A propósito de las víctimas mortales de la represión policial en México.

El joven de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie, fallecido recientemente luego de que una bala de goma le impactara en la cabeza durante un desalojo en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan, en Ocoyucan, Puebla, no es la primera víctima mortal de la represión policial en México. Antes bien, el abuso por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hacia los manifestantes es una constante, gracias a que cuando sucede, sus elementos son solapados y justificados desde los más altos niveles de gobierno, propiciando que estos se sientan protegidos y sin duda hasta alentados a actuar de manera violenta y arbitraria.

Durante la serie de operativos en contra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, una bala calibre .38 disparada por la policía del Estado de México —gobernado en ese entonces por Enrique Peña Nieto— le quitó la vida a otro joven de 14 años, de nombre Francisco Javier Cortés Santiago.

Posteriormente, en ese mismo entorno, el estudiante Alexis Benhumea de 20 años de edad, fue golpeado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno, a raíz de lo cual también perdió la vida. Esto sin mencionar las graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos y las detenidas sucedidos en aquella ocasión, que incluyeron abusos sexuales en contra de varias mujeres, así como diversas torturas hacia el conjunto de los arrestados.

Aunque en 2009 dichas violaciones fueron reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta eludió fincar responsabilidades. Sus ministros mostraron una actitud extremadamente tibia, negándose a tomar lo que bien pudo haber sido una histórica resolución, en la que se identificara y sancionara a los culpables materiales e intelectuales de los atropellos. Y por ello son en cierto modo, corresponsables de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie. Como lo son también de la muerte del activista y director teatral Juan Francisco Kuykendall, herido en la cabeza por un proyectil —no queda claro si una bala de goma o un cartucho de gas lacrimógeno— disparado por la Policía Federal, durante las protestas en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012.

En esa misma ocasión, el estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Uriel Sandoval, perdió el ojo derecho al ser atacado de manera similar.

Para cualquiera que haya participado en una movilización en donde se despliega una fuerte presencia policiaca, resulta claro que la labor de los cuerpos de seguridad no es contener sino amedrentar e inhibir la participación de los ciudadanos en los actos de protesta. Muchas veces son estos los que generan la violencia, al crear un clima de tensión entre los manifestantes, en el que cualquier chispa se presta para comenzar un incendio. Y cuando se desata, sus elementos saben que pueden lastimar sin distinciones ni miramientos.

Acosos, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas físicas y psicológicas, golpizas salvajes y abusos sexuales; no son eventos inusuales dentro del «repertorio de técnicas» que implementan los cuerpos de seguridad en México, con el objetivo de controlar a la población inconforme mediante el miedo y garantizar que medidas de gobierno impopulares, se encuentren cada vez con menos resistencias.

En este contexto debemos ubicar la reciente aprobación de una serie de leyes en varios estados de la república y el Distrito Federal, que restringen la libertad de manifestación y autorizan —en algunos casos— a los uniformados a hacer uso de la fuerza letal, bajo criterios deliberadamente ambiguos. Así, es difícil prever que los abusos y arbitrariedades policiacos terminen, por el contrario, estos aumentarán y muy probablemente el número de víctimas mortales a raíz de ellos también. Y es que lo último que se plantean los gobiernos en México —estatales o federal— ante una protesta, es atender sus demandas. Descalificaciones, campañas de linchamiento mediático y represión, son la respuesta habitual. No es casualidad que esta última esté adquiriendo un perverso «respaldo legal». Es tarea de todos nosotros evitar que esto tenga lugar.

De Subversiones.

#YonoSoySarmiento. Con dedicatoria a Sergio (le dicen 'el sirviento') Sarmiento.

#YonoSoySarmiento.
Por: Ricardo Raphael.
Fuente: Sin Embargo.


“La víctima social somos todos los mexicanos, ante la ratificación del principio de que en México cualquiera puede bloquear una vía de comunicación”. Sergio Sarmiento (Reforma 23/07/14).

 

Me deslindo. Yo no formo parte de ese “todos los mexicanos.” El uso de la primera persona del plural es excesivo cuando sirve para defender intereses de clase. José Alberto Tehuatlie, el niño que el pasado 9 de julio recibió un tiro con cápsula lacrimógena, a un lado de la autopista Atlixco-Puebla, no forma parte de ese “nosotros”. Por eso perdió la vida. Su madre, Elia Tamayo, tampoco pertenece al “nosotros” de Sarmiento y por eso algunos se han permitido despreciar su dolor, presentándola como mero títere del supuesto montaje fabricado para descarrilar las aspiraciones presidenciales de un gobernador. El “nosotros” que pretende el columnista no sufrió la refriega de la autopista, tampoco recorre – por culpa de una ley absurda – siete horas a pie para conseguir un acta de defunción que le permita enterrar a sus deudos. Ese “nosotros,” tan falsamente liberal, puede traducirse en una gran discriminación cuando sirve para negar la realidad. El uso de la primera persona del plural no tendría consecuencias si ante los ojos de la ley, el Estado y la sociedad, (incluyo a los medios de comunicación), José Alberto Tehuatlie, Elia Tamayo y Sergio Sarmiento fuesen tratados con igual consideración. Pero el contexto de nuestro país es muy otro. Hay mexicanos de primera y otros que son de tercera, por obra de las instituciones, la autoridad y la legislación. De ahí que ese “nosotros” resulte abusivo y mal intencionado. Las poblaciones indígenas en México se viven hoy tan marginadas como en 1994 o en 2001. De poco sirvió el movimiento zapatista o la reforma constitucional que por un tiempo breve colocaron a esta población mexicana en el centro de las preocupaciones democráticas. Hoy la niña indígena que nace pobre tiene 50 por ciento de posibilidades para procrear, dentro de quince años, una hija igual de pobre. Para ella no hay ascensor social que funcione a lo largo se su propio ciclo vital y tampoco existe uno que dé servicio entre generaciones. La malnutrición es una epidemia que golpea también a esas mismas comunidades. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera en México por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre las personas no indígenas. Cuando un mexicano perteneciente a un grupo étnico es procesado por un delito penal, no suele contar con traductores ni defensores de oficio que velen por sus derechos. 10 mil mexicanas y mexicanos pisan anualmente las cárceles en esta circunstancia de desprotección. (Los casos emblemáticos de las mujeres nañuu, Teresa, Alberta y Jacinta, dan constancia de la arbitrariedad). Cuando se revisan los resultados de la evaluación educativa, el cuadro se confirma. Si se es indígena hay 40 por ciento de probabilidades para obtener las notas más bajas en Pisa, ENALCE o EXCALE. De todas, acaso la política resulta la mayor de las exclusiones cometida contra los pueblos indígenas. Basta mirar al gabinete presidencial, al Congreso de la Unión, a los órganos autónomos del Estado, o a las gubernaturas actuales para constatar que el músculo político de la representación indígena es magro, por no decir inexistente. La insensibilidad de Nuvia Mayorga – actual directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) – no es anecdótica. Esta misma semana declaró a la prensa: “si no los supervisas y les das dinero, compran 50 borregas y a lo mejor se las reparten o se las comen en los 15 años de su hija, o en la boda de su hijo, o a lo mejor van a tener para comer seis meses. Les tenemos que enseñar que tienen que trabajar.” Se trata de la misma mujer que, en Puebla, despreció las lenguas indígenas el pasado mes de marzo. En un acto público pronunció “Tezugüitlán” en vez de Tezuitlán, y “Atempán,” en vez de Atempan, para luego justificarse pidiendo a la concurrencia que la perdonaran ya que esos nombres “son medios raros.” Coincidentemente Nuvia Mayorga es la funcionaria que, en cuanto tomó posesión, gastó 7 millones y medio de pesos del presupuesto de la CDI, solo para remodelar su oficina y 165 millones para renovar el parque vehicular de la dependencia. Ella forma parte, en efecto, de ese “nosotros” que es tan indolente hacia los otros. El indígena es ciudadano de tercera en México, sobre todo porque no cuenta con ciudadanía política. No está representado en los centros de poder y toma de decisiones. Los partidos lo usan para ganar el municipio pero, conforme la política se aleja de la región, se le desprecia y margina de la vida nacional. Si las personas indígenas contasen con una fracción parlamentaria o senatorial que legislara a favor suyo, si en la CDI tuviesen a una abogada de sus intereses, si en la secretaría de gobierno de Puebla fuesen más pacientes para escuchar, acaso entonces las expresiones políticas extremas podrían sustituirse por otras acordes con los modos apreciados por la burguesía. En México no debería sorprender que las marchas, manifestaciones y bloqueos sean la principal expresión política de las poblaciones indígenas. Si contaran con un una voz más potente en los medios, quizá no sería necesario el desgaste que implica bloquear una carretera para exigir la obtención expedita de un acta de defunción. Si las poblaciones indígenas no viviesen en los márgenes de la polis, las leyes bala serían innecesarias y también las balas. No habrían sido acusados por el delito de motín, los líderes de la Sierra Negra que ocuparon el Centro de Servicios Integrados de Tehuacán el día 1º de julio. En consecuencia, tampoco habría sido indispensable desalojar a sus seguidores, con violencia, de la autopista Puebla-Atlixco y entonces el niño José Alberto Tehuatlie seguiría vivo. De paso, para tranquilidad de Sergio Sarmiento, tampoco Rafael Moreno Valle sería hoy “la principal víctima política” de esa arbitrariedad. Según la encuesta nacional de discriminación de Conapred (2010), alguna parte de esos mexicanos – con buenos modales – opina que los indígenas serían menos discriminados si dejaran de parecer indígenas. Es decir, si se mimetizaran con ese idílico “nosotros” de Sarmiento. Si se vistieran como occidentales, si comieran como occidentales, si trabajaran como occidentales, si nombraran a sus hijos y a sus comunidades en castellano, si se despojaran de sus apellidos que recuerdan tiempos extraviados. Ante estos hechos es imperativo tomar distancia de ese “nosotros” tan arbitrario y tan irresponsable, causa de la discriminación indígena en México.

Prensa 'chayotera' al servicio del "Gobernador Bala".

Por: Dario Ramírez.
Director de Artículo 19.

Hoy en Puebla se libra una batalla mediática y de información. El día domingo el gobernador Bala, Rafael Moreno Valle, convocó a un cónclave con medios de comunicación. Hasta ahí todo bien. Uno supondría que a la reunión estaban convocados todos los medios de comunicación, y que la reunión sería para informar sobre muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, quien murió víctima de las balas de goma que disparó (de acuerdo a testimonios y evidencia) la policía de Facundo Rosas (conózcasele por su cercanía a Genaro García Luna, aquel que montaba espectáculos para los medios de comunicación, entre otras cosas) a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. La reunión tuvo otro fin. Solamente fueron convocados los medios amigos-afines-compinches-chayoteros. La reunión no tuvo el objetivo de informar sino, al parecer por los resultados, tuvo el objetivo de diseñar y trazar una estrategia de comunicación para hacer frente a la vapuleada que estaba recibiendo el gobernador Moreno Valle. Usted se estará preguntando porqué el gobierno y medios (algunos) hicieron dicho ejercicio en conjunto, ¿acaso no los medios de comunicación tienen otro papel? ¿De cuándo acá los medios comerciales tienen la responsabilidad de coordinarse con comunicación social del gobierno? No solamente es contradictorio, sino pernicioso para una sociedad. Al salir de la reunión, la estrategia estaba dada: Paso 1. “El niño no murió por bala de goma, sino por un cohetón” (se deslinda la responsabilidad a la policía de Rosas); Paso 2. La madre (mala madre) tuvo la culpa porque no protegió a su hijo; Paso 3. Darle voz a los “pobres” policías que fueron golpeados por los manifestantes, es decir victimizar al Estado. Ellos sólo se defendieron; Paso 4. Los pobladores rijosos y violentos tuvieron la culpa y se lo merecían.

 La estrategia del gobierno de Puebla es litigar en medios. Eso está claro. Ahí va el procurador a programas de gran audiencia a decir sus inconsistencias y mentiras. Pocos lo cuestionan. El circo mediático parte del hecho de que las preguntas periodísticas no son para indagar, cuestionar o incomodar al personaje con el fin de llegar a la verdad. No, el circo parte de una puesta en escena donde no se habla de los hechos, donde el estado no rinde cuentas, donde curiosamente no hay responsables, donde la intensión es hacer todo para no parecer responsables de nada.

Alguien dio la orden de atacar!, ¡alguien dio la orden de disparar balas de goma! ¡Alguien disparó balas de goma y una de ellas acabó en la cabeza de José Luis Alberto! Pero parece ser que eso no es relevante. La prensa que se acomoda al dinero público que reparte el gobernador con completa discrecionalidad. Ha sido ampliamente discutido cómo la discrecionalidad en el otorgamiento de la publicidad oficial (es decir la compra de espacios con dinero público) es la manera en como el poder coopta a los medios. Millones y millones están en juego. Es, sin duda, uno de los problemas más serio que enfrenta nuestro sistema de medios y con ello nuestra democracia. Recordemos que fue Enrique Peña quien prometió al inicio de su administración que mandaría una iniciativa para regular el alud de dinero público en medios. Una promesa incumplida. La caja chica es demasiado grande. Pero poco se habla de la responsabilidad ética de los medios en relación con el dinero público. Hasta ahora es fácil adoptar el discurso de “víctima” por parte de los medios. Pero lo cierto es que corromper su oficio es una decisión. Ellos deciden ir en contra de su esencia y función social. Otros medios deciden lo contrario y se las ven negras, pero deciden no traicionarse o venderse. Otra vez: es una decisión. El vacío en la regulación conviene a ambas partes. Solamente en democracias tan insolentemente débiles el procurador puede salir a decir una afirmación sin ninguna prueba. Digamos que está en su derecho de decir. Pero lo igualmente insólito es que lanza su afirmación (sin sustento) y la prensa la reproduce como si fuera válida de manera automática. Lo que debería ser una investigación sigilosa e independiente, se convierte en un juicio mediático con mucho ruido pero sin justicia. Al mismo tiempo (y es una buena noticia) hay otro tipo de prensa en Puebla. Una prensa que no está dentro de la nómina del gobierno. Otra prensa que advirtió desde el primer momento el uso de las balas de goma. Que dio cuenta del homicidio de José Luis a los pocos minutos. Que informó sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Una prensa que puso en evidencia que las autoridades no entregaron el cuerpo del menor a la madre sino después de 48 horas. Que contó el entierro del menor y dio voz a los pobladores. Una prensa que expuso cómo la madre estaba siendo presionada por funcionarios locales para que desistiera de demandar justicia. Una prensa que recordó que la manifestación era por una demanda legítima: no quitar el registro civil de la zona. Esa prensa, tarde que temprano, comenzará a sentir la ira del gobernador Bala. Comenzarán, y perdón por el mal augurio, a recibir presión, amenazas y vivirán un clima inaudito de hostilidad. Ojalá, ojalá me equivoque. El gobierno de Rafael Moreno Valle esconde, engaña y desinforma. Y lo hace con la ayuda de medios relevantes. Si había alguna duda sobre su talante democrático, el caso de San Bernandino lo ha expuesto a la sociedad. Lo que preocupa es que abundan los gobernadores enemigos de la prensa independiente y crítica. La praxis de Moreno aparece en Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y muchos otros estados. La libertad de prensa protege a la mala prensa. Eso está claro. Un pobre periodismo daña el centro neurálgico de la democracia pero tiene derecho a existir. Lo que nos hace falta en la ecuación, es una sociedad/audiencia que asuma su papel dentro del sistema de medios. Mientras solamente seamos receptáculos de mentiras y versiones contradictorias, el camino está allanado para la desinformación que alimente la corrupción y mantenga el status quo.

Fuente: http://www.sinembargo.mx/opinion/24-07-2014/25720

Mientras se daba el rescate de pasivos de Pemex, Romero Deschamps estaba en la fiesta.

Reforma da a conocer que mientras en la Cámara de Diputados se determinaba llevar al cabo el rescate del pasivo laboral de Pemex, el líder petrolero estaba en una convivencia organizada para 2 mil 500 secretarias.

 

Los invitados fueron citados desde las 11 de la mañana en la sede de la sección 34 del sindicato, en Azcapotzalco, donde el festejo duró alrededor de ocho horas.

De menú se ofreció lomo de cerdo, espagueti, tamales y antojitos,así como ron, tequila, whisky y cerveza para beber.

También hubo música en vivo, mariachi y una rifa de monederos electrónicos, pantallas LCD, viajes a Acapulco y un auto último modelo.

Asimismo, se inauguró un centro de atención a petroleros equipado con “tecnología de punta”.

Brooks, el condado de EEUU donde mueren cientos de migrantes.

Setenta millas al norte de la frontera entre Reynosa (Tamaulipas) y McAllen (Texas), a 100 kilómetros al norte de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, justo aquí, en el Condado de Brooks, termina el sueño americano de cientos y cientos de migrantes centroamericanos y mexicanos.

 

Aquí mueren. Aquí perecen a causa de la pesadilla en la que se convierte su periplo de miles de kilómetros (2 mil 382 desde San Salvador, 2 mil 651 desde Tegucigalpa, mil 172 desde Morelia), durante el cual son abandonados por inmisericordes polleros: perdidos en medio de la hostil vegetación y a merced de la fauna salvaje y el severo clima, las temperaturas arriba de 40 grados deshidratan a los migrantes hasta el paro cardiaco; las serpientes los muerden sin que tengan posibilidad de aplicarse un antídoto, o peor, los coyotes los devoran.

Y ahí, entre espinosos matorrales, ahí quedan sus cadáveres, en medio de la fina arena blancuzca, cuerpos inertes y destazados, macabras estampas de una travesía de horror.
Urbino Benny Martínez, chief deputy del Departamento del Sheriff del condado de Brooks, muestra las gráficas: desde 2009 han recuperado 403 cadáveres en las ardientes tierras de los millonarios ranchos ganaderos, petroleros y gaseros. Este año, el panorama es peor: ya van 41 cuerpos, casi siete al mes en promedio, contra 5.8 del año pasado. El año más cruel fue 2012, con 129 muertos, un promedio de 10.7 por mes.
Las cifras de la pesadilla migrante, pero detrás de los fríos números hay historias anónimas de dolor...

 

Se lee en un expediente. Uno entre cientos más. "Brooks County Sheriff's Office. Investigación de cadáveres. Caso: 14/07/03-387. Oficial Investigador: Luis Reyes. 12:45 PM. Locación: En el campo, entre los arbustos. Mariposa Ranch. Mujer. Hispana. Blanca. Estatura: cinco pies. Peso: 120 libras. Pequeña. Cabello negro. Ojos negros. Propiedad 1: Un billete de veinte dólares. Propiedad 2: Tres billetes de un dólar. Propiedad 3: un billete de cinco dólares. Propiedad 4: Un celular LG. Valor estimado: $150USD. Camiseta negra. Jeans. Tenis amarillos y blancos. Severo estado de descomposición. Parte del rostro desaparecido, comido por animales salvajes. Huesos expuestos de los brazos así como del tronco. Causa de muerte: Deshidratación por el calor. Hallada por un empleado del rancho. Su cuerpo fue colocado en una bolsa y trasladado a la funeraria Howard Williams".
Ése fue el destino de esa mujer. Y de sus restos. Una migrante entre miles más. Una mujer con 28 dólares en la bolsa y un teléfono móvil. Eso es lo que quedó de ella y de su sueño americano. Eso y parte de su ropa roída por los colmillos de las bestias.

En su oficina, el jefe policial, Benny Martínez, muestra un enorme libro de pasta blanca en cuya tapa se lee: "2014. Human Remains Book". Es el Libro de Restos Humanos. Son los expedientes de los migrantes muertos. Cada uno tiene fotos de los cuerpos. Una galería de terror cuyas hojas va pasando lentamente el hombre de las botas puntiagudas mientras las comenta, una a una, con voz pausada, con mirada cansada, resignada. Son 41 los expedientes que tiene en su escritorio, los de este año. Cuarenta y un anhelos de una nueva vida frustrados, mutilados. Muertos anónimos. Sigue pasando hojas el ex miembro de las tropas estatales, Benny...
—Este era un joven. Mexicano... Esta señora fuimos y la recogimos temprano porque todavía está enterita, como quien dice. Y si dura unos días o unas horas más, termina así (señala otro esqueleto, otro caso en otra página). Ya sin nada. Sin nada...
—Son muchos sueños rotos, chief deputy...
—Sí, hasta aquí llegan los sueños. Hasta el condado de Brooks. A 70 millas al norte de la frontera...
—Solo les queda rezar... —se le comenta.
—Sí. A hacer oración, you know? Los que llegan van a llegar y los que no, al tiempo los vamos a recoger. Sea entero, o nada más en pedazos. Está muy pesado el terreno aquí, está muy pesado todo. Muy pesado...
Tan pesado como el silencio que se hace en su oficina.
—Ayer fui y recogí un cuerpo y sé que era mujer porque el pelo estaba acá, en un lado. Y el esqueleto de la cabeza estaba en otro sitio. Le faltaban los pies, las manitas. Era un cuerpo mediano y yo pienso que es de mujer. So, cosas así pasan aquí...
—Qué terrible dolor, ¿no?
—Oh, sí, cómo no. Es cosa triste. I mean, no sé adónde va a dar todo esto. Es cosa que siempre te pega en el alma. Y yo pienso que por una persona que encontramos, cinco muertas más no encontramos... —señala funestamente.
Silencio. Y cuenta:
—Yo he recogido esos 401 cuerpos de los que le hablo. Ya me acostumbré a verlos, ya no siento nada, solo voy a hacer mi trabajo...
Al pasar una de las fojas el agente policial se topa con un menor de edad. Eso le hace recordar la actual crisis de menores migrantes...
—Lo bueno de los niños es que están siendo detenidos nomás cruzan la frontera. Porque si vieras que un niño falleciera aquí afuera, no lo encuentras. No lo vas a encontrar. Se lo comen los animales, porque es chico. Lo devoran. Tantos casos hemos visto de dolor. Hace unas semanas un bebé nació en un trascabo en el campo. ¿Qué culpa tiene él para tener que nacer ahí, así?
***
Voluntarios del Centro de Derechos Humanos del sur de Texas, que vive de donativos (SouthTexasHumanRights.org), recorren los hirvientes caminos del condado.
Sudan y sudan. De cuando en cuando camionetas de la Patrulla Fronteriza se asoman. Un helicóptero también. Cada día reciben no menos de cinco llamadas de auxilio al número de teléfono 911.
Difícil encontrar a los migrantes perdidos en miles de kilómetros cuadrados. Por lo pronto su gente ahí va, llenando tambos con 12 o 14 botellas de un galón de agua, en los ranchos cuyos ricos dueños lo permiten, porque la mayoría les niega el paso. Así que ahí van también colocando banderas naranja y azul de cinco metros de alto para señalar la ubicación de las estaciones de agua.
Eduardo Canales, director en Brooks de la organización, dice, mientras conduce su troca, que hacen lo que pueden, pero que mientras no haya otro tipo de leyes migratorias, los osados migrantes "seguirán muriendo en el chaparral".
—You know, mucha gente dice: "Hay que prevenir las muertes, que no vengan". No, salvar vidas es lo principal. ¡Salvar vidas! Y el modo número uno de salvar vidas es cambiar las políticas de migración de Estados Unidos, que está forzando a la gente a irse por el chaparral, por el monte, por el desierto, por el río. Todo eso es lo que hay que cambiar. Estados Unidos sabe que la mano de obra se necesita aquí para hacer los trabajos. Sí quiere esa mano de obra, pero la quiere que venga bien clandestina para poder explotarla en las ciudades. Es una política de mantener a la gente bien invisible y sin derechos.
***
El chief deputy del Sheriff se pone sus lentes oscuros, se faja su radio en el cinto y repite frases que ya dijo ante la cámara mientras mostraba cientos de fotos de migrantes muertos:
—Esta es la realidad. Sí señor. Esto no es nada de Hollywood. No es nada de historia. Estas personas ya no se van a levantar. Ahí están ya, muertos. No son actores. Es cosa triste...
Fuente: Historias del Narco.

El gasoducto en Amilcingo, donde “todo empezó como un rumor”.

En el siguiente texto, Eliezer Zamora Pérez, del Taller de radio Amilcingo, relata la forma en que llegó la construcción de un gasoducto a su comunidad, los engaños, la falta de respuestas, los intentos de dividirlos y la criminalización contra los que resisten.
TESTIMONIO RECOGIDO EN AMILCINGO, MORELOS, POR JAIME QUINTANA.

 

La comunidad de Amilcingo es uno de los pueblos del volcán Popocatépetl que resisten a la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM), de carácter energético, que involucra a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala; es la punta del iceberg del proceso de industrialización y minero en la zona oriente del estado de Morelos. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la responsable del proyecto, en el que se invertirán mil 600 millones de dólares que se concesionó a las empresas Elecnor, Enagas y Abengoa.

En el diseño del PIM se involucra a 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala; consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW) cada una, ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día y cuyo trazo atraviesa a 60 pueblos de estos estados; y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos.

En el siguiente texto, Eliezer Zamora Pérez, del Taller de radio Amilcingo, relata la forma en que llegó este proyecto a su comunidad, los engaños, la falta de respuestas, los intentos de dividir a la comunidad y la criminalización a los que resisten.

Nosotros nos encontramos en resistencia en contra de la imposición del Proyecto Integral Morelos, que son dos centrales termoeléctricas, un acueducto, torres de tensión y un gasoducto que lo están imponiendo últimamente en nuestro pueblo. Yo soy de la Comunidad de Amilcingo de Temoac y me llamo Eliezer Zamora Pérez. Soy de taller de radio de mi comunidad.

Todo empezó como un rumor en la comunidad de Amilcingo, se decía de un gasoducto que pasaría por nuestras tierras ejidales, no sabíamos de dónde venía, cuál sería el trazo, cómo nos afectaría y mucho menos hacia dónde se dirigiría o cuál era su fin. Sólo sabíamos de un gasoducto que se pretendía pasar.

Ante este rumor empezamos a compartir con otras personas nuestra preocupación, tratando de saber qué personas sabían más o si tenían alguna información que ayudara a esclarecer nuestras dudas y preocupaciones. Recurrimos al comisariado ejidal y al ayudante municipal y dijeron que no sabían nada.

Pasaba el tiempo y seguíamos preguntando y difundiendo. Realizamos un volante que con la poca información y empezamos alertar a la población. Nuestro sentido común nos decía que algo estaba pasando, y que esto representaba un peligro para la comunidad. Ya sabíamos lo que había pasado en San Martin Texmelucan, Puebla, que explotó y cobró víctimas humanas.

Pueblos como Jaltetelco y Huazulco nos empezamos a informar y a preguntar a la gente si sabía del megaproyecto. Pasaron algunos meses y en la comunidad de Amilcingo se empezaron a ver vehículos extraños, desconocidos, sin razón social, con personas que llevaban folders y visitaban sólo a algunas personas en sus domicilios. Después nos dimos cuenta que eran de la Comisión Federal de Electricidad.

Visitaban a los ejidatarios uno por uno, con el discurso de que se estaba preparando un proyecto que se llamaba gasoducto y que pasaría por las tierras. Decían que de acuerdo con un evalúo les correspondería cierta cantidad de dinero y que para formalizar tendrían que firmar ante notario público contratos de renta por 30 años. Ante esta explicación austera algunos ejidatarios cuestionaban ¿Qué tan peligroso es, y a cuántos metros estará enterrado el tubo? ¿Ya estaba informado el comisariado ejidal?, eran las preguntas.

Las respuestas fueron: “no es peligroso porque se va a tratar de gas natural y por ser natural es amigable con el ambiente. Es gas que no explota y si surgieran algunas fugas no hay de qué preocuparse, porque contamos con la tecnología que tiene un sistema que rastrea las fugas o fallas técnicas por medio de satélites, y esto nos permite cerrar válvulas para evitar explosiones. En caso de alguna explosión será mínima”…y así, todas sus respuestas de este tipo.

Sobre la profundidad de la tubería del gasoducto dijeron que no nos preocupáramos, que estaría a dos metros de profundidad, suficiente para evitar cualquier accidente. Además nos decía: “ustedes seguirán siendo dueños de la tierra y podrán seguir sembrando sobre el gasoducto sin ningún problema. Solamente permítanos el paso”.

La respuesta a la pregunta de si ya sabían nuestras autoridades ejidales sobre el proyecto fue que era un asunto de propietarios de las parcelas, y que esto nada tenía que ver con las autoridades y mucho menos con las asambleas. Nos decían “si usted es el propietario y si así lo dicen sus certificados parcelarios, usted puede hasta vender; y si no lo tiene, nosotros se lo arreglamos en 15 días”.

Estas fueron las preguntas y respuestas. Hubo quien no estuvo de acuerdo y entonces vino la amenaza. Nos dijeron: “Miren, este es un proyecto federal y va a pasar porque va a pasar, si tú no das consentimiento, entonces te vamos a expropiar y el dinero que te estamos ofreciendo no te lo vamos a dar ya. Es más, los vecinos con los que colindan tus tierras están de acuerdo, ya nos dieron su consentimiento no tienes otra opción. Así es como a algunos ejidatarios les fueron arrancados sus papeles”.
21 de julio 2014
Fuente: Desinformémonos.

Francia: indignación internacional ante la operación militar israelí en Gaza.

La nueva ofensiva israelí en la Franja de Gaza, denominada «Borde Protector», comenzó hace 15 días. Durante este tiempo, han sido asesinadas alrededor de 500 personas –en su mayoría civiles y al menos 80 menores–, además de miles que han resultado heridos y desplazados.

Una protesta en favor de Palestina, efectuada el domingo pasado en Francia, fue prohibida por «motivos de seguridad», mientras que el presidente François Hollande declaró que los franceses no deben «dejarse arrastrar por conflictos que están demasiado lejos de aquí para ser importados, ni por las deflagraciones del mundo».

La respuesta a la prohibición fue una jornada llena de indignación, sin embargo, también de represión, arrestos y racismo. Los riots —policías antidisturbios—, dispersaron la marcha a la altura de la estación del metro Barbes, lugar en el que hubo más acciones directas. Se reportaron 33 detenciones.

En otras ciudades francesas, como Lyon, Tours, Estrasburgo, Clermont Ferrand o Saint Etienne también se han realizado manifestaciones contra los ataques de Israel en la Franja de Gaza; al igual que en Londres, Bruselas, México, Santiago de Chile y decenas de países.

 

Fuente: Subversiones. 

Vídeo en Youtube muestra un 'levantón', en pleno centro de Morelia.

 

Hoy en la tarde, se hizo viral un video en donde se muestran a cuatro sujetos -dos de ellos fuertemente armados- que tenían a treshombres de edad media de bruces sobre el camellón de la avenida Camelinas a plena luz de día en Morelia, Michoacán.

Sobre la calle, se ve uncoche azul interceptado por una camioneta blanca.

Se presume que los sujetos estaban asaltando o “levantando” a los sujetos del coche azul.

El video le pertenece a un videoaficionado que transitaba por esa avenida en su vehículo. Por seguridad, reguardaremos su identidad.

De Notinfomex.

En los pueblos originarios y en la participación ciudadana, la respuesta a la crisis del agua en el DF.

El modelo actual que rige en la ciudad de México beneficia a los grandescapitales, que a través de tubos, presas y gastos energéticos obtienenaltas ganancias por las obras, pero rompen con el ciclo vital del agua.

 

 


El pueblo de San Bartolo Ameyalco, que el pasado 21 de mayo fue el epicentro de hechos violentos perpetrados por más de mil policías en un operativo para imponer a los habitantes el proyecto hídrico de la delegación Álvaro Obregón, es un claro ejemplo de cómo las leyes en la capital del país están hechas para quitarle el agua a las comunidades y colonias y dársela a unos cuantos, denuncia Helena Caeri Baca, integrante del colectivo El tendedero del agua,

En la Ciudad de México hay una crisis en el sistema de agua y eso se representa en su modelo actual de extracción, explica el académico Pedro Moctezuma, integrante de la campaña nacional Agua para Todos, Agua para la Vida”. Actualmente, indica, “se tiran 800 millones de metros cúbicos de agua lluvia fuera de la cuenca, mientras que el 18 por ciento de la población no recibe agua todos los días”.

De acuerdo a información de la campaña, si bien la media per cápita de consumo es de 314 litros por habitante, el 77 por ciento de la población del DF consume menos de 150 litros por día.

En lugares como Iztapalapa, que dispone de una sexta parte del agua por persona de lo que se consume por habitante en la delegación Cuajimalpa, se tienen condiciones graves de contaminación del agua. “Algunos vecinos advierten que les han salido gusanos del agua; mientras que en otros lugares de la ciudad el servicio del agua es perfecto”, señala Tania Gutiérrez, de la organización El tendedero de agua, con lo que se pone en evidencia la desigualdad en la distribución en cantidad y calidad.

El modelo actual que rige en la ciudad de México beneficia a unos pocos grandes capitales, que a través de tubos, presas y gastos energéticos obtienen altas ganancias por las obras, pero rompen con el ciclo vital del agua y ocasionan graves daños ambientales y sociales en los pueblos originarios que aún habitan el Valle de México, explica Pedro Moctezuma,

El académico revela que hay dos iniciativas de ley a nivel federal, una de ellas impulsada por el actual director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, que busca beneficiar a los grandes inversionistas, con los transvases u obras hidráulicas, y hacer posible el fracking, técnica que posibilita incrementar la extracción de gas y petróleo, expone Moctezuma Barragán.

El ejecutivo federal presentó las leyes secundarias de energía como leyes de vanguardia, pero estas leyes priorizan el agua para las inversiones energéticas, explica Moctezuma Barragán.

En la Ciudad de México, anota, “se ha querido imponer una ley que busca profundizar el tema de gestión actual y que el sistema de aguas siga subsidiado”. Aquí los contratos están en manos de empresas principalmente transnacionales, que actúan con prestanombres. Por ejemplo, la trasnacional francesa Vivendi-Veolia, que opera en 77 países; Industriales del Agua de la Ciudad de México, filial en México asociada al Grupo Peñoles, de la trasnacional Suez, empresa francesa cuyo incumplimiento y malas cuentas han provocado la remunicipalización del agua en Buenos Aires, Argentina y en Montevideo, Uruguay.

Esta ley, refiere Moctezuma, volvería el sistema de aguas de la ciudad un ente autónomo, lo que significa que tendrá libertad de diseñar, planear la operación, mantenimiento e incluso la evaluación del manejo de aguas y se convertiría en una entidad totalmente centralizada, ya que en el D.F no hay municipios, por lo que todas las funciones de juez las tendría el director del sistema de aguas.

“Para corregir esta situación, estamos cuestionando el modelo gubernamental para la gestión del agua. Los ciudadanos organizados en diferentes espacios generamos una propuesta de ley general del agua, que cumple con el mandato de la participación ciudadana, tales como organismos ciudadanizados para la gestión del agua, una contraloría ciudadana, además de poner un freno a las megaobras a través de dictámenes de impacto ambiental y la elaboración desde abajo de planes rectores para las cuencas del país”, manifiesta Pedro Moctezuma.

La campaña Agua para Todos, Agua para la Vida, surgió hace aproximadamente dos años, con la participación de diferentes sectores de la sociedad a nivel nacional. La iniciativa, explica Helena Caeri, “ha generado que nos hermanemos más desde las colonias y diferentes organizaciones a nivel local, nacional e internacional, que también están luchando desde sus comunidades contra megaproyectos como las presas, las minerías y cpntra las leyes que buscan privatizar el agua”.

La campaña, explica Moctezuma, ha recuperado en la ciudad las experiencias de las comunidades en el manejo comunitario del agua, y también en cómo solucionar los problemas de escases, sequía, inundaciones y grietas (en el oriente de la ciudad las inundaciones han ocasionado daños hasta en 14 mil viviendas). Se está trabajando en planes hídricos, obras comunitarias y propuestas diversas como el lago Tláhuac-Xico, en el suroeste de la ciudad de México, que garantizaría el abastecimiento del oriente de la zona metropolitana y que fue aprobado por el Consejo de Cuenca del Valle de México.

Este proyecto de habilitación, señala la Campaña, es prioritario porque por medio de la captación de aguas pluviales se podría abastecer de agua potable a delegaciones como Iztapalala, Milpa Alta o Tláhuac, se podrían prevenir inundaciones y ayudaría a conservar humedales y chinampas. La superficie del lago Tláhuac-Xico es de aproximadamente 500 hectáreas y está ubicado arriba de las colonias del Valle del Chalco.

En el oriente de la Ciudad de México hay muchas afectaciones en el servicio del agua, añade Moctezuma Barragán, y resalta que hay un desprecio por los sistemas comunitarios que están sobre todo en cuencas altas. Agrega que los hechos de San Bartolo de Ameyalco, demuestran el afán de que se respete a los pueblos originarios y el derecho a la participación ciudadana. La fuerte represión contra esta comunidad, indica, muestra el manejo autoritario que tiende a la expulsión de los habitantes de estas comunidades.

En el movimiento Agua para Todos Agua para la Vida confluyen muchas comunidades de Iztapalapa, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tlalpan, que coinciden en que en la propuesta ciudadana se priorice a los pueblos originarios.

Moctezuma Barragán describe el movimiento como un proceso embrionario, en el que la organización de jóvenes, estudiantes, gente de los barrios, colonias y la vinculación de viejas organizaciones urbano populares, campesinas y de comunidades ejidales de base, han permitido que las movilizaciones sean cada vez mayores y que se haya logrado frenar la aprobación de la ley: “la iban aprobar hace quince días y aparentemente está congelada por el momento”.

Los pueblos originarios que aún quedan en el Valle de México, explica Tania Gutiérrez, se enfrentan al despojo de sus tierras y por lo tanto de su agua. “Nos estamos enfrentando a las transnacionales, pues los gobiernos buscan que vender y exploran a ver qué hay. Ahora están con algo que no habían tocado tan a fondo, que es el agua, aunque quieren tapar las intenciones reales de estos proyectos”.

Helena Caeri concluye que continuarán con foros comunitarios para difundir la propuesta de solución a la problemática del agua desde los principios de las comunidades., con iniciativas de cómo lograr captar el agua y conservarla manteniendo sus usos y costumbres; el rescate de canales, la propuesta de una planta de aguas residuales en el sur, iniciativas para baños secos y ahorradores de agua.

21 de julio 2014



Fuente: Desonformémonos.

Prohibir los viajes de migrantes en La Bestia no resuelve nada.

A nadie le gusta que se suban a La Bestia, comenta Martha Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, pero si se contrasta con las otras opciones, en autobús o caminando, éstas son igualmente de peligrosas.
CAROLINA BEDOYA MONSALVE.

 

La prohibiciónde utilizar el tren de carga conocido como La Bestia, como medio de transporte de miles de migrantes que recorren el país con destino a Estados Unidos, debe de ir acompañada de otras alternativas que permita un digno tránsito, pues de lo contrario sólo agudizaran la emergencia actual, advierte Marta Sánchez Soler, del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).

Jerry Hernández, migrante hondureño de 16 años, no sueña con ir a Estados Unidos, dice que no le interesa el dinero, que sólo quiere un lugar tranquilo para vivir junto con su padre y su hermano, jugar con sus amigos y poder estudiar; Jerry piensa que está bien que ya no se pueda viajar en La Bestia, porque “ahí muere mucha gente, yo me subí porque no tenía dinero para pagar un autobús, pero si van a prohibir eso, entonces deben dejar que los migrantes nos subamos a los autobuses y que migración no nos retenga; de esa manera sí estamos de acuerdo. Ahorita, como están las cosas, el tren también ayuda a que la policía y las pandillas ganen dinero con nosotros y que transporten droga”.

“Aún no se sabe cuándo van a implementar todas estas políticas, pero las están haciendo de manera muy acelerada. Lo trágico es que usan eufemismos para disfrazar lo que está pasando. Ahora, en vez de decir que detuvieron a tantos migrantes, dicen que rescataron a tantos migrantes, y la realidad es que los están deteniendo y deportando”, manifiesta Martha Sánchez.

Esvin Mendoza es un guatemalteco de 31 años de edad, sabe que subirse al tren representa grandes peligros, desde extorsiones, violaciones, intimidaciones, hasta la muerte: “uno viaja en La Bestia, porque es la mejor manera de atravesar Estados Unidos, porque es más difícil que te agarre la policía ahí”, y expresa que a pesar de escuchar cientos de historias sobre el tren, nunca se llegó a imaginar lo que realmente se vive ahí.

“Yo iba con una playera, un pantalón y unas chanclas, era de noche, hacía mucho frio. Arriba del tren, hasta piensas en la rama que te puede tirar”, dice Esvin Mendoza, a quien golpearon con una pistola en la cabeza por no querer pagar el viaje y lo arrojaron del tren.

A nadie le gusta que se suban a La Bestia, comenta Martha Sánchez, pero si se contrasta con las otras opciones, en autobús o caminando, éstas son igualmente de peligrosas.

La gente que viaja en autobuses es la que en muchos casos ha contratado polleros, personas encargadas de llevarlos desde el sur de México, hasta la frontera del lado de Estados Unidos. Sánchez Soler indica que pueden cobrar desde tres mil a diez mil dólares y se suben ahí porque los protegen: “en todos los retenes migratorios no pasa nada porque los polleros les pagan a los policías. Los guatemaltecos tienen un sistema muy organizado, donde los polleros no son parte del crimen organizado, aunque le peguen derecho de piso a éstos; pero el autobús no es una opción porque tampoco está regularizado”.

Para algunos es incluso mejor caminar que tener que sufrir todo lo que se vive arriba de La Bestia, señala Jerry, a quien arrojaron del tren porque no tuvo dinero para pagarle al crimen organizado. Miguel Hernández es su padre y él también prefiere caminar, como ya una vez lo hizo durante 28 días: “para mi viajar en La Bestia es un infierno, uno hasta tiene que saber dónde se tiene que tirar cuando ya te han quitado todo tu dinero y no tienes con que pagar”.

Unas leyes que agudizan el problema

El discurso actual del gobierno es la supuesta protección a los migrantes, explica Sánchez Soler, pero si fuera así ellos buscarían un permiso para que los centroamericanos puedan transitar por otros lados, “todas estas supuestas medidas del gobierno son sólo en respuesta a la crisis humanitaria que Estados Unidos está viviendo con la llegada de los niños migrantes no acompañados”.

Jerry lleva cinco meses recorriendo México para llegar a Estados Unidos. El migró desde Honduras junto con su padre y hermano, y cuenta que en Guatemala los detuvo la policía más de quince veces y cada vez les cobraban aproximadamente 170 pesos a cada uno para que los dejaran seguir su camino.

La migración mexicana lo golpeó en repetidas ocasiones y en muchas de ellas tuvo que tirarse a los barrancos, pues “yo prefiero los golpes por la caída de La Bestia que los golpes que te da la policía”, expresa Hernández.

En el trayecto tuvieron que caminar muchas veces, porque no podían pagarle al crimen organizado, y fueron días enteros sin agua y sin comida. “En el camino te debes de cuidar de todos, porque todos nos ven como los enemigos: policía, pandillas, los mismos del tren y el gobierno”, sentencia el joven migrante.

Hace unos días el gobierno anunció que se van a utilizar recursos del Plan Mérida para financiar las deportaciones, pero “siempre esa iniciativa ha sido un plan encubierto de control de migración, ahora lo dicen abiertamente y todo tiene que ver con ayudar a Estados Unidos a controlar el ingreso de migrantes a su país”.

México ha invertido mucho dinero en contener la migración, explica Martha Sánchez, pero la migración es incontenible porque existen condiciones de violencia y desigualdad social que hacen que la gente tenga que irse de sus países de origen, porque no tienen más opciones. Los migrantes “saben que es peligroso, pero ven una luz de esperanza en Estados Unidos que en Centroamérica no existe, por eso el gobierno no puede contener lo incontenible”, advierte.

Miguel Hernández lleva migrando a Estados Unidos desde hace cuarenta años. Para él no hay duda de que la policía federal está vinculada con los maleantes en La Bestia. “A mí un policía me cobró 100 dólares por moverme de una estación a otra, y ahora si ya no nos dejan subir al tren la situación se va a empeorar”.

El gobierno de Estados Unidos informó que de los cincuenta mil niños que habían deportado, el 96 por ciento están en sus hogares con los padres, pero, señala Sánchez Soler, “yo no creo que el cuatro por ciento de cincuenta mil tenga a Estados Unidos al borde de una crisis humanitaria. Todo es una farsa. Esto tiene que ver con aspectos políticos, con la reforma migratoria, con aspectos electorales y ahora mucho más con los migrantes pidiendo asilo humanitario, porque esto implica que deben de atenderlos y esperar a que un juez resuelva su situación legal”.

Para la representante del Movimiento Migrante Mesoamericano, hablar de migrantes en este momento es invisibilizar las razones que llevan a un centroamericano a desplazarse a Estados Unidos. En estos momentos, dice, “yo creo que habría que hablar más bien de refugiados, porque el fenómeno que vemos es de una expulsión forzada de sus territorios, que incluso ya lo está solicitando la Organización de las Naciones Unidas (ONU). México y Estados Unidos deben de darles la categoría de refugio y permitirles el tránsito y la estadía”.

Miguel junto con sus dos hijos solicitan al gobierno mexicano una visa temporal, pues realmente ellos no quieren ir a Estados Unidos, lo único que desean es no tener que regresar a Honduras, después de la muerte de su hermano y de haberse escondido en la selva, durante dos años, de las pandillas de ahí los amenazaban para obligarlos a unirse a sus filas. Han pasado dos meses y con los pasaportes de sus hijos y la carta de defunción de su otro hijo, Miguel espera que el gobierno le permita refugiarse aquí y que sus hijos puedan seguir estudiando.

“Yo en Honduras estudiaba, cuando iba al colegio llegaron los pandilleros y me dijeron que me uniera a ellos. El día que les dije que no, casi me matan a golpes, pero me logré escapar. Ellos me persiguieron hasta mi casa y me dieron dos horas para que les diera una respuesta y si no me mataban. Yo no salía a la calle, mi padre tenía que dejarme en la escuela, pero preferí arriesgarme a viajar a Estados Unidos antes que unirme a ellos”, rememora Jerry, quien también se dedicaba a arreglar teléfonos, recolectar café, cortar chiles y plátanos desde los doce años. Su padre es electricista, pero Los Maras le cobraban mucho por su negocio y lo tuvo que dejar.

La violencia me expulsa

El nuevo gobierno en Honduras prometió que iba a poner más militares en la calle para combatir la violencia, “y sí, hay más militares, pero la cosa está peor; es un gobierno corrupto y ladrón, además le subió los precios a todo, menos a los salarios”, lamenta Jerry.

En Guatemala el panorama es similar, explica Esvin Mendoza, pues hay mucha violencia por el crimen organizado y por el mismo gobierno, “si protestas el gobierno va y te reprime, porque el gobierno ayuda a que el país sea cada vez más violento”.

La situación de los migrantes está a punto de estallar, advierte Sánchez Soler y en lugar de tomar medidas que le bajen el nivel de emergencia, lo que van a generar es una situación peor. “El gobierno está jugando con la vida de miles y miles de personas que transitan a diario por México y parece importarle muy poco”.

Cuando había una migración circular, es decir, cuando la gente se iba a trabajar a Estados Unidos por unos meses y regresaban a sus casas, invertían su dinero y se volvían a ir, explica Sánchez, eso hacía que las familias no se desintegraran y que la migración indocumentada no aumentara, pero todas estas leyes terribles hacen que la gente no pueda regresar a sus casas.

Es el caso de Miguel, que viajó durante casi veinte años a Estados Unidos, sólo a trabajar para llevar algo de dinero a su familia y poder poner su negocio de panadería o electricidad, “antes transitar no era tan complicado, no era como ahora, ya la gente se va para el norte y pueden pasar más de diez o veinte años y no regresan, porque es muy difícil hacerlo”.

Migrantes, los invisibles

“Los migrantes no tienen a donde ir, los deportan, en otros lugares no los quieren y en sus países de origen no se pueden quedar”, concluye Martha Sánchez y añade que si las políticas continúan así, pronto explotará el problema y será peor.

Para los gobiernos de Guatemala, México y Honduras, los migrantes no existen, “existimos en el momento que llegamos a Estados Unidos y mandamos remesas, existimos cuando nosotros pagamos los sueldos de los políticos y hasta de los embajadores con nuestros impuestos”, reclama Esvin Mendoza.

El sueño americano “es nuestra herencia, es una cadena, porque nuestras familias están allá y nosotros debemos irnos si no queremos morirnos de hambre, no tenemos de otra”, señala.

Miguel es claro: “el gobierno no debe de prohibir nada, mucho menos si es parte de los que generan el problema. Deben dejarnos transitar por el medio que hayamos decidido viajar, por que en nada va a cambiar la prohibición, si sigue la corrupción de la policía y el gobierno”.

“Solo les pido que no nos detenga, siempre vamos a migrar, y si es posible no hacerlo en La Bestia, sería mejor; pero que nos dejen transitar libremente”, finaliza Jerry Hernández.

21 de julio 2014



Fuente: Desinformémonos.