Desde la vida hasta la organización sindical; el extractivismo pasa por encima de todos los derechos humanos y sociales.
CARMEN DÍAZ.
Montreal, Canadá. Por todo América Latina, pero también en su mismo país, empresas mineras y gobierno canadienses violentan los derechos de los pueblos en su afán extractivista, sentenciaron expertos y testigos en el Tribunal Permanente de los Pueblos.
El asunto no es menor. De alrededor de 200 conflictos socioambientales en América Latina, 90 se vinculan a mineras canadienses, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Aunque existen numerosos casos (por ejemplo el conflicto en Wirikuta por First Gold Majestic), dos fueron los casos mexicanos emblemáticos: la minera Payback (Blackfire Exploration), debido al asesinato de Mariano Abarca, en Chicomuselo, Chiapas; y La Platosa (Excellon Resources), por la violación a los derechos de los trabajadores en Durango. Estuvieron también en el banco de los acusados los casos de Pascua Lama (Barrick Gold) en Chile y Argentina; Escobal (Tahoe Resources) en Guatemala y San Martín (Goldcorp) en Honduras.
Del 29 de mayo al 1 de junio, afectados de América Latina y especialistas se dieron cita para testimoniar las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales causados por la minería canadiense, en la audiencia internacional del Tribunal Permanente de los Pueblos, con el apoyo de cerca de 50 organizaciones de Canadá y América Latina.
Es la primera vez que el TPP, fundado en 1979 en Italia, sesiona en Canadá; el objetivo fue examinar la responsabilidad no sólo de las empresas mineras, sino también del gobierno canadiense, en la violación de derechos humanos y socioambientales en América Latina.
Los cargos que enfrentaron las empresas mineras son: atentar contra los derechos fundamentales de los pueblos en América Latina, con el apoyo del Estado canadiense (que sostiene a esta industria y favorece un contexto de impunidad)[i]. El jurado se integró con destacadas personalidades como la canadiense Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadienses, la francesa Mireille Fanon-Mendès, de la Fundación Frantz-Fanon, Nicole Kirouac, del Comité de vigilancia de Malartic, una ciudad minera en Québec, Gérald Larose, profesor de la Universidad de Quebec en Montreal, Viviane Michel, de la nación innu y presidenta de Mujeres Indígenas de Quebec, el abogado Javier Mujica, del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos de Perú, el director del centro de estudios de derecho medio ambiental Antoni Pigrau Solé, de Cataluña, y el italiano Gianni Tognoni, fundador y secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Los casos mexicanos
La empresa Blackfire, instalada en Chicomuselo, Chiapas, fue acusada de atentar contra el derecho a la vida, instaurar un clima de violencia y estar implicada en el asesinato de Mariano Abarca, en 2009. A través de un video, José Luis Abarca, hijo del activista, exigió justicia por el homicidio de su padre y denunció la complicidad de la embajada canadiense. Jennifer Moore, de la coalición Mining Watch, corroboró el papel del gobierno de Canadá en el caso y lamentó que no se ha castigado a ninguno de los responsables del crimen.
La minera Excellon Resources fue acusada de violar el derecho a la libertad de asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva y a la reunión pacífica en La Platosa, Durango. Dante López, de la organización ProDESC (Proyecto derechos económicos, sociales y culturales) presentó el caso ante los jueces y relató las dificultades que la sección 309 del sindicato enfrenta.
La creciente criminalización de los movimientos de oposición
En todos los casos, se denunció la creciente criminalización de los movimientos de resistencia ante la nueva oleada de colonialismo. Se resaltó que existe un consenso extractivista tanto de gobiernos de derecha como de izquierda, y hay una clara relación entre el extractivismo y el autoritarismo. Desplazamientos forzados, represión, consultas ilegítimas, atentados y asesinatos que hasta el día de hoy permanecen impunes fueron algunas de las constantes.
Jennifer Moore, de Mining Watch, afirmó que ante el boom de la minería, se originaron cientos de movimientos de resistencia. De acuerdo a un informe de Global Witness titulado “Deadly environment” (Medio ambiente letal),[ii] “entre 2002 y 2013, 908 activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados; de todos estos crímenes, solamente se han juzgado y castigado 10 casos. Los países donde hay una mayor incidencia de asesinatos son Brasil, Honduras, Perú, Colombia, México y Guatemala”. La criminalización, dijo, no es un evento aislado sino un proceso que va desde la estigmatización, procesos judiciales hasta ataques físicos, y que tiene impactos tanto individuales como colectivos.
Las mujeres resisten a la minería
Lina Solano, del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, en Ecuador, afirmó: “No aceptamos la destrucción de nuestros ecosistemas, de nuestras culturas, que nos han permitido subsistir hasta el día de hoy. Nosotras optamos por la vida”. Nombró además dos casos de mujeres defensoras que han sido perseguidas: Máxima Acuña, por el conflicto en Cajamarca, Perú, y la activista guatemalteca Yolanda Oqueli, hacia quienes pidió solidaridad internacional.
Las mujeres se movilizan porque ven los impactos inmediatos de la minería: contaminación y empobrecimiento; salen con fuerza a defender su sustento diario y el futuro de sus hijos. Sin embargo, sus liderazgos muchas veces permanecen invisibilizados, por lo que Solano animó a las mujeres a formar redes con otras afectadas y hacer oír sus voces, compartir experiencias y fortalecer las luchas.
Las participantes discutieron sobre las afectaciones de la minería canadiense en Canadá mismo, particularmente en territorios indígenas del norte de Quebec, donde habitan 11 naciones. Afirmaron la necesidad de construir lazos de solidaridad y recordaron que el movimiento Marcha Mundial de las Mujeres tendrá como eje de acción internacional de 2015 la defensa del cuerpo y el territorio.
El veredicto: culpables
El veredicto preliminar[iii] señala que en los casos juzgados las empresas son culpables de violar el derecho “a la vida, a la alimentación, al agua, a la salud, a la habitación, a la libertad e integridad de las personas, a la seguridad y a un medio ambiente sano y protegido”. También denuncia que se violó el derecho de los pueblos “a su autodeterminación, a la participación, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, el derecho a un desarrollo propio y al ejercicio pleno de su propia cultura y tradiciones “. Existen pruebas contundentes de que las empresas violaron “la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica, de acceso a la información y de participación”.
En el caso del gobierno canadiense, se le consideró culpable por acción u omisión por apoyar a las empresas canadienses en América Latina “a través de mecanismos políticos, económicos, financieros y diplomáticos, por tolerar o encubrir violaciones a los derechos humanos o negar el acceso a las víctimas a recursos efectivos frente a las violaciones de las empresas”.
Se denunció igualmente la complicidad de los gobiernos latinoamericanos, que otorgan concesiones y permisos de explotación a sabiendas de los impactos que la minería tiene en el medio ambiente, sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades que serán afectadas: “Son culpables por no exigir a las empresas respetar los derechos humanos y por flexibilizar las normas laborales, medioambientales y tributarias para favorecer el interés de las empresas mineras”.
El tribunal exigió un alto a la criminalización de activistas, defensores y comunidades que se oponen a la extracción minera y que reivindican su derecho a la autodeterminación y a decidir qué tipo de desarrollo quieren. Denunció la política canadiense de injerencias indebidas en las reformas legislativas mineras y ambientales, la negociación de acuerdos comerciales que blindan las inversiones canadienses en el exterior y las barreras que socavan en el acceso a la justicia canadiense para las personas y comunidades afectadas por las actividades mineras.
Se declaró “la responsabilidad de las empresas Barrick Gold y su filial Nevada SpA, Gold Corp y su filial Entre Mares, Tahoe Resources y su filial San Rafael S.A., Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. y Excellon Resources Inc. y su filial Excellon de México S. A. de C. V. por incurrir en la violación de los derechos humanos y la responsabilidad de Canadá por haber tolerado o encubierto tales violaciones, impidiendo el acceso de las víctimas a un recurso que las proteja de tales violaciones”.
Fuente: Desinformémonos.
