovoide circunscribe a Morelos, el Estado de México y el Distrito Federal, ahí donde el hombre que gobierna la capital y que en teoría debería ser el más informado, asegura no tener noticia de la presencia de cártel alguno.

El documento del CRS no entra en detalles de bandas subordinadas a los grandes cárteles, pero con cierta autonomía. Dos ejemplos claros son La Mano con Ojos y El Cártel del Centro, grupos de desvalijadores de autos venidos a sicarios. Sólo en Tepito, a cuyo alrededor giran el supuesto secuestro de los 12 jóvenes del bar After Heaven y la posterior ejecución de cuatro más en su calle de Panaderos, se dice desde hace dos o tres años que La Familia Michoacana ha intentado penetrar su gran mercado, en que el Cártel de Sinaloa ha tenido presencia. El llamado “cártel” de Neza también mantuvo una intensa actividad en ese lugar. Buena parte del tráfico de mercancía pirata o contrabandeada desde China es introducida a México por organizaciones coreanas, sin quedar claro si estas operaciones son responsabilidad de la Kkangpae, la mafia de Corea del Sur. ¿Y el lavado de dinero? Necesariamente se hace, coordina o al menos transita por el Distrito Federal: aquí residen las sedes bancarias, de las casas de bolsa y de las casas de cambio. Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU sobre temas de inseguridad, aseguró en entrevista anterior a los recientes incidentes que todas las agrupaciones criminales operan en el Distrito Federal, pero que, a diferencia de Chihuahua, Sinaloa o Tamaulipas, por ejemplo, en la capital el “crimen organizado sí está organizado” Miguel Ángel Mancera es un académico. En consecuencia sabe que el crimen organizado es, por definición y manejo de las policías de todo el mundo a partir del Falcone Check List –el listado de aspectos organizativos de las bandas diseñado a partir del trabajo del juez italiano Giuseppe Falcone–, posible gracias a la complicidad entre criminales llanos y los que supuestamente los persiguen. Miguel Ángel Mancera ha sido procurador del Distrito Federal, ciudad que ahora gobierna, y ha diseñado e impulsado el proyecto Escudo Centro para blindar esta región del país del fenómeno delictivo y social que, insiste él, no existe. Pero Mancera tiene acceso a bases de datos y colecciones documentales confidenciales.

Algunos de los informes del CRS se mantienen en constante actualización. Es el caso del informe sobre la violencia de las organizaciones del narcotráfico en México. Una versión anterior del estudio fechada en 2009 muestra un mapa de las zonas de influencia en que la región ocupada por todas las agrupaciones criminales se ubicaba más hacia el norponiente que el elaborado en 2011. En aquél año, la capital mexicana quedaba únicamente bajo la influencia de Sinaloa y Los Beltrán Leyva. Es decir que, de acuerdo al gobierno estadounidense, durante dos de los años de mayor violencia en México y en los que Miguel Ángel Mancera fue procurador, el amasijo de grandes bandas se desplazó hacia el suroriente cubriendo la capital. Algunos días antes de la presentación del informe de 2011 y cuando el entonces procurador capitalino Miguel Ángel Mancera ya se perfilaba a la candidatura de la Jefatura de Gobierno, las autoridades federales incautaron, en un solo operativo, 83 kilos de marihuana del Reclusorio Sur, responsabilidad de la administración capitalina. También se tenía entre los hechos relevantes la detención de un líder religioso abocado al culto de la Santa Muerte y miembro de una extensa banda de secuestradores que simulaban membrecía con Los Zetas. Y, el mismo 7 de enero, ante el hallazgo de cadáveres de personas maniatadas, torturadas y asesinadas, el procurador Mancera también evadió el tema: “El dato que tenemos es que cuando menos las gentes que han ejecutado y quienes han ejecutado materialmente provienen de otros estados”. Sin embargo, las narcoejecuciones han ido al alza en la capital mexicana. Según el recuento de ejecuciones en el país elaborado y publicado por el diario Reforma (12/03/13) durante los primeros 100 días de gobierno del presidente Enrique  Peña Nieto, cuya administración contabiliza un desfase de cinco días con respecto a la jefatura de Gobierno de Mancera, el Distrito Federal fue escenario de 73 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 11 de marzo de 2013. El mismo conteo permite establecer que, en la capital mexicana, en ése periodo ocurrieron más asesinatos mafiosos que en Tamaulipas con 68 –asiento de los cárteles de El Golfo y de Los Zetas–; Morelos, 50 –de los Beltrán Leyva–; Michoacán, 41 –de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios–, y Baja California, con 33 muertos –territorio del aún vivo Cártel de Tijuana–. Las rivalidades de las organizaciones criminales derramaron más sangre en el Distrito Federal que en Zacatecas con 65 casos; San Luis Potosí, 62; Sonora, 35, y Veracruz, 12. Todas estas entidades son entendidas, a diferencia de la Ciudad de México, como los sitios en llamas que ha dejado la estrategia antinarco iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto. También que en Colima –48 ejecuciones y Oaxaca –dos muertes–. Estos dos estados vienen a cuento porque el gobierno de Estados Unidos, principal fuente de inteligencia en el combate al narcotráfico en México, ha elaborado documentos en que refiere la supuesta existencia del Cártel de Colima y del Cártel de Oaxaca. Por posiciones, se desprende de la misma fuente, sólo ocho estados en el país son más violentos que el Distrito Federal. Fuera del contexto de la desaparición y las ejecuciones de días pasados, quizá el dato más interesante es que en el Estado de México se registraron 209 casos, los mismos que en Coahuila. De esta manera, sólo cuatro estados sufrieron una masacre mayor que la vivida en el estado del Presidente de la República. Algo debe recordarse: la gran Ciudad de México está compuesta por tres diferentes entidades y la mayor parte de su población no reside en el Distrito Federal, sino en el Estado de  México. Ciudad Neza es un municipio mexiquense cuya actividad delincuencial ha merecido al menos la especulación de la existencia de un cártel propio. Ecatepec es la demarcación con más asesinatos propios del crimen organizado. Y Ciudad Neza y Ecatepec sólo tienen por límite con Iztapalapa y Gustavo A. Madero, las dos delegaciones más pobladas y que, a su vez, registran la mayor actividad delictiva del DF. *

Fuente: Sin Embargo MX y Proceso.

Fraccionamientos y un club hípico amenazan la vida comunitaria en el Distrito Federal.

El cerro de Xochitepec es una zona de las más importantes que hay en el Distrito Federal, indica Acosta Rosas, y estos proyectos afectaran gravemente las recargas pluviales, el medio ambiente y la vida social de la comunidad.

“Nosotros como consejo de comunidad, no podemos negociar algo que de ante mano es irregular, como el cambio de uso de suelo, los estudios de impacto ambiental y urbano, la consulta a los pueblos; nosotros no podemos como pueblos originarios legalizar lo ilegal y menos la imposición de proyectos en Xochimilco”, manifiesta Ricardo Acosta Rosas, representante del consejo del pueblo Xochitepec, a más de un año de enterarse de la construcción de un club hípico y con dos amparos por resolver ante la violación de su derecho a la consulta.

Santa Cruz Xochitepec es un pueblo originario de la delegación de Xochimilco en el Distrito federal. Tiene cerca de 14 mil habitantes y ahí se conserva el cerro de Santa Cruz, de aproximadamente cien hectáreas, un lugar importante para la comunidad por ser su patrimonio cultural y ambiental.

El cerro de La Cruz y sus faldas están declarados como suelo de conservación, es decir, que se debe promover, en la práctica, el uso sustentable del suelo. Pero éste ya ha sido intervenido, explica Ricardo Acosta, con el proyecto de fraccionamiento Club Hípico, impulsado desde los años ochenta, con intereses políticos y empresariales de por medio.

El cerro de Xochitepec es una zona de las más importantes que hay en el Distrito Federal, indica Acosta Rosas, y estos proyectos afectaran gravemente las recargas pluviales, el medio ambiente y la vida social de la comunidad. “Es importante que se conserven estos lugares, porque ya la mancha de la urbanización nos está tragando cada vez más”, afirma.

El plan de fraccionamiento de unos 70 mil metros cuadrados es parte de un megaproyecto en la delegación de Xochimilco, que contempla desde desarrollos urbanísticos hasta tiendas de autoservicio y amenaza la vida y los recursos de los diferentes pueblos originarios, reclama Ricardo Acosta. “Son obras”, dice, que no benefician en nada a la comunidad, si ahora hay problemas de agua, con el tiempo será imposible vivir acá”.

El representante del consejo del pueblo de Xochitepec denuncia que esta obra es totalmente ilegal e irregular, además de impositiva, lo que hace que la gente no crea en ese tipo de proyectos, que supuestamente traen beneficios.

“Acá tenemos problemas de inseguridad, de inundaciones y de tala de algunos árboles, la mancha urbana que se está comiendo parte del cerro, y el gobierno quiere chantajear a la gente con solucionar estos problemas, con tal de que dejemos que se lleve a cabo el proyecto”, explica Acosta Rosas y añade que la comunidad no ha aceptado las ofertas que el gobierno ha hecho, porque de alguna manera son problemas que se han generado por omisión de ellos y lo quieren utilizar para que la comunidad desista de los amparos y de la lucha.

El Distrito Federal lo que necesita son bosques y todos se los están acabando, refiere Ricardo Acosta. La ciudad presenta un problema de suministro de agua como nunca y “si quiere acabar con estos lugares que son un pulmón para la ciudad y una fuente de agua, ¿el gobierno que quiere entonces?”.

La problemática del agua se ha agudizado, y para Ricardo Acosta es debido a estos proyectos “Xochimilco tiene un gran problema de agua, a pesar de que tenemos las principales reservas, paradójicamente no nos satisface a toda la región. Hace dos semanas hubo un problema con el suministro de agua durante casi siete días; en el cerro se recargan los mantos acuíferos, si se le pone cemento, que nos va a quedar entonces”.

La lucha legal

Los habitantes de Xochitepec realizaron una consulta, como lo avala la ley por ser pueblos originarios, explica el abogado del consejo de pueblos. Alejandro Velázquez Zúñiga, quien informa que la consulta arrojó que casi el noventa por ciento de la población no está a favor de la obra; sin embargo, el gobierno la desconoció y autorizó la continuidad de la obra a pesar de las irregularidades.

Se han interpuesto dos juicios de amparo desde que se conoció el proyecto, informa el abogado, en los que se está reclamando la violación a la consulta previa, de los estudios de impacto ambiental y urbano y de los demás permisos del gobierno para dar comienzo a la obra y “hemos encontrado mucho desconocimiento de parte de las autoridades de lo que implica el derecho de la consulta previa y muy poca sensibilidad al respeto de nuestro derechos”.

“El juzgado del Distrito Federal dice que ellos no pueden otorgar la suspensión de una obra porque va a traer beneficios al pueblo, como empleos y desarrollo; y según ellos la consulta es justamente para decirle a la gente qué beneficios va a traerle, cuando la gente en lo que menos piensa es en los empleos”, advierte Alejandro Velázquez.

Ahora se encuentran en la etapa de revisión de la resolución que les negó la suspensión de la obra, “en tanto no se dé el juicio de amparo y se reconozca el derecho de consulta de los pueblos, no sólo en Xochitepec, sino en todos los pueblos que afectarán por estas obras”, advierte el abogado.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno del Distrito Federal, autorizó el cambio de uso de suelo y con la delegación de Xochimilco otorgaron un permiso de construcción especial en dos etapas a la empresa Tepepan Country Club S.C, informa Acosta Rosas. “Este proyecto nos está afectando más de nueve hectáreas, además de la invasión de la zona de propiedad comunal de Santa Cruz de Xochitepec”, añade.

Al haber tantos proyectos para esta región, el gobierno instaló una mesa de trabajo, informa en entrevista con Desinformémonos el representante del consejo. Pero “en realidad lo único que quería el gobierno era que la gente validara la obra; su papel ha sido casi de abogado de las empresas”.

Además de las irregularidades de los diferentes proyectos, el gobierno está empeñado en acabar con la historia de los pueblos, explica Ricardo Acosta, como es el caso de los panteones, muchos de ellos construidos por la comunidad y ahora los quieren privatizar para continuar con una urbanización desaforada.

“La delegación de Xochimilco y el gobierno trabajan de la mano con el club hípicopara generar simpatía de la gente con el proyecto; pero a pesar de todo el trabajo sucio no lo han logrado; este gobierno está creando leyes que no toman en cuenta a los pueblos originarios, porque hay muchos proyectos de megadesarrollo en la puerta de muchos pueblos del Distrito federal”, sentencia Acosta Rosas.

Ahora, la justificación del subsecretario Ricardo Ríos Garza, es que los terrenos no están en el pueblo de Santa Cruz, “él dice que están en los límites del cerro, cuando existe hasta una escritura en donde está establecido que es de nuestra propiedad”, expresa Acosta.

La tarea de los pueblos originarios, manifiesta el representante del consejo, no es avalar las irregularidades de las empresas y el gobierno con los proyectos que quieren imponer, pues estas obras sólo benefician a unos pocos. “Lo único que queremos es que respeten nuestra decisión, porque no sólo somos nosotros, son muchos pueblos de Xochimilco”, dice.

La participación de la comunidad ha sido extensa, relata el abogado, todos y todas se han organizado y ante la inconformidad y la lucha ya sobrepasó las fronteras de Xochimilco.

“Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para no dejar pasar este proyecto, porque hay muchos otros planeados para Xochimilco, y defenderlo desde ahora implica no permitir que el gobierno y las empresas se valgan de lo que sea para hacer sus proyectos. Nosotros debemos de demostrar que si se puede detener”, sentencia Ricardo Acosta.

Para el abogado y el representante del Consejo del Pueblo de Xochitepec “esta lucha no sólo es del pueblo de Xochimilco, debe de ser de todos y todas, porque si se pierden los pocos recursos naturales que le queda al Distrito Federal, pues esta ciudad no tendrá mucho futuro”.

28 de julio 2014

Fuente: Desinformémonos.